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Sentencia CA-162-21 — Registro 12829

Resumen

L Corte de Apelaciones reforma parcialmente el punto segundo del numeral SEGUNDO de la parte dispositiva de la sentencia que se conoce en apelación, el cual debe de leerse de la siguiente manera: se reconoce a favor del demandante el ascenso al grado de Comisionado General, mediante el procedimiento existente al momento de ejecución de la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que no resulta admisible el anterior cargo, ya que igual que en el primero, insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil y realiza alegatos propios de instancia.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice:

“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora; EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN. SON PARTES: Recurrentes y Recurridos: el señor VENANCIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, representado en juicio por el Abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL; y, EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES, respectivamente. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para la nulidad de un acto administrativo, que se reconozca la situación jurídica individualizada por la destitución ilegal, injustificada y en ceremonia pública del cargo de Director de la Dirección Nacional de Asuntos Internos que fue objeto sin notificación ni causa justificada, el no nombramiento como Director Nacional de una de las Direcciones Nacionales de la Policía Nacional y el no ascenso al grado de Comisionado General de Policía, pago de daños y perjuicios, daño moral, imagen y dignidad, y como medida para el restablecimiento de sus derechos que se le reintegre a su antiguo puesto de trabajo como Director de la Dirección Nacional de Asuntos Internos, pago de la porción de salarios dejados de percibir por no haber ascendido, junto con todos los aumentos, pago por cargo, ajuste en el pago de vacaciones, décimo cuarto mes, décimo tercer mes, pagos al Instituto de Previsión Militar y demás beneficios colaterales desde la fecha del 1 de junio del 2009, hasta la ejecución de la sentencia, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor VENANCIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, por medio de la Procuraduría General de La República. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que, hasta el 9 de junio de 2009, se desempeñaba en la Dirección Nacional de Asuntos Internos, dependencia de la Secretaría de Seguridad, en el cargo de Director Nacional Interino, nombrado en dicho cargo mediante Acuerdo No. 0497-2008 de fecha 9 de abril del 2008, resulta que el 9 de junio del 2009, durante la ceremonia de celebración del día del Policía, se leyó la orden del día No. 002-2009, percatándose que no había sido considerado para ninguno de los cargos de Director y Sub-Director de las diferentes Direcciones Nacionales de la Policía Nacional de Honduras, ni tampoco para el ascenso al Grado inmediato superior de Comisionado General de Policía, al cual tenía derecho por su antigüedad, hoja de servicio y demás requisitos que cumplía a cabalidad, mientras que por el contrario 5 Oficiales de la Policía Nacional con menos antigüedad que el demandante fueron ascendidos al Grado de Comisionados Generales de Policía, además en esa misma orden se manifestaba que el recién ascendido Comisionado General de Policía, había sido nombrado desde el 1 de junio del 2009, en el cargo de Director Nacional de Asuntos Internos, función en la que el demandante se desempeñaba, pues ignoraba que 9 días antes había sido destituido sin notificarle las causales de su destitución, violentando lo que establece la Ley Orgánica de la Policía Nacional en su artículo 51, además conforme a los artículos 245, numerales 11), 25) y 36) de la Constitución de la República, 40, 43 numeral 5) y 103 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras; mediante Acuerdo Ejecutivo No. 009-2009 de fecha 1 de junio de 2009, se acordó el Ascenso al Grado Inmediato Superior de Comisionados de Policía a Comisionado General a un Comisionado de Policía de su misma antigüedad y a 5 de menor antigüedad, con lo cual se le impuso una sanción establecida en el numeral 3 del artículo 119 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, sin haber cometido ninguna falta, y sin seguir ningún procedimiento alguno, además de hacerlo en una ceremonia pública, lo que evidencia la arbitrariedad, ilegalidad e injusticia de tales decisiones, violentando con ello Garantías Constitucionales. Mediante Resolución SEDS-138-2011 de fecha 11 de agosto del año 2011, la Secretaria de Seguridad resolvió declarando Sin Lugar el Recurso de Reposición que interpuso contra la Resolución SEDS 082-2011 de fecha 16 de mayo de 2011, con lo cual no estuvo conforme, en virtud que en el primer considerando de dicha resolución, la Secretaría de Seguridad manifestó que no era necesario que el demandante tuviera a la vista el Acuerdo del nombramiento de la terna evaluadora, para que tuviera legalidad el razonamiento que no tiene concordancia con su planteamiento, pues lo que indicaba es que no podía pronunciarse en ese momento, por cuanto nunca se le había puesto a la vista dicho acuerdo, cuestionando el hecho que el Secretario de Seguridad pretendía desconocer lo que establecen los artículos 1, 5, 7, 8 numerales 3) y 4), 119 de la Ley General de la Administración Pública que señala, “los Decretos así como los acuerdos del Presidente de la República y de los Secretarios de Estado, serán publicados en el Diario Oficial "La Gaceta”, acción que a la fecha del concurso no se hizo, violentando el Principio de Publicidad, sobre el segundo considerando que se refiere que la Terna Evaluadora, la misma no debía tomar decisiones de manera arbitraria o meramente subjetivas, pero la Secretaria de Seguridad consideró que mediante el acuerdo Ministerial No. 0662-2009, podía delegar facultades para que los miembros nombrados tomaran los criterios de evaluación que consideren pertinentes de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, pretendiendo ignorar dicha terna que esta Ley en el numeral 3 del artículo 47 establece que son requisitos comunes para ser Director y Sub-Director Nacional e Inspector General, ser de la Escala Ejecutiva, lo cual contradice y convierte en arbitrario el que la terna evaluadora haya puesto en el cuadro denominado requisitos y criterios de evaluación para la selección de candidatos a ser nombrados Directores y Sub Directores Nacionales de la Policía Nacional de Honduras, una casilla denominada escala superior, ya que es claro que solo pueden ser candidatos los Oficiales de la escala ejecutiva, de la misma forma el numeral 9 del artículo 49 establece que “no podrá ser Director ni Sub-Director Nacional e Inspector General, quien esté sometido a investigación de Asuntos Internos, Ministerio Publico o Tribunal Superior de Cuentas”, por lo cual el hecho de solicitar información sobre los concursantes a la Inspectoría General, Poder Judicial y Procuraduría General, está fuera de lo estipulado en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, además el evaluar sin ninguna documentación soporte sin explicar previamente los criterios para comprender de qué forma llegan a una determinada nota en las casillas denominadas desempeño operacional y conceptuación general, también constituye violación al artículo 321 de la Constitución de la República, dejando en evidencia que tal decisión fue arbitraria, subjetiva y con abuso de poder, en el considerando tres se manifestó que el demandante solicitó al Secretario de Seguridad por Ley, Comisionado General se ordenara a quien correspondiera se le permitiera revisar su expediente relacionado al proceso de ascenso al grado de Comisionado General al que fue sometido, faltando a la verdad la Secretaría de Seguridad al afirmar en la certificación que se le extendió de la resolución SEDS 138-2011, que el 24 de junio del 2009 se dio pronta resolución, igualmente se alejó de la verdad al afirmar que en esa nota se enteró que no había sido considerado para ninguno de los cargos de Director y Sub-Director de las diferentes Direcciones Nacionales de la Policía Nacional, lo cual acreditó con el escrito que presentó el 24 de julio de 2009, y del cual no fue posible darle respuesta ya que al no ascenderlo al grado de Comisionado General, la Ley Orgánica de la Policía Nacional en el artículo 118 numeral 5) versa sobre la pérdida temporal del derecho a ascenso y el artículo 119 numeral 3)establece “las sanciones… serán aplicadas de acuerdo a la falta cometida y conforme a la gravedad de la misma, de acuerdo a las reglas siguientes: … La pérdida del derecho a ascenso, la que será aplicada en el caso de faltas graves…ninguna de las sanciones antes previstas podrán aplicarse a los miembros de la carrera policial sin haber sido oído previamente y haberse realizado las investigaciones del caso cuando proceda”, siendo el acto cometido arbitrario al no existir causa legal para ello, evadiendo lo que establece el artículo 128 del señalado cuerpo legal, “para efectos de la aplicación de las sanciones antes establecidas, se deberá notificar por escrito al miembro de la carrera policial objeto del procedimiento disciplinario, las razones de cambio o de los hechos que se le imputan, que de resultar no desvirtuados o de insuficiente merito darán lugar a la aplicación de una sanción. También deberá notificarse el lugar, fecha y hora en que se celebrará la audiencia para escuchar los descargos que el citado tenga y las pruebas que pueda aportar”, a pesar del evidente del abuso de poder, la Secretaria de Seguridad, establece como argumento para continuar negándole los derechos que reclama, el artículo 28 de la Ley de Procedimientos Administrativos que “en los casos previstos por la Ley, el comportamiento de la Administración Pública, que sea univoco e incompatible con una voluntad distinta, producirá los mismos efectos de una resolución expresa”, considerando la Secretaria de Seguridad que el demandante nunca objetó en el momento procesal oportuno, tal como lo establecía el artículo 35 literal d), del Manual para el Proceso de Ascenso que establece “al concluir el proceso de ascenso, el Consejo General, notificará las resoluciones al interesado y si hubieren reclamos a las mismas, los perjudicados tendrán seis (6) días hábiles para gestionar el reclamo ante el Señor Director General” por consiguiente, pretendían afirmar que su reclamo fue presentado en forma extemporánea, aplicando el Manual que en la Resolución DGPN No. 094-2010 emitió la Dirección General de la Policía Nacional, en el numeral segundo de la parte resolutiva expresa que es atribución del Director General de la Policía Nacional realizar el proceso de selección de los Directores Nacionales e Inspector General, no obstante a la fecha de los acontecimientos no existía el Manual de Procedimiento para el Proceso de Ascenso, además el Consejo General no le había notificado sobre la resolución, por el contrario, expresamente mediante el numeral 1 del Oficio SEDS-SG-2521-2009, la Secretaría de Seguridad manifestó que los ascensos se basaron en los criterios de evaluación del proceso de selección de candidatos para ser nombrados Directores y Sub-Directores Nacionales de la Policía Nacional de Honduras, resultando imposible que el Consejo General le notificara alguna resolución, además la mencionada Secretaría de Estado evadió lo que manda el numeral 5 del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que establece como una de las atribuciones indelegables del Director General de la Policía Nacional, el proponer al Secretario de Seguridad el otorgamiento de grados en las Escalas Superior, Ejecutiva, de Inspección y demás personal que determine el Reglamento, por consiguiente, si la Ley expresamente manifestaba que los grados se otorgan conforme lo establece el Reglamento, asimismo lo establecido en el artículo 134 que dice “Las acciones contenidas en este capítulo a favor de los miembros de la Carrera Policial, prescribirán en el término de sesenta (60) días hábiles, contados desde la fecha en que se hubiese notificado al presunto infractor la resolución que le afecta”, demostrando tal artículo lo antijurídico que sería aplicar un Manual con el ánimo de evadir responsabilidades, pretende aplicar normas inexistentes y a la vez ignorar las existentes, respecto al considerando cuatro, la Secretaría de Seguridad aceptó que ese procedimiento debió ordenarlo el Director General de la Policía Nacional, y no el Secretario de Seguridad, quedando claro con ello, la violación al artículo 89 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, "Las atribuciones y responsabilidades propias de la función policial son indelegables”, sobre lo establecido en los considerandos cinco, seis y siete, expresó que además de violentar los principios de inocencia, defensa y debido proceso, las denuncias que se pretendieron interponer en contra del demandante ante el Ministerio Publico y Poder Judicial fueron inadmitidas en fechas anteriores a las respuestas que equivocadamente dieron en su contra ambas instituciones, por lo cual no es de su responsabilidad que tales Instituciones hayan dado respuestas erróneas, pero si considera que la Terna Evaluadora, debió notificarle en tiempo y forma que les había llegado la información sobre las denuncias a él interpuestas, para que pudiera gestionar en tiempo las aclaraciones y rectificaciones de los acuerdos que contenían la información falsa, igualmente con lo establecido en el considerando ocho, la Secretaría de Seguridad pretendía evadir dar una explicación de las causas legales por las que no ascendió, y al pretender afirmar que no lo hizo porque tenía denuncias pendientes, tales respuestas eran para el concurso, ya que para los ascensos de los miembros de la carrera Policial el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, ordena que los ascensos se rigen por lo establecido en ella y por el Reglamento del Régimen de la Carrera Policial, de igual forma explicó que le fue imposible presentar reconsideraciones tanto al ascenso como al cargo en fechas posteriores, con lo anteriormente planteado, arguyó que el no ascenso y la forma en que fue destituido no siguieron el Procedimiento Administrativo establecido en la Ley, lo que convirtió tales decisiones en injustas e ilegales, denigrantes de la dignidad humana y por consiguiente conllevan responsabilidad administrativa, puesto que el no haber ascendido a Comisionado General, tampoco pudo ascender a General Director ni Director General de la Policía Nacional, en consecuencia el acto cometido fue ilegal, violatorio de las leyes, derechos humanos y constitucionales, con lo que se le ocasionó enormes daños y perjuicios, daños morales, angustia y daños a su imagen personal. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda, aceptando ser cierto que el demandante fue nombrado como Director Nacional de Asuntos Internos, en el cargo de Director Nacional Interino, mediante Acuerdo número 0497-2008, de fecha 9 de abril del 2008, también aceptó lo referente a la lectura del orden del día 002-2009, por medio de la cual el demandante tuvo conocimiento que había sido reemplazado en el puesto que desempeñaba interinamente, rechazó lo manifestado en cuanto haber sido sujeto de una sanción y que la decisión de no ascenderlo a Comisionado General fue arbitraria, ilegal e injusta, ya que estos fueron dictados por la Autoridad competente en estricto cumplimiento y observancias de la ley, si bien es cierto el artículo 98 numeral 1) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional establece que los miembros de la Policía Nacional tienen derecho a los ascensos, promociones de grado y reconocimientos, el artículo 43 numeral 5) del mismo cuerpo normativo estipula que es atribución del Director General de Policía nacional “Proponer al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad el otorgamiento de grados en las Escalas Superior, Ejecutiva, de Inspección y demás personal que determine el Reglamento”, en consecuencia, es una atribución que es distinto de una obligación del Director General de Policía Nacional, el otorgamiento de los grados de mayor jerarquía, conforme al artículo 88 numerales 1) y 2) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, incluidos los de Comisionado y Comisionado General que son de escala superior y ejecutiva, aceptó parcialmente lo referente a que la Secretaría de Seguridad emitió la Resolución SEDS-138-2011 de fecha 11 de agosto del 2011, resolviendo sin lugar el Recurso de Reposición que interpuso el demandante contra la Resolución SEDS 082-2011 de fecha 16 de mayo de 2011, rechazando que se tomaron decisiones arbitrarias, subjetivas y con claro abuso de poder, negando haber violentado el principio de publicidad, pues dada la naturaleza sumamente delicada de los puestos de Direcciones Nacionales de la Policía y considerando la especial confianza necesaria para ejercer dichos cargos, y en particular la Dirección Nacional de Asuntos Internos, la Ley Orgánica de la Policía Nacional en el artículo 50 faculta al Secretario de Seguridad para disponer libremente de los cargos de Directores Nacionales, equivocándose al suponer que para haber sido separado de su cargo era necesario un procedimiento disciplinario, pues se realizó dentro de las facultades que la Ley otorga al Secretario de Seguridad para nombrar y remover libremente a los Directores Nacionales de Policía, y un proceso disciplinario no era requisito para separarlo del cargo, rechazó el hecho cuarto y quinto de la demanda ya que no haber ascendido y la destitución fueron dictados por la Autoridad Administrativa competente, en estricto cumplimiento y observancias de la ley, ya que mediante el Acuerdo N°856- 2009, fue realizada conforme a Derecho y no cabe decretar la nulidad de la misma, en cuanto al pago por distintos daños y perjuicios alegados y en lo que respecta a los salarios dejados de percibir, mencionó que son igualmente improcedentes ya que si bien fue separado de un cargo específico, no fue despedido en ningún momento y a la fecha continúa siendo miembro activo dentro de la Carrera Policial y como tal aún percibe un salario. 3. Que en fecha 2 de febrero del 2012, el ESTADO DE HONDURAS, interpuso escrito de defensas previas exponiendo las siguientes: 1) Primera causa de inadmisibilidad que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos,

la causa de inadmisibilidad de la demanda la basó en el artículo 63 literal a), 80, 108, 111 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, partiendo de que la pretensión del demandante tiene por objeto la anulación y la ilegalidad de actos administrativos presuntos de carácter personal, ya que el objeto de la demanda es anular una supuesta separación de un cargo y el reintegro al mismo, por tanto sometida a un procedimiento especial en materia de personal y que por tratarse de un juicio especial los términos se reducen a la mitad tal y como lo señala el Artículo 105 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, resulta que a pesar de la denominación de ordinaria dada a la acción incoada, según lo manifestado al pretender la restitución al cargo del que supuestamente fue separado, es materia eminentemente personal, interponiéndola de manera equivocada, aceptándola así el Tribunal, y pretendiendo este la nulidad de una Resolución, que según la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en su Artículo 110, ya que el demandado estaba nombrado en su cargo mediante Acuerdo No. 0497-2008 de fecha 9 de abril del 2008, y por lo tanto protegido por una Ley Especial en este caso la Ley Orgánica de la Policía, tal y como lo establece la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su Artículo 109, por lo que la presente acción fue presentada fuera del plazo establecido en el Articulo 48 en relación a los artículos 105 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que por tratarse de un procedimiento especial, los plazos para la presentación, contestación de la demanda, proposición y evacuación de pruebas quedan reducidos a la mitad, por lo tanto la pretensión de la demandante a través de la presente demanda de Nulidad de un Acto Administrativo, es extemporánea pues tomando en consideración la fecha de notificación, de la Resolución SEDS-138-2011 de fecha 11 agosto de 2011, siendo este el 26 de Agosto del 2011, este tenían el plazo de 15 días para impugnar ante este Juzgado el acto administrativo por el cual se le notificó la Resolución, venciendo este plazo en fecha 19 de Septiembre del 2011. Resulta que el demandante permitió que se venciera el plazo señalado por la ley, al interponer la demanda de mérito en fecha 10 de Octubre del 2011, 29 día después de haberse vencido el plazo señalado en la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Es por ello que el plazo de 15 días para interponer la demanda partiendo del día siguiente de la notificación de la Resolución SEDS-138-2011, vencía el día 19 deSeptiembre del 2011, es decir que han transcurrido más de 15 días de los que establece la ley respectiva, para interponer su demanda evidenciándose que la misma fue presentada fuera de los plazos respectivos. 2) Segunda causa de inadmisibilidad, señaló que se hubiere interpuesto por persona no legitimada por no haber interpuesto la demanda en tiempo y forma, por otra parte al no haber interpuesto su acción contenciosa administrativa en tiempo y en forma, permitió que la Resolución objeto de impugnación en la demanda haya adquirido el carácter de firme, de lo que resulta que el demandante no está legitimado para que se le reconozca una situación jurídica individualizada esto en relación a lo que establece artículo 14 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que la acción fue incoada fuera de los plazos establecidos en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo anterior no se deriva de dicho ordenamiento jurídico un derecho subjetivo a su favor que lo legitime para demandar ante la Jurisdicción competente, por lo que procede la interposición de la causa de inadmisibilidad, al haber sido promovida la demanda por persona no legitimada, según lo establecido en el Artículo 80 literal b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 23 de febrero del 2012, resolvió declarando SIN LUGAR las defensas previas interpuestas por el representante procesal de la parte demandada. 4. El Juzgado de Letras Contencioso de lo Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de octubre del 2017, dictó sentencia la cual en su parte conducente expresa: “FALLA: PARTE DISPOSITIVA PRIMERO (1): DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por el señor VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ, por no estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en la resolución No. SEDS-138-2011 de fecha once (11) de Agosto del dos mil once que resuelve el recurso de Reposición contra la Resolución No. SEDS-082-2011, misma esta que resuelve el recurso de Apelación contra la Resolución No. DGPN 094-2010 de fecha catorce (14) de Julio del dos mil diez, en consecuencia se anulan totalmente.- SEGUNDO (2): Se reconoce la situación jurídica individualizada del demandante, y para el pleno restablecimiento de la misma, se adoptan las medidas siguientes: 1) Se ordena el reintegro del demandante al cargo que ocupaba al momento de la destitución del mismo o a un cargo que en todo caso deberá ser similar al puesto de trabajo que desempeñaba al momento de su cancelación, o en su defecto, otro de mayor categoría.- 2) Se reconoce a favor del demandante, el derecho a que la Institución Policial, a través de la oficina correspondiente, proceda a practicarle las evaluaciones que correspondan en cuanto al cumplimiento de requisitos legales, para el ascenso de conformidad a la promoción y antigüedad a que pertenece el hoy demandante.- 3) Se condena al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, al pago a favor del demandante. señor VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ, de la proporción de los pagos dejados de percibir por el cargo, aumentos salariales y demás beneficios colaterales, dejados de percibir desde la ,fecha efectiva de su destitución del cargo que ostentaba, hasta la fecha en que este sea restituido al mismo.- 4) De igual forma se condena al pago de los Daños y Perjuicios ocasionados, los cuales quedaran diferidos al periodo de ejecución dela sentencia, la determinación de la cuantía de los mismos.