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Sentencia CA-124-21 — Registro 12856

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante, por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación por cesantía, se confirma en segunda intancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) se omite el concepto de la infracción es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) se omite el pronunciamiento que se impugna; c) carece de claridad precisión al omitirse el numeral en que se encuentra comprendido el precepto autorizante; d) carece de la estructura idónea al no precisarse una explicación; e) se indican al final “NORMATIVA LEGAL VIOLENTADA. Los artículos siguientes son los violentados: 90 de la Constitución de la Republica; 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos 35 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 245 del Código Procesal Civil” disposiciones que no tienen relación con las cuestiones debatidas en el sub-judice; y f) lo expuesto se reduce a un alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario, en el que, de igual manera inapropiada se insta a la revisión, interpretación y valoración del material probatorio lo cual tiene vedado este Tribunal, de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. 5.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado EMILSON DANIEL DURON; y, Recurrida: el señor JORGE LUIS CALIX ROSALES, representado en juicio por la Abogada NOLVIA ESPERANZA AGUILERA ORTEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo en materia de personal, reconocimiento de una situación jurídica individualizada para su pronto restablecimiento, se ordene el reintegro en igual o mejores condiciones a las que prevalezcan al momento de emitir el acuerdo de cancelación de nombramiento, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, incrementos salariales y demás beneficios colaterales durante la secuela del presente juicio, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor JORGE LUIS CALIX ROSALES, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda, que el 14 de noviembre del 2013, se emitió acuerdo de nombramiento, en el puesto de Conserje 1, ubicado en el programa 01, subprograma 00, actividad 003, versión 01, grupo 00, número de puesto 11040, puesto acogido bajo el régimen del servicio civil. Sin importar la discapacidad del demandante y pese a recomendaciones realizadas por el Ministro de Discapacidad, se procedió mediante acuerdo de cancelación de nombramiento número 0016-CES-SRH-2014 de fecha 12 de marzo del 2014, emitido por el Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Intencional, en el cual se le notificó su cancelación por cesantía debido a la reducción de personal de dicha Secretaría. 2. La parte demandada, El ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante fue nombrado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, mediante Acuerdo N°510-SRE-2013 del 14 de noviembre del 2013, en el cargo de CONSERJE I, puesto ubicado en el programa 01, subprograma 00, actividad 009, versión 01, grupo 01, nivel 01, numero de puesto 011040, devengando un salario de L. 11,000.00, efectivo a partir del 2 de septiembre del 2013, desempeñando funciones en el horario habitual de oficina de 9:00 a.m. al 5:00 p.m., para lo cual se sometió al proceso establecido por la Ley del Régimen de Servicio Civil. El demandante pudo optar al cargo de Conserje I, en la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, ya que la demandada en su estructura presupuestaria de la plaza de Conserje I podía contratar a la persona que considerara, siempre y cuando esta cumpliera con los requisitos necesarios para tal trabajo, por lo que el actor se sometió al proceso de evaluación, el cual aprobó de forma satisfactoria, tal y como lo establece el Reglamento de la Ley del Servicio Civil en su artículo 58: “Para acceder a un puesto del Régimen del Servicio Civil el aspirante deberá someterse a los concurso, investigaciones, pruebas, exámenes y demás procedimientos y recursos técnicos científicos”, pues era obligación de la demandada verificar sí reunía las condiciones físicas, morales y psicológicas requeridas para el desempeño del cargo para el cual estaba optando, conforme a la Ley de Servicio Civil y la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, la cual establece en su Artículo 31: "El Estado garantiza a las personas con discapacidad en todo el país, el derecho a un empleo adecuado y digno a sus condiciones y necesidades personales", Por consiguiente, la parte demandada garantizó al demandante su derecho de optar a un cargo público en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades para el acceso y participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad, con ausencia de todo tipo de discriminación, tal y como sucedió en el caso que nos ocupa. En este caso debido a la crisis económica que atraviesa el país, la demandada se ha visto en la obligación de tomar algunas medidas económicas, obligándose a prescindir de varías plazas, siendo necesaria su cancelación estricta observancia del procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. La Constitución de la República en el Artículo 62 preceptúa: "Los Derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático". En el caso que nos ocupa, el Decreto 360- 2013 del 20 de enero del 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 24 de enero del 2014, que contiene las Disposiciones Generales del Presupuesto del 2014, que en su artículo 205 párrafo tercero establece: "Asimismo se autoriza al Despacho de Relaciones Exteriores para que realice una restructuración del servicio tanto exterior como interior Ley de