Sentencia CA-117-21 — Registro 12835
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción promovida por el demandante por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Se indica como precepto autorizante el “Articulo 719.1 letra c) y 2 del Código Procesal Civil” sin embargo, los numerales y literales de la citada disposición contemplan, distintas causales de casación incompatibles entre sí, que se deben invocar en forma separada por la independencia de los cargos, además el artículo 720. 2 del Código procesal Civil a que hace referencia, no tiene la categoría de precepto autorizante; b) Ataca la sentencia por varios temas, relacionados con falta de claridad, exhaustividad, motivación y congruencia, pero por otro, pide el control de la motivación fáctica, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil, lo cual debió haber expresado en forma separada, dada la independencia de los motivos en este extraordinario recurso; c) En el concepto de la infracción se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de mayo de dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada DASSIA YANERY PÉREZ HERRERA; y, Recurrido: el señor JULIO ALEXANDER VÁSQUEZ CASTILLO, representado en juicio por el Abogado OSCAR RAMÓN MAYORGA CRUZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda contencioso administrativa en materia personal para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular consistente en un acuerdo de cancelación por cesantía de un servidor público; reconocimiento de situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para el pleno restablecimiento entre ellas el derecho al reintegro y a título de daños y perjuicios los sueldos dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor JULIO ALEXANDER VÁSQUEZ CASTILLO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que según Acuerdo de Nombramiento N°0082-2011, contenido en el oficio SEDS-0089-2011, de fecha 18 de enero del 2011, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, fue reingresado en el cargo de Policía Conductor y le fue entregado el 24 de enero del 2011, con un sueldo mensual de L.6,000.00; que mediante Acuerdo de Cancelación N°0616-2014, de fecha 08 de abril del 2014, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, mediante el cual se le cancela del cargo de Policía Conductor y que le fue entregado el 03 de septiembre del 2014, que al momento de la separación del cargo devengaba L.8,010.88; argumentó que a través de esta demanda alega la falta de notificación del acto impugnado, en virtud que el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, no le notificó la cancelación del contrato de trabajo con las solemnidades que la ley establece, sino que, se limitó, sin mediar ninguna formalidad a entregarle la copia del Acuerdo de Cancelación de la Cesantía; lo que deja claro que no se le dio cumplimiento a las que específicamente está instituido en artículo 87 y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo y si no fue notificado conforme a la normativa de la resolución que supuestamente tenía que surtir algún efecto, no cumple los protocolos que aquella establece, por lo tanto, como rescindido estaría imposibilitado legalmente a ejercer el derecho de defensa, ya que se le informa una situación jurídica, desconociendo los requisitos establecidos en el artículo número 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo; en tal sentido la cancelación materializada y que se impugna, no puede surtir ningún efecto jurídico, ya que la misma carece de formalidades que manda la ley, es en tal virtud que solicitó la respectiva restitución al cargo que venía desempeñando, sin haber cometido ninguna falta que pudiera ser utilizada en su contra y asumir la posición absurda que se adoptó al ser cancelado del trabajo, porque faltó 3 días consecutivos siendo que se encontraba incapacitado por estar afectado de salud. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante fue nombrado mediante Acuerdo de Nombramiento N°0082-2011, de fecha 18 de enero del 2011, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, en el cargo de Policía Conductor, asignado a la Dirección General de Policía Nacional; rechazó lo manifestado por el demandante que se le entregó su acuerdo de cancelación en fecha 03 de septiembre del 2014, sin embargo el demandante eludió mencionar que hasta ese día se presentó ante la demandada a reclamar el acuerdo de cancelación, el cual ya le había sido formalmente notificado en fecha 19 de agosto de 2014, por medio de la tabla de avisos de la Secretaría General de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, en virtud de desconocer el paradero del demandante, quien desde el 02 de agosto del 2013, pasó a calidad de inactivo; en consecuencia, desde esa fecha se le congeló el sueldo debido al