Sentencia CA-157-21 — Registro 12828
Resumen
En primera instancia se declara con lugar las causales de inadmisión, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: que revisado lo expuesto por el Recurrente, al igual que en el primer motivo este Tribunal, se ve imposibilitado de encontrar un cargo debidamente estructurado, constituyendo lo realizado en un alegato inoportuno en este recurso extraordinario. En el mismo se incumple con el deber de formular el concepto de la infracción, una proposición jurídica completa, el pronunciamiento que se impugna, el precepto autorizante, una explicación, no se precisa ni se justifica la incidencia de la infracción, en el sentido de la resolución impugnada. Es importante recordar que los requisitos formales que la ley establece para la formalización del recurso de casación son los que los que le dan la calidad de extraordinario, lo contrario implica tratar de convertirlo en una instancia lo cual, es incompatible con lo establecido en el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la República..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. 9.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente...."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de junio de dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el Abogado HUGO DANILO MATAMOROS GOMEZ, quien actúa en causa propia; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Contencioso Administrativo para el pago del 40% restante con un valor de L.22,674.12 de contrato de consultoría (de trabajo) por recisión unilateral por parte del (contratante) Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado HUGO DANILO MATAMOROS GOMEZ, quien actúa en causa propia, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que hubo abuso de poder y autoridad administrativa, mala fe manifiesta, violación a los derechos constitucionales, civiles y humanos por todas las personas que intervinieron en el Reclamo Administrativo por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación "el contratante", y que en el momento procesal dicte la sentencia definitiva declarando con lugar la demanda. Con el original de la certificación de la resolución No. 085-SE-2017 de fecha 13 de marzo del año 2017, en el RESUELVE: 1. DECLARAR SIN LUGAR el RECURSO de REPOSICION contra la RESOLUCION No. 674-SE-2017 de fecha 2 de noviembre de 2016. 2. CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la RESOLUCION No. 674-SE-2016 de fecha 2 de noviembre de 2016.Y énfasis en lo expresado textualmente en el No. 3) Notificar a la parte interesada que con la resolución del presente recurso de reposición se pone fin a la vía Administrativa, por lo que ha agotado la vía administrativa; el demandante firmó contrato de consultoría (de Trabajo) con el "CONTRATANTE" la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación el 5 octubre del año 2007, con una duración de tres meses: del 5 de octubre al 31 de diciembre del año 2007 por un monto de $.3,000.00, equivalentes a L.56,685.30; que le realizaron 2 pagos el primero con un Porcentaje del quince por ciento (15%) y el segundo pago por un valor del cuarenta y cinco por ciento (45%); con nota entregada personalmente al demandante en fecha 14 de noviembre del año 2007 se le rescindió el contrato de consultoría (de trabajo) de manera unilateral por parte del "contratante", la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, adeudándosele al demandante el 40% restante, con un valor Monetario de L.22,674.12; que es muy importante lo expresado textualmente en el numeral 12) del contrato de consultoría, el cual dice: “12. Solución de Controversias. Toda Controversia que surja de este Contrato y que las partes no puedan Solucionar en Forma Amigable deberá someterse a proceso judicial, de adolecer de cualquier defecto procesal poder subsanar la demanda”, por lo que procede la admisibilidad de la demanda. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, que el autor de la demanda señala a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación de haber actuado con abuso de poder y autoridad administrativa, mala fe manifiesta y que se le han violentado los derechos constitucionales, civiles y humanos, y dichos alegatos pues no aclara en que caso concreto la Autoridad Administrativa cometió dichos desaciertos, no siendo para nada objetivo en sus apreciaciones señalando únicamente que las personas que intervinieron en el reclamo administrativo, actuaron de dicha manera, y absurdamente señala que debe tomar en cuenta estos aspectos al momento de emitir la sentencia en que se declare con lugar su acción, resultan fuera de lugar todos los alegatos esgrimidos en sede administrativa, pues el reclamo administrativo con exp.019-R-08 en el cual se verifican los siguientes extremos: a) a folio 1, escrito del reclamo administrativo de fecha 28 de enero del 2018 señala: “Se solicita pago de contrato de trabajo de servicios profesionales por un valor de L.22,674.12, más pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, aguinaldo, catorceavo, pago de salarios a título de daños y perjuicios”, posteriormente a folio 38 rectificó los valores en L.56,685.30 y no sobre el valor del 40% adeudado, b) a folio 67 al 67 se encuentra la transcripción de la resolución No.0770-SE-07 por medio de la cual se decidió rescindir unilateralmente el contrato de servicios de consultoría