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Sentencia CA-158-21 — Registro 13408

Resumen

La Corte de Apelaciones revoca la sentencia de primera instancia, se anula totalmente el acto administrativo consistente en el Acuerdo 508-SRH, de fecha 28 de febrero del 2008, RECONOCE la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se condena al Estado de Honduras a pagar al demandante los salarios correspondientes al periodo de contrato de servicios profesionales suscrito bajo el número 59-2008, a partir de la fecha en que fue cancelado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) No indica si la infracción de la norma señalada como violada ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Omite el precepto autorizante; c) No establece el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo requerido en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, d) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia, inapropiados en este recurso extraordinario. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) No indica si la infracción de la norma señalada como violada ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Omite el precepto autorizante; c) No establece el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo requerido en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, d) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia, inapropiados en este recurso extraordinario. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) No indica si la infracción de la norma señalada como violada ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Omite el precepto autorizante; c) No establece el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo requerido en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, d) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia, inapropiados en este recurso extraordinario..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de junio del dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora; EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado EMILSON DANIEL DURON; y, Recurrido: el señor CARLOS ENRIQUE ZUNIGA RODEZNO, representado en juicio por el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda de nulidad de acto administrativo, se declare el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, que se dicten las medidas para su restablecimiento, se declare la ilegalidad del acto por quebrantamiento de las formalidades esenciales del procedimiento administrativo, cumplimiento de contrato de servicios profesionales, pagos de derechos laborales, vacaciones, décimo tercer mes y cuarto mes, alegó notificación defectuosa del acto administrativo impugnado, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor CARLOS ENRIQUE ZUNIGA RODEZNO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo con la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores a partir del 02 de enero del 2007, en el cargo de Agregado de la representación Consular de Honduras en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, según Acuerdo No. 111-A-SRH, de fecha 12 de junio del 2007; en fecha 31 de enero del 2008, el demandante fue trasladado al cargo de Tercer Secretario de la representación diplomática de Honduras en Washington D.C., según Acuerdo No. 418-SRH, de fecha 16 de enero de 2008 y en fecha 01 de febrero del 2008, según acuerdo No. 477-A-SRH, se dejó sin ningún valor y efecto el acuerdo trasladado No. 418-SRH. En fecha 02 de enero del 2008, el demandante suscribió con el Ministro de Relaciones Exteriores el contrato de Servicios Profesionales No. 59-2008, para desempeñar el cargo de Agregado en la representación consular de Honduras en Chicago, Illinois, devengando un salario mensual el equivalente a $ 3,500.00, el cual será pagado al dos por uno según cláusula tercera de dicho contrato y con vigencia del 02 de enero al 31 de diciembre del 2008, según cláusula segunda del mencionado contrato, según Acuerdo No. 387-SRH, de fecha 02 de enero del 2008. En fecha 29 de febrero del 2008 y mediante Acuerdo 508-SRH, de fecha 28 de febrero del 2008, el Secretario de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores, acordó cancelar al demandante a partir del 01 de marzo del 2008, el Acuerdo No. 387-SRH y el contrato de servicios profesionales No. 59-2008, suscrito entre ambas partes. En fecha 08 de noviembre del 2010, se interpuso reclamo administrativo ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores para el cumplimiento de un contrato de servicios profesionales y al ver la tardanza en dictar una resolución, solicitó en fecha 19 de