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Sentencia CA-156-21 — Registro 13407

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante por no estar ajustado a Derecho el Acto Administrativo Impugnado consistente en el Acuerdo de Cancelación, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: que revisado lo expuesto por la Recurrente, este Tribunal, se ve imposibilitado de encontrar un motivo debidamente estructurado, constituyendo lo realizado en un alegato instancia inoportuno en este recurso extraordinario. El cargo no será bien formulado si se omiten: el concepto de la infracción, una proposición jurídica completa, el pronunciamiento que se impugna, el precepto autorizante, una explicación, el señalamiento de manera precisa y justificada de la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. Todo ello debidamente fundamentado y con la suficiente separación y claridad. Es importante recordar, que los requisitos formales que la ley establece para la formalización del recurso de casación, determinan su calidad de extraordinario, lo contrario implica tratar de convertirlo en una instancia lo cual resulta incompatible con lo establecido en el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la Republica.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: al igual que en el primer motivo, revisado lo expuesto por la Recurrente, este Tribunal, se ve imposibilitado de encontrar un cargo debidamente estructurado, constituyendo lo realizado en un alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario. Es importante recordar que los requisitos formales que la ley establece para la formalización del recurso de casación son los que le dan el carácter de extraordinario, lo contrario implica tratar de convertirlo en una instancia lo cual no es acorde a lo establecido en el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la República..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada BESSY LORENA GARCIA; y, Recurrida: el señor DONAL MAURICIO AMADOR BACA, representado en juicio por la Abogada BELKY JANETH JIMENEZ GUEVARA. OBJETO DEL PROCESO: demanda especial en materia de personal para que se declare no conforme a derecho y se anule un acto administrativo de carácter particular consistente en el acuerdo número DGRCG-IP193-2016 de fecha 28 de diciembre del 2016 emitido por la Dirección General de Registro Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad, por haberse dictado infringiendo el ordenamiento jurídico vigente, que se declare el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para su pleno restablecimiento consistente en que se reintegre al demandante a su puesto de trabajo, en igual o mejores condiciones, el pago de salarios dejados de percibir, y demás derechos laborales, a partir de la fecha que se canceló su acuerdo hasta que sea reinstalado en su puesto, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, promovido por el señor DONAL MAURICIO AMADOR BACA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda que inició la relación laboral con el Instituto de la Propiedad mediante Contrato Individual de Trabajo en el cargo de Asistente Administrativo, en fecha 01 de octubre de 2008, posteriormente fue nombrado mediante Acuerdo No. 012-2009 de fecha 31 de marzo del 2009, para desempeñarse en el cargo de Asistente Administrativo, dependiente de la Dirección General Administrativa del Instituto de la Propiedad, con un salario mensual de L.11,224.00. En fecha 3 de agosto del 2009, mediante Acuerdo Número 057-2009 fue trasladado del cargo de Asistente Administrativo de la Dirección General Administrativa al cargo de Asistente Administrativo de la Dirección de Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad, con un salario mensual de L. 11,224.00. En fecha 19 de octubre de 2010 mediante el Acuerdo número 273-2010 de fecha 14 de octubre de 2010, fue despedido de su puesto de trabajo y mediante sentencia definitiva de fecha 26 de julio de 2013, que corre agregada al expediente 650-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, fue reincorporado a su puesto de trabajo. En fecha 3 de noviembre de 2015, mediante Memorando No. DGRCyG-2244-2015 fue notificado de su trasladado funcional al Registro de la Propiedad Inmueble de Choluteca, Choluteca, como Asistente Administrativo para el manejo del pentagon y para prestar colaboración con las gestiones administrativas de la Oficina Regional de Registro Vehicular de la ciudad de Choluteca. A la fecha de la notificación de la cesantía, el actor devengaba un salario de L.15,448.00 y desempeñaba funciones de Asistente Administrativo para el manejo del pentagon en la oficina Regional de la ciudad de Choluteca del departamento de Choluteca, sistema que el Instituto de la Propiedad creo con la finalidad de llevar un control directo por los ingresos del Registro Mercantil, para lo cual fue capacitado permanentemente desde el inicio de sus labores inclusive hasta el día 28 de diciembre de 2016, a solo 2 días antes de ser separado de su cargo, fue cancelado del cargo de Asistente Administrativo de la Dirección y Coordinación, mediante Acuerdo No.DGRCG-IP-193-2016 de fecha 28 de diciembre del año 2016, efectiva a partir del 31 de diciembre del año 2016, acuerdo emitido por la Dirección General de Registros, Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad, siendo notificado en fecha 30 de diciembre de 2016, a la 1:30 pm, mediante la certificación de fecha 28 de diciembre del año 2016 firmada por la señora Denisse Rosales Rivera en su condición de Secretaria de Actuaciones. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que consta en el expediente de personal del demandante lo relacionado en cuanto a la fecha que se aduce el inicio de la relación laboral con el Instituto de la Propiedad, en cuanto al nombramiento para desempeñarse en el cargo de Asistente Administrativo del Departamento de la Dirección General Administrativa del Instituto de la Propiedad, siendo trasladado al cargo de Asistente Administrativo de la Dirección de Catastro y Geografía del IP por lo que no es objeto de debate. Se acepta referente al traslado del demandante a la Oficina Regional de la ciudad de Choluteca, traslado funcional ya que su nombramiento corresponde en el cargo de Asistente Administrativo, dependencia de la Dirección General de Registro, Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad. También aceptó que es cierto que el señor actor fue notificado el 30 de diciembre del 2016 de la cancelación de su puesto, mediante acuerdo DGRCG-IP193-2016 emitido por la Dirección General de Registros, Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad, acuerdo de cancelación cuya certificación está firmada por la Secretaria de Actuaciones la abogada Denisse Rosales Rivera, pero el Acuerdo de Cancelación se encuentra firmado también por el Director General abogado Marco Tulio Padilla, en donde se especifica claramente que la cesantía se da por reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, así mismo señala que dicha modernización y simplificación del Estado se encamina a la evolución en los sistemas de atención al público, utilizando las tecnologías de información mediante la implementación de gobierno electrónico, es por ello que el Consejo Directivo aprobó el esquema de proyecto presentado por la Dirección de Registros, Catastros, y Geografía que consiste en conformar unidades de recepción y atención inmediata al usuario que reúnan las mejores condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, con el fin de brindar mejores servicios registrales y catastrales de manera ágil, segura, eficiente y con los más altos estándares de servicio personal y aplicación de nuevas tecnologías. Como consecuencia de lo anterior y siguiendo con la reingeniería del sistema de restructuración autorizada por el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad dicho acuerdo señala que es facultad del Director General de Registros, Catastro y Geografía, nombrar y remover el personal a su cargo; en este mismo orden de ideas es que se canceló al demandante siguiendo la normativa legal vigente que rige al Instituto de la Propiedad, observando el procedimiento establecido y sin infracción a ninguna ley, ni mucho menos haberse violentado el derecho a la defensa, además de estar en el acuerdo de cancelación la razón de la misma. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de marzo del dos mil dieciocho, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “Declarar PROCEDENTE la Acción promovida por el ciudadano DONAL MAURICIO AMADOR BACA, representado en juicio por la Abogada BELKY JANETH JIMENEZ GUEVARA por no estar ajustado a Derecho el Acto Administrativo Impugnado consistente en el Acuerdo de Cancelación No. DGRCG-IP-193-2016 de fecha veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), efectivo a partir del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), emitido por la Dirección General de Registros Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad mediante el cual se cancela por Cesantía a el ciudadano DONAL MAURICIO AMADOR BACA del cargo de Asistente Administrativo. SEGUNDO (2): Se Anula Totalmente el Acuerdo de Cancelación No. DGRCG-IP-193-2016 de fecha veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) por haberse emitido con infracción del ordenamiento jurídico y por no ajustarse a derecho.- TERCERO (3): Reconocer la situación Jurídica Individualizada reclamada por la demandante, para su pleno restablecimiento y reconocimiento se Resuelve: 1) El Reintegro del demandante al cargo que se desempeñaban al momento de su cancelación. En caso de ser materialmente imposible el Reintegro del demandante al cargo que desempeñaba, deberá ser reintegrado a otro puesto de igual o mejor categoría y en las mismas condiciones. 2) Condenar al Instituto de la Propiedad al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir y demás derechos laborales desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que sea reinstalado en su puesto de trabajo.- CUARTO (4): En cuanto al cheque de caja consignado por el hoy demandante en la Secretaría General de este Juzgado por la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L.231,654.04) en concepto de prestaciones y demás beneficios laborales se difiere para la etapa de ejecución de la sentencia.