Sentencia CA-147-20 — Registro 12827
Resumen
En primera instancia dictó auto en el cual declaró inadmisible la demanda interpuesta por el demandante en virtud que al realizar una operación aritmética pudo observar que el plazo para la presentación de la demanda, venció. se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) Es desatinado en el señalamiento del precepto autorizante; b) En el concepto de la infracción se insta a la revisión de los hechos e interpretación de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) Formula alegatos de instancia..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) Se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Se omite formular una proposición jurídica completa, señalándose varias disposiciones, pero sin establecer con claridad cuáles son las infringidas o en su caso relacionadas; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; d) Las normas indicada en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; e) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual no le es permitido a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice:
“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: ES PARTE: Recurrente: Abogado APOLONIO ORTIZ CALIX, como representante procesal del señor WILSON MEJIA BURGOS. OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia de personal en contra de la Dirección Departamental de Educación de Cortés a través de la señora Sara Doris Sambulá Mejía, para que se declare la nulidad en un acto administrativo contenido en el Acuerdo número 3557-D.D.E.C-2016, por cancelación del acuerdo de nombramiento permanente número 3848-DDE-05-2006 y posteriores actuaciones, cancelación que es injusta, ilegal arbitraria, violatoria de tratados y convenios internacionales, garantías constitucionales, al derecho a la estabilidad laboral, derechos adquiridos, debido proceso, derecho a la defensa, principio de inocencia y al principio de legalidad, dejando en estado de indefensión en virtud que se sustrajeron del expediente de mérito 55A-2016, documentos valiosos para la defensa, acción precedida de dolo, mala fe e intención deliberada de causar daño, así como al hecho de no haber resuelto algunos recursos, lo cual acredita con la copia de los recursos presentados sin resolver, reconocimiento de la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se adopte como medidas necesarias la nulidad del acto administrativo en su condición de Director del Instituto Oficial Unión y Esfuerzo del Municipio de Villanueva, Departamento de Cortés, a través de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir en el cargo de director durante el tiempo que dure el juicio, así como el pago de vacaciones, décimo tercer y decimocuarto mes, ajustes salariales bajo cualquier concepto que se hayan dejado de percibir, más el pago de 18 horas clase frente alumno laboradas y que debieron haber emitido el acuerdo respectivo con carácter permanente a partir del 01 de agosto del 2015, hasta la fecha en que exista sentencia definitiva, tal y como lo hace constar la Dirección de Educación número 6 de la ciudad de Villanueva, Cortés, se declare nulidad del acto administrativo contenido en el acuerdo número 3557-D.D.E.C-2016, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el Abogado APOLONIO ORTIZ CALIX, como representante procesal del señor WILSON MEJIA BURGOS, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE EDUCACION, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante manifestó en el escrito de su acción que inició su trabajo el 1 de mayo de 1996, en el cargo de Secretario del Instituto Oficial Modesto Rodas Alvarado, en el año 2002, fue ascendido mediante concurso al puesto de Director del Instituto Oficial Dr. José Alfonso Hernández Córdova, posteriormente el 01 de julio del 2006, fue trasladado mediante Acuerdo número 3448-D.D.E.-05-2006, al cargo de Director del Instituto Oficial Unión y Esfuerzo. En el año 2013, el demandante expresó haber denunciado ante el Secretario de Estado en el Despacho de Educación, a la Directora Departamental de Cortés, por el desvío millonario de recursos económicos pertenecientes al Instituto Oficial Unión y Esfuerzo del Programa de Educación Alterna ISEMED, por lo que se dedicaron a hostigarlo y perseguirlo laboralmente, para tal efecto acompañó a la demanda la fotocopia de documentos que prueban dicho extremo, como ser denuncias interpuestas ante la Fiscalía de lucha contra la corrupción del Ministerio Público, por el cobro de gastos de graduación, lo cual fue aprobado por los padres y madres de familia, constando en acta, además el demandante dijo que el mencionado cobro se encontraba