evidente abandono del cargo, por lo que es indudable que la Pretensión del demandante al acudir ante la demanda más de un año después de su abandono (3 de septiembre del 2014) a reclamar copia de su acuerdo de cancelación y que la cancelación del demandante se originó por el abandono del cargo por tres (3) días consecutivos en un (1) mes, o cuatro (4) días el alternos en el mismo mes, sin que medie causa justificada, de conformidad a lo establecido en el artículo 126 numeral 4) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras y que el demandante haya obtenido certificación del Acuerdo de Cancelación en fecha 03 de septiembre del 2014, se debió a que hasta esa fecha el demandante acudió a solicitar copia de su acuerdo de cancelación emitiéndose la respectiva autorización para retirar la transcripción del acuerdo de cancelación del demandante, en virtud que dicho acuerdo se encontraba en el Archivo General de la Secretaría General de la Secretaría de Seguridad; alegó además, que el demandante no laboraba bajo la modalidad de contrato sino como empleado permanente, y que el acto de notificación fue imposible de realizarla personalmente porque se ignoraba el paradero del demandante al evidente abandono por más de un año, este precepto legal citado daba a la demandada la manera de efectuar dicha notificación, por lo que los argumentos del demandante son fuera de ley, máxime cuando éste no se preocupó de su relación laboral con la demandada en un año después de su abandono y que arguye en su escrito de demanda que sólo se ausentó 3 días de su cargo por encontrarse incapacitado; pero no obstante en el expediente no consta incapacidad alguna que avale su ausencia por un año consecutivo; en cambio sí existe en su expediente el detalle de deducciones del personal operativo, donde claramente se consigna que el demandante se encontraba inactivo desde el 02 de agosto del 2013, por lo que es inconcebible que el demandante estuviera por un año sin recibir su sueldo y que no ejerciera acción alguna contra la institución, lo que vuelve aún más improcedente el hecho de que el demandante aparezca como si nada hubiese ocurrido, pretendiendo hacer valer derechos que no le asisten en primer lugar por su abandono y en segundo lugar por lo extemporáneo de la presentación de su demanda. 3.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, en fecha 12 de marzo del 2015, interpuso en tiempo y forma defensas previas, fundamentándose en dos causales así: PRIMERA CAUSA DE INADMISIBILIDAD: "QUE TUVIERE POR OBJETO ACTOS NO SUSCEPTIBLES DE IMPUGNACIÓN MEDIANTE LA ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RESPECTO DE LOS ACTOS FIRMES". Que el acto impugnado adquirió el carácter de firme; según lo que establece el artículo 31 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, esto partiendo que desde la fecha en que se le notificó al demandante el Acuerdo de Cancelación N°0616-2014, del 19 de agosto del 2014; y, la fecha en que acudió ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es de 25 de septiembre de 2014, o sea que el demandante acude ante esa instancia con la mala intención de hacer valer un derecho que había perdido por prescripción, siendo que han transcurrido más de quince (15) días del plazo establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el demandante no interpuso su acción en tiempo y forma, por tal razón se amparan en la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 80 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; SEGUNDA CAUSA DE INADMISIBILIDAD: QUE LA DEMANDA SE HUBIERE PRESENTADO FUERA DE LOS PLAZOS RESPECTIVOS. Se encuentra señalada en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 63 literal a) y 80, en relación con el artículo 48 inciso b) de la misma Ley; que dicha causal se deprende de que la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, mediante cédula de notificación fijada en la tabla de avisos en fecha 19 de agosto del 2014, procedió a dar por oficial el acto de la notificación del contenido del Acuerdo 0616-14, de fecha 08 de abril del 2014, con el cual se canceló al demandante, por haber cometido la falta tipificada artículo 126 numeral 4) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras; presentándose el demandante ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad en fecha 03 de septiembre del 2014, a reclamar copia de su Acuerdo de Cancelación, a esta fecha ya habían transcurrido 11 días de la notificación de dicho acuerdo de cancelación, quedándole al demandante únicamente 4 días para la presentación de su demanda, siendo la fecha correcta de dicha presentación el 9 de septiembre y no el 25 de septiembre del 2014. Además señaló que el demandante acudió el 03 de septiembre del 2014, a solicitar copia de su acuerdo de cancelación, a lo que la demandada procedió a emitir la respectiva autorización para retirar la transcripción del acuerdo de cancelación del demandante, pudiéndose comprobar con el documento que obra en el expediente administrativo y consistente en: "SOLICITUD DE ENTREGA DE TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO DE CANCELACIÓN", en virtud que dicho acuerdo se encontraba en el Archivo General de la Secretaría General de la Secretaría de Seguridad, por tal razón hasta el 03 de septiembre es que el demandante obtuvo su acuerdo, siendo que hasta en esa fecha se avocó ante la demandada; asimismo, mediante resolución de fecha 12 de mayo del 2015, las defensas previas alegadas fueron DESESTIMADAS POR IMPROCEDENTES. 