Sentencia CA-131-21 — Registro 14487
Resumen
Se delara la nulidad de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, por considerar que resulta evidente la violación del debido proceso
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...""Advirtamos que la pretensión del demandado como motivo de oposición y resistencia, fue que los demandantes recibieron y gozaron del pago de esas prestaciones; frente a ello la jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justica en cuanto a que un trabajador demandante no puede impetrar una demanda exigiendo reintegro, cuando este ha hecho uso y goce del pago de prestaciones, siendo improcedente que este pueda realizar las exigencias de ambas pretensiones de forma simultánea cuando ya ha demostrado una satisfacción derivada de una de estas, señalamos para ello las sentencias CL119-11 y 513-2018, entonces es así que el caso de marras de igual manera debe el tribunal Ad-Quem realizar ese ejercicio intelectivo de establecer si fácticamente existieron circunstancias por parte de los demandantes en aceptar conforme la captación de dicho pago que se deriva de la resolución emitida por la parte demanda estableciendo si este hizo o no uso del mismo o si demostró de forma tácita o expresa la aceptación sobre la eficacia de la resolución que ahora reclama como nula. Por las falencias antes señaladas en los requisitos internos del fallo impugnado, procede la nulidad del mismo.
10.- Que en casos de material personal como los es el de estudio, el órgano revisor de segunda instancia, siempre se encuentra obligado a indicar en la parte motivada de la sentencia, los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento, así como el encuadramiento jurídica de esta; y de igual manera la aplicación e interpretación de norma de la forma correcta, lo cual no se realizó debidamente por el A-Quem, quien en apego a lo que establecen los artículos 701, 705 en relación con el artículo 715.3 del Código Procesal Civil aplicado en forma supletoria ese encontraba obligado a garantizar esa Tutela Judicial Efectiva, mas no lo hizo, por lo que es obligación de este Tribunal Supremo, garantizar que se respete tal derecho fundamental".."
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Tegucigalpa, M.D.C., a los once días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.
La Corte Suprema de Justicia integrada por los Magistrados propietarios, ROLANDO EDGARDO ARGUETA PEREZ, LIDIA ALVAREZ SAGATUME, JOSÉ OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, REYNA AUXILIADORA HERCULES ROSA, WILFREDO MENDEZ ROMERO, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, Y COMO MAGISTRADOS INTEGRANTES: ROXANA LICETH MORALES TORO, DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA, GARIN ENOC URQUIA CASTRO, CONAN RAFAEL ARGUETA, RUBEN RIVERA FLORES Y YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA.- procedieron a emitir el siguiente fallo. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante la Sala Laboral Contencioso administrativo, en fecha en fecha 04 de febrero del 2021, por la Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO, en su condición de representante procesal del el ESTADO DE HONDURAS como recurrente; además es parte recurrida, los señores MIRIAN YAMILETH ESPINAL GUTIERREZ, ADRIANA GOMEZ ZAMORA, ELENA PATROCINIA CALDERON POSADAS y otros, representados en juicio por el Abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la anulación de un acto administrativo en materia de personal, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, reintegro al trabajo, en su caso a la nueva entidad creada o a la que se notifique, con el correspondiente pago de salarios caídos y para el caso de no ser posible el reintegro se ordene el pago de prestaciones sociales y salarios caídos, pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes causados y proporcionales dentro de la secuela del proceso, reajustes de salario para algunos de los demandantes, costas, en virtud que el Estado en su condición de patrono dio por terminada la relación laboral de los demandantes en forma injusta e ilegal, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el Abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA en su condición de apoderado legal de los señores MIRIAN YAMILETH ESPINAL GUTIERREZ, ADRIANA GOMEZ ZAMORA, ELENA PATROCINIA CALDERON POSADAS, EVA ZEPEDA LEE, GILBERTO DAVID MEJIA AVILA, GLADIS ALICIA ZELAYA RIVERA, HECTOR GUSTAVO CHAVARRIA FAJARDO, KEVIN OVANY SANTAMARIA BARAHONA, LORNA RUTH ZELAYA REYES, MILENA DANELIA DOÑAS PALMA, SABY ODETH MALTEZ DUBON, STANY BANEGAS PALMA, WENDY MARIELA ROMERO MALDONADO, YESICA LIZETH TABORA PORTILLO, GILDA MARGOT CASTRO SANTOS, CLAUDIA PATRICIA OCHOA CASTILLO, ANA CATALINA SANABRIA FERRARO, ENRIQUE AVILA CHIMILIO, WALTER DANILO CANALES FAJARDO, GLORIA AMPARO LOPEZ GONZALES, NORA ISABEL NUÑEZ RAMOS, JOSE ISRAEL MARADIAGA PADILLA, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) ahora SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), por medio de la Procuraduría General de la República.”.
