Sentencia CA-177-19 — Registro 13202
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por la demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación emitido por la Secertaría de Salud, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...".- Que lo expuesto resulta inadmisible, por la razón siguiente: revisado el recurso de mérito este Tribunal, se ve imposibilitado en determinar la existencia de un motivo debidamente estructurado. En resumen el cargo o motivo debe contener: el concepto de la infracción, una proposición jurídica completa (disposición infringida o relacionada, en su caso), el pronunciamiento que se impugna, el precepto autorizante, todo debidamente claro y separado, justificando la incidencia de la infracción en la resolución impugnada sin extenderse en alegatos propio de instancia, es decir, una explicación que demuestre el error cometido por el juzgador de instancia y lo que se considera correcto de conformidad a la ley una vez confrontada la misma con el fallo impugnado..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."En atención a lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 704, 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veintiuno, la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA como Coordinadora, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y WILFREDO MENDEZ ROMERO, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente EL ESTADO DE HONDURAS representado en juicio por la Abogada DENI MARITZA PONCE IZCANO y, Recurrido: la señora GLADYS ELIZABETH RAMOS CASTILLO, representada en juicio por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial en materia personal, que se declare la nulidad de unos actos administrativos de carácter particular (cancelación del cargo administrativo de un médico empleado y traslado involuntario, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y como medida para restablecerla se ordene el reintegro al cargo para el cual se le había nombrado por la vía de concurso, en por lo menos igualdad de condiciones, salarios dejados de percibir, suspensión de los actos reclamados, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, como representante procesal de la señora GLADYS ELIZABETH RAMOS CASTILLO, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, en ese entonces Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, por actuaciones de la SECRETARÍA DE SALUD. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción inició a laborar para la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud como Médico Empleada, posteriormente y previo al concurso medico cerrado para Cargos administrativos No. 1 año 2009, celebrado conforme la Ley del Estatuto del Medico Empleado y su Reglamento, resultó seleccionada nombrándosele en el cargo de Directora del Centro de Salud La Joya, efectivo a partir del 15 de marzo del 2010. Señaló que Mediante el Acuerdo No. 1009 de fecha 27 de mayo del 2013, se acordó cancelar su nombramiento, sin indicarle si dicho acto ponía fin a la vía administrativa, los recursos que contra el mismo procedían, el órgano competente para resolver y el plazo para interponerlos, por lo que consideró que dicha notificación no se realizó en legal y debida forma, existiendo por consecuencia una notificación defectuosa, como lo establecen los artículos 87 al 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo, artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, acto que impugnó y consideró improcedente por no encontrarse ajustado a derecho, ya que no se basaba en las disposiciones de la legislación especial que regula la prestación de sus servicios, por ser médico empleada y estar protegida por la Ley del Estatuto del Medico Empleado y su Reglamento, lo que según la demandante es un abuso y exceso de poder preceptuado en su contra, asimismo expresó que se emitió el oficio No. 346SG-2013 de fecha 27 de mayo del 2013, mediante el cual se le notificó que sería trasladada a la Jefatura del Centro de Salud de Villa Vieja, mismo que fue efectuado en contra de su voluntad y sin justificación, violentándose el procedimiento legal que se encuentra regulado en el artículo 8 numeral 2) de la Ley del Estatuto Medico Empleado y su Reglamento, de igual modo arguyó que el acuerdo de cancelación y el oficio que le informaba sobre su traslado, violentaron su derecho de estabilidad laboral reconocido en el artículo 129 de la Constitución de la República, por lo que la autoridad nominadora realizó dicha cancelación y traslado de forma ilegal, violentando con ello el procedimiento que