Sentencia CA-170-21 — Registro 12858
Resumen
En primera instancia se declara ptocedente la acción promovida por la demandante; por no ajustarse a Derecho el Acta Administrativo impugnado, en segunda instancia se confirma bajo el criterio que la falta imputada a la parte actora constriñe la existencia de la acción de “sustraer”, extremo que no ha sido comprobable en el caso concreto, habida cuenta que la acción de “sustraer” no es igual a “responsable por faltante de caja
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..". Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Se omite el pronunciamiento que se impugna; b) Se omite el precepto autorizante; y, e) Se omite la explicación, lo expuesto se enmarca en alegatos de instancia inoportuna en este recurso extraordinario..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) Se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Se omite formular una proposición jurídica completa; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; d) Se omite el precepto autorizante; y, e) Se omite la explicación, lo expuesto se enmarca en alegatos de instancia inoportuna en este recurso extraordinari..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de junio del dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora; EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA; y, Recurrida: la señora ELSA ROSINDA RAMIREZ PADILLA, representada en juicio por el Abogado JORGE ELISEO NUÑEZ VALDERRAMOS. OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal por no ser conforme a derecho, declarar la ilegalidad del mismo por infringir el ordenamiento jurídico por exceso y desviación de poder, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por despido ilegal e injusto y como medidas para el pleno reconocimiento del derecho subjetivo violado se ordene mediante sentencia definitiva el reintegro al cargo que ocupaba al momento del despido, pago de salarios dejados de percibir con los aumentos salariales que se verificaren desde la fecha de la cancelación hasta que se le reintegre sin perjuicio de los demás derechos que le corresponderían durante la secuela del juicio, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la señora ELSA ROSINDA RAMIREZ PADILLA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, específicamente en el HOSPITAL ESCUELA, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó la relación laboral con el Estado de Honduras, en fecha 11 de octubre del 2000, en el puesto de Auxiliar de Estadística específicamente en el Hospital Escuela, devengando un salario de L.2,530.00, según acuerdo de nombramiento número 1136, emitido en fecha 04 de diciembre del 2000, por el Presidente Constitucional de la República de Honduras. En fecha 28 de marzo del 2014, mediante Acuerdo de Cancelación número 054, emitido por la señora Rectora de la UNAH, en uso de las facultades delegadas por el señor Presidente de la República de Honduras, mediante Acuerdo Ejecutivo PCM-024-12, por convenio interinstitucional de fecha 13 de julio del 2012, la demandante fue despedida del trabajo, en ese entonces devengaba un salario mensual de L.11,939.00. En fecha 19 de febrero del 2014, según oficio citatorio No. 010-2014-URLGTH-HE, se le citó a la demandante a una audiencia de descargo, la cual se celebraría en fecha 03 de marzo del 2014, a las 3:00 p.m., con el objeto de escuchar los descargos en la causa que le sigue por suponerla responsable del faltante de caja de L.580.00, según arqueo individual de caja del 15 de noviembre del 2013, en el turno A en el Clíper del Hato de Enmedio. Se le comunicó en el mismo oficio que si de los descargos que presente la demandante no desvirtuó los hechos imputados sería objeto de sanción administrativa que en su caso podrá ser desde una amonestación verbal o escrita, suspensión de trabajo sin goce de sueldo hasta por 8 días calendario, descenso a un cargo inferior o despido sin responsabilidad para el demandado en virtud de que supuestamente infringió los artículos 37 literal a) y b), y 43 de la Ley de Servicio Civil. Mencionando que en dicha audiencia de descargo se le supone responsable del faltante de caja de L.580.00 y manifestó que estaba en el cargo de Receptor de Fondos de la Clíper del Hato de Enmedio y que ese día estuvo en turno y que no dejó el arqueo de caja, ni lo depositó en la urna porque tenía un faltante de L.140.00, que se le había extraviado ese dinero, ya que se movilizó al baño y según la demandante había asegurado bien la puerta de la entrada a la caja y cuando regresó ya faltaba ese dinero, pero depositó el dinero correcto a los dos días después. La parte demandada en ningún momento hizo alguna amonestación escrita, ya que era lo que debió hacer por ser primera vez que se cometía una supuesta falta, tampoco la suspendió del trabajo y así mismo no la trasladó a otro puesto de menor categoría, lo que hizo fue despedirla en una forma injusta e ilegal, sin llenar los requisitos que señala la ley. El acto administrativo de carácter particular en materia de personal que impugna es porque se han violentado los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República; 37, 38 literales b), g), i), j) y k), 42, 43, 47 de la Ley de Servicio Civil; 48, 49, 113, 114, 116, 119, 154, 157, 165 y 199 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Por otra parte, los servidores públicos no pueden ser trasladados, o cancelados de sus cargos sin justa causa, para hacerlo tiene que sujetarse al artículo 43 de la Ley de Servicio Civil que se refiere como son las sanciones disciplinarias que se aplican a los servidores públicos y son según el artículo 44 de la misma ley: 1.