Servicio Civil”, la cual en el artículo 53 establece: "No obstante lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley, la autoridad nominadora podrá además cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General siempre que el Consejo del Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede "la cesantía" por encontrarse comprendidas en algunas de las excepciones calificadas que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y a continuación se indican: a) Reducción forzosa de servicio o de personal por razones de orden presupuestario; b) Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa". Que haya una proporcionalidad entre la acción que la limita y el derecho afectado. El cumplimiento de este decreto tiene como propósito la reestructuración del servicio interno, esto conlleva la implementación de algunas medidas entre ellas, la cancelación de plazas como es el caso actual. Que la misma esté justificada, es decir que obedece a una necesidad, en este caso la situación económica por la que se está pasando hace necesario tomar estas medidas con el fin de buscar solución a la situación económica, que implica la reducción presupuestaría, tal y como se acredita en el Informe Financiero sobre el Impacto de Reducción del Personal del Servicio Interno de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, medidas que son apegadas a derecho, pues derivan de un marco legal que le permite a mi representado actuar de conformidad a las mismas para llevar a cabo un proceso de reestructuración, contempladas en el Decreto 360-2013 del 20 de enero del 2014, que contiene las Disposiciones Generales del Presupuesto del 2014, en el artículo 205 párrafo tercero, así como en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, con lo que se evidencia que la cancelación por cesantía del demandante se ha realizado respetando los procedimientos establecidos en la normativa legal. La Reestructuración es de obligatorio cumplimiento en virtud de la reducción presupuestaría que tuvo la demandada, pues en el ejercicio fiscal del 2014 el presupuesto del que disponía era de L. 854,567,893.00 y para el ejercicio fiscal del 2015 es de L. 750,357,866.00 tal y como consta en los Decretos 360-2013 del 20 de enero del 2014, y Decreto 140-2014 del 17 de diciembre del 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 18 de diciembre del 2014. Por otra parte la demandada se vio obligado a prescindir de la plaza de Conserje I por no ser necesarios sus servicios ni mucho menos indispensables, razón por la que fue cancelada del anexo desglosado de sueldos y salarios básicos y por lo tanto esta no existe en la estructura presupuestaria, bajo ese entendido nadie puede desempeñar una plaza que no existe, pues la misma fue ya cancelada, tal y como se acredita con la Resolución de fecha 3 de septiembre del 2014 emitida por la Secretaría de Finanzas, que consta agregada al Expediente Administrativo del ahora demandante, cancelación motivada, por la restructuración de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional autorizada mediante Decreto 360-2013 del 20 de enero del 2014, que contiene las Disposiciones Generales del Presupuesto del 2014, en su artículo 205 párrafo tercero. Con lo anterior quedó plenamente demostrado en el Expediente Administrativo del actor, que la cancelación por cesantía que se le efectuó, se debió a la reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de febrero del dos mil dieciocho, dicto sentencia misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarar procedente la Acción promovida por el señor JORGE LUIS CALIX ROSALES, representado en juicio por el Abogado JUAN CARLOS RODAS CRUZ en su condición de Director en juicio quien delego la procuración que ostenta en la procuradora ALEJANDRA ISABEL ARGUETA ZUNIGA, por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación por cesantía Numero 0016-CES-SRH-2014 de Fecha de 12 Marzo del Dos Mil Catorce (2014), emitido por LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL, por medio del cual se canceló por cesantía al demandante, en consecuencia se anula totalmente. SEGUNDO: Reconocer la situación Jurídica Individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se Resuelve: adoptar el reintegro del demandante, a su cargo, de la manera siguiente: el señor JORGE LUIS CALIX ROSALES al cargo de CONSERJE 1 puesto ubicado en el programa 01, subprograma 00, actividad 003, versión 01, grupo 001, numero de puesto 11040 de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.- TERCERO: Condenar al Estado de Honduras, a través del LA SECRETRIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL, al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que este se ha restituido en su cargo, más el pago de los beneficios obtenidos en ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto y vacaciones, así como otros derechos que les pudieran corresponder. CUARTO: Se decreta, en su caso, la nulidad del Acto Administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante”; bajo el criterio siguiente: de la revisión y estudio del presente caso de autos se desprende que el acto administrativo impugnado y por medio del cual se canceló por cesantía al demandante, se dictó con infracción del ordenamiento jurídico, ya que al estar debidamente probado en autos que la autoridad nominadora no siguió con los presupuestos legales para cancelar por cesantía al demandante, se decreta la procedencia de la acción y consecuente nulidad del acto impugnado por haber sido dictados con infracción del ordenamiento jurídico. Así mismo del estudio del expediente respectivo, se concluye que no corre agregada documentación pertinente que refleje el hecho