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 07 de agosto del 2018, dictó sentencia misma que en su parte conducente: “RESUELVE: PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción promovida por el ciudadano JULIO ALEXANDER VÁSQUEZ CASTILLO; por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el ACUERDO NO. 0616-2014 emitido en fecha ocho de abril de dos mil catorce por la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD por medio del cual se canceló al señor JULIO ALEXANDER VÁSQUEZ CASTILLO; en consecuencia, SE ANULA TOTALMENTE EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada del Demandante JULIO ALEXANDER VÁSQUEZ CASTILLO y para su pleno restablecimiento se condena al Estado de Honduras adoptar las medidas siguientes; 1) Reintegro del señor JULIO ALEXANDER VÁSQUEZ CASTILLO al cargo de POLICÍA CONDUCTOR en iguales o mejores condiciones que tenía previo a la emisión del Acto Administrativo emitido en forma ilegal; 2) En concepto de daños y perjuicios, proceder al pago de los salaries dejados de percibir más el pago de vacaciones, decimotercer mes, decimocuarto mes y demás derechos que les correspondieren desde la fecha de efectividad del acuerdo de cancelación precitado (12 de septiembre de 2013) hasta la fecha en que el Demandante sea reintegrado en su cargo; cálculos que se difieren para la fase de Ejecución de la Sentencia Definitiva…”; sin costas; bajo el criterio que de los hechos alegados por las partes y los fundamentos jurídicos en que apoyan sus pretensiones, se puede establecer lo siguiente: A) El demandante fue cancelado de su cargo en virtud de encontrarse ausente de sus labores, según el Informe Investigativo que corre agregado en el Expediente Administrativo a folio 46-47 de la pieza separada de Defensas Previas, desde el día diez al doce de septiembre de dos mil trece. B) De la revisión del expediente administrativo, así como de los medios de prueba aportados al proceso, la Suscrita no desconoce la imputada al Demandante. No obstante y conforme a lo ordenado por el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en relación con el artículo 33 de la misma Ley, y el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, al momento de revisar si la Autoridad Nominadora cumplió con todos y cada uno de los requisitos legalmente establecidos para proceder a la emisión del acto impugnado, se concluye que el Demandado ha violentado lo preceptuado en el artículo 134 párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras. Pues tal y como se constata en el Expediente Administrativo, el demandado ejerció su acción de cancelación fuera del término de cuarenta y cinco días que la Ley manda. Por lo anterior, las acciones de cancelación ya habían prescrito al momento de emitir y notificar el acto impugnado. En el caso que nos ocupa la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad tuvo conocimiento por escrito de la acción que pretendía sancionar en fecha veintidós de octubre de dos mil trece, emitiendo el acto impugnado hasta en fecha ocho de abril de dos mil catorce. 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 24 de agosto del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que en el caso que nos ocupa el señor Julio Alexander Vásquez Castillo, siendo Policía Conductor de la Dirección General de la Policía Nacional, estando bajo el Régimen de la Carrera Policial conforme al expediente Administrativo de Personal, se le emite el Acuerdo de Cancelación por Despido de fecha 08 de abril 2014, que es el Acto Administrativo objeto del presente caso; el cual fue dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo artículo 34 inciso C (violenta el procedimiento interno); ya que la emisión de la cancelación por despido se fundamentó en los artículos 126 numeral 4, la Ley Orgánica de la Policía Nacional, se debe reconocer los elementos de hecho y derecho necesario, para la aplicación concreta de la ley; en la resolución apelada no se observa un argumento dentro del marco legal, del motivo por el cual se considera que la resolución impugnado no fue emitida conforme a derecho y al principio de legalidad; analiza este Tribunal que explicación concreta de la valoración de la prueba aportada, referente al expediente administrativo, consta las imputaciones hechas al demandante, donde la Autoridad nominadora de acuerdo a los requisitos procedió a la emisión del acto impugnado, por ausentarse de sus labores según el informe investigativo, concluyendo que el señor Julio Alexander Vásquez Castillo violentó lo preceptuado en el artículo 126 numeral 4) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, abandono del cargo por tres días consecutivos en el mes, sin que medie causa justificada, a partir del 12 de septiembre 2013. 