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Sentencia CA-112-21 — Registro 12826

Resumen

La Corte de Apelaciones reforma la sentencia ordenando el reintegro a un cargo de igual categoría y salario dentro del instituto de la propiedad en consecuencia se ordena el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la cesantía hasta que se produzca el reintegro de los demandantes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, b) insta a la revisión de hechos y por ende del material probatorio, en base a lo establecido en el artículo 720.1) del Código Procesal Civil, no se puede conocer sobre los mismos.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) insta la revisión de los hechos, la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) en la explicación se alude a los artículos 4 y 8 de la ley de la Propiedad, que no fueron señaladas como infringidas o relacionada en la formulación; y, c) hace alegatos inoportunos en su explicación V. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de abril del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS, y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la Abogada WALESKA KAROLINA ORDÓÑEZ; y, Recurridos: los señores INGRID JANETH PONCE LARIOS y RAMÓN WILFREDO SALGADO AGUILAR, representados en juicio por la Abogada ROSANGEL SANDOVAL CARRASCO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda de procedimiento especial materia de personal para que se declare no conforme a derecho y se anulen dos actos administrativos de carácter particular consistentes en los acuerdos No. DGRCG-IP-196-2016 y DGRCG-IP-209-2016, ambos de fecha 28 de diciembre del 2016, emitidos por la Dirección General de Registros, Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad, por haber sido dictados infringiendo el ordenamiento jurídico vigente, declare el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para su pleno restablecimiento, consistentes en que se ordene el reintegro de sus representados a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales a partir de la fecha en que cancelaron los acuerdos hasta que sean reinstalados en sus puestos de trabajo, con especial condena en costas, se consignó cheque de caja a favor de la Tesorería General de la República por el valor de L. 64,708.11, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, por la Abogada ROSANGEL SANDOVAL CARRASCO, en condición de apoderada legal de los señores INGRID JANETH PONCE LARIOS y RAMÓN WILFREDO SALGADO AGUILAR, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP). ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante señaló en el escrito de su demanda, que comenzó a laborar en fecha 01 de junio de 2006 mediante Contrato devengando inicialmente un salario de L.24,024.00, posteriormente fue nombrada en el cargo de Oficial Encargada de Capacitación, dependiente de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de la Propiedad, mediante Acuerdo No. 25-2007 de fecha 19 de enero de 2007, después fue trasladada al cargo de Encargada de Archivo Legal de la Dirección General de Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad, mediante Acuerdo No. 52-2010 de fecha 9 de abril del 2010, y finalmente desempeñaba al cargo de Auxiliar Administrativo de la Dirección General de Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad, efectivo a partir del 9 de abril de 2010, mediante Acuerdo No.61 2010 de fecha 9 de abril de 2010, devengando como último salario mensual la cantidad de (L. 27,274.00). El señor Ramón Wilfredo Salgado Aguilar, fue nombrado mediante acuerdo el 6 de julio de 2006, devengando un salario inicial de (L. 15,000.00) y al momento de la notificación de la cancelación por cesantía desempeñaba el cargo de Jefe de Unidad Básica de Bienes Nacionales dependiente de la Dirección y Coordinación, devengando como último salario la cantidad de (L.21,418.00). Acerca de la cancelación, en fecha 30 de diciembre del 2016, los demandantes fueron notificados mediante certificaciones contentivas de los Acuerdos No. DGRCG-IP-196-2016 y DGRCG-IP-209-2016, ambos de fecha 28 de diciembre del 2016, emitidos por la Dirección General de Registros, Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad, en los cuales se acordó cancelar por Cesantía la relación laboral. En fecha 30 de diciembre de 2016, mediante el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, el Instituto de la Propiedad depositó en la cuenta de ahorros número 013120050144, del señor Ramón Wilfredo Salgado, la suma de (L.64,708.11), correspondiente al pago de las prestaciones laborales, y en virtud de estar en desacuerdo con la cancelación por cesantía al considerar la misma ilegal, acompañó a la demanda el cheque de caja N80659867, por un valor de (L.64,708.11), correspondiente a la devolución de la suma acreditada por prestaciones laborales, en el caso de la señora Ingrid Janeth Ponce, no existió ningún crédito por pago de prestaciones en su cuenta de ahorros afiliada al Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), pero tuvo conocimiento extraoficial que le habían tramitado sin su consentimiento el pago de las prestaciones, por lo que el neto resultante a su favor fue aplicado al pago de saldos de préstamos que tenía con instituciones del Sistema Financiero Nacional. 