- TERCERO (3): Asimismo se decreta la nulidad del acto administrativo por medio del cual se nombró al sustituto de la demandante, si así fuere el caso…SIN COSTAS”.Bajo el criterio que el demandante era un miembro de la carrera de servicio policial, según la norma establecida en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, si bien es cierto el artículo 49 numeral 9 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, establece que no podrá optar a ser Director ni Sub Director Nacional e Inspector General, quien se encuentre comprendido en las circunstancias siguientes: “…9) esté sometido a investigación de Asuntos Internos, Ministerio Publico o Tribunal Superior de Cuentas, dentro del periodo de un (1) año antes de celebrarse el concurso respectivo. En el caso del Director Nacional de Asuntos Internos el periodo no podrá ser menor a tres (3) años”, también el Articulo 13 de dicha Ley en su párrafo cuarto establece “el personal que forme parte de la Dirección Nacional de Asuntos Internos estará sujeto a una modalidad especial de la Carrera Policial y no podrá ser trasladado sin su consentimiento a otra dependencia de la Policía Nacional. Tampoco podrá ser despedido sin causa grave debidamente justificada” Requisito sine qua non que no se dio en el caso de mérito, por lo que la separación del cargo era una atribución del Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, la cual no podía ser arbitraria, sino reglada, pero no se siguió el procedimiento ni causa legal alguna que diera lugar a la separación del Comisionado de Policía, como Director de Asuntos Internos, ni se le solicitó su consentimiento para ser trasladado a otra dependencia, lo que tornó ilegal el Acuerdo de nombramiento de otra persona en su cargo, lo cual contraviene la presunción de inocencia señalada en la Carta Magna en el artículo 89, en cuanto a la evaluación en la que resultó descalificado el demandante, al observar el cuadro de evaluación final, se comprueba que los criterios de evaluación del proceso de selección de candidatos para ser nombrados Directores y Sub-Directores Nacionales de la Policía Nacional, no siguieron un proceso garantista ni objetivo, ya que en la nota final con que se le evaluó al demandante, se tomaron en consideración criterios que contenían información que no era verídica, en las casillas denominadas Poder Judicial y Ministerio Público, ya que tanto la querella como la denuncia interpuesta en el Poder Judicial como en el Ministerio Publico, fueron inadmitidas en fechas anteriores a las respuestas que equivocadamente dieron en su contra ambas Instituciones, y por las cuales la terna evaluadora le quitó todos los puntos que le correspondían, no siendo justo que por existir denuncias desestimadas en su contra, fueron óbice para optar a alguno de los cargos de la Dirección y Sub Dirección en la Policía Nacional. En cuanto a las consecuencias de la destitución del cargo de Jefe de la Unidad de Asuntos Internos, con el estudio psicológico y actuarial se mostraron los daños y perjuicios que comprenden daño moral, angustia emocional, daño a la imagen personal y proyecto de vida del demandante, el artículo 76 de la Constitución de la República garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, en relación con el artículo 89 del mismo cuerpo de Leyes que establece “toda persona en inocente mientras no se haya declarado su culpabilidad por autoridad competente”, en relación con el numeral 1 del artículo 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que establece “toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”, por lo que interponer una denuncia en contra de una persona, no lo hace culpable del hecho imputado, ya que al hacerlo se estaría violentado su derecho a la defensa. Sobre lo peticionado en relación al ascenso del grado inmediato superior de Comisionado General de Policía, que según el mismo legalmente le corresponde por haber obtenido el puntaje más alto en sus evaluaciones, ya la Ley Orgánica de la Policía Nacional, concede en su artículo 103, al Presidente de la República, la potestad de otorgar los grados a la escala superior, ejecutiva y de inspección, el artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que “los actos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico”, siendo anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico incluso el exceso de Poder, conforme al artículo 35 de la misma Ley, por ello declaró procedente lo solicitado por el demandante, anulando la resolución N° SEDS-138-2011, SEDS-082-2011, DGPN-094-2010, reconociendo su situación jurídica individualizada, reintegro al puesto que ocupaba u otro de mayor categoría, que se le practiquen al demandante las evaluaciones correspondientes para el ascenso de conformidad a la promoción y antigüedad a la que pertenece, pagos dejados de percibir, aumentos salariales, daños y perjuicios, nulidad del acto administrativo por medio del cual se nombró al sustituto del demandante. 5. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 22 de octubre del 2020, dictó sentencia REFORMANDO PARCIALMENTE la proferida en primera instancia, la cual en su parte conducente expresa: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE los recursos de apelación interpuestos por la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES, apoderada legal del Estado de Honduras y el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, en su condición de representante procesal de la parte demandante; SEGUNDO : REFORMAR PARCIALMENTE la sentencia definitiva de fecha once de octubre del dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo , con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en consecuencia: 1)CONFIRMAR el numeral PRIMERO de la parte dispositiva de la sentencia que se conoce en apelación; 2) REVOCAR el punto primero y tercero del numeral SEGUNDO de la parte dispositiva de la sentencia que se conoce en apelación, declarando sin lugar esa pretensión especifica del demandante; 3) REFORMAR el punto segundo del numeral SEGUNDO de la parte dispositiva de la sentencia que se conoce en apelación, el cual debe de leerse de la siguiente manera: se reconoce a favor del demandante el ascenso al grado de Comisionado General, mediante el procedimiento existente al momento de ejecución de la sentencia, sin necesidad de un proceso de evaluación, en vista de que ya fue superado dicho proceso. De la misma manera REFORMAR el punto cuarto del numeral SEGUNDO de la parte dispositiva de la sentencia que se conoce en apelación, únicamente en el sentido de que la condena de daños y perjuicios a favor del demandante, debe de liquidarse en proporción que corresponde al restablecimiento de los derechos aquí mencionados (no haber sido considerado para el ascenso al grado inmediato superior) los cuales quedaran diferidos al periodo de ejecución de la sentencia la determinación de la cuantía de los mismos; TERCERO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que existió una incorrecta apreciación de la a quo en cuanto a los hechos planteados y la pretensión de la demanda, con relación al acto administrativo impugnado, la cual no se trata de la inobservancia de lo establecido en el artículo 147 de la Ley de Procedimiento Administrativo, como lo hace valer el demandado, ya que ese presupuesto procesal debe cumplirse solo cuando se demande judicialmente en materia de Derecho Privado y este no es el caso, la apreciación incorrecta se refiere a que el reclamo original administrativo impugnado, se refiere a la petición sobre la reconsideración del ascenso al grado de Comisionado General de Policía, como si éste solo se tratase y resolviera el no ascenso, cuando de sus propios términos se visualizó que están incorporadas las dos pretensiones, es decir, el no ascenso de grado y el nombramiento como Director General de Asuntos Internos, sin embargo, también es cierto que el demandante agregó pretensiones a la demanda judicial que son excluyentes entre sí en relación al acto administrativo impugnado y al tipo de trámite judicial, como ser la destitución al cargo, evidentemente en el caso bajo examen convergen dos procedimientos excluyentes entre sí, uno en materia ordinaria el no ascenso de grado, y otro en materia de personal la destitución del cargo, solo el acto administrativo que consiste en la Resolución Número SEDS-138 2011 del 11 de agosto del 2011, no obstante la destitución al cargo, quedó establecido como objeto del debate en la audiencia preliminar, sin objeción de la parte demandada y es por eso que la a quo resolvió convalidando de esta forma cualquier error administrativo que en el caso se impugna, la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, separa y define dos procedimientos internos, como ser: la promoción a grados jerárquico de la escala superior, ejecutiva y de inspección, otorgándole esa facultad al Presidente de la República y conforme al Reglamento, o en su caso, al Manual de Procedimientos, y en los nombramiento de Directores Nacionales estará a cargo del Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad a propuesta del Director General de la Policía Nacional, de acuerdo a los requisitos, inhabilidades y al procedimientos establecido en esta Ley, de donde se deduce que son dos procedimientos diferentes que se otorgaron en un mismo momento, como ser en la ceremonia de la celebración del día del Policía, que se llevó a cabo el 9 de junio del 2009, también se probó que la Secretaria de Seguridad, para dar respuesta al demandante en cuanto a su no ascenso, le contestó que los ascensos de Comisionados de Policías a Comisionados Generales suscitados en la Policía Nacional en el año 2009, se basaron en los criterios de evaluación del proceso de selección de candidatos para ser nombrados Directores y Sub-Directores Nacionales de la Policía Nacional de Honduras, proceso del cual el demandante formó parte de la lista de candidatos evaluados, por lo que los dos procedimientos mencionados anteriormente, se ventilaron en el proceso de selección para ser nombrados Directores y Subdirectores Nacionales de la Policía Nacional de Honduras, tal como quedó probado por la misma parte demandada al establecer en la resolución DGPN No. 094-2010 lo siguiente “que es atribución del Director General de Policía realizar el proceso de selección de los Directores Nacionales e Inspector General conforme a lo establecido en esta Ley pero es de mencionar que lo concerniente al caso del comisionado Venancio Martínez Martínez en esa fecha no existía el Manual de Procedimiento para el proceso de ascenso... Que los ascensos de Comisionado de Policía a Comisionado General en el año 2009, se basaron en los criterios de evaluación de la Comisión Evaluadora, del proceso de selección de candidatos para ser nombrados Directores y Subdirectores Nacionales de la Policía Nacional de Honduras, proceso en el cual formó parte el Comisionado de Policía Venancio Martínez Martínez”, resaltando lo establecido en el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en cuanto a los requisitos para Director y Subdirector de la Policía Nacional de Honduras, no siendo los mismos para los requisitos del procedimiento de ascenso. Sobre la destitución del puesto,expresó que el aquo no se pronunció sobre el particular, siendo objeto de controversia que el demandante ocupaba un puesto interino como Jefe de la Unidad de Asuntos Internos, y por lo tanto su ascenso y nombramiento como Director Nacional de Asuntos Internos, no constituía un derecho subjetivo adquirido, sino que estaba sujeto a un trámite y cumplimiento de requisitos previos, y para optar válidamente a dicho puesto debía someterse a un proceso de selección mismo que no aprobó. Conforme a la teoría de los límites de la acción de plena jurisdicción en el Proceso Contencioso Administrativo, se señala que no consiste solamente en solicitar la nulidad del acto administrativo, sino también en solicitar el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, lo cual procede solo cuando se invoca la lesión de un verdadero derecho subjetivo adquirido por el reclamante, como ser ocupar en propiedad el cargo del que fue destituido o separado, hecho que no se suscitó de esa manera, ya que el demandante estaba laborando bajo un interinato, siendo factible su movimiento en cualquier momento, porque la plaza iba a ser sometida a concurso, previo el cumplimiento de requisitos establecidos en la Ley, por ende no ostentaba tal derecho adquirido sobre el mismo, no obstante como servidor de carrera, el demandante tenía conocimiento que en los próximos nombramientos y ascensos tenía la posibilidad de optar al mismo, para lo cual participó pero al no ser apto para dicho nombramiento, automáticamente regresó a su estatus laboral anterior, como Oficial de Enlace ante el Instituto de Previsión Militar, por lo que después de no haber sido ascendido de grado y tampoco nombrado como Director Nacional de Asuntos Internos, siguió laborando para la Secretaria de Seguridad como Oficial Adscrito al Instituto de Previsión Militar, percibiendo un salario regular por parte de su empleador, de lo anterior dedujo que no existió destitución del cargo, siendo improcedente el reintegro al puesto de Director Nacional de Asuntos Internos, a otro similar o de mayor categoría, ya que el puesto pretendido no constituía un derecho adquirido. En cuanto a los criterios de evaluación del proceso de selección de candidatos para ascensos de grado y nombramientos de directores y subdirectores, tales inhabilidades son aquellas circunstancias creadas por la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada a un ascenso de grado, y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio, y tienen como objeto primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o aspiran a un grado superior jerárquico de la Escuela Policial o que ya están desempeñando un cargo determinado, pretendiendo con ello que en estos concurran los elementos que están a la altura de la naturaleza de la investidura que ostenta al ejercerla, para que su desempeño se oriente a la consecución de los fines del Estado, ya que si por la verificación de los requisitos o investigaciones pendientes, no era ascendido a otro grado, al no ser seleccionado para el ascenso y nombramiento por restarle puntaje a su evaluación, no obstante, el demandante acreditó a la