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada DASSIA YARENY PÉREZ HERRERA, en fecha 15 de enero del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 24 de agosto del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.073-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.409-14, del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 20 de enero del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado OSCAR RAMÓN MAYORGA CRUZ, presentó en fecha 01 de febrero del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 08 de febrero del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 15 de febrero y 04 de marzo del 2021, los Abogados OSCAR RAMÓN MAYORGA CRUZ y DASSIA YARENY PÉREZ HERRERA, respectivamente. 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 26 de marzo del 2021, teniendo por personados a los Abogados DASSIA YARENY PÉREZ HERRERA, como recurrente y OSCAR RAMÓN MAYORGA CRUZ, como recurrido; en consecuencia, se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo de casación, manifestando lo siguiente; “Se impugna la sentencia de fecha veinticuatro (24) de agosto del ario dos mil veinte (2020) por la falta de aplicación de las normas procesales que regulan el contenido de la sentencia, así como la incongruencia de la misma. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Articulo 17 del Código Civil; 206 y 207 del Código Procesal Civil; 3 del Decreto Legislativo 202-2012 que derogó el artículo 134 de la Ley Orgánica de Policía Nacional de Honduras. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1. inciso b) y numeral 2. del Código Procesal Civil en relación con el artículo 720. 2 del mismo instrumento jurídico. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna la sentencia de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020) dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con excepción de la declaración sobre las costas. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. El articulo 719 numeral 1. inciso b) y numeral 2. del Código Procesal Civil prescribe: "1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) ... b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derechos empleadas para la solución de fondo del litigio." El artículo 720 del Código Procesal Civil, en su numeral 2) prescribe: "1)... 2) Sin embargo, y dentro de! literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo.". Con fundamento en las disposiciones transcritas, se solicita por este recurso el control de la motivación fáctica de la sentencia por haber llegado a una conclusión equivocada el Tribunal de Segunda Instancia, siendo que de manera errada se expresa en el décimo primero (11) fundamento de derecho “...haciendo una revisión de la Ley Orgánica de la Policía Nacional en el sentido que existe el Decreto Legislativo 202-2012 [...] en su artículo 1 DECRETA "Reformar los artículos [...] haciendo una revisión se observa que no incluye y por ende sigue vigente y eficaz el artículo 134 párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras... "situación que es completamente apartada a ley, en virtud que si bien es cierto el artículo 1 del Decreto 202-2012, reformo artículos de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, no obstante, el articulo 2 incorporó normas; y, el artículo 3 de dicho Decreto, derogó el artículo 134 de la referida Ley de la manera siguiente: ARTICULO 3.- Derogar el Artículo 134 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.". Por lo anterior, es claro que no se dio lectura completa al contenido del Decreto Legislativo 202-2012, el cual contiene 4 artículos; y, dentro de estos, el articulo 3 derogó la disposición de prescripción por el termino de 45 días que establecía el derogado articulo 134 en mención; en tal sentido, es evidente que existió una falta de aplicación de las normas de derechos empleadas para la solución de fondo del litigio y una ineficaz motivación fáctica de la norma vigente y aplicable al caso concrete, lo que me lleva solicitar respetuosamente la protección de las normas del ordenamiento jurídico eludidas en el proceso, las cuales son de estricto cumplimiento.”