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Sentencia CA-159-21 — Registro 12857

Resumen

En segunda instancia se revoca el numeral segundo del fallo venido en apelación, referente al cálculo en el tiempo de servicio valorado por el juez de primera instancia, en consecuencia esta Corte reconoce la situación jurídica individualizada del demandante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) Se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Se omite formular una proposición jurídica completa, señalándose varias disposiciones, pero sin establecer con claridad cuáles son las infringidas o en su caso relacionadas; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; d) Las normas indicadas en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; e) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia inapropiado en este recurso extraordinario..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y así como la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de junio del dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representado en juicio por la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE; y, Recurrida: el señor HECTOR ALCIDES HERNANDEZ BARAHONA, representado en juicio por el Abogado JAIME VASQUEZ DELARCA. OBJETO DEL PROCESO: Que se decrete la nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho, se reconozca una situación jurídica individualizada y se adopten medidas necesarias para su pleno restablecimiento entre ellas la aplicación del Decreto No. 51-2001 de fecha 07 de mayo de 2001, se reconozca la totalidad de años de servicio en la Administración Pública, se rectifique el cálculo del monto de la jubilación en relación a la totalidad de años de servicio y en base a la rectificación se haga efectivo el pago retroactivo y colaterales de L. 6,545.55 mensuales desde la fecha en que erróneamente se aprobó el beneficio de jubilación (04 de agosto del 2008) hasta que sea firme la sentencia, más los intereses legales en concepto de daños y perjuicios, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, promovido por el señor HECTOR ALCIDES HERNANDEZ BARAHONA, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP). ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda, que se desempeñó como empleado público en diferentes instituciones, tanto del gobierno central como instituciones descentralizadas, según el orden cronológico siguiente: Dirección General de Caminos (1968-1974); Dirección General de Presupuestos (1976-1978): Corporación Hondureña de Banano (1979-1981); Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (agosto a octubre de 1981); Instituto Hondureño del Café (noviembre 1981 a mayo 1984); Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (junio 1984 a octubre 1985); Instituto de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (abril 1986 a enero 1987); Banco Municipal Autónomo (enero 1987 a mayo 1991) Alcaldía Municipal del Distrito Central (marzo 1994 a marzo de 1995); Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte (junio a diciembre 1995); Contraloría General de la República (julio 1996 a julio de 1997); Empresa de Correos de Honduras (marzo 1998 a enero de 1999); Contraloría General de la República (octubre 2000 a septiembre de 2002; Secretaría del Despacho de la Presidencial (noviembre de 2006 a febrero de 2008), haciendo un total de 27 años, 6 meses y 27 días de servicio en la Administración Pública. El 27 de junio de 2008, el actor presentó ante el Director Ejecutivo del INJUPEMP solicitud del beneficio de jubilación voluntaria, misma que fue resuelta en la sesión celebrada el 4 de agosto de 2008 y que consta en el Punto Séptimo del Acta No. 1118, en la cual se le otorgó la jubilación por un monto de L.13,914.00 mensuales, según el demandante erróneamente calculados en base a 18 años de cotizaciones, cuando el cálculo correcto debió de realizarse en base a los 21 años, 1 mes y 27 días que efectivamente cotizó el demandante al sistema, es decir, que le dejaron de reconocer 3 años 1 mes y 27 días de cotización. Señala también que el INJUPEMP obvió aplicar el Decreto No. 51-2001 del 7 de mayo de 2001, emitido por el Congreso Nacional, que reforma el artículo 3 literal c) de la Ley del INJUPEMP en el sentido que: “Quedan cubiertos por la citada Ley los participantes que habiendo cumplido 55 años o más, estén o ingresen al servicio público y coticen al sistema por un periodo no menor de cinco años, a quienes, en este caso, el Instituto les reconocerá para efectos de su jubilación todos los años de servicio trabajados en la administración pública y gozaran además de los beneficios establecidos en dicha Ley”; por lo cual, el cálculo de su jubilación dice que debió de realizarse en base a sus 27 años, 6 meses 27 días de servicio en la Administración Pública y no sobre los años efectivamente cotizados y además los beneficiados de conformidad al Decreto Número 51-2001. La Junta Directiva mediante Resolución No.04-1142, de fecha 27 de mayo de 2009, declaró sin lugar el Recurso de Reposición, por lo que, una vez agotada la vía administrativa se procedió a la demanda judicial. Además, existe notificación defectuosa en virtud de que en la resolución antes mencionada no se expresa si el acto pone o no fin a la vía administrativa y no indica los recursos que contra la misma pudieren o no proceder ni el plazo para interponerlos. 