administración, y en el proceso judicial que al momento de presentar el reclamo administrativo hizo valer los documentos que hacen constar lo contrario de aquellos hechos, extremos que la autoridad administrativa no valoró al momento de emitir el acto administrativo impugnado, a sabiendas que por el Principio Constitucional de Defensa, previo a otorgar los ascensos a grados superiores debió de comunicar y notificar a los interesados y afectados la documentación recibida del Ministerio Publico y de la Corte Suprema de Justicia, para el descargo respectivo, situación que no se hizo, ya que el cierre del proceso de evaluación se realizó un día antes de la ceremonia de ascensos y nombramientos, sin tener oportunidad el demandante de contraprobar dicha situación, de donde se deduce que el acto impugnado es ilegal y como consecuencia, al haber cumplido con los requisitos establecidos por la ley de aplicación en lo que corresponde los criterios de valoración a seguir en el proceso de evaluación, es que procede el ascenso de grado inmediato superior del demandante, por haber infringido la autoridad administrativo la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras y la Constitución de la República en cuanto al Derecho a la Defensa. En cuanto a que el demandante debió tenerse por notificado sobre el acto tácito que no fue calificado para ser ascendido, consideró que violentó el Debido Proceso, pues se debe de garantizar que el agraviado haga uso de su derecho de defensa y sus respectivos descargos antes de que se emita cualquier resolución en su contra, y no una vez consumados los actos, además el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo expresa que“ninguna actuación material que limite derechos de los particulares podrá iniciarse sin que previamente haya sido adoptada y legalmente comunicada la decisión que le sirva de fundamento jurídico. Los órganos administrativos desarrollaran su actividad sujetándose a la jerarquía normativa establecida en el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública y con arreglo a normas de economía, celeridad y eficacia, a fin de lograr una pronta y efectiva satisfacción del interés general”, por lo anteriormente expuesto revocó parcialmente el fallo que se conoce en apelación, conforme a la fundamentación antes detallada, por considerar que el acto administrativo impugnado estaba emitido con infracción al ordenamiento jurídico, en el sentido de la evidente violación al derecho de defensa, con respecto al ascenso de grado y en cuanto al nombramiento de Director General de Asuntos Internos, estimó imposible materializar tal pretensión por no ser un derecho subjetivo adquirido. 6. La representación procesal de las partes recurrentes Abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL, en fecha 28 de enero del 2021 y la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES, en fecha 29 de enero del 2021, presentaron escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 22 de octubre del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.005-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.466-2011del Juzgado de Letras Contencioso de lo Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencias de fecha 4 de febrero del 2021, tener por interpuestos y formalizados en tiempo y forma los presentes recursos y acordó dar copia a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciaran sobre el contenido de los mismos. 7. La representación procesal de las partes recurridas, Abogados ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES y JOSÉ ARMANDO ESPINAL, presentaron en fecha 1 de marzo del 2021, escritos de pronunciamientos sobre el contenido de los recursos de casación interpuestos, los cuales fueron resueltos mediante providencias de fecha 8 y 10 de marzo del 2021, respectivamente, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dichas resoluciones en fecha 24 de marzo del 2021, el Abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL y en fecha 25 de marzo del 2021, la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES. 8. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 5 de mayo del 2021, teniendo por personados a los Abogados JOSÉ ARMANDO ESPINAL y ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES, como recurrentes y recurridos, respectivamente, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Del examen de las actuaciones aparece que el Abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL representante procesal de la parte demandante expone su primer motivo de la siguiente forma: “Infracción por Falta de aplicación de normas procesales que regulan los requisitos internos de las sentencias, concretamente de los artículos 206 numerales 1) y 2) y 207 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.1. literal c) de las causales del Recurso del Código Procesal Civil, en la parte que dice “...c) La forma y contenido de la sentencia". EXPLICACION DEL MOTIVO Cuando se piensa en la MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA JUDICIAL, se dice que "solo puede demostrarse que una decisión está justificada si es que se ofrecen las razones en apoyo de la misma, razones que no pueden ser entendidas como un requisito meramente formal- es este caso el requisito se cumpliría incluyendo cualquier razón-sino que debe ser una razón material, es decir, debe tratarse de buenas razones"[1]El Ad Quem ha decidió REVOCAR lo concedido por el A Quo en cuanto a el reintegro del demandante al cargo que ocupaba al momento de la destitución del mismo o a un cargo que en todo caso deberá ser similar al puesto de trabajo que desempeñaba al momento de su cancelación, o en su defecto a otro de mayor categoría. Basa su argumento en los siguientes criterios: El Ad-quem en el numeral OCTAVO (8) de la fundamentación jurídica de su sentencia, señala: “La figura del interinato supone el desempeño de funciones de manera provisional, pues el titular de esas funciones está en suspenso por diversos motivos;…” Continúa refiriendo la Corte de Apelaciones en el mismo numeral: "es así como el demandante no ha sido destituido de su cargo, como así lo aduce, simplemente fue nombrado de forma interina (temporal, provisional) porque la plaza iba a ser sometida a concurso, previo el cumplimiento de requisitos establecidos en la Ley, nunca estuvo en propiedad y por ende no ostentaba ese derecho adquirido sobre el mismo...". Lo mismo, sigue refiriendo en el numeral NOVENO (9), en el que la Corte de Apelaciones indica: “De lo anterior se deduce que no ha existido una destitución del cargo, como lo aduce la parte demandante, siendo improcedente el reintegro al puesto de Director Nacional de Asuntos Internos o a otro similar o de mayor categoría, ya que el puesto pretendido no constituía un derecho adquirido del demandante, porque estaba bajo la figura del interinato…”. En el criterio del Suscrito Censor El Ad Quem, en la sentencia que hoy se recurre, en ningún momento establece las consideraciones fácticas y jurídicas que determinen o establezcan las razones que conllevaron a la Sentencia dictada, ya que al leer el fallo recurrido no logra observarse en el acápite Fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida las razones que conllevaron a la referida Corte a dictar una Sentencia de tal naturaleza. Sumado a esto y siguiendo la doctrina, de que no se requieren razones que no pueden ser entendidas como un requisito meramente formal- en este caso, el requisito no se cumpliría incluyendo cualquier razón-sino que debe ser una razón material, es decir, debe tratarse de buenas razones; se debe indicar como necesario punto de partida en una buena razón material, que El Ad Quem hubiese señalado la observancia de la Ley Orgánica de la Policía Nacional vigente al momento de los hechos objeto del proceso, Decreto No. 67-2008, que regulaba la carrera policial, la cual no contemplaba la figura del interinato para el personal de la carrera policial, como era el caso de mi representado, que pertenecía a la escala jerárquica de la carrera policial, específicamente a la denominada Escala Ejecutiva; en consecuencia, al no haber tomado en consideración dicha ley que es la que regula la carrera policial, el hecho de desestimar la pretensión de ser REINCORPORADO EL DEMANDANTE, partiendo de CUALQUIER RAZON y no de BUENAS RAZONES, falta a la debida motivación de la sentencia. No obstante, lo anterior, podemos en todo caso, hacer referencia al numeral 28 del artículo 5) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que define que un empleado interino “Es la persona natural que ha sido designada para desempeñar un Puesto en forma temporal, con el objeto de sustituir a un Empleado Regular por motivo de riesgo profesional, enfermedad, licencia u otra causa de suspensión temporal de la relación de trabajo de aquél.” Asimismo, se pronuncia el artículo 77 del mismo reglamento, que establece en su párrafo segundo, que los nombramientos de emergencia no podrán exceder de 90 días y que, en lo pertinente, también será aplicable en estos casos, lo dispuesto en el párrafo anterior, que precisamente se refiere a los interinatos. En consecuencia, una debida motivación hubiese señalado que en la carrera policial no existían en 2009 los interinatos y sí el nombramiento en el cargo, por antigüedad o concurso, eso decía, por lo que la relación de un interinato en el nombramiento se debe tener como no puesto y si se quiere buscar una justificación análoga, solo la ofrece la Ley del Servicio Civil, que establece en su reglamento, que al estar el demandante más de 90 días en el puesto de trabajo que pide ser reintegrado, adquiere permanencia; esto destruye las malas razones del Ad Quem en la sentencia impetrada. En ese sentido, también el Código del Trabajo contiene una definición de la figura del interinato, que ha sido objeto de interpretación jurisprudencial reiterada por la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia, cuando refiere en la sentencia CL-217-17, del 15 de octubre de 2018 Que sobre el tema de los trabajadores interinos, existe línea jurisprudencial que determina: “Que este Tribunal ya tiene establecido criterio jurisprudencial de que los trabajadores interinos son los contratados para sustituir a otros permanentes, en los casos de suspensión de los contratos de trabajo conforme lo dispuesto en los artículos 100 numerales 7), 8), 9), 11) y 12) y 108 del Código del Trabajo, por lo que esa modalidad de contratación es limitada a esas situaciones, dado los principios generales de continuidad y estabilidad laboral.” (ver sentencias expedientes Nos. SL 88-14, 476-14 y 305-16). Como se observa, tanto en las legislaciones precitadas, doctrina, así como el criterio jurisprudencial que al efecto ha realizado la Sala Laboral- Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia, nos refieren que los nombramientos interinos se limitan a los casos de sustitución de otros empleados permanentes, que por una u otra causa, no pueden continuar desempeñando sus funciones, por lo que son sustituidos provisionalmente por otros; lo que no es el caso del Comisionado de Policía Venancio Martínez Martínez, que si bien fue nombrado mediante acuerdo 0497-2008, del 09 de abril de 2008, en el que expresaba que de manera interina iba a ostentar el cargo como Jefe de la entonces denominada Unidad de Asuntos Internos, el mismo no sustituyó provisionalmente a nadie en el puesto en que fungía, mismo que posteriormente, bajo la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 67-2008), que entró en vigencia el 21 de noviembre de 2008, pasó a denominarse Dirección Nacional de Asuntos Internos, fecha en la continuó desempeñándose en el cargo como Director, según el cambio de denominación del mismo con la nueva ley; por lo que se desempeñó en tal cargo, de forma real desde el 09 de abril de 20082 hasta el 09 de junio de 2009, es decir, por espacio de un año o y dos meses, lo que excedía del término de 90 días que se establece en la normativa antes relacionada, para ser considerado un empleado con un cargo interino, al ser un funcionario permanente en dicho cargo, como también lo era un servidor público permanente de la Policía Nacional. Es importante resaltar, que se dice que se desempeñó de forma real, porque resulta que hasta el 09 de junio de 2009, laboró como el Director Nacional de Asuntos Internos, pero en ceremonia pública realizada en dicha fecha, se enteró que había sido nombrado su sustituto desde el 01 de junio de 2009(nombramiento anulado en este juicio por el A Quo y El Quem), es decir, que había sido removido del cargo desde hacía nueve días antes de que se llevara a cabo la ceremonia de ascensos y nombramientos v desde antes de que se concluyera el procedimiento de selección que se realizó para tales efectos (que concluyó el 08 de junio del 2009); dándose cuenta de dicha remoción sin que le hubiesen efectuado notificación alguna al respecto de que era separado de dicho cargo, sino porque en dicha ceremonia pública