. II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Se indica como precepto autorizante el “Articulo 719.1 letra c) y 2 del Código Procesal Civil” sin embargo, los numerales y literales de la citada disposición contemplan, distintas causales de casación incompatibles entre sí, que se deben invocar en forma separada por la independencia de los cargos, además el artículo 720. 2 del Código procesal Civil a que hace referencia, no tiene la categoría de precepto autorizante; b) Ataca la sentencia por varios temas, relacionados con falta de claridad, exhaustividad, motivación y congruencia, pero por otro, pide el control de la motivación fáctica, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil, lo cual debió haber expresado en forma separada, dada la independencia de los motivos en este extraordinario recurso; c) En el concepto de la infracción se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “Se impugna la falta de aplicación de los artículos 206. 2 y 207. 2 del Código Procesal Civil que regula las normas aplicables de conformidad a los elementos facticos y jurídicos del pleito. DISPOSICIÓN INFRINGIDA: Artículo 90 de la Constitución de la República, 17 Código Civil, 206.2 y 207. 2 del Código Procesal Civil, 115 de la Ley Orgánica de Policía Nacional de Honduras reformado mediante Decreto Legislativo 202-2012. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1. inciso c) y numeral 2. del Código Procesal Civil y articulo 720. 2 del mismo instrumento jurídico. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El Código Procesal Civil en sus artículos 206 y 207 prescriben: "ARTICULO 206. 1 ...2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los demandantes ", ''ARTICULO 207. 1... 2. MOTIVACIÓN. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón." "ARTICULO 719. CAUSALES DEL RECURSO. 1... 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.". Resulta Honorables Magistrados que la sentencia que al efecto recurro, se limita a confirmar la inadecuada sentencia emitida por el A-Quo, condenando de manera injusta al Estado de Honduras a través de mi representada, obviando de forma taxativa la aplicación correcta de las normas de derecho aplicables a la solución del fondo del litigio, en virtud que ninguna de las instancias anteriores, observó detenidamente el contenido del Decreto Legislativo 202-2012 que sirvió de fundamento para la cancelación del demandante, siendo que dicho Decreto es diáfano al reformar el artículo 115 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, ordenándose en su segundo párrafo lo siguiente: El proceso disciplinario y lo administrativo par faltas no podrá excederse de cuatro (4) meses..." en tal sentido, al haberse derogado el artículo 134 que establecía 45 días para este procedimiento, es evidente que la norma aplicable para la solución del fondo del litigio, era lo ordenado en el artículo 115 al efecto citado, es decir, un término de 4 meses para el procedimiento y no 45 días como lo expresan las anteriores sentencias, situación que produce una clara indefensión a mi representada siendo que se prescindió completamente de la correcta aplicación de las normas de derecho sobre las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, en este caso la pretensión planteada por mi representa”. IV. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) Que entre las disposiciones que se indican como infringidas, el artículo 90 de la Constitución de la República, aún y cuando determina un derecho fundamental de las personas (debido proceso), no ostentan el carácter de ser norma procesal al igual que el artículo 17 del Código Civil y 115 de la Ley Orgánica de Policía Nacional de Honduras reformado mediante Decreto Legislativo 202-2012; b) Se indica como precepto autorizante el “Articulo 719.1 letra c) y 2 del Código Procesal Civil”; sin embargo, los numerales y literales de la citada disposición contemplan, distintas causales de casación incompatibles entre sí, que se deben invocar en forma separada por la independencia de los cargos, además hace referencia al artículo 720. 2 del Código Procesal Civil y no ostenta la categoría de precepto autorizante; c) En el concepto de la infracción se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; d) En su explicación realiza alegatos propios de instancia. V.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. VI.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. VII.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación, lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de agosto del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha catorce de mayo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA117-2021. FIRMA Y SELLO.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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