ANTECEDENTES DE HECHO:
1.- La Honorable Sala de la Laboral-Contencioso Administrativo en fecha 22 de abril el 2021, admitió a trámite el presente recurso de casación continuando el procedimiento legal correspondiente, habiendo celebrado sesión plenaria no hubo unanimidad por lo cual se pronunció por Mayoría de Votos por Disentir el Magistrado EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS procedió este último a emitir y fundamentar su Voto Particular en fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno el cual consta de autos.
2.- El voto de la mayoría de la sala, fallo sobre el recurso lo siguiente: A) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. B) SIN COSTAS 3.- El voto Particular de la sala, fallo sobre el recurso de la siguiente manera: UNICO: Declarar la NULIDAD de la resolución definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional de fecha 27 de noviembre del 2020, visible a folios 164 al 170 de la segunda pieza, ya que resulta evidente la violación del debido proceso, devolviendo los antecedentes al lugar de su procedencia para que rectifique los errores anteriormente expuestos.
3.- Que trasladadas al Pleno de Magistrados las presentes diligencias, los Magistrados que integraron en dicha sesión, procedieron a la discusión tanto el Voto de la Mayoría como el Voto Particular, adoptando resolución distinta a la elaborada por los miembros de la sala; siendo la referida resolución por Unanimidad de Votos de los Magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia, adopto resolución bajo las motivaciones que en adelante se detallan.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
- Que por disposición del artículo 316 de la Constitución de la República, en donde establece, entre otros acápites, que cuando las sentencias de las Salas se pronuncien por unanimidad de votos se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas, y cuando No exista unanimidad en la toma de decisión del asunto sometido a su conocimiento los Magistrados que hayan participado en la discusión de la Sala no deben de integrar el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual, al haberse emitido un pronunciamiento en la Sala Laboral- Contencioso Administrativo por Mayoría de Votos se remitió al Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia el caso sub examine, para que sea éste el que resuelva el caso de forma definitiva, en ese sentido y en virtud de que en las presentes diligencias no se logró el fallo por la unanimidad de sus miembros se ordenó la integración de este Alto Tribunal, para que en Sesión de Pleno puede revisar, discutir y valorar tanto la fundamentación de hecho como la fundamentación jurídica del caso concreto y pronunciarse en consecuencia.-
2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.
