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Sentencia CA-160-21 — Registro 12836

Resumen

En primera instancia se declarar parcialmente procedente la acción promovida por el señor demandante, en el único sentido de reconocerle las salarios dejados de percibir desde la fecha de la ilegal cancelación hasta que quede firme la presente sentencia,se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el cargo anterior no resulta admisible, dado que la Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) en su formulación no indica las normas de derecho infringidas; b) no precisa si se trata de falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas, lo cual vuelve confuso el concepto de la infracción; c) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) en su explicación realiza alegatos propios de instancia..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

---"En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil, siendo que dicha disposición exige que en la fundamentación de los recursos devolutivos, se debe determinar en todo caso, el perjuicio o agravio sufrido, identificando el vicio o error que lo causa. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 721 numeral 2) del referido Código, exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. V.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada MICHELLE JARED BUSTILLO GARCÍA; y, Recurrido: El señor NELSON GEOVANY RODRÍGUEZ AMAYA, representado en juicio por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda contencioso administrativa para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, reconocimiento de una situación jurídica individualizada de cancelación o separación injusta e ilegal y como medida para su pleno restablecimiento se le reintegre o restituya al cargo, o a otro de igual categoría y salario, más el pago de los sueldos dejados de percibir que le corresponden a partir de la fecha de la cancelación injusta hasta la fecha que sea reintegrado al cargo, más el pago de los derechos adquiridos, como decimotercer mes, decimocuarto mes y vacaciones que corresponda, así como los aumentos que resulte en relación a mi cargo durante la sustanciación del juicio; asimismo se decreta la nulidad del acto por el cual se hubiere designado el sustituto del cargo, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor NELSON GEOVANY RODRÍGUEZ AMAYA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP), por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante manifestó en el escrito de su acción, que la relación de servicio con la demandada, fue desde el 16 de enero del 2012, donde fue nombrado mediante acuerdo No. 016/2012, en el cargo de Guardia de Seguridad del Director Nacional de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Judicial (DIECP), y devengaba un sueldo mensual de L. 15,000.00; y que sorpresivamente, mediante Acuerdo de Cancelación Numero DIECP-No.105/2015 de fecha 30 de noviembre del 2015, y efectivo a partir del 01 de diciembre del 2015, mediante el cual se le canceló el acuerdo de nombramiento No.016/2012, fundamentándose en que está cancelando la plaza y la estructura presupuestaria para esa plaza, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 175 de la Ley de Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la República, sin fundamentarse con ningún artículo de la Ley de Servicio Civil y sus Reglamentos, ni Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, y que dicho Acuerdo de cancelación es susceptible de nulidad, porque no encontrarse ajustado a derecho por las razones de que no era un empleado temporal, si no que permanente; que no se establece en dicho acuerdo específicamente si fue cancelado por cesantía o despido, existiendo ambigüedad en el mismo, y si en todo caso la cancelación fuere por cesantía debió hacerse en aplicación al artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, que establece: "Que la autoridad Nominadora, podrá además cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General de Servicio Civil, siempre que el consejo del Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente se estime que procede la cesantía, por encontrarse comprendida en alguna de las excepciones calificadas que la autoridad Nominadora deberá acreditar en forma fehaciente: a) Reducción Forzosa de servicios o de personal por razón de orden presupuestaria, y b) Reducción de servicio o de personal, para obtener una más eficaz y económica organización. Además para prescindir de los servicios, como persona afectada y que se refiere el artículo anterior, la autoridad nominadora debió tomar en cuenta los resultados de la evaluación periódica, de los servicios que prestaba en dicha institución