Sentencia CA-165-21 — Registro 12830
Resumen
En primera instancia se declara procedente la demanda promovida por la demandante, por no estar ajustado a Derecho el Acto Administrativo Impugnado consistente en el Acuerdo de Cancelación, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) no resulta claro ni preciso a que ordenamiento jurídico corresponde el artículo 719 numeral 2), ya que si fuera del Código Procesal Civil, esa disposición lo que comprende es una de las causales de este extraordinario recurso y por ello es viable indicarla como precepto autorizante; y, b) en su explicación se limita a transcribir una parte del fallo de primera instancia, por lo que omitió explicar la infracción de la ley, siendo que este extraordinario recurso de casación tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que tampoco puede ser admisible el anterior cargo, ya que en el mismo se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) alega la falta de aplicación de las disposiciones constitucionales y procesales señaladas como infringidas, pero al explicar aduce que “por lo tanto existe una aplicación indebida en las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia…”., lo cual resulta contradictorio y confuso, dado que una norma que no se aplicó, no puede al mismo tiempo ser aplicada indebidamente por el Juzgador; b) insta la revisión de los hechos, así como de la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual resulta inapropiado en este extraordinario recurso,, tal como lo señala el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice:
“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora; EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN. SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA; y, Recurrido la señora CLAUDIA PATRICIA BRITO PAVÓN, representada en juicio por el Abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Especial en materia de personal para que se declare la nulidad de un acto administrativo particular emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, con infracción del ordenamiento jurídico establecido, quebrantamiento de formalidades esenciales exceso y desviación de poder, que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal de que fue objeto y como medida para el pleno restablecimiento de sus derechos de orden, mediante sentencia definitiva el reintegro al cargo que ocupaba u otro de igual o mejor categoría, más el pago de salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la señora CLAUDIA PATRICIA BRITO PAVÓN, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que la relación laboral comenzó el 2 de enero del año 2007, mediante la firma del Contrato de Prestación de Servicios de Servicios Numero DGPRP-136-2007 como Promotor Social, posteriormente mediante Acuerdo Numero 001-2009 de fecha 5 de enero del año 2009, fue nombrada en el Cargo de Promoción Social del Instituto de la Propiedad y en el año 2016 se le cambió su acuerdo a Revisor de Documental del Archivo General; resulta que en fecha 28 de diciembre del año 2016, se le entregó el Acuerdo de Cancelación DGRCG-IP-250-2016 efectivo a partir del 31 de diciembre del 2016, donde se le cancela su acuerdo de nombramiento por la causal de cesantía, en base a lo que disponen los artículos 53, 55 y demás aplicables de la Ley de Servicio Civil; 1, 3, 83, 87 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad. Manifestó que no se siguió el procedimiento legal establecido en la ley, en virtud que el artículo 84 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad manda que los Directores deben emitir dictámenes que se requieren para que el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad autorice la cancelación previo Dictamen de las Direcciones involucradas en conjunto con la Dirección Legal y la Sub-Dirección de Recursos Humanos, procedimiento que no se llevó a cabo, resultando el Acuerdo de Cancelación nulo al haberse violentado el procedimiento establecido, puesto que el mismo no establecía si era por reducción forzosa de servicios de personal o por razones de orden presupuestario, reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, conforme al artículo 83 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, vulnerando el derecho a la defensa, en vista que no se estableció cuál de los dos supuestos del artículo mencionado era el que se estaba aplicado, por consiguiente arguyó no poder presentar prueba sobre la supuesta causal que originó la cancelación, ya que el patrono debe establecer con claridad la causas que originan la cancelación objeto del litigio, aunado a lo anterior, tampoco se tomó en cuenta lo que establece el artículo 85 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, referente a tomar en cuenta el desempeño del empleado en el puesto de trabajo y los años de servicio en la Administración Pública, evidenciando la violación al procedimiento establecido, por lo que considera que el Acto Impugnado es ilegitimo e ilegal. 2.