por parte de la Secretaría de Educación por las denuncias hechas contra el consultor, c) A folio 126 al 131 se encuentra resolución No.0082-SE-09 por medio del cual se declaró sin lugar el reclamo, d) a folios 132 al 135 notificación por tabla de la resolución N.0082-SE-09, e) a folio 140 notificación del auto donde se declaró caducado el término para la interposición del recurso de reposición, por lo consiguiente el acto quedó firme y consentido a partir del 14 de abril 2009, fecha en que se notificó por tabla la resolución, la cual no fue impugnada en tiempo y forma, por los antecedentes relacionados la parte demandada rechaza el argumento equivocado del actor de la demanda al señalar que en el expediente del reclamo administrativo ha habido abuso de poder y autoridad administrativa, mala fe manifiesta, pues si el reclamo administrativo presentado por el demandante en el primer reclamo administrativo fue declarado caducado el término para la interposición del recurso de reposición, a fin de impugnar la resolución No. 0082-SE-09 por medio de la cual se declaró sin lugar el reclamo, dicha situación se debió a la falta de diligencia del demandante y no de la administración; si bien es cierto el demandante presentó nuevamente reclamo administrativo, según expediente No.077-R-15 de fecha 5 de septiembre del 2015, para el pago del restante 40% del contrato de consultoría, no es menos cierto que la administración al haber dictado en tiempo y forma la resolución No.0082-SE-09 por medio de la cual se declaró sin lugar el reclamo, dicha resolución era un acto firme y consentido por el administrado por no haberlo impugnado en tiempo y forma, por lo que se concluyó que la administración pública en ningún momento ha actuado de mala fe y mucho menos con abuso de autoridad, pues lo que en realidad ha sucedido es que el demandante intentó abusar del derecho de petición. Que mediante Resolución Número 085-SE-2017 de fecha 13 de marzo del año 2017, la Secretaría de Educación resolvió declarar Sin Lugar el Recurso de Reposición contra la Resolución N° 674-SE-2016, de fecha 2 de noviembre del 2016, ya que la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación le pone fin a la vía administrativa, actuando conforme a ley quedando expedita la acción correspondiente en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que en el contrato de Servicios Profesionales suscrito mediante No.BM-3497-092-2007 en fecha 5 de octubre del año 2007, en la cláusula numeral 12 solución de controversias; que surja entre las partes lo pueden solucionar en forma amigable el cual deberá someterse a un proceso de prueba SI existe inconformidad en los hechos y éstos fuesen de indudable trascendencia, a su juicio, para la resolución del caso, siempre que en la demanda o contestación se expresaren con claridad los puntos de hecho sobre los cuales haya de versar la prueba. Conforme lo estipula el artículo 68 y 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que el demandante no pudo desempeñarse bien para el Cumplimiento de los servicios profesionales contratados, ya que incumplió las clausulas números 1 inciso a) y 3 inciso b) y los términos de referencia del contrato en mención lo cual es causa legal de rescisión del contrato de Servicios Profesionales con el señor Matamoros, dejándolo sin valor ni efecto el contrato de consultoría sin responsabilidad por parte de la Secretaría de Educación. 3.- En fecha 27 de septiembre del 2017 compareció el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República, interponiendo escrito de defensas previas, basándose la primera causa de inadmisibilidad la que consiste en: "NO SE ADMITIRÁ LA ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA RESPECTO DE ACTOS FIRMES, ES DECIR AQUELLOS QUE HUBIEREN SIDO CONSENTIDOS EXPRESAMENTE, Y LOS CONFIRMATORIOS DE LOS ACTOS FIRMES CONSENTIDOS, ASÍ COMO LOS QUE SEAN REPRODUCCIÓN DE OTROS ANTERIORES YA DEFINITIVOS O FIRMES". La cual se fundamenta en el Artículo 80 letra c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, alegando que la demanda presentada el 17 de mayo del 2017 por el demandante, radica en un acto firme y consentido, pues el acto impugnado se origina según el actor de la demanda en la falta de pago del restante 40% del contrato, la cual no se pagó por la rescisión unilateral del contrato de servicios de consultoría por parte del contratante (Secretaría de Estado). En cuando a la segunda causa de inadmisibilidad consiste en: “QUE HA EXPIRADO EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA” se fundamenta en el artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Esta defensa previa se interpone por las siguientes razones: 1.