demandada; y en todo caso, el aviso de cesantía debió darse al servidor afectado con un mes de anticipación, situación que no ocurrió en el presente caso; además manifestó que la cesantía se plantea como consecuencia de la necesidad de suprimir el cargo o puesto, caso contrario no podrían cumplirse con la reducción forzosa del servicio o de personal, puesto que existiendo el cargo vacante, podría ser cubierto convirtiéndose así la cesantía en un instrumento que podría ser utilizado para cancelar los servidores públicos, evitando el procedimiento para el despido o cancelación por cesantía poniendo en precario todo el Régimen del Servicio Civil, que se basa en la estabilidad; en consecuencia la cesantía de un servidor público, sólo tendría lugar cuando el puesto que desempeña es suprimido por razones presupuestaria o para obtener una más eficaz y económica organización administrativa y que por ello la adopción de dicha acción de cancelación es contraria a derecho, por infringirse el ordenamiento jurídico, y por haberse dictado en abierta contradicción a la Constitución de la República, Ley de Servicio Civil y su Reglamento y la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, por cuanto no se observó el procedimiento legalmente establecido, para el régimen de cancelación por cesantía o despido, en el que de existir un expediente donde deben constar los procedimientos en las leyes antes citadas, y al no existir, no hay causa justificada para la aplicación del mismo. Asimismo manifestó que al emitirse el acuerdo de cancelación, por la autoridad nominadora desconoció totalmente, que la Ley de Servicio Civil es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones de servicio, entre el servidor público y los diferentes órganos del sector estatal, conteniendo dicho ordenamiento los regímenes muy claramente diferenciados por los cuales la administración pública puede prescindir de los servicios de sus empleados, siendo esto: Régimen de Cancelación por despido y el régimen de cancelación por cesantía, ambos establecidos con una serie de requisitos que necesariamente debe cumplir la administración, y en caso de no hacerlo, el órgano administrativo se expone a condena al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, o en su caso, a elección del autor, al reintegro al trabajo correspondiente por infracción del ordenamiento Jurídico. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando los hechos de la demanda señalando que acepta el hecho que el demandante fue cancelado mediante Acuerdo DIECP-105-2015 de fecha 30 de noviembre del 2015, siendo efectivo a partir del 01 de diciembre del 2015, mediante el cual se canceló el acuerdo de nombramiento No. 016/2012, del cargo de Guardia de Seguridad; y que el procedimiento se realizó en virtud de cancelación de la plaza y estructura presupuestaria en cumplimiento a lo establecido en el artículo 175 de la Ley de Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la República para el ejercicio fiscal del 2015; y que dicho artículo taxativamente expresa: "Los funcionarios que utilicen seguridad personal y cuyo costo sea cubierto por el Estado, deberán limitarse a un máximo de dos (2) personas"; por lo que dicha disposición es de cumplimiento obligatorio y no admite discusión de nuestra parte ni da lugar a replica alguna; y que consta en Oficio DIECP-DN-510-2015 que a fin de dar cumplimiento con dicha normativa, la demandada por medio de su Director Nacional libró atento oficio a la Dirección General de Servicio Civil, a fin de que emitiera su opinión relacionada al proceso de cesantía de varios empleados, entre ellos al demandante por motivos de mantener una eficaz y económica organización administrativa, quienes manifestaron que no podían dictaminar sobre el caso, en virtud que la demandada no se encontraba incorporada al Régimen del Servicio Civil, y que con el fin de apegarse al ordenamiento legal, envió oficio No.DIECP-DN-557-2015, mediante el cual solicitaba esa Dirección la incorporación a la misma o le sea indicado el trámite para incorporarse a ella, dicha acción fue realizada antes de la cancelación del acuerdo de nombramiento del demandante; además mencionó que el cargo no ha sido ocupado por ningún otro empleado, en virtud de la cancelación definitiva de la plaza, debido a las disposiciones presupuestarias por parte del Estado de Honduras, y la reforma organizacional y presupuestaria que se llevó a cabo en la Institución; tal es el caso que la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas emitió la Circular No.DGP-007-2015 de fecha 12 de marzo del 2015 mediante la cual se dispone dentro de las medidas de austeridad y control del gasto público, la