enero del 2011, pronta resolución, a lo cual no hubo respuesta, produciéndose así un silencio administrativo al no haberse dictado resolución administrativa. La forma en la que se le notificó el acuerdo de cancelación es ilegal, ya que se violentó el ordenamiento jurídico al notificarle en forma defectuosa al no cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de lo Contencioso Administrativo, que al respecto establece en su artículo 49 que las notificaciones y publicaciones deberán reunir los requisitos ordenados en la Ley de Procedimiento Administrativo, de lo contrario no se tendrán por válidas ni producirán efectos legales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se acepta el nombramiento del demandante, se rechaza el número del Acuerdo de Nombramiento 111-A-SRH, por ser mediante el Acuerdo 1111-SRH, de fecha 12 de junio del año 2007 y se acepta que posteriormente el demandante fue trasladado al cargo de Tercer Secretario de la Representación Diplomática de Honduras en Washington D.C., mediante Acuerdo 418-SRH, de fecha 16 de enero del 2008 y posteriormente en fecha 01 de febrero de año 2008, según Acuerdo número 477-A-SRH, se deja sin valor y efecto el Acuerdo de traslado 418-SRH; que el acuerdo de cancelación es de fecha 29 de febrero del año 2008 y no de fecha 28 de febrero del año 2008, en donde la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores acordó cancelar a partir del 1 de marzo del 2008, el Acuerdo número 387-SRH y el Contrato de Servicios Profesionales número 59-2008, suscrito por el demandante y dicha Secretaría de Estado. No obstante, lo anterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores de conformidad con la cláusula sexta del Contrato de Servicios Profesionales relacionado estableció las causas de resolución del contrato, el cual en el numeral Tercero, establece que por decisión unilateral de las partes se podrá resolver el contrato obligándose a dar el aviso correspondiente; en el presente caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores decidió de forma unilateral dar por resuelto el contrato de servicios profesionales como una facultad otorgada por el mismo contrato para cualquiera de las partes, también manifestó que el demandante presentó un primer reclamo administrativo ante la Secretaría General de Relaciones Exteriores con fecha 22 de mayo del 2008 y la Dirección Legal de dicha Secretaría emitió dictamen en fecha 8 de agosto del 2008, declarando procedente el pago de sus derechos, no obstante el apoderado legal del demandante presentó un nuevo reclamo administrativo con fecha 8 de noviembre del año 2010 y la Secretaría General de Relaciones Exteriores declaró improcedente este último reclamo en vista de que al peticionario se le cancelaron los derechos adquiridos en su totalidad hecho que se puso en conocimiento al apoderado legal del demandante mediante el Oficio número 265-SG, de fecha 20 de abril del 2010, por lo que se declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el trámite en la petición administrativa; asimismo arguyó, que el demandante estaba asignado en el Consulado de Chicago Illinois, Estados Unidos de Norteamérica, cuando se le comunicó que sería trasladado al Consulado de Washington D.C.; sin embargo, días después se da por cancelado dicho traslado quedando subsistente el Acuerdo No.1111-SRH, en el cargo de Agregado de dicha representación, concluyendo que lo expresado por el demandante es falso, pues indicó que fue despedido de manera antojadiza e injusta, y no fue así, puesto que lo que se dio fue una causa de las ya previstas en el mismo contrato como forma para resolver el mismo, sin que por ello se incurra en responsabilidad, teniendo por resuelto el contrato de servicios profesionales según Acuerdo No. 508-SRH; de igual forma expresó, que a través de la Secretaría de Finanzas en fecha 20 de febrero del 2009, le canceló al demandante los derechos adquiridos en su totalidad, como ser décimo cuarto y décimo tercer mes proporcional, según Dictamen Legal No. 054-USL, a solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 3.- Que en fecha 28 de junio del 2011, compareció la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República, interponiendo escrito de defensas previas, las siguientes: la primera causa de inadmisibilidad: “Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos”; la segunda causa de inadmisibilidad: “Que se hubiera interpuesto por persona no legitimada”; y la tercera: “Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo.- Respecto de los actos firmes”, fundamentándose en que las disposiciones de los artículos 1, 7, 51 literal C), 63 literal A), 64, 65, 66, 80 literal B), C) y D), en relación con los artículos 31 literal A), 105, 111, 132 párrafo segundo, 125 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, alegando que la demanda ha sido presentada fuera de los plazos, de igual forma que dicha cancelación fue el 28 de febrero del 2008 y el demandante presentó la demanda Contencioso Administrativo hasta el 08 de febrero del 2011; que el actor ha perdido su legitimidad para demandar ante esta judicatura por haber dejado pasar transcurrir el plazo para impugnar el acto administrativo que 3 años después pretende anular, además alega que la demanda se dirige contra un acto firme. Que en fecha 02 de mayo del 2013, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución desestimando las defensas previas alegadas por el demandado por improcedentes. 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de julio del 2013, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la Acción promovida por el abogado CARLOS ENRIQUE ZUNIGA RODEZNO, por estar ajustado a Derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de cancelación No.508- SRH del 1 de marzo del 2008, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, por medio del cual se cancela a la demandante del cargo Agregado de La Representación Consular de Honduras en Chicago, Illinois. SEGUNDO: Se exime del pago de costas a la parte vencida en juicio por tener motivos suficientes para litigar. TERCERO: Contra la presente sentencia procede el Recurso de Apelación el que debe interponerse ante este Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo...SIN COSTAS”; bajo el criterio que tomando en consideración lo que al efecto preceptúa el artículo 27 de la Ley de Servicio Exterior, que refiere, que todo nombramiento en el servicio exterior se hará mediante Acuerdo del Poder Ejecutivo, la relación de servicio del demandante con la Secretaría de Estado demandada se regula precisamente por el Acuerdo No. 1111 A-SRH, del 12 de junio del 2007 y no por un contrato de servicios profesionales como equivocadamente se quiere hacer ver por la demandada. Que no siendo el demandante un funcionario diplomático de carrera, puesto que no se ha acreditado las exigencias contenidas en el artículo 66 de la Ley de Servicio Exterior y en aplicación directa del artículo 2 de la Ley de Servicio Exterior que al efecto señala que: “cuando las circunstancias lo permitan, las disposiciones de esta ley se harán extensivas a los funcionarios consulares que no tengan categoría de diplomáticos de carrera, al personal técnico y administrativo de la Secretaría de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores y al Cuerpo Consular de Honduras en lo que les sea aplicable”. Que a pesar de que el demandante no es un miembro de carrera, si es un miembro de Cuerpo Diplomático según lo dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático de Honduras y al efecto la Ley de Servicio Civil es clara al excluir a este tipo de servidores de los derechos que confiere la misma, por lo que la autoridad nominadora puede prescindir de los servicios del demandante sin más trámite que la emisión del Acuerdo de Cancelación correspondiente. 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 09 de octubre del 2020, dictó sentencia declarando CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; REVOCA la sentencia proferida en primera instancia, se declara PROCEDENTE la acción, en consecuencia se anula totalmente el acto administrativo consistente en el Acuerdo 508-SRH, de fecha 28 de febrero del 2008, RECONOCE la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se condena al Estado de Honduras a pagar al demandante los salarios correspondientes al periodo de contrato de servicios profesionales suscrito bajo el número 59-2008, a partir de la fecha en que fue cancelado, así como el pago de los derechos laborales consistentes en décimo tercer mes, décimo cuarto mes de salario, haciendo las deducciones de pago que ya hubiesen sido cumplidas, quedando diferido el cálculo de las mismas al momento de la ejecución, SIN COSTAS, bajo el criterio que desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a los recursos legalmente previstos, se limita a evitar que la decisión judicial que impida el acceso a los mismos, pueda fundarse en requisitos o circunstancias meramente formales sin responder a la finalidad de los mismos, ya que el acceso a los recursos debe tomarse como una prosecución del proceso, ya que es una revisión del mismo por un órgano superior que ha de decidir conforme a lo