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que se acepta que en efecto el demandante ha prestado sus servicios a la Administración Pública y también que realizó su petición de jubilación voluntaria y su aprobación en la sesión ordinaria celebrada el 04 de agosto del 2008 y las impugnaciones administrativas respectivas, sin embargo, se rechaza el hecho de que al demandante se le haya calculado mal su jubilación por encontrarse el mismo apegado a derecho y mucho menos que el demandado obvió el Decreto N° 51-2001, de fecha 07 de mayo de 2001, emitido por el Congreso Nacional, en vista de que corre agregada a folio 29 del expediente de Jubilación Voluntaria certificación extendida por la Secretaría de Finanzas en la que se acreditan los periodos en que el demandante laboró en periodo no contributivo y sin embargo en aplicación a la reforma del artículo 3 contenida en el Decreto 11-85-86-E, del 30 de enero de 1986, este periodo si fue tomado en cuenta para el respectivo cálculo de la Jubilación Voluntaria. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de octubre del dos mil catorce, dictó sentencia de la siguiente manera: “RESUELVE: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la demanda planteada por el señor HECTOR ALCIDES HERNANDEZ BARAHONA, en consecuencia se anula el acto administrativo tácito impugnado, consistente en El Punto Séptimo del Acta N° 1118 de 4 de agosto de 2008, así como la Resolución de La Junta Directiva N° 041142 del 27 de mayo de 2009 por no estar ajustados a derecho en tanto, si bien se la otorgado el beneficio de jubilación al demandante, la demandada no ha tomado en cuenta la totalidad del tiempo que el demandante laboró para La Administración Pública, afectando con ello el valor de su jubilación al vulnerar la disposición del artículo 25 de la Ley del INJUPEMP y sobre todo el 1 del decreto 51-2001. SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y como medida para su pleno restablecimiento se ordena al INJUPEMP rectificar el monto de la Jubilación del demandante tomando como tiempo para el cálculo de su jubilación 24 años, 6 meses y 4 días por ser el lapso de tiempo que consta de estos autos como aquel en que el demandante laboró para La Administración y que debe de ser considerado a la hora de calcular el monto de su jubilación. TERCERO: No se reconocen los intereses reclamados en tanto el actor no ha acreditado la razón por la cual se adeudan los mismos. CUARTO: Se difiere para la etapa de ejecución de éste fallo la cuantificación del derecho reconocido en el numeral segundo que antecede…SIN COSTAS”; bajo el criterio que el Decreto No 51-2001, emitido por el Congreso Nacional señala en su artículo 1 que: “Quedan cubiertos por la citada Ley, los participantes que habiendo cumplido cincuenta y cinco años (55) o más, estén o ingrese al servicio público y coticen al sistema por un período no menor de cinco (5) años, a quienes, en este caso, el Instituto les reconocerá para efectos de su jubilación, todos los años de servicio trabajados en la administración pública y gozarán, además, de los beneficios establecidos en dicha Ley”. En éste aspecto el INJUPEMP, alega en el Acta No 1142, que no ha computado la totalidad del plazo pedido por el demandante en tanto hay instituciones en las que laboró y que en el momento que prestó sus servicios no estaban incorporados en el Sistema de Previsión Social, por lo que no eran cotizantes del INJUPEMP; tal argumentación contrasta con el contenido del Decreto No 51-2001, que de manera irrestricta dispone el reconocimiento de todos los años de servicio trabajados en la administración pública de manera independiente a cualquier circunstancia y sin excepción alguna. Se señala lo anterior puesto que ni el artículo 40, 41 y 48 de la Ley del INJUPEMP se opone a esta disposición, es más dichas disposiciones favorecen a los participantes en tanto por un lado obligan al propio Gobierno a pagar las aportaciones correspondientes a los servicios prestados, antes de la vigencia el sistema, el artículo 41 e incluso el artículo 48, confieren el derecho reclamado por el demandante, al señalar que se acreditará a favor de los