restricción del uso de seguridad personal la que deberá limitarse a un máximo de dos (2) personas, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la República para el ejercicio fiscal del año 2015 Ley de Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la República para el ejercicio fiscal del año 2015, caso contrario podría ser objeto de reparos. Alego que la cancelación por cesantía de que fue objeto el demandante no constituye un acto arbitrario de separación o que se efectuó sin respetar el procedimiento establecido en la Ley del Servicio Civil, por el contrario, dicha ley faculta a la autoridad nominadora para que pueda cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos siempre y cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil; y que con el propósito de asegurar el proceso debido, la demandada solicitó inclusive a la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, el nombramiento de un inspector de trabajo para dejar constancia del procedimiento utilizado en la cancelación del acuerdo de nombramiento del demandante, y quien además tuvo a la vista el cheque certificado N° 3544 del Banco Central de Honduras, a favor del demandante por la cantidad de L. 108,158.72 en concepto de preaviso y cesantía, valores que el demandado se negó a recibir; y que los valores en concepto de pago proporcional de vacaciones, decimotercer mes en concepto de aguinaldo y decimocuarto mes en concepto de compensación social, que ascendieron a la cantidad de L. 41,291.00 fueron depositados mediante transferencia bancaria a la cuenta que el demandado mantiene en el Banco de América de Honduras, S.A., en fecha 10 de diciembre de 2015; argumentó además que la parte demandada si observó el procedimiento debido realizando las consultas a la Dirección General de Servicio Civil y solicitando a la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, el nombramiento de un inspector de trabajo para que diera fe de lo actuado por lo que en ningún momento se violentó el principio de legalidad en relación a la estabilidad laboral establecido como garantía Constitucional en el artículo 129 de la Constitución de la República. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de septiembre del 2018, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PARTE DISPOSITIVA PRIMERO (1): Declarar parcialmente procedente la acción promovida por el señor NELSON GEOVANY RODRÍGUEZ AMAYA, en el único sentido de reconocerle las salarios dejados de percibir desde la fecha de la ilegal cancelación hasta que quede firme la presente sentencia, todo en virtud de lo manifestado en el numeral segundo (2) de las Fundamentos de Derecho del presente fallo por ser materialmente imposible el reintegro por haber sido cancelada la plaza que ocupaba el ahora demandante.- SEGUNDO (2): Condenar al Estado de Honduras, a través de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), al pago a favor del demandante de las prestaciones laborales correspondientes, más los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que quede firme la presente sentencia, más los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder…”, sin costas; bajo el criterio que en el caso que nos ocupa, la cancelación del Señor Nelson Geovany Rodríguez Amaya, obedece a la restructuración ordenada mediante Decreto 140-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha dieciocho (18) de diciembre del 2014, mediante el cual se establece en el artículo 175 "Los funcionarios que utilicen seguridad personal y cuyo costo sea cubierto por el Estado, deberán limitarse a un máximo de dos (2) personas", como se observa la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), solicito la incorporación al Régimen de Servicio Civil, por lo cual, previo a la cancelación del servidor público, envió la nómina de cesanteados a la Dirección de Servicio Civil, quien contestó que dicha institución no se encuentra incorporada bajo el Régimen de Servicio Civil, solicitando por lo tanto el nombramiento de un Inspector de Trabajo a fin de que este verificara el debido proceso en la emisión del acuerdo de cancelación; Mediante auto para mejor proveer quedó probado y consta que efectivamente la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas emitió la Resolución Presupuestaria No. 110-DGPAE del veintitrés (23) de septiembre del 2015, con Resolución Definitiva No. 99 del veinticinco (25) de septiembre 2015, cuyo artículo 2 canceló la plaza en la asignación presupuestaria siguiente: Código de puesto 000; Numero de puesto 0000310; Grupo: 00; Nivel: 00; Descripción del Puesto: Seguridad de Dignatarios, por lo que de la apreciación de los hechos alegados, las pruebas practicadas, se ha comprobado que en