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Sentencia CA-111-21 — Registro 13195

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada par el demandante, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) en el pronunciamiento que se impugna se indica un fallo de fecha 30 de agosto de 2019, de igual manera en la explicación se alude al mismo fallo, cuando el dictado por el juzgador de segunda instancia, es de fecha 27de febrero de 2020, lo que le resta claridad y precisión al cargo; b) se indica como sustento del motivo el artículo 719 numeral 1, inciso c) del Código Procesal Civil, relacionado con el artículo 720 numeral 2) del mismo cuerpo legal, causal que no tiene relación con la explicación, ya que esta causal alude a falencias en los requisitos internos del fallo impugnado relacionados con la existencia, racionalidad y carácter lógico en la motivación fáctica de las sentencias; c) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y d) no se demuestra un error de naturaleza formal en la redacción del fallo emitido por el Ad-quem..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..".- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) se indica el concepto “…falta de aplicación e interpretación…” el igual se alude en la explicación a una interpretación errónea, lo cual hace que el cargo carezca de claridad y precisión, ya que los concepto de falta de aplicación e interpretación errónea son distintos e incompatibles entre sí que se deben invocar en forma separada por la independencia de los cargos; b) al igual que el primer cargo se impugna totalmente un fallo de fecha 30 de agosto del 2019, que no concuerda con la fecha del emitido por el Ad-quem; c) el precepto autorizante artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil) no concuerda con las normas señaladas como infringidas que regula situaciones de naturaleza procesal, no con normas empleadas para la solución del fondo del asunto; d) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; e) se alude a los artículos 245 numera 11) de la Constitución de la República, 17 del Código Civil, 53, 54, 55 de la Ley de Servicio Civil, 4, 14, 17 de la Ley General de la Administración Pública, 4 de la Ley de Propiedad 1, 2, 3, 84, 85, 86, 87, 31 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedades y 31 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, disposiciones que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación; y f) en el desarrollo se realizan extensos alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA; y, Recurrido: el señor FLAVIO ALFREDO PONCE, representado en juicio por el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal por no ser conforme a derecho por infringir el ordenamiento jurídico, con quebramiento de las formalidades esenciales establecidas en la ley, que se reconozca una situación jurídica individualizada de titular de derechos que se reclaman y adoptar como medidas necesarias para el pleno restablecimiento de las mismas, el reintegro a su puesto de trabajo, salarios dejados de percibir desde la fecha de cancelación hasta el reintegro al cargo mediante sentencia definitiva condenatoria, reconociéndose los respectivos incrementos salariales que en su caso tuviere el puesto, más el pago de los derechos laborales, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, promovido por el señor FLAVIO ALFREDO PONCE, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda, que inició la relación de trabajo con el Instituto de la Propiedad, el 03 de febrero del 2009, siendo nombrado en propiedad mediante Acuerdo 004-2009, en el cargo de Jefe de la Unidad de Auditoria Interna, dependiente del Instituto de la Propiedad, devengando al momento de su cancelación un salario mensual de L.58, 000.00. El demandante fue cancelado de su cargo mediante Acuerdo C.D.-IP. No. 15-2014, derivado de la sesión ordinaria de trabajo número cuatro, celebrada en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 18 días del mes de junio del año 2014, punto número 7, tal como consta en la certificación emitida por la Secretaría del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad de fecha 30 de junio del 2014, efectiva a partir del 01 de julio del 2014. Al demandante, como empleado del Instituto de la Propiedad le son aplicables las normas de personal como ser el Reglamento de Personal Acuerdo CD-IP-2011 aprobado en la sesión ordinaria del Consejo Directivo de fecha 31 de mayo del 2005 y reformado en sesión extraordinaria del Consejo Directivo en fecha 30 de noviembre del 2011, mediante Acuerdo CD-IP No.056-2011, de la misma manera el artículo 31 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo establece que: "Sin perjuicio de lo que