participantes, el total de los años de servicios prestados al Gobierno sin consideración de que sean anteriores o posteriores a la vigencia del Sistema. En este sentido, consta de autos, que la antigüedad del demandante data del mes de enero de 1968 cuando se desempeñó en la Dirección General de Comunicaciones Obras Públicas y Transporte, tal y como también lo ha observado la demandada. De igual manera consta de autos, que el INJUPEMP en un caso similar al del demandante, sí ha calculado la Jubilación respectiva incorporando al cálculo la totalidad de los años laborados por otro participante. De igual forma, consta que al demandante únicamente se le tuvo como tiempo acreditado en el servicio 18 años, 9 meses y 23 días, obviando periodos laborados de 1981 a 1984 (2 años, 5 meses y 25 días), 1984-1985 (1 año y 5 meses), 1994 a 1995 (1 año, 9 meses y 26 días), por lo que lo procedente es ajustar la jubilación del demandante sumando al tiempo de servicio acreditado en autos y reconocido mediante el Punto de Acta que hoy se impugna, 5 años, 8 meses y 11 días de servicio, que no fueron incluidos en el cómputo inicialmente realizado para un total de tiempo de servicio acreditado de 24 años, 6 meses y 4 días. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha nueve de marzo del dos mil veinte, dictó sentencia que dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSE NAHUN CASTRO COREA en su condición de representante procesal Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP).- SEGUNDO: Declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación POR ADHESION interpuesto por el Abogado JAIME VASQUEZ DELARCA en su condición de apoderado legal del ciudadano HECTOR ALCIDES HERNANDEZ BARAHONA. TERCERO: REFORMAR la sentencia definitiva de fecha seis de octubre de dos mil catorce dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que aparece a folio numero doscientos ochenta y cinco al doscientos ochenta y siete de la pieza principal de autos CUARTO: SE REVOCA el NUMERAL SEGUNDO del fallo venido en apelación de fecha seis de octubre del año dos mil catorce, referente al cálculo en el tiempo de servicio valorado por el juez de primera instancia, en consecuencia esta Corte reconoce la situación jurídica individualizada del señor HECTOR ALCIDEZ HERNANDEZ BARAHONA y como medida para su pleno restablecimiento se ordena al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) RECTIFICAR EL MONTO DE LA JUBILACION DEL SEÑOR HECTOR ALCIDEZ HERNANDEZ BARAHONA tomando como tiempo de servicio para el cálculo de su jubilación el lapso de 28 años, 10 meses, 14 días por ser el periodo que consta en los autos como aquel en que el demandante laboró para la Administración Publica y que debe ser considerado al momento de calcular el monto de su jubilación. QUINTO: SE CONFIRMA Los numerales PRIMERO, TERCERO Y CUARTO del fallo venido en apelación... SIN COSTAS; bajo el criterio que analizadas las presentes diligencias y sobre todo vistos los medios de prueba, efectivamente el Decreto 51-2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha doce de junio del dos mil uno, el cual establece que el Instituto reconocerá para efectos de su jubilación todos los años de servicios trabajados en la administración pública y gozarán además de todos los beneficios establecidos en dicha ley, por ende el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones para Empleados del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), está en la obligación de reconocer todos los años de servicio en la administración pública lo que conlleva a establecer que el cálculo realizado por dicha Institución está fuera de contexto legal, ya que no se tomaron en cuenta dependencias de la administración pública en las que el demandante laboró tal y como se puede observar a la certificación de la División de Beneficios de dicho Instituto en la que claramente establece el tiempo laboral que no fue reconocido, por lo que dichas instituciones se encuentran amparadas en el Decreto 51-2001, emitido por el Congreso Nacional de la República, en ese sentido no cabe el argumento citado por el INJUPEMP, sobre las instituciones en que laboró el demandante en su momento y que no cotizaban al sistema, ya que dicho Decreto no limita sino de manera absoluta dispone el reconocimiento de todos los años de servicio dentro de la Administración Pública, reconociéndole sin excepción alguna; ahora en relación al tiempo computado por el Instituto y el reconocido por el juez en primera instancia, se discrepa, pues se ha observado lo siguiente: tiempo laborado en la denominada INSEP: 7 años, 7 meses; Secretaría de Hacienda: 3 años, 5 meses, 6 días; Instituto Hondureño del Café: 2 años, 4 meses, 28 días; Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola: 1 