el presente caso hubo infracción al ordenamiento jurídico, al haberse cancelado a la demandante sin seguirse totalmente el procedimiento legalmente establecido, no obstante quedó acreditado también en autos, que la plaza que ocupaba el demandante como Guardia de Seguridad del Director Nacional de la Dirección y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) quedó cancelada, siendo materialmente imposible la procedencia del reintegro como reconocimiento de la situación jurídica individualizada, no obstante, si procede los salarios dejados de percibir desde el momento de la ilegal cancelación hasta el momento en que quede firme el presente fallo; por consiguiente no existe situación jurídica individualizada que sea digna de tutela jurídica ya que es materialmente imposible el reintegro a la plaza que ocupaba por haber sido cancelada; en virtud de lo antes expuesto, se debe decretar parcialmente la improcedencia de la acción. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 22 de octubre del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que el Acto Administrativo impugnado (cancelado al servidor público mediante decreto 140-2014) fue emitido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en la Ley y el Reglamento de Servicio Civil, por lo que atendiendo lo estipulado en el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el Acuerdo de Cancelación es nulo en vista de haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, es decir, que la acción de cancelación, no se llevó a cabo en legal y debida forma el procedimiento tal como lo establece los artículos 53 de la Ley de Servicio Civil, 187, 189, 190, 191, 192, 193 de su Reglamento, se ha determinado que hubo quebrantamiento de dicho procedimiento al haber omitido emitir el acuerdo de cancelación por cesantía de la ahora demandante bajo los procedimientos establecidos. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada MICHELLE JARED BUSTILLO GARCÍA, en fecha 15 de enero del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 22 de octubre del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 100-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 385-2015 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 21 de enero del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, presentó en fecha 09 de marzo del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 12 de marzo del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 23 y 24 de marzo del 2021, los Abogados OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO y MICHELLE JARED BUSTILLO GARCÍA, respectivamente. 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 05 de mayo del 2021, teniendo por personados a los Abogados MICHELLE JARED BUSTILLO GARCÍA, como recurrente, y OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente: INFRACCIÓN DE NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA EN CUANTO A LA MOTIVACIÓN FÁCTICA DE LA MISMA PARA REVISAR SU EXISTENCIA, SUFICIENCIA Y RACIONALIDAD Y CARÁCTER LÓGICO. La sentencia objeto de recurso vulnera la norma adjetiva pues se reduce a un fallo contradictorio, ya que por una parte señala que se debe pagar las INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES LABORALES, las cuales jamás fueron negadas por la Administración al servidor y con ello el ad quem comete un grave error que fracciona las normas procesales de forma y contenido que incide en la sentencia impugnada ya que los elementos facticos y jurídicos del pleito que fueron considerados por el tribunal ad quem no se ajustan a las reglas de la lógica y de la razón conduciéndolo a proferir un fallo que no es conforme a derecho y que socava el derecho de obtener la tutela judicial efectiva del derecho; la Administración ya había ofrecido y girado a favor del demandante el pago de las indemnizaciones laborales por lo que es ilógico que se condene a un pago del cual el mismo actor había rechazado. Y por otra parte la condena de SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, carecen de racionalidad en el fallo porque la LEY DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014 prohibía explícitamente la duplicidad de plazas, habiendo SEFIN autorizado la supresión presupuestaria de dicha plaza como efectivamente así ocurrió. En consecuencia, el fallo venido en recurso no se ajusta de forma racional y lógica conforme los elementos facticos y jurídicos del caso vulnerando de forma directa la norma adjetiva relacionada en el Art. 207.2 CPC. En este mismo orden de ideas las reglas de la lógica y la razón han quedado por fuera del fallo ya que de forma irracional se condena al Estado de Honduras al pago de salarios dejados de percibir por una plaza