enmarcado en lo que manda el artículo 109 del Reglamento General de la Ley Fundamental de Educación, tras dichas denuncias en el año 2015, no hubieron actos de graduación, pues la Directora Departamental retuvo los títulos para sus respectivas firmas, creando un clima de hostilidad, devolviéndolos hasta en febrero del 2016. El demandante señaló que le fueron otorgadas 18 horas de clases, las cuales impartió, pero no se le emitió su acuerdo de nombramiento permanente, de acuerdo al artículo 64 y 165 de la Constitución de la República, relacionado con el artículo 13 numeral 1 y 95 del Estatuto del Docente Hondureño, lo que dió lugar a que no se le pagara bajo el argumento que no existía acuerdo, además por tener pendientes la resolución de Recursos de Apelación, aclarando que para ese momento aun no existía el expediente 55A-2016; asimismo mencionó, haber sido suspendido de su cargo violentándole el principio de inocencia, consignado en el artículo 89 de la Constitución de la República y el artículo 94 referente al principio de Legalidad, puesto que se le impuso la cancelación de su acuerdo de nombramiento sin haber sido vencido en juicio y por autoridad competente, pues la Directora Departamental de Educación de Cortés, no tenía dicha competencia, por ser facultad que solo le compete al Tribunal Nacional y a los Tribunales Departamentales de la Carrera Docente, según lo que mandan los artículos 88, 94 y 95 del Reglamento de la Carrera Docente, sin embargo no fue suspendido legalmente puesto que después de haberse emitido el acuerdo de cancelación se le siguieron extendiendo Constancias de Trabajo y pagos de salarios, por lo que conforme a los artículos 41 del Estatuto del Docente Hondureño y 159 de su respectivo Reglamento, el término que tenía la Dirección Departamental de Educación según consta en el Expediente de Mérito 55A-2016, ya había prescrito. También expresó que para suspenderlo de su cargo se ampararon en el artículo 237 numeral 3 del Reglamento del Estatuto del Docente Hondureño, el cual no tiene incisos ni numerales, y tampoco hace referencia al Régimen Disciplinario por lo que es objeto de nulidad, además de acuerdo al artículo 90 numeral 4 de la Ley Fundamental de Educación, el Reglamento del Estatuto del Docente Hondureño está derogado por entrar en oposición con la Ley Fundamental de Educación, que de acuerdo a los artículos 88, 94 y 95 del Reglamento de la Carrera Docente manda que son los Tribunales de la Carrera Docente los que deben sancionar a los profesionales de la Docencia. Aunado a lo anterior mencionó, que se le negó ver el expediente 55A-2016, hasta el 31 de julio del 2017, puesto que su existencia era negada, o la persona que lo tenía no se encontraba en su oficina, vulnerando el artículo 157 del Reglamento del Estatuto del Docente Hondureño. 2.- En fecha 08 de agosto del 2018, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó auto en el cual declaró inadmisible la demanda interpuesta por el Abogado Apolonio Ortiz Cálix, como representante procesal del señor Wilson Mejía Burgos, en virtud que al realizar una operación aritmética pudo observar que el plazo para la presentación de la demanda, venció el 01 de abril del 2016, y no fue hasta el 10 de abril del 2018, que la misma fue presentada. 3.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 11 de noviembre del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la resolución de fecha 08 de agosto de 2018, proferida en primera instancia, sin costas. Bajo el criterio que el A-quo lo que procuraba con la subsanación, era verificar el plazo para la presentación de la demanda, bajo los principios de acceso a los juzgados, debido proceso y legalidad como principios fundamentales del derecho público, conforme al cual todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determinen un órgano competente, y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción. Por tal razón el principio de legalidad asegura la seguridad jurídica, ya que el acuerdo de cancelación tiene fecha 9 de mayo del 2016, y la demanda tiene fecha de presentación el 10 de abril del 2018. 4.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado APOLONIO ORTIZ CALIX, en fecha 08 de enero del 2020, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 11 de noviembre del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.075-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.10-2018 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 21 de febrero del 2020, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 5.