las leyes dispongan, el personal de los órganos desconcentrados estará sujeto al Régimen del Servicio Civil”, así mismo la Ley de Propiedad en su artículo 4 crea el Instituto de la Propiedad como un ente desconcentrado de la Presidencia de la Republica, en consecuencia, todo lo que no regule el Reglamento de Personal, será resuelto en base a lo que señala la Ley de Servicio Civil y su reglamento. Sin embargo la autoridad nominadora en el acuerdo y la notificación de cancelación, no indican si el mismo es por cesantía o por despido, es importante destacar que en el supuesto caso que el acuerdo de cancelación sea por cesantía debe seguirse con el procedimiento que establecen los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Servido Civil y 278, 279, 280 y 283 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, pues todos los servidores públicos protegidos por la Ley de Servicio Civil gozan del derecho de la permanencia en el cargo y en consecuencia, al no ser trasladados, degradados, cancelados o despedidos sin justa causa y sin la observancia del procedimiento establecido, constituye una flagrante violación al ordenamiento jurídico. Aunado a lo anterior, por la naturaleza del nombramiento del actor, como Jefe de la Unidad de Auditoria Interna del Instituto de la Propiedad, le son aplicables las disposiciones del Acuerdo Administrativo No.006/2009, de fecha 21 de octubre del 2009, aprobado según acta administrativa N.16, celebrada en fecha 22 de octubre del 2009, publicado en el Diario Oficial la Gaceta No.32,053 en fecha 03 de noviembre del 2009, que en su artículo quinto, numeral tres establece que: "Los demás Auditores internos que actualmente se desempeñan como jefes de Auditoria Interna o Directores de Auditoria interna sin un periodo definido, con base en los resultados de una evaluación técnica y objetiva del desempeño que programara, organizara y efectuara el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) antes del 30 de junio del 2010, deberán ser ratificados para continuar en el cargo hasta completar 10 años desde la fecha de su nombramiento inicial o ser retirados del servicio. El TSC solicitara lo pertinente a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la respectiva institución, soportante la solicitud de un informe con los resultados de la evaluación realizada". Por otro lado, la Ley del Procedimiento Administrativo en su artículo 24 establece que: "Los actos administrativos serán dictados por el órgano competente respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico". Los instrumentos jurídicos antes referidos establecen un sistema racional de administración de personal en el servicio público y regulan las relaciones de los empleados públicos y el Estado, por lo tanto, al no sujetarse a dicha normativa, el acto que ha emitido el Instituto de la Propiedad a través de su autoridad nominadora es nulo tal como lo ordena el inciso c) y f) del artículo 34 de la Ley del Procedimiento Administrativo. El demandante también, precisó oportuno señalar que durante el desempeño de su cargo actuó con responsabilidad, eficiencia, cuidado, esmero y con conocimiento pleno de las labores asignadas, es por ello que el referido acuerdo de cancelación por despido o por cesantía, es NULO ya que tampoco se invoca en el mismo fundamento legal alguno como causal en el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad. La única motivación del acuerdo de despido es la reestructuración organizativa del Instituto de la Propiedad y política salarial del Estado, dejando claro que lo que motivó el acuerdo de cancelación es darle el cargo a otra persona. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que al demandante se le siguió el procedimiento establecido la Ley de Propiedad y su Reglamento de personal; tomando en consideración para dicha cancelación principalmente el artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM 046-2014, que corresponde a la nueva estructura organizativa del Instituto de la Propiedad, mismo que literalmente señala: "Autorizar al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad para que proceda a realizar la reestructuración de dicha institución, pudiendo suprimir, reunir, crear o reorganizar sus dependencias; quedando también facultado para descentralizar, desconcentrar o tercerizar los servicios que presto”. Así como también los artículos 321 de la Constitución de la Republica, 118 de la Ley General de la Administración Publica, y los artículos 4, 8, 10 de la Ley de Propiedad. El acto administrativo dictado por el Instituto de la Propiedad, donde se determina cancelar al demandante fue dictado en estricta observancia a las procedimientos establecidos, ya que el mismo fue emitido por la