3.- Este Tribunal Supremo, al haber realizada el análisis del expediente de mérito como consecuencia de la impetración del recurso de casación y admitido para su conocimiento; considera que previo conocer los motivos de casación deberá pronunciarse sobre la existencia de aspectos formales que denotan situaciones procesales, las cuales en el caso de marras han provocado indefensión procesal y vulneración de garantías fundamentales, que son de obligación tutelar por parte de los órganos jurisdiccionales y previo a señalarlas desea de forma previa referirse a la justicia laboral frente al Estado de la forma siguiente: “La administración de justicia es un servicio muy importante que todo Estado democrático tiene la obligación de prestar a sus ciudadanos; tan importante como la educación, la salud, la inclusión social, y debe proporcionarla en condiciones de modernidad y eficiencia. Incluso se ha acuñado la expresión “justicia democrática”, entendiéndose por ésta la enfocada en función del ser humano y que se caracterice por su “independencia, acceso, transparencia, participación ciudadana y tutela judicial efectiva”, precisándose “que sin estos elementos interactuando entre sí, no se puede hablar de una administración de justicia de calidad”[1]. El acceso efectivo a la justicia representa el derecho humano más importante en un sistema legal igualitario moderno que pretenda garantizar y no sólo proclamar derechos[2]. En la medida que los derechos fundamentales en el trabajo constituyen un conjunto mínimo y universalmente aceptado de derechos laborales incorporados en las respectivas legislaciones nacionales y en la cultura laboral de los diferentes países de la región, la Agenda Hemisférica establece dos ámbitos de actuación claramente diferenciables (derecho sustantivo y derecho procesal del trabajo), indicando que “un alto índice de ratificación no es suficiente. Es necesario que estos principios y derechos se apliquen efectivamente. Así, para cualquier principio se propone actuar en dos niveles: en primer lugar, a nivel normativo/institucional, lo que supone contar con leyes adecuadas a las normas internacionales, así como con procedimientos justos y efectivos asociados a estas leyes y con instituciones sólidas que los implementen; (…)[3]. En la Agenda Hemisférica de la OIT se señala que, en el caso de América Latina y el Caribe, el cumplimiento de las normas sobre derechos laborales y, muy especialmente, sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo (objetivo estratégico núm. 1) es un objetivo central de toda política de generación de trabajo decente. Como la OIT ha señalado en reiteradas ocasiones, la región ha avanzado significativamente en la ratificación de estos convenios; sin embargo, ello no significa, lamentablemente, que las legislaciones nacionales se adecuen siempre a los mismos y que, aún adecuándose, se aplique de manera efectiva[4].
4.- Asimismo esta Corte Suprema de Justicia desea citar algunas premisas legales como ser: “Que conforme al artículo 90 de la Constitución de la Republica nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. Que articulo 321 en relación con el 323 de la Constitución de la Republica establece: los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.”
5.- de las referencias y premisas que hemos citado, debemos ser enfáticos en que tanto a nivel nacional como internacional existe jurisprudencia en cuanto a que el acceso a la justicia es un derecho humano, que le asiste en forma intrínseca a todas las personas, las cuales a su vez tienen la facultad de constituirse como personas jurídicas y que de igual manera le deviene ese derecho a la protección de la tutela judicial efectiva, de la cual el Estado se compromete a garantizar siendo en el caso de marras los jueces y magistrados que conforman el poder judicial, los obligados a dar una respuesta judicial plena a todas aquellas peticiones que se le someten a su conocimiento a través de los diferentes proceso judiciales. Manteniéndose la obligación por parte de los operadores de justicia en el proceso laboral (ventilado de forma imperativa bajo dos panópticas: la primera a través de los juzgados del trabajo y la segunda a través de los juzgados de los contencioso administrativos en materia personal cuando se trata de servidores públicos con acuerdo de nombramiento, contemplada en los artículos 108 al 113 de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo), deben tener una sensibilidad extrema en cuanto a la obligación de satisfacer esa respuesta judicial plena que se materializa a través de las diferentes resoluciones que se emiten en la forma de autos y sentencias, puesto que la justicia Social laboral, es uno de los factores de orden público tutelado por el Estado para garantizar el bienestar de la colectividad; y a su vez mantener la esfera del equilibrio tutelar protectorio sobre los factores económicos, que generan la producción derivada de la relación capital y trabajo.
