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Sentencia CA-163-21 — Registro 13201

Resumen

En primera instancia se eclara procedente la Acción promovida por la demandante por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación. Se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo anterior no resulta admisible, dado que la Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) en su explicación realiza alegatos propios de instancia. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado FRANCISCO EVELIO CASTILLO MORALES; y, Recurrido: la señora KATHERINE ROCIO CHANDIAS GUZMAN, representada en juicio por la Abogada KARENINA CHANDIAS GUZMAN. OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la ilegalidad de un acto administrativo de carácter particular por dictarse con |infracción al ordenamiento jurídico establecido, que se declare la nulidad del mismo y el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y como medida para su restablecimiento se pide el reintegro, salario dejados de percibir desde la cancelación hasta que sea reinstalada al puesto de trabajo del cual fue despedida, reconocimiento de los respectivos incrementos salariales, más los derechos laborales conexos, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, por la señora KATHERINE ROCIO CHANDIAS GUZMAN, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la Dirección Ejecutiva de Ingresos el 30 de septiembre de 2002, mediante acuerdo número 4518/2002 emitido en la misma fecha de inicio de labores, en la que se le nombró como Oficial de Aduana, con un salario mensual de L.26,400.00, que la actividad desarrollada como Oficial de Aduana fue de velar por la recaudación fiscal y del cumplimiento de las funciones que por ley tienen atribuidos los empleados de dicha institución, cual fuere la aduana a su cargo, en cuanto al desempeño de las funciones que desde su ingreso como Oficial de Aduanas, así como cuando fue ascendida al cargo de Administradora de Aduanas en la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, mediante acuerdo número 0251-2007 las cuales le fueron asignadas múltiples y variadas funciones, siempre cumplió a cabalidad las mismas, tratando, inclusive de dar aún más de lo que se le asignó y nunca recibió de las autoridades superiores, reclamo u objeción alguna, mucho menos llamados de atención derivadas del incumplimiento de las actividades laborales. De igual manera manifestó que mediante memorando RRHH/690/2015, se le notificó de su traslado de la Unidad de Auditoría Interna (cargo desempeñado temporalmente por cuestiones de salud), a la Aduana del Poy, a fin de desempeñarse en el Cargo de Administradora de Aduana, mismo que quedó sin valor y efecto mediante Memorando No. RRHH/1228/2015, refrendado mediante memorando RRHH-3014/2015, el cual consigna la autorización de continuar en la Unidad de Auditoría Interna del Edificio Gabriel A. Mejía, de manera permanente, manteniendo su cargo nominal o sea el de Administradora de Aduanas en la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras. El Presidente de la Republica en Consejo de Ministros mediante Decreto Ejecutivo Numero PCM-082-2015 publicado en el Diario Oficial la Gaceta, en fecha 10 de Febrero de 2016, decretó en sus artículos: “1.- Escindir la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y adscribirla a la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas; 3.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas es la responsable en lo conducente de la Administración del Personal y del Patrimonio de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) para lo cual procederá a levantar un inventario pormenorizado de los bienes que integran el patrimonio de la citada Dirección, tomara las providencias que sean necesarias para la ejecución del mandato establecido en el presente Decreto; 4.- Los funcionarios, empleados o servidores que ostentan Acuerdos de Nombramiento y que se desempeñan en la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) conservaran su antigüedad y Derechos Laborales de conformidad con la Ley”. En caso de los empleados de Contrato, los mismos deben sujetarse al plazo y condiciones contractuales convenidas. El 16 de marzo de 2016, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, por medio de la Comisión Liquidadora nombrada mediante acuerdo número 025-2016 del Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Ejecutivo PCM-83-2015 de fecha 26 de noviembre de 2015, emitido en el Consejo de Ministros que decreto suprimir y liquidar la Dirección Ejecutiva de Ingresos, emitió el acuerdo Numero No.CLD-S-0085-2016, cuya nulidad se pide, en el cual se ordena cancelar su nombramiento como Administradora de Aduanas en la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, acuerdo emitido a todas luces en forma ilegal e irregular, por no existir causa alguna consignada en las leyes del país, para cancelar la relación de trabajo de forma unilateral, siendo por lo tanto dicho acuerdo violatorio de todo el ordenamiento jurídico laboral y constitucional. Dicho acuerdo le fue notificado el día 28 de marzo de 2016, haciéndole la aclaración de la fecha y la inconformidad del acuerdo No.CLD-S-0085-2016 y que contiene la transcripción del arbitrario acuerdo. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante inició la relación laboral con la desaparecida DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) mediante Acuerdo de Nombramiento NO 4518/2002 de fecha 2 de septiembre de 2002, desempeñándose como Oficial de Aduana; que se acepta el hecho en lo que se refiere al número y fecha del Acuerdo mediante el cual la demandada dio por terminada la relación laboral con la hoy demandante; sin embargo se rechaza lo argumentado por la demandante que dicha cancelación es ilegal e irregular, pues según ella no existe causa alguna consignada en las leyes del país para dar por terminada la relación de trabajo de forma unilateral, vale mencionar que si hubiese existido causa justificada para su cancelación, la autoridad nominadora, en este caso la COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA DEI, estaría obligada a enmarcar dicho acto en lo establecido en las causales establecidas en el artículo 47 de la Ley de Servicio Civil, y en estricto apego a lo que dispone el artículo 49 del mismo cuerpo legal y en el caso que nos ocupa, al ser suprimida y liquidada la DEI, el Estado de Honduras responsablemente y según consta en los registros correspondientes, a la demandante le fueron pagados los valores correspondientes a sus prestaciones e indemnizaciones laborales que ascendía a la cantidad de L.634,758.67 dinero que cubren la totalidad de sus prestaciones e indemnizaciones laborales por parte del Estado y causadas por la terminación de su relación laboral con la DEI, incluso pagó la cantidad de L.261,008.73, de una deuda que sostenía con el INJUPEMP y que a la fecha siguen siendo gozados por la demandante lo que implica la aceptación de lo actuado por parte de la Comisión Liquidadora de la DEI, habiendo el Estado cumplido con su responsabilidad por lo que es improcedente que la actora de la presente demanda pida que se condene al pago de salarios dejados de percibir, los incrementos salariales y derechos laborales conexos como lo establece en la suma del escrito de demanda, en ese sentido la Constitución de la República en el artículo 129 en síntesis dispone que: “…y firme que sea la sentencia, el trabajador afectado tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir…” , y en el caso que nos ocupa, la demandante solicita que se le reconozcan ambas cosas, lo cual es imposible, en virtud que al ser suprimida y liquidada la DEI, su puesto desapareció, por lo cual reintegrarla a un ente diferente sería violatorio de los principios y garantías constitucionales, pues nunca ha trabajado en el SAR, por otro lado, solicita que se le reconozcan "Derechos Laborales Conexos" que no es más que indemnizaciones legales previstas escrito con otro nombre que la demandante utiliza de manera dolosa para confundir a esta judicatura y así lograr una sentencia que le reconozca una cantidad de dinero que ya le fue consignada, por lo se interrumpió el computo de dicha indemnización, aunado a lo anterior, el artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo dispone que la demandante tiene derecho a ser restituida en el puesto que desempeñaba o a las indemnizaciones legales, en este caso a la demandante ya le han sido pagadas las indemnizaciones correspondientes y el reintegro es improcedente por lo que su demanda carece de sustentación legal y debe ser declarada sin lugar según lo dispuesto en nuestra Carta Magna. En este orden de ideas, el Decreto número PCM-083-2015 dispone suprimir y liquidar la antes DEI, posteriormente creando el Servicio de Administración de Rentas (SAR) como una entidad desconcentrada adscrita a la Presidencia de la República, con autonomía funcional, técnica, administrativa y de seguridad nacional, con personalidad jurídica propia, responsable de la administración tributaria, y la demandante considera que su cancelación es violatoria del ordenamiento jurídico laboral y constitucional, es importante resaltar que el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado está facultado para suprimir entidades desconcentradas, en razón de lo cual emitió el Decreto en mención donde se ordena la SUPRESION Y LIQUIDACION la DEI, decisión jurídica que es derecho positivo y vigente en el país sirviendo como respaldo legal para que la parte demandada haya dado terminada la relación laboral que existió y de conformidad con el artículo 245 numeral 26) de la Constitución de la República que dispone: "El Presidente de la República tiene a su cargo la Administración General del Estado, son sus atribuciones: l)… 2)…. 3) ...26) hacer que se recauden las rentas del Estado y reglamentar su inversión con arreglo a la Ley", relacionado con los artículos 17, 18, 20, 22 numeral 3), 45 de la Ley General de la Administración Pública. 3.