se hizo referencia al nuevo acuerdo que se emitió a nombre de la persona que lo sustituyó. Es más, hasta la fecha, a él jamás se le emitió acuerdo alguno notificándole dicha remoción del cargo. Al respecto, la Sala Laboral en su postura jurisprudencial ha establecido: "En adición, el patrono que toma la decisión de dar por terminada una relación laboral, debe hacerlo, observando una causa justa y legal para ello, no hacerlo, implica responsabilidad de su parte…" "El superior valor de los derechos fundamentales debe ser criterio orientador en la interpretación y aplicación del Derecho, en el caso específico del Derecho Laboral, deben también tenerse muy en cuenta los principios que le informan; la estabilidad laboral tiene su fundamento en el hecho que mientras persista la materia del empleo deberá de mantenerse la continuidad en el mismo...; en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo que quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con el artículo 3 del Código del Trabajo, precepto legal que niega eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales; y, que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico sustanciales por sobre los jurídico-formales". (Ver expediente SL 232-12 sentencia del 8 de octubre del 2013). Siendo todos estos, principios del derecho laboral que son de orden público y que no se aplican solamente a las personas que laboran en el ámbito privado, sino también a los que laboran en la administración pública y que no han sido interpretados de esa manera por la Corte de Apelaciones a favor del trabajador del servicio público, el Comisionado de Policía, Venancio Martínez Martínez, sino de una manera tergiversada y restrictiva, al asumir que porque ostentaba un cargo, inicialmente como interino, no importaba el tiempo ni las condiciones de su desempeño, el mismo "era factible su movimiento en cualquier momento", como se cita en la parte final del numeral SÉPTIMO de la sentencia lo cual no es así, por la aplicación de los principios generales de continuidad y estabilidad laboral, en los que siempre deben prevalecer los aspectos fáctico sustanciales por sobre los jurídico-formales ,puesto que mi representado se desempeñó en el cargo, tanto como Jefe de la Unidad de Asuntos Internos así como Director Nacional de la Dirección Nacional de Asuntos Internos, de forma real desde el 09 de abril de 2008, hasta el 09 de junio de 2009, desempeñándose en el cargo en forma permanente. Honorables Magistrados, la Tutela Judicial Efectiva supone que las Sentencias dictadas por los Juzgados y Tribunales deben de contar con la motivaciones fácticas y jurídicas que determinen la razón y ser de las mismas, con el fin de que las partes pueden conocer y saber con seguridad, qué conllevó al Juzgador al dictado de su sentencia. En el caso particular, al no haber determinado la Corte de Apelaciones una motivación fáctica y jurídica propia al caso concreto, ha incumplido lo que ordena la Ley, conllevando a la infracción por aplicación indebida de las normas procesales señaladas como infringidas, siendo consecuente CASAR LA SENTENCIA en el presente motivo.” II.- Que este cargo debe ser desestimado, ya que el Recurrente ha incurrido en los siguientes errores técnicos: a) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) realiza extensos alegatos propios de instancia y hace referencia a normativas y disposiciones no señaladas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, Ley de Servicio Civil y del artículo 5 numeral 28 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. III.- Que el mismo Impetrante alega como segundo motivo; “Infracción por Falta de aplicación de normas procesales que regulan los requisitos internos de las sentencias, concretamente los requisitos del artículo 207 numeral 1 2) del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.1. literal c) de las causales del Recurso del Código Procesal Civil, en la parte que dice "...c) La forma y contenido de la sentencia". EXPLICACION DEL MOTIVO. El artículo 207 numeral 2 del Código Procesal Civil establece que las motivaciones judiciales en la sentencia deben estar sujetas a las reglas de la lógica y de la razón. La Doctrina jurídica distingue que "La lógica formal es distinta a la lógica del derecho que reclama la utilización de criterios valorativos y teleológicos y sólo una parte de ella versa sobre la lógica formal. A la lógica Jurídica o razonamiento Jurídico, le incumbe el contenido de las normas jurídicas, la lógica formal se ocupa de las ideas a priori: de las ideas y conceptos jurídicos. La Lógica Jurídica está relacionada con el derecho, con la conducta. La lógica no produce la decisión si no es una herramienta para decir si esa decisión es razonada, es decir prevé una serie de criterios para controlar la racionalidad de la decisión. La Lógica Jurídica Material postula que debe rechazarse toda interpretación que conduzca al absurdo, debe obstarse por la decisión más racional. Implica tres actividades: 1. Interpretar 2. Argumentar 3. Motivar". Referente a la argumentación, tenemos que "la argumentación está orientada fundamentalmente a persuadir, si el que la realiza es el Juez, pretenderá persuadir a las partes. Argumentar es estructurar un pensamiento y tiene una serie de reglas que tienen que ser razonables, sirven para persuadir al destinatario de la veracidad o validez de una tesis. A la retórica hoy en día se le conoce como argumentación. Antes se creía que argumentar era el clásico silogismo de Aristóteles, premisa mayor, premisa menor y conclusión, ahora no, la sentencia es una suma de argumentos, hay "n" respuestas porque el razonamiento jurídico es practico (aquel que admite discusión, sometida a la controversia, es pues interpretación) y demostrativo (lo que se afirma está sometido a prueba, estamos bajo el sistema de la libre valoración de la prueba, ya no de la prueba tasada, es pues valoración). El razonamiento Jurídico es pues Interpretación y Valoración, Argumentar implica estructurar una secuencia coherente de pensamiento". La argumentación en una sentencia debe tener varias características: "1. COHERENCIA, deben ser congruentes con la conclusión 2. RAZONABILIDAD, la conclusión no sólo es derivada de las premisas, sino responden al fin de quien está argumentando, lograr la finalidad propuesta 3. SUFICIENCIA, las premisas sean suficientes para generar la conclusión. 4. CLARIDAD, lo que se interpreta es la ley no la sentencia, por ello, la sentencia tiene que ser clara, lo complicado hacerlo sencillo, los argumentos no tienen que ser interpretados, sino claros"Y, finalmente, la argumentación en una sentencia responde a varios principios: 1. Principio de Equidad: 2. Principio de Razón suficiente: no basta que el argumento exista tiene que estar justificado, hay que motivarlo, cuál es su razón su justificación, es decir, el argumento esgrimido no sólo debe tener posibilidad de existir, sino que debe justificarse su existencia. 3. Principio de Veracidad: 4. Principio de Identidad: a fenómenos semejantes debe tener la misma consecuencia, no se puede argumentar en un caso como "x" y en otro caso similar argumentar de otra manera, siendo semejantes. 5. Principio de no contradicción: El argumento utilizado no debe contradecirse, es decir si señalamos que es "p", no podemos decir en la misma sentencia que no es "p", si afirmo que es una cosa a su vez no puedo negarla. Todo aquello que es, no puede no ser ..." Estima el CENSOR que la violación al principio de identidad lo hemos identificado vulnerado en el primer motivo del presente recurso. Básicamente en este motivo, estimamos necesario afirmar, que la sentencia recurrida y dictada por el A Quem vulnera los requisitos internos de la sentencia, por violentar LAS REGLAS DE LA LOGICA, al inobservar el PRINCIPIO DE NO CONTRADICCION EN LA SENTENCIA IMPETRADA; y nos explicamos brevemente. En cuanto a "sentencia contradictoria", no cabe la admisión de una sentencia contradictoria porque ello implicaría el empleo en su redacción de dos proposiciones contrarias entre sí. En ciertas ocasiones, observamos sentencias en las que el propio órgano jurisdiccional plantea un argumento en un fundamento de derecho y posteriormente, en el fallo, propone algo que se contradice con lo antedicho. En el intento de justificar las razones por las cuales el A Quem le revoca a VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ el derecho a ser reintegrado a su anterior puesto de trabajo, uno similar u otro mejor, emite los considerandos 7 y 8: "numeral SÉPTIMO (7) de la fundamentación jurídica de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones, en cuanto al Proceso de Evaluación para la selección de candidatos para los ascensos de grado y nombramientos de los Directores Nacionales de la Policía Nacional, ya que establece que fue un "proceso de selección que el demandante no aprobó"; de igual forma, causa agravios lo referido en similares términos en el numeral OCTAVO (8)de la misma sentencia, al indicar "como servidor de carrera, el demandante tenía conocimiento que en los próximos nombramientos y ascensos tenía la posibilidad de optar al mismo, para lo cual participó para esos ascensos y nombramientos, pero al no ser apto para dicho nombramiento, automáticamente vuelve a su estatus laboral anterior..." Asimismo, el A Quem en sus razonamientos explica y da por asentado, que los criterios para EL NOMBRAMIENTO EN LOS CARGOS DE DIRECCIONES O SUB DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL eran los mismos QUE LOS CRITERIOS PARA SER ASCENDIDOS AL GRADO DE COMISIONADO GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL. Veamos el numeral 6 de la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada: "Está probado en autos que la Secretaría de Seguridad, para dar respuesta a las solicitudes del demandante en cuanto a su no ascenso, la señora Zoila Bonilla, en su condición de Secretaria General de la Secretaría de Seguridad, le da respuesta al demandante y le manifiesta, entre otros, lo siguiente: "Que los ascensos de comisionados de policías a Comisionados Generales suscitados en la policía nacional en el presente año, se basaron en los criterios de evaluación del proceso de selección de candidatos para ser nombrados Directores y Sub Directores Nacionales de la Policía Nacional de Honduras, proceso del cual usted formó parte de la lista de candidatos evaluados". De tal forma, que acá podemos emitir una conclusión básica: sí VENANCIO MARTINEZ MARTÍNEZ APROBÓ LOS REQUISITOS PARA SER ASCENDIDO AL GRADO DE COMISIONADO GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, significa lo mismo que APROBÓ SER NOMBRADO EN LOS CARGOS DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL, ya que no se le podía dar un cargo menor que aquel en el que se desempeñaba; y, esto se acredita así: numeral DÉCIMO PRIMERO (11) de la fundamentación jurídica de la sentencia, en el que la misma Corte de Apelaciones tiene por acreditado lo siguiente: “Si al momento de realizar la verificación de los requisitos, este se encontraba con investigaciones pendientes, no era compatible para ser ascendido a otro grado y/o puesto, tal como así fue puntualizado por la autoridad administrativa, razón por la cual no es seleccionado para el ascenso y nombramiento al restarle puntaje a su evaluación. No obstante, el demandante acreditó a la administración, y en el proceso judicial que al momento de presentar el reclamo administrativo hizo valer los documentos que hacen constar lo contrario de aquellos hechos... de donde se deduce que el acto impugnado es ilegal y como consecuencia, al haber cumplido con los requisitos establecidos por la ley de aplicación en lo que corresponde y los criterios de valoración a seguir en el proceso de evaluación, es que procede el ascenso de grado inmediato superior del demandante, por haber infringido la autoridad administrativa la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras y la Constitución de la República en cuanto al derecho a la Defensa…”. Podemos afirmar, en consecuencia, que con la sentencia impetrada el A Quem ha violentado el PRINCIPIO DE LA NO CONTRADICCION DE LA SENTENCIA y con ello violentado LAS REGLAS DE LA LOGICA, porque no es posible que se tiene por probado que el Comisionado de Policía, Venancio Martínez Martínez, sí había cumplido con los requisitos establecidos por la ley y los criterios de valoración a seguir en el proceso de evaluación y ser esto valido para que en la parte dispositiva se ordene SU ASCENSO AL GRADO SUPERIOR INMEDIATO; y siendo estos mismos requisitos los necesarios para optar a uno de los CARGOS COMO DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICIA NACIONAL, se le REVOQUE SU REINTEGRO dispuesto en derecho por el A Quo. Por ello, reiteramos que resulta incongruente el hecho de que la Corte de Apelaciones refiera por una parte, que no aprobó dicho proceso de selección y que no era apto para el nombramiento en el cargo como Director Nacional