de que se le haya realizado la evaluación periódica respectiva al demandante, ya que la disposición que obliga a efectuar dichas evaluaciones no ha sido derogada, por lo cual está vigente y es de obligatorio cumplimiento, que se haya tomado en cuenta sus años de Servicios en la Administración Pública; que después de emitido el Acuerdo de Cancelación, la Autoridad Nominadora haya enviado a la Dirección General de Servicio Civil la nómina de los cesanteados para que el demandante sea inscrito con derecho preferente en el registro de reingreso; es decir, no se acreditaron en el juicio elementos indispensables que debe de cumplir la Autoridad Nominadora para prescindir de los servicios de las personas afectadas por las cesantías, en este caso al demandante no se realizó el procedimiento en su totalidad para la cancelación por cesantía, lo que hace que dicho Acto infrinja el ordenamiento jurídico, al no realizar el procedimiento tal como lo establecen los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil y 280 y 281 de su Reglamento de aplicación; asimismo, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 278 de dicho Reglamento hay dos razones por las cuales procede la cesantía de un Servidor Público, implicando ambas razones la reducción de personal o de servicios, lo cual no fue acreditado en autos, ya que no se acreditó que la plaza del demandante se haya cancelado, para con ello acreditar el cumplimiento del fin de la cesantía, en consecuencia, no se cumplió con el fin de la cesantía en el presente caso; por lo cual debe decretarse la procedencia de la acción, por estar debidamente acreditado en autos que no se siguió totalmente el procedimiento de cesantía para la cancelación del demandante, por lo que el Acto Administrativo Impugnado infringe el ordenamiento jurídico. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diecinueve de febrero del dos mil veinte, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, SIN COSTAS, bajo el criterio que se probó en autos que el demandante laboraba para la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, mediante acuerdo a partir del 14 de noviembre del 2013, en el puesto de Conserje, se canceló por cesantía por reducción forzosa de personal por razones de orden presupuestario, a partir del 14 de marzo del 2014. En el caso de autos está plenamente acreditado que el actor fue cancelado por cesantía de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. De la misma manera está acreditado que la autoridad nominadora no cumplió con los requisitos y procedimientos que conlleva cesantear a un servidor público por "reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestaria", al no constar en autos las evaluaciones periódicas y el resultado de estas, ya que es una exigencia imprescindible de la norma; si bien no existen en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento parámetros para considerar los resultados de esas evaluaciones y tomar la decisión de la cesantía, el artículo 33 de la Ley de Servicio Civil claramente manda a que la Dirección General de Servicio Civil de común acuerdo con la autoridad nominadora deberá de emitir un Reglamento en el cual se establezca el sistema de evaluación, y también para la apreciación de los resultados; de lo que se desprende que para considerar el resultado de las evaluaciones periódicas, necesariamente debe de existir un Reglamento en la Secretaría de Estado, avalada o autorizada por la Dirección de Servicio Civil, extremo que no fue acreditado por la parte interesada. Aunado a lo anterior, el resultado de las evaluaciones periódicas y evaluaciones mismas deben de constar en el expediente de personal del servidor, ya que dichos documentos ratifican la legitimidad del acto administrativo, conforme al artículo 91 párrafo segundo de la Ley de Servicio Civil: "Los Resultados de la evaluación se incorporaran al expediente de cada servidor"; por lo que se concluye que a falta de los resultados de las evaluaciones periódicas, las evaluaciones periódicas y de la apreciación de esos resultados conforme a los parámetros establecidos, se ha inobservado el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, siendo ineficaz la cesantía, contraviniendo de manera contundente la norma jurídica aplicable. Un punto relevante que el A-Quo pasó por alto hacer mención en la sentencia que hoy se revisa en apelación, es el hecho de que el demandante en su escrito de demanda claramente establece que es una persona discapacitada y que la cancelación por cesantía es violatoria a lo que establece la Ley de Servicio Civil y convenios internacionales relativos a la discapacidad y trato especial a este tipo de empleados. El artículo 4 de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para la Personas con Discapacidad no prohíbe un despido en situación de discapacidad, sino que condena el despido precedido de un criterio discriminatorio, por lo tanto, la invocación de una causa legal de despido, excluye que la ruptura del vínculo laboral este basada en el prejuicio de la discapacidad; esclarece la Doctrina que quien alega una justa causa de despido, enerva la presunción discriminatoria, cuando el trabajador sea discapacitado. 5. La representación procesal de la parte recurrente, el Abogado EMILSON DANIEL DURON, en fecha tres de diciembre del dos mil veinte, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha diecinueve de febrero del dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.038-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.116-2014 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha siete de diciembre del dos mil veinte, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, la Abogada NOLVIA ESPERANZA AGUILERA ORTEZ, presentó en fecha ocho de enero del dos mil veintiuno, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dieciocho de enero del dos mil veintiuno por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha cinco de marzo del dos mil veintiuno, los Abogados EMILSON DANIEL DURON y NOLVIA ESPERANZA AGUILERA ORTEZ, respectivamente. 