- Que en fecha 25 de agosto del 2016, compareció el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República, interponiendo escrito de defensas previas, alegando una causa de inadmisibilidad de la demanda, la que consiste en: “Que el escrito de la demanda adolece de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto”. El artículo 63 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo procesalmente da la oportunidad de alegar defensas previas, haciendo uso de ese derecho, por lo que por este acto se alega la señalada en el literal a) del referido precepto, fundamentando la misma de acuerdo a lo establecido en el artículo 80 literal e) del referido ordenamiento jurídico, es decir que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, pues es claro que la pretensión principal de la demandante es el reintegro a su puesto de trabajo, lo que resulta imposible en virtud que el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS no cuenta con la misma estructura organizativa de la desaparecida DEI. En este orden de ideas, en la suma de la demanda, la hoy demandante consigna que: "como medida de restablecimiento se pide el reintegro", como se mencionó anteriormente esto resulta imposible, pues las plazas de la antes Dirección Ejecutiva de Ingresos ya no existen en virtud de que dicha entidad fue suprimida y liquidada mediante Acuerdo Ejecutivo PCM-083-2015 y hasta la fecha, la estructura del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS es desconocido. En ese sentido, la parte actora pide a esta judicatura que mediante sentencia se condene al Estado de Hondura, ordenando el reintegro, pero como se expuso anteriormente, la DEI ya fue liquidada y suprimida, es decir que reintegrarla a una institución pública diferente sería violatorio a los principios y garantías que la Constitución de la República establece a todos los ciudadanos, incluyendo al mismo Estado, a quién tampoco se le puede vulnerar el debido proceso. Por lo anteriormente expuesto, es evidente que la petición de reintegro a la DEI es imposible, y tampoco puede ser reintegrado en una institución distinta a la demandada. Las anteriores imprecisiones impiden al administrador de justicia verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. En conclusión, la demanda interpuesta, es ambigua, contradictoria oscura, imprecisa, considerando el demandante que la liquidada DEI es igual o equivalente cualquier otra institución del Estado, en forma equivocada asume que son la misma persona y por esa razón pide a este Juzgado el reintegro, no existe soporte doctrinario, ni legal para que este Juzgado lo reintegre a la hoy demandante en otra institución o que se declare la nulidad del acto administrativo de carácter particular, pues el acto se emitió conforme a derecho y sustentado en las normas jurídicas aplicables. Que en fecha 16 de septiembre del 2016, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolvió desestimando por improcedente la causa de defensa previa alegada por la parte incidentista (demandada). 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 31 de agosto del 2018, dictó sentencia así: “PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción promovida por la ciudadana KATHERINE ROCÍO CHANDIAS GUZMÁN; por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el ACUERDO No. CLD-S-0085-2016 de fecha DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS emitido por la COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS, dependiente de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, por medio del cual se dio por terminada la relación laboral de la ciudadana KATHERINE ROCÍO CHANDIAS GUZMÁN; en consecuencia, SE ANULA TOTALMENTE EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada de la Demandante KATHERINE ROCÍO CHANDIAS GUZMÁN y para su pleno restablecimiento se condena al Estado de Honduras adoptar las medidas siguientes; 1) Reintegro de la ciudadana KATHERINE ROCÍO CHANDIAS GUZMÁN al cargo de ADMINISTRADOR DE ADUANAS EN LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS en iguales o mejores condiciones que tenía previo a la emisión del Acto Administrativo emitido en forma ilegal; 2) En concepto de daños y perjuicios, condenar al Estado de Honduras a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, a pagar a favor de la Demandante el pago de los salarios dejados de percibir, incrementos salariales, decimotercer mes de salario, decimocuarto mes de salario, vacaciones y demás derechos laborales conexos; desde la fecha de efectividad del acuerdo de terminación laboral (16 de marzo de 2016) hasta la fecha en que la Demandante sea reintegrada; cálculos que se difieren para la fase de Ejecución de la Sentencia Definitiva. TERCERO: Se exime del pago de costas a la parte demandada, vencida en juicio por tener motivos suficientes para litigar…”; bajo el criterio que el acto administrativo impugnado lo constituye el Acuerdo No. CLD-S-0085-2016 de fecha 16 de marzo del 2016 emitido por la Comisión Liquidadora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas; conforme a la facultad otorgada por la Ley, la suscrita procedió a revisar las actuaciones que conllevaron al Estado de Honduras a emitir el acto administrativo impugnado, así como de la revisión de los alegatos y medios de prueba propuestos por las partes, logrando constatar que la hoy Demandante es una empleada de la Dirección Adjunta de Rentas Aduanera, hecho que no constituyó objeto de controversia en el presente juicio, pero que para efectos de determinar si el Estado actuó conforme o no al ordenamiento jurídico es un elemento útil. Ello, debido a que conforme