de la Dirección de Asuntos Internos, sin explicar el por qué arriba a esa conclusión y, por otra parte, aprecia contrariamente, que sí cumplió con los requisitos establecidos por la ley y los criterios de valoración a seguir en el proceso de evaluación, reconociéndole el derecho al ascenso, pero no al cargo, cuando como se dijo, se acreditó que los criterios de valoración son los mismos, al igual que el proceso de selección, tanto para el otorgamiento de los ascensos como para los cargos. Por lo que lo procedente era, bajo el mismo criterio, que congruentemente la Corte de Apelaciones reconociera también el derecho que tenía el Comisionado de Policía, Venancio Martínez Martínez, a optar y ser nombrado en cualquiera de las Direcciones Nacionales de la Policía Nacional y habiéndose violentado así el PRINCIPIO DE LA NO CONTRADICCION DE LA SENTENCIA y con ello violentado LAS REGLAS DE LA LOGICA de la SENTENCIA acorde al numeral 2 del artículo 207 del Código Procesal Civil, es consecuente CASAR LA SENTENCIA en el presente motivo. Qué pasa si a esto sumamos esta interrogante: ¿Es viable en materia Administrativa-laboral que un sentenciador RECONOZCA LA NULIDAD TOTAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO y NO EL RECONOCIMIENTO O RECONOCIMIENTO PARCIAL DE LA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA y RESTAR VALOR A LOS EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES?; el recurrente VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ cree que no, por lo que paso a explicar en su nombre. El hecho es, que la Corte de Apelaciones declara en el numeral primero de la parte dispositiva de su sentencia, que no está ajustado a derecho y que se anula lo referido en las resoluciones SEDS-082-2011, SEDS-138-2011, N. DGPN 094-2010 resulta acorde a lo establecido en el numeral DÉCIMO PRIMERO (11) de la fundamentación jurídica de la sentencia, en el que la misma Corte de Apelaciones tiene por acreditado lo siguiente: “Si al momento de realizar la verificación de los requisitos, este se encontraba con investigaciones pendientes, no era compatible para ser ascendido a otro grado y/o puesto, tal como así fue puntualizado por la autoridad administrativa, razón por la cual no es seleccionado para el ascenso y nombramiento al restarle puntaje a su evaluación. No obstante, el demandante acreditó a la administración, y en el proceso judicial que al momento de presentar el reclamo administrativo hizo valer los documentos que hacen constar lo contrario de aquellos hechos... de donde se deduce que el acto impugnado es ilegal y como consecuencia, al haber cumplido con los requisitos establecidos por la ley de aplicación en lo que corresponde y los criterios de valoración a seguir en el proceso de evaluación, es que procede el ascenso de grado inmediato superior del demandante, por haber infringido la autoridad administrativa la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras y la Constitución de la República en cuanto al derecho a la Defensa…”. De ahí que, siendo que se encuentra reconocido como un hecho probado en la sentencia, que los criterios de valoración son los mismos en el proceso de selección, tanto para el otorgamiento de los ascensos como para los cargos de Dirección Nacional, lo procedente era, bajo el mismo criterio, que al considerarse cumplidos los puntos relacionados a los criterios de selección que habían sido incorrectamente desvalorados y los requisitos de ley, se resolviera de la misma forma tanto el ascenso como el nombramiento de mi representado, otorgándose ambos; lo anterior, es congruente con el hecho de haberse anulado las resoluciones administrativas antes relacionadas, que se refieren, entre otros, a las razones por las cuales no se otorgó a mi representado el derecho a ser nombrado en cualquiera de las diferentes Direcciones Nacionales de la Policía Nacional, que son las mismas que la Corte de Apelaciones consideró cumplidas, no obstante lo cual, contradictoriamente expresa en el numeral NOVENO (9) de la sentencia: " que actualmente es materialmente imposible cumplir con dicha pretensión, por actos ya consumados; por consiguiente, no le corresponde, ni el reintegro, ni los derechos laborales que se solicitan por la pretensión del reintegro". Por ende, no se encuentran ajustados a derecho los criterios emitidos por la Corte de Apelaciones para no reconocer el derecho a que se nombre en dichos cargos a mi representado, establecidos en los numerales SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO de la fundamentación jurídica de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones, así como la parte dispositiva de la misma, en que se resuelve: " 2) REVOCAR el punto primero ... del numeral SEGUNDO de la parte dispositiva de la sentencia que se conoce en apelación, declarando sin lugar esa pretensión específica del demandante". El cual, también se encuentra relacionado en el preámbulo de la sentencia y consiste en que: "1) se ordena el reintegro de la demandante al cargo que ocupaba al momento de la destitución del mismo aun cargo que en todo caso deberá ser similar al puesto de trabajo que desempañaba al momento de su cancelación, o en su defecto a otro de mayor categoría". Lo anterior, puesto que al habérsele reconocido los puntos a que tenía derecho y que se le habían quitado en la evaluación, la misma Corte de Apelaciones reconoce que el acto impugnado es ilegal y como consecuencia, cumple con los requisitos establecidos por la ley y los criterios de valoración a seguir en el proceso de evaluación, por lo cual, la Corte de Apelaciones erra, al resolver por el contrario, en el numeral Dos (2) de la parte dispositiva de la sentencia, que ordena REVOCAR el punto primero ... del numeral SEGUNDO de la parte dispositiva de la sentencia que se conoce en apelación, declarando sin lugar esa pretensión específica del demandante"; siendo por ende lo procedente, que en dicho numeral, en lugar de revocar, se CONFIRMARA el punto primero del numeral SEGUNDO de la parte dispositiva de la sentencia que se conoce en apelación, declarando con lugar esa pretensión específica del demandante y ordenando que el mismo sea nombrado, no en la Dirección Nacional de Asuntos Internos, porque la misma ya no existe, pero sí en cualquiera de las otras Direcciones Nacionales de la Policía Nacional o en un cargo de mayor jerarquía, ya que se le debe reconocer que ostentaba ese derecho adquirido sobre el mismo, el que obtuvo tanto por estar desempeñándose en dicho cargo previamente como al haber aprobado el proceso de selección y reunido los requisitos establecidos en la ley para optar a dichos cargos, debiéndose respetar además, el principio de jerarquía que rige a los miembros de la Policía Nacional de Honduras. Con todo esto, puedo afirmar que al censor VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ, se le ha violentado por el Ad quem en la sentencia ahora impetrada el PRINCIPIO DE LA NO CONTRADICCION DE LA SENTENCIA y con ello, violentado LAS REGLAS DE LA LOGICA de la SENTENCIA, acorde al numeral 2 del artículo 207 del Código Procesal Civil, por lo que es consecuente CASAR LA SENTENCIA en el presente motivo.” IV.- Que no resulta admisible el anterior cargo, ya que igual que en el primero, insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil y realiza alegatos propios de instancia. V.- Que el Abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL en su carácter de representante procesal de la parte demandante, en su tercer motivo expone: “Impugnación de la sentencia definitiva de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020) dictada por La Corte De Apelaciones de lo Contencioso Administrativo De Francisco Morazán por FALTA DE APLICACIÓN e INDEBIDA INTERPRETACIÓN de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, concretamente de los artículos 1,596 del Código Civil; 5, 13 44 y 95 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras (Decreto 67-2008). PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se halla comprendido en el artículo 719. 2. del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO. Se estima como algo lógico identificar en qué ha fallado el Ad Quem en la sentencia definitiva de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020), veamos: "SEGUNDO: REFORMAR PARCIALMENTE la sentencia definitiva de fecha once de octubre del dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en consecuencia: 1) CONFIRMAR el numeral PRIMERO de la parte dispositiva de la sentencia que se conoce en apelación"; se vuelve imperativo en consecuencia determinar que le CONFIRMA el Ad Quem al A Quo; veamos: "PRIMERO: Declarar procedente la acción incoada por el señor VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en la resolución N. SEDS-138-2011 de fecha 11 de agosto del 2011 que resuelve el recurso de reposición contra la resolución N. SEDS-082-2011, misma esta que resuelve el recurso de apelación contra la resolución N. DGPN 094-2010 de fecha 14 de julio del dos mil diez, en consecuencia, se anula totalmente"Lo anterior es igual a decir, que El Juzgado de Letras y La Corte de Apelaciones de lo Contencioso administrativo ANULAN las resoluciones N.SEDS-138-2011, N. SEDS082-2011 y N. DGPN 094-2010. Al ser lo anterior de esa manera, lo inmediato en aplicarse y no lo ha observado totalmente el ad Quem y por eso, la procedencia del presente motivo de casación, es lo regulado en el artículo 1596 del Código Civil de Honduras, que a la letra dice: "La nulidad absoluta, lo mismos que la relativa, declarada por sentencia firme, dan derecho a las partes para ser restituidas al mismo estado en que se hallaban si no hubiere existido el acto o contrato nulo; siempre que la nulidad no sea por lo ilícito del objeto o de la causa, en cuyo caso no podrá repetirse lo que se ha dado pagado a sabiendas"Qué hubiese significado para VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ que El Ad Quem hubiese aplicado correctamente la norma del artículo 1596 del Código Civil de Honduras al caso de autos, dos cosas básicas: A) SER ASCENDIDO AL GRADO DE COMISIONADO GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS; y, B) SER NOMBRADO EN UNO DE LOS CARGOS DE DIRECTOR DE CUALQUIERA DE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS. Ambos extremos no suceden en su totalidad: l.- Por un extremo el ascenso al GRADO DE COMISIONADO GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS está supeditado al cumplimiento de los requisitos actuales del 2021; lo que es contrario a lo que dice la Ley en el fondo: dan derecho a las partes para ser restituidas al mismo estado en que se hallaban si no hubiere existido el acto o contrato nulo; entonces, a qué estado debió ser restituido VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ de aplicarse correctamente la NORMA DE FONDO en relación AL ASCENSO DE GRADO A ser considerado APTO TOTALMENTE PARA SER ASCENDIDO al GRADO DE COMISIONADO GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS, como si fuese JUNIO DEL 2009 y no con el procedimiento actual. II.- Por el otro extremo, es incongruente que la norma dice: dan derecho a las partes para ser restituidas al mismo estado en que se hallaban si no hubiere existido el acto o contrato nulo; por lo que cabe preguntar, a qué estado debió ser restituido VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ, de aplicarse correctamente la NORMA DE FONDO en relación AL CARGO El ser considerado APTO TOTALMENTE PARA SER NOMBRADO EN UNO DE LOS CARGOS DE DIRECTOR DE CUALQUIERA DE LAS DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS, como si fuese el 09 DE JUNIO DEL 2009. Y la vulneración al DERECHO DE APLICAR CORRECTAMENTE LA NORMA DE DERECHO, la comete el Ad Quem en la sentencia definitiva de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020), cuando falla: "2) REVOCAR el punto primero y tercero del numeral SEGUNDO de la parte dispositiva de la sentencia que se conoce en apelación, declarando sin lugar esa pretensión especifica del demandante"; siendo estos derechos que le habían sido correctamente otorgados por El A Quo, que refiere lo siguiente:" 1) se ordena el reintegro del demandante al cargo que ocupaba al momento de la destitución del mismo o a un cargo que en todo caso deberá ser similar al puesto de trabajo que desempeñaba al momento de su cancelación, o en su defecto a otro de mayor categoría 3) Se condena al Estado de Honduras a través de la secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, al pago a favor del demandante VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ, de la proporción de los pagos dejados de percibir por el cargo, aumentos salariales y demás beneficios colaterales dejados de percibir desde la fecha efectiva de su destitución del cargo que ostentaba, hasta la fecha que este sea restituido al mismo"; se APLICA INCORRECTAMENTE LA NORMA DE DERECHO utilizada en la solución del litigio, porque la norma manda que: VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ, tenga el derecho para ser restituido al mismo estado en que se hallaban si no hubiere existido el acto o contrato nulo, cual era este estado: lo repetimos por su importancia: A) SER ASCENDIDO AL GRADO DE COMISIONADO GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS; y, B) SER NOMBRADO EN UNO DE LOS CARGOS DE DIRECTOR DE CUALQUIERA DE LAS DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS. Al no concedérselo, el A Quem ha violentado LAS NORMAS DE DERECHO UTILIZADAS PARA LA SOLUCION DEL LITIGIO. En relación con lo anterior, al no reconocerle a mi representado el derecho a que se le mantuviera en el cargo que ocupaba como Director Nacional de Asuntos Internos o que se le nombrara en cualquier otra de las diferentes Direcciones Nacionales de la Policía Nacional de Honduras se violenta los derechos laborales establecidos en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras (Decreto 67-2008), que es la que regulaba la Carrera Policial del año 2009, de la que formaba parte mi representado, específicamente los artículos: ARTÍCULO 5.