existe para las cancelaciones y traslados, puesto que se realizaron sin tener motivo alguno para ello y sin seguir ningún procedimiento de investigación y descargo. Por lo anterior consideró que el demandado violentó el articulo 9 numeral 4) reformado de la Ley del Estatuto del Medico Empleado, y desacató el Acuerdo Ejecutivo No. 03-2013 de fecha 13 de enero del 2013, dictado por el Presidente de la República, donde se prohibían ese tipo de anomalías, también dijo que se le infringió su derecho a que se le notificara la causa o motivo de su cancelación, de conformidad con el artículo 117 del Código del Trabajo, deberes que también se omitieron en el caso de la demanda interpuesta por el Dr. Eoom Guevara Jimenez, contra del Estado de Honduras, fallado el 29 de marzo del 2011, y confirmada la sentencia el 18 de agosto del 2011 por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, también en el caso de la demanda de la Dra. Silvia Yolanda Nazar Hernández, contra del Estado de Honduras, fallado el 12 de febrero del 2009, y confirmada la sentencia el 30 de Octubre del 2006 por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y el caso de la demanda del Dr. Edwin Alfonso Osorio Banegas, contra del Estado de Honduras, fallado el 24 de mayo del 2011, y confirmada la sentencia el 17 de Octubre del 2011 por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, igualmente confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Por lo que solicitó que se anule el acto administrativo impugnado, se reconozca su situación jurídica individualizada, se ordene su reintegro al cargo para el cual se había nombrado por la vía de concurso en por lo menos igualdad de condiciones, se condene al pago de los salarios caídos y costas. 2.- La parte demandada en el escrito de su contestación aceptó el hecho primero de la demanda referente a que mediante Acuerdo No.- 831 de fecha 10 de marzo del 2010, se nombró a la demandante en el cargo de Directora del Centro de Salud La Joya, aceptó parcialmente el hecho segundo diciendo ser cierto que la demandante se desempeñaba en el cargo administrativo, en el que había sido nombrada, y que mediante Acuerdo No. 1009 de fecha 27 de mayo del 2013, determinó cancelar el nombramiento funcional del cargo de Directora del Centro de Salud La Joya, en virtud que el termino legalmente establecido en el Reglamento de la Ley del Estatuto del Medico Empelado había llegado a su término, al haber transcurrido los tres años que manda la Ley para el ejercicio de un nombramiento en cargo administrativo, el cual era por tiempo determinado, aun cuando no se estableció en el acuerdo de nombramiento, pues el artículo 14 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Medico Empleado así lo establece, por tal razón desde el momento en que la demandante se postuló al Concurso Cerrado No.1 Año 2009, tenía pleno conocimiento que de salir electa en el mencionado proceso de selección su nombramiento sería por el termino de tres años. En cuanto a la notificación defectuosa alegó que la demandante no hizo uso del término establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para comparecer legalmente dentro del plazo establecido, tal y como lo indica el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación al artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo que establece: "Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que se haga manifestación expresa en tal sentido por el notificado o se interponga el recurso procedente.", de tal forma que según el demandado la notificación surtió efectos, y se tuvo por bien realizada. Rechazó el hecho tercero en vista que la estabilidad laboral de la demandante no estuvo en ningún momento en precario, en vista que su traslado al Centro de Salud de Villa Vieja, no fue objeto de movimiento de personal alguno, además señaló que el cargo administrativo no era bajo ninguna circunstancia de carácter permanente, y que el mismo estaba sujeto a un periodo de tiempo determinado, por lo que la Autoridad Nominadora tenía la facultad a removerla, continuando su desempeño como Médico empleada de la Secretaría de Salud, de tal manera que dijo no existir violación al derecho a la estabilidad laboral y a las normas constitucionales. La Ley Procedimiento Administrativo en el Artículo 128 establece que “en cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión”, por lo que conforme al citado artículo y siendo que en el Acuerdo No. 1009 de fecha 27 de mayo del 2013, el demandado reconoció haber cometido el error material de colocar la palabra "funcional", pero mencionó que dicho error no alteraba bajo ninguna circunstancia lo sustancial del acuerdo, es decir la cancelación, y que podía ser rectificado en cualquier momento, además arguyó que al tratarse de la cancelación de un cargo administrativo, no se ameritaba seguir procedimiento alguno, únicamente la emisión del acuerdo de cancelación respectivo. En relación a que la cancelación fue un acto de persecución y discriminación en su contra, lo negó completamente y dijo que compete a la demandante la carga de la prueba en ese sentido, igualmente rechazó las referencias a que hizo alusión el demandante sobre los precedentes de los fallos dictados. En cuanto a lo dispuesto en el artículo 117 del Código del Trabajo, a su criterio resultó absurdo lo que la demandante adujo en relación a dicho precepto legal, en vista que el nombramiento en el cargo administrativo tenía una fecha de vencimiento, conforme a lo dispuesto en la Ley del Estatuto del Medico Empleado y su Reglamento, por tal razón no cabía la aplicabilidad del tal artículo. Asimismo señaló como precedente fehacientes la demanda interpuesta por el Doctor Manuel Carrasco Villela, contraída a pedir la nulidad del acto administrativo el reintegro al puesto de trabajo, demanda que se registró bajo el número 259-208, en la que recayó sentencia definitiva de fecha 7 de marzo de 2001, mediante la cual se resolvió declarar improcedente la acción incoada por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, y que en sus considerandos 8 y 11 dice lo siguiente: "CONSIDERANDO (8) Que el cargo de Director de Servicios complementario (ahora Director de Servicios de Apoyo) del Hospital Escuela debe ser sometido a concurso cada tres años como lo señala el artículo 14 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Medico Empleado, por lo que al ser cesado el demandante después de haber transcurrido dicho termino, la única posibilidad de volver a ocupar dicho cargo es sometiéndose nuevamente a concurso" "CONSIDERANDO (11) Que el suscrito Juez valora de acuerdo a la sana critica el dictamen antes citado, de la siguiente manera: 1) La recomendaciones dadas por la Dirección de Servicio Civil, es en cuanto a tomar la acción de cesar al Doctor Manuel Carrasco, y posterior reincorporación al cargo que tenía antes de ocupar el cargo administrativo obtenido por concurso, como un traslado. Siendo a criterio del suscrito Juez que lo realizado por la autoridad nominadora es una reincorporación al cargo que tenía el demandante antes de desempeñarse en el cargo administrativo obtenido por concurso, por haber transcurrido el plazo de 3 años, plazo dado para la duración del cargo de Director de Servicios complementarios (Ahora Director de Servicios de apoyo) del Hospital Escuela”, el demandado también citó el fallo emitido en fecha tres 3 de agosto del 2011 en la demanda promovida por el Dr. Ramón Antonio Arita León, registrado bajo el expediente No 143-09, fallo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Laboral. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 17 de agosto del 2016, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PARTE DISPOSITIVA PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción promovida por el abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON en su condición de apoderado legal de la señora GLADYS ELIZABETH RAMOS CASTILLO, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación número 1009 de fecha 27 de mayo del 2013 emitido por la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD; mediante el cual se cancel a la parte demandante del puesto de DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD LA JOYA. SEGUNDO: Anular el acuerdo de cancelación número 1009 de fecha 27 de mayo del 2013 emitido par la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. TERCERO: Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se ordena el reintegro al cargo para el cual se le había nombrado por concurso en la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. CUARTO: Condenar al Estado de Honduras, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, al pago a favor de la demandante de las salarios dejados de percibir, desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que sea reintegrada a su puesto de trabajo más las beneficios obtenidos en su ausencia coma ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo cuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder. QUINTO: Se decreta en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto de la demandante. SEXTO: Se exime del pago