- QUINTO (5): Se exime del pago de costas…”, bajo el criterio que se ha comprobado que hubo infracción al ordenamiento jurídico al emitirse el acto impugnado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en la ley para cancelar a un servidor público por cesantía. La actuación de los órganos del Estado y específicamente de la Administración Pública (centralizada), sólo pueden hacer lo que la Ley expresamente les permite y en ese sentido deben apegarse en forma estricta a la Ley. En el presente caso la actuación de cancelar a un servidor Público por cesantía está limitada por lo establecido en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento. Que la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 24 establece que "los Actos Administrativos serán dictados por el órgano competente respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico" y que son anulables los Actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento el exceso de poder y la desviación de poder. La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que la sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder. Constituirá desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por la ley; quedando demostrado que en el presente caso, hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable, por desviación de poder, específicamente a la Ley de Servicio Civil en los artículos 53, 54 y 55 y al Reglamento de la Ley de Servicio Civil en los artículos 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 en virtud de no haberse seguido el procedimiento establecido para la cancelación del nombramiento del demandante por cesantía; ni se cumplió con el fin que persigue la ley aplicando esta figura. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diecinueve de febrero del dos mil veinte, dictó sentencia, CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el Acto Administrativo susceptible de ser revisado es el acuerdo de Cancelación No. DGRCG-IP-193-2016 de fecha 28 de diciembre del 2016, efectivo a partir del 31 de diciembre del 2016, emitido por la Dirección General de Registros Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad mediante el cual se cancela por Cesantía al demandante. Al analizar, revisar el expediente administrativo al actor y la vigencia del Reglamento de Personal Acuerdo CD-IP-2011 del Instituto de la Propiedad, publicado en el diario oficial La Gaceta el 11 de abril del 2012, es aplicable al demandante, por ser éste un empleado nombrado por acuerdo de nombramiento emitido por la Secretaría Ejecutiva del Instituto de la Propiedad. Al no establecer este Reglamento especial el procedimiento a seguir en lo concerniente a cancelación por cesantía a un servidor público del Instituto de la Propiedad, procede la aplicación de la Ley de Servicio Civil; además es un ente desconcentrado que aplica el artículo 31 del Reglamento del Poder Ejecutivo. En este caso se establecen los artículos 53 inciso a) y b), 54 y 55 de la Ley de Servicio Civil; 187, 188, 190, 191, 192 y 193 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; mismos que regulan exclusivamente la cesantía. Al emitir el acuerdo de cancelación por cesantía incumpliendo con los requisitos jurídicos, sin hacer el procedimiento establecido en la cancelación del nombramiento por cesantía de acuerdo a la norma, infringió ordenamiento jurídico el órgano competente. Referente al Decreto Ejecutivo PCM 046-2014 de fecha 8 de septiembre del año 2014, autoriza al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad a suprimir, reunir, crear, organizar, sus dependencias, quedando facultado para descentralizar, desconcentrar, o tercerizar los servicios que presta situación está que fundamenta jurídicamente el Estado de Honduras a través del Instituto de la Propiedad para emitir la cancelación por cesantía. La faculta al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad realice contrataciones acuerdos institucionales necesarios para obtener los recursos suficiente para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales que deban ser canceladas como producto de la reestructuración administrativa que se lleve a cabo en el Instituto de la Propiedad (artículo 2 inciso a), decreto PCM 46-2014); es así como a través de la facultad Constitucional del Presidente de la Republica, establece en el artículo 245 numeral 11, teniendo a su cargo la suprema dirección y coordinación de la administración pública centralizada descentralizada; precisamente en la modernización y simplificación del Estado se encamina a la evolución en los sistemas de atencional público, utilizando las tecnologías de información mediante implementación del gobierno electrónico, es por lo que el Consejo Directivo aprobó el esquema de proyectos presentado por la Dirección de Registros, Catastro y Geografía, y su facultad de nombrar y remover personal a su cargo, concluyendo que al no especificar el Decreto Ejecutivo PCM-046-2014 sobre la aplicación de Cesantía a los servidores del Instituto de la Propiedad y tampoco lo establece detalladamente el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad ACUERDO C-IP-2011, el cual en su artículo 83 al 87 remite a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento por ende es está ultima norma que se debe de aplicar. 5. La representación procesal de la parte recurrente, la Abogada BESSY LORENA GARCIA, en fecha once de enero del dos mil veintiuno, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha diecinueve de febrero del dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.043-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.043-2017 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha veinte de enero del dos mil veintiuno, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, la Abogada BELKY JANETH JIMENEZ GUEVARA, presentó en fecha diecisiete de febrero del dos mil veintiuno, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintitrés de febrero del dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha once de marzo del dos mil veintiuno la Abogada BELKY JANETH JIMENEZ GUEVARA y en fecha veinticinco de marzo del dos mil veintiuno la Abogada BESSY LORENA GARCIA. 