- En fecha 28 de enero del año 2008 el actor presentó un Primer Reclamo Administrativo pidiendo: "El Pago del contrato de trabajo de servicios profesionales por un valor de adeudado, equivalente a L.22,674.12, más el pago de prestaciones e indemnizaciones y aguinaldo, catorceavo proporcional, pago de salarios a título de daños y perjuicios, todos con un valor del 40% adeudado". Sin embargo, no prosiguió con los demás tramites de agotamiento de la vía (interposición de recurso de reposición en tiempo y forma), y con ello abandonó la vía administrativa, como esta evidenciado en el expediente administrativo No. 019-R-08 a folio 1 al 3; 65 al 67; 126 al 138; por lo que de conformidad con el artículo 51 letra c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dispone: "El juzgado podrá declarar inadmisible la demanda, cuando conste cualesquiera de las siguientes causas de inadmisibilidad: a).. .b). .c) Que ha expirado el plazo para la presentación de la demanda." con lo anterior se concluye que el actor de la demanda ha presentado la demanda fuera de los plazos establecidos en la ley, según el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues el acto que pretende impugnar quedó firme el 14 de abril del 2009, y por ende al haber presentado la demanda hasta el 17 de mayo del 2017, en consecuencia, fuera de los plazos establecidos en la ley. En cuando a la tercera causa de inadmisibilidad consiste en: “Falta de requisitos formales que impedirán al juez verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto”, que existen varios motivos para la interposición de esta defensa previa, dijo: PRIMER MOTIVO: De la simple lectura de la demanda se deduce que la demanda proviene de una rescisión un contrato de consultoría, no obstante, el actor equivocadamente peticiona lo siguiente: a) El pago (40%) restante con un valor de L.22,674.12 de contrato de consultoría (de trabajo), cuando agrega la palabra "trabajo" deliberadamente pretende que el contrato de consultoría se relacione con un contrato individual de trabajo, esa teoría se confirma al señalar en los fundamentos de derecho lo siguiente: 1, 2 (1ro) párrafo 3 y 20 del Código del Trabajo; 12 al 16 y 19 de la Ley del 7mo día; y 13vo sueldo en concepto de aguinaldo según Decreto 112 del primero de noviembre de 1982; 2, 5, 6, 13 y 14 del Reglamento del Décimo Cuarto Mes de salario en concepto de compensación social según Acuerdo No. 02-1995, que la legislación es clara y un contrato de consultoría tiene su propia normativa que en este caso es La Ley de Contratación del Estado (Art. 94), en donde el contratista devengara "Honorarios Profesionales" y de los cuales se les debe deducir el 12.59% por concepto de Impuesto sobre la Renta según la Ley de Impuesto sobre la Renta, y para el caso de dirimir las controversias que se susciten de conformidad con el Artículo 3 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo será competente esta jurisdicción, todo lo contrario de un contrato individual de trabajo que se devengan "salarios" y de los cuales se deduce el impuesto sobre la renta conforme la tabla correspondiente, para este último caso la legislación que corresponde es el Código del Trabajo, siendo los Juzgados del Trabajo los competentes para conocer dicha materia, la cual está excluida de esta jurisdicción conforme al artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. SEGUNDO MOTIVO: Asimismo el actor en sede administrativa peticionó lo siguiente: "El pago del 40% de restante con un valor de L.22,674.12 del contrato de consultoría (de trabajo) por rescisión", no obstante, en sede judicial pretende a título de daños y perjuicios derechos laborales como ser 13vo y 14vo mes, pago de vacaciones. El Articulo 147 de la Ley de Procedimiento Administrativo dispone: "El reclamo administrativo previo a la vía judicial se sustentará en los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual demanda judicial." En otras palabras, el juez se verá en serios problemas para decidir mediante sentencia motivada sobre la cantidad reclamada mediante la demanda planteada por el actor, por variar considerablemente la cuantía reclamada que en sede administrativa era el pago del 40% restante del contrato de consultoría, más derechos adquiridos salarios dejados de percibir, treceavo, catorceavo sueldo y en sede judicial pide a título de daños y perjuicios la cantidad equivalente a $3,000 por concepto de 13vo, 14vo y vacaciones… y en acápite de la "Cuantía de la Demanda" que subsanó solo pide los L.22,674.12 pero no invoca ninguna Ley de Derecho Administrativo solamente señala que se han violentado derechos constitucionales, civiles y humanos, sin precisar qué derecho especifico se le violentó y mucho menos mencionar fundamentos de derecho Administrativo que fueron supuestamente violentados por la Administración. En este mismo orden de ideas la demanda deberá ser declarada inadmisible por no reunir los requisitos que establecen los artículos 33 y 46 letra d) y e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que nos encontramos ante una demanda defectuosa, la cual según el actor de la misma la subsanó en tiempo y forma. TERCER MOTIVO: Por último, se aprecia que el actor no cumplió con los requisitos formales que establecen los artículos reformados de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que a continuación se exponen: Artículo 39 párrafo primero: "La cuantía de la acción se fijará en la demanda sobre la base del daño efectivamente causado. La acción únicamente puede ser admitida si el demandante rinde una caución equivalente al 20% del valor reclamado." Artículo 47: "Al escrito a que se refiere el Artículo anterior se acompañará: 1)… 2)… 3) Certificación o copia del acto impugnado el ejemplar del Diario Oficial La Gaceta, en que se haya publicado... d) En caso de solicitar el pago del daño efectivamente causado, a la demanda se acompañará, además constancia emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de encontrarse solvente con las obligaciones tributarias de los últimos 5 años, a la fecha de