Sentencia CA-116-21 — Registro 13196
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por la demandante por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) No indica con claridad y precisión, si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, expresa aplicación e interpretación lo que constituye un defecto al invocar dos formas distintas de violar la Ley en un mismo motivo; b) Las normas indicada en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; c) Insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) Formula alegatos de instancia..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) No indica con claridad y precisión, si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, expresa aplicación e interpretación lo que constituye un defecto al invocar dos formas distintas de violar la Ley en un mismo motivo; b) Insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) El ataque al fallo ha sido conforme el precepto autorizante que cita por normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, sin embargo en la explicación hace referencia a aspectos de índole procesal lo cual constituye de igual manera falta de precisión en el cargo, constituyendo alegaciones propias de instancia. V. Que se solicitó nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha ocho de septiembre del dos mil veinte, objeto del presente recurso de casación, declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto, confirmando la sentencia definitiva de fecha de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, bajo el criterio supuestamente razonado que el acuerdo de cancelación no contiene los elementos que sirvan de causa. Hecho que no fue debidamente razonado por la Magistrada potente ya que consta debidamente acreditado que el Acto Administrativo se produjo por escrito en el cual se indica la autoridad que lo emite y su fecha respectando el ordenamiento jurídico el cual se sustentó en los hechos que sirvieron de causa y el cual fue debidamente motivado circunstancia que se encuentra debidamente consignada en el expediente de mérito, así mismo consta que la demandante fue citada en legal y debida forma mediante Oficio No.0203-UAL-SGRHND-12 de fecha 26 de noviembre del 2012, otorgándosele un plazo para poder defenderse de las causales que le fueron imputadas, en estricta obediencia en los lineamientos establecidos por la corte Interamericana de Derechos Humanos, citación que corre agregada al folio (86) de la pieza principal, mediante el cual se le señalaron detalladamente los hechos por los cuales se le citaba, con el objeto de que presentara los descargos correspondientes junto con las pruebas pertinentes para desvanecer las faltas imputadas, no pudiendo desvirtuar las faltas en su contra por lo tanto se procedió conforme a Ley, la autoridad nominadora, procedió a emitir el acuerdo correspondiente; mediante el cual que se le cancelo, dándose por enterada de la terminación del procedimiento y del cual se dejó constancia en el expediente, el acuerdo emitido, no infringió disposición legal alguna, respetando las garantías de la servidora pública respetando el PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Mi representada llevo a cabo el procedimiento requerido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, para emitir el acto Administrativo consistente en el Acuerdo No.15893-SE- 2012, el cual es separado del procedimiento incoado a la hoy demandante por parte de la Magistrada en su fallo sin razón o fundamento legal, no valorando que para la emisión del mismo mi representada sometió a la demandante al proceso disciplinario el cual concluyo con el despido sin violentar el ordenamiento jurídico establecido; por lo que la interpretación del presente fallo no es clara; acreditándose la evidente violación de la Ley y por lo tanto se ha producido indefensión de mi representada la Secretaría de Educación, por lo que procede casar la sentencia por los motivos planteados”. VI. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A- quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VII. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de mayo del dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada LUDY KARINA ROMERO CANTILLANO; y, Recurrida: la señora CARMEN LASTENIA PADILLA RIVERA, representada en juicio por el Abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL. OBJETO DEL PROCESO: Demanda contencioso administrativa en materia personal, para que se declare la nulidad absoluta de un acto administrativo de carácter particular consistente en el Acuerdo N°15893-SE-12; se declare no ser conforme a derecho por desconocer el legítimo derecho a la defensa y por infracción del ordenamiento jurídico nacional; se reconozca una situación jurídica individualizada por haber lesionado los derechos del administrado; se solicita el reconocimiento y aplicación de medida cautelar necesaria para el pleno restablecimiento de los derechos como ser la suspensión