alegado por las partes, sin olvidar la diversidad de elementos que asisten a la tutela judicial efectiva, siendo entre estos el conseguir una resolución fundada en derecho, así como ejercitar los recursos legalmente previstos; en ese orden es preciso mencionar que todo nombramiento en el servicio exterior se hará mediante nombramiento del Poder Ejecutivo, por lo que cualquier otra modalidad de contratación, como ser contrato de servicios profesionales se deberán regir por lo estipulado en dicho contrato, el cual establece en la cláusula sexta las causas de resolución del contrato, en la que la administración se ve obligada a establecer dentro del acto impugnado qué cláusulas de resolución del contrato conviene lo pactado entre partes y que dio origen a la terminación antes del tiempo del contrato en mención. Que está acreditado en el contrato de servicios profesionales, siendo el origen de la relación entre el demandante y el demandado, mediante Acuerdo No. 387-SRH, que ratifica el contrato de servicios profesionales número 59-2008, con vigencia del 02 de enero al 31 de diciembre del 2008, fue cancelado mediante acuerdo 387-SRH y el contrato de servicios profesionales número 59-2008, en la que no hay argumento del Estado y no se establece ninguna causal de las señaladas en dicho contrato para su terminación. Que el Juez de primera instancia hizo una incorrecta aplicación para decidir la pretensión debatida en juicio, que no es otra más que se le pague el tiempo que faltaba para terminar su contrato ante la intempestiva cancelación del que fue objeto sin ningún tipo de aviso o causa de resolución del contrato, ya que por el tipo de contrato no está sujeto a la Ley de Servicio Civil ni su reglamento por excluirlos de acuerdo al numeral 3 literal L de dicha ley y 200 del Reglamento de Servicio Civil, por ende solo está sujeto al cumplimiento del contrato como tal, ya que del contrato surgen obligaciones que tiene fuerza de ley deben cumplirse al tenor de los mismos, dejando los términos del contrato claros, sin dudas y acatando la literalidad de su contenido. Por ende, es criterio de este tribunal revocar la sentencia definitiva de fecha 25 de julio de 2013, en virtud de que el acto administrativo impugnado no está con la debida fundamentación al no cumplir los requisitos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo; ordenándose como tal y como lo solicita la parte demandante, el pago del tiempo adeudado para el cumplimiento del contrato suscrito y pagar los derechos laborales que le correspondan derivados del contrato como décimo tercer mes, décimo cuarto mes, haciendo las deducciones de pago que ya hubiesen sido cumplidas. 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado EMILSON DANIEL DURON, en fecha 06 de enero del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 09 de octubre del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.173-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.053-2011, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 19 de enero del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, presentó en fecha 15 de febrero del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 22 de febrero del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 04 y 16 de marzo del 2021, los Abogados PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO y EMILSON DANIEL DURON, respectivamente. 8. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 05 de mayo del 2021, teniendo por personado al Abogado EMILSON DANIEL DURON, como recurrente y por precluido el plazo concedido y dejado de utilizar por parte del Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente: “VIOLACION AL DEBIDO PROCESO ARTICULO 90 DE LA CONSTITUCION. En fecha 6 de febrero del 2020 la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia en acción al caso de mérito Resolviendo lo siguiente: Declarar la Nulidad de la Sentencia Definitiva Dictada por la Corte de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional, de fecha 4 de diciembre del 2017 Visible en los Folios 17 al 21 de la Segunda Pieza. Y Manda: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia con la certificación de estilo, para que, reponiéndolo al estado que tenían cuando cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. En ese sentido, el Juzgado de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo procede en fecha nueve de octubre del dos mil veinte a dictar sentencia con los mismo argumentos y vicios de la primera sentencia violentando el IUS LITIGATORIS, y a obtener una sentencia de conformidad al artículo 208 del Código