de costas a la parte vencida por tener motivos para litigar. SEPTIMO: Contra la presente sentencia precede el recurso de apelación el que deberá interponerse ante este tribunal dentro del término de diez días hábiles siguientes al de la notificación. Y MANDA: Que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno contra la presente sentencia, quede firme la misma, librándose atenta comunicación con las inserciones del caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD; para que proceda a cumplirla de forma inmediata, y de comprobarse no hacerlo así, se le aplicaran las sanciones previstas en el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se ordena devolver el expediente administrativo al lugar de su procedencia previo desglose y constancia del mismo, SIN COSTAS”. Bajo el criterio que para remover o descender a un médico empleado debe existir justa causa, aún en los casos que desempeñen puestos o cargos administrativos que fueron nombrados mediante concurso, aunque hayan transcurrido el termino de 3 años desde su celebración, el empleador o patrono debe de someter dichos cargos administrativos nuevamente a concurso, ya que el mismo es la vía legal que permite al médico el ingreso al servicio subordinado, así como las promociones o ascensos, imponiéndose como obligación del patrono o empleador, tal como lo determinan los artículos 7 y 9 numeral 4) reformados de la Ley del Estatuto Medico Empleado, ya que son a ellos los que atañe la obligación principal, como el alcance de efectuar los mismos, por lo que se encuentran en el deber de planificar y realizar tales procedimientos para incrementar la eficiencia de los servicios médicos y cumplir con los objetivos plasmados en dicha legislación especial, por tales razones el ad quem consideró que el acto administrativo impugnado, fue emitido con evidente abuso de derecho, ya que la cancelación del cargo administrativo que ocupaba la demandante, como Directora del Centro de Salud la Joya, no fue derivado por la celebración de un concurso mediante el cual se seleccionó a otro médico para ocupar dicha plaza, ni que existió algún procedimiento previo ni causa justificada para ello, irrespetando la normativa que rige este tipo de contrataciones o nombramientos, es decir la Ley del Estatuto del Medico Empleado, su Reglamento y el Reglamento de Concursos, en virtud de ello estimó declarar la nulidad de tal acuerdo de cancelación, por no estar dictado conforme a derecho. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 14 de diciembre del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas. Bajo el criterio que la demandante se encontraba protegida por la Ley del Estatuto del Medico Empleado y su respectivo Reglamento, cargo que adquirió mediante concurso medico cerrado realizado por la Secretaría de Estado, en fecha 10 de marzo del 2010, siendo la génesis del conflicto la duración del mismo, tal como lo establece el artículo 7 de la Ley del Estatuto Médico, el cual menciona que toda contratación de servicios médicos deberá someterse a concurso para que los mismos gocen de los derechos y garantías que dicha ley les otorga, en consonancia de lo anterior el reglamento también establece el periodo de 3 años en el caso de jefatura previo concurso, quedando excluido de ser sometidos entre otros el cargo de jefe, es decir excluido del concurso cada tres años, convirtiéndose en un nombramiento sujeto a la condición de someterse la plaza a concurso cuando así lo requiera la Secretaria de Salud, en el que obligatoriamente se debe convocar a concurso para que los que tienen derecho preferente puedan legitimar su continuidad en el cargo, asistiéndole la estabilidad en su trabajo pudiendo ser separada del mismo bajo las causas establecidas en dicha ley, en el cual se respeta el procedimiento y la autoridad nominadora debe cumplir establecer las razones o causas del despido como requisito imperativo en este tipo de actos, hecho que se omitió enervando el derecho a la defensa, por tales motivos confirmó la sentencia dictada en primera instancia por considerar que la misma cumplía con los presupuestos de legalidad y debido proceso. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada DENI MARITZA PONCE IZCANO, en fecha 4 de febrero del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 14 de diciembre del 2018, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.131-17, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.211-13 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 4 de febrero del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, presentó en fecha 7 de marzo del 2019, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 14 de marzo del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 21 y 22 de marzo del 2019, los Abogados DENI MARITZA PONCE IZCANO y JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES. 