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Sentencia CA-146-23 — Registro 18135

Resumen

La Corte de Apelaciones revoca la sentencia dictada por el juzgado bajo el criterio que, la génesis del presente caso radica en que el demandante fue objeto de jubilación voluntaria por parte del INJUPEMP; posteriormente fue objeto de elección por parte del Congreso Nacional para el desempeño del cargo denominado Magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, por lo que solicitó la suspensión temporal del beneficio de jubilación, siendo otorgada por el INJUPEMP en fecha 13 de enero del 2017. Sin embargo, conforme al Decreto 130-2014 contentivo de las reformas de la Ley del INJUPEMP la parte actora solicitó la reactivación del beneficio de jubilación, la cual fue declarada improcedente fundamentado en el artículo 83 de la Ley del INJUPEMP por ser incompatible el disfrute de una pensión con el desempeño de cargos remunerados.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

". ..Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta un primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Se impugna la forma y contenido de la sentencia. - Normas infringidas: artículo 206 numeral 1) del Código Procesal Civil. Se impugna el fallo en su totalidad, en lo que respecta a la forma de este. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 1) litera c) del Código Procesal Civil. EXPLICACION: El articulo 206 numeral 1) del Código Procesal Civil determina en su parte conducente lo siguiente: "ARTÍCULO 206.- CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. En el caso particular de la resolución recurrida, basta su lectura para establecer que el Tribunal de segunda instancia ha faltado a las exigencias de claridad, precisión y exhaustividad requeridas en dicho precepto jurídico, ya que al momento de apreciar y valorar los hechos y el material probatorio aportado y practicado, no ha realizado el análisis debido de la procedencia o improcedencia de la acción, porque no señala los hechos probados, siendo importante y relevante en el proceso, por lo que es evidente de que el fallo recurrido, devenía en la obligación de establecer claramente esos hechos probados, como además se encontraba en la obligación de valorar cada prueba y darle su efecto legal correspondiente y no lo hizo. Tampoco ha realizado el análisis jurídico que conlleva a la aplicación e interpretación del Derecho, revocando el fallo del a quo sin razonar y motivar suficientemente el criterio por el cual se declara la improcedencia de la acción, por lo que resulta infringido el articulo 206 numeral l) del Código Procesal Civil”. II. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) carece de claridad y precisión en la formulación, ya que, se omite el concepto de la infracción, es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; y, b) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a esta Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; en razón de lo mismo, el precepto autorizante resulta inadecuado como sustento del cargo. Además, revisado que fue el fallo impugnado, el mismo cumple con los requisitos formales establecidos en las normas que regulan el contenido interno de los fallos judiciales establecidas en el Código Procesal Civil. ,,"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"..Que en un segundo motivo se esgrime: “Se impugna la forma y contenido de la Sentencia. - Normas infringidas: articulo 207 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil. Se impugna el fallo en su totalidad, en lo que respecta a la forma de este. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil. EXPLICACION: El articulo 207 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil ordena que las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que le condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la debida fundamentación jurídica. En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación, ya que a través de la misma se exponen razones jurídicas para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas.- Esta cumple dos funciones, a saber: 1. Interna: En el proceso (Dentro de un procedimiento o proceso explica a los involucrados por qué se acogen o no determinadas pretensiones y facilitan los controles internos); y 2. Externa: Dirigida a terceros no involucrados, pero sí interesados en el proceso (Evidencia a la comunidad o a un tercero, que la autoridad o el juez ha tomado la decisión basado en ciertos hechos construidos con pruebas suficientes. Con ella se manifiesta la imparcialidad de quien resuelve y su apego a la ley). - La fundamentación es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios de su corrección y validez. - No hay que confundir motivar con fundamentar. - Quien motiva explica las causas de sus decisiones, y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: facticos, probatorios y jurídicos.- Ese deber de motivación en el fallo recurrido no se cumplió, porque revisarlo para entender que el ad quem omitió efectuar los razonamientos y explicaciones sobre el caso, particularmente sobre la procedencia o improcedencia de la acción, pese a que revocó el fallo de primera instancia; repito, incluso no determinó los hechos probados, como consecuencia de ello infringió la norma contenida en el artículo 207 numerales l) y 2) del Código Procesal Civil. Señalo los precedentes de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, donde en casos se ha sentado el criterio de que la omisión del juzgador en ese deber procesal determina dicha infracción, en las sentencias dictadas en los recursos de casación por la Sala Laboral- Contencioso Administrativo en los siguientes expedientes: l) CA 17-16 de fecha veintiocho (28) de septiembre del dos mil diecisiete (2017); 2) CA 461-14 de fecha veintiséis (26) de junio del dos mil quince (2015); 3) CA 64-16 de fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil diecisiete (2017)”. IV. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) en la formulación se omite el concepto de la infracción, es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) se invoca como norma infringida el artículo “…207 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil…” cuyos numerales regulan situaciones jurídicas distintas que es necesario precisar; y c) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación de la prueba, lo cual le es vedado a esta Tribunal, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. Además, revisado que fue el fallo impugnado el mismo contiene la motivación suficiente sobre material factico aportado al proceso que inciden y determina la decisión del juzgador de instancia,,"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"..Que en un segundo motivo se esgrime: “Se impugna la forma y contenido de la Sentencia. - Normas infringidas: articulo 207 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil. Se impugna el fallo en su totalidad, en lo que respecta a la forma de este. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil. EXPLICACION: El articulo 207 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil ordena que las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que le condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la debida fundamentación jurídica. En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación, ya que a través de la misma se exponen razones jurídicas para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas.- Esta cumple dos funciones, a saber: 1. Interna: En el proceso (Dentro de un procedimiento o proceso explica a los involucrados por qué se acogen o no determinadas pretensiones y facilitan los controles internos); y 2. Externa: Dirigida a terceros no involucrados, pero sí interesados en el proceso (Evidencia a la comunidad o a un tercero, que la autoridad o el juez ha tomado la decisión basado en ciertos hechos construidos con pruebas suficientes. Con ella se manifiesta la imparcialidad de quien resuelve y su apego a la ley). - La fundamentación es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios de su corrección y validez. - No hay que confundir motivar con fundamentar. - Quien motiva explica las causas de sus decisiones, y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: facticos, probatorios y jurídicos.- Ese deber de motivación en el fallo recurrido no se cumplió, porque revisarlo para entender que el ad quem omitió efectuar los razonamientos y explicaciones sobre el caso, particularmente sobre la procedencia o improcedencia de la acción, pese a que revocó el fallo de primera instancia; repito, incluso no determinó los hechos probados, como consecuencia de ello infringió la norma contenida en el artículo 207 numerales l) y 2) del Código Procesal Civil. Señalo los precedentes de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, donde en casos se ha sentado el criterio de que la omisión del juzgador en ese deber procesal determina dicha infracción, en las sentencias dictadas en los recursos de casación por la Sala Laboral- Contencioso Administrativo en los siguientes expedientes: l) CA 17-16 de fecha veintiocho (28) de septiembre del dos mil diecisiete (2017); 2) CA 461-14 de fecha veintiséis (26) de junio del dos mil quince (2015); 3) CA 64-16 de fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil diecisiete (2017)”. IV. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) en la formulación se omite el concepto de la infracción, es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) se invoca como norma infringida el artículo “…207 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil…” cuyos numerales regulan situaciones jurídicas distintas que es necesario precisar; y c) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación de la prueba, lo cual le es vedado a esta Tribunal, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. Además, revisado que fue el fallo impugnado el mismo contiene la motivación suficiente sobre material factico aportado al proceso que inciden y determina la decisión del juzgador de instancia,,"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de junio de dos mil veinticuatro, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA Y RUBENIA GALEANO BARRALAGA, dictan la siguiente RESOLUCIÓN. SON PARTES: Recurrente: el señor RICARDO RODRIGUEZ, representado en juicio por la Abogada KENSY RAMONA ESCOBAR BANEGAS; y, Recurrido: el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representado en juicio por la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para que se declare la nulidad e ilegalidad de un acto administrativo de carácter particular, emitido por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, consistente en la Resolución DI No. 203-2018 de fecha 7 de agosto del año 2018 y la Resolución DI No. 210-2019 de fecha 29 de mayo del año 2019, por no ser dictadas conforme a derecho, infringir el ordenamiento jurídico, contener vicios de nulidad y anulabilidad, exceso de poder, quebrantamiento de las formalidades esenciales establecidas en la ley, que se reconozca la situación jurídica individualizada y adoptar como medidas necesarias para el pleno restablecimiento que se ordene al INJUPEMP que proceda a reactivar la pensión por jubilación voluntaria y se pague la misma desde el 22 de marzo del 2018 fecha en la que fue solicitada la reactivación del beneficio, reajustando la pensión a percibir con los respectivos incrementos que se hubieren otorgado; se reconozca el derecho a gozar del beneficio de jubilación voluntaria y a percibir los salarios como Magistrado del TSC, más el pago del interés legal por las cantidades dejadas de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado BRYAN JOSUE SOLORZANO PANCHAME, en su condición de representante procesal del señor RICARDO RODRIGUEZ, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP). ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda que en fecha 5 de enero del 2015, presentó ante el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), solicitud de jubilación voluntaria, la cual fue aprobada en fecha 23 de julio del 2015, mediante Resolución DI No. 102-2015 con una asignación por la cantidad de L.26,856.00. En fecha 8 de noviembre del 2016, el demandante fue objeto de elección por parte del Congreso Nacional para el desempeño del cargo denominado "Magistrado del Tribunal Superior de Cuentas", desempeñando las funciones propias de dicho cargo el 7 de diciembre de 2016. En virtud de la elección anteriormente mencionada, en fecha 9 de diciembre del 2016, presentó escrito ante el INJUPEMP solicitando la Suspensión Temporal del Beneficio de Jubilación, para que la misma fuera efectiva a partir del 6 de diciembre del 2016, misma que fue admitida por dicho instituto en fecha 13 de enero del 2017, mediante Resolución DI No. 011-2017. Que, en la parte dispositiva de dicha resolución, en su primer fundamento, se establece lo siguiente: "RESUELVE: PRIMERO Aprobar la SUSPENSIÓN TEMPORAL del Beneficio de Jubilación Voluntaria del señor Ricardo Rodríguez, a partir del 6 de diciembre del 2016, fecha que fue nombrado como Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). La suspensión es sin perjuicio de que el señor Rodríguez solicite seguir cotizando al INJUPEMP por el nuevo cargo que desempeña". En fecha 22 de marzo del 2018, el demandante presentó la solicitud al INJUPEMP para la reactivación del beneficio de jubilación con el ajuste correspondiente, de conformidad con el Decreto número 130-2014 contentivo a las reformas de la Ley del INJUPEMP y su Reglamento; dicha solicitud fue declarada improcedente por parte de la División de Servicio Legales del Instituto, emitiendo la Resolución DI No. 203-2018 de fecha 7 de agosto del 2018, fundamentando tal resolución en el artículo 83 de la Ley del INJUPEMP, mismo que establece la incompatibilidad del disfrute de una pensión con el desempeño de cargos remunerados. Notificada dicha resolución, en fecha 12 de abril del 2019, se interpuso el recurso de reposición contra ella, siendo resuelto mediante Resolución DI No. 210-2019 de fecha 29 de mayo del 2019, declarando sin lugar el recurso interpuesto, confirmando la Resolución DI No. 203-2018, conformando dichas resoluciones el acto objeto de impugnación de la presente demanda y con ello por agotada la vía administrativa. El INJUPEMP establece su criterio en las resoluciones antes mencionadas de manera errónea, derivándose de su argumentación que la razón principal por la cual el demandante no es sujeto de la reactivación del beneficio de jubilación se debe al "nombramiento" del cual fue sujeto por el Congreso Nacional para el desempeño del cargo como Magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, estableciendo la incompatibilidad del derecho a percibir una pensión con el desempeño de cargos remunerados, concurriendo la misma cuando las personas jubiladas desempeñaran cargos en el sector público, exceptuando los cargos de elección popular, de tal manera que dicho jubilado, en aras de solicitar la reactivación de dicho derecho y reincorporación al Instituto, deben finalizar la relación laboral con la institución incorporada al INJUPEMP, (o cualquier otra institución). De tal manera que INJUPEMP asocia y relaciona directamente el nombramiento del que fue objeto el demandante con el derecho a percibir su respectiva jubilación por el INJUPEMP, causando un perjuicio directo a los derechos e intereses del demandante. Cabe mencionar que el nombramiento del que fue objeto el demandante por parte del Congreso Nacional en fecha 6 de diciembre del 2016, como Magistrado del Tribunal Superior de Cuentas se produce mediante una elección de segundo grado, en el cual dicho órgano selecciono entre una serie de nombres y opciones al demandante, de tal manera que no puede considerarse dicho nombramiento como un contrato de trabajo, ya que tal como lo define el Código de Trabajo, para ello debe convenirse y acotar, mediante concierto entre las partes, la realización de un determinado trabajo o actividad a cambio de la cual una de las partes percibirá una suma de dinero, o cualquier otro tipo de contraprestación estipulada en la negociación de las condiciones. La elección, en cambio, es la designación, generalmente por votación, de una o más personas para ocupar un puesto en una comisión, consejo u organismo semejante. Por otra parte, la Ley del INJUPEMP define como pensión "Renta pagada con periodicidad mensual al participante o beneficiario que tenga derecho de conformidad a la Ley", es decir, es el beneficio económico por los años de servicio que el participante, ha prestado, en este caso, al Poder Ejecutivo, de tal manera que el desempeño de un cargo de segundo grado, y el derecho a la pensión que por ley le corresponde al demandante no puede considerarse como el desempeño de dos cargos públicos. De manera que, con el propósito de establecer la diferencia de criterios entre Salario y Jubilación por Pensión, recurrimos al Acuerdo No. 464, contentivo del Reglamento a las disposiciones relativas al impuesto sobre la renta contenidas en el Decreto Legislativo Numero 18-90, del 23 de abril de 1990, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 26130 del jueves 10 de mayo del año 1990, podemos encontrar el termino de Remuneración: "el cual es el pago por servicios prestados de conformidad a una relación de trabajo: sueldo, SALARIO, jornal." El termino de Pensión por Retiro, en cambio, se encuentra definido en la Ley del Instituto de Previsión Militar (IPM), la cual se define como "la Renta Vitalicia pagadera mensualmente, incluyendo décimo tercer y décimo cuarto mes, a que derechos los afiliados del RRE", de manera que es evidente la distinción entre ambos términos, producto jurídico que emanan de relaciones totalmente diferentes. Asimismo, el artículo 124 de las Disposiciones Generales del Presupuesto del año 2019, Decreto número 180-2018 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 20 de diciembre de 2018, faculta a cualquier jubilado que haya prestado sus servicios en cualquier institución estatal a desempeñar cargos, con fondos nacionales o externos, que requieran sus servicios profesionales, sin menoscabo de los beneficios de jubilación. Por lo anterior la resolución DI No. 203-2018, y la Resolución DI No. 210-2019 constituyen una infracción al ordenamiento jurídico que la vicia de nulidad. En este sentido, para ilustración de este Despacho de Justicia, acompañamos las resoluciones del expediente 466-2014, que contiene la Sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, firme y que posee el criterio de cosa juzgada, siendo confirmada respectivamente por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y por la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, el cual sirve como antecedente y jurisprudencia en vista que versa sobre pretensiones similares a la presente demanda, en la cual se reconoce el derecho simultaneo del actor a desempeñarse en el cargo del que ha sido electo por parte del Congreso Nacional junto a la percepción del beneficio por jubilación. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que en fecha 05 de enero del 2015, el demandante solicitó su beneficio de jubilación el cual de conformidad a la normativa institucional, es la renta mensual que se hace efectiva a todo participante que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en dicha Ley, siendo los años de servicio acreditados y comprobados por el Instituto conforme a los registros de años efectivamente trabajados y debidamente cotizados y aportados, es así, que en el ámbito de dicha solicitud según la base de datos el señor Rodríguez acreditó un total de 14 años, 03 meses, 18 días, siendo su último servicio prestado en la Procuraduría General de la Republica, por cuanto en fecha 23 de julio del 2015, la Dirección Interina mediante Resolución DI N° 102-2015, aprobó el beneficio de jubilación por la cantidad de L. 26,856.00, efectivo a partir del 5 de enero del 2015; dicho beneficio de jubilación fue percibido ininterrumpidamente hasta que mediante escrito de fecha 9 de diciembre del 2016, el demandante haciendo uso de la normativa legal aplicable solicitó la suspensión de dicho beneficio en virtud de haber sido nombrado o electo como Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Cuentas, a partir del 6 de diciembre del 2016. Que dando cumplimiento a los efectos legales claramente establecidos, el Instituto mediante Resolución DI No. 011-2017, de fecha 13 de Enero del año 2017, resolvió aprobar la suspensión temporal del goce y disfrute del beneficio de jubilación voluntaria, en el entendido de que al cesar la causa que motivó la suspensión o sea el desempeño del cargo en referencia, el goce de la respectiva pensión volvería a hacerse efectiva en los mismos términos, cuantía y condiciones en las que se encontraba gozándola; resolución que fue consentida por el demandante y consecuente a la solicitud de suspensión del beneficio instada por petición particular. Que en fecha 22 de marzo del 2018 el señor Ricardo Rodríguez, peticiona la reactivación del pago de su jubilación considerando los ajustes indicados en la Ley y el Reglamento General de INJUPEMP, argumentando que el pago de su jubilación no contraviene la Constitución de la Republica, norma que indica tiene preeminencia a cualquier otra Ley, incluyendo la Ley del INJUPEMP, y a las Disposiciones de Presupuesto de cualquier ejercicio fiscal, citando como antecedentes de su pretensión sentencias en las cuales la Corte Suprema de Justicia en el año 2016 otorgó varios amparos que fueron solicitados por ciudadanos que se encuentran en igual situación, considerando que la misma no fue otorgada, no porque no les asistiera el derecho sino por no haber evacuado el proceso administrativo correspondiente, y evacuado el juicio contencioso, situación que aduce no aplica en su caso, puesto que, ya ha sido presentado administrativa el reclamo correspondiente, quedándoles expedita la posibilidad de reclamar ante los órganos jurisdiccionales correspondientes el reconocimiento a su favor de un derecho adquirido, en razón que las sumas enteradas en concepto de aportaciones obligatorias, constituyen derechos adquiridos, que no pueden ser suspendidos bajo ningún concepto al amparo de lo establecido en el artículo 128 Constitucional, reiterando que tampoco constituyen un salario las aportaciones obligatorias enteradas. Con el objeto de ampliar los argumentos de defensa a la improcedente demanda, deviene establecer inicialmente que "El sistema previsional del INJUPEMP, es un sistema contributivo en el cual su pertenencia la definen las aportaciones patronales y cotizaciones individuales que sus participantes realizan, a efecto de obtener los beneficios y servicios que ofrece el régimen, siendo esta por mandato de ley obligatoria para todos los servidores públicos con las excepciones que de igual manera han sido prestablecidas en la ley previsional"; asimismo el beneficio de jubilación es un acto administrativo por lo que un trabajador activo, pasa a una situación pasiva laboral tras haber alcanzado la edad máxima que le permite legalmente abandonar la vida laboral y obtener una retribución por el resto de la vida, en consecuencia, la pensión por vejez o jubilación, es la renta mensual, que se hace efectiva a todo participante que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en la Ley del INJUPEMP, como ser la acreditación de años de servicio y haber cumplido con la edad establecida para tal efecto, con derivadas regulaciones que también amplían su goce o suspensión en determinados casos. También, de aplicabilidad se denota la existencia de una regla general de incompatibilidad del disfrute de una pensión con el desempeño de cargos remunerados, derivado de esa estructuración, en el mismo orden de ideas es meritorio señalar que en su regulación la Ley vigente Institucional lo relaciona en el artículo 83, indicado a tal efecto que: "todas las prestaciones otorgadas por la referida ley son independientes de cualquier otro recurso económico o ingreso que posean sus titulares y las únicas incompatibilidades con su disfrute, son el ejercicio profesional de los jubilados y pensionados en cargos del sector público, de esto último se exceptúan aquellos casos en que el jubilado desempeñen cargos de elección popular"; en este contexto se reglamenta que en los casos de incompatibilidad, la jubilación debe ser suspendida por el instituto de oficio o a petición de parte por el tiempo que dure la incompatibilidad, por cuanto, entenderemos que la incompatibilidad en la percepción de recursos económicos en el desempeño de cargos remunerados, sin causa de excepción, es una infracción legal respecto al otorgamiento del beneficio, lo que conlleva la obligación de restituir los valores indebidamente percibidos, debe considerarse además que la Constitución de la República en su artículo 15 respecto al Estado de Honduras, hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional y que el Convenio número 102 sobre la Seguridad Social emitido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su considerando V Prestaciones de vejez, señala que los miembros de este convenio deberán garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez, y de conformidad con el Articulo 26 numeral 3 dicho convenio dispone: "La legislación nacional podrá suspender la prestación si la persona que habría tenido derecho a ella ejerce ciertas actividades remuneradas prescritas...”. De lo anterior se hace necesario referir que de conformidad al artículo 1 para efectos de ese mismo convenio el término "prescrito" se refiere a lo determinado por la legislación nacional, en tal sentido, tanto la norma intencional como en nuestra legislación se encuentra tipificado la consabida regulación de la suspensión de una jubilación. Que la reforma al artículo 83 de la referida Ley del INJUPEMP establece: "Los jubilados que suspendan el pago de su pensión, pueden optar a solicitar su incorporación al Instituto en las mismas condiciones de los participantes activos, al finalizar la incompatibilidad, el Instituto ajustará el monto de la pensión de acuerdo al Reglamento que para tales fines se emita"; que el Reglamento General de nuestra ley institucional, en lo conducente del artículo 26 párrafo en adición establece que: "Una vez finalizada la relación laboral con la Institución incorporada al INJUPEMP, el participante jubilado por vejez podrá solicitar la reactivación de su pensión…”; de los anteriores señalamientos, se concluye que la reclamación administrativa previamente instada por el señor Ricardo Rodríguez, no se encuentra subsumida en los grados legales de excepción y permisibilidad que hagan propia su admisibilidad y validación a través de resolución favorable. Asimismo en el esbozo del libelo de demanda, el actor discursa entre los términos "nombramiento y elección", pretendiendo contraponer normativas laborales y presupuestarias, a fin de querer que se valide la reactivación del beneficio, aun y cuando continúa activo en el desempeño de un cargo remunerado con recursos económicos provenientes del sector público, valga la aclaración, que la excepción detallada en ley, se refiere a los cargos de elección popular, a los cuales la Ley electoral, claramente define cuales son, y al caso concreto al ser una elección de segundo grado tal cual como lo confiesa el demandante no se verifica causa de excepción; de igual manera el demandante procura distraer el verdadero alcance de la normativa institucional (basada en un convenio internacional como ya se dijo) citando argumentos conceptuales entre "salario y remuneración" invocando el Reglamento a la Disposiciones Relativas al Impuesto Sobre la Renta, lo cual es impertinente, ampliando que la excepcionalidad regulada en el artículo 124 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, vigente para este año fiscal aprobado mediante Decreto Legislativo 180-2018, únicamente opera para jubilados contratados mediante Contrato de Servicios Profesionales, según Circular DGP-001-2019, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, siendo importante manifestar que el demandante tampoco se encuentra subsumido en esta excepcionalidad, y que dichas disposiciones presupuestarias son normas temporales y transitorias sujetas a un año fiscal y en su aplicabilidad nunca retroactivas. Por todo lo anterior y en análisis de las normativas citadas la acción se convierte innecesaria e improcedente. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de mayo del dos mil veintidós, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “PARTE RESOLUTIVA PRIMERO (1): DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por el Abogado Bryan Josué Solorzano Panchame, en su condición de Apoderado Legal del Señor RICARDO RODRIGUEZ, por no ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados consistentes en las Resoluciones No. 203-2018 de fecha 07 de agosto del 2018 y No. 210-2019 de fecha 29 de mayo del 2019, dictadas por el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en consecuencia se anulan totalmente las mismas. SEGUNDO (2): Se reconoce la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se adoptan las siguientes medidas: PRIMERO (1): SE ORDENA: a) la reactivación de la pensión por jubilación desde el veintidós (22) de marzo del 2018, fecha en que fue solicitada la misma, reajustando la pensión a percibir, con los respectivos incrementos que se hubieren otorgado.-b): El pago de los intereses legales devengados por las cantidades dejadas de percibir desde su reactivación, cuyo calculo queda diferido a la fase de ejecución de sentencia.- TERCERO (3): Contra el presente fallo procede el Recurso de Apelación, el que deberá interponerse ante este Tribunal, con su expresión de agravios, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación … SIN COSTAS”. Bajo el criterio que el demandante en fecha 5 de enero del 2015 solicito ante el INJUPEMP el beneficio de jubilación; dicha solicitud fue resuelta mediante Resolución DI No. 102-2015 (f 125-126), en fecha 9 de diciembre del 2016 solicito suspensión temporal del beneficio de jubilación, lo anterior en razón de haber sido electo Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Cuentas, en fecha 6 de diciembre del 2016 procediendo en fecha 22 de marzo del 2018 a solicitar la reactivación del pago de jubilación; en el caso de mérito, es pertinente señalar que la Disposiciones Generales del Presupuesto comprendidas en los años 2018, 2019, 2020 y 2021, establecen en los artículos 112, 124, 128, y 136 respectivamente, que "Los jubilados de cualquier institución del Estado, pueden ser contratados, con fondos nacionales o externos para prestar sus servicios personales y/o profesionales, al igual que ejercer cargos de elección popular, sin menoscabo de sus beneficios de jubilación". Que si bien es cierto, es un hecho indiscutible el contenido del artículo 258 de la Constitución de la República al establecer que tanto en el Gobierno Central como en los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia, tampoco desconoce este Juzgado que el contenido de las normas de presupuesto señaladas en el numeral anterior, van orientadas a la posibilidad de que las personas que se encuentren jubiladas por cualquier institución de previsión de la administración descentralizada puede ser contratado en casos excepcionales para prestar servicios personales siempre y cuando presenten la correspondiente acta de suspensión del beneficio de jubilación. Es criterio de la parte demandada que el demandante no es sujeto de reactivación del beneficio de jubilación en vista del nombramiento del cual fue objeto el mismo, por el Congreso Nacional para el desempeño del cargo como Magistrado, estableciendo la incompatibilidad del derecho a percibir una pensión con el desempeño de cargos remunerados, situación está que ha originado controversia entre las partes, manifestado la parte demandante que dicho nombramiento se produce mediante una elección de segundo grado, y que las aportaciones obligatorias enteradas, no constituyen un salario, declarando en oposición la parte demandada que la Ley vigente institucional establece en su artículo 83: "todas las prestaciones otorgadas por la referida ley son independientes de cualquier otro recurso económico o ingreso que posean sus titulares y las únicas incompatibilidades con su disfrute, son el ejercicio profesional de los jubilados y pensionados con cargos en el sector público, de esto último se exceptúan aquellos casos en que el jubilado desempeñe cargos de elección popular", por lo cual es esta interpretación hecha por las partes la que ha causado controversia y siendo un problema de interpretación, es meritorio acudir a lo que en efecto señala el Código Civil con respecto a la interpretación de la Ley, que en su artículo 17 señala: “que no se podrá atribuir a la Ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del Legislador”, cabe mencionar, en el presente juicio quedo debidamente acreditado la relación de servicio existente entre el demandante y el Congreso Nacional, como Magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, relación esta que es originada mediante una Ley de conformidad con el artículo 218.1 de la Constitución de la República que al efecto le da el carácter de Ley a la elección del demandante, al referir que no será necesaria la sanción, ni el poder ejecutivo podrá poner el veto en los casos y resoluciones siguientes: 1) En las elecciones que el Congreso Nacional haga o declare, o en las renuncias que admita o rechace: 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9); en tanto de conformidad a lo señalado en el artículo 17 del Código Civil sí es indispensable determinar bajo que mecanismo ha iniciado la relación de servicio del demandante, pues al no ser un contrato sino una Ley, su origen se convierte en una elección de segundo grado, circunstancia que las normas presupuestarias mencionadas no condicionan ni prohíben. Por lo tanto, no puede considerarse dicho nombramiento como un contrato, ya que se considera elección de segundo grado, aquella en que se eligen funcionarios que no son de elección popular, pero que la Constitución establece que debe de realizarse por medio de un procedimiento de elección, por lo que es una competencia que solo puede cumplir el Congreso Nacional tal como lo establece el artículo 223 de la Constitución de la Republica. Ahora bien, en relación a lo manifestado por la parte demandada, en el sentido de que existe una incompatibilidad al pretender gozar de la pensión y del salario, por lo que no se puede gozar de dos salarios del Estado, al respecto vale decir que la Ley del INJUPEMP, Decreto 357-2013, define en su artículo 2.20 lo que constituye pensión, y dice que es: "Renta pagada con periodicidad mensual al participante o beneficiario que tenga derecho de conformidad a la Ley". En variación al significado que da el estamento jurídico a la acepción salario que dice: “es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo, o de la relación de trabajo vigente". Siendo la pensión ese beneficio económico al cual tiene derecho a gozar el participante por los años de servicio prestados, por lo que el salario recibido por el desempeño en un cargo de segundo grado y el derecho a la pensión que por ley corresponden, no pueden considerarse como salarios de dos cargos públicos, ya que sus acepciones son completamente opuestas. Es por lo que, en vista de todo lo anteriormente planteado, la suscrita estima que en el acto que hoy se impugna, efectivamente hubo infracción al ordenamiento jurídico, lo que provoca la nulidad del acto impugnado. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veinticinco de noviembre del dos mil veintidós, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, actuando en su condición de apoderada legal delegada del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENCIONES DE LOS EMPLEADOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP). SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de fecha cinco (05) de mayo del dos mil veintidós (2022) dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que corre a folios del número trescientos frente (f-300-f) al folio trescientos seis vuelto (f -306-v) De la pieza de primera de autos, EN CONSECUENCIA, se declara improcedente la acción por estar emitido conforme a derecho el acto administrativo. TERCERO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, la génesis del presente caso radica en que el demandante señor Ricardo Rodríguez fue objeto de jubilación voluntaria por parte del INJUPEMP a partir del 23 de julio del 2015 con una asignación por la cantidad de L 26,856.00; posteriormente en fecha 8 de noviembre del 2016 fue objeto de elección por parte del Congreso Nacional para el desempeño del cargo denominado Magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, por lo que solicitó la suspensión temporal del beneficio de jubilación, siendo otorgada por el INJUPEMP en fecha 13 de enero del 2017. Sin embargo, conforme al Decreto 130-2014 contentivo de las reformas de la Ley del INJUPEMP la parte actora solicitó la reactivación del beneficio de jubilación, la cual fue declarada improcedente fundamentado en el artículo 83 de la Ley del INJUPEMP por ser incompatible el disfrute de una pensión con el desempeño de cargos remunerados. El decreto 180-2018 contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, ejercicio fiscal 2019, en su artículo 124 establece lo siguiente: “Los jubilados de cualquier institución del Estado pueden ser contratados, con fondos nacionales o externos para prestar sus servicios profesionales, al igual que ejercer cargos de elección popular, sin menoscabo de sus beneficios de jubilación”. El artículo 83 de la Ley del INJUPEMP. Incompatibilidad del disfrute de una pensión con el desempeño de cargos remunerados. Todas las prestaciones otorgadas por esta ley son independientes de cualquier otro recurso económico o ingreso que posean sus titulares y las únicas incompatibilidades con su disfrute, son el ejercicio profesional de los jubilados y pensionados en cargos del sector público. De esto último se exceptúan aquellos casos en que los jubilados desempeñen cargos de elección popular. En este caso el jubilado no cotizará al INJUPEMP ni a ningún otro Instituto de Seguridad Social que signifique un aumento a la cuantía de la pensión percibida. Como se podrá apreciar de dichas normas legales, la regla general consiste en que los servidores una vez estén gozando de su derecho de jubilación, no podrán gozar del pago de salario ordinario por algún otro cargo dentro del sector público, excepto cuanto el servidor jubilado desempeñe cargos de elección popular. Al primer agravio, lo desarrolla la parte apelante en el apartado tercero, de la siguiente manera: que el A-Quo inobservo el contexto de aplicabilidad que denota la existencia de una regla general de incompatibilidad del disfrute de una pensión con el desempeño de cargos remunerados, así lo establece el artículo 83 de la Ley del INJUPEMP, en relación al artículo 144 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas en donde señala: Los cargos de elección popular son Presidente, Designados Presidenciales, Diputados al Parlamento Centroamericano, Diputados al Congreso Nacional y miembros de la Corporaciones Municipales, estando dichos cargos ligados intrínsecamente a la convocatoria de las elecciones mediante un proceso de toma de decisiones en el que los electores eligen, con su voto, entre una pluralidad de candidatos a quienes ocuparan los cargos políticos en una democracia representativa; lo ocurrido con el señor Ricardo Rodríguez, obedeció a un sufragio indirecto o elección indirecta, como un proceso en el cual los votantes de unas elecciones no eligen entre candidatos a un cargo, sino a unos representantesque seleccionan al cargo público correspondiente, como lo es, que los Diputados del Congreso Nacional eligen a los honorable magistrados propietarios del Tribunal Superior de Cuentas, lo anterior se contrapone con lo establecido por la parte demandante; el convenio 102 sobre la seguridad social emitido por la OIT en su considerando y Prestaciones de Vejez, señala que los miembros de este convenio deberán garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez, y de conformidad con el articulo 26 numeral 3 dicho convenio dispone: “la legislación nacional podrá suspender la prestación si la persona que habría tenido derecho a ella ejerce ciertas actividades prescrita" refiriendo a lo prescrito a lo determinado en la legislación nacional, quedando evidenciado el quebrantamiento de la norma por parte del A-Quo. Conforme a nuestra legislación nacional correspondiente los cargos de elección popular se encuentran desarrollados y enumerados en el artículo 144 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, en el cual se establece: “Los cargos de elección popular son presidente, Designados Presidenciales, Diputados al Parlamento Centroamericano, Diputados al Congreso Nacional y miembros de la Corporaciones Municipales. Derivándose que los cargos de elección popular son aquellos que son elegidos democráticamente por los ciudadanos en un proceso electoral”. Por tal motivo no puede considerarse viable la interpretación del A-quo, ya que en el caso concreto no existe ambigüedad, sólo nos debemos a la literalidad de la norma, ya que está totalmente clara. Siendo pertinente REVOCAR la sentencia que se conoce en apelación, por interpretación indebida de la norma por parte del A-Quo. 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogada KENSY RAMONA ESCOBAR BANEGAS, en fecha dieciocho de enero del dos mil veintitrés, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de noviembre del dos mil veintidós, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en el expediente de apelación No.054-2022, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.320-2019 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha diecinueve de enero del dos mil veintitrés, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, presentó en fecha trece de febrero del dos mil veintitrés, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha quince de febrero del dos mil veintitrés por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha dieciséis de febrero del dos mil veintitrés las Abogadas KENSY RAMONA ESCOBAR BANEGAS y JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, respectivamente. 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintiuno de abril del dos mil veintitrés, teniendo por personada a la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE como recurrida; y en fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, teniendo por personada a la Abogada KENSY RAMONA ESCOBAR BANEGAS, como recurrente, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta un primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Se impugna la forma y contenido de la sentencia. - Normas infringidas: artículo 206 numeral 1) del Código Procesal Civil. Se impugna el fallo en su totalidad, en lo que respecta a la forma de este. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 1) litera c) del Código Procesal Civil. EXPLICACION: El articulo 206 numeral 1) del Código Procesal Civil determina en su parte conducente lo siguiente: "ARTÍCULO 206.- CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. En el caso particular de la resolución recurrida, basta su lectura para establecer que el Tribunal de segunda instancia ha faltado a las exigencias de claridad, precisión y exhaustividad requeridas en dicho precepto jurídico, ya que al momento de apreciar y valorar los hechos y el material probatorio aportado y practicado, no ha realizado el análisis debido de la procedencia o improcedencia de la acción, porque no señala los hechos probados, siendo importante y relevante en el proceso, por lo que es evidente de que el fallo recurrido, devenía en la obligación de establecer claramente esos hechos probados, como además se encontraba en la obligación de valorar cada prueba y darle su efecto legal correspondiente y no lo hizo. Tampoco ha realizado el análisis jurídico que conlleva a la aplicación e interpretación del Derecho, revocando el fallo del a quo sin razonar y motivar suficientemente el criterio por el cual se declara la improcedencia de la acción, por lo que resulta infringido el articulo 206 numeral l) del Código Procesal Civil”. II. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) carece de claridad y precisión en la formulación, ya que, se omite el concepto de la infracción, es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; y, b) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a esta Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; en razón de lo mismo, el precepto autorizante resulta inadecuado como sustento del cargo. Además, revisado que fue el fallo impugnado, el mismo cumple con los requisitos formales establecidos en las normas que regulan el contenido interno de los fallos judiciales establecidas en el Código Procesal Civil. III. Que en un segundo motivo se esgrime: “Se impugna la forma y contenido de la Sentencia. - Normas infringidas: articulo 207 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil. Se impugna el fallo en su totalidad, en lo que respecta a la forma de este. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil. EXPLICACION: El articulo 207 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil ordena que las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que le condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la debida fundamentación jurídica. En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación, ya que a través de la misma se exponen razones jurídicas para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas.- Esta cumple dos funciones, a saber: 1. Interna: En el proceso (Dentro de un procedimiento o proceso explica a los involucrados por qué se acogen o no determinadas pretensiones y facilitan los controles internos); y 2. Externa: Dirigida a terceros no involucrados, pero sí interesados en el proceso (Evidencia a la comunidad o a un tercero, que la autoridad o el juez ha tomado la decisión basado en ciertos hechos construidos con pruebas suficientes. Con ella se manifiesta la imparcialidad de quien resuelve y su apego a la ley). - La fundamentación es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios de su corrección y validez. - No hay que confundir motivar con fundamentar. - Quien motiva explica las causas de sus decisiones, y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: facticos, probatorios y jurídicos.