2.- La parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda argumentando que aceptó lo relacionado en el hecho primero de la demanda en cuanto a la fecha de inicio de la relación laboral de los demandantes, al igual que los nombramientos y los cargos desempeñados, aceptó parcialmente el hecho tercero únicamente en lo relativo a que ser cierto que fueron notificados el 30 de diciembre del 2016 sobre la cancelación de sus puestos, mediante acuerdo DGRCG-IP-196- 2016 y DGRCG-IP-209-2016 emitido por la Dirección General de Registros, Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad, acuerdos de cancelación cuya certificación estaba firmada por la Secretaría de Actuaciones y el Director General, en donde se especificó claramente que la cesantía se daba por reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, asimismo señaló que dicha modernización y simplificación del Estado se encaminaba a la evolución en los sistemas de atención al público, utilizando las tecnologías de información mediante la implementación de gobierno electrónico, es por ello que el Consejo Directivo aprobó el esquema de proyecto presentado por la Dirección de Registros, Catastros, y Geografía que consistía en conformar unidades de recepción y atención inmediata al usuario que reunían las mejores condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, con el fin de brindar mejores servicios registrales y catastrales de manera ágil, segura, eficiente y con los más altos estándares de servicio personal y aplicación de nuevas tecnologías, como consecuencia de lo anterior, y siguiendo con la reingeniería del sistema de restructuración autorizada por el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, dicho acuerdo señaló ser facultad del Director General nombrar y remover el personal a su cargo, es por ello que se dieron las cancelaciones siguiendo la normativa legal vigente que regía al Instituto de la Propiedad, observando el procedimiento establecido y sin infracción a ninguna ley. Rechazó la nulidad del acto administrativo impugnado consistente en los Acuerdos No. DGRCGIP196-2016 y No.DGRCG-IP-209, en virtud que los mismos fueron emitido conforme a derecho, resultando la solicitud de nulidad del acto impugnado improcedente, fundamentando su rechazo en el artículo 14 numeral 1,2 y 3 de la Ley de Propiedad, artículos 83 numeral 2, 84, 85,86 y 87 del Reglamento de Personal vigente del Instituto de la Propiedad, asimismo se basó en el Decreto Ejecutivo PCM-046-2014, emitido por la Presidencia de la República en Consejo de Ministros, mediante el cual el Presidente de la República en Consejo de Ministros autorizó al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad pudiendo suprimir, reunir, crear, organizar sus dependencias quedando facultado para descentralizar, desconcentrar o tercerizar, los servicios que prestaban. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., en fecha 27 de marzo del 2019, dictó resolución que literalmente dice: “PARTE DISPOSITIVA PRIMERO (1): DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por los señores INGRID JANETH PONCE LARIOS, Y RAMÓN WILFREDO SALGADO AGUILAR, por NO estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación números DGRCG-IP-196-2016 y totalmente. DGRCG-IP-209-2016 en consecuencia se anulan SEGUNDO (2): En cuanto al reintegro solicitado por los demandantes, SIN LUGAR EL MISMO, POR SER MATERIALMENTE IMPOSIBLE, por los motivos ya expuestos en el numeral quinto de las Fundamentos de Derechos de este fallo. TERCERO (3): Se reconoce la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se adoptan las siguientes medidas: 1) SE ORDENA pagar a las señores INGRID JANETH PONCE LARIOS, Y RAMÓN WILFREDO SALGADO AGUILAR, los salarios dejados de percibir con sus respectivos aumentos y demás derechos que le correspondan desde el momento de su cancelación hasta la ejecución de la presente sentencia, y en vista de ser materialmente imposible su reintegro.- SE ORDENA el pago de una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de quince (15) años, tomando como base el promedio de los últimos seis (6) meses de salarios devengados, la cual deberá ser pagada de una sola vez, en un término máximo de treinta días; debiéndoseles agregar un mes de salario en concepto de preaviso por cada año de servicio, hasta un máximo de dos (2) años. 2) SE ORDENA la devolución al demandado de la cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L.64,708.11), por cesantía y derechos laborales hechos al demandante senior Ramón Wilfredo Salgado Aguilar y consignado en este juzgado mediante cheque de caja número 80659857 de Banco Atlántida, por lo motivos establecidos en el considerando sexto de los fundamentos de Derechos de esta sentencia. CUARTO (4): Se exime del pago de costas a la parte vencida en juicio… SIN COSTAS”. Bajo