autoridad competente siguiendo las atribuciones que para este caso le faculta la Ley de Propiedad en el artículo 10 numeral 1 que establece; "Nombrar y remover al Secretario Ejecutivo, a los Directores Generales, a los inspectores Generales y a los miembros de la Superintendencia de Recursos”. Si bien al demandante le era aplicable el Reglamento de Personal, lo cierto es que el Instituto de la Propiedad se rige por la Ley de Servicio Civil, ya que de acuerdo al artículo 104 del Reglamento de Personal que dice: "En lo no previsto en este reglamento de personal, se estará a las disposiciones legales establecidas en la Ley de Servicio Civil", y el demandante fue cancelado de su cargo en estricta observancia a los procedimientos establecidos en el Reglamento en mención ya que como se explica anteriormente, el mismo fue dictado por autoridad competente siguiendo las atribuciones del numeral 1, artículo 10 de la Ley de Propiedad, es decir que para los efectos de cancelación del ahora demandante ya el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, establece cual es el procedimiento a seguir; aplicando la Ley de Servicio Civil de manera supletoria, tal como lo establece el artículo 104 de dicho Reglamento: "En lo no previsto en este Reglamento de Personal, se estará a las disposiciones legales establecidas en la Ley de Servicio Civil". Como consta en el acuerdo de cancelación del demandante, se cumplió con el procedimiento establecido para prescindir de sus servicios, como se puede ver en el considerando emitido por el Tribunal Superior de Cuentas: "El Director de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) dispone que en todo los casos, el Director de la Unidad de Auditoria Interna se seleccionara mediante concurso público de méritos y remitirla a la máxima autoridad Ejecutiva de la entidad Publica correspondiente al efecto del respectivo nombramiento. No obstante, podrá ser suspendido o destituido del cargo por la máxima autoridad Ejecutiva de la entidad", por lo tanto, el demandante fue cancelado conforme a Derecho, ya que el Acuerdo de Cancelación fue dictado por autoridad competente siguiendo las claras atribuciones que para este caso faculta la Ley de Propiedad en su artículo 10 numeral 1) y de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM 046-2014 anteriormente señalados. Por otra parte es falso que el acuerdo de cancelación por despido o por cesantía sea nulo; es importante aclarar que el Instituto de la Propiedad no se rige por la Ley de Servicio Civil porque de acuerdo al artículo 4 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, únicamente será aplicable la Ley de Servicio Civil de manera supletoria, en lo no previsto en este reglamento, ya que ha quedado evidenciado que el Acuerdo de Cancelación fue dictado por autoridad competente siguiendo las claras atribuciones que para este caso faculta la Ley de Propiedad y el Decreto Ejecutivo Numero PCM 046-2014 ya referidos. El Instituto de la Propiedad está pasando por una reestructuración de personal según Decreto Ejecutivo Numero PCM 046- 2014 en su Artículo 1 "Autorizar al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad para que proceda a realizar la reestructuración de dicha institución, pudiendo suprimir, reunir, crear o reorganizar sus dependencias; quedando también facultado para descentralizar, desconcentrar o tercerizar los servicios que presta". Por lo tanto, el acuerdo de Cancelación esta dictado conforme a Derecho y en ningún momento se ha violentado el Ordenamiento Jurídico, ya que el mismo fue dictado por autoridad competente siguiendo las atribuciones que para este caso faculta la Ley de Propiedad en su artículo 10 numeral 1) es atribución del Consejo Directivo "nombrar y remover al Secretario Ejecutivo, a las Directores Generales, a las inspectores Generales ya las miembros de la Superintendencia de Recursos” y en aplicación a los artículos 321 de la Constitución de la República de Honduras, 118 de la Ley General de la Administración Publica, artículos 4, 8 y 10 de la Ley de la Propiedad, Decreto 27-2008 del 19 de abril del 2008 y su reforma según decreto 390-2013 de fecha 20 de enero del 2014. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre del dos mil dieciocho, dictó sentencia de la siguiente manera: “PRIMERO (1): DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada par el señor FLAVIO ALFREDO PONCE, por NO estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación No. CD-IP 15-2014 derivado de la sesión Ordinaria de trabajo número 004 de fecha 18 de junio del 2014, punto número siete (7), efectivo a partir del 01 de julio del dos mil catorce, en consecuencia, se anula totalmente. SEGUNDO (2): Se reconoce la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento se adoptan las siguientes medidas: 1) Se ordena el reintegro de la demandante al cargo que ocupaban al momento de su cancelación.