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 08 de septiembre de 2020, teniendo por precluído el plazo concedido y dejado de utilizar por parte del Abogado APOLONIO ORTIZ CALIX, como recurrente, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Falta de aplicación del artículo 127 de la Constitución de la República, en relación al artículo 165 del mismo cuerpo legal, de los artículos número 13 numeral 1 y del artículo 95 de la Ley del Estatuto del Docente hondureño y artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Precepto Autorizante: Este motivo de casación se encuentra autorizada en el artículo 719 del Código Procesal Civil, EXPLICACIÓN: EI artículo 127 de la Constitución de la República establece: Toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo; el cual guarda íntimamente relación con el artículo 165 de la Constitución de la República el cual manda: La Ley garantiza a los profesionales en ejercicio de la docencia su estabilidad en el trabajo, un nivel de vida acorde con su elevada misión y una jubilación justa, este artículo se sigue relacionando con el artículo 13 numeral 1 el cual textualmente dice.- Son derechos de las docentes las siguientes: 1) Gozar de estabilidad en su trabajo, mientras mantenga buen desempeño y el artículo 95 literalmente dice: Los derechos que reconoce esta Ley no podrán ser disminuidos, tergiversados o ignorados y toda disposición en ese sentido será nula ipso jure. El personal docente en servicio al entrar en vigencia este Estatuto, conservara los derechos adquiridos mediante la anterior Ley de Personal y Escalafón del Magisterio en cuanto le favorezcan, este artículo sigue relacionándose con el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos el cual manda en su numeral 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, además este artículo continua relacionándose con el artículo 18 de nuestra Constitución el cual textualmente dice: En caso de conflicto entre el tratado o convención y la Ley prevalecerá el primero, esto en virtud de que Honduras es suscriptora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este artículo guarda íntima relación también con el artículo 64 de la Constitución el cual se lee: No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan, asimismo el Artículo 8 numeral 4 de la Ley General de la Administración Publica literalmente dice: Los órganos y entidades de la Administración Pública, no podrán: (4). Ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la República, además este Artículo 127 se relaciona con el artículo 7 numerales del 1 al 9 de la Ley de la Administración Publica el textualmente dice lo siguiente: Los actos de la Administración Pública, deberán ajustarse a la siguiente jerarquía normativa: 1) La Constitución de la República; 2) Los Tratados Internacionales ratificados por Honduras; 3) La presente Ley; 4) Las Leyes Administrativas Especiales; 5) Las Leyes Especiales y Generales vigentes en la República; 6) Los Reglamentos que se emitan para la aplicación de las Leyes; 7) Los demás Reglamentos Generales o Especiales; 8) La Jurisprudencia Administrativa; y, 9) Los Principios Generales del Derecho Público, esto último es reforzado por lo que manda el artículo 12 de Ley Fundamental de Educación actualmente vigente. La Corte de Apelaciones de la Materia en la sentencia definitiva recurrida ignoro la protección a los Docentes por parte del Estado de Honduras, el respeto a la garantía de estabilidad en sus cargos y los derechos laborales y humanos, el Principia de estabilidad laboral que es de carácter universal y por ende ningún acto administrativo puede estar por encima del mismo; normas legales que no fueron aplicadas por la Corte de Apelaciones, al declarar sin lugar el recurse de apelación interpuesto, lo cual está debidamente explicado en la argumentación jurídica precedente”. II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) Es desatinado en el señalamiento del precepto autorizante; b) En el concepto de la infracción se insta a la revisión de los hechos e interpretación de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) Formula alegatos de instancia. III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “A esa Honorable Corte de Apelaciones se le hace saber que nunca fui notificado en tiempo y forma del contenido de la resolución número 085-DDEC-2016 emitida el 18 de febrero del 2016 así como de la fecha en quedo en firme en instancia administrativa esta resolución y el acuerdo de cancelación número 3557-DDEC-2016, sino hasta 02 de Agosto el 2019 como consecuencia de una impugnación al segundo acuerdo de cancelación que emitiera la Dirección Departamental de Cortes (3435-D.D.E.C-2017). ignorando el primer acuerdo de cancelación (3557-DDEC-2016), mi Poderdante