- La Policía Nacional actuará en el marco del más estricto respeto a los Derechos Humanos y apegada a los principios de legalidad, continuidad, profesionalismo, jerarquía, disciplina, apoliticidad partidista, igualdad, solidaridad, ética, transparencia, imparcialidad; e imprimir a sus actuaciones, sentido comunitario, ecológico y de apoyo al sistema de justicia. Lo anterior, por cuanto se le violentan los principios de legalidad, continuidad, profesionalismo y jerarquía, al no respetársele el derecho de defensa y debido proceso, así como el derecho a no ser removido del cargo sin que se le haya pedido su opinión y sin causa grave, debidamente justificada, como lo manda el párrafo cuarto del artículo 13 de la misma ley, que establece "ARTÍCULO 13…El personal que forme parte de la Dirección Nacional de Asuntos Internos estará sujeto a una modalidad especial de la Carrera Policial y no podrá ser trasladado sin su consentimiento a otra dependencia de la Policía Nacional. Tampoco podrá ser despedido sin causa grave debidamente justificada." Estableciendo además, el artículo 44 de la citada Ley, que "La organización y funcionamiento de las Direcciones Nacionales y demás órganos policiales, estarán reguladas por las disposiciones de esta Ley y de sus reglamentos"; por lo que abiertamente se irrespetó la ley, por el hecho de que el Comisionado Venancio Martinez Martinez, al fungir materialmente como Director Nacional de Asuntos Internos en el momento de su remoción, estaba sujeto a una modalidad especial de la Carrera Policial y tenía el derecho para ser restituido al mismo estado en que se hallaba si no hubiere existido el acto o contrato nulo; o sea, respetársele los principios de continuidad e inamovilidad en el cargo, que implica: 1) No ser trasladado sin su consentimiento 0 2) No ser despedido sin causa grave debidamente justificada. Y, si bien es cierto, el mismo no fue trasladado en ese momento a otra dependencia ni despedido como miembro de la Policía Nacional, sí fue removido del cargo y lo que la ley protegía era la inamovilidad del cargo debido a la función específica que en ese momento desempeñaba, acá es meritorio remarcar algo; tanto el A Quo como El A Quem CONFIRMAN LA NULIDAD ABSOLUTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRÓ AL SUSTITUTO DEL DEMANDANTE SI ASÍ FUESE EL CASO; entonces, si los efectos de la NULIDAD es ser restituido al mismo estado en que se hallaban si no hubiere existido el acto o contrato nulo y al sustituto le fue anulado su nombramiento, qué procedía?; que VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ debía ser RESTITUIDO AL CARGO DEL CUAL FUE SUSTITUIDO ILEGALMENTE; y al ya no existir dicho cargo, según las NORMAS DE DERECHO que se emplean para solventar este litigio, DEBE SER NOMBRADO EN UN CARGO DE IGUAL o DE SUPERIOR CONDICION y esto es consecuente con el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que establece en su segundo párrafo "Los nombramientos, ascensos y retiros del personal se efectuarán, respetando las normativas atinentes a cada una de las Direcciones o del destino que se le asigne", es decir, que no podían, hacerse de una forma diferente a la establecida en el artículo 13 antes citado, en lo concerniente a los retiros, específicamente del personal de la Dirección Nacional de Asuntos Internos. En ese sentido, bajo el principio de la primacía de la realidad, lo cierto es, que el Comisionado Venancio Martínez Martínez fue removido o quitado del cargo, violentando la normativa policial, así como los principios de primacía de la realidad, estabilidad y continuidad a que tenía y tiene derecho, tanto por no habérsele consultado y no haber causa justificada de remoción, como por haber aprobado el proceso de selección que le daba el derecho, no solo a continuar en su cargo, sino también a que se le nombrara en cualquier O otra Dirección Nacional de la Policía Nacional, siendo estas las descritas en el ARTÍCULO 44 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional: 1) Dirección Nacional de la Policía Preventiva; 2) Dirección Nacional de Investigación Criminal; 3) Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos; 4) Dirección Nacional de Tránsito; 5) Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación; y, 6) Dirección Nacional de Asuntos Internos. Siendo, así las cosas, estima el suscrito en nombre de VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ, que es procedente SE DECLARE CON LUGAR EL PRESENTE MOTIVO DE CASACION Y QUE LA SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RESUELVA EL FONDO por haber inobservado el ad Quem LAS NORMAS DE DERECHO EN LA SOLUCION DEL LITIGIO.” VI.- Que este tercer cargo no es admisible, dado que se incurre en los siguientes defectos: a) invoca la “FALTA DE APLICACIÓN e INDEBIDA INTERPRETACIÓN de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”, conceptos incompatibles, dado que una misma disposición no ha podido ser dejada de aplicar y a la vez, interpretada de forma errónea o indebidamente; b) de nuevo se insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia. VII.- Que en el cuarto motivo de casación, el mismo Recurrente sostiene: “Impugnación de la sentencia definitiva de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020), dictada por La Corte De Apelaciones de lo Contencioso Administrativo De Francisco Morazán, por FALTA DE APLICACIÓN e INDEBIDA INTERPRETACIÓN de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, concretamente los artículos 82 literal c) en relación a lo establecido en los artículos 14, 34 y 76 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se halla comprendido en el artículo 719. 2. del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO. El A Quem NO OBSERVA y NO APLICA lo establecido en el artículo 82 literal c), en relación a lo establecido en los artículos 14, 34 y 76 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que establecen: "Artículo 82.- Si la sentencia declarare procedente la acción: a)...; b) Si se hubieren deducido las pretensiones a que se refiere el artículo 34, reconocerá la situación jurídica individualizada y adoptará cuantas medidas sean necesarias para su pleno restablecimiento y reconocimiento y; c) Si se hubiere pretendido el resarcimiento de daños o la indemnización de perjuicios, la sentencia se limitará a declarar el derecho y quedará diferido al período de ejecución de la sentencia la determinación de la cuantía de los mismos, salvo lo previsto en el Artículo 76." (El resaltado y subrayado es propio). "Artículo 14.- Si además de la declaración de ilegalidad o de nulidad, se pretendiere el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, únicamente estará legitimado el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto impugnado". "Artículo 34.- La parte demandante legitimada conforme lo dispuesto en el Artículo 14 de esta Ley, podrá pretender, además de lo previsto en el Artículo que antecede, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda. "Artículo 76.- En el escrito de conclusiones, el demandante podrá solicitar que la sentencia formule pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios de cuyo resarcimiento se trate, si constaren ya probados en autos." Qué es la adopción de medidas necesarias para el pleno restablecimiento del derecho?: En el caso de autos, debemos ser concretos: SER ASCENDIDO VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ AL GRADO DE COMISIONADO GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS; SER NOMBRADO VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ EN UNO DE LOS CARGOS DE DIRECCIÓN DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS O EN UNO DE MAYOR CATEGORÍA, SEGÚN LE CORRESPONDA POR ANTIGÜEDAD Y JERARQUÍA y LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS PROVOCADOS POR EL ACTO NULO; al no otorgar estos extremos, el Ad Quem habiendo DECLARADO LA NULIDAD de las resoluciones N. SEDS-138-2011, N. SEDS-082-2011 y N. DGPN 0942010, ha INOBSERVADO LAS NORMAS DE DERECHO QUE DEBIO APLICAR EN LA RESOLUCION DEL LITIGIO y hace procedente la presente acción recursiva de casación. Igualmente, se debe indicar la no observación del Artículo 76 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo referente a los DAÑOS Y PERJUICIOS PROBADOS EN AUTOS porque en el numeral QUINTO del escrito de O conclusiones, constituyó una pretensión de esta parte demandante, el pronunciamiento concreto en la sentencia sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios cuyo resarcimiento se busca, los cuales constaban ya probados en autos, mediante la evacuación de los Medios de Prueba Documentales Número uno (1) y dos (2), consistentes en el Estudio Psicológico y Estudio Actuarial, que corren agregados en los folios 209 al 212 y 277 al 303, respectivamente, del Expediente de la presente Demanda, los cuales no fueron objeto de controversia en el juicio y, al desestimarlos o limitarlos el Ad Quem, habiendo DECLARADO LA NULIDAD de las resoluciones N. SEDS-138-2011, N. SEDS-082-2011 y N. DGPN 094-2010, ha INOBSERVADO LAS NORMAS DE DERECHO QUE DEBIO APLICAR EN LA RESOLUCION DEL LITIGIO y hace procedente la presente acción recursiva de casación. Siendo, así las cosas, estima el suscrito en nombre de VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ, que es procedente SE DECLARE CON LUGAR EL PRESENTE MOTIVO DE CASACION, por haber inobservado el ad Quem LAS NORMAS DE DERECHO EN LA SOLUCION DEL LITIGIO.” VIII.- Que este cuarto cargo tampoco resulta ser admisible, dado que se incurre en los siguientes defectos: a) invoca la “FALTA DE APLICACIÓN e INDEBIDA INTERPRETACIÓN de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”, conceptos incompatibles, dado que una misma disposición no ha podido ser dejada de aplicar y a la vez, interpretada de forma errónea o indebidamente; b) indica como infringido el artículo 82 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que es una disposición procesal que regula el contenido de la sentencia, por ende no se trata de una norma de derecho empleada en la solución de fondo del litigio; y, c) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. IX.- Que la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES, en su condición de representante procesal de la parte demandada, en su primer motivo de casación arguye: “Se impugna parcialmente la sentencia recurrida, de fecha 22 de octubre del 2020, en base a lo estipulado en el artículo 719 numeral 1) literal c) relacionada con el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil, a fin de solicitar en casación el Control de la motivación fáctica y congruencia de la sentencia DISPOSICIONES INFRINGIDAS: artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, 200 numerales 1) y 2) literales c) y d), 206 numeral 2), 207 numerales 1) y 2), 208 numeral 1), 713 del Código Procesal Civil, a fin de solicitar en casación si existió los ineludibles requisitos de motivación y congruencia en la Sentencia de segunda instancia, así como los hechos probados en el presente juicio, que ha debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna parcialmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 22 de octubre del 2020, específicamente en los fundamentos de derecho quinto al décimo primero en relación a la parte dispositiva numeral primero de la sentencia que se pretende casar. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 1) letra c) relacionado con el 720 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Siendo que, la sentencia recurrida, considero en base a Derecho que la misma carece de motivación y congruencia; tomando en consideración que la pretensión principal de la presente demanda la nulidad de unos actos administrativos consistentes en la Resolución DGPN N° 094-2010 de fecha 14 de Julio del 2010, Resolución SEDS -082-2011 de fecha 16 de Mayo del 2011 misma que resolvió el Recurso de Apelación contra la Resolución DGPN N 094-2010 y Resolución SEDS 138-2011 de fecha 11 de Agosto del 2011, misma que resolvió el Recurso de Reposición contra la Resolución SEDS 138-2011, en las cuales se resolvieron por las pretensiones siguientes: Nombramientos de Directores y Sub Directores de la Policía Nacional y Ascenso del demandante al Grado Superior Inmediato Comisionado General de Policía; como bien lo razonan los Honorables Magistrados; sin embargo aun teniendo claro dicha circunstancia anulan totalmente dichos actos administrativos (parte dispositiva numeral 1) de la sentencia que se pretende casar) entrando en una contradicción con los fundamentos de derecho quinto, sexto, decimo y decimo primero plasmados en la sentencia; en virtud que en dichos fundamentos, específicamente en el fundamento de derecho sexto, nos da la razón al decir "... Por lo que, los dos procedimientos mencionados anteriormente se ventilaron en el proceso de selección para ser nombrados directores y sub directores nacionales de la Policía Nacional de Honduras, tal como así quedo probado por la misma parte demandada al establecer la resolución DGPN N° 094-2010 ... es importante resaltar lo establecido en el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras en cuanto a los requisitos para Director Sub Director de la Policía Nacional de Honduras, no siendo los mismos para los requisitos del procedimiento de ascenso." Sumado a lo anterior, es claro que los Honorables Magistrados están claros en el fundamento de Derecho Decimo en el cual expresa: "... se resaltó el hecho que el demandante no fue considerado para el ascenso de grado en vista de constar que tenía procesos pendientes del Ministerio Público y en el Poder Judicial; documentación que fue solicitada por la Autoridad administrativa en su momento y que consta en autos. Estas inhabilidades son aquellas circunstancias creadas por la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada a un ascenso 'de grado, entre otros ..."; sin embargo, aun cuando están claros que él se encontraba inhabilitado por dichas denuncias, se contradicen con la parte dispositiva al ordenar un ascenso al Demandante al grado de Comisionado General, sin necesidad de proceso de evaluación, obviando que dichas situaciones se encuentra dentro del proceso de evaluación correspondiente; por tal razón y de acuerdo a lo aludido es que la sentencia que se pretende casar carece de congruencia, en todos los sentidos.” X.- Que no resulta admisible el anterior cargo, ya que aduce que la sentencia carece de motivación y congruencia, pero al tratar de explicar dicha situación, no hace referencia a ello, sino que insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil y realiza alegatos propios de instancia. XI.- La misma recurrente en su segundo motivo de casación sostiene: “Se impugna parcialmente la sentencia recurrida, de fecha 22 de octubre del 2020, en base a lo estipulado en el artículo 719 inciso b) del Código Procesal Civil DISPOSICIONES INFRINGIDAS: artículos 82 y 90 de la Constitución de la República de Honduras, 705 numeral 2) del Código Procesal Civil, 35 letra d) del Manual de Procedimiento para Ascenso y Selección de los miembros de la Policía Nacional, por falta de aplicación, que han debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna parcialmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 22 de octubre del 2020, específicamente en el fundamento de Derecho doce PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 1) letra b) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Siendo que, en la sentencia recurrida, se consignó en el fundamento de Derecho Segundo (12) ...por lo que es claro que en ningún momento se comunica o notifica al demandante de su puntaje final, para realizar los descargos del caso (casilla de Ministerio Público y Poder Judicial), con el objeto de garantizar el Derecho a la defensa, previo a las ascensos y nombramiento se hayan consumado. En cuanto a que el demandante debió de tenerse por notificado del acto tácito de que no fue calificado para será ascendido de grado o nombrado en las Direcciones Generales de la Policía, es atentar contra un debido proceso, el cual debe de garantizar que el agraviado haga uso de su derecho de defensa y sus respectivos descargos antes de que se emita cualquier resolución en su contra, no ya consumados los actos como también lo dice la administración"; es oportuno mencionar que existe una Orden del Día N° 002-2009 de la Policía Nacional para el día martes 09 de Junio del 2009, la cual se le dio lectura a las disposiciones de carácter general, donde claramente en el numeral segundo de dicha orden acuerda lo siguiente: " Mediante Acuerdo Ejecutivo Número 009-2009 de fecha 01 de Junio del 2009, Ascender al Grado Inmediato superior de Comisionado de Policía a Comisionado General a los Señores oficiales siguientes ... ; sin mencionar el nombre del Demandante en dicha orden, dicha orden fue comunicada de manera verbal en la Ceremonia de Ascensos; portal desde ese momento el Comisionado de Policía Venancio Martínez Martínez tuvo conocimiento de que no fue considerado para el Ascenso a Comisionado General, partiendo de esta premisa es que el demandante tenía 6 días para presentar su Reclamo ante la Dirección General de la Policía Nacional, según el artículo 35 letra d) del Manual de Procedimientos para la Selección y Ascenso de los Miembros de la Policía Nacional Preventiva (Acuerdo Número 516-1999 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 24 de Noviembre de 1999) que expresa: "Al concluir el proceso de ascenso el Consejo General, notificará las resoluciones a los interesados y si hubieren reclamos a las mismas, los perjudicados tendrán seis (6) días hábiles para gestionar el reclamo ante el Señor Director General"; aunado a lo anterior el Consejo General en ese momento lo presida el Director General de la Policía Nacional, mismo que firmó la Orden del Dia N° 002-2009. En otro orden de ideas tal y como quedo acreditado en las Defensas Previas alegadas en el momento Procesal oportuno que fue hasta el 14 de Diciembre del 2009, el demandante presentó ante esta Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad Reclamo Administrativo en donde solicita reconsideración sobre el Ascenso al Grado de Comisionado general de Policía, actuación derivada del día 09 de Junio del 2009, en la Ceremonia de Ascenso, donde se le dio lectura a la Orden del Dia N° 002-2009, realizando su reclamo seis meses después y al no haberlo impugnado en el término establecido en el Manual correspondiente le prescribió cualquier tipo de reclamo al respecto; siendo oportuno mencionar que dicho alegato fue ventilado en todo el proceso judicial en primera y segunda instancia.” XII.- Que no resulta admisible el anterior cargo, ya que la Censora del fallo señala en el precepto autorizante, que lo considera comprendido en el artículo 719 numeral 1) literal b) del Código Procesal Civil, que se refiere a la impugnación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, pero al indicar las normas infringidas señala que las mismas son por falta de aplicación que han debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio, lo cual resulta contradictorio.- También, se insta nuevamente la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código citado, donde además, se hace relación a una cuestión que fue resuelta en el momento procesal oportuno. XIII.- Que la misma Impetrante en el tercer y último motivo invoca: “Se impugna parcialmente la sentencia recurrida, de fecha 22 de Octubre del 2020, en base a lo estipulado en el artículo 719 numeral 1) inciso b) del Código Procesal Civil DISPOSICIONES INFRINGIDAS: artículos 82 y 90 de la Constitución de la República de Honduras, 705 numeral 2) del Código Procesal Civil, Manual de Procedimiento para Ascenso y Selección de los miembros de la Policía Nacional (Acuerdo 516-1999), por falta de aplicación, que han debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna parcialmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 22 de octubre del 2020, específicamente en la parte dispositiva numeral Segundo inciso tercero de la sentencia que se pretende casar. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 1) letra b) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Siendo que, en la sentencia recurrida, se consignó en la parte dispositiva numeral segundo, inciso 3) "SEGUNDO: ... 1) ... 2) ... 3) REFORMAR el punto segundo del numeral segundo de la parte dispositiva de la sentencia que se conoce en apelación, el cual debe de leerse de la siguiente manera: se reconoce a favor del demandante el ascenso al grado de Comisionado General, mediante el procedimiento existente al momento de ejecución de la sentencia, sin necesidad de un proceso de evaluación, en vista de ya fue superado dicho proceso"; de lo anterior plasmado, se evidencia que existe una contradicción de parte de los Honorables Magistrados, en relación a que le otorgan un derecho mediante el procedimiento existente al momento de ejecución y después que se realice sin necesidad de un proceso de evaluación; olvidando que los Ascensos de la Policía Nacional es una materia especialísima y que se realizan de acuerdo a lo estipulado en los Manuales y Reglamentos ya establecidos, sumado a ello es una atribución y facultad exclusiva de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a través del Consejo General de Ascensos y es completamente improcedente otorgarle un grado al demandante (Comisionado General) que correspondía al año 2009, con un procedimiento del año 2021 en adelante tomando en consideración la fecha de ejecución de la sentencia, entendiéndose que la Ley no tiene efecto retroactivo, solo en materia penal, tal y como lo dispone el artículo 7 del Código Civil de Honduras. Asimismo llama seriamente la atención lo plasmado en cuanto a otorgarle el ascenso sin necesidad de un proceso de evaluación, infringiendo por completo lo ordenado en el Manual de Procedimiento para Ascenso y Selección de los miembros de la Policía Nacional (según acuerdo 516-1999), siendo dicho Manual el aplicable y vigente en el proceso de Ascenso del año 2009, donde se establece las normas, disposiciones y requisitos para la selección de candidatos de ascenso; los cuales el mismo no cumplió, por lo que solicito dicha sentencia sea casada por las razones antes expuestas.” XIV.- Que no resulta admisible el anterior cargo, ya que se nuevo se señala en el precepto autorizante, que lo considera comprendido en el artículo 719 numeral 1) literal b) del Código Procesal Civil, que se refiere a la impugnación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, pero al indicar las normas infringidas señala que las mismas son por falta de aplicación que han debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio, lo cual resulta contradictorio.- También, se insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código citado XV.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los 4 motivos propuestos por el Abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL representante procesal de la parte demandante y los 3 motivos formalizados por la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES, representante procesal demandada, en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil. XVI.- Consecuentemente en esta presente etapa procesal procede declarar inadmisible los recursos de casación relacionados, dejando establecido que de conformidad a lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil en su numeral 1) que contra esta resolución no cabe recurso alguno. Sin condena en costas, por estimarse haber tenido motivos racionales para litigar. POR TANTO: La Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo pronunciándose por unanimidad de votos en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 reformado ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 79, 129 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 724, 725 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 del reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; profiere el presente RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACION, formalizado por el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, representante procesal de la parte demandante, en sus cuatro motivos; 2) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACION, formalizado por la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES, representante procesal de la parte demandada, en sus tres motivos; 3) DECLARAR FIRME la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional; 4) SIN COSTAS, por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. - Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de junio del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA162-21. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

[1]ITURRALDE SESMA, Victoria. Aplicación del Derecho y Justificación de la Decisión Judicial. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003, pág. 252