presentación del escrito", que bajo la perspectiva antes expuesta, la norma contenidas Decreto referido constata la existencia de un requisito sine qua non para ejercer una acción contra el Estado de Honduras en donde debe rendirse caución y la solvencia de las obligaciones tributarias de los últimos 5 años para que la acción pueda ser admitida, al no cumplirse dicho requisito por parte de la demandante, en vista que la demanda fue interpuesta el 17 de mayo del 2017, fecha posterior a la entrada en vigencia del Decreto 266-2013, no habiendo sido tomado en cuenta al admitir la demanda, es evidente que la posición de la parte actora, es sorprender a este Juzgado para que incurra en el error al seguir conociendo del fondo del asunto habiendo inobservado la disposición legal ya señalada, en consonancia con el estricto cumplimiento de cualquier norma legal el artículo 6 párrafo primero del Código Civil dispone, que "no podrá alegarse ignorancia de la ley...”. Por lo cual es procedente la interposición de la defensa previa señalada. En cuando a la cuarta causa de inadmisibilidad consiste en: “Que se hubiere interpuesto por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada”. La cual se fundamenta en el artículo 80 letra b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, porque el actor de la demanda al haber consentido que el acto administrativo quedara firme automáticamente pierde legitimidad para interponer acción contenciosa administrativa, es decir para impugnar un acto que ya no es objeto de impugnación ante la vía judicial por haber sido consentido. En este sentido aun y cuando el demandante haya ejercido su derecho de interponer el 2do. reclamo administrativo conforme el artículo 82 de la Ley de Procedimiento Administrativo, este nuevo reclamo no interrumpió el plazo de prescripción de la acción, tal como lo aclara dicho artículo; por lo que resulta procedente que este tribunal declare la inadmisibilidad de la demanda por carecer de legitimación activa del demandante, de conformidad con el artículo 14 de la Ley que rige esta jurisdicción en relación con el artículo 64.1 del Código Procesal Civil; ya que a estas alturas no existe vinculo jurídico entre el actor de la demanda y el Estado de Honduras. 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 05 de abril del 2018, dictó resolución que dice: “PRIMERO: DECLARA: a) CON LUGAR Las causales de Inadmisión 1) 2) Y 3) denunciadas por el demandado Y relacionadas con 1) "NO SE ADMITIRÁ LA ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA RESPECTO DE ACTOS FIRMES, ES DECIR AQUELLOS QUE HUBIEREN SIDO CONSENTIDOS EXPRESAMENTE, Y LOS CONFIRMATORIOS DE LOS ACTOS FIRMES CONSENTIDOS, Así COMO LOS QUE SEAN REPRODUCCIÓN DE OTROS ANTERIORES YA DEFINITIVOS O FIRMES." Y 2) "QUE HA EXPIRADO EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- SE FUNDAMENTA EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", 3) "FALTA DE REQUISITOS FORMALES QUE IMPEDIRÁN AL JUEZ VERTER PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO" únicamente en lo que refiere a la redición de caución del 20%, por los fundamentos de Hecho y de Derecho ya relacionados en los fundamentos de Derechos de esta Resolución; b) SE DESESTIMA Las causal de Inadmisión 4) denunciadas por el demandado, relacionadas con "QUE SE HUBIERE INTERPUESTO POR PERSONA INCAPAZ, NO REPRESENTADA DEBIDAMENTE O NO LEGITIMADA. LA CUAL SE FUNDAMENTA EN EL ARTICULO 80 LETRA B) DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", por los fundamentos de Hecho y de Derecho ya relacionados en esta Resolución. SEGUNDO: SE ORDENA LA INADMISIÓN DE LA PRESENTE DEMANDA y una vez firme la presente Resolución, se ordena el archivo correspondiente… SIN COSTAS”; bajo el criterio que en cuanto a la primera causal de inadmisión, denunciada por la parte incidentista (demandada) consistente en: "NO SE ADMITIRÁ LA ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA RESPECTO DE ACTOS FIRMES, ES DECIR AQUELLOS QUE HUBIEREN SIDO CONSENTIDOS EXPRESAMENTE, Y LOS CONFIRMATORIOS DE LOS ACTOS FIRMES CONSENTIDOS, Así COMO LOS QUE SEAN REPRODUCCIÓN DE OTROS ANTERIORES YA DEFINITIVOS O FIRMES." La cual se fundamenta en el artículo 80 letra c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; para acreditar esta defensa previa, la parte demandada aporta como documento soporte los expedientes administrativos número 19R-2008 y 077-R-2015, en los cuales se analizó lo siguiente: consta en el expediente administrativo 19-R-2008 reclamo administrativo presentado por el hoy demandante en fecha 28 de enero del 2008, solicitando el pago del 40% restante del contrato de consultoría por la cantidad de L.22,674.12 e indemnización de daños y perjuicios por la cantidad de L.56,685.00, dicho reclamo fue resuelto en fecha 18 de mayo del 2009, mediante la resolución 0082-SE-09 en la cual se declara sin lugar en reclamo presentado, concediéndole al reclamante (ahora demandante) el termino de 10 días para interponer el recurso de reposición correspondiente, misma que fue notificada en fecha 14 de abril del 2009, en fecha 06 de mayo del 2009 una vez transcurrido el termino antes señalado, se caduca de pleno derecho y se declara irrevocablemente perdido el termino dejado de utilizar, en base al artículo 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo, notificando dicha preclusión de termino al reclamante en fecha 21 de mayo del 2009; interponiendo recurso de reposición el reclamante en fecha 04 de abril del 2009 el cual es declarado extemporáneo en fecha 07 de julio del 2009 (ver folio 162), por lo cual la resolución 0082SE-09 quedo firme en fecha 21 de mayo del 2009.