año 5 meses; Banco Municipal Autónomo: 4 años, 4 meses; Alcaldía Municipal del Distrito Central; 1 año, 6 días; HONDUCOR: 9 meses, 5 días; Contraloría General de la República: 1 año, 7 meses 7 días; Secretaría del Despacho Presidencial: 1 año, 3 meses, 10 días; SOPTRAVI: proyecto 6 meses, 25 días; INPREMA: 9 meses, 18 días; INJUPEMP: 3 años, 3 meses, 29 días, haciendo un total de 28 años, 10 meses, 14 días. 5. La representación procesal de la parte recurrente, la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en fecha quince de diciembre del dos mil veinte, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha nueve de marzo del dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.174-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.262-2009, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha veintiuno de enero del dos mil veintiuno, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, el Abogado JAIME VASQUEZ DELARCA, presentó en fecha uno de marzo del dos mil veintiuno, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha tres de marzo del dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley; así mismo, hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha diecisiete y veinticinco de marzo del dos mil veintiuno, los Abogados JAIME VASQUEZ DELARCA y JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, respectivamente. 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha cinco de mayo del dos mil veintiuno, teniendo por personados a los Abogados JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, como recurrente y JAIME VASQUEZ DELARCA, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, el que manda: Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. MOTIVOS DE CASACION. PRIMERO: Honorables señores Magistrados de manera de antecedente y basándome en el Decreto número 51-2001 emitido por el Congreso Nacional de la Republica en fecha 07 de mayo del año dos mil uno (2001), es solamente un Decreto interpretativo de un artículo de la Ley a la que se refiere, dicho Decreto interpretativo establece que el articulo número tres (3) de la Ley constitutiva del INJUPEMP, debe de interpretarse a razón de que las personas habiendo cumplido 55 años o más de edad, estén o ingresen al servicio público, después de la vigencia de la Ley de INJUPEMP que data de fecha 7 de abril del año de 1971, pueden cotizar si han trabajado antes en el Servicio Público, en caso de reingreso y trabajo no cotizado podrían cotizar al sistema por un periodo no menor de cinco años y se le reconocerá todos los años de servicio trabajado en la Administración Publica si no hubieren cotizado lo deberán hacer en base al artículo 40 de la derogada Ley de INJUPEMP, el cual establece que se deberá aportar al sistema tanto por los servicios prestados con posterioridad a la vigencia del mismo como los prestados con anterioridad y en caso de las personas que han trabajado en el Gobierno Central y hayan cotizado se les deberá sumar el tiempo trabajado y cotizado, si han trabajado en las Instituciones descentralizadas o desconcentradas y no cotizando ese tiempo se toma en cuenta excepto cuando la Institución lo incluya y pague su antigüedad; se acredito en los medios probatorios y en base al artículo 48 de la Ley de INJUPEMP vigente, establecida que se acreditara a favor de los participantes el total de los años de servicio prestados en Instituciones de gobierno sin consideración de que sean anteriores o posteriores a la vigencia del sistema del INJUPEMP, siempre y cuando ostenten la condición de tales al momento de entrar en vigencia esta Ley; los años de servicios prestados a las Instituciones Autónomas o Semiautónomas y a los poderes del Estado afiliados al sistema se acreditaran en igual forma, siempre que se hayan cumplido con las mismas condiciones exigidas en el caso de los empleados del Poder Ejecutivo. SEGUNDO: Que el juez AQUO Y EL ADQUEM, inobservaron que en el expediente de jubilación del señor Hernández Barahona, no se encuentran acreditadas, las aportaciones al sistema; que no es cierto que el cálculo haya sido erróneo, ya que se apegó a derecho y que no se obvio la aplicación del Decreto 51-2001, en vista de que corre en el expediente de Jubilación voluntaria la Certificación extendida por la Secretaria General de Finanzas, en la que se acreditaron los periodos en que el demandante laboro en periodo no contributivo y sin embargo en la aplicación a la reforma del artículo 3, contentivo del decreto 1l-85-86-E del 30 de enero de 1986, ese periodo si fue tomado en cuenta para el respectivo cálculo de la jubilación voluntaria; el AQUO de forma arbitraria manifiesta en su sentencia que mi representado esta fuera de contexto legal por no haber tomado en cuenta dependencias de la Administración