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintidós de abril del dos mil veintiuno, teniendo por personados a los Abogados EMILSON DANIEL DURON, como recurrente y NOLVIA ESPERANZA AGUILERA ORTEZ, como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “De conformidad con el artículo 719 literal b del Código Procesal Civil que contempla lo siguiente: "los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión". Se detalla la violación a lo descrito en el artículo antes señalado basado a los hechos y argumentos siguientes: La violación al precepto legal antes indicado se materializa cuando se plasmar en la sentencia objeto de este recurso, en el acápite de fundamentos de derecho numeral quinto lo siguiente: "al no constar en autos en autos las evaluaciones periódicas y el resultado de estas, va que es una exigencia imprescindible de la norma: si bien no existen en la ley del Servicio Civil y su Reglamento parámetros para considerar los resultados de esas evaluaciones y tomar las decisión de la cesantía el artículo 33 de la ley de Servicio Civil claramente manda a que la Dirección General de Servicio Civil de común acuerdo con la autoridad nominadora deberá de emitir un reglamento en el cual establezca el sistema de evaluación" lo cual sirve de fundamento para fallar en su parte dispositiva declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Juan Gabriel Martínez Duran actuando en su condición de representante procesal delegado del Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Lo anterior, es un sofisma, debido a que la evaluación si consta en los folios del expediente judicial, asimismo la evaluación periódica es parte integral del expediente administrativo el cual de conformidad con artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo se debe acompañar a la contestación de la demanda a efecto de que los tribunales constaten la presunción del JURIS TANTUM descrita en el artículo 30 de la Ley de Procedimiento administrativo. Asimismo, el acompañamiento del expediente administrativo es parte de la carga probatoria de la parte demandada en vista que en el expediente se constatan todos los hechos sobre la relación laboral, en ese sentido en atención al principio IURA NOVIT CURIA. En relación con lo anterior el expediente judicial fue aportado como medio de prueba en el momento procesal oportuno. Y no fue valorada bajo lo ordenado en el artículo 245 del Código Procesal Civil, Lo cual constituye una violación a la tutela judicial efectiva. Asimismo la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 8 contempla lo siguiente: "que toda persona tiene derecho de ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido."; los magistrados al no valorar la prueba aportada de la evaluación periódica y los resultados de estas aduciendo que la misma no está en el expediente de mérito, cuando dicha evaluación y resultados si se encuentran como se ha demostrado en este escrito, razonamiento que vuelve a los magistrados en parciales con la parte demandante. Lo anterior, me ha causado agravios a mi derecho de defensa y a un juez imparcial ya que es evidente que el juez ha vertido una sentencia sin revisar el expediente administrativo y judicial lo que lo vuelve arbitrario en virtud que no valoro ni razono la prueba de manera adecuada, la prueba documental es fundamental en al caso de mérito no valorarla de manera oportuna va en contravención del principio ius litigatoris, por lo cual que se debe proceder a la anulación de la sentencia de mérito. NORMATIVA LEGAL VIOLENTADA. Los artículos siguientes son los violentados: 90 de la Constitución de la Republica; 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos 35 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 245 del Código Procesal Civil”. 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) se omite el concepto de la infracción es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) se omite el pronunciamiento que se impugna; c) carece de claridad precisión al omitirse el numeral en que se encuentra comprendido el precepto autorizante; d) carece de la estructura idónea al no precisarse una explicación; e) se indican al final “NORMATIVA LEGAL VIOLENTADA. Los artículos siguientes son los violentados: 90 de la Constitución de la Republica; 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos 35 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 245 del Código Procesal Civil” disposiciones que no tienen relación con las cuestiones debatidas en el sub-judice; y f) lo expuesto se reduce a un alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario, en el que, de igual manera inapropiada se insta a la revisión, interpretación y valoración del material probatorio lo cual tiene vedado este Tribunal, de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. 3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo nuestra de la Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. 4.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. 5.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 704, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los dieciocho días del mes de agosto del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de junio del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA124-2021. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.