- La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se acepta lo referente al inicio de la relación laboral y cargos desempeñados, además que en fecha 28 de diciembre del año 2016, se procedió a entregar el Acuerdo de Cancelación DGRCG-IP-250-2016 efectivo a partir del 31 de diciembre del 2016 a la demandante; aclarando que la cesantía se dio por reducción de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, amparado en el Decreto Ejecutivo PCM-046-2014 de fecha 11 de Septiembre del 2014, emitido por la Presidencia de la República en Consejo de Ministros, mediante el cual el Presidente de la República autorizó al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad para que se procediera a realizar la reestructuración del Instituto de la Propiedad, pudiendo suprimir, reunir, crear, organizar sus dependencias, quedando facultado para descentralizar, desconcentrar o tercerizar los servicios que presta, en relación con lo establecido en la Ley de la Propiedad, en los artículos 10 numeral 3) que dicen: “Son atribuciones del Consejo Directivo las siguientes: … 3) Delegar en el Secretario Ejecutivo y en los Directores Generales atribuciones para el cumplimiento de sus funciones; y 14 que determina las funciones de los Directores Generales: “1) Cumplir y hacer cumplir la presente Ley, sus reglamentos y las resoluciones del Consejo Directivo y del Secretario Ejecutivo; 2) Dirigir y Organizar sus respectivas direcciones; 3) Nombrar y remover el personal a su cargo”, siendo facultades y atribuciones otorgadas a los Directores, por tanto la cancelación se hizo en apego a lo establecido en la Ley del Instituto de la Propiedad y en base al Decreto Ejecutivo PCM-046-2014, razón por la cual la demandante no tiene motivos para argumentar que se ha violentado el debido procedimiento. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso de lo Administrativo con sede Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 3 de mayo del 2018, dictó sentencia la cual en su parte conducente expresa:“RESUELVE: PRIMERO (1): Declarar PROCEDENTE la demanda promovida por la señora CLAUDIA PATRICIA BRITO PAVÓN, representada en juicio por el Abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL, por no estar ajustado a Derecho el Acto Administrativo Impugnado consistente en el Acuerdo de Cancelación No. DGRCG-IP-250-2016 de fecha veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), efectivo a partir del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), emitido por la Dirección General de Registros Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad mediante el cual se cancela por Cesantía a la señora CLAUDIA PATRICIA BRITO PAVÓN, del cargo de Revisor Documental del Archivo General dependiente de la Dirección General de Registros, Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad. SEGUNDO (2): Se Anula Totalmente el Acuerdo de Cancelación No. DGRCG-IP-250-2016 de fecha veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) efectivo a partir del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), emitido por la Dirección General de Registros Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad por haberse emitido con infracción del ordenamiento jurídico y por no ajustarse a derecho.- TERCERO (3): Reconocer la situación Jurídica Individualizada reclamada por la demandante, para su pleno restablecimiento y reconocimiento se Resuelve: 1) El Reintegro de la demandante al cargo que se desempeñaba al momento de su cancelación. En caso de ser materialmente imposible el Reintegro de la demandante al cargo que desempeñaba, deberá ser reintegrada a otro puesto de igual o mejor categoría y en las mismas condiciones. 2) Condenar al Instituto de la Propiedad al pago a favor de la demandante de los salarios dejados de percibir con todos sus aumentos, vacaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes y demás derechos y beneficios colaterales desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que la sentencia sea ejecutada. CUARTO (4): Se exime del pago de costas a la parte vencida en juicio por tener motivos suficientes para litigar…SIN COSTAS”. Bajo el criterio que del análisis y estudio de las normas jurídicas aplicables se estableció que si bien es cierto el Instituto de la Propiedad aprobó el Reglamento de Personal Acuerdo CD-IP-2011 en la sesión ordinaria del Consejo Directivo en fecha 31 de mayo del 2005, el cual regula las condiciones de trabajo a que deberán sujetarse los servidores y funcionarios dentro de la clasificación como tales que el mismo contrate para la prestación de servicios en cada una de sus dependencias en el territorio nacional, este no contempla el procedimiento a seguir para cancelar a un servidor público del Instituto de la Propiedad por cesantía o por despido, que al ser un ente desconcentrado es y debe ser regido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento los cuales en forma clara y precisa establecen los requisitos para ambas figuras jurídicas, y en este caso tampoco se tomó en cuenta los resultados de la evaluación periódica de los servicios dela demandante, enviando dentro del plazo improrrogable de 7 días hábiles a partir de la fecha de efectividad de la cesantía, la nómina de los cesanteados para inscribirlos en lugar preferente