lo ordenado por el Decreto Ejecutivo PCM-082-2015, al escindirse la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, se estableció en su Artículo 4 que los empleados y funcionarios de dicha Institución conservarán su antigüedad y Derechos Laborales. Aunado a ello, la Comisión Liquidadora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos se encontraba facultada para llevar a cabo el proceso de supresión y liquidación de la Dirección antes citada y no de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras. Por lo que al emitir el ACUERDO No. CLD-S-0085-2016 la Comisión en mención no tenía facultades legales para proceder a la cancelación de la demandante, conforme a la Delegación realizada por el Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, mediante Acuerdo No.025-2016, por lo que el acto administrativo impugnado ha sido emitido en violación a lo establecido en los Artículos 321 de la Constitución de la República, 8.3 de la Ley General de la Administración Pública, 3, 4, 5, 6 y 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 33 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 1 y 4 del Decreto Ejecutivo PCM-082-2015 1 y 2 del Decreto Ejecutivo PCM-083-2015 y el Acuerdo No. 025-2016, quedando demostrado que hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable, por desviación de poder, específicamente a la Constitución de la República, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y facultad de delegar establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo, en virtud haber ejercido potestades administrativas para fines distintos a los fijados por la ley al cancelar a una empleada perteneciente a la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras. 5. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 21 de mayo del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que la autoridad nominadora canceló a la servidora mediante una figura jurídica que no se encuentra en la Ley de Servicio Civil e invoca normas del Código del Trabajo, siendo totalmente ilegal al omitir la aplicación de la ley marco de regulación de los servidores públicos, como ser la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, que la actuación de la Administración Pública al olvidar imponer la jerarquía normativa que está en la obligación de respetar, y que por ende tienen prohibido ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la República, que altera la verdad jurídica el hecho que la parte demandada alegue en su escrito de contestación de la demanda que la cancelación de la parte actora se encuentra conforme a derecho al haberse realizado al amparo del Decreto PCM-83-2015, pues al concebir dicha cancelación conforme a derecho, se están transgrediendo derechos Constitucionales inherentes a los servidores públicos; no se debe pensar que por el hecho de ser servidores públicos, se les puede aplicar cualquier variante que se establezcan en disposiciones especiales novedosas que lo único que pretenden es desregularizar los derechos constitucionales existentes, es por ello el imperio de la Jerarquía Normativa de los actos de la administración pública, pues de esta manera se protegen los Derechos Constitucionales. No se trata de aplicar una determinada ley que manda a realizar una determinada acción, sino que éstos funcionarios al momento de emitir un acto administrativo, estén entendidos que los servidores públicos son sujetos de Derechos Constitucionales y de Normas Internacionales, en el entendido que tanto la cancelación por despido y la cancelación por cesantía son causas de separación de los servidores públicos pero deben de llevarse a cabo los presupuestos legales y el procedimiento de forma religiosa, caso contrario serán actuaciones ilegales. 6. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado FRANCISCO EVELIO CASTILLO MORALES, en fecha 25 de enero del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 21 de mayo del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 049-2018 dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 148-2016 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 4 de febrero del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada KARENINA CHANDIAS GUZMAN, presentó en fecha 01 de marzo del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 08 de marzo del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 24 de marzo del 2021, los Abogados KARENINA CHANDIAS GUZMAN y FRANCISCO EVELIO CASTILLO MORALES, respectivamente. 8. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 5 de mayo del 2021, teniendo por personados a los Abogados FRANCISCO EVELIO CASTILLO MORALES, como recurrente y KARENINA CHANDIAS GUZMAN, como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley adjetiva por la infracción por violación o falta de aplicación de los artículos 245 numeral 2; 273 numerales 1 y 3; y, 479 numerales 2 y 3 del Código Procesal Civil, en cuanto a la forma de valoración de una prueba en la sentencia impugnada según el valor tasado que corresponde A que la actuación judicial recurrida, además de ser contraria a derecho causan perjuicio económico a mí Representado por no ajustarse a derecho en el sentido de que apelo la injusta sentencia, ya que la Ad Quo en su fundamento de derecho de la Sentencia en su numeral TERCERO establece y da por cierto que estando debidamente acreditado que la demandante era un servidor público que laboraba para la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, lo que no es CIERTO, (ver folios 09, 10, 1 1, 12, 13 y 14 de la Pieza Principal), en la que se dejó plenamente establecida que esta persona laboraba para la Dirección Ejecutiva de Ingresos (funcionalmente y materialmente), por lo que le son aplicables las disposiciones de la Constitución de la Republica, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera; en ese sentido se está de acuerdo que por ser la empleada una servidora Pública, que laboraba para la Dirección Ejecutiva de Ingresos le eran aplicables la Constitución de la Republica y el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, pero NO así la Ley de Servicio Civil y su reglamento, ya que la relación de servicios entre la DEI, y sus empleados y funcionarios era regida mediante la Régimen laboral de la DEI. También es cierto que el régimen laboral de la DEI, en su artículo 116, establecía en su segundo párrafo que los casos no previstos en dicho reglamento, y demás disposiciones complementarias o conexas que se emitieran, se regirían a lo que no se opusiera a dicho reglamento, pero es el caso Honorables Magistrados que todo el proceso disciplinario llevado a cabo en el caso que nos ocupa, si estaba regulado en el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, en consecuencia era innecesaria la intervención o la aplicación de la Ley de Servicio Civil y su reglamento, por lo tanto tampoco puede ser invocada para dictar el fallo, o en su caso basar la sentencia en dicha norma, lo que a habido es un CIERRE, SUPRECION Y LIQUIDACION mediante decreto EJECUTIVO PCM-083 de fecha 26 de Noviembre de 2015. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido dentro del artículo 719 numeral 1 y literal c), del Código Procesal Civil. DESARROLLO DEL MOTIVO. 1) CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Los preceptos de orden adjetivo que se invocan como infringidos para efectos del presente motivo de casación, es decir los artículos 245 numeral 2, 273 numerales I y 3; y, 479 numeral 3 del Código Procesal Civil literalmente prescriben lo siguiente: “Artículo 245.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- 1… , 2. La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución.” “Artículo 273.- FUERZA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS. - Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento, del lugar y de la fecha de éste y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en el. 2... 3. La fuerza probatoria de los documentos administrativos no definidos expresamente como documentos públicos por este Código a los que las leyes otorguen el carácter de públicos será la que establezcan las leyes que les reconozcan tal carácter. En defecto de disposición expresa, los hechos, actos o estado de cosas que consten en los referidos documentos se tendrán por ciertos, a los efectos de la sentencia que se dicte, salvo que otros medios de prueba desvirtúen la certeza de lo documentado...4…” “Artículo 479.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA. – 1…; 2. No obstante lo anterior, en las pruebas de interrogatorio de parte y documental se estará a lo dispuesto sobre el valor tasado que determinadas declaraciones y documentos tenga atribuido. 3. El tribunal deberá atribuir un valor o significado a cada prueba de manera individual, determinando si conduce o no a probar la existencia de un hecho y el modo en que se produjo. Cuando más de una prueba se haya dirigido a determinar la existencia de un mismo hecho, o el modo en que se produjo, se deberán poner en común, con especial motivación y razonamiento del resultado final al que se llegue.” EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: Del texto de los preceptos legales adjetivos recién citados, reguladores sobre la forma en que debe ser fundamentada y valorada la prueba, y en especial de un documento púbico, en una sentencia definitiva, y así ser susceptible de ser invocada como norma infringida a través de un recurso de casación como el que ahora nos ocupa, de forma inequívoca establece la obligación que tiene el tribunal sentenciador debe explicar claramente cuál es el valor o mérito que le asigna a cada uno de los medios probatorios aportado por las partes durante el proceso, y aún más importante todavía que, cuando se hayan producido varios medios de prueba sobre un mismo hecho, deberá hacer incluir un razonamiento y motivación especial para explicar cuál es la conclusión o resultado que de los mismos se desprenden. Es precisamente esta obligación legal de fundamentar de manera suficiente y lógica a la sentencia, comprendido en el precepto invocado como infringido, que se estima ha sido violentado por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, motivando así la presente impugnación. Se afirma lo anterior en virtud de que el Ad-Que relaciona en su sentencia los medios de prueba propuestos y evacuados por las partes resultando los siguientes: Se dejó establecido como prueba documental los documentos públicos, identificados con los números siguientes: 1.