- amonestación escrita, 2.- suspensión del trabajo por ocho días sin goce de sueldo, 3.- descenso a un cargo inferior; la demandada en ningún momento le hizo alguna amonestación escrita, que es lo que tenía que hacer por ser primera vez que la actora cometía una supuesta falta, tampoco se le suspendió de su trabajo, ni se le trasladó a otro puesto de menor categoría, sino que la despidieron sin llenar estos requisitos que señala la ley. También se violentó el artículo 42 de la Ley de Servicio Civil, porque para que se despida a un empleado, se tiene que revisar las medidas disciplinarias según el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que dice que las faltas cometidas por un servidor público se sancionarán de acuerdo a su gravedad, en concordancia con la ley, su reglamento, sin embargo, esta medida fue inobservada por la demandada. Finalmente estableció la demandante, que si bien cometió una falta leve, tipificada en el artículo 161, numeral 1) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, porque abandonó su puesto de cajera por un momento, sin tomar las precauciones necesarias, razón por la que le sustrajeron el dinero, es por ello que el despido es injusto, pues el Estado no perdió dicho dinero, pues fue reintegrado por la demandante y por lo tanto la sanción que tenía que aplicarle era la contenida en el artículo 159 de dicho reglamento, que dice que hubiese sido una amonestación verbal o escrita, pero la decisión de despedir a la demandante fue extrema y es por eso que la autoridad nominadora infringió el ordenamiento jurídico, contraviniendo las normas legales correspondientes. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante comenzó su relación laboral con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, en fecha 11 de octubre del 2000, en el cargo de Auxiliar de Estadística, mediante acuerdo de nombramiento número 1136, devengando un salario mensual de L.2,530.00 y en fecha 21 de marzo del 2014, la Rectora de la UNAH en uso de las facultades delegadas según Acuerdo Ejecutivo PCM-024-12, por el convenio interinstitucional de fecha 13 de julio del 2012 y de acuerdo a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, emitió el Acuerdo de Cancelación número 054, efectivo a partir del 28 de marzo del 2014, es importante mencionar que la demandante a la fecha de su cancelación devengaba un salario de L11,939.00. Que efectivamente a la demandante se le citó en legal y debida forma para comparecer a la audiencia de descargo en fecha 3 de marzo de 2014, mediante el oficio 010-2014-URLGTH-HE, de fecha 19 de febrero del 2014, con el fin de que desvirtuara la falta grave cometida, la cual consistía en no haber realizado el arqueo de caja correspondiente del día, en virtud de existir un faltante de caja por la cantidad de L.580.00; falta que nunca fue desvirtuada por la demandante en la referida audiencia de descargo celebrada, al contrario quedó claramente evidenciado la comisión de la falta por parte de la demandante y en la que el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Salud, actuando en absoluto respecto de las Garantías Constitucionales como ser el derecho de defensa le dio la oportunidad a la demandante de desvirtuar los hechos constitutivos de falta grave, “no haber realizado arqueo de caja correspondiente del día en virtud de existir un faltante por la cantidad de L.580”. Sin embargo, a pesar de lo antes manifestado, la demandante manifestó: “que el acto impugnado es nulo ya que fue emitido en absoluta violación al procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su reglamento”, extremo que es completamente falso, pues dicho despido se llevó con absoluto respeto del procedimiento legal establecido, habiendo agotado las investigaciones y la audiencia de descargo respectiva, determinado mediante Dictamen número DL-DGSC-010-14, procedente la cancelación del acuerdo de nombramiento de la demandante, por haber cometido falta grave, por lo tanto su despido fue legal. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 16 de agosto del 2018, dictó sentencia declarando: “FALLA: PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción promovida por la ciudadana ELSA ROSINDA RAMIREZ PADILLA; por no ajustarse a Derecho el Acta Administrativo impugnado, consistente en el ACUERDO No. 054 DE FECHA VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE, emitido por la RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS; en consecuencia, SE ANULA TOTALMENTE EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada de las demandante Elsa Rosinda Ramírez Padilla y para su pleno restablecimiento se condena al Estado de Honduras a través de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS a lo siguiente: 1) Reintegro del señora ELSA ROSINDA RAMIREZ PADILLA al cargo de AUXILIAR DE ESTADISTICA en iguales o mejores condiciones que tenía previo a la emisión del Acto Administrativo emitido en forma ilegal; 2) En concepto de daños y perjuicios, proceder al pago de los salarios dejados de percibir con sus respectivos aumentos, más el pago de vacaciones, decimotercer mes, decimocuarto mes y demás derechos que le correspondieren desde la fecha de efectividad del acuerdo de cancelación precitado (28 de marzo de 2014) hasta la fecha en que la Demandante sea reintegrada en su cargo; cálculos que se difieren para la fase de Ejecución de la Sentencia Definitiva. TERCERO: Se exime del pago de costas a la parte demandada, vencida en juicio por tener motivos suficientes para litigar...”; bajo el criterio que el acto impugnado, objeto del presente juicio, lo constituye el Acuerdo No. 054, de fecha veintiuno de marzo de dos mil catorce, emitido por la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; está debidamente acreditado en autos que el 15 de noviembre 2013, existió un faltante de L.580.00, en la caja chica correspondiente al turno "A" en el Clíper del Hato de Enmedio. No obstante, de la revisión del expediente administrativo, así como del estudio y valoración de las pruebas aportadas por las partes en el presente caso, se desprende que la demandada nunca pudo probar que la ahora demandante haya sido la persona que sustrajo la cantidad de dinero imputada. Aunado a ello y sin perjuicio de lo establecido en el Oficio No.154-2013-ADCPEHE, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, no consta en el expediente administrativo ninguno de los llamados de atención verbal a los que se alude en el medio de prueba antes descrito, así como ningún otro tipo de amonestación. De ahí que la institución demandada debió haber probado sin lugar a dudas la existencia de un acto ilícito cometido por parte de la demandante, para poder imputar la falta grave que conllevara al despido. Sin embargo, de la revisión de los medios de prueba aportados al proceso, no hay ninguna evidencia que demuestre que la demandante haya sustraído la cantidad de dinero imputada sin la autorización correspondiente. Por el contrario, lo único que se ha logrado acreditar ante este Tribunal es una negligencia o descuido por parte de la demandante en el ejercicio de sus labores, circunstancia esta que no se enmarca en ninguna de las faltas graves establecidas en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. En atención a ello, se considera que el Estado de Honduras ha actuado con una desmesurada desproporcionalidad en cuanto a la aplicación del ordenamiento jurídico, violentando con ello, el principio de inocencia establecido en el artículo 89 de la Constitución de la República y 26 de la Ley de Servicio Civil en relación con el artículo 175 de su Reglamento; así como el debido proceso regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República y 46 de la Ley de Servicio Civil en relación al 145 de su Reglamento. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 08 de septiembre del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que la falta imputada a la parte actora constriñe la existencia de la acción de “sustraer”, extremo que no ha sido comprobable en el caso concreto, habida cuenta que la acción de “sustraer” no es igual a “responsable por faltante de caja…”, recuérdese que el principio de tipicidad de la potestad sancionadora de la administración exige que la conducta ilícita encaje en la infracción o falta establecida en la norma; de tal manera, que esa conducta ilícita, debe ser casi inequívoca con la descripción dada por la norma, deben de estar perfectamente delimitadas, con el objetivo de aportar un valor de seguridad jurídica: "que los ciudadanos puedan predecir las consecuencias de sus actos"; en tal sentido y evidentemente no puede constituir una presunción la conducta ilícita de la servidora, en relación a lo establecido en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, en cuanto a que su conducta, además de la falta grave imputada deriva supuestas implicaciones penales o que causan perjuicios serios a la regularidad o continuidad de los servicios, tal como lo hace ver el apelante, agravantes que en ningún momento hizo ver la autoridad nominadora a la servidora en el procedimiento administrativo, tampoco constituye ser la causa expresa del despido y mucho menos fue probado en autos; dicha presunción provoca la sensación de arbitrariedad de la Administración al no subsumir la conducta ilícita de la servidora en la falta descrita en la ley. Además, el principio de responsabilidad es aquel que supone que sólo se podrá sancionar aquellas infracciones cometidas por quienes sean responsables de las mismas, por lo que esto impide que una persona pueda ser castigada por el resultado de eventos sobre los que no tiene control. En el caso bajo análisis, la parte actora manifestó de manera concreta que ella no sustrajo el dinero, argumentó que alguien lo tomó de la caja y por eso resultó el faltante, reparando dicho faltante en los dos días posteriores; también, vemos el hecho que la demandante manifiesta que el faltante es de L.180.00 y el faltante que reporta la autoridad mediante el arqueo de caja es de L.580.00. Derivándose que es muy vaga la imputación de la conducta ilícita en la persona de la parte demandante, entendiendo que no cabe una simple responsabilidad objetiva, sino subjetiva; es así que se disipa la responsabilidad subjetiva de la parte demandante, concluyendo que no se comprobó la tipificación de la conducta ilícita y tampoco la responsabilidad subjetiva de la parte actora. 