6.- es importante reiterar que al ser considerado el derecho laboral un derecho humano fundamental, debemos ser fieles acatadores de lo que se nos ordena a través de las diferentes sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a ejercer el control de convencionalidad, es así que para efectos ilustrativos señalaremos lo que en la sentencia emitida por la CIDH en el caso ALMONACID ARELLANO Y OTROS VRS. CHILE, se soslaya que “…cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana[5], de ello deriva entonces la obligación de garantizar la tutela judicial efectiva, en donde en el caso que os ocupa podríamos hablar del derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en los artículos 1, 90, 303, y 305 de la Constitución de la Republica y cuya cualidad de “efectividad” se desprende de su interpretación y conexión con los tratados internacionales sobre derechos humanos, como es el caso del artículo 8° de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es un atributo subjetivo que responde a la necesidad de que el proceso cumpla realmente con sus fines a los que está llamado a cumplir, en la medida en que el proceso supone el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, y comprende un complejo de derechos que forman parte de su contenido básico: el derecho de acceso a la justicia, el derecho al debido proceso, el derecho a una resolución fundada en derecho (criterios jurídicos razonables) y el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales (eficacia procesal). La Corte Suprema de Justicia de Perú a través de diferentes sentencias, ha referido: “ Que el derecho de acceso a la justicia, que forma parte del contenido del derecho de tutela judicial efectiva, no se agota en prever mecanismos de tutela, en abstracto, sino que supone posibilitar al justiciable la obtención de un resultado óptimo con el mínimo de empleo de actividad procesal, con la intención de permitirle acceder de modo real al servicio de justicia y obtenerla en el menor tiempo y al menor costo posible. (…)”[6] .
7.- siendo así que debemos concluir que esa tutela judicial trae de forma intrínseca el debido proceso, que contiene un conjunto de procedimientos, concluyendo con una sentencia la cual debe de cumplir ciertos requisitos mínimos como ser: motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.
8.- Que en la sentencia de fecha 21 de mayo de 2019, dictada por la Corte de Apelaciones de lo contencioso administrativo con jurisdicción a nivel nacional, del Municipio Central de Francisco Morazán, mediante la cual se confirma la emitida por el a-quo y consecuentemente declara con lugar la demanda, la misma incumple con el deber de motivación suficiente, razonable y exhaustiva, debido a que las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos que conducen a la apreciación y valoración de la prueba, así como a la implicación interpretación del derecho, ya que en el presente asunto se ha debido analizar la situación derivada de la supresión de una entidad estatal la cual en su decreto se les reconoció el derecho al pago de sus prestaciones a los demandantes tal como se acredita con los medios de prueba documental consistentes en la transferencia realizada a sus cuentas por medio del sistema SIAFI con sus respectivas auténticas por los conceptos de prestaciones laborales sin que estas hayan sido objetadas o devueltas por los demandantes, aceptando las mismas constando en el tomo 25 folios del 4861 al 4969 del expediente de mérito, debió entonces el Ad-quem, establecer las circunstancias fácticas reales en cómo sucedieron los hechos, determinando la forma en como los demandantes aceptaron ese pago de liquidación; entonces es importante recalcar que al existir la disposición y captación del pago realizado por la demanda a los demandantes en concepto de la terminación de la relación laboral que se origina de la resolución la cual, ahora se impugna por parte de los demandantes; este un extremo factico del que carece la sentencia del Ad-Quem, para poder realmente aplicar la norma y la jurisprudencia, y a su vez el encuadramiento jurídico a la pretensión material que invoca el demandante; lográndose observar que la sentencia del Ad-Quem carece de una valoración individual y conjuntiva de la prueba, lo que lo conlleva a no resolver conforme a derecho.
9.- Advirtamos que la pretensión del demandado como motivo de oposición y resistencia, fue que los demandantes recibieron y gozaron del pago de esas prestaciones; frente a ello la jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justica en cuanto a que un trabajador demandante no puede impetrar una demanda exigiendo reintegro, cuando este ha hecho uso y goce del pago de prestaciones, siendo improcedente que este pueda realizar las exigencias de ambas pretensiones de forma simultánea cuando ya ha demostrado una satisfacción derivada de una de estas, señalamos para ello las sentencias CL119-11 y 513-2018, entonces es así que el caso de marras de igual manera debe el tribunal Ad-Quem realizar ese ejercicio intelectivo de establecer si fácticamente existieron circunstancias por parte de los demandantes en aceptar conforme la captación de dicho pago que se deriva de la resolución emitida por la parte demanda estableciendo si este hizo o no uso del mismo o si demostró de forma tácita o expresa la aceptación sobre la eficacia de la resolución que ahora reclama como nula. Por las falencias antes señaladas en los requisitos internos del fallo impugnado, procede la nulidad del mismo.