en las respectivas listas de reingreso, actos que no fueron acreditados en juicio, por lo que la autoridad nominadora tenía la obligación de seguir con los presupuestos y procedimientos que ordena la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, para cancelar por cesantía a la demandante por lo que el Decreto Ejecutivo PCM 046-2014 emitido por la Presidencia de la República en Consejo de Ministros que autorizó al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad a suprimir, reunir, crear, organizar, sus dependencias, quedando facultado para descentralizar, desconcentrar, o tercerizar los servicios que presta, situación en la que se fundamenta jurídicamente el demandado para aplicar la cancelación por cesantía, misma que no puede contravenir lo establecido en la Ley, mucho menos si limita o tergiversa derechos constitucionales, quedando demostrado la infracción al ordenamiento jurídico aplicable, por desviación de poder, específicamente en los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Servicio Civil; 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, en virtud de no haberse seguido el procedimiento establecido para la cancelación del nombramiento de la demandante por cesantía, ni haberse cumplido con el fin que persigue la ley aplicando tal figura. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 21 de mayo del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, SIN COSTAS. Bajo el criterio quepara que el acto administrativo adquiera la validez que le corresponde, es necesario que el procedimiento se haya llevado a cabo bajo el principio de legalidad, considerando que hubo quebrantamiento de dicho procedimiento, al haber omitido en el acuerdo de cancelación por cesantía de la demandante los procedimientos establecidos en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, y mediante el procedimiento para la cancelación por cesantía que contempla la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, independiente que existía un Decreto Ejecutivo PCM-046-2014, que autorizaba la reestructuración del Instituto de la Propiedad, el cual no especificaba de qué forma se realizaría la cancelación por cesantía, siendo la cancelación arbitraria, por prescindir el ordenamiento jurídico, aclarando que no desconoce las facultades del Instituto de la Propiedad a proceder a la cancelación de acuerdos de nombramientos, pero los mismos deben en cuanto a nombrar y remover personal, sujetarse al procedimiento establecido por la Constitución de la Republica, Tratados Internacionales y Ley vigente, enmarcándose dentro del Principio de Legalidad, situación que no aconteció, al haberse quebrantado el procedimiento, extremo que trae aparejadas consecuencias jurídicas preestablecidas en la Ley. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en fecha 19 de enero del 2021, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 21 de mayo del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.058-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.051-2017del Juzgado de Letras Contencioso de lo Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 4 de febrero del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, presentó en fecha 26 de febrero del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 8 de marzo del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificado de dicha resolución en fecha 24 y 25 de marzo del 2021, los Abogados JOSÉ ARMANDO ESPINAL y FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, respectivamente. 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 5 de mayo del 2021, teniendo por personados a los Abogados FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA como recurrente, y JOSÉ ARMANDO ESPINAL, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente:” Se impugna la sentencia recurrida de fecha veintiuno (21) de mayo del dos mil veinte (2020), por la falta de aplicación del Artículo 719 numeral 2.PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: se impugna totalmente la sentencia dictada en fecha veintiuno (21) de mayo del 2020, por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, excepto en cuanto a disponer "SIN COSTAS".EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Siendo que en la sentencia recurrida, en acápite denominado VISTA: "… en la pieza principal con orden de ingreso con el número 0801-051-17, en su PARTE DISPOSITIVA Declarar PROCEDENTE la demanda promovida por la señora CLAUDIA PATRICIA BRITO PAVÓN, representada en juicio por el Abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL, por no estar ajustado a Derecho el Acto Administrativo Impugnado consistente en el Acuerdo de Cancelación No. DGRCG-IP-250-2016 de fecha veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), efectivo a partir del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), emitido por la Dirección General de Registros Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad mediante el cual se cancela por Cesantía a la señora CLAUDIA PATRICIA BRITO PAVÓN, del cargo de Revisor Documental del Archivo General dependiente de la Dirección General de Registros, Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad. SEGUNDO (2): Se Anula Totalmente el Acuerdo de Cancelación No. DGRCG-IP-250-2016 de fecha veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) efectivo a partir del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), emitido por la Dirección General de Registros Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad por haberse emitido con infracción del ordenamiento jurídico y por no ajustarse a derecho.” II.