- consta en el expediente administrativo número 077-R-15 que el demandante vuelve a interponer reclamo en fecha 02 de septiembre del 2015, por los mismos hechos y circunstancias del reclamo presentado en el expediente 19-R-08, basándose el ahora demandante en el artículo 82 de la Ley de Procedimiento Administrativo, segundo reclamo que es resuelto en fecha 02 de noviembre del 2016 mediante resolución número 674-SE-16, el cual es declarado sin lugar en vista que la resolución 0082-SE-09 se considera ajustada a Derecho (esta es la resolución que resuelve el primer reclamo bajo expediente 19-R-08, el cual es firme) interponiendo recurso de reposición en fecha 15 de diciembre del 2016 (F-240) el cual es resuelto mediante la resolución número 085-SE-2017 de fecha 13 de marzo del 2017, que es el acto administrativo hoy impugnado en el cual declaran sin lugar el mismo y confirmando la resolución 674-SE-16.- Hecho este análisis podemos concluir que sí bien es cierto el artículo 82 de la Ley de Procedimiento Administrativo concede al interesado la posibilidad de ejercer nuevamente sus pretensiones cuando haya sido declarada la CADUCIDAD DE INSTANCIA, no es menos cierto que existe una diferencia entre lo que es caducidad de instancia del artículo 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo y la CADUCIDAD DE TERMINO establecido en el artículo 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicándose la primera por la INACTIVIDAD DEL PROCESO por causas imputables al interesado por más de 30 días, siendo la caducidad de termino LA PERDIDA IRREVOCABLE DEL TERMINO O RECURSO dejado de utilizar, sin necesidad de apremio, que es precisamente lo que acaeció en el reclamo administrativo 19-R-08, que dejo firme la resolución 0082-SE-2009, por lo cual no le es aplicable lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Procedimiento Administrativo, convirtiéndose el acto impugnado (resolución 0085-SE-2017) un acto confirmatorio de un acto firme consentido por el demandante; siendo PROCEDENTE la causal de inadmisión denunciada por la parte demandada, conforme a los artículo 63 a), 80 c) y 31 a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En cuanto a la segunda causal de inadmisión, denunciada por la parte incidentista (demandada) consistente en: "QUE HA EXPIRADO EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- SE FUNDAMENTA EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" esta segunda defensa, está íntimamente ligada con la anteriormente analizada, ya que al ser el acto impugnado una repetición de un acto firme y consentido, el cual quedo firme en fecha 21 de mayo del 2009 (resolución 0082-SE-09), la demanda indudablemente esta presentada fuera de los plazos establecidos en los artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo cual es procedente esta defensa previa denunciada por la parte demandada. Que en cuanto a la tercera causal de inadmisión, denunciada por la parte incidentista (demandada) consistente en: "FALTA DE REQUISITOS FORMALES QUE IMPEDIRÁN AL JUEZ VERTER PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO", se establecen 3 motivos dentro de la misma; en cuanto AL PRIMER MOTIVO relativo a la confusión de fundamentos legales esgrimidos por el demandante en su escrito de demanda, al combinar fundamento del Código de Trabajo con fundamentos de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, esto no se considera un impedimento para verter pronunciamiento, en vista que uno de los requisitos internos de las sentencias, es la CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD establecido en los artículos 12.5 y 206.2 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente a esta materia, debiendo por tanto el Tribunal resolver conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citados o alegados por los litigantes; por lo cual se desestima este primer motivo. EN CUANTO AL SEGUNDO MOTIVO conforme a lo establecido en el artículo 147 de la Ley de Procedimiento Administrativo alegado por el demandado, este juzgado del estudio de los reclamos administrativos presentados 19-R-08 y 077-R-2015 se aprecia que los hechos y derechos reclamados por el hoy demandante son exactamente los mismos por lo cual no es procedente este segundo motivo.- EN CUANTO AL TERCER MOTIVO que falta el requisito legal establecido en el artículo 39 y 47 d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, este juzgado efectivamente aprecia la carencia de la caución del 20% exigida, en vista que el demandante solicita la indemnización de daños y perjuicios por la cantidad de L.596,685.30 del cual debió rendir la caución en mención, no encontrándose enmarcada la presente demandada en la excepción del artículo 39 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; en cuanto al requisito del artículo 47 literal d) del mismo cuerpo legal, el mismo fue derogado por la entrada en vigencia del Código Tributario, publicado en fecha 28 de diciembre del 2016, específicamente el artículo 214 numeral 3) de dicho código; por lo antes expuesto es procedente declarar con lugar la defensa previa por falta de requisitos legales, en