- en este caso la ILEGALIDAD no existe la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA DE GOBIERNO, en su Artículo 1 entre otras reformas el Articulo 22 de la LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA el cual en su literal 3, ahora se lee de la manera siguiente: "Articulo 22. El consejo de secretarios de estado tiene atribuciones siguientes: 1), 2), 3) CREAR, MODIFICAR, FUSIONAR, ESCINDIR O suprimir dependencias de la Administración Pública. 4), 5)…… 12). ¿Cómo funciona el consejo de Secretarios de Estado? Se encuentran regulados de los artículos 17 al 27 de la Ley General de la Administración Pública. En armonía con el artículo 22 numeral 3, antes transcrito reformado, el articulo 45(reformado) de la misma ley General de la Administración pública literalmente consigna que: "los órganos o entidades desconcentradas se crearan, modificar, fusionaran o SUPRIMIRAN mediante Decreto del presidente de la Republica en consejo de Secretarios de Estado….”.- Artículo 13 (reformado) de la misma ley General de la Administración pública determina que: el presidente de la republica puede crear comisiones integradas por funcionarios públicos, personalidades y representantes de diversos sectores de la vida nacional Con las atribuciones que determinen los Decretos de su creación. 3.- De conformidad con el Articulo 245 de la Constitución de la Republica en relación con artículo 11 de la ley general de la Administración Pública, el Presidente de la Republica tiene a su cargo la Administración General del Estado. Con el respaldo jurídico antes aludido, mediante Decreto Ejecutivo número PCM-083-2015 aprobado en Reunión del Consejo de Ministros en fecha 26 de noviembre de 2015. el Presidente de la Republica en consejo de ministros decretó suprimir y liquidar a la Dirección Ejecutiva de Ingresos creada mediante Decreto Legislativo Numero 17-2010 de fecha 28 de marzo de 2010. Este Decreto Ejecutivo número PCM-083-2015 en su artículo 5 manda que " en virtud de la supresión y liquidación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), se debe proceder a dar por terminados los contratos y acuerdos del personal, reconociendo a los empleados y funcionarios los derechos laborales según la legislación aplicable, para tal efecto, la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas debe nombrar una Comisión que se hará cargo de todos los trámites requeridos". 4.- El relacionado Decreto Ejecutivo Numero PCM-083-2015 aprobado en Reunión del Consejo de Ministros en fecha 26 de noviembre de 2015, se encuentra sometido a las disposiciones legales apuntadas en el numeral dos que precede. Es un Decreto que reúne todos y cada uno de las exigencias jurídicas para su eficacia, consecuentemente la terminación de la relación laboral entre la demandante y mi representado (El Estado de Honduras) no puede ser considerada como una ILEGALIDAD como erróneamente lo considera la parte contraria. Continuando dándole mayores colores de LEGALIDAD al comportamiento de mi representado y que tiene que ver con la terminación de la relación laboral, es importante releer la parte final del artículo 5 del Decreto Ejecutivo citado el cual dice que “la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas debe nombrar una COMISION que se hará cargo de todos los trámites requeridos. En tal sentido el Gobierno de la República por medio de la Secretaria de Finanzas a través del acuerdo Numero 025-2016 de fecha 29* de enero de 2016 ACUERDA: Nombrar a los ciudadanos FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO, PABLO EMILIO REYES THEODORE y TOMAS GERARDO ACEITUNO, como integrantes de la Comisión Liquidadora que procederá a llevar a cabo el proceso de Suprimir y liquidar la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), facultando a esta comisión para ejecutar todas las acciones necesarias y emitir los actos de administración requeridos para darles cumplimiento al mandato consignado en el Decreto Ejecutivo PCM-083-2015, (F.8) En esta forma se puede demostrar y probar que es LEGAL la terminación de la relación laboral que existió entre la parte actora y mi representado y consumada mediante ACUERDO No 025-2016 Notificado el 28 de marzo de 2016, no existe ninguna ILEGALIDAD, en las actuaciones del Presidente de la República, tampoco del consejo de Ministros ni de la Comisión Liquidadora, en consecuencia no procede la declaración de ilegalidad del acto administrativo pretendido por la KATHERINE ROCIO CHANDIAS GUZMAN. 