el criterio que del estudio de las pruebas aportadas por las partes, apreció que el Decreto Ejecutivo número 046-2014 de fecha 11 de septiembre del 2014, autorizaba al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad a realizar la restructuración de dicha Institución, pudiendo suprimir, reunir, crear, organizar sus dependencia, siendo atribución del Consejo Directivo conforme al artículo 10 numeral 1 de la Ley de Propiedad, el nombramiento y remoción del Secretario Ejecutivo, Directores Generales, Inspectores Generales y miembros de la Superintendencia, pero el artículo 129 constitucional garantiza la estabilidad de los trabajadores, derecho que solo puede ser vulnerado por las causas legitimas de separación establecidos en la Ley, siendo la cesantía una causa legitima en la reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario y por reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, como se establece en la Ley de Servicio Civil en su artículo 53 y 83 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, sin embargo tanto en la Ley de Servicio Civil como en el Reglamento de Personal se establecen una serie de requisitos para proceder con dicha cancelación, observándose un incumplimiento del procedimiento establecido en los articulo 84 y 85 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, los cuales determinan que se deberá contar con la autorización del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, la cual fue aprobado por el Consejo Directivo, en sesión ordinaria de trabajo número 0022015, celebrada en fecha 28 de enero del 2015, la restructuración del Instituto de la Propiedad, instruyendo la búsqueda de los fondos necesarios para el pago del personal cesanteado, previo Dictamen de los Directores involucrados en conjunto con la Dirección Legal y la Sub Gerencia de Recursos Humanos, Dictámenes que en el presente caso constan haberse realizado, como se acreditó con el oficio número SG/SE 060-2017, de fecha 16 de noviembre del 2017, con procedencia del Instituto de la Propiedad y en el cual se acompañan los Dictámenes números 01-DRH-IP-2016 de fecha 21 de Diciembre del 2016, Dictamen número 052-AL-1P-2016 de fecha dieciséis de diciembre del 2016, y Memorándum DGRCYG-2342-2016 de la Dirección General de Registros, Catastro y Geografía que contiene el dictamen respectivo, otro requisito indispensable para proceder a la cancelación por Cesantía es haberse tomando en cuenta el desempeño en el cargo y los años de servicio del demandante, no constando en ninguno de las dos expedientes administrativos que se hayan practicado evaluaciones de desempeño, ni que se haya tomado en consideración su antigüedad, con lo cual se evidenció que el acto administrativo fue dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido en la Ley, lo cual acarrea su nulidad conforme al artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, al estar demostrado que los actos impugnados infringían el ordenamiento jurídico, ya que la autoridad nominadora estaba en la obligación de seguir el procedimiento de cesantía ordenado en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad específicamente en los artículos 84 y 85, al no estar incorporados los mismos a la Dirección General de Servicio Civil, lo que hizo procedente la presente acción, además con el medio de prueba Documental se acreditó que como producto de la restructuración en la institución las plazas de Auxiliar Administrativo y Jefe de la Unidad Básica de Bienes Nacionales de Catastro y Geografía fueron canceladas permanentemente, por lo cual el reintegro a dichas plazas seria materialmente imposible, siendo aplicables la indemnización establecida en el artículo 38 de la Ley de Servicio Civil, aplicado supletoriamente conforme al artículo 104 del Reglamento de Personal de Instituto de la Propiedad. En cuanto al pago por cesantía y derechos laborales la cantidad de (L.483,436.09), fue deducida y acreditada a INJUPEMP, Corporación Financiera Internacional y Banco de los Trabajadores, en concepto de préstamos pendientes de la Señora Ingrid Janeth Ponce Larios, de igual forma la cantidad de (L.411,336.25) fue deducida en parte y acreditada a INJUPEMP y la Corporación Financiera Internacional, y el remanente fue depositado a la cuenta del Señor Ramón Wilfredo Salgado Aguilar, pagos que fueron hechos erróneamente, en vista que a la fecha del pago el 31 de diciembre del 2016, los acuerdos de cancelación por cesantía, aun no eran firmes, teniendo el plazo para impugnar el mismo, como lo establece el artículo 86 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, consignación por el Señor Ramón Wilfredo Salgado Aguilar de un cheque de caja por la cantidad de (L.64,708.11), que corresponde a la cantidad depositada como pago de las prestaciones labores y cesantía, cantidad que la suscrita ordenó debía ser entregada a la parte demandada, en vista que el acto de cancelación por cesantía al momento del pago no se encontraba firme. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 29 de septiembre del 2020, dictó sentencia REFORMANDO la sentencia proferida en primera instancia de la siguiente forma: “FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada WALESKA KAROLINA ORDONEZ CARRASCO como apoderada legal sustituta del Instituto de la Propiedad. SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA ABOGADA ROSANGEL SANDOVAL CARRASCO, actuando en su condición de Representante Procesal de los señores INGRID JANETH PONCE LARIOS Y RAMÓN WILFREDO SALGADO AGUILAR, Y procede PRIMERO: CONFIRMAR EL NUMERAL PRIMERO DE LA PARTE DISPOSITIVA DE LA SENTENCIA SEGUNDO REFORMAR EL NUMERAL SEGUNDO: ORDENANDO EL REINTEGRO A UN CARGO DE IGUAL CATEGORIA Y SALARIO DENTRO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN CONSECUENCIA SE ORDENA EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE LA CESANTIA HASTA QUE SE PRODUZCA EL REINTEGRO DE LOS DEMANDANTES, DEJANDO DIFERIDA LA LIQUIDACIONAL MOMENTO DE LA EJECUCION TERCERO: En cuanto al cheque consignado se confirma su devolución…SIN COSTAS”. Bajo el criterio que la sentencia emitida por el A quo, específicamente en los numerales segundo y tercero de la parte dispositiva, tiene un error en la interpretación de la norma utilizada, en el sentido que al tomar como base para su resolución la Ley de Servicio Civil y su reglamento, olvidó que si bien es cierto la restructuración eliminó las plazas de los cargos que ocupaban los demandantes, la Constitución de la República regula como derecho constitucional la estabilidad en el trabajo, y que cuando se decide efectuar ajustes de personal derivados de la restructuración administrativa, cuya ponderación y limite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar no solo la real existencia de esos cambios, sino que se ha cumplido con el procedimiento establecido, pudiendo la administración pública previo a la reestructuración, la posibilidad de reubicación de personal en otras áreas existentes dentro de la Institución, con el fin de garantizar al personal afectado por dicha restructuración, la estabilidad laboral y el derecho a la defensa consagrados en la Constitución de la Republica. Y siendo que el tribunal de apelación debe de sujetarse a los concretos motivos de impugnación articulados por la parte apelante, los cuales deben atacar con fundamento el perjuicio que le causa la resolución final emitida por el A quo, no siendo válido el aspecto presupuestario, si no que se debe velar por la correcta aplicación e interpretación de las normas legales que rigen el acto debiendo ser interpretada en forma explícita tomando en cuenta los términos y la intención del legislador al emitirla, al identificar la norma específica aplicable con los hechos y siesta es interpretada en el sentido correcto, y no constando en autos que la autoridad nominadora haya dado cumplimiento a los requisitos para que surta efectos la figura de la cesantía que contiene la Ley de Servicio Civil y su reglamento, así como, tampoco se tomó en cuenta la protección contra la cancelación injusta de un servidor público, el cual tiene derecho a que se le reintegre a su antiguo puesto o a otro de igual categoría y salario, obviando la arbitrario, administración por prescindir publica de lo este hecho convierte dicho acto ahora impugnado en ilegal y por ende establecido lo que en el ordenamiento jurídico y más aún cuando están obligados por su mismo reglamento a incorporarse al régimen de Servicio Civil. Además una de las pretensiones de los demandantes era el reintegro, por lo que para otorgarles otra pretensión diferente a la planteada debieron haberlo expresado, y en el caso de no ser posible el reintegro se les otorgue la indemnización que establece la ley, por consiguiente en base al artículo 38 literal g) del régimen de Servicio Civil procedió a ordenar el reintegro de los demandantes a otros cargos diferentes a los que tenían al momento de la ilegal cancelación conservando un cargo de igual categoría y salario. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada WALESKA KAROLINA ORDÓÑEZ CARRASCO, en fecha 6 de enero del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 29 de septiembre del 2020 por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 068-2019 dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 049-2017 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 19 de enero del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogada ROSANGEL SANDOVAL CARRASCO, presentó en fecha 03 de febrero del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 10 de febrero del 2021 por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificadas de dicha resolución en fecha 02 de marzo de 2021 las Abogadas ROSANGEL SANDOVAL CARRASCO y WALESKA KAROLINA ORDÓÑEZ CARRASCO, respectivamente. 