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Sentencia CA-161-21 — Registro 12837

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acciòn interpuesta por la demandante por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación por cesantia, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) en la formulación se indica el concepto “…falta de aplicación e interpretación…” lo cual hace que el cargo carezca de claridad y precisión, ya que los concepto de falta de aplicación e interpretación errónea son distintos e incompatibles entre sí, que se deben invocar en forma separada por la independencia de los cargos; b) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) se alude a los artículos 321 de la Constitución de la República, 53 de la Ley de Servicio Civil, 4, 8, 11 numerales 1) 7) 8) de la Ley de Propiedad, 83, 84, 104 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedades y 1 del Decreto PCM 046-2014, disposiciones que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación; y f) en el desarrollo se realizan extensos alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario. Además, es importante recordar que al momento de formular una proposición jurídica, esta debe ser precisa y clara y completa, en el caso particular, se indican en forma indiscriminada distintas normas procesales que regulan distintos requisitos formales en las sentencias ya sea de naturaleza general o específicos en el contenido de las mismas, falencias que se deben demostrar en la explicación situación que no acontece en el presente motivo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) en la formulación se indica el concepto “…falta de aplicación e interpretación…” lo cual hace que el cargo carezca de claridad y precisión, ya que los concepto de falta de aplicación e interpretación errónea son distintos e incompatibles entre sí, que se deben invocar en forma separada por la independencia de los cargos; b) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) se alude a los artículos 321 de la Constitución de la República, 53 de la Ley de Servicio Civil, 4, 8, 11 numerales 1) 7) 8) de la Ley de Propiedad, 83, 84, 104 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedades y 1 del Decreto PCM 046-2014, disposiciones que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación; y f) en el desarrollo se realizan extensos alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario. Además, es importante recordar que al momento de formular una proposición jurídica, esta debe ser precisa y clara y completa, en el caso particular, se indican en forma indiscriminada distintas normas procesales que regulan distintos requisitos formales en las sentencias ya sea de naturaleza general o específicos en el contenido de las mismas, falencias que se deben demostrar en la explicación situación que no acontece en el presente motivo.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada ROSA ANA GIRON AMADOR y, Recurrido: La señora CARMEN LORENA ORDOÑEZ MONCADA, representada en juicio por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda contencioso administrativa para que declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, reconocimiento de una situación jurídica individualizada de cancelación o separación injusta e ilegal y como medida para su pleno restablecimiento se le reintegre o restituya en el cargo, más el pago de los sueldos dejados de percibir y los derechos adquiridos, así como los aumentos de salarios que se otorgaren al cargo que desempeñaba la demandante, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la señora CARMEN LORENA ORDOÑEZ MONCADA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante manifestó en el escrito de su acción, que ingresó mediante acuerdo de nombramiento N° 902 de fecha 05 de septiembre de 1996, en el cargo de Calificador del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de La Paz, con un sueldo inicial de L.1,050.00; que posteriormente mediante acuerdo N°757 de fecha 10 de abril del 2003 fue ascendida y trasladada al cargo de Calificador de Registro II del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán; y que finalmente mediante acuerdo N°236-2005 de fecha 29 de julio del 2005, la Dirección General de Registro del Instituto de la Propiedad acordó nivelarle el salario a partir del 01 de julio del 2005, conforme a la nueva estructura de puestos y salarios aprobada por la Secretaría de Finanzas y ascendida al cargo de Asistente de Registro, con un salario de L.5,961.00, y que al momento de la cancelación estaba devengando un salario de L.12,814.00; manifestó además que sorpresivamente mediante Acuerdo número No. DGRCyG-027/2015 de fecha 04 de febrero del 2015, fue cancelada por cesantía del cargo de Asistente de Registro dependiente de la Coordinación Regional de Registros de la Dirección General de Registros, Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad y efectivo a partir del 05 de febrero del 2015, haciendo mención que se dio la cancelación por reducción de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa; alegó que dicho acuerdo de cancelación, es susceptible de nulidad y que no estaba ajustado a derecho, por las razones de que no era una empleada temporal sino que permanente, que acordaron efectuar un movimiento de personal sin estar autorizado por la Dirección General de Servicio Civil, y que ni tan siquiera se fundamentó con la Ley de Servicio Civil, para establecer en qué consistía su cancelación; además no se determinó con claridad si fue cancelada por razones presupuestarias o bien por razón de obtener una más económica organización administrativa, mismas que eran diferentes y por consiguiente dicha acción de cancelación era ambigua y susceptible de nulidad; que la adopción de dicha acción fue contraria a derecho por haberse dictado en abierta contradicción a la Constitución de la República, Ley de Servicio Civil y sus Reformas y su Reglamento, y la Ley de Propiedad, por cuanto no se observó el procedimiento legalmente establecido, para el régimen de cancelación por cesantía o despido en el que de existir un expediente disciplinario respetando los procedimientos establecidos en la Ley de Servicio Civil y al no existir, no había causa justificada para la aplicación del mismo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando los hechos de la demanda señalando que consta en el expediente personal de la demandante que mediante acuerdo N°235-2005 de fecha 29 de julio del 2005, por medio del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, conforme a ley nombró una comisión para evaluar al personal proveniente del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, y que de cuya evaluación resultó la determinación de absorber de forma permanente a la demandante en el puesto de calificadora, pero que posteriormente fue nivelada y asumió el cargo de Asistente de Registro, conforme la nueva estructura de puestos y salarios aprobada por la Secretaría de Finanzas; alegó que el acuerdo de cancelación N° DGRCyG-027/2015, de fecha 4 de febrero del 2015 se encontraba emitido conforme a derecho, dando cumplimiento a los deberes señalados en los artículos 321 de la Constitución de la República; 118 de la Ley General de la Administración Pública; 5 numeral 16) adicionado de la Ley de Propiedad; 83 numeral 2, 84, 85, 86 y 87 del Reglamento de Personal vigente del Instituto de la Propiedad; haciendo uso también de las facultades que le confiere la Ley de Propiedad en el artículo 14 numerales 1), 2), y 3) y basado en el Decreto Ejecutivo PCM-046-2014 mediante el cual el Presidente de la República en Consejo de Ministros autorizó al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad para que procediera a realizar la restructuración del Instituto de la Propiedad pudiendo suprimir, reunir, crear, organizar sus dependencias, así como quedando facultado para descentralizar, desconcentrar o tercerizar los servicios que presta; por lo que el Consejo Directivo en sesión ordinaria de trabajo N° 002-2015 de fecha 28 de enero del 2015 por unanimidad aprobó la restructuración del Instituto de la Propiedad en todas sus direcciones, pudiendo la Dirección Administrativa en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos darle prioridad a las direcciones que así lo ameritaran, tal fue el caso de la Dirección de Registro, Catastro y Geografía; por lo que la acción de cancelación por cesantía de la demandante estaba de acuerdo al fundamento legal antes citado. Asimismo y de acuerdo a lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, en el cual manifiesta procederá la cesantía de uno o más servidores públicos por reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa y en vista de que el Instituto de la Propiedad no se ha incorporado a la Dirección General de Servicio Civil, es del entendido pues, que no es necesario el dictamen del Consejo de Servicio Civil, por lo que antes de proceder a la cancelación por cesantía, la autoridad nominadora fue autorizada por el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad; además argumentó que si bien es cierto el Instituto de la Propiedad fue creado mediante Decreto Legislativo N° 82-2004 como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, no es menos cierto que dentro de sus atribuciones era también la de crear un reglamento interno de personal donde los empleados de esta estarían sujetos al mismo, como servidores y funcionarios del mismo, aplicándoles dicho reglamento y ejecutando las labores bajo la dirección, dependencia y subordinación en cada una de las unidades que existan; señaló que el artículo 1 de dicho Reglamento de Personal Acuerdo CD-IP-2011, establece que "El presente reglamento de personal del Instituto de la Propiedad, regula las condiciones de trabajo a que deberán sujetarse el Instituto de