5. En el escrito de la demanda en los numerales 2, 3 y 4, la demandante erróneamente considera que NO ERA parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), asume la parte contraria haber sido empleada de la DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), lo cual no corresponde a la realidad. Mediante ACUERDO No 4518/2002 de fecha 30 de septiembre del 2002 (F.9) el Director Ejecutivo de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, Acuerda nombrar a la ciudadana KATHERINE ROCIO CHANDIAS GUZMAN en el cargo de OFICIAL DE ADUANA en la aduana móvil, en la Región Centro sur de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS. Este acuerdo reconoce a la hoy demandante como empleada de la DEI. Posteriormente se corrigió el ACUERDO No 4518/2002 a través del ACUERDO No 6227/2004 (F. 10) en el único sentido que el cargo correcto es el de ANALISTA ADUANERO en el Departamento de Agentes Navieros y Auxiliares, (de la DEI). Mi representado mediante ACUERDO No 0251/2007 de fecha 01 de marzo de 2007 (F. 11) acuerda ASCENDER a la ciudadana KATHERINE ROCIO CHANDIAS GUZMAN, en el cargo de Administrador de Aduanas en la ("en la no dice “de la” ) Dirección Adjunta de Rentas Aduanera, de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Este mismo ACUERDO en forma literal y clara EXIGE DOS REQUISITOS PARA LA EFECTIVIDAD Y VIGENCIA; a) Efectivo a partir de la toma de posesión. Y b) previo al cumplimiento de los requisitos de ley. Otro elemento esencial es que este acuerdo es ASCENSO no se trata de un acuerdo de TRASLADO, por tal razón se puede leer que dice que se ASCENDIO, como Administradora de Aduanas EN LA Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), de la DEI, es decir sigue perteneciendo a la DEI y su actividad laboral debe ejercerla en DARA. Así como la Secretaria de Recursos Naturales nombra personal en la Aduana para la Inspección de productos agrícolas y animales. Así como la Policía nombra un Comisionado para control de Medidas de seguridad. Así como la Dirección de Migración nombra Inspectores para regular el ingreso y salida de personas. En la misma forma la DEI nombra personal para control de Rentas Aduaneras en beneficio de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. El acuerdo de ascenso NO ES de un traslado. La relación laboral entre la hoy demandante y mi representado se ha regulad mediante el REGIMEN ESPECIAL LABORAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA Y ADUANERA. Este cuerpo legal en su artículo 3 numeral 5 indica que " En el régimen de la carrera administrativa, tributaria y aduanera, los términos y definiciones que se detallan tiene los siguientes significados : 1)… 2)...3)... 4). . . 5) ASCENSO la promoción de un empleado de un puesto a otro de clase o nivel superior de acuerdo con el Reglamento de Requisitos y clasificación de puestos.- Además este Acuerdo de ASCENSO (F. 11) aclara de forma inconfundible que dicho ASCENSO es como empleada de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Además, sujeta con ya se dijo a dos requisitos a) a partir de la toma de posesión de su cargo, la hoy demandante NUNCA TOMO POSESION DEL CARGO. El acuerdo de Ascenso tiene fecha 01 de marzo de 2007, posteriormente una semana después la DEI, jefe de la demandante mediante Memorando RRJJ/690/2015 le notifica que a partir del 16 de ese mismo mes de marzo, se le trasladara (ahora si hablamos de un traslado ) de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ( donde siempre trabajo hasta su ultimo día) a la aduana del poy, lugar y responsabilidad que implicaba la TOMA DE POSESION del ascenso otorgado en el Acuerdo no 0251/20078 (F. 11), sin embargo la ciudadana KATHERINE ROCIO CHANDIAS GUZMAN nunca se presentó a la Aduana del Poy, nunca tomo posesión del cargo. Siempre continuo como ANALISTA ADUANERO (acuerdo No 6227/20041) (F.10) de la Unidad de Auditoria Interno. para no trasladarse a la Aduana del Poy la hoy demandante argumento una serie de argumentaciones médicas y familiares que tenían un respaldo calificado, las razones para no aceptar ni tomar posesión del cargo fueron consideradas por la DEI, como motivos justificados en virtud de lo cual mediante Memorando No RRHH/1228/2015 (F. 13) de fecha 25 de mayo del 2015 la sub jefe del Departamento de Recursos Humanos (de la DEI) (no de la DARA) le informo que “en respuesta a la nota remitida por su persona a este Departamento en fecha 20 de mayo del presen año y en el cual solicita dejar sin valor y efecto el traslado RRHH/690/2015 en el cual se trasladaba de la Unidad de Auditoria Interna a la Aduana del Poy. Este Departamento de Recursos Humanos le informa lo siguiente: Dejar sin valor y efecto el traslado RRHH/690/2015". Además, como complemento y no dejar ninguna duda en cuanto a la relación laboral, de la DEI (siempre la DEI nunca la DARA) y en virtud de NO HABER TOMADO POSESION DEL CARGO, le notificó a la hoy demandante a través del memorando RR]HH/3014/2015 (F. 14) de fecha 17 de julio del 2015, su REUBICACION LABORAL. Atendiendo el Dictamen de la Comisión Técnica de los Riesgos Profesionales del IHSS y la solicitud presentada por la hoy demandante, AUTORIZANDOLA CONTINUAR en AUDITORIA INTERNA ( de la DEI) edificio Gabriel a. Mejía ( donde se ubicaban las oficinas de la DEI, no de la DARA) de manera permanente, manteniendo su cargo nominal (el cargo nominal es el contenido en el acuerdo No 6227/2004 (F. 10) de fecha 28 de septiembre de 2004, aclarándole en que el jefe de la Unidad de Auditoria Interna ( de la DEI no de la DARA) le asignara las funciones apegadas a dicho dictamen. 6.