10.- Que en casos de material personal como los es el de estudio, el órgano revisor de segunda instancia, siempre se encuentra obligado a indicar en la parte motivada de la sentencia, los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento, así como el encuadramiento jurídica de esta; y de igual manera la aplicación e interpretación de norma de la forma correcta, lo cual no se realizó debidamente por el A-Quem, quien en apego a lo que establecen los artículos 701, 705 en relación con el artículo 715.3 del Código Procesal Civil aplicado en forma supletoria ese encontraba obligado a garantizar esa Tutela Judicial Efectiva, mas no lo hizo, por lo que es obligación de este Tribunal Supremo, garantizar que se respete tal derecho fundamental.
11.- Para efectos de ilustración este tribunal supremo señala que NULIDAD ABSOLUTA: “Es una manifestación de la ineficacia procesal relevante, la cual viola norma que protege el interés público, ante la falta de un elemento esencial para que un acto procesal produzca efecto. Es insubsanable. Puede declararla el juez de oficio. A diferencia, la nulidad parcial que viola norma que protege el interés de parte. El error es subsanable. Se declara a petición de parte. El Supremo Tribunal de Perú ha señalado recogiendo el concepto del profesor Manuel Serra Domínguez que la nulidad absoluta se presenta siempre que un acto procesal (o actos procesales cuyo conjunto hacen el proceso) adolezca de una circunstancia fijada en las leyes procesales como necesaria para que el acto produzca sus efectos.[7]”
12.- que al haber concluido esta Corte Suprema de Justicia la infracción a un derecho de orden público, como lo es el debido proceso que le asiste a cualquier persona que acude a los Tribunales Justicia; y es por ello que inclusive la nulidad absoluta debe ser apreciada de oficio por cualquier Órgano Jurisdiccional como lo es esté Tribunal Supremo; inclusive si quisiésemos aplicar esa oficiosidad bajo la panóptica de la superioridad del Código Procesal Civil como norma reguladora de nulidades podemos observar que el legislador prevé en su artículo 701.3 esa observancia obligatoria de oficio, sobre aquellas situaciones que acarrean infracciones a garantías fundamentales. Es por las razones antes expuestas, que es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida.
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por Unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contenciosos Administrativo con Jurisdicción Nacional de fecha 27 de noviembre del 2020, visible a folios 164 al 170 de la segunda pieza, ya que resulta evidente la violación del debido proceso, devolviendo los antecedentes al lugar de su procedencia, para que rectifique los errores anteriormente expuestos. 2) SIN COSTAS Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrado Integrante YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA. NOTIFIQUESE.
Expediente: S.L 131-2021
[1] Mora Mora, Luis Paulino, “Una justicia democrática para la Costa Rica del siglo XXI”, Poder Judicial, Costa Rica, pág. 3.
2 Capelletti, Mauro, Garth, Bryant. El acceso a la justicia: la tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos (1ra Edición). México: Fondo de Cultura Económica, 1996; pág. 12-13.
[2]
[3] OIT, Trabajo decente en las América: una agenda hemisférica, 2006-2015, Informe del Director General, Juan Somavia, XVI Reunión Regional Americana, Brasilia, Oficina Internacional del Trabajo, mayo de 2006 (el subrayado es nuestro), pág. 21.
[4] Ibídem, pág. 31.
[5] Cfr.Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, supra, párr. 124, y Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana, supra, párr. 311.
[6] Ver sentencia del 28 de enero de 2003, recaída en el expediente Nº 1546-2002-AA/TC-Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 4 de noviembre de 2003. La sentencia emitida en el expediente Nº 1087- 2004-AA/TC Lambayeque de fecha 20 de setiembre de 2004
[7] ver casación Nº 1269-2003 Cajamarca de fecha 8 de setiembre de 2004 expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República, publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 28 de febrero de 2005