la Propiedad (IP), los servidores y funcionarios dentro de la clasificación de tales que en el mismo contrate para la prestación de sus servicios, en cada una de las dependencias, en el territorio nacional"; es por ello que no es aplicable en este caso la Ley de Servicio Civil, así como lo argumentó la parte demandante, pues ella ya formaba parte del Instituto de la Propiedad por lo que se entiende que estaba regulada por el referido Reglamento de Personal, ya que era un régimen especial aplicado a dichos empleados por lo que no es permisible que la ahora demandante alegue en su demanda que está regida por la Ley de servicio Civil a sabiendas de la existencia del reglamento a que estaba sujeta; en dicho reglamento es en donde están plasmados todos sus derechos como también sus obligaciones como todo aquello concerniente al desarrollo de trabajo ordenado y disciplinado en un marco de justicia y dignidad personal del IP; y que en ningún momento se violentaron ni disminuyeron derechos de los que alude la demandante, y que al emitirse el acuerdo N° DGRCyG-027/2015, se hizo con las formalidades que rigen al Instituto de la Propiedad, también lo que dispone su Reglamento de Personal vigente; asimismo alegó que al no encontramos incorporados a la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, tal como claramente lo estipula el artículo 84 del Reglamento de Personal Vigente del Instituto de la Propiedad que dice: "Al no encontrarse incorporado a la Dirección General de Servicio Civil, no será necesario el dictamen del consejo del Servicio Civil, sin embargo antes de proceder a la cancelación por cesantía deberá tenerse la Autorización del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, siempre que el reglamento de personal no contenga dicho procedimiento” y que en presente caso la cancelación por cesantía, estaba claramente estipulada en el Reglamento de Personal Vigente del Instituto de la Propiedad, en aplicación al Decreto PCM046-2014 y en cumplimiento de lo señalado en los artículos 321 de la Constitución de la República y 118 de la Ley General de la Administración Pública; y haciendo uso de las facultades que le confiere la Ley de Propiedad en sus artículos 4,8,10 y 14 numerales 1), 2) y 3) de la Ley de Propiedad. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de agosto del 2018, dictó sentencia misma que en su parte conducente: “FALLA: PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción promovida por la ciudadana CARMEN LORENA ORDOÑEZ MONCADA; por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el ACUERDO DE CANCELACIÓN POR CESANTÍA NO. DGRCYG-027/2015 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015 y efectivo a partir del 05 DE FEBRERO DE 2015, emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CATASTRO Y GEOGRAFÍA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por medio del cual se canceló por cesantía a la Demandante; en consecuencia, SE ANULA TOTALMENTE EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada de la demandante CARMEN LORENA ORDOÑEZ MONCADA y para su pleno restablecimiento se adoptan las medidas siguientes: 1) Adoptar el Reintegro de la demandante CARMEN LORENA ORDOÑEZ MONCADA al cargo de ASISTENTE DE REGISTRO, en la DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CATASTRO Y GEOGRAFÍA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- En caso de ser materialmente imposible el Reintegro de la demandante al cargo relacionado, deberá ser reintegrada a otro puesto de igual categoría y en las mismas condiciones. 2) Condenar al Estado de Honduras, a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CATASTRO Y GEOGRAFÍA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, al pago, a favor de la demandante CARMEN LORENA ORDOÑEZ MONCADA, de las salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación (05 DE FEBRERO DE 2015) hasta la fecha en que sea efectivamente reintegrada, más el pago de los de beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, decimocuarto mes, décimo tercer mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder; Cálculo que se difiere para la Fase de Ejecución de la Sentencia Definitiva. TERCERO: Se decreta, en su caso, la nulidad del Acto Administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto(a) del Demandante. CUARTO: Se exime del pago de costas a la parte demandada, vencida en juicio por tener motivos suficientes para litigar…”; bajo el criterio, que, de la revisión del expediente administrativo, así como del estudio y valoración de las pruebas aportadas por las partes en el presente caso, se desprende que el acto administrativo impugnado y por medio del cual se canceló por cesantía a la demandante, se dictó con infracción al ordenamiento jurídico. Lo anterior, debido a que no basta con consultar al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad sobre la procedencia de una cesantía, y que se obtenga una