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 26 de marzo del 2021, teniendo por personadas a las Abogadas WALESKA KAROLINA ORDÓÑEZ CARRASCO, como recurrente, y ROSANGEL SANDOVAL CARRASCO, como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA. Se impugna la sentencia recurrida de fecha veintinueve (29) de septiembre del año 2020, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en vista que el contenido de la sentencia es contrario a la pretensión de la parte demandante en aplicación a los artículos 112 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso- Administrativo; Artículo 200 del Código Procesal Civil que establecen contenido formal de la sentencia en el inciso B.- En los antecedentes de hecho se consignaran, con claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuestos y practicado y los hechos probados en su caso. En virtud de condenar a mi representado al reintegro de la demandante siendo imposible para mi representado ya que el puesto en el que los señores Ingrid Janeth Ponce Larios y Ramón Wilfredo Salgado Aguilar desapareció por restructuración por lo que es materialmente imposible el reintegro de los ahora demandantes en virtud que solamente pide nulidad del acto administrativo de carácter particular en materia de personal consistente en los acuerdos de cancelación número DGRCG-IP-196-2016 y DGRCG-IP-209-2016 ambos de fecha 28 de diciembre del año dos mil dieciséis (2016) que reconozca una situación jurídica individualizada y que se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento como ser el pago de PRESTACIONES e indemnizaciones legales consistentes .... el pago de los salarios dejados de percibir, por lo que señores magistrados la sentencia emitida es contraria a la petición del demandante ya que le conceden al demandante el reintegro a su puesto de trabajo cuando no es parte de la petición del demandante. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: 112 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; Artículo 200 del Código procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada en fecha 29 de septiembre del 2020 por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, excepto en cuanto a disponer "Sin Costas". PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 inciso C del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Siendo que condena a mi representado al reintegro de la demandante siendo distinto a la petición establecida en la demanda de mérito en virtud que vario la pretensión del demandante ya que solamente pide nulidad del acto administrativo de carácter particular en materia de personal consistente en los acuerdos de cancelación números DGRCG-IP-196-2016 y DGRCG-IP-209-2016 ambos de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016) que reconozca una situación jurídica individualizada y que se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento como ser el pago de PRESTACIONES e indemnizaciones legales consistentes .... el pago de los salarios dejados de percibir, por lo que señores magistrados la sentencia emitida es contraria a la petición del demandante ya que le conceden al demandante el reintegro a su puesto de trabajo cuando no es parte de la petición del demandante”. II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, b) insta a la revisión de hechos y por ende del material probatorio, en base a lo establecido en el artículo 720.1) del Código Procesal Civil, no se puede conocer sobre los mismos III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “IMPUGNACIÓN A LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO. Se impugna la sentencia veintinueve (29) de septiembre del año 2020, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en vista que no interpretó en forma correcta los artículos 14 numeral 3; 19; de la Ley de Propiedad; 20 del Reglamento de la Ley de Propiedad y los Artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ,82 del Reglamento Interno de Personal del IP, los cuales establecen dos procesos diferentes a lo interno del Instituto de la Propiedad, los cuales explicamos a continuación: PRIMERO Establecido: En la Ley de Propiedad. Encargado: La Que en fecha 28 de enero del año dos mil quince mediante acta No. 002- 2015, el Consejo directivo del Instituto de la Propiedad acordó de manera unánime, aprobar la restructuración del Instituto de la Propiedad en todas sus Direcciones. Pudiendo la Dirección administrativa en coordinación con la unidad de Recursos Humanos, darles prioridad a las direcciones que así lo ameriten, tal es el caso de la Dirección de Registros Catastro y Geografía proceso de Inspectoría etapa investigación y resolución Secretaria Ejecutiva. Como se origina: Proceso de Restructuración del Instituto de la Propiedad Objetivo: Restructurar el Instituto de la Propiedad y reorganizar. Explicación del proceso: Que mediante Acuerdo No. CD-IP 021-2016 de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil dieciséis(2016), el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, acordó aprobar la reestructuración de la Dirección General de Registros, Catastro y Geografía en su primera fase, específicamente en las áreas de Catastro y Geografía y en vehicular, por lo que se hace necesario la Reducción de Personal en el área de Catastro y Geografía y de Registro Vehicular para obtener una más eficaz y económica organización administrativa del Instituto de la Propiedad, que mediante Acuerdo -CD-IP-2011 y Publicado en el diario oficial la Gaceta en fecha once (11) de abril del año dos mil doce, específicamente en su artículo 83, dispone que procederá la cesantía de los siguientes: a) Reducción Forzosa de servicios de personal por razones de orden presupuestario. - b) Reducción de Servicios de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa PRECEPTO AUTORIZANTE. El motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DE PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna Totalmente la parte dispositiva de la sentencia recurrida, salvo en la parte que dispone SIN COSTAS. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Por lo que al encontramos que no se encuentra protegido por una Ley especial precede que el Instituto de la Propiedad, con las atribuciones conforme el artículo 8 del Decreto No.82-2004, contentivo de la Ley de Propiedad, en su artículo 4 de la Ley de Propiedad manifiesta que crea al Instituto de la Propiedad como un ente Desconcentrado de la Presidencia de la Republica, atribuyéndole personalidad jurídica y patrimonio propio funcionando con independencia técnica, administrativa y financiera, por lo que según las atribuciones del artículo 14 de la Ley de Propiedad lo que según los acuerdos de cancelación en donde se determina cancelar a los ciudadanos INGRID JANETH PONCE LAÑOS del cargo Auxiliar Administrativo Y RAMÓN WILFREDO SALGADO AGUILAR del cargo de Jefe de la Unidad Básica de Bienes Nacionales de la Dirección General de Registro Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad, fue dictado en estricta observancia a los procedimientos establecidos, ya que el mismo fue emitido por la autoridad competente siguiendo las claras atribuciones que faculta la Ley de Propiedad en el artículo en el artículo 14 numeral 1 que establece: "Son funciones de los Directores Generales las Siguientes : 1.- Cumplir y hacer cumplir la presente Ley sus reglamentos y las resoluciones del Consejo Directivo y del Secretario Ejecutivo; 2.- dirigir y remover el personal a su cargo; 3.- Nombrar y remover el personal a su cargo; ... por lo que a la demandante la cancelo el Director General de Propiedad Intelectual del Instituto de la Propiedad, por ser este el órgano competente para llevar a cabo su cancelación, siguiendo el mismo procedimiento realizado para su contratación y nombramiento. El razonamiento de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo se resume así: Que el contenido de la sentencia es contraria a la pretensión del demandante en cuanto a que condena de mi representado al reintegro al puesto de trabajo siendo contrario a lo solicitado por el demandante en su petición pide "nulidad del acto administrativo de carácter particular en materia de personal consistente en los acuerdos de cancelación número DGRCG-IP-1962016 y DGRCG-IP-209-2016 ambos de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016) que reconozca una situación jurídica individualizada y que se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento como ser el pago de PRESTACIONES e indemnizaciones legales consistentes .... el pago de los salarios dejados de percibir" y la impugnación a la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Al no interpretar la norma de manera correcta en cuanto a los procesos explicados en el segundo motivo El artículo 17 del Código Civil expresa: "No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. Es así que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador es errónea, e incide en la sentencia de tal manera que la llevó a confirmar el fallo de primera instancia en la que se ha declarado con lugar la demanda, con el consabido perjuicio para el Estado de Honduras pues no existió quebrantamiento del procedimiento y por ende del ordenamiento jurídico La Sentencia impugnada por el presente recurso confirma erróneamente lo emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, siendo que declarado y reconocido a favor de los señores INGRID JANETH PONCE LARIOS Y RAMÓN WILFREDO SALGADO AGUILAR en la Sentencia Definitiva de fecha 27 de marzo del 2019, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo”. IV. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) insta la revisión de los hechos, la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) en la explicación se alude a los artículos 4 y 8 de la ley de la Propiedad, que no fueron señaladas como infringidas o relacionada en la formulación; y, c) hace alegatos inoportunos en su explicación V. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. VI. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos o causas que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en sus dos motivos. - 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintisiete días del mes de mayo del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de abril del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación No. CA112-2021. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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