cuanto al 20% exigido por la ley, no así la constancia de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Que, en cuanto a la cuarta causal de inadmisión, denunciada por la parte incidentista (demandada) consistente en: "QUE SE HUBIERE INTERPUESTO POR PERSONA INCAPAZ, NO REPRESENTADA DEBIDAMENTE O NO LEGITIMADA". LA CUAL SE FUNDAMENTA EN EL ARTICULO 80 LETRA B) DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”; el artículo 13 de la Ley de esta jurisdicción establece que está legitimada para demanda, quien tuviere interés legítimo y directo para ello, así como el titular de un derecho subjetivo derivado de ordenamiento que se considere infringido por el acto impugnado, conforme al artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo cual este juzgado estima que el demandante si está legitimado para interponer la presente demanda por ser el titular del derecho subjetivo, sin perjuicio y como ya se estableció en la resolución de la primera defensa, que el acto impugnado es un confirmación de un acto firme consentido, por lo cual no es procedente la inadmisión de la presente demanda. 5. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 8 de septiembre del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO el auto proferido en la cuestión incidental de Defensas Previas en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que el Recurso de Apelación tiene por objeto que se confirme, revoque o modifique una resolución dictada en primera instancia, ello con base en la revisión y el análisis de los agravios que exprese quien lo promueve, de forma tal que el Tribunal de Alzada, cuya función es eminentemente revisora, debe circunscribirse a examinar sobre los errores o las omisiones en que el juzgador hubiere incurrido en dicha resolución, lo cual excluye el estudio de aquellos cometidos fuera de la misma como serían las violaciones procesales acaecidas durante el desarrollo del juicio, y otras situaciones totalmente ajenas. En otras palabras, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 701 y 704 del Código Procesal Civil, como norma supletoria a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, este tribunal de Apelación sólo debe examinar y resolver con plenitud de jurisdicción respecto de vicios y errores cometidos en la resolución que se recurra y que sean objeto de agravio expreso. Nos referimos al artículo 42 de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cuanto admisión de la demanda y sus requisitos. Se entiende por la admisión a trámite de la demanda es la primera decisión que debe adoptarse una vez que se ha presentado una demanda que la admisión de la demanda es un mero acto de comprobación de ciertos requisitos formales, el examen de la jurisdicción y competencia objetiva y territorial, es un acto más complejo, que exige el examen de bastantes parámetros y que debe hacerse, además, con toda la diligencia, pues tiene una notable importancia dados sus efectos. El artículo 1, 3, 5 de La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cuanto a la competencia, se entiende que es aquella parte de jurisdicción que corresponde en concreto a cada órgano jurisdiccional singular, según ciertos criterios a través de los cuales las normas procesales distribuyen la jurisdicción entre los distintos órganos. Se plasman estos conceptos por ser una pretensión de la Parte Apelante fundamenta su Recurso de Apelación en la nulidad del acto administrativo por la infracción de normas de derecho laboral al pedir declarar sin Lugar las defensas previas, que se abstenga de conocer de este asunto en particular y que se remita las diligencias de los expedientes al Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, ya que es el competente, (motivos alegados por el recurrente); con la acción Contencioso Administrativa únicamente se puede impugnar la legalidad de los actos administrativos por la infracción o interpretación de normas sujetas al Derecho Administrativo. Hacerlo de otra manera es abordar aspectos que no han sido impugnados y alterar los lineamientos establecidos en la ley. 6. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado HUGO DANILO MATAMOROS GOMEZ, en fecha 14 de enero del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 8 de septiembre del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.047-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.299-2017 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 20 de enero del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA, presentó en fecha 09 de marzo del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 12 de marzo del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 22 y 25 de marzo del 2021, los Abogados HUGO DANILO MATAMOROS GOMEZ y FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA, respectivamente. 8. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 5 de mayo del 2021, teniendo por personados a los Abogados HUGO DANILO MATAMOROS GOMEZ, como recurrente, y FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA, como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Honorables señores Magistrados el Encabezado o Titulo del Contrato expresa así: "CONTRATO DE SERVICIOS DE C0NSULTORIA TRABAJOS MENORES MEDIANTE POGA DE UNA SUMA GLOBAL BM-3497-092-2007." Como lo expresa la Parte Demandada o Recurrente; Yo nunca he Estado Equivocado y, lo que estoy Reclamando es el Pago del Cuarenta (40%) Restante Adeudado por la Recisión Unilateral del Contrato por Parte del Patrono; que era una suma global de Tres Mil (3,000.00) Dólares, equivalentes a Cincuenta Y Seis mil Seiscientos Ochenta y Cinco Lempiras con Treinta Centavos (Lps.56,685.30) que se iban a realizar los respectivos Pagos de la siguiente forma; Quince (15%) por ciento, Cuarenta y Cinco (45%) por ciento, Cuarenta (40%) por ciento; que este último no se me hizo efectivo de pago. Referente a que se fundamenta y aplica el Articulo (94) de la Ley de Contratación del Estado donde expresa: "el contratista devengara "Honorarios Profesionales "y de los cuales se les debe deducir el 12% por concepto de Impuesto sobre la Renta según la Ley de Impuesto sobre la Renta. Expresa textualmente el Articulo No.94 de la Ley de Contratación del Estado; DECRETO No.74/2001: Articulo 94: CONCEPTO. Contrato de Consultoría es aquel por el cual una persona natural o jurídica, a cambio de un precio, se obliga a prestar servicios específicos a la Administración en la medida y alcances que esta determine, para efectuar estudios, diseños, asesoría, coordinación o dirección técnica, localización de obras, preparación de términos de referencia y presupuestos, programación o supervisión técnica de obras u otros trabajos de la misma naturaleza. Honorables señores Magistrados la Parte Demandada o Recurrente Expresa Falso Testimonio Escrito en lo expresado en el Articulo No. 94 de la Ley de Contratación del Estado Incurriendo en Vicios de Anulabilidad Absoluta de este PRIMER MOTIVO”. 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: que revisado lo expuesto por el Recurrente, este Tribunal, se ve imposibilitado de encontrar un motivo debidamente estructurado, constituyendo lo realizado en un alegato inoportuno en este recurso extraordinario. En el mismo se incumple con el señalamiento del concepto de la infracción, la formulación de una proposición jurídica completa, el pronunciamiento que se impugna, el precepto autorizante, una explicación y no se precisa ni se justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. Es importante recordar que los requisitos formales que la ley establece para la formalización del recurso de casación son los que le dan la calidad de extraordinario, lo contrario implica tratar de convertirlo en una instancia lo cual, es incompatible con lo establecido en el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la República. 3.- Que en un segundo motivo se aduce: “Honorables señores Magistrados desde un inicio desde el mes de enero del año 2008, con la Interposición y Presentación del Primer Reclamo Administrativo en el expediente No. 019-R-08 en Condición de Caducado, como en el nuevo Reclamo Administrativo Interpuesto y Presentado en fecha 05 de septiembre del 2015, con número de Expediente 077-R-15; Maliciosamente Presentado y Escondido en la Pieza Separada de DEFENZAS PREVIAS, el Reclamo Realizado a la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación se Centra en el Pago no Efectuado Y Adeudado del Cuarenta (40%) por ciento, Pactado en el CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA TRABAJOS MENORES MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL, cuyo valor monetario es por la cantidad de: Veintidós Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Lempiras con 12/100, (Lps.22,674.12). Asimismo, he pedido en ambos Reclamos que a Titulo de Daños y Perjuicios como ser: Salarios, Treceavos, Catorceavos, Vacaciones, por las causales de: a) Oficio No. 035-07 de fecha 14 de noviembre de 2007, dirigido al Secretario General, de la Secretaria de Educación Abogado LUCIO ROMERO, La Solicitud, de NOTIFICARME la Rescisión del Contrato de Consultaría, a partir del mismo 14 de noviembre de 2007. b) Oficio No. 1403-5G-2007 de la misma fecha 14 de noviembre de 2007, dirigida al Lic. HECTOR BARDALES Coordinador de Recursos Humanos del Proyecto Educación Comunitaria; le expresaron: "En atención a su oficio No. 035-07,de fecha 14 de noviembre del año 2007, informamos a usted que la Unidad de Servicios Legales de esta Secretaria de Estado ha analizado la solicitud pera la rescisión del Contrato de Consultoría del señor HUGO DANILO MATAMOROS GOMEZ, al mismo tiempo se ha revisado de dicho contrato encontrando que aún no se puede rescindir en virtud que en este momento el señor MATAMOROS se encuentra en período de prueba y que dicho periodo vence hasta el cinco(5) de diciembre de 2007. c) Honorables señores Magistrados La Rescisión del Contrato de Consultoría fue Ilegal, Injustificada y Extemporánea, Actuando la Parte Demandada y Recurrente con Abuso de Poder Administrativo. Lo cual es SANCIONADO Y PENALIZADO en las Leyes de Procedimiento Administrativo, Contencioso Administrativo, Procesal Civil, Código Penal d) Por encontrarse expresado textualmente en el Articula 94 de la Ley de Contratación del Estado última línea, " ...... u otros trabajos de la misma naturaleza.", DECRETO No.74/2001. Las Respectivas Fotocopias de los Oficios Descritos se encuentran Anexados en ambos Expedientes: 019-R-08 en Condición de CADUCADO Y 077-R-15 VIGENTE”. 4.