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogada MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA, en fecha 21 de enero del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 08 de septiembre del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.083-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.0142-2014, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 04 de febrero del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JORGE ELISEO NUÑEZ VALDERRAMOS, presentó en fecha 01 de marzo del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 02 de marzo del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución 13 y 14 de abril del 2021, los Abogados JORGE ELISEO NUÑEZ VALDERRAMOS y MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA, respectivamente. 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 05 de mayo del 2021, teniendo por personados a los Abogados MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA, como recurrente, y JORGE ELISEO NUÑEZ VALDERRAMOS, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la falta de aplicación de los artículos 47 numeral uno de la Ley de Servicio Civil; 113 numerales 1, 3, 6, 155 causa segunda, 160, 163 numeral doce y cuatro 165 numeral uno de su Reglamento en la sentencia proveniente de la no apreciación de los medios de pruebas: DOCUMENTALES. DE LOS HECHOS Y RAZONES EN QUE SE APOYO LA DEFENSA. por Infracción de Ley de Doctrinas Legal, que resulta evidente en autos, en atención de que si bien es cierto que el Juez no está sujeto a la tarifa de la prueba, formará su libre convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las relevancias de la Litis; PERO siempre apegado a la Ley; sin infringir el ordenamiento jurídico vigente, y los Magistrados de la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que hicieron suyas las pretensiones de la demandante; en franca violación de las Leyes vigentes que fueron invocadas por mi Representada, el Estado de Honduras, en las que se planteó en primera instancia ya que el Juez A-QUO, en numeral tercero y cuarto: refiere que la falta NO está TIPIFICADA como una falta grave en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, además que no se realizó el debido proceso, estando debida acreditado en autos que mi poderdante es respetuoso del ordenamiento Jurídico vigente y de las garantías Constitucionales, respetando el derecho de defensa, se citó en legal y debida forma para que desvirtuara lo imputado a su persona en la audiencia de descargo ella refiere que si hacía falta la cantidad de L. 580.00 por lo que no puedo hacer dicho deposito; que esto lo hizo dos (2) días después haciendo una aceptación tácita de la culpa, no es una NEGLIGENCIA, ya que la misma Ley de Servicio Civil nos relaciona las faltes menos graves y allí encaja la negligencia no como asevera el Juez A-QUO, porque el acto se encuentra dictado conforme a derecho Ley de Servicio Civil y su Reglamento, ya la vez infringieron el Articulo 321 de la Constitución de la República, en virtud de que la sentencia recurrida Declara sin Lugar el Recurso de Apelación. Declarando a la vez con lugar la sentencia Definitiva dictada por el Juez A-QUO, de primera instancia hacienda propia los defectos de esta, que declara Con lugar la acción promovida por la señora Elsa Rosalinda Ramírez Padilla, a sabiendas que se acreditó que no es aplicable los fundamentos de derecho en que se funda su acción ya que la falta quedo acreditada por declarase confesa del faltante aunado a este orden de ideas los argumentos sólidos facticos que el acto ejecutado por mi poderdante está sujeto a derecho sin violentar el ordenamiento vigente, que esta Honorable Corte de Apelaciones por UNAMINIDAD de votos declararon y confirmaron la Sentencia de primera instancia de fecha siete de junio del dieciocho. por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo por no estar sujeto a derecho el acto administrativo; por todo lo antes expuesto el procedimiento administrativo realizado por mi poderdante fue siguiendo el proceso administrativo vigente respetando el derecho de defensa, y de inocencia sin violentar las garantías plasmadas en la Carta Magna. no como pretende sorprender al aseverar que la falta no se le siguió el debido proceso”. II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Se omite el pronunciamiento que se impugna; b) Se omite el precepto autorizante; y, e) Se omite la explicación, lo expuesto se enmarca en