Publica en las que el demandante laboro, obviando el Aquo que quien certifico los años de servicio fue el patrono por medio de la secretaria de finanzas, quien es quien reporta mediante planillas al Instituto. TERCERO: El Juez de Instancia no valoro los medios de prueba propuestos y evacuados por mi representada, con lo cual se acredito los años de servicio del señor HECTOR ALCIDES HERNANDEZ BARAHONA, con su respectivo cálculo de beneficio en base a la constancia emitida por la Secretaria de Finanzas, quien acredita las instituciones, para las cuales laboro el demandante, como bien señala la Corte de apelaciones, el decreto número 51-2001 de fecha siete (7) de mayo del 2001, es solamente un decreto interpretativo del artículo 3 de la otrora ley del INJUPEMP, pueden cotizar si han trabajado antes en el Servicio Público, en caso de reingreso y trabajo no cotizado podrían cotizar al sistema por un periodo no menor de cinco (5) años y se les reconocerá todos los años de servicio trabajando en la Administración Publica, si no hubieren cotizado lo deberán hacer en base al artículo 40 de la derogada ley de INJUPEMP, en el cual establece que se deberá aportar al sistema tanto por los servicios prestados con posterioridad a la vigencia del mismo como los prestados como anterioridad, y en el caso de las personas que han trabajado en el gobierno central y hayan cotizado se les deberá sumar el tiempo trabajo y cotizado si han trabajado en las Instituciones descentralizadas o desconcentradas y no cotizaron ese tiempo se tomaran en cuenta excepto cuando la institución lo incluya y pague antigüedad; en tal sentido el INJUPEMP actuó amparado en la Ley a otorgar la Jubilación del demandante amparado en la evidencia existente en el instituto de los años que el demandante laboró antes de la entrada en vigencia de la Ley para aplicarle el artículo 3 de la Ley del INJUPEMP y su interpretación; el demandante no acredito ni el trámite administrativo ni en el juicio de mérito de los hechos que alega en su demanda, sin embargo, El Instituto si acredito haber actuado en base a la Ley y la evidencia física de las cotizaciones del participante, QUEDANDO EVIDENCIADO EL AGRAVIO OCASIONADO A Ml REPRESENTADA, por parte del Juzgador de instancia. CUARTO: Honorables Magistrados, cabe señalar que el juez AQUO Y EL ADQUEM, se extra limitaron en sus respectivos fallos, fallando en la parte dispositiva de la sentencia recurrida, otorgando al demandante más de lo peticionado en su acápite de demanda, puesto que él solicita el reconocimiento de la totalidad de los años de Servicio en base al cálculo de veintiún (21) años un (1) mes y veintisiete (27) días, aunado el hecho de que mi representada acreditó, que el tiempo de servicio fueron de dieciocho (18) años nueve (9) meses y veintitrés (23) días; agravio que consiste en la ultrapetita fallando, que El INJUPEMP, rectifique el monto de la Jubilación del demandante tomando como tiempo para cálculo de jubilación 24 años, seis meses y cuatro días y el ADQUEM Falla: concediendo reformando el cálculo en el tiempo de servicio laborado por el Juez de primera instancia haciendo un total de veintiocho (28) años ocho (8) meses, veinticuatro (24) días, motivo el cual causa extrañeza ya que desconocemos la formula aritmética aplicada para dicho calculo por el AQUO y el ADQUEM, siendo que quedo plenamente probado con la evidencia existente en el sistema del Instituto que el demandado solo laboro el tiempo arriba señalado. CONCLUSION: Manifiesto que la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS establece en su artículo 8: De garantías judiciales que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independientemente o imparcial, establecido con anterioridad por la Ley”. II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) Se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Se omite formular una proposición jurídica completa, señalándose varias disposiciones, pero sin establecer con claridad cuáles son las infringidas o en su caso relacionadas; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; d) Las normas indicadas en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; e) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia inapropiado en este recurso extraordinario. III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. IV.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y así como la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 214 numeral 3), 700, 701 numeral 1), 716, 717, 719, 720, numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiséis días del mes de julio del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de junio del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA159-2021. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.