respuesta favorable, para estimar que con esto se ha evacuado todo el procedimiento para cancelar por cesantía a un empleado protegido par dicho Reglamento. Para que la Autoridad Nominadora pueda ejercer la facultad establecida en el artículo 83 del Reglamento de Personal vigente del Instituto de la Propiedad, es necesario que se fundamente y notifique al empleado por cuál de las excepciones calificadas ha sido cancelado de su cargo, notificación que debe ser realizada con al menos un mes de anticipación. Aunado a ello, no consta en el expediente administrativo la cancelación de la plaza de la demandante, pues tal y como lo establece el acto administrativo impugnado se procedió a la cesantía por reducción de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. De igual forma y con fundamento en la garantía constitucional de la estabilidad laboral, la Autoridad Nominadora debe tomar en cuenta, tanto la antigüedad laboral como los valores y calificaciones de las evaluaciones del desempeño, para así decidir a qué servidores públicos afectará. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 22 de octubre del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que la Administración Pública, en este caso el Instituto de la Propiedad, si bien cuenta con un Decreto Ejecutivo que lo autoriza a realizar una reestructuración administrativa, se extralimita y mal utiliza este documento como tal, para afectar los intereses y derechos de los servidores públicos sin el respaldo específico para cada una de las gestiones que comprenderá la reestructuración, ya que no se acreditaron dichas gestiones antes mencionadas. Nótese que dicho Decreto contiene lineamientos generales, no específicos para la cancelación del recurso humano, debiendo de haber dado cumplimiento al Reglamento de Personal que ya tienen y está vigente, teniendo incorporada la figura de la cesantía y en lo no previsto aplicar la ley suplible, como ser la Ley de Servicio Civil, con el ánimo de aplicar legalmente la figura de la cesantía; por lo que al no aplicar la ley suplible en su totalidad bajo el Principio de Legalidad, se cometió infracción al ordenamiento jurídico al emitir el acto administrativo impugnado. Dicho actuar, si bien pareciera que están enmarcadas en ley, por la autorización que se le concede al IP mediante el Decreto Ejecutivo, desvía sus facultades y transgrede normas Constitucionales como ser el Derecho a la Estabilidad Laboral, al no dar cumplimiento ni al Reglamento de Personal del IP y tampoco a la Ley de Servicio Civil, provocando la nulidad del acto impugnado. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada ROSA ANA GIRON AMADOR, en fecha 07 de enero del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 22 de octubre del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 089-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.073-2015 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 20 de enero del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, presentó en fecha 09 de marzo del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 18 de marzo del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 23 y 26 de marzo del 2021, los Abogados OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO y ROSA ANA GIRON AMADOR, respectivamente. 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 05 de mayo del 2021, teniendo por personados a los Abogados ROSA ANA GIRON AMADOR, como recurrente, y OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, por falta de aplicación e interpretación de los artículos 200, numeral 2), incisos b) y c); 206, numeral 1), 207, numeral l) y 208 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil. Citando textualmente dichos artículos de la manera siguiente: Articulo 200, numeral 2), inciso b) "CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: b) En los antecedentes de hecho se consignaran, con la claridad y concisión posibles... c) En los fundamentos de derecho se expresaran, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso...” Artículo 206, numeral 1) "CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas." Artículo 207, numeral 1) "MOTIVACIÓN. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho." Artículo 208, numerales 1) y 2) "CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos...". DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 200, numeral 2), incisos b) y c); 206, numeral 1), 207, numeral 1) y 208 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada en fecha 22 de octubre de 2020, por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, excepto en cuanto a disponer "SIN COSTAS". PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 1), inciso c) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Siendo que la sentencia recurrida en lo que corresponde al FUNDAMENTO DE DERECHO QUINTO (5): “… el IP emitió el acto impugnado conforme a derecho y en