inexistente al haberse suprimido por una ley que así lo ordenaba, y por la cual se había emitido una indemnización del servidor. De lo anterior se manifiesta el pobre razonamiento factico y jurídico del ad quem el cual concluye en su sentencia que se prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido, soslayando el hecho de que el objeto del debate en contencioso administrativo es la nulidad del acto por haberse emitido de forma ilegal por haberse vulnerado normas jurídicas concretas, de aquí parte el ad quem en sostener que se vulnero el principio de legalidad que debe regir todos los actos emitidos por las administraciones públicas, sin embargo partiendo del Decreto 140-2014, se emitió el acto impugnado, y con respecto al procedimiento que debía seguirse efectivamente se hizo lo correspondiente ante la SEFIN, suprimiéndose la plaza que ocupaba el actor de la demanda otorgando el pago de la indemnización correspondiente de las prestaciones e indemnizaciones laborales, desde aquella fecha en que fue suprimida la plaza 2015 y cancelado el presupuesto, resultando irracional la condena de pago desde aquella fecha hasta que quede firme el fallo. De lo anterior resulta que ciertamente gravita todo lo relacionado con la emisión del acto impugnado, surge entonces una pregunta que debía hacer la DGIP con la plaza que ocupaba el actor de la demanda, la cual era de guardaespaldas del director?, pudiéndose concluir COHERENTEMENTE que la obligación de la Administración radicaba en solicitar la supresión de la plaza y el pago indemnizatorio del servidor y que el acuerdo de cancelación obedecía al principio de legalidad basado en una ley presupuestaria inmodificable que no admitía interpretación alguna. La sentencia confirmatoria condena a mi representado al pago de las prestaciones laborales correspondientes, las cuales habían sido puestas a disposición por la Administración lo que constituye en sí un despropósito a la lógica pues si el demandante no las había aceptado fue por mera liberalidad atribuible a él únicamente; recordando que dicho pago era el resultado directo de la justa indemnización conforme a la ley; además dicho fallo condena al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha que quede firme la sentencia lo cual es irracional por no contar con presupuesto para ello y vulnerar lo establecido en las disposiciones legales relacionadas en el párrafo anterior, causando infracción de ley presupuestaria con dicho fallo, pues presupone el pago de salarios dejados de percibir de una plaza inexistente y un grave perjuicio económico, ya que, obliga al Estado al supuesto pago de una obligación no debida, como ser el pago de salarios dejados de percibir de una plaza "materialmente imposible de continuar activa" en virtud, que se le realizó el procedimiento de cancelación de dicha plaza, y del presupuesto conforme Decreto 140-2014. PRECEPTO AUTORIZANTE. A) El motivo en que se basa la casación es por infracción en la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia en cuanto a la motivación fáctica de la misma para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, conforme a la letra c), numeral 1 del artículo 719 del Código Procesal Civil en armonía con el numeral 2 del artículo 720 del referido ordenamiento jurídico. B) Expreso que la norma de derecho cuya infracción sustenta este motivo, es la siguiente: Infracción al artículo 207.2 del Código Procesal Civil que contiene la norma procesal que dice: "Articulo 207. MOTIVACIÓN...2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón...". C) Preciso y justifico la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, así: 1.- Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil, expresamos que la infracción procesal del artículo 207.2 del Código Procesal Civil incide en la sentencia impugnada ya que los elementos facticos y jurídicos del pleito que fueron considerados por el tribunal ad quem no se ajustan a las reglas de la lógica y de la razón conduciéndolo a proferir un fallo que no es conforme a derecho y que socava el derecho de obtener la tutela judicial efectiva de derecho que tienen mis representados en este proceso. IDENTIFICACIÓN DE PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: La Dirección de Investigación y Formación de la Carrera Policial emitió al señor Nelson Geovany Rodríguez Amaya el Acuerdo de Cancelación Numero DIECP-No. 205/2015 de fecha 30 de noviembre del 2015, acto administrativo que fue efectuado conforme a derecho, ya que, el mismo surgió por la cancelación de la plaza y estructura presupuestaria en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 140-2014 publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 18 de