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 13 de mayo del 2019, teniendo por personados a los Abogados DENI MARITZA PONCE IZCANO como recurrente, y JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, como recurrido, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta exponiendo lo siguiente: “CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA EMITIDA EN SEGUNDA INSTANCIA EN FECHA CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. LA CUAL RATIFICA LA SENTENCIA EMITIDA EN LA FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2016 POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y QUE EN ESA INSTANCIA EL APODERADO LEGAL DE LA DEMANDANTE ERA EL ABOGADO HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON. CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, EN LA CUAL EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FALLA: DECLARAR PROCEDENTE LA ACCION PROMOVIDA POR EL ABOGADO HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA SENORA GLADYS ELIZABETH RAMOS CASTILLO, POR NO AJUSTARSE A DERECHO EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO CONSISTENTE EN EL ACUERDO DE CANCELACION NUMERO 1009 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2013. EMITIDO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD; SE MEDIANTE EL CUAL CANCELA A LA PARTE DEMANDANTE DEL PUESTO DE DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD LA JOYA SEGUNDO; ANULAR EL ACUERDO DE CANCELACION NUMERO 1009 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2013, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD. TERCERO: RECONOCER LA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA DE LA DEMANDANTE Y PARA SU PLENO RESTABLECIMIENTO SE ORDENA EL REINTEGRO AL CARGO PARA EL CUAL SE LE HABIA NOMBRADO POR CONCURSO EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD. CUARTO: CONDENAR AL DESPACHO DE SALUD, AL PAGO A FAVOR DE LA DEMANDANTE DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DESDE LA FECHA EFECTIVA DE SU CANCELACION HASTA LA FECHA QUE SEA REINTEGRADA A SU PUESTO DE TRABAJO, MAS LOS BENEFICIOS OBTENIDOS EN SU AUSENCIA COMO SER INCREMENTOS SALARIALES, AGUINALDOS, DECIMO CUARTO MES, BONOS Y VACACIONES A SI COMO OTROS DERECHOS QUE LE PUDIERAN CORRESPONDER. QUINTO: SE DECRETA EN SU CASO LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE HAYA NOMBRADO AL SUSTITUTO DE LA DEMANDANTE. PARA LA CANCELACION DEL ACUERDO NUMERO 1009 EN LA CUAL SE CANCELABA A LA SERVIDORA PUBLICA GLADYS ELIZABETH RAMOS SE SIGUIO EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL CONSTA EN EXPEDIENTEADMINISTRATIVO, SIN EMBARGO CUANDO LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RESUELVE EL RECURSO LO HAGE CON UNA MOTIVACION DEFECTUOSA QUE NO CUMPLE CON LO QUE ORDENA EL ARTICULO 200 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL QUE LITERALMENTE DICE: CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS 1-LAS SENTENCIAS SERAN SIEMPRE MOTIVADAS Y CONTENDRAN EN PARRAFOS SEPARADOS Y NUMERADOS, LOS ANTECEDENTES DE HECHO Y LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO EN LOS QUE SE BASA LA PARTE DISPOSITIVA 0 FALLO 2-EN PARTICULAR, LA REDACCION DE LAS SENTENCIAS SE AJUSTARA A LA FORMA SIGUIENTE: A) ...B) EN LOS ANTECEDENTES DE HECHO SE CONSIGNARAN CON LA CLARIDAD Y CONCISION POSIBLES Y EN PARRAFOS SEPARADOS Y NUMERADOS, LAS PRETENCIONES DE LAS PARTES 0 INTERESADOS, LOS HECHOS EN QUE LAS FUNDEN QUE HAYAN SIDO ALEGADOS OPORTUNAMENTE Y TENGAN RELACION CON LAS CUESTIONES QUE DESAN RESOLVERSE, LAS PRUEBAS QUE SE HUBIEREN PROPUESTOS Y PRACTICADO Y LOS HECHOS PROBADOS EN SU CASO. C) EN LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO SE EXPRESARÁN, EN PARRAFOS SEPARADOS Y NUMERADOS, LOS PUNTOS DE DERECHO FIJADOS POR LAS PARTES Y DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS, DANDO LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS LEGALES DEL FALLO QUE HAYA DICTARSE, CON EXPRESION CONCRETA DE NORMAS JURIDICAS APLICABLES D) Y EL ARTICULO 207, MOTIVACION DEL MISMO CODIGO PROCESAL EXPRESA: DEL MISMO CODIGO PROCESAL CIVIL EXPRESA "1 LAS SENTENCIAS SE MOTIVARAN EXPRESANDO LOS RAZONAMIENTOS FACTICOS Y JURIDICOS QUE CONDUCEN A LA APRECIACION Y VALORACION DE LAS PRUEBAS, A SI COMO A LA APLICACION E INTERPRETACION DEL