aplicación al Decreto Ejecutivo PCM-046-2014 mediante el cual se autoriza al Presidente del Consejo Directivo del IP para que realice la reestructuración de dicha institución... en consecuencia, efectivamente el IP cuenta con un Decreto que lo autoriza para realizar una reestructuración administrativa..." El Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, en sesión ordinaria de trabajo número Dos del año 2015 (002-2015), en fecha 28 de enero de 2015 por unanimidad aprobó la reestructuración del Instituto de la Propiedad en todas sus Direcciones, por lo que la Dirección de Registros, Catastro y Geografía; procedió a la cancelación del Acuerdo de Nombramiento de la demandante, conforme a lo estipulado en el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo PCM 046-2014, que corresponde a la nueva estructura organizativa del Instituto de la Propiedad, mismo que literalmente señala: “Autorizar al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad para que proceda a realizar la reestructuración de dicha Institución, pudiendo suprimir, reunir, crear o reorganizar sus dependencias; quedando también facultado para descentralizar, desconcentrar o tercerizar los servicios que presta." En el presente caso existe la figura de reestructuración o reorganización, que consiste en la supresión de puestos de trabajo, el cual procedió a efectuar el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, con el fin de garantizar la eficiencia en los servicios que presta y con la autorización del Presidente de la República en Consejo de Ministros y de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 321 de la Constitución de la República y 4, 8, 11 numerales 1), 7) y 8) de la Ley de Propiedad, que me permito transcribir literalmente : Constitución de la República. "ARTICULO 321: Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley...". Ley de Propiedad “Artículo 4. Crease el Instituto de la Propiedad (IP) como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República. Tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, funcionará con independencia técnica, administrativa y financiera." Artículo 8. El Consejo Directivo es el órgano de decisión y dirección superior del Instituto de la Propiedad (IP)..." "Articulo 11. El Secretario Ejecutivo tendrá las funciones siguientes: 1). Orientar, dirigir, coordinar supervisar, controlar, facilitar la gestión administrativa del Instituto de la Propiedad (IP); 7). Firmar actos, contratos y convenios en las áreas de su competencia; y, 8). Las demás que le señale la Ley o el Consejo Directivo.". En vista, que las normas jurídicas comprenden la Constitución de la República, los Tratados Internacionales, la ley general, la ley especial (SIENDO LA LEY DE LA PROPIEDAD UNA LEY ESPECIAL CREADA MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO No. 82-2004), los Reglamentos, la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia emanada exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, Establece Que Sin Perjuicio De Lo Que Las Leyes Dispongan (lo subrayado y en negrita es nuestro), el personal del Instituto de la Propiedad está sujeto al Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad , así como la Ley de Propiedad, la cual crea el Instituto de la Propiedad como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, en consecuencia el personal del Instituto de la Propiedad, está sujeto al Reglamento de Personal. Asimismo en el FUNDAMENTO DE DERECHO SEXTO (6): "El artículo 53 de la Ley de Servicio Civil y 83 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad ... sientan las bases del procedimiento de reestructuración administrativa en la Administración Pública y en el Instituto de la Propiedad respectivamente, entendiéndose como reestructuración administrativa a la modificación de unidades administrativas en cuanto a su gestión, normativa, tecnología, infraestructura, recursos humanos y estructura ... En conclusión, la Administración Pública, en este caso el Instituto de la Propiedad, si bien cuenta con un PCM que lo autoriza realizar una reestructuración administrativa, ... debiendo de haber dado cumplimiento al Reglamento de Personal que ya tienen y está vigente, teniendo incorporada la figura de la cesantía y en lo no previsto aplicar la ley suplible, como ser la Ley de Servicio Civil, con el ánimo de aplicar legalmente la figura de la cesantía; por lo que al no aplicar la ley suplible en su totalidad bajo el Principio de Legalidad, se cometió infracción al ordenamiento jurídico al emitir el acto administrativo impugnado". En ningún articulado del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, se obliga adscribirse al régimen de Servicio Civil, ya que lo que contempla el Artículo 84 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad "En vista de que el IP no se ha incorporado a la Dirección General de Servicio Civil, no será necesario el dictamen del