diciembre de! 2014, también fundamentado en lo establecido en el artículo 175 de la Ley de Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la República para el ejercicio fiscal del año 2015, sin que ello no supusiera el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales correspondientes, y la efectiva cancelación de la plaza y su presupuesto conforme Oficio emitido por la Secretaria de Finanzas, documento que obra en autos, aun así el AD Quo señala que se prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido. Bajo el argumento que mi representada emitió el Acuerdo de Cancelación Número DIECP-No. 205/2015 de fecha 30 de noviembre del 2015 sin respetar proceso alguno, el ad quem reconoce que el puesto de trabajo para el cual laboraba el demandante no existe por haberse cancelado la plaza con el presupuesto asignado, ello conforme las disposiciones del presupuesto del 2014, sin embargo condena no solo al pago de las prestaciones laborales que ya habían sido reconocidas y pagadas por la autoridad nominadora, sin su aceptación por parte del demandante; pero más allá de dicho pronunciamiento de forma ilógica condena al Estado de Honduras al pago de salarios dejados de percibir señalando que otorga de forma parcial el reconocimiento de una situación jurídica individualizada por ser materialmente imposible el reintegro; y si esto es así como se puede condenar al pago de salarios dejados de percibir de una plaza cancelada que como consecuencia carece de presupuesto. La condena de pago de salarios dejados de percibir carece de motivación fáctica y jurídica por parte del ad quem al confirmar el fallo de primera instancia, sin llegar a aclarar de forma medianamente lógica que por que se condena al Estado al pago de unas prestaciones que en principio ya habían sido reconocidas por este, y por una mera liberalidad del actor de la demanda no aceptó, y en adición a ello condena al pago de salarios dejados de percibir sin motivar cual es la raíz de dicha condena, concluyendo que "es materialmente imposible el reintegro" y si esto es así por no existir la plaza y el correspondiente presupuesto; Porque razón se condena al pago de salarios dejados de percibir? Las respuestas a estas interrogantes generan una motivación pobre y contradictoria a la vez, lo que causa el presente recurso con el fin de la protección de las normas procesales obviadas en el fallo objeto de recurso. Es evidente que la motivación fáctica proferida por el tribunal ad quem carece de raciocinio y lógica conduciéndolo a incurrir en infracción de la norma procesal contenida en el artículo 207.2 del Código Procesal Civil en los momentos de la sentencia antes aludidos produciendo un fallo completamente contrario a derecho dejando nula la aplicación de la ley presupuestaria del 2014 conforme al interés público, condenando al Estado de Honduras al pago de salarios dejados de percibir por una plaza inexistente apartándose con ello del principio de legalidad que debe regir los actos administrativos, infringiendo los vitales principios del razonamiento y la lógica jurídica que deben prevalecer en las resoluciones judiciales ya que si por asuntos de una mejor organización administrativa y beneficio financiero para las instituciones estatales conforme lo dispone el ordenamiento legal en aras del bien común en las pobres áreas estatales lo cual no aparece en autos del presente proceso, sin que lo anterior supusiera una vulneración al derecho indemnizatorio del actor de la demanda. Todo lo expresado en este RECURSO DE CASACIÓN nos indica que es necesario solicitarle formalmente a esta honorable Corte Suprema, Sala Laboral Contencioso y así se solicita que ejercite el control jurisdiccional revisando la sentencia impugnada ya que la misma carece de insuficiencia y racionalidad y carácter lógico en aras de protección a la norma procesal infringida antes citada viabilizando que se declare la tutela judicial efectiva del derecho que tiene mi representado. El articulo 200.1 y 2, letras b) y c), CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIA del Código Procesal Civil expresa: "1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en las que se base la parte dispositiva del fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a)... b) En los antecedentes de hecho se consignaran, con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicados y los hechos probados en su caso. c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que hayan de dictarse con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.". El Ad Quem en la sentencia emitida en fecha 22 de octubre del 2020, establece que la cancelación emitida al señor Nelson Geovany Rodríguez Amaya no se llevó a cabo