del acto administrativo impugnado; se ordene el reintegro al puesto de trabajo como derecho alternativo u otro de igual categoría y salario, pago de salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado OSCAR ARMANDO CÁRCAMO CÁLIX, en su condición de representante procesal de la señora CARMEN LASTENIA PADILLA RIVERA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante manifestó en el escrito de su acción, que fue nombrada en forma permanente a partir del día 04 de marzo del 2010, en el cargo de Sub Gerente de Presupuesto, en la Unidad de Sub gerencia de Presupuesto de la Secretaría de Educación, mediante Acuerdo N°540-SE-10 y que el 26 de noviembre del 2012, la Sub Gerente de Recursos Humanos no Docentes de la Secretaría de Educación, Ivonne Rodríguez Flores, le notificó el Oficio N°0203-UAL-SGRHND-12, por medio del cual fue citada para la audiencia de descargos para que respondiera por algunas ausencias que estaban establecidas en el oficio; manifestó que el 18 de diciembre del 2012, sorpresivamente le fue notificado el Acuerdo N° 15893-SE-12 de cancelación por despido, efectivo a partir del 31 de diciembre 2012, porque en ningún momento le fue notificado la resolución que puso fin al procedimiento de la audiencia, violando así el artículo 38 de la Ley de Servicio Civil y 119 del Reglamento establecen que los servidores públicos protegidos por esa Ley y su Reglamento, gozarán de las Derechos siguientes: a), b) a la permanencia en el cargo y en consecuencia, a no ser trasladados, degradados o despedidos, sin justa causa y sin observancia del procedimiento legamente establecido. c), d), e), f), g), h), i) A recibir un trato justo y respetuoso en el ejercicio de su cargo y a su dignidad personal, j) En caso de que los servidores públicos fueren cancelados o despedidos de su cargo sin justa causa, tendrán derecho al pago de vacaciones, aguinaldos y cesantía proporcional. K) Al pago de salarios caídos cuando el servidor fuere despedido o cancelado de su cargo sin causa justificada, conforme a lo establecido en las leyes del estado; que del 14 de mayo al 08 de junio del 2012, en menos de dos meses fue asignada a tres cargos diferentes sin su consentimiento y sin la correspondiente autorización de Servicio Civil; argumentó que el 14 de enero del 2011, el Secretario de Estado en el Despacho de Educación, firmó con el Sindicato de Empleados Públicos de la Educación SIESPEH, el que protege las intereses de sus afiliados, un Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo o Memorial Respetuoso y que en las cláusulas 2, 3, 5 , 6 y 7, se establecían las condiciones en que deberán ser tratados las problemas en las que se encuentre involucrado un empleado y todas esas cláusulas fueron violentadas por las autoridades de la Secretaría de Educación al no permitirle la aplicación de las medidas establecidas en el memorial Respetuoso; y que dicha Secretaría al dictar el Acuerdo N° 15893-SE-12, infringió la Constitución de la República en sus artículos: 60 párrafos II y III, 61, 62, 63, 64, 82, 89, 90, 94, 95, 129, 128, 129, 165, 321, 322, 323, 324, 325, 326, y 327; Ley General de la Administración Pública en sus artículos 5, 8 numerales 3 y 4; 118 numeral 1, y 124; Ley de Procedimiento Administrativo en sus artículos 24, 25, 30, 31, 34 letras b), c), ch) y e); 35,40 tetra a, 59, 60, 61, 62, 69, 70, 72, 74 y 75; Ley de Servicio Civil en sus artículos 46, 47, 48, y 49;, Reglamento de la Ley de servicio Civil en sus artículos 116, 119, 145, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 187, 188, 189, 190 y 191. Por lo tanto, dicho acuerdo además de injusto, es violatorio del legítimo derecho a la defensa y de la garantía constitucional del debido proceso. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que efectivamente la demandante fue nombrada mediante Acuerdo N°540-SE-10 de fecha 04 de marzo del 2010, en el cargo de Sub Gerente de Presupuesto, cargo sin clasificación, ya que no se ubicó en el manual de clasificación de cargos que manejaba la Dirección General de Servicio Civil, o sea que no fue previamente evaluada para que optara a dicho cargo, por lo que no existe expediente que contenga la acción de personal, ya que fue nombramiento interino, puesto que a la fecha se encontraba sin clasificar; que en fecha 26 de noviembre de 2012, se le citó en legal y debida forma para que compareciera a una audiencia de descargos que se celebraría el día 06 de diciembre del 2012, siguiendo un procedimiento adecuado, citación se hizo con el objetivo de que la demandante desvirtuara las faltas a ella imputadas, al tenor de lo manifestado en el artículo 176, 181 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil y que al no haber expediente que contenga la acción de personal, el expediente disciplinario se remitió a Secretaría General para que a través de la Unidad de Servicios Legales emitiera el respectivo dictamen del caso y una vez dictaminado sobre el caso, se mandó a