Consejo de Servicio Civil,...” Lo subrayado y en negrita es nuestro. Encontrándose acreditado en autos de la pieza principal del expediente 073-15- J (4), que el Instituto de la Propiedad no está adscrito al Régimen de Servicio Civil, por consiguiente el Instituto de la Propiedad, cuenta con su propio Reglamento de Personal, regulándose en el mismo las condiciones de trabajo, a los cuales están sujetos los servidores y funcionarios que prestan sus servicios para el Instituto de la Propiedad, el que se relaciona con la respuesta efectuada por la Dirección General de Servicio Civil, en fecha 04 de mayo de 2016, manifestando en la misma que se realizaron las investigaciones pertinentes, por lo que procedieron a informar al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo "Que el Instituto de la Propiedad hasta la fecha no ha hecho la gestión para incorporarse al Régimen de Servicio Civil. Por lo tanto el no estar incorporados al Régimen de Servicio Civil, los servidores públicos que laboran en dicho Instituto no están protegidos por la Ley de Servicio Civil.". El informe en referencia se encuentra agregado a folios 166 y 167 del expediente número 069-15-7, el cual fue del conocimiento del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. Si bien es cierto que el Artículo 104 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, establece "En lo no previsto en este Reglamento de Personal, se estaría las disposiciones legales establecidas en la Ley del Servicio Civil." No es menos cierto que en el presente caso no opera la supletoriedad, ya que en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, se regula de forma clara y precisa, la figura de la cesantía, concretamente en el Artículo 83 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, relacionado en el Fundamento de Derecho Sexto (6) en la sentencia dictada en fecha 22 de octubre de 2020, por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional. De igual manera el FUNDAMENTO DE DERECHO SÉPTIMO (7): “... si bien pareciera que están enmarcadas en ley, por la autorización que se le concede al IP mediante el PCM,... al no dar cumplimiento ni al Reglamento de Personal del IP y tampoco a la Ley de Servicio Civil, provocando la nulidad del acto impugnado." La acción de cancelación por cesantía de la demandante, consistente en el acuerdo de cancelación No. DGRCYG-027/2015 de fecha 4 de febrero de 2015, se emitió en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 83, 84 y 104 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, que me permito transcribir: Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad "Articulo 83: De acuerdo con lo previsto en el Articulo cincuenta y tres (53) de la Ley de Servicio Civil, procederá la cesantía de uno o más servidores públicos en cualquiera de los casos excepcionales siguientes: 1. Reducción ... 2. Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa." "Artículo 84: En vista de que el IP no se ha incorporado a la Dirección General de Servicio Civil, no será necesario el dictamen del Consejo de Servicio Civil, sin embargo antes de proceder a la cancelación por cesantía deberá tenerse la autorización del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad... " "Articulo 104: En lo no previsto en este Reglamento de Personal, se estará a las disposiciones legales establecidas en la Ley del Servicio Civil." Relacionado con el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo PCM 046-2014 “Autorizar al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad para que proceda a realizar la reestructuración de dicha Institución, pudiendo suprimir, reunir, crear o reorganizar sus dependencias; quedando también facultado para descentralizar, desconcentrar o tercerizar los servicios que presta." Por consiguiente los Honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, inobservaron lo prescrito en los artículos 200, numeral 2), incisos b) y c); 206, numeral 1), 207, numeral 1) y 208 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil, es decir, que la sentencia emitida en fecha 22 de octubre de 2020, por el ad quem, no es clara, precisa y exhaustiva, por ende no está suficientemente motivada y la misma no es congruente con lo aportado durante el proceso de la demanda, tanto en primera instancia, como en segunda instancia. Asimismo la sentencia recurrida de fecha 22 de octubre de 2020, no fue emitida respetando y manteniendo los principios del razonamiento y la lógica jurídica, apreciación y valoración de las pruebas aportadas en el desarrollo del presente juicio. Reiteramos que el Instituto de la Propiedad no se encuentra incorporado al Régimen de Servicio Civil,,... Por lo tanto el no estar incorporados al Régimen de Servicio Civil, los servidores públicos que laboran en dicho Instituto no están protegidos por la Ley de Servicio Civil”. 