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: que revisado lo expuesto por el Recurrente, al igual que en el primer motivo este Tribunal, se ve imposibilitado de encontrar un cargo debidamente estructurado, constituyendo lo realizado en un alegato inoportuno en este recurso extraordinario. En el mismo se incumple con el deber de formular el concepto de la infracción, una proposición jurídica completa, el pronunciamiento que se impugna, el precepto autorizante, una explicación, no se precisa ni se justifica la incidencia de la infracción, en el sentido de la resolución impugnada. Es importante recordar que los requisitos formales que la ley establece para la formalización del recurso de casación son los que los que le dan la calidad de extraordinario, lo contrario implica tratar de convertirlo en una instancia lo cual, es incompatible con lo establecido en el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la República. 5.- Que en un tercer motivo se esgrime: “Honorables señores Magistrados; como lo expresa "que el Actor no cumplió con los requisitos formales que establecen los Artículos reformados de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que a continuación se exponen" Artículo 39: párrafo primero: "La cuantía de la acción se fijará en la demanda sobre la base del daño efectivamente causado. La acción únicamente puede ser admitida si el demandante rinde una caución equivalente al veinte (20%) del valor reclamado." Honorables señores Magistrados, el Articulo 39 expresa textualmente así en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Articulo 39: párrafo primero; "La cuantía de la acción se fijará en la Demanda. Cuando así no se hiciere, el Juzgado, de oficio o a instancia de parte, requerirá al demandante para que la fije, concediéndole al efecto el plazo de tres días hábiles, transcurrido el cual sin haberlo realizado se estará a la que fije el juez, previa audiencia del demandado." Honorables señores Magistrados; el Representante Procesal de la Parte Demandante y Recurrente esta: Falseando y Falsificando el Contenido Textualmente Escrito de este Articulo 39. Artículo 47: "Al escrito a que se refiere el Artículo anterior se acompañara: 1) ... 2).. 3) Certificación o copia del acto impugnado el ejemplar del Diario Oficial La Gaceta, en que se haya publicado .... d) En caso de solicitar el pago del daño efectivamente causado, a la demanda se acompañará, además constancia emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de encontrarse solvente con las obligaciones tributarias de los últimas cinco (5) años, a la fecha de presentación del escrito." Honorables señores Magistrados, el Articulo 47 expresa textualmente así en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Artículo 47: Al escrito a que se refiere el Artículo anterior, se acompañaran: a) ... b) ... c) Certificación o copia autorizada del acto impugnado o el ejemplar del diario Oficial "LA GACETA " en que se haya publicado, y si la publicación se hubiere hecho en cualquier otro Periódico Nacional, se acompañara el ejemplar de este; ch) Copia de la Demanda y, si los hubiere, de sus anexos ........ Honorables señores Magistrados; el Representante Procesal de la Parte Demandada y Recurrente Continuo Procesalmente Falseando, Falsificando y, Reformando el Contenido Textualmente de este Articulo 47. Asimismo, el ejemplar de la Publicación del Acto impugnado en el Diario Oficial "LA GACETA", Se encuentra Anexado en el Expediente de Merito No.299/2017. CONCEPTOS DE LA FALSEDAD, FALSIFICACION EN LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO PRESENTADOS Y UTILIZADOS POR PARTE DEL REPRESENTANTE PROCESAL DE LA PARTE DEMANDADA Y RECURRENTE. Honorables señores Magistrados tanto el Honorable señor Juez Sentenciador del Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo como También el Tribunal Sentenciador de lo Contencioso-Administrativo estimaron el Escrito presentado en Relación a las DEFENZAS PREVIAS, Asimismo como el Auto Interlocutorio Procesalmente Originado, donde los Artículos en que se Fundamenta son : 31, 33, 39, 46, 47, 51, 80 b), c), e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, donde "FALSEO Y FALSIFICO su Contenido Textualmente para que Tanto el señor Juez, como el Tribunal Sentenciador, Fueron Engañados, Confundidos para que Todos Ellos FALLARAN CON LUGAR El AUTO INTERLOCUTORIO DE DEFENZAS PREVIAS”. 6.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: que al igual que en el primer y segundo motivo revisado lo expuesto por el Recurrente, este Tribunal, se ve imposibilitado de encontrar un motivo debidamente estructurado, constituyendo lo realizado en un alegato inoportuno en este recurso extraordinario. Es importante recordar que los requisitos formales que la ley establece para la formalización del recurso de casación son los que le dan el carácter de extraordinario, lo contrario implica tratar de convertirlo en una instancia lo cual, es incompatible con lo establecido en el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la República. 7.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la Republica, a la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. 8.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. 9.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMAS Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiséis días del mes de agosto del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de junio del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA157-2021. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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