aplicar la sanción de despido, por lo que al tenor de lo establecido en el artículo 182 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, procedió a emitir el respectivo acuerdo de cancelación por despido, el cual le fue notificado a la demandante, en fecha 18 de diciembre de 2012, con efectividad a partir del 31 de diciembre del 2012, por lo que después de la audiencia de descargo si existió un dictamen legal y respectivo acuerdo de cancelación mediante el cual se dio por finalizado el procedimiento incoado a la demandante, por lo que, no puede alegar que fue "sorpresivamente" notificada de su despido, ya que fue sometida a un procedimiento disciplinario en el cual tenía conocimiento de las faltas que se le imputaban; que es evidente que la demandante no cumplió con eficiencia y responsabilidad las obligaciones que le demandaba su cargo, es por ello que se le despidió de manera justificada y mediante un debido proceso apegado a derecho; asimismo adujo, que abandonó el puesto que desempeñaba, ya que según las investigaciones realizadas, se constató que desde el 01 de agosto del 2012, deja de presentarse a sus labores hasta la fecha sin presentar la correspondiente justificación. También manifestó que en el expediente administrativo consta que audiencia de descargos se realizó siguiendo el procedimiento establecido, en el cual la demandante, tuvo el tiempo necesario para preparar sus alegaciones y formular sus descargos, los cuales al momento de la audiencia le sirvieran para desvirtuar las faltas a ella imputadas y de esta forma comprobar que las cargos imputados eran contrarios a Ley, quedando constatado que se le respetó el derecho a la defensa y que una vez emitido el correspondiente Dictamen Legal de fecha 13 de diciembre de 2012, se dictaminó aplicar la sanción de despido; Además, rechazó lo manifestado por la demandante al expresar que se le asignaron a tres cargos diferentes desde el 14 de mayo al 08 junio del 2012, sin su autorización y sin la correspondiente autorización de La Ley de Servicio Civil, en virtud de ser un cargo sin clasificar que no necesitaba la autorización de la Dirección General de Servicio Civil, por haber sido nombrada mediante un acuerdo interno. Agregó que no fueron violentadas las medidas establecidas en un contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo o Memorial Respetuoso por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación, en virtud que la demandante se le aplicó una ley especial en este caso la Ley de Servicio Civil y que ya el Artículo 109 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece: solamente podrán impugnarse en vía contencioso administrativo las actos que tengan por objeto la cancelación de un Servidor Público, cuando este estuviere protegido por una Ley Especial; por tal razón, interpuso la demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo; porque la relación, por consiguiente no se regía por un contrato de trabajo, fuere individual y colectivo, o de derecho público o privado, por lo tanto dicha relación no puede estar regulada por un Memorial Respetuoso y que un memorial respetuoso no puede estar por encima de la Ley de Servicio Civil, por lo que para proceder a emitir el Acuerdo de Cancelación, la demandada efectuó las investigaciones; ya el Artículo 48 de la Ley de Servicio Civil establece que toda sanción de despido no podrá aplicarse escuchado suficientemente las descargos del inculpado, realizada las investigaciones pertinentes y evacuadas las pruebas que correspondían, demostró que en ningún momento se vulneró el derecho a la defensa. Asimismo argumentó, que al despedir a la demandante se hizo de conformidad a derecho sin infringir el ordenamiento jurídico aplicable y sin limitar los derechos consignados en la Constitución de la República como ser el derecho a la defensa y al debido proceso, al haber sido sometida al procedimiento disciplinario, de conformidad a las faltas imputadas; ya que existió justa causa, por haber incurrido en faltas y que fueron estas las que obligan a la parte demandada a incoar el procedimiento disciplinario, ya la Ley de Servicio Civil en el artículo 43 establece, que toda falta cometida por un servidor público en el desempeño de su cargo debe ser sancionada con una medida disciplinaria que corresponda a la gravedad de la misma; por lo tanto, las faltas cometidas por un empleado no pueden ser objeto de conciliación y que en la celebración de la Audiencia de Descargo, los hechos imputados no fueron desvanecidos por la demandante, por lo cual se emitió el dictamen correspondiente, el Acuerdo de Cancelación, el cual fue notificado en tiempo y forma. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de septiembre del 2018, dictó sentencia misma que en su parte conducente: “FALLA: PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción promovida por la ciudadana CARMEN LASTENIA PADILLA RIVERA; por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, consistentes en el Acuerdo N° 15893-SE-2012 de fecha 17 de diciembre de 2012 emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, mediante el cual se cancela por despido a la Señora CARMEN LASTENIA PADILLA RIVERA, del cargo de Subgerente De Presupuesto; en consecuencia, Se Anula Totalmente El Acto Administrativo Impugnado. SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada de la Demandante CARMEN LASTENIA PADILLA RIVERA y para su pleno restablecimiento se adoptan las medidas siguientes: 1) Adoptar el Reintegro de la Demandante CARMEN LASTENIA PADILLA RIVERA a su antiguo cargo, en la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación.- En caso de ser materialmente imposible el Reintegro del demandante al cargo relacionado, deberá ser reintegrado a otro puesto de igual categoría y en las mismas condiciones; Y de ser materialmente imposible el reintegro a su antiguo puesto de trabajo, que se le paguen las prestaciones. 2) Condenar al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, al pago a favor de la Demandante CARMEN LASTENIA PADILLA RIVERA, de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación, hasta la fecha en que sea firme el presente fallo; Calculo que se difiere para la Fase de Ejecución de la Sentencia Definitiva. TERCERO: Se decreta, en su caso, la nulidad del Acto Administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto(a) de la demandante…”, sin costas; bajo el criterio que de los hechos alegados por las partes y los fundamentos jurídicos en que apoyan sus pretensiones, se puede establecer lo siguiente: A) Que el acto impugnado objeto del presente juicio, lo constituye el Acto Administrativo consistente en el Acuerdo de Cancelación por despido N° 15893-SE-2012, de fecha 17 de diciembre del 2012, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. B) De la revisión del Expediente Administrativo, así como de los medios de prueba aportados al proceso, la Suscrita no desconoce la falta cometida por la demandante, ya que no logra desvanecer todas las ausencias imputadas por la administración. No obstante, sobre todo en la documentación agregada en el expediente administrativo, la Suscrita logra constatar que al revisar el procedimiento la Institución llevó a cabo el procedimiento para emitir el acto impugnado, no siendo menos cierto, que al emitir el acto impugnado correspondiente al Acuerdo N° 15893-SE-2012, de fecha 17 de diciembre de 2012, este no cumple con lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que el acto impugnado no se sustenta en los hechos y antecedentes que le sirven de causa y en la fundamentación jurídica aplicable, la falta de motivación en el mismo no expresando en las causales por el cual se está realizando la cancelación de la demandante, siendo indispensable manifestar el porqué del acto; asimismo, el artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública, establece cuales son los actos de la Administración Pública, entre ellos los Acuerdos. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 08 de septiembre del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el Acuerdo de cancelación por despido en contra de la demandante, que aparece a folio número ocho (8) de la pieza principal de autos, no contiene la sustentación de los hechos y antecedentes que sirven de causa para la emisión del acto administrativo que hoy se impugna, únicamente acuerda cancelarlo, sin ni siguiera establecerle si es un despido o una cesantía (únicas figuras vigentes y aplicables en el régimen de servicio civil); indicando solamente la nomenclatura de su puesto de trabajo en la Secretaría (aspectos meramente administrativos y presupuestarios), obviando totalmente la motivación obligatoria de todo acto administrativo (la causa del despido), es simplemente una transcripción de la acción de personal o del acuerdo interno. La doctrina cataloga a esta obligación, la motivación, como la fundamentación fáctica y jurídica con que la administración pública, sostiene y defiende su legitimidad y oportunidad de su decisión; aclara y facilita la recta interpretación de su sentido y alcance, por constituir un elemento esencial de todo acto administrativo y a nivel Constitucional es una garantía del Debido Proceso; este requisito de motivación del acto administrativo, tiene como finalidad la necesidad de contar con una debida justificación de la actuación administrativa, permitiendo el control de la juridicidad de dicha actuación, así como proporcionar al administrado la garantía (considerada por parte de la doctrina como un derecho fundamental de la persona humana) de conocer los motivos de la actuación administrativa para poder ejercer adecuadamente su derecho de defensa ante posibles abusos o arbitrariedades en el ejercicio del poder público, por lo que esta exigencia es exclusiva del acto administrativo impugnable en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, aun y cuando exista un expediente investigativo y