Procesal Civil ya que la sentencia no es congruente Y NO CUMPLE CON LAS FORMALIDADES REQUERIDAS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE CONFORMIDAD CONEL ARTICULO 90 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA.2. INCONGRUENCIA CON LO PEDIDO POR LAS PARTES, VIOLACION PRINCIPIO DISPOSITIVO ARTICULO 10 NUMERAL 2 Y 208 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y CONTRADICCIÓN EN EL FALLO Y PARCIALIZACIÓN DEL TRIBUNAL VIOLACION: Es de suma importancia, desatacar que para cumplir con el principio de congruencia el tribunal AD QUEM debe resolver dentro de los márgenes de la pretensión que dio origen al proceso. En ese sentido, el tribunal de apelación no puede considerar cuestiones que el demandado no opuso en primera instancia y que luego no planteo en su recurso de apelación. Por tal razón, el Tribunal de Apelaciones no puede argumentar en su sentencia sobre aquellas cuestiones no planteadas, por tal sentido la sentencia debe ser congruente con la pretensión de la parte apelante, si esto no es así la violación al principio de congruencia representa un quebrantamiento al principio dispositivo, principio básico en el planteamiento de un recurso de apelación y del derecho procesal, asimismo la Sentencia que se dicte en apelaciones deberá pronunciarse exclusivamente sobre los asuntos y cuestiones planteadas en el recurso de apelación. En la descrita Sentencia la Corte de Apelaciones, en la parte de fundamentos de derecho aduce como elemento fundamental para fallar y revocar la sentencia lo siguiente: "LA TERMINACION DE UN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL CIUDADANO CARLOS ZUNIGA RODEZNO. "Lo cual es una premisa arbitraria creada por la Corte de Apelaciones señores magistrados, ya que este argumento no fue plasmado en la demanda por parte del demandante, ni fue objeto del recurso de apelación ya que ambas acciones procesales versaron sobre la pretensión siguiente: "nulidad del Acuerdo de Cancelación N°418 SRH y no sobre el incumplimiento del contrato.” Vale la pena aclarar que el señor Zuniga Rodezno no es Miembro del Escalafón Diplomático y fue nombrado bajo parámetros estrictamente políticos por lo que su nombramiento es de libre nombramiento y libre remoción...En relación a lo anterior es oportuno señalar que el Recurso de Apelación del apelante no hace mención a un incumplimiento de contrato, asimismo el recurso adolece de muchas deficiencias jurídicas debido que no señala cual es la violación que el Estado de honduras ha incurrido contra de su representado y tampoco describe porque la sentencia es nula es un escrito sumamente generalizado; la lógica y el derecho refieren a que estas acciones deben ser especificas en señalar las violaciones que supuestamente fue objeto su representado. Asimismo, el apelante no argumento en su escrito el incumplimiento de un contrato si no de un acuerdo dos elementos jurídicos diametralmente opuestos, el acuerdo de cancelación se da porque su nombramiento es político y por ende el demandante es de libre nombramiento y remoción. En relación a lo anterior, podemos concluir que la sentencia es contradictoria con las pretensiones del apelante, porque el escrito de apelación lo que pretende es que el tribunal anule el acuerdo de cancelación bajo premisas vagas y generales, ya que no concluye en una violación específica, cabe destacar que el argumento de proceso disciplinario es una apreciación propia de la Corte de Apelaciones y por ende es arbitraria e incongruente.3. IMPUGNACION LA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS, LEY DEL SERVICIO EXTERIOR ARTICULO 40. Señores Magistrados el Señor Zúñiga Rodezno fue nombrado bajo parámetros eminentemente políticos, ya que él no es miembro del escalafón diplomático y tampoco está protegido por la Ley de Servicio Civil por ser un puesto excluido. Dicha ley otorga la facultad terminación de un contrato de servicios profesionales para separar a una persona que ha sido nombrada bajo lineamientos políticos es por eso que son de libre nombramiento y libre remoción. 