- Esta es la única y verdadera historia de la relación laboral que existió entre la ciudadana KATHERINE ROCIO CHANDIAS GUZMAN, y mi representado, las pruebas documentales (DOCUMENTOS PUBLICOS) así lo prueban, demuestra con ellas la parte actora NUNCA TOMO POSESION DEL CARGO, los padecimientos, enfermedades y problemas familiares le impidieron cumplir los requisitos contendidos en el Acuerdo No 0251/2007 del 01 de marzo de 2007, Al respecto la ley indica que cuando los términos son claros y no dejan duda se estará al sentido literal de sus cláusulas. si algún requisito admitiese diversos sentidos deberá entenderse el más adecuado para que produzca efecto. Suficientemente probado que el requisito de "efectivo a partir de la toma de posesión de su cargo" NUNCA fue cumplido por la hoy demandante. 7.- La LIQUIDACION de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, hablando estrictamente o en sentido jurídico significa " el cierre o Clausura definitiva de la empresa" (Articulo 111 No9 del código de Trabajo) en cuyo caso proceda la OBLIGACION por parte de la empresa, AL PAGO TOTAL DE LOS DERECHOS LABORALES que le corresponden. En tal Sentido la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, procedió a PAGAR a la ciudadana KATHERIN ROCIO CHANDIAS GUZMAN las sumas de dinero que en tal sentido le corresponden, liberándose al patrono de toda responsabilidad pecuniaria en relación con la prestación de trabajo que existió. Este pago también ha sido probado en el procedimiento de la presente demanda, demostrándose en esa forma el sometimiento del patrono a las normas legales aplicables. 8.- la demandante KATHERIN ROCIO CHANDIAS GUZMAN en su escrito de demanda pide el REINTEGRO. en el hecho cinco (5) equivocadamente consigna que le acuerdo de cancelación es ilegal " por no existir causa alguna consignada en las leyes del país " En la demanda (en la Suma) se refiere a DESPIDO jurídicamente no es lo mismo Despido, suspensión, cesantía, con LIQUIDACION, lo que realmente ha ocurrido con la demandante ( y todo el personal de la DEI) es que al haberse suprimido, la misma se ha hecho aplicación analógica de los establecido en el artículo 111 numeral 9 del Código del Trabajo, en relación con el Artículo 22 del Código Procesal Civil, y el 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, o sea que a causa de la supresión desaparecieron todos los puestos de trabajo y lo que procedería es el reconocimiento del correspondiente pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, como realmente ha ocurrido, a quien mediante transferencia bancaria se le deposito en su cuenta (mediante el SIAFI) las sumas de dinero que cubren la totalidad de sus prestaciones e indemnizaciones laborales. Incluso muchos trabajadores con este pago de derechos lograron solventar hasta préstamos hipotecarios. no olvidemos que la demandante demanda el REINTEGRO empero la DEI no existe, no procede el reintegro en la DEI, porque este órgano jurídicamente ha sido liquidado, no existe, ni el pago de los derechos e indemnizaciones por que ya fueron pagados. 9.- la parte contraria NO TIENE PRUEBAS que respalden la ilegalidad del acto impugnado, los documentos públicos acompañados fuero emitidos por mi representado y más bien constituyen prueba a favor de mi poderdante, no ha podido acreditar en forma mínima la pretensión ambicionada, al contrario, ha sido mi representado que ha podido probar que toda la conducta y el proceso de cancelación de la relación laboral se realizó observando las normas legales correspondientes y reconociéndole a la demandante el PAGO TOTAL DE SUS DERECHOS LABORALES, también se pudo probar en la secuela del proceso la parte actora NUNCA presto sus servicios en la DARA Sino que ella siempre perteneció a la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS , la A quo es del el criterio que DESVIACION DE PODER, y este nunca fue desvirtuado o incluso fue objeto de debate. Los acápites antes desarrollados constituyen en forma sucinta y breve las CONCLUSIONES acerca de los hechos alegados, prueba practicada y los fundamentos jurídicos en que se apoyan nuestras pretensiones. FUNDAMENTACION DE LO PEDIDO: Este motivo se encuentra contenido en el Artículo 719.1.c) del Código Procesal Civil, en lo relativo a la impugnación de sentencias dictadas en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso, por la infracción en la aplicación de las normas procesales que regulan la forma de la sentencia”. II.- Que el cargo anterior no resulta admisible, dado que la Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) en su explicación realiza alegatos propios de instancia. III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. IV.- En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil, siendo que dicha disposición exige que en la fundamentación de los recursos devolutivos, se debe determinar en todo caso, el perjuicio o agravio sufrido, identificando el vicio o error que lo causa. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 721 numeral 2) del referido Código, exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. V.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus representantes procesales constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 29 días del mes de septiembre del 2021; certificación de la resolución de fecha 22 de junio del 2021, recaída en el Recurso de Casación número CA163-2021. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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