administrativo previo que bien conoce el servidor; pero debe de entenderse y así se ha dejado establecido en diferentes fallos judiciales, que no solo es la investigación o procedimiento interno, o la acción de personal, la que es revisable ante esta Jurisdicción, sino que lo constituye, el acuerdo de cancelación notificado el servidor, el acto administrativo expreso de la Administración, en consonancia con los alegatos y hechos planteados en la demanda, así como su pretensión; en este caso recae sobre el acuerdo de cancelación por despido, el acto que debe de contener los elementos de todo acto administrativo, dentro de ellos la motivación obligatoria, requisito que no está contenido en el acto administrativo impugnado que hoy se revisa, al tenor de lo establecido en el artículo 25 y 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Es importante aclarar, para dar respuesta a la parte apelante, que la A-quo no separa el procedimiento disciplinario verificado para la servidora del Acuerdo de cancelación, por consiguiente, tanto el Acuerdo de cancelación por despido y todo el procedimiento previo constituye ser un todo, no obstante conforme a la pretensión de la demanda, esta solicita la nulidad del acto personal administrativo particular, consistente en el Acuerdo de cancelación N°15893-SE-12, por violentar su legítimo derecho a la defensa y por infracción al ordenamiento jurídico; dicho acuerdo de cancelación no contiene los elementos que le sirven de causa, motivo suficiente para infringir el ordenamiento jurídico aplicable, que es la Ley de Procedimiento Administrativo. Por las consideraciones anterior, este Tribunal es del parecer de CONFIRMAR la sentencia que se conoce en apelación por estar emitida conforme a derecho. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada LUDY KARINA ROMERO CANTILLANO, en fecha diez de diciembre del 2020, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 08 de septiembre del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 098-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.027-2013, del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 14 de diciembre del 2020, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL, presentó en fecha 08 de febrero del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 15 de febrero del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 26 de febrero y 04 de marzo del 2021, los Abogados JOSÉ ARMANDO ESPINAL y LUDY KARINA ROMERO CANTILLANO, respectivamente. 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 26 de marzo del 2021, teniendo por personados a los Abogados LUDY KARINA ROMERO CANTILLANO, como recurrente y JOSÉ ARMANDO ESPINAL, como recurrido, en consecuencia, ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia; asimismo la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE. Estos motivos de casación están comprendidos en el artículo 719 causal I literal c) del Código Procesal Civil, el cual literalmente dice: "Causales del Recurso.- 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a).., b)... y c) la forma y el contenido de la sentencia. NORMAS PROCESALES INFRINGIDAS. Se consideran infringidas el Articulo 200 numeral 2) inciso b) y c) del Código Procesal Civil, en relación a los hechos en que se funden y que hayan sido alegados y que tenga relación con las cuestiones que deban de resolverse y en lo referente a la expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso; en relación con el numeral 2) del artículo 720 del mismo código; 206 numeral 1), 207 numeral 1) y 2); y 208 numeral 1) del mismo cuerpo legal. EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN. En cuanto a la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia; el Articulo 200 numeral 2) incisos b) y c) del Código Procesal Civil, dispone: 2. En particular la redacción de las sentencias de ajustar al siguiente contenido formal: ... , b) En los antecedentes de hecho se consignaran, con la claridad y la concisión posible y en párrafos separados y numerados las pretensiones de las partes o interesados, con los hechos en que se funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. Por su lado el numeral 2 del artículo 720 del Código Procesal Civil, establece: Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral l) del Artículo anterior (719), se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que esta fuera determinante de un sentido diferente al fallo. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de fecha 08 de septiembre del dos mil veinte objeto del recurso de casación que nos ocupa, en los antecedentes de hecho contiene: PRIMERO (I) Que se interpone demanda a pedir la nulidad de un acto administrativo, presunto en sentido negativo que opera en el silencio de la administración pública el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento que se ordene la activación inmediata del beneficio suspendido y se reembolse el pago de las pensiones retenidas ilegalmente Ms las que mis que se vayan generando caso de haber firmado un convenio de pago, solicita como pretensión accesoria que le sea devuelto las pagos que realizo. SEGUNDO (2): Que el juzgado A-quo dicto sentencia declarando la DECLARAR IMPROCEDENTE la acción incoada por el señor MARCELINO EDUARDO ABAIDE GUILLEN, representado en juicio por la abogada EVA FABIOLA CASTRO MARQUEZ, por estar ajustado a derecho el acto administrativo el acto administrativo tácito que originó el reclamo administrativo en la vía judicial, como se desarrolló en los fundamentos de derecho de la presente sentencia. Tal como se puede apreciar en estos antecedentes de hecho antes detallado que se violenta lo establecido en el Artículo 200 numeral 2 inciso b) del Código Procesal Civil, en virtud que los mismos no han sido alegados oportunamente y no tienen ninguna relación con las cuestiones que deban de resolverse. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en la fundamentación de derecho, hace una exposición de las razones de su fallo, relacionando alguno de los hechos controvertidos observando que no expresa las normas jurídicas en que se ampara dicho razonamiento infringiéndose el inciso c) del numeral 2 del Artículo 200 del Código Procesal Civil, cuya infracción condujo al juzgado A QUEM a no apreciar y profundizar sobre la legalidad del acto administrativo mediante el cual se produjo el despido, aun teniendo el pleno conocimiento, por constar en autos que mi representada llevo a cabo el procedimiento legal establecido para emitir el acto administrativo consistente en el Acuerdo 15893-SE-2012 por lo tanto dicho acto se sustentó en los hechos y antecedentes que le sirvieron de causa. Hechos que no fueron considerados por el Juzgado A QUEM. El presente fallo fue sustentado sobre ciertos antecedentes de hecho que no tienen relación con las cuestiones que deban de resolverse y sobre fundamentos de derecho que carecen de las normas jurídicas concretas aplicables al Caso; por lo que de revisión de dicho fallo también se podrá apreciar la evidente violación por carecer de claridad, presión y exhaustividad. Al mismo tiempo de la revisión de la sentencia de fecha ocho de septiembre del 2020, se podrá apreciar que en su parte dispositiva no señala el recurso que precede contra la misma”. II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) No indica con claridad y precisión, si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, expresa aplicación e interpretación lo que constituye un defecto al invocar dos formas distintas de violar la Ley en un mismo motivo; b) Las normas indicada en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; c) Insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) Formula alegatos de instancia. III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, el cual literalmente dice: "Causales del Recurso.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. NORMAS PROCESALES INFRINGIDAS. Acuso a la sentencia de fecha ocho de septiembre del dos mil veinte, de ser violatoria por infracción de los artículos 23, 24, 25, 30, 46, de la Ley de Procedimiento Administrativo, 43, 45, 46, 47 inciso l) y 4) de la Ley de Servicio Civil, 165 numeral D) y 4) y 207 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. EXPLICACIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN. En cuanto a la aplicación e interpretación de las normas de derecho para la solución de fondo del litigio, expresa la sentencia de fecha ocho de septiembre del dos mil veinte dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, detalla en el fundamento de derecho séptimo “El Estado, a través de la Ley de Servicio Civil, garantizar la estabilidad en sus cargos a los empleados públicos mediante el cumplimiento de las normas de esta ley, sus reglamentos y demás leyes conexas. Por consiguiente, los órganos y entidades de la administración pública no podrán: ejecutar actos que disminuyan, restrinjan los derechos y garantías reconocidas por la constitución de la República, entre ellos la estabilidad laboral, sino medias causas justas de separación por despido o cesantía. La administración pública está obligada, previo al trámite administrativo, motivar este acto, de tal forma que debe de sustentarlo en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa, además de indicar el derecho aplicable". Con respecto a este pronunciamiento señalo que la ley de Servicio Civil en el artículo 43 establece que toda falta cometida por un servidor público en el desempeño de su cargo será sancionada con una medida disciplinaria que corresponda a la gravedad de la misma; siendo el caso que nos ocupa por así constar en autos que existió justa causa para que mi representada incoara el proceso disciplinario a la hoy demandante ya que la misma incurrió en falta cuya sanción la ley ya la tiene catalogada como despido faltas que no fueron desvirtuadas por la demandante, tal como quedó evidenciado en autos por tal razón mi representada