fotografió el auto de fecha 24 de julio del 2019 la cual acompaño en la presente casación y la Resolución número 085-D.D.E.C-2016, documentos que la Dirección Departamental de Educación de Cortes siempre me negó el acceso y la existencia de los mismos, violentándose con esto el derecho a la legítima defensa consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República precedido de abuse de autoridad y usurpación de funciones por la Dirección Departamental de Educación de Cortes, porque quien tenía que sancionar a mi representado era el Tribunal de la Carrera Docente, esto consignado en los artículo del 88 al 108 del Reglamento de la Carrera Docente que sustituyo en ese sentido el articulado del Estatuto del Docente Hondureño. Fue hasta esta fecha el 02 de agosto del 2019 que la Dirección Departamental de Educación de Cortes muestra a la vista un auto de fecha 24 de julio del 2019 en el cual declara firme la Resolución de Cancelación, para esta fecha ya se había presentado demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, ya se había apelado ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el fallo del Juzgado ordinario y se estaba a la espera de la resolución que emitiera la Honorable Corte de Apelaciones, adjunto auto del 24 de julio del 2019 en donde dejan en firme el acuerdo de cancelación número 3557-DD5C-2016 con el agravante que se le sanciono hasta mayo del 2017, habiendo para tal efecto una prescripción del término para poder sancionar a mi poderdante por supuestas faltas cometidas consignado en el artículo 159 del Reglamento del Estatuto del Docente ya que fue con esa Ley (derogada) que se le sanciono, siendo esto otra violación al debido proceso. Sin embargo sostengo que no ha habido ningún vencimiento de termino, tal y coma consta en la Resolución ante el amparo que se interpuso y dicha resolución establece que mi poderdante tiene recursos expeditos en las Juzgados ordinarios, es en este en el cual se ha prejuzgado a poderdante, con la resolución emitida y con el error en la fecha (01 de Abril del 2016) según la cual había ya prescrito termino para demandar según la Juez de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, es que se le ha negado el acceso a la justicia a mi representado, la cual debe ser expedita tomando en cuenta la sana critica. Precepto Autorizante: Este motivo de casación se encuentra autorizado en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, EXPLICACIÓN: EI artículo 82 Constitucional, manda que todo ciudadano tiene derecho a la legitima defensa, además los artículos del 88 al 108 del Reglamento de la carrera docente tipifican que el único organismo legal que puede sancionar a un docente es el Tribunal Departamental de la Carrera Docente y no las Direcciones Departamentales de Educación, a eso le podríamos llamar violación al debido proceso por no tener competencia para realizar tal acto administrativo la Dirección Departamental de Educación de Cortes, además del delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad al emitir una resolución y acuerdo contrario a la constitución y a las demás Leyes, esto consignado en el artículo 349 numeral 2 del código penal vigente, a esa Honorable Corte quiero manifestarle que en el expediente de mérito se encuentran los acusos de recibo de las denuncias en contra de la Dirección Departamental de Educación de Cortes de haber impugnado el oficio para la audiencia de descargo de mi representado, impugnación que se sustrajo par parte de la Dirección Departamental de Educación de Cortes del expediente de mérito y la sustracción fue sustituida par un acta de no comparecencia y lo que en realidad sucedió fue que nunca resolvieron la impugnación porque la sustrajeron, todo esto es del conocimiento del Ministerio Publico y de la Comisión Interamericana de Derechos Humano y es por eso que debe anularse todo el proceso administrativo y judicial reconociéndole todos los derechos laborales a mi representado, siempre recordándoles que de una ilegalidad no puede nacer una legalidad. Precepto Autorizante: Este motivo de casación se encuentra autorizada en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil”. IV. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) Se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Se omite formular una proposición jurídica completa, señalándose varias disposiciones, pero sin establecer con claridad cuáles son las infringidas o en su caso relacionadas; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; d) Las normas indicada en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; e) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual no le es permitido a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil. V. El Censor en un tercer motivo manifiesta: “Considero injustificable que mi Representado haya sido prejuzgado por el Juzgado de primera Instancia y por esa Honorable Corte de Apelaciones al afirmar en sus fallos que a este le haya prescrito el termino para demandar el uno de abril del 2016, es decir con casi cuarenta días de anticipación a la sanción aplicada con abuso de autoridad, usurpación de funciones, dolo, perversidad y mala fe de parte de la Dirección Departamental de Educación de Cortes al emitir el acuerdo número 3557-DDEC-2016, de fecha 09 de mayo del 2016, resultando extraño que esa Honorable Corte de Apelaciones declare SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado, no obstante confirma la resolución de fecha 08 de agosto del 2018 en donde se cometió esta injusticia de parte de quienes tienen la facultad de impartir justicia en el territorio nacional, mi asombro se incrementa al leer el numeral TERCERO del fallo mediante el cual reforman el numeral cuarto de los fundamentos de derecho, solo en lo relativo a la fecha 01 de Abril del dos Mil Dieciséis, ya que dicha fecha no coincide con la emisión del acto objeto de impugnación, corrigenda de esa manera el error cometido par el Juez de Primera Instancia, que ha originado retardo en la aplicación de justicia, mientras mi representado todavía sigue sin trabajo y sin sus medios de subsistencia como profesional, violentándole derechos Constitucionales ya que el Estado está obligado a protegerlo contra el desempleo y a la protección de la familia tal y como lo dice el Código de Familia, ignorando todo esto la sentencia emitida por esta misma Cortes de Apelaciones Precepto Autorizante: Este motivo de casación se encuentra autorizada en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN: A mi representado se le han violentado los derechos Constitucionales consignados en los artículos 64, 80, 82, 89, 94, 127 y 165 tanto por las autoridades educativas como por los Tribunales de Justicia. -El artículo 208 numeral 1 del Código Procesal Civil, referente a la congruencia de la sentencia, dispone: las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. En la parte dispositiva, numerales 1, 2 y 3 de la sentencia casada emitida por la Corte de Apelaciones de la Materia, resulta evidente la no aplicación de toda la argumentación jurídica antes expuesta en el presente escrito de casación, por todo lo expuesto, además no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que ha sido alegados por la parte demandante, razones por las cuales el presente fallo acarrea vicios de nulidad que deberán ser reconocidos por la Honorable Corte Suprema de Justicia, coma ser no detalla cómo queda la demanda en relación al pago de las 18 horas clases frente alumno que mi poderdante inicio a impartir el 01 de agosto del 2015, no se emitió el acuerdo respectivo por orden arbitraria y fuera de Ley emitida por la señora SARA DORIS SAMBULA MEJIA Directora Departamental de Educación de Cortes, en ese momento, lo cual le ha ocasionado a mi poderdante un perjuicio económico significativo ya que debió haber sido nombrado en agosto del 2015 con carácter permanente, a pesar que mi representado tiene requisitos de sobra para desempeñar dicho cargo. Tampoco esa Honorable Corte de Apelaciones no se pronunció en cuanto a lo peticionado en la apelación presentada en lo relativo a la nulidad de todos los actos administrativos promovidos por la Dirección Departamental de Educación de Cortes habiendo suficientes méritos para su nulidad consignados en el artículo número 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo en virtud de haber violentado el debido proceso al igual que preceptos Constitucionales, derechos laborales y humanos y actos constitutivos de delito de parte de las autoridades educativos y reitero que de una ilegalidad no puede nacer una legalidad y en ese sentido considero que no hubo congruencia de ese Honorable Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo”. VI. Que al igual que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) Se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Se omite formular una proposición jurídica completa, señalándose varias disposiciones, pero sin establecer con claridad cuáles son las infringidas o en su caso relacionadas; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; d) Las normas indicada en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; e) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual no le es permitido a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil. VII.