- Ese deber de motivación en el fallo recurrido no se cumplió, porque revisarlo para entender que el ad quem omitió efectuar los razonamientos y explicaciones sobre el caso, particularmente sobre la procedencia o improcedencia de la acción, pese a que revocó el fallo de primera instancia; repito, incluso no determinó los hechos probados, como consecuencia de ello infringió la norma contenida en el artículo 207 numerales l) y 2) del Código Procesal Civil. Señalo los precedentes de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, donde en casos se ha sentado el criterio de que la omisión del juzgador en ese deber procesal determina dicha infracción, en las sentencias dictadas en los recursos de casación por la Sala Laboral- Contencioso Administrativo en los siguientes expedientes: l) CA 17-16 de fecha veintiocho (28) de septiembre del dos mil diecisiete (2017); 2) CA 461-14 de fecha veintiséis (26) de junio del dos mil quince (2015); 3) CA 64-16 de fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil diecisiete (2017)”. IV. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) en la formulación se omite el concepto de la infracción, es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) se invoca como norma infringida el artículo “…207 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil…” cuyos numerales regulan situaciones jurídicas distintas que es necesario precisar; y c) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación de la prueba, lo cual le es vedado a esta Tribunal, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. Además, revisado que fue el fallo impugnado el mismo contiene la motivación suficiente sobre material factico aportado al proceso que inciden y determina la decisión del juzgador de instancia. V. Que en un tercer motivo se aduce: “La forma y contenido de la sentencia. - Normas infringidas: artículos 208 numerales l) y 2) y 701 numeral l) del Código Procesal Civil, en Elación con el 194 del mismo Código y 35 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Se impugna el fallo en su totalidad, en lo que respecta a la forma de este. PRECEPPO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 1) letra c) del Código Procesal Civil. Conforme lo dispuesto en el artículo 208 del Código Procesal Civil, las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- En el mismo sentido el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo determina que dicha jurisdicción juzgará dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición. Conforme precedentes de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para que exista INCONGRUENCIA de una resolución o sentencia se hace necesario que exista un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes han planteado el debate procesal.- En el caso de autos resulta más que evidente que existe clara y notoria incongruencia en la resolución definida proferida por el ad quem, ya que omite pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la acción, como ha incluido un tema sobre la aplicación de una disposición de la Ley Electoral, sin que el mismo haya sido parte de la resolución administrativa impugnada, por lo que se ha incurrido en el defecto de infringir su deber procesal de resolver dicho recurso con la debida congruencia, con lo cual y de igual forma, con lo dispuesto en los artículos 208 numerales l) y 2) y 701 numeral l) del Código Procesal Civil, en relación con el 194 del misino Código y 35 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En el documento patrocinado por el más alto Tribunal de Justicia del país, conocido como Código Procesal Civil Comentado señala sobre el particular y que sirve de para entender lo erróneo de lo actuado, lo siguiente: "Se ha venido definiendo el vicio de incongruencia, como el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. Al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido, el órgano judicial incurre, de muy reiterado, en las formas de incongruencia conocidas como "ultra petita", "citra petita" o "extra petita partium” potencialmente reveladoras de la parcialidad del órgano judicial, que decide lo que nadie le pide, o de la indefensión de alguna de las partes, que se encuentra sorpresivamente con una decisión ajena al debate previo..." Alfredo de Diego Diez, en su obra EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA al efecto sostiene: "Una sentencia incongruente lesiona el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y a la interdicción de la indefensión (por todas, STC 135/2007). Lo decisivo determina la incongruencia es, por un lado, la correlación entre las peticiones reflejadas en los respectivos escritos de demanda y contestación (la pretensión y la resistencia) y por otro, el fallo o parte dispositiva de la sentencia Así las cosas, la sentencia será incongruente >>por exceso<< cuando otorgue más de lo pedido por el actor (incongruencia supra petita o ultra petita) y cuando se dé cosa distinta de la solicitada por las partes (incongruencia extra petita).” (págs. 68 y 69)”. VI. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) en la formulación se omite el concepto de la infracción, es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) se invoca como norma infringida el artículo “…207 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil…” cuyos numerales regulan situaciones jurídicas distintas que es necesario precisar; y, c) se omite el acápite de la explicación y en lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación de la prueba, lo cual le es vedado a esta Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. Además, revisado el fallo impugnado el mismo cumple con los requisitos necesarios de congruencia dando respuesta el juzgador de instancia a las pretensiones de las partes y lo deducido en el proceso. Para efectos pedagógicos es importante recordar que, en el proceso judicial impera el principio de “Iura Novit Curia” lo que implica que, independientemente se haya mencionado o no las disposiciones de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas los tribunales resolverán conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido citadas acertadamente o alegadas por los litigantes. VII. Que en un cuarto motivo se alega: “INFRACCIÓN DE NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA EN CUANTO A LA MOTIVACIÓN FÁCTICA DE LA MISMA PARA REVISAR SU EXISTENCIA, SUFICIENCIA Y RACIONALIDAD Y CARÁCTER LÓGICO. Expreso que la norma de derecho cuya infracción sustenta este motivo, es el artículo 207 numeral 2) del Código Procesal Civil que contiene la norma procesal que dice: "Artículo 207.- MOTIVACIÓN...2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón...” PRECEPTO AUTORIZANTE: Es la infracción de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia en cuanto a la motivación fáctica de la misma para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, conforme a la letra c), numeral 1) del artículo 719 del Código Procesal Civil en armonía o relación con el numeral 2) del artículo 720 del referido ordenamiento jurídico. Se impugna el fallo en su totalidad, en lo que respecta a la forma de este. EXPLICACION: La Corte de Apelaciones recurrida ha revocado el fallo de primera instancia, pero el mismo carece de la suficiencia y racionalidad para decidir el caso que nos ocupa, por lo que el mismo no cumple con los requisitos de forma y contenido exigidos por la ley, ya que basta determinar que tal resolución omite apreciar y valorar la prueba que mi representado aportara al proceso, de lo poco que se ocupó lo hizo realizando argumentos generalizados y no exhaustivos, aún y cuando los hechos debatidos tienen vinculación con posiciones encontradas y sujetas al material probatorio.- También, falto a su deber de determinar los hechos probados y motivar debidamente su decisión; se llega al extremo de que la misma (sentencia) carece de la motivación que incida en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón; otra situación que se advierte en el fallo impugnado, es que el mismo no es congruente con las pretensiones debatidas; por lo que reitero, dicho fallo no se ajusta a las reglas de la lógica y la razón y en sus argumentos le falta suficiencia, racionalidad y carácter lógico para decidir sobre un derecho fundamental, como es el goce de la jubilación de mi representado”. VIII. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) en la formulación se omite el concepto de la infracción, es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil; c) en la explicación no se demuestra que el fallo impugnado carezca de motivación fáctica en cuanto a su existencia, insuficiencia y carácter ilógica de la misma y, que dicho sea de paso, son conceptos que implican situaciones jurídicas distintas que se deben precisar; y, d) en lo expuesto se alude a la incongruencia del fallo impugnado, situación jurídica que no corresponde a la disposición señalado como infringido la cual, regula la motivación en el contenido interno de los fallos judiciales. IX. Que en un quinto motivo se expone: “Se impugna la aplicación indebida del artículo 144 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, en relación con el artículo 83 de la Ley del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo como normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. Se impugna el fallo en su totalidad. EXPLICACIÓN: La Honorable Corte recurrida aplica en su sentencia el artículo 144 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, expresando que en dicha norma se encuentran desarrollados y enumerados los cargos de elección popular, los que son: Presidente, Designados Presidenciales, Diputados al Parlamento Centroamericano, Diputados al Congreso Nacional y los miembros de las Corporaciones Municipales, derivándose que los cargos de elección popular son aquellos que son elegidos democráticamente por los ciudadanos en un proceso electoral. Sin embargo, dicha disposición no contiene ese texto, ya que la misma regula lo que es el periodo donde se puede realizar la propaganda electoral, la cual cito textualmente: "Articulo 144.- PERIODO DE PROPAGANDA ELECTORAL. La propaganda Electoral sólo podrá ser realizada dentro de los cincuenta (50) días calendarios anteriores a las elecciones internas y primarias y noventa (90) días calendario anteriores a la celebración de las elecciones generales. Fuera de los plazos establecidos en el presente Artículo, queda prohibida la Propaganda Electoral mediante la utilización de la televisión, la radio, periódicos escritos, revistas, vallas publicitarias en sitios o lugares públicos, altoparlantes fijos o móviles y concentraciones públicas. Los que contravengan lo establecido en este Artículo, serán sancionados con una multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos igual sanción se impondrá a los medios de comunicación involucrados." Siendo evidente que esa disposición se ha aplicado indebidamente, ya que su texto no corresponde a la normativa que se enuncia como parte de la misma, siendo que tampoco dicho precepto jurídico ha sido aplicada en la resolución o acto administrativo impugnado, ni fue sustento del recurso de apelación, porque esta jurisdicción es revisora de la legalidad de las actuaciones administrativas, como es el caso que nos ocupa, debió hacerlo con base a la norma que regula el caso, que es la disposición contenida en el artículo 124 del Decreto Legislativo No. 180-2018 publicado en La Gaceta del 20 de diciembre de 2018”. X. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad con el artículo 704 del Código Procesal Civil; b) en la explicación no se demuestra la aplicación indebida del artículo “…144 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Política…” señalado como infringido; y, c) en lo expuesto se alude al artículo “…124 del Decreto Legislativo No. 180-2018 publicado en La Gaceta del 20 de diciembre de 2018…” que no fue señalado como infringido o relacionado en la formulación y, que dicho sea de paso, no tiene relación con el caso de mérito, ya que regula relaciones contractuales de servicios profesionales que, no corresponde a lo debatido en la presente litis. Sin embargo y, no obstante, lo expuesto en los literales que antecede se revisó el fallo impugnado concluyéndose que no existe la infracción alegada del artículo 144 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, bajo el concepto de aplicación indebida, ya que dicha disposición es enunciada en el fallo impugnado en el contexto de explicar el periodo de propaganda para los cargos de elección popular que como bien lo señala el juzgador de instancia, aluden al Presidente de la República, Designados Presidenciales, Diputados al Parlamento Centroamericano, Diputados al Congreso Nacional y a los miembros de las Corporaciones Municipales, para los que cabe el pago de la pensión de vejez por jubilación mientras ostenten los cargos para los cuales hayan sido elegidos; situación que evidentemente no ampara el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, todo ello, en armonía con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP). XI. Que en un sexto motivo se alega: “Se impugna la sentencia recurrida por aplicación indebida del artículo 83 de la Ley del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo, como norma de derecho empleada para la solución del fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE. Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. Se impugna el fallo en su totalidad. EXPLICACIÓN: La Honorable Corte recurrida cita y de alguna manera aplica en la sentencia recurrida, como norma de derecho empleada para la solución del fondo del litigio, el artículo 83 de la Ley del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo, que preceptúa: "ARTÍCULO 83.- INCOMPATIBILIDAD DEL DISFRUTE DE UNA PENSIÓN CON EL DESEMPEÑO DE CARGOS REMUNERADOS.- Todas las prestaciones otorgadas por esta ley son independientes de cualquier otro recurso económico o ingreso que posean sus titulares y las únicas incompatibilidades con su disfrute, son el ejercicio profesional de los Jubilados y Pensionados en cargos del Sector Público.- De esto último se exceptúan aquellos casos en que los Jubilados desempeñen cargos de elección popular.- En este caso el Jubilado no cotizará al INJUPEMP ni a ningún otro Instituto de Seguridad Social que signifique un aumento a la cuantía de la pensión percibida". Pero dicha disposición implícitamente ha sido modificada temporalmente por el artículo 124 del Decreto Legislativo No.180-2018 publicado en La Gaceta del 20 de diciembre de 2018, que determina que los jubilados de cualquier institución pueden ser contratados, con fondos nacionales o externos para prestar sus servicios profesionales, al igual que ejercer cargos de elección popular, sin menoscabo de sus beneficios de jubilación, que era la norma aplicable para resolver el asunto del reclamo de reactivación del beneficio de jubilación del demandante, por lo que resulta evidente que el Tribunal de Alzada ha aplicado la primer disposición citada, de forma indebida, ya que ha olvidado que el artículo 124 del Decreto Legislativo No.180-2018 publicado en La Gaceta del 20 de diciembre de 2018 autoriza temporalmente a los jubilados para que puedan laborar y percibir su sueldo y jubilación, siendo lo establecido en el decreto legislativo mencionado lo que beneficia más al señor Ricardo Rodríguez, que por ello se encontraba en la obligación de aplicar, sustentándose también en el principio pro homine, de cuya aplicación el más alto Tribunal de Justicia ha señalado que "en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos, por ello, se debe acoger la vía más favorable a la referida tutela judicial efectiva" como también así lo ha expresado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de "Que conforme lo ha dejado establecido esta Sala en su jurisprudencia, según el principio de aplicación Pro Homine de los derechos humanos, estos deben interpretarse extensivamente por la Justicia Constitucional, en todo lo que favorezca a una parte que se considere agraviada por la vulneración de uno o más preceptos fundamentales". XII. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) en la explicación no se demuestre la aplicación indebida del artículo 83 de la Ley del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), disposición que regula la situación jurídica planteada en el presente caso, señalando con claridad meridiana que solo las personas que ostenten cargos de elección popular pueden recibir el beneficio de una pensión por vejez refiriéndose al Presidente, Designados Presidenciales, Diputados al Parlamento Centroamericano, Diputados al Congreso Nacional y los miembros de las Corporaciones Municipales; los cuales son sometidos a un proceso previo de elección popular de conformidad con el artículo 144 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, situación que no comprende una elección de segundo grado. Es importar recordar, que en esta materia prima el principios de legalidad, por lo que no cabe darle a la ley otras interpretaciones u otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos; c) en lo expuesto se alude al artículo “…124 del Decreto Legislativo No.180-2018 publicado en La Gaceta del 20 de diciembre de 2018…” que no fue señalado como infringido o relacionado en la formulación y que dicho sea de paso, no es atinente a la situación jurídica plateada pues el mismo regula el pago de pensión por jubilación de servidores públicos que ostenten cargos vía contratos por servicios profesionales situación que no encaja en la el elección de segundo grado de los Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, realizada por el Congreso Nacional, cargo que fue ostentado por el demandante. XIII. Que en un séptimo motivo se aduce: “Se impugna la sentencia recurrida por la falta de aplicación del artículo 60 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1, 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 3, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 716 del Código Procesal Civil y 83 de la Ley del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. Se impugna el fallo en su totalidad. EXPLICACIÓN: El derecho de IGUALDAD que garantiza el artículo 60 de la Constitución de la República, establece: "Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara punible toda discriminación por motivos de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto." Por su parte la Declaración Universal de Derechos Humanos determina: “Articulo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros...Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación... Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal." También la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 24 declara: "Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley." El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala: "Artículo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto... Artículo 14. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil...Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social." Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la igualdad ante la ley y no discriminación ha sido abordada conforme la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en la sentencia del 26 de febrero del 2016, en el caso Duque versus Colombia Serie C No.310, donde ha establecido el siguiente criterio: "la Corte ha determinado que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. Asimismo, este Tribunal estableció que tratándose de la prohibición de discriminación por una de las categorías protegidas contempladas en el artículo 1.1 de la Convención, la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa, lo cual implica que las razones utilizadas por el Estado para realizar la diferenciación de trato deben ser particularmente serias y estar sustentadas en una argumentación exhaustiva... Efectivamente, incluso el concepto que el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha dado sobre la discriminación y que la Corte hace suya conduce a esa conclusión. Según tal concepto, una distinción, exclusión, restricción, preferencia o diferencia de trato que se establezca será discriminación siempre y cuando ello tenga "por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas". Ergo, si no tiene dicho objeto o resultado, no constituirá discriminación y será, por ende, permitida. De esa forma, pues admite que hay una diferencia entre discriminación y distinción. Al respecto, es de subrayar que el citado concepto de discriminación corresponde a lo que en el Diccionario de la Real Academia Española se entiende por él, vale decir, "seleccionar excluyendo" y "dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos políticos, de sexo, etc." Es, en definitiva, por ende, la desigualdad en el trato por los motivos indicados lo que caracteriza a la discriminación. - Ahora bien, siendo ello así, resulta que la discriminación tiene lugar en los casos, como el que nos ocupa, en que, a iguales, se les considera de manera diferente. De allí, por lo tanto, que la discriminación solo se concibe si, a personas que se encuentran en una misma o igual condición o situación jurídica, se les trata de manera distinta, afectando así, el ejercicio o goce de sus derechos humanos. En tal orden de ideas se podría decir, por ejemplo, que si a niños o mujeres se les concediera un trato diferente de los que se le dan, respectivamente, a otros niños u otras mujeres, afectando el reconocimiento o goce de sus derechos humanos habría discriminación." En consecuencia, de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación "es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad". Este principio de igualdad y no discriminación reviste especial importancia puesto que "La igualdad o la falta de esta afecta la capacidad del individuo de disfrutar de muchos otros derechos." La Honorable Corte recurrida cita y de alguna manera aplica en la sentencia recurrida, como norma de derecho empleada para la solución del fondo del litigio, el artículo 83 de la Ley del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo, pero en un caso muy similar lo resolvió de manera diferente, confirmando el fallo de primera instancia que declaró la procedencia de la acción, como fue el caso de la demanda promovida por el señor DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES contra el INSTITUTO DE PREVISION MILITAR expediente registrado en el Juzgado bajo el No. 466-2014, en la sentencia proferida el 15 de octubre de 2015, por lo que ha variado ese criterio sin expresar los razonamientos de su cambio, ni la justificación que ese fallo será el precedente a seguir, por lo que ha infringido dicha disposición constitucional, produciendo inseguridad y desigualdad para los justiciables, cuando su deber era aplicar la ley con igualdad, por lo que procede se case la sentencia por este motivo y conforme lo dispuesto en el artículo del 716 Código Procesal Civil, ya que el recurso de casación tiene como finalidad la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional y que las normas del mismo deberán aplicarse e interpretarse en la forma más favorable a la finalidad de unificación de la jurisprudencia como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas”. XIV. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) las normas señaladas como infringidas no son atinentes el caso de mérito; y, b) en la explicación no se demuestra que el juzgador de segunda instancia al revocar la sentencia del A-quo, haya incurrido en falencia alguna. Es importante recordar, que de conformidad al artículo 1 de la Constitución de la República Honduras es un Estado da Derecho, lo que va en concordancia con el principio de legalidad, pues el artículo 83 de la de la Ley del Instituto de Jubilaciones de los Empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), relacionada en la formulación del cargo, resuelve la situación jurídica dilucidada en el caso de mérito, pues no cabe darle a la ley otro sentido del que surge de su propios términos, lo contrario da lugar a violentar el principio de legalidad. XV. Que se solicita nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “En el caso de no prosperar alguno de los motivos, pero siendo notorio que el fallo recurrido afecta los derechos de igualdad defensa de mi representado, como el debido proceso ya que se le niega el derecho de obtener una decisión justa, motivada, imparcial y congruente, solicito de forma subsidiaria que se proceda a anular el mismo, a efecto de que las partes sean restituidas al estado en que se encontraban antes de esa resolución, para que además este Tribunal de alzada proceda de conformidad a derecho, observando los deberes de congruencia, motivación y exhaustividad, profiriendo el fallo que corresponda conforme los extremos del debate. Resulta evidente de que en el fallo recurrido no se determinaron los hechos probados, ni el razonamiento de cada prueba, faltando a los deberes que toda resolución judicial debe contener; además, la sentencia no llena los requisitos de forma y contenido y con ello se violenta el debido proceso. Cito como antecedentes los fallos dictados por la Honorable Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral- Contencioso Administrativo, siguientes: a) El de fecha 6 de octubre del 2009 recaído en el expediente SL 324-08; b) Los proferidos en los recursos de Casación que se registran bajo expedientes Nos. SL 316-11, CA 427-15 y CA 17-16, que se encuentran en los archivos de ese supremo Tribunal”. XVI. En relación a la solicitud de nulidad subsidiaria de la sentencia impugnada, el Código procesal Civil, en su artículo 719 regula las causales de casación por violación de normas procesales relacionadas con el contenido interno de las sentencias siendo la vía apropiada para recurrir los vicios procesales, siempre y cuando se formulen debidamente, situación que no acontece en el recurso de mérito. La pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y que efectivamente se ha ocasionado un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar, situación que no acontece en el fallo impugnado, por ello, se estima, que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, realizando el Ad-quem los pronunciamientos correspondientes resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. XVII. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. XVIII. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual implica la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y desestimar la petición de nulidad subsidiaria del fallo expuesta por el representante procesal recurrido, así como la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 1, 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 17 del Código Civil, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 214 numeral 3), 700, 701 numeral 1), 716, 717, 719, 720, numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) INADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus siete motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de nulidad subsidiaria formulada por el representante procesal recurrente. 3) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Odalis Aleyda Najera Medina. – NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha cuatro de junio del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CA146-2023. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.