alegatos de instancia inoportuna en este recurso extraordinario. III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “Que en el numeral séptimo, Octavo y noveno de la Sentencia de la Corte de Apelaciones no es congruente al aseverar que el Principio de Tipificación supone el comportamiento inequívoco del infractor, ya que dicha falta está TIPIFICADA en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento 165 numeral 12 “Sustraer del local de trabajo, materiales, útiles, herramientas equipos u otros, sin mediar autorización de quien corresponda” y en el acta de Audiencia de Descargo ella acepta tácitamente que le hacía falta un faltante que por eso motivo NO hizo el arqueo diario, en ese orden de ideas ella es la única responsable ya que ella maneja llave de su respectiva oficina de cobro al Usuario, deja mucho que decir, y decir que no hay responsabilidad nos deja un sin sabor en un país carente de justicia, la hoy demandante infringió el Ordenamiento Jurídico, sancionada de conformidad al imperio de la Ley, si somos objetivos la fala existe y hay responsabilidad administrativa, ya que ella misma acepta del faltante de ese día, cuando ella sola es la que maneja los fondos de la institución, aparece diciendo que alguien le tomo ese faltante es ilógico e irracional por que apreciamos que es inconcluyente la decisión y arbitraria decir que es subjetiva la acción que hoy demandante cometió”. IV. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) Se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Se omite formular una proposición jurídica completa; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; d) Se omite el precepto autorizante; y, e) Se omite la explicación, lo expuesto se enmarca en alegatos de instancia inoportuna en este recurso extraordinario. V. El Censor en un tercer motivo manifiesta: “Se rechaza el numeral décimo en virtud que el juez AD-QUEM, no valoro la carga de la prueba, y su argumentación no es congruente, al asevera que el resto del procedimiento analizado en el fallo del A-quo se encuentra conforme a derecho; es por ello que este Tribunal confirma dicha sentencia, a lo cual nos oponemos ya que el juez A-QUEM en su análisis jurídico que realiza a la sentencia recurrida, podemos apreciar que no valoro los medios de prueba aportados para establecer la falta a la cual administrativamente había incurrido, el ahora demandante considerando que mi representado si realizo un procedimiento correcto, oportuno a la falta grave incurrida, tal como se puede apreciar con los documentos que forman el expediente, es ahí donde se tipifica la falta grave según la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, Articulo 163 numeral 12, queda demostrado pues, que la Autoridad Nominadora dio cumplimiento a lo preceptuado en las leyes que rigen este tipo de procedimientos, tal situación se puede ver en el dictamen DL-DGSC-DD-010-2014, además es preciso mencionar señores Magistrados que la demandante ha incurrido en esta falta según dictamen de la Unidad de Asesoría Legal, del Hospital Escuela donde ratifica el despido es legal de acuerdo al ordenamiento jurídico, y al debido proceso, lo cual queda acreditado el despido del ahora apelado, desde el inicio del juicio el demandante ha venido confundiendo con sus alegaciones sin fundamento legal, ya que la falta imputada a la servidora Pública, esto no lo menciona el JUEZ-AQUO, NI EL JUEZ-AQUEM, por eso nos violenta el derecho de defensa de mi poderdante, ya que es una garantía Constitucional el derecho de defensa, ya que todo el acto administrativo fue desarrollado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente respetándose el debido proceso y las garantías Constitucionales, además se cuenta con el valoración y argumentación de la Dirección de Servicio Civil.” VI. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) Se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Se omite formular una proposición jurídica completa; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; d) Se omite el precepto autorizante; y, e) Se omite la explicación, lo expuesto se enmarca en alegatos de instancia inoportuna en este recurso extraordinario. VII. Que en un cuarto motivo se esgrime: “Acuso la sentencia de interpretación erróneo de las disposiciones contenidas en los Artículos 163 numeral doce del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. y ya que la Sentencia tiene que ser motivada y congruente según el artículo, 206, 207, 208 debe de haber claridad en ella ambigüedad como pretende sorprender la parte demandante. EXPLICACION: La cancelación por despido de un servidor público, es una facultad de la administración; siguiendo los procedimientos administrativos legales en el caso que nos ocupa la señora ELSA ROSINDA RAMIREZ PADILLA, se le siguió el debido proceso administrativamente, el estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes y así como el expediente administrativo se aprecia que la falta que cometió POR SUSTRAER DEL LOCAL DE TRABAJO, MATERIALES, UTILES, HERRAMIENTAS EQUIPOS, U OTROS, SIN MEDIAR AUTORIZACION DE QUIEN CORRESPONDA como podrán apreciar al hacer