DERECHO "2 LA MOTIVACION DEBERA INCIDIR EN LOS DISTINTOS ELEMENTOS FACTICOS Y JURIDICOS DEL PLEITO, CONSIDERADOS INDIVIDUALMENTE Y EN SU CONJUNTO, AJUSTANDOSE SIEMPRE A LAS REGLAS DE LA LOGICA Y DE LA RAZON. "CONSIDERANDO" QUE DEL ESTUDIO Y ANALISIS EN SU CONJUNTO DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR LAS PARTES A SI COMO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO EN QUE AMBAS PARTES APOYAN SUS ALEGATOS ESTA CORTE OBSERVA Y CONCLUYE QUE LA AUTORIDAD NOMINADORA PARA EMITIR LA CANCELACION DEL CARGO ADMINISTRATIVO QUE DESEMPEÑABA LA DEMANDANTE, ESTABA OBLIGADO A SEGUIR TOTALMENTE EL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO EN LA LEY DEL ESTATUTO DEL MEDICO EMPLEADO PARA DICTAR ESTE TIPO DE ACTOS Y AL NO HACERLO VIOLENTO EL ORDENAMIENTO JURIDICO TRAYENDO COMO CONSECUENCIA QUE LA ACCION INTERPUESTA POR LA DEMANDANTE RESUL TA PROCEDENTE POR NO AJUSTARSE A DERECHO EL ACTO IMPUGNADO. CONSIDERANDO: QUE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTABLECE QUE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SERAN DICTADOS POR EL ORGANO COMPETENTE, RESPETANDO LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO Y QUE SON ANULABLES LOS ACTOS QUE INCURRAN EN CUALQUIER INFRACCION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO INCLUSO DEL EXCESO DE PODER, EN VIRTUD DE ELLO LA ADMINISTRACION DEMANDADA DEBIO SEGUIR EL PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN LA LEY DEL ESTATUTO DEL MEDICO EMPLEADO EN SU ARTICULO 1 Y 4 Y AL NO HACERLO INFRINGIO EL ORDENAMIENTO JURIDICO" RESULTA INCUESTIONABLE QUE EL TRIBUNAL SENTENCIADOR CON ESTA MOTIVACION INCURRE EN EL ERROR, POR OMISION ,DE NO DAR UNA RESPUESTA LOS AGRAVIOS EXPRESADOS POR EL ESTADO DE HONDURAS CONTRA LA SENTENCIA RECURRIDA PORQUE, POR UNA PARTE Y COMO YA SE DEJO ESTABLECIDO CLARAMENTE SI SEGUIDO EL PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACION DEL CARGO ADMINISTRATIVO, NO OBSTANTE EL TRIBUNAL RECURRIDO SE LIMITA A DECIR QUE NO SE SIGUIO Y SI TAL ES SU ASEVERACION DEBIO DECIR CUAL FUE LA PARTE DEL PROCEDIMIENTO QUE NO SE SIGUIO. EN CONSECUENCIA, ESTE HONORABLE TRIBUNAL RESUELVA ESTE RECURSO CONFORME LO DISPONE EL ARTICULO 727.4 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, EL QUE REZA ASI: "ARTICULO 727 CONTENIDO DE LA DECISION. ESTIMACION. SI SE ESTIMARA EL RECURSO DE CASACION, EN UNA SOLA SENTENCIA, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CASARA LA RESOLUClON RECURRIDA Y RESOLVERA CONFORME A DERECHO: 1... 2 ... 3 ... 4. SI SE APRECIARA INFRACCION DE LAS NORMAS REGULADORAS DE LA SENTENCIA, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DICTARA LA NUEVA SENTENCIA SALVO QUE EL DEFECTO CONSISTA EN LA OMISION O DEFECTUOSA MOTIVACION FACTICA, EN LA OMISION DE PRONUNCIAMIENTO, EN CUYO CASO REENVIARA EL EXPEDIENTE A LA CORTE DE APELACIONES PARA QUE SE DICTE NUEVA SENTENCIA EN EL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS. 5 SIENDO ENTONCES, SEÑORES MAGISTRADOS, QUE LA SENTENCIA SE SUSTENTA EN UNA MOTIVACION DEFECTUOSA SE HACE NECESARIO QUE SE CASE DICHA SENTENCIA”. 2.- Que lo expuesto resulta inadmisible, por la razón siguiente: revisado el recurso de mérito este Tribunal, se ve imposibilitado en determinar la existencia de un motivo debidamente estructurado. En resumen el cargo o motivo debe contener: el concepto de la infracción, una proposición jurídica completa (disposición infringida o relacionada, en su caso), el pronunciamiento que se impugna, el precepto autorizante, todo debidamente claro y separado, justificando la incidencia de la infracción en la resolución impugnada sin extenderse en alegatos propio de instancia, es decir, una explicación que demuestre el error cometido por el juzgador de instancia y lo que se considera correcto de conformidad a la ley una vez confrontada la misma con el fallo impugnado. 3.- En atención a lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 704, 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. 4.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación 5.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 704, 716, 717, 721,723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en lo expuesto. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. WILFREDO MENDEZ ROMERO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho días del mes de septiembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de junio del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA177-2019. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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