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) en la formulación se indica el concepto “…falta de aplicación e interpretación…” lo cual hace que el cargo carezca de claridad y precisión, ya que los concepto de falta de aplicación e interpretación errónea son distintos e incompatibles entre sí, que se deben invocar en forma separada por la independencia de los cargos; b) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) se alude a los artículos 321 de la Constitución de la República, 53 de la Ley de Servicio Civil, 4, 8, 11 numerales 1) 7) 8) de la Ley de Propiedad, 83, 84, 104 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedades y 1 del Decreto PCM 046-2014, disposiciones que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación; y f) en el desarrollo se realizan extensos alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario. Además, es importante recordar que al momento de formular una proposición jurídica, esta debe ser precisa y clara y completa, en el caso particular, se indican en forma indiscriminada distintas normas procesales que regulan distintos requisitos formales en las sentencias ya sea de naturaleza general o específicos en el contenido de las mismas, falencias que se deben demostrar en la explicación situación que no acontece en el presente motivo. 3.- Que en un segundo motivo se aduce: “Se impugna la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, por falta de aplicación de los artículos 82 de la Constitución de la República, 205 numeral 1 y 721 numeral 1 del Código Procesal Civil. Citando textualmente los referidos artículos de la manera siguiente: Constitución de la República Articulo 82: “El derecho de defensa en inviolable...". Código Procesal Civil Articulo 205 numeral 1 "RESOLUCIONES DEFECTUOSAS Y SUBSANACIÓN. 1. Las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias..." Articulo 721 numeral 1 "INTERPOSICIÓN Y FORMALIZACIÓN. 1. El recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte (20) días siguientes al de la notificación...” DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 82 de la Constitución de la República, 205, numeral 1 y 721 numeral 1 del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada en fecha 22 de octubre de 2020, por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, excepto en cuanto a disponer “SIN COSTAS". PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 1, inciso c) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha 22 de octubre de 2020, emitió Sentencia, omitiendo en el acápite PARTE DISPOSITIVA, establecer que recurso y plaza procede contra la Sentencia en referencia, es evidente que no se da lo ordenado en las disposiciones legales antes transcritas, por lo tanto existe una aplicación indebida en las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y de esa manera queda en estado de indefensión el Estado de Honduras, a través del Instituto de la Propiedad. CONCLUSIÓN: Con los medias de prueba aportados y evacuados y con los fundamentos de derecho en que se basó la defensa, se acredito fehacientemente, que el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizó causa legal válida y que se siguió el procedimiento legal establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y el Decreto Ejecutivo PCM-046-2014 para la cancelación del Acuerdo de la demandante, ya que los empleados y servidores del IP; se rigen por el Reglamento de Personal Acuerdo -CD-IP-2011. Asimismo es evidente que la presente sentencia carece de fundamentos y argumentaciones válidos para que se lleve a cumplimentar la misma”.”. 4.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) carece de claridad y precisión, ya que en la formulación se indica la falta de aplicación y en la explicación la aplicación indebida concepto de violación a la ley, que se deben precisar por la independencia de los cargos; b) la normas señaladas como infringidas no tiene relación con la situación jurídica planteada en el sub-judice; c) igualmente el precepto autorizante, no concuerda con las normas señaladas como infringidas, causal que se invoca, en relación a la vulneración de normas procesales que regulan los requisitos formales de carácter general o específicos de las sentencias, establecidas en el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria; d) en la explicación se insta a la valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y e) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario. 5.- Que de conformidad a lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la Republica, a la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. 6.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. 7.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de agosto del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de junio del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA161-2021. FIRMA Y SELLO.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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