un análisis exhaustivo del mérito del expediente y el proceso disciplinario que lo actuado por mi poderdante fue de conformidad a derecho, calificando la grave de la falta enmarcada en el ordenamiento jurídico vigente. Nadie puede ser despedido sin justa causa y sin observar el procedimiento establecido en la Ley y su Reglamento, el cual se cumplió al detalle del proceso establecido y al no haber infracción como aparenta la parte actora el Juzgador (A-QUO), actuó dentro de las esferas de su competencia del marco legal respetando el principio de legalidad, al declarar la improcedencia de la acción incoada por el hoy demandante; es totalmente falso que el Juez AD-QUEM, no se pronunció sobre los hechos vertidos en la secuela del juicio ya que fue contundente al apreciar que la sentencia fue dictada de conformidad a derecho sin violentar o quebrantar el ordenamiento jurídico vigente su apreciación fue objetiva y veraz, por lo tanto, el acto procesal NO ES NULO, porque no se prescindió de normas esenciales del procedimiento mucho menos indefensión. PRECEPT0 AUTORIZANTE. Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el Articulo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO O PARTE DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA. Se identifica totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo 1 de la Ley de Servicio Civil expresa “la presente Ley tiene por finalidad establecer un sistema racional de administración de personal en el servicio público, regulando las relaciones entre los servicios públicos y el Estado... relacionado con el artículo 2 del mismo Cuerpo Legal, el cual prescribe" El régimen del Servicio Civil comprenderá a todos los servidores del Poder Ejecutivo, cuyo ingreso se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que esta Ley y su Reglamentos. La señora, ELSA ROSINDA RAMIREZ PADILLA fue cancelado del Puesto que ocupaba, en la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud (Hospital Escuela) sin responsabilidad para el Estado de Honduras No obstante, la Corte Sentenciadora dejo de aplicar estas disposiciones legales y declare con lugar la sentencia de primera instancia bajo el argumento que la señora ELSA ROSINDA RAMIREZ PADILLA argumentando que su despido fue ilegal, lo que es completamente negativo Es obvio que en el presente caso el Tribunal de Alzada dejo de aplicar los artículos consignados en la contestación de 1a demanda ante el juzgado de primera instancia”. VIII. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Las normas indicadas en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; b) En el desarrollo se alude a situaciones de fondo, lo que hace que el cargo resulte confuso e impreciso, a razón del precepto autorizante invocado, como fundamento del cargo; c) En su explicación alude a disposiciones no enunciadas como infringidas o relacionadas, tal es el caso de los artículos 206, 207 y 208, sin precisar a qué ley se refiere; d) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil. IX. Que se solicitó nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “NULIDAD DE LA SENTENCIA. Los artículos 13, 245 y 479 del Código Procesal Civil prescriben. ARTICULO 13. VALORACION DE LA PRUEBA: 1.-El Juez a-quo ha de valorar la prueba de manera, precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este Código u otra Ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido. 2.-La valoración legal de la prueba solo es admisible en el interrogatorio de las partes y en la prueba documental, y únicamente cuando una norma así lo indique expresamente o se deduzca de ella inequívocamente. 3.-En todo el caso el Juez ha de exponer en su sentencia, los razonamientos que los condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento, exista o no norma quien le obligue, quedando prohibida la arbitrariedad. ARTICULO 245. VALORACION DE LA PRUEBA. 1.- La valoración de la prueba en el proceso civil por el Tribunal excluir en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de Acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra Ley. Establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca. 2.-La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante del fundamento fáctico y jurídico de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución. ARTICULO 479 VALORACION DE LA PRUEBA. 1.-El Tribunal deberá valorar la prueba conforme al principio de libre valoración, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, motivando siempre la sentencia de manera precisa y razonada. 2.-No obstante lo anterior, en las pruebas de interrogatorio de parte y documental se estará a lo dispuesto sobre el valor tasado que determinadas declaraciones y documentales tengan atribuido. 3.-El Tribunal deberá atribuir un valor o significado a cada prueba de manera individual, determinando si conduce o no a probar la existencia de un mismo hecho, o el medio en que se produjo, se deberán poner en común, con especial motivación y razonamiento del resultado final al que se llegue. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 08 de septiembre del 2020, dicto sentencia en el presente caso, con sujeción a lo dispuesto en el Código Procesal Civil en cuanto a las formalidades que ha de llenar la misma. En los FUNDAMENTOS DE DERECHO, precisamente en toda la parte resolutiva, revela la forma arbitraria con que la Corte Sentenciadora (Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo) ha procedido porque existiendo normas jurídicas que ordenan como dictarlas, lo hizo sin considerarlas en ningún momento. Es así que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dicta sentencia estudiando y analizando en su conjunto la prueba, cuando ya dicen los artículos 13, 245 y 479, que no lo puede ni debe hacer, que es obligatorio razonar y atribuirle un valor o significado de manera individual a cada prueba. El artículo 212.6 del Código Procesal Civil manda. ARTICULO 212. NULIDAD. Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes. 1 .... , 2 .... , 3 .... , 4 .... , 5 .... , 6. En los casos en que este Código y demás leyes así lo determinen. El articulo 13 antes citado expresa que es prohibida la arbitrariedad y el 245.2 dispone la nulidad de la sentencia cuando se ha dictado prescindiendo de las normas que la regulan y de la valoración de la prueba. El artículo 700. PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES. 1.-Cuando en los recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación. 2.-Asimismo deberá acreditar que hizo lo posible para su subsanación en el caso de que la naturaleza del defecto la admitiera. En el presente caso la nulidad que ahora reclamamos se produjo en la sentencia recurrida por lo que es hasta este momento en que hacemos la denuncia. Es lógico que, si la sentencia se hubiere dictado con base en los artículos 13, 245 y 4 79 antes transcritos, habíamos podido formular un motivo de casación acorde a las circunstancias, es decir, conociendo el razonamiento y la motivación que han llevado al Tribunal AD-QUEN a declarar Improcedente el Recurso de Apelación y confirmar la sentencia de primera instancia no valorando la prueba. El artículo 720 del Código Procesal Civil excluye la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba en casación, pero si permite que se pueda solicitar el control de la motivación fáctica para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que fuere determinante de un sentido diferente del fallo. De manera pues, que estando viciada de nulidad la sentencia impetrada es procedente que se decrete dicha nulidad y que se ordene al Tribunal de Alzada proceder en la forma prescrita por la Ley, en este caso, por el Código Procesal Civil”. X. Que se solicita nulidad subsidiaria de la sentencia impugnada, bajo argumentos propios de las instancias y de que las sentencias deben ser claras, precisas congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del Debate, pero sin precisar ni demostrar los mismos. En el presente asunto, la sentencia de la cual se solicita la nulidad, es confirmatoria de la dictada por el A-quo, por ello, en su momento y en su caso, se debió denunciar los vicios procesales, contenidos en la sentencia del juzgado de primera instancia a razón del principio de vinculación, ya que el A-Quem, está supeditado a los concretos pronunciamientos recurridos, lo contrario implica su consentimiento. Por otro lado, el Código Procesal Civil, en su artículo 719 regula las causales de casación por violación de normas procesales relacionadas con el contenido interno de las sentencias siendo la vía apropiada para recurrir los vicios procesales, siempre y cuando se formulen debidamente, situación que no acontece en el recurso de mérito. Aunado a lo anterior, el Código Procesal Civil, en su artículo 214 numeral 3) regula taxativamente las causas de nulidad, que igualmente no encajan en la situación de nulidad esgrimida por el solicitante. La pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y que efectivamente se ha ocasionado un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar, situación que no acontece en el fallo impugnado, por ello se estima, que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, realizando el Ad-Quem los pronunciamientos correspondientes, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. XI. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones, que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. XII. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. XIII. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y desestimar la petición de nulidad subsidiaria del fallo expuesta extemporáneamente por el representante procesal recurrido, así como la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 214 numeral 3), 700, 701 numeral 1), 716, 717, 719, 720, numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus cuatro motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de nulidad subsidiaria formulada por el representante procesal recurrido. 3) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los nueve días del mes de agosto del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós días del mes de junio del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA170-2021. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.