a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, al haberse omitido en el acuerdo de cancelación por cesantía bajo los procedimientos establecidos, obviando los honorables magistrados establecer la motivación fáctica en la sentencia para reservar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, no determinan de forma específica las valoraciones que condujeron a dicha apreciación, ni mucho menos motivaron la ilegalidad del acto administrativo imputado, ya que, solo hace mención de un "procedimiento" que no se ejecutó en debida forma, pero no precisa cual es el procedimiento administrativo inobservado, cometiendo los mismos errores que el Ad-Quo. Carla Espinosa de la Cueva, establece: "... la motivación que la sentencia reúna los requisitos de ser clara expresa, completa, legitima y lógica; ya que de lo contrario sería una resolución arbitraria o ilógica, y en la especie, como lo afirma el recurrente, la sentencia impugnada no ha sido debidamente motivada, ya que es una mera referencia al fallo dictado par el Juez de origen, defecto esencial que debe ser corregido en base al fundamento de! recurso. Debe abarcar los hechos y el derecho. Respecto de los hechos, debe contener las razones que llevan a una conclusión afirmativa o negativa sobre la existencia de los episodios de la vida real con influencia en la solución de la causa. Debe emplear las pruebas incorporadas al proceso, mencionándolas y sometiéndolas a valoración crítica. El juez consignará las conclusiones de hecho a que llega, y esta exigencia ya atañe a la fundamentación en derecho de la sentencia porque constituirá la base de aplicación de la norma jurídica.". Por tanto, se entiende que para que una sentencia se considere que no vulnera derecho alguno de las partes debe hacer referencia tanto a los hechos como al derecho, señalando las razones por las cuales se tomó la decisión en uno u otro sentido; y en el caso que nos ocupa a la pobre motivación se afinca una clara contradicción del fallo final. No se puede considerar una sentencia legalmente motivada, al no aplicar legalmente la normativa de la sana critica, dado que las disposiciones en el artículo 200.1 y 2 b. y c. del Código de Procesal Civiles, donde se preceptúan que las resoluciones judiciales como requisito extrínseco del acto deben ser motivadas, a efecto que conste en ellas el necesario contrapeso de los intereses enfrentados en el proceso. Por otro lado, Espinosa de la Cueva, también establece: "Guash Fernández: "la articulación de un razonamiento justificado en la sentencia representa el fundamento de toda motivación". En definitiva, la ley, la doctrina y la jurisprudencia concordantes en determinar que la contradicción o la incompatibilidad de analizarse teniendo en cuenta el contexto de la sentencia, es decir, tanto su parte considerativa coma la dispositiva, pues el alcance de esta abarca tanto los fundamentos (motivación) como la resolución. El artículo 34 de la Ley del Procedimiento Administrativo, señala: "Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, el acto administrativo es nulo, en los siguientes casos: a)... , b) ... , c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido.". El Tribunal de Segunda Instancia determinó procedente la acción impugnatoria del acto administrativo demandado, y que, el mismo fue emitido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido; sin embargo, dentro de los hechos probados, existe una emisión parcial de dichos actos, mismo que fue emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas y que consta en el expediente principal. El Ad-Quo en la parte resolutiva reconoce que el puesto de trabajo del ahora demandante no existe y que fue suprimido respetado el debido proceso, teniendo como fundamento legal del artículo 175 del Decreto 140-2014, por lo que, al existir este hecho probado requiere de una revisión, siendo que fue el mismo Tribunal reconoce que el presupuesto de ciertas plazas de la Dirección de Investigación y Formación de la Carrera Policial han sido suprimidas, por ello no cuenta con un presupuesto designado. En el caso que nos compete, el Ad Quem establece la vulneración del literal c del artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en lo referente al procedimiento legalmente establecido en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, a pesar de que quedó demostrado que la reducción forzosa de servicios o de personal por razones presupuestarias, así como, reducción de servicios o de personal para obtener eficaz y económica organización administrativa, pues en el cumplimiento del Decreto 140-2014, SEFIN dio por suprimida la plaza, sin que ello supusiera una infracción al derecho