4.VIOLAClON DE LA SENTENCIA A LA CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y AL PRINCIPIO DE IGUALDAD CONSAGRADO EN LA CONSTITUCION DE LA REPÙBLICA. Al ser un nombramiento político este ciudadano no puede ser reintegrado a su puesto de trabajo no tiene derecho a sueldos dejados de percibir, ya que su nombramiento sin haber pasado ningún proceso de selección representa una clara violación al principio de igualdad; y durante el tiempo que fungió en el Servicio Exterior esta persona gozo de salario en lempiras y arraigo en dólares, prácticamente percibiendo una doble remuneración haciendo del demandado un ciudadano privilegiado. Esta acción es lamentablemente ya que el ciudadano sabía que su nombramiento era a liberalidad del presidente de la republica (un nombramiento político) porque como reitero fue nombrado en el servicio exterior sin realizar examen de oposición como lo detalla la ley del Servicio Diplomático y Consular en ese sentido se acredito en el juicio que no el citado ciudadano no es miembro del escalafón diplomático y pese al conocimiento de esta situación procede a demandar al Estado de Honduras. La gravedad que representa, reintegrar esta persona mediante una sentencia es que las cortes y jueces que tutelan el cumplimiento de las leyes y la Constitución de la Republica han decido de manera arbitraria violentar el principio de igualdad ante la ley en pleno siglo XXI y en Estado Democrático ORDENANDO EL REINTEGRO DE ESTE CIUDADANO PRIVILEGIADO A UN PUESTO DE TRABAJO Y POR EL CUAL NO COMPITIO NI PASO NINGUN EXAMEN O PRUEBA DE IDONEIDAD PARA EL CARGO EN DISMINUCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS HONDUREÑOS. Esta acción de la Corte de Apelaciones, es violatoria del artículo 90 de la Constitución de la Republica por violentar el derecho a un tribunal imparcial y a las formalidades que la ley establece que es apegarse a las pretensiones de la parte para dar un fallo. Lo anterior es violatorio del principio dispositivo del Código Procesal Civil, consagrado en el artículo 10 del citado código, el cual sirve de asidero al proceso.5.PARCIALIZACION DEL TRIBUNAL EN EL FALLO VIOLACION AL ARTICULO 8DE LA CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS ARTÍCULO 14.la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 8 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son claros en definir qué las cortes deben ser imparciales y cuando la Corte de Apelaciones esgrime o supone argumentos propios fuera de las pretensiones de las partes para argumentar una sentencia las Corte es una clara parcialización para tales efectos probatorios cito el argumento parcial y arbitrario de la corte que literalmente dice: “…LATERMINACION DE UN CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL CIUDADANO CARLOS ZUNIGA RODEZNO…”; los citados preceptos internaciones son claros al establecer que los tribunales no deben ser parcializados, y cuando un tribunal crea un argumento para favorecer a una parte es un órgano parcializado. Ante la falta de argumentación del apelante lamentablemente y con todo respeto a la Corte de Apelaciones se parcialización al crear argumentos para revocar la sentencia lo cual me llena de una profunda conmoción jurídica por este actuar ya que afecta la seguridad jurídica del Estado de Derecho. Esta acción de la Corte de Apelaciones, es violatoria del artículo 90 de la Constitución de la Republica por violentar el derecho a un tribunal imparcial y a las formalidades que la ley establece que es apegarse a las pretensiones de la parte para dar un fallo”. II.- Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) No indica si la infracción de la norma señalada como violada ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Omite el precepto autorizante; c) No establece el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo requerido en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, d) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia, inapropiados en este recurso extraordinario. III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. IV.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley.- Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad.- Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo.- Consecuentemente es competencia de los órganos fiscalizadores del Estado, velar porque se deduzca la responsabilidad de los funcionarios infractores del ordenamiento jurídico. VI.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación, lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente, certificándose la sentencia al Tribunal Superior de Cuentas, para que proceda de conformidad a la ley. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 258, 303, 304, 313 ordinal 5), 316, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia y al Tribunal Superior de Cuentas. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintidós días del mes de septiembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de junio del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA158-2021. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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