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha cinco de mayo del dos mil veintiuno, teniendo por personados a las Abogadas BESSY LORENA GARCIA, como recurrente y BELKY JANETH JIMENEZ GUEVARA, como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta un primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Ese honorable Tribunal en el Considerando séptimo de fundamentos de derecho (7) argumenta "Al analizar, revisar el expediente administrativo al señor DONAL MAURICIO AMADOR BACA y la vigencia del REGLAMENTO DE PERSONAL ACUERDO-CD-IP-2011 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, publicado en el diario Oficial la Gaceta de 11 de abril del año 2012 es aplicable al demandante, por ser este un empleado nombrado por acuerdo de nombramiento emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad. Al no establecer este Reglamento especial el procedimiento a seguir en caso de cancelación por cesantía a un servidor público del Instituto de la Propiedad, procede la aplicación de la Ley de Servicio Civil, además es un ente desconcentrado que aplica el artículo 31 del Reglamento del Poder Ejecutivo…. Al emitir el acuerdo de cancelación por cesantía incumpliendo con los requisitos jurídicos, establecidos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, sin hacer el procedimiento establecido en la cancelación del nombramiento por cesantía, de acuerdo a la norma, infringió el ordenamiento jurídico el órgano competente." Su señoría esta defensa se pronuncia en cuanto al FUNDAMENTO DE DERECHO en su considerando: SEPTIMO, antes descrito en cual se puede observar que el juzgador en primer lugar establece que el Instituto de la Propiedad cuenta con un Reglamento de Personal vigente debidamente publicado y que este Reglamento es aplicable al hoy demandante, por tanto su señoría todas las normas comprendidas en el mismo serán de obligatorio cumplimiento para el personal del Instituto de la Propiedad, así como el sometimiento a las mismas. Siguiendo esta misma línea su señoría el juzgador alega en este considerando que en vista que el reglamento antes mencionado no cuenta con un proceso de cesantía estipulado es que mi representado debió seguir el proceso que establece la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para poder cancelar al demandante, criterio totalmente erróneo lo que conlleva con todo respeto su señoría aun desconocimiento de la Ley, en este caso específico al Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, ya que el mismo en su artículo 83, 84 y 85 contempla la figura de Cesantía, la cual en este proceso se cumplió a su totalidad, como puede observarlo en el proceso administrativo; asimismo mi representado realizo el pago mediante depósito al señor demandante de sus prestaciones laborales y derechos adquiridos por la CANTIDAD DE DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L.231,654,04) por tal motivo la Ley de Servicio Civil y su Reglamento es aplicable a los empleados del Instituto de la Propiedad de manera supletoria tal como lo regula el artículo 104 del Reglamento de Personal del IP que establece: "Lo no previsto en este Reglamento de Personal, se estará a las disposiciones legales establecidas en la Ley de Servicio Civil", como puede observar el razonamiento del juzgador del en este considerando es erróneo y contradictorio al fundamento en cual quiere hacer ver que mi representando infringió el ordenamiento jurídico, ya que solo nos limitamos a seguir el procedimiento que nuestro Reglamento de Personal exige para un proceso de Cesantía. Si bien es cierto su señoría somos un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, y que el Instituto de la Propiedad fue creado mediante Decreto Legislativo No.82-2004, no es menos cierto que dentro de sus atribuciones era también la de crear un Reglamento Interno de Personal donde los empleados de esta Institución estarían sujetos al mismo, aplicándoles dichas normas, tal como lo reitera el juzgador al iniciar este considerando.”. 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: que revisado lo expuesto por la Recurrente, este Tribunal, se ve imposibilitado de encontrar un motivo debidamente estructurado, constituyendo lo realizado en un alegato instancia inoportuno en este recurso extraordinario. El cargo no será bien formulado si se omiten: el concepto de la infracción, una proposición jurídica completa, el pronunciamiento que se impugna, el precepto autorizante, una explicación, el señalamiento de manera precisa y justificada de la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. Todo ello debidamente fundamentado y con la suficiente separación y claridad. Es importante recordar, que los requisitos formales que la ley establece para la formalización del recurso de casación, determinan su calidad de extraordinario, lo contrario implica tratar de convertirlo en una instancia lo cual resulta incompatible con lo establecido en el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la Republica. 3.