de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en concepto de daños y perjuicios para el servidor, en este orden de ideas el fallo objeto de este recurso guarda absoluto silencio en este punto, provocando con ello una sentencia que no cuadra con el contenido formal establecido en la norma adjetiva. La sentencia se sustenta en una motivación que contiene presupuestos contradictorios y con ello un fallo equivocado que en sí mismo causa un enorme perjuicio al erario. La forma y contenido de una sentencia no se limita a estructurarla solamente con los requisitos que sobre ello prescribe el Código Procesal Civil, sino que tiene que cumplirse con el sentido lógico que corresponde a la legislación a aplicarse, esto es, que no basta con poner los antecedentes de hechos y los fundamentos de derecho que regulan el caso, sino que estos tienen que conforme han sido expuestos y subsumirlos en la norma jurídica, formar el silogismo, la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. La intención del legislador es que entre los hechos declarados probados se le aplique la norma que los regule, que la motivación este de acuerdo con esa norma, de suerte que la conclusión corresponda al sentido lógico del hecho juzgado, pero en el caso de autos, las normas que regulan la forma y contenido de la sentencia, principalmente en lo que respecta a la motivación, ha resultado defectuosa porque no se ha ajustado a la intención y espíritu que resulta explícitamente de los términos de la Ley. La causa de nulidad establecida en el artículo antes expuesto, habla sobre la presunción de la totalidad del proceso apegándonos a la literalidad de la misma, el artículo 17 del Código Civil, establece: "No podrá atribuirse a la Ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe de existir y la intención del legislador", en el caso que nos compete mi representado no violento la literalidad de lo dispuesto en el literal c del artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que quedó demostrado que la reducción forzosa de servicios o de personal por razones presupuestarias, así como, reducción de servicios o de personal para obtener eficaz y económica organización administrativa, pues en el cumplimiento del Decreto 140-2014 queda demostrado que el acuerdo de cancelación fue emitido en virtud, de la cancelación de la plaza y la estructura presupuestaria, siendo también confirmado por el circular No. DGP-007-2015 de fecha 12 de marzo del 2015. Por todo lo anterior es que la sentencia recurrida no tiene base ni razón alguna, por lo que es procedente que la Sala Laboral Contencioso de la Corte Suprema de Justicia, mediante el presente Recurso de Casación, subsane el yerro cometido en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, en virtud que la Sentencia de marras, acoge en sus fundamentos de derecho y parte dispositiva, aspectos contrarios a la verdad de los hechos debatidos, pues efectivamente es un HECHO que la plaza del demandante quedó hace varios años suprimida del presupuesto asignado a la dependencia demandada por lo que resulta ILÓGICO se le paguen al actor salarios dejados de percibir de una plaza inexistente, lo que deriva a la vulneración de las normas procesales supra indicadas, en lo referente al razonamiento fáctico y jurídico que debe privar en las resoluciones judiciales debiendo anularse la misma y ordenar que se emita un nuevo fallo conforme a derecho”. II.- Que el cargo anterior no resulta admisible, dado que la Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) en su formulación no indica las normas de derecho infringidas; b) no precisa si se trata de falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas, lo cual vuelve confuso el concepto de la infracción; c) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) en su explicación realiza alegatos propios de instancia. III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. IV.- En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil, siendo que dicha disposición exige que en la fundamentación de los recursos devolutivos, se debe determinar en todo caso, el perjuicio o agravio sufrido, identificando el vicio o error que lo causa. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 721 numeral 2) del referido Código, exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. V.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus representantes procesales constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de agosto del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de junio del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA160-2021. FIRMA Y SELLO.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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