procedió a emitir el Acto Administrativo consistente en el Acuerdo No.l5893-SE2012 de fecha 07 de diciembre del 2012, el cual se emitió a consecuencia de un proceso en el cual la hoy demandante tuvo el derecho de hacer uso a su defensa cuyo descargo y pruebas aportadas no desvanecieron la responsabilidad imputada; por tal razón es comprensible lo resuelto por el juzgado A QUEM. En relación al fundamento de derecho octavo que señala en resumen que "El acuerdo de cancelación por despido en contra de la demandante no contiene la sustentación de las hechos y antecedentes que sirvan de causa para la emisión del acto administrativo, únicamente se acuerda cancelarlo, sin ni siquiera establecerle si es un despido o una cesantía, indicando únicamente la nomenclatura de su puesto de trabajo, obviando totalmente la motivación obligatoria en todo acto administrativo, es simplemente una trascripción de la acción de personal o del acuerdo interno; por lo que esta exigencia es exclusiva del acto administrativo impugnable en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, aun y cuando exista un expediente investigativo y administrativo previo que bien conoce el servidor". Manifiesto que la emisión del propio Acuerdo de Despido, fue sustentado con las diligencias contenidas en el expediente por lo tanto es parte del proceso por lo que no comprendo la razón de separación del procedimiento Disciplinario verificado para la servidora, ya por consiguiente tanto el acuerdo como el procedimiento previo constituye un solo ser, el cual fue llevado conforme a lo que establece el ordenamiento jurídico aplicable Ley de Servicio Civil y su Reglamento, tal como consta acreditado en autos, dicho acto administrativo se produjo por escrito en el cual se indica la autoridad que lo emite y su fecha respectando el ordenamiento jurídico el cual se sustentó en los hechos que sirvieron de causa y el cual fue motivado, por lo que al momento de emitirse el fallo el juzgado A QUEM, no mantiene un criterio claro ni uniforme, a la vez no se valoró ni se efectuó la correcta interpretación en relación que el acto administrativo consistente en Acuerdo No.15893-SE-2012, mediante el cual se le despidió a la hoy demandante, a la vez no profundizo en su estudio la diferencia que existe entre un despido y una cesantía, tal como se detalla a continuación el despido se define en el Articulo 6 numeral 16 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, como el acto administrativo por el cual se produce la separación definitiva de un servidor del puesto desempeñado por cualquiera de las causales previstas en la ley y el presente Reglamento observando el procedimiento correspondiente; asimismo este mismo artículo en el numeral 10) define claramente la Cesantía: como la "separación de un empleado de su cargo, debido a la reducción forzosa de servicios o de personal, por razón de orden presupuestario o para tener una más eficaz y económica Organización administrativa, independientemente de la voluntad del empleado, sin constituir suspensión o despido"; por tanto no hay razón de lo detallado en el fallo, ya que estas son figuras totalmente distintas una de la otra. Por tal razón lo aplicado a la hoy demandante fue despido tal coma se encuentra acreditado en autos. En el fundamento de derecho noveno señala en resumen "no obstante conforme a la pretensión de la demanda, esta solicita la nulidad del acto administrativo que conforme a la pretensión de la demanda, esta solicita la nulidad del acto administrativo particular consistente en el acuerdo de cancelación No.15893-SE-12, por violentar su legítimo derecho a la defensa y por infracción al ordenamiento jurídico; dicho acuerdo de cancelación no contiene los elementos que sirvan de causa, motivo suficiente para infringir el ordenamiento jurídico aplicable, que es la Ley de Procedimientos Administrativo. Por las consideraciones anterior, este tribunal es del parecer de CONFIRMAR la sentencia que se conoce en apelación por estar emitida conforme a derecho." En relación a esto quedo debidamente comprobado que mi representada al emitir el acto administrativo lo hizo de conformidad a derecho, en estricto apego a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación sin infringir y limitar los derechos consignados en la constitución de la República como ser el derecho a la defensa, al debido proceso; ya que consta que fue citada a una Audiencia de Descargo, en la que pudo presentar pruebas de descargo dejando constancia del acto mediante el levantamiento de la correspondiente Acta, respetando de esta manera las garantías del demandante, como se aprecia en el expediente administrativo con los cuales no se desvirtuó los hechos alegados en su contra, por así constar en autos fue debidamente oído en vía administrativa, en consecuencia de esto al estar ajustado a derecho el acto impugnado hace que la acción interpuesta por la parte demandante sea improcedente. Asimismo, consta acreditado en autos que la emisión del propio Acuerdo de Despido, fue sustentado con las diligencias contenidas en el mismo y que dicho Acuerdo es parte del proceso establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento cuya observancia es obligatoria tal como lo señala el artículo 207 de este mismo Reglamento: Las disposiciones de la Ley y del Reglamento de Servicio Civil son de orden Público y en consecuencia su Observancia es Obligatoria". Por lo que no comprendo la razón de la evidente separación, tomando en consideración que la actuación de los Órganos del Estado, solo puede hacer lo que la Ley expresamente les permite y en ese sentido, deben apegarse en forma estricta a la Ley”. IV. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) No indica con claridad y precisión, si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, expresa aplicación e interpretación lo que constituye un defecto al invocar dos formas distintas de violar la Ley en un mismo motivo; b) Insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) El ataque al fallo ha sido conforme el precepto autorizante que cita por normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, sin embargo en la explicación hace referencia a aspectos de índole procesal lo cual constituye de igual manera falta de precisión en el cargo, constituyendo alegaciones propias de instancia. V. Que se solicitó nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha ocho de septiembre del dos mil veinte, objeto del presente recurso de casación, declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto, confirmando la sentencia definitiva de fecha de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, bajo el criterio supuestamente razonado que el acuerdo de cancelación no contiene los elementos que sirvan de causa. Hecho que no fue debidamente razonado por la Magistrada potente ya que consta debidamente acreditado que el Acto Administrativo se produjo por escrito en el cual se indica la autoridad que lo emite y su fecha respectando el ordenamiento jurídico el cual se sustentó en los hechos que sirvieron de causa y el cual fue debidamente motivado circunstancia que se encuentra debidamente consignada en el expediente de mérito, así mismo consta que la demandante fue citada en legal y debida forma mediante Oficio No.0203-UAL-SGRHND-12 de fecha 26 de noviembre del 2012, otorgándosele un plazo para poder defenderse de las causales que le fueron imputadas, en estricta obediencia en los lineamientos establecidos por la corte Interamericana de Derechos Humanos, citación que corre agregada al folio (86) de la pieza principal, mediante el cual se le señalaron detalladamente los hechos por los cuales se le citaba, con el objeto de que presentara los descargos correspondientes junto con las pruebas pertinentes para desvanecer las faltas imputadas, no pudiendo desvirtuar las faltas en su contra por lo tanto se procedió conforme a Ley, la autoridad nominadora, procedió a emitir el acuerdo correspondiente; mediante el cual que se le cancelo, dándose por enterada de la terminación del procedimiento y del cual se dejó constancia en el expediente, el acuerdo emitido, no infringió disposición legal alguna, respetando las garantías de la servidora pública respetando el PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Mi representada llevo a cabo el procedimiento requerido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, para emitir el acto Administrativo consistente en el Acuerdo No.15893-SE- 2012, el cual es separado del procedimiento incoado a la hoy demandante por parte de la Magistrada en su fallo sin razón o fundamento legal, no valorando que para la emisión del mismo mi representada sometió a la demandante al proceso disciplinario el cual concluyo con el despido sin violentar el ordenamiento jurídico establecido; por lo que la interpretación del presente fallo no es clara; acreditándose la evidente violación de la Ley y por lo tanto se ha producido indefensión de mi representada la Secretaría de Educación, por lo que procede casar la sentencia por los motivos planteados”. VI. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A- quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VII. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. VIII. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y desestimar la petición de nulidad subsidiaria del fallo expuesta extemporáneamente por el representante procesal recurrido, así como la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 214 numeral 3), 700, 701 numeral 1), 716, 717, 719, 720, numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de nulidad subsidiaria formulada por el representante procesal recurrido. 3) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha catorce de mayo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA116-2021. FIRMA Y SELLO.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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