- Que en un segundo motivo se aduce: “Así mismo en el considerando OCTAVO (9) parte final del ACAPITE FUNDAMENTOS DE DERECHO, ese Tribunal manifiesta que: “…Concluyendo este Tribunal que al no especificar el Decreto Ejecutivo PCM-046-2014 sobre la aplicación de Cesantía a los servidores del Instituto de la Propiedad y tampoco lo establece detalladamente el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad ACUERDO-C-IP-2011, el cual en su artículo 83 al 87 remite a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento por ende es esta última norma que se debe aplicar”. Su señoría tomando en cuenta el argumento del juzgador en el acápite anterior puede observar que el mismo no cuenta con un criterio amparado en la norma legal vigente aplicable a este caso, ya que de la simple lectura del DECRETO EJECUTIVO PCM-046-2014, publicado en Diario Oficial la Gaceta de fecha 11 de septiembre del año 2014, mediante el cual autorizan al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad para que proceda a realizar la restructuración de dicha institución, pudiendo suprimir, reunir, crear o reorganizar sus dependencias, como es que el juzgador puede decir que dicho Decreto Ejecutivo no es aplicable al caso solo porque no menciona que dichos procesos se harán mediante la Cesantía?, su señoría ya nuestro Reglamento habla de un proceso específico para el caso de una Restructuración como se hizo en el presente caso, donde el acuerdo de cancelación especifica claramente que la cesantía se da por reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, así mismo señala que dicha modernización y simplificación del Estado se encamina a la evolución en los sistemas de atención al público, es por ello que el Consejo Directivo aprobó el esquema de proyecto presentado por la Dirección de Registros, Catastro y Geografía, y es mediante un proceso de Cesantía que se inició la restructuración de dichas unidades del Instituto de la Propiedad, autorizada por el Consejo Directivo mediante amparándose el Decreto antes señalado, procedimiento regulado en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad donde se detalla claramente las causas y pasos a seguir para este proceso, pasos que se siguieron a cabalidad, es ilógico que el juzgador base su criterio diciendo que este proceso no es claro en el Reglamento de Personal del IP, y tampoco señala donde es que esta la laguna en el proceso, ya que de la simple lectura se puede observar claramente los pasos a seguir, extremos que ve hemos venido alegando en la secuela del juicio. Observándose que el criterio del juzgador no es congruente a los hechos alegados.”. 4.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: al igual que en el primer motivo, revisado lo expuesto por la Recurrente, este Tribunal, se ve imposibilitado de encontrar un cargo debidamente estructurado, constituyendo lo realizado en un alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario. Es importante recordar que los requisitos formales que la ley establece para la formalización del recurso de casación son los que le dan el carácter de extraordinario, lo contrario implica tratar de convertirlo en una instancia lo cual no es acorde a lo establecido en el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la República. 5.- Que en un tercer motivo se esgrime: “Como tercer motivo de casación este honorable Tribunal en el acápite PARTE DISPOSITIVA establece: FALLA: PRIMERO: "Declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada Bessy Lorena García en su condición de apoderada legal del Instituto de la Propiedad. SEGUNDO: COFIRMAR la Sentencia de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. Su señoría considera mi representado que dicho fallo no está apegado a derecho ya que de la simple lectura en de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho principalmente los antes señalados en este escrito de casación, así como con el fallo, el juzgador para emitir el mismo interpreto de forma antojadiza los fundamentos legales aplicables al caso, donde en ningún momento estableció específicamente donde se quebrantó el ordenamiento jurídico, a su vez las normas que el pretende hacer ver que son las aplicables al caso no son las incorrectas. Asimismo, en el presente fallo no existe pronunciamiento sobre las prestaciones salariales que fueron depositadas al demandante en su momento”. 6.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: que al igual que en primero y segundo motivo, revisado lo expuesto por la Recurrente, este Tribunal, se ve imposibilitado de encontrar un motivo debidamente estructurado, constituyendo lo realizado en un alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario. Es importante recordar que los requisitos formales que la ley establece para la formalización del recurso de casación son los que le dan el carácter de extraordinario, lo contrario implica tratar de convertirlo en una instancia lo cual, es incompatible con lo establecido en el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la República. 7.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la Republica, a la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. 8.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. 9.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintidós días del mes de septiembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de junio del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA156-2021. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.