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) no resulta claro ni preciso a que ordenamiento jurídico corresponde el artículo 719 numeral 2), ya que si fuera del Código Procesal Civil, esa disposición lo que comprende es una de las causales de este extraordinario recurso y por ello es viable indicarla como precepto autorizante; y, b) en su explicación se limita a transcribir una parte del fallo de primera instancia, por lo que omitió explicar la infracción de la ley, siendo que este extraordinario recurso de casación tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional. III.- Que el Impetrante en su segundo motivo de casación sostiene: “se impugna la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, por falta de aplicación de los artículos 82 de la Constitución de la Republica, 205 numeral 1 y 721 numeral I del Código Procesal Civil. Citando textualmente los referidos artículos de la manera siguiente: Artículo 82: "El derecho de defensa en inviolable... "Artículo 205 numeral 1 "RESOLUCIONES DEFECTUOSAS Y SUBSANACION. 1. Las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias... " Artículo 721 numeral 1 "INTERPOSICION Y FORMALIZACION. 1. El recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte (20) días siguientes al de la notificación..." DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 82 de la Constitución de la Republica, 205, numeral 1 y 721 numeral 1 del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: se impugna totalmente la sentencia dictada en fecha veintiuno (21) de mayo del dos mil veinte (2020), por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, excepto en cuanto a disponer "SIN COSTAS".PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 inciso C), debidamente relacionado con el artículo 720 numeral 2, del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha veintiuno (21) de mayo del dos mil veinte (2020), emitió Sentencia, omitiendo en el acápite PARTE DISPOSITIVA, establecer que recurso y plazo procede contra la Sentencia en referencia, es evidente que no se da lo ordenado en las disposiciones legales antes transcritas, por lo tanto existe una aplicación indebida en las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y de esa manera queda en estado de indefensión el Estado de Honduras, a través del Instituto de la Propiedad. CONCLUSIÓN: Con los medios de prueba aportados y evacuados en su momento procesal oportuno, con los fundamentos de derecho en que se basó la defensa, se acreditó fehacientemente, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizó causa legal válida y que se siguió el procedimiento legal interno establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y el Decreto Ejecutivo PCM-046-2014 para la cancelación del Acuerdo del demandante, ya que los empleados y servidores del IP; se rigen por el Reglamento de Personal Acuerdo-CD-IP-2011, acto por el cual el Ad quem manifiesta que no existe procedimiento que se haya efectuado para poder llevar a cabo la restructuración para emitir de Cesantía por restructuración de la señora CLAUDIA PATRICIA BRITO PAVÓN. Así mismo es evidente que la presente sentencia carece de fundamentos y argumentaciones válidos para que se lleve a cumplimentar la misma.” IV.- Que tampoco puede ser admisible el anterior cargo, ya que en el mismo se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) alega la falta de aplicación de las disposiciones constitucionales y procesales señaladas como infringidas, pero al explicar aduce que “por lo tanto existe una aplicación indebida en las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia…”., lo cual resulta contradictorio y confuso, dado que una norma que no se aplicó, no puede al mismo tiempo ser aplicada indebidamente por el Juzgador; b) insta la revisión de los hechos, así como de la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual resulta inapropiado en este extraordinario recurso,, tal como lo señala el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia. V.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. VI.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente, sin condena en costas, dado que se tuvieron motivos suficientes para litigar. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 720 numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redacto el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los dieciocho días del mes de agosto del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de junio del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA165-2021. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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