- Que el Recurrente solicita adicionalmente: “NULIDAD SUBSIDIARIA. La sentencia definitiva de fecha once (11) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmando la sentencia de primera instancia, reformando el numeral cuarto de los fundamentos de derecho, solo en lo relativo a la fecha de vencimiento uno de abril del dos mil dieciséis, ya que dicha fecha no coincide con la emisión del acto objeto de impugnación los requisitos internos enunciados en el artículo 206 numeral 3, del Código Procesal Civil, que dispone: Cuando los puntos objeto de litigio hayan sido varios, el Tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.- es decir, que al tenor del artículo 208 del mismo cuerpo legal, debe ser congruente la sentencia con las pretensiones de las partes, asimismo se puede observar que en la parte resolutiva del fallo recurrido no se indica si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso del recurso que proceda, del órgano al que debe interponerse y del plaza para recurrir, adoleciendo con ello del contenido formal de las resoluciones, y por ende de los requisitos y condiciones que debe observar una sentencia dictada conforme a derecho, y ante la carencia de los mismos acarrea con ello vicio de nulidad, la cual, al tenor del artículo 213 numeral 1 del Código Procesal Civil podrá ser alegada por cualquiera de las partes interesadas, por consiguiente debe anularse la sentencia impugnada en este recurso extraordinario de casación, ya que dicho fallo se pronuncia sobre pretensiones no deducidas oportunamente, así como infracción clara de lo que manda el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo el cual textualmente dice: Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, el acto administrativo es nulo, en los siguientes casos: a) Los dictados por órgano absolutamente incompetente; b) Aquellos cuyo objeto sea imposible o configure un delito; c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido; d) Los que se emitan 1 infringiendo las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; e) Los de carácter general que infrinjan los limites señalados a la potestad reglamentaria, establecido por el Artículo 40; y, f) Los que contraríen lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública”. VIII.-Que se solicita nulidad subsidiaria de la sentencia impugnada, bajo argumentos propios de las instancias y de que las sentencias deben ser claras, precisas congruente con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del Debate, pero sin precisar ni demostrar los mismos. En el presente asunto, la sentencia de la cual se solicita la nulidad, es confirmatoria de la dictada por el A-Quo, por ello en su momento y, en su caso, se debió denunciar los vicios procesales, contenidos en la sentencia del juzgado de primera instancia a razón del principio de vinculación, ya que el Ad-Quem, está supeditado a los concretos pronunciamientos recurridos lo contrario implica su consentimiento. Por otro lado, el Código procesal Civil, en su artículo 719 regula las causales de casación por violación de normas procesales relacionadas con el contenido interno de las sentencias siendo la vía apropiada para recurrir los vicios procesales, siempre y cuando se formulen debidamente, situación que no acontece en el recurso de mérito. Aunado a lo anterior Código Procesal Civil, en su artículo 214 numeral 3) regula taxativamente las causas de nulidad, que igualmente no encajan en la situación de nulidad esgrimida por el solicitante. La pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y que efectivamente se ha ocasionado un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar, situación que no acontece en el fallo impugnado, por ello se estima, que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, realizando el Ad-Quem los pronunciamientos correspondientes resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. IX.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República; a la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones, que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. X.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y desestimar la petición de nulidad subsidiaria del fallo expuesta extemporáneamente por el representante procesal recurrido, así como la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 214 numeral 3), 700, 701 numeral 1), 716, 717, 719, 720, numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de nulidad subsidiaria formulada por el representante procesal recurrido. 3) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de febrero del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA147-2020. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
1