- 2) Se condena al Instituto de la Propiedad al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta que esta sea restituida en su puesto de trabajo y demás derechos que le pudieran corresponder, coma ser décimo tercer mes, décimo cuarto mes de salario, vacaciones, aumentos y demás beneficios otorgados en su ausencia. TERCERO (3): Asimismo se decreta la nulidad del acto administrativo por medio del cual se hayan nombrado sustituto de la demandante, si este fuere el caso. CUARTO (4): Se declara sin Lugar el Pago del daño moral reclamado, por no haber sido probado en juicio. QUINTO (5): Se exime del pago de costas a la parte vencida en juicio…”; bajo el criterio que si bien es cierto, el Decreto Ejecutivo número 046-2014 de fecha 11 de septiembre del 2014, autoriza al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad a realizar la restructuración de dicha Institución, pudiendo suprimir, reunir, crear, organizar sus dependencia, siendo atribución del Consejo Directivo conforme al artículo 10 numeral 1 de la Ley de Propiedad, el nombramiento y remoción del Secretario Ejecutivo, Directores Generales, Inspectores Generales y miembros de la Superintendencia; no es menos cierto que el artículo 129 constitucional garantiza la estabilidad de los trabajadores, derecho que solo puede ser vulnerado por las causas legitimas de separación establecidos en la Ley, siendo la cesantía una causa legitima en los siguientes casos: 1).- Reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario; y 2).- Reducción de Servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, como se establece en la Ley de servicio Civil en su artículo 53 y 83 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad; sin embargo tanto en la Ley de Servicio Civil como en el Reglamento de Personal se establecen una serie de requisitos para proceder con dicha cancelación; observándose un incumplimiento total del procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil, artículos 54 y 188 al 193 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; por su parte el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad determina que se deberá contar con la autorización del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad (el cual consta en la Certificación del punto número siete (7) de la sesión ordinaria de trabajo número cuatro (4), celebrada el 18 de junio del 2014) previo dictamen de los Directores involucrados en conjunto con la Dirección Legal y la Sub Gerencia de Recursos Humanos; Dictámenes que en el presente caso no constan haberse realizado, no constando de igual forma haberse tornado en cuenta el desempeño en el cargo y los años de servicio del demandante; con lo cual se evidencia que acto administrativa, fue dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido en la Ley, lo cual acarrea su nulidad conforme al artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Que al estar demostrado que el acto impugnado infringe el ordenamiento jurídico, ya que para la cancelación del demandante, la autoridad nominadora estaba en la obligación de seguir el procedimiento de cesantía ordenado en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento lo que no ocurrió en el caso de autos, ya que como se dijo anteriormente el actor se encuentra protegido por este régimen, lo que hace procedente la presente acción, por ser nulo el acto impugnado al ser evidente la infracción del ordenamiento jurídico con la emisión del acuerdo de cancelación del demandante. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintisiete de febrero del dos mil veinte, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia proferida en primera instancia, SIN COSTAS, bajo el criterio que el Decreto Ejecutivo Numero PCM 046-2014 mediante el cual "se autoriza al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad para que proceda a realizar la reestructuración de dicha institución, pudiendo suprimir, reunir, crear reorganizar sus dependencias; quedando también facultado para descentralizar, desconcentrar o tercerizar los servicios que presta", en consecuencia, efectivamente el IP cuenta con un Decreto que lo autoriza para realizar una reestructuración administrativa, donde se dan a conocer los parámetros generales para que la institución se auto organice, ahora bien, en el ejercicio de esa facultad la administración puede afectar los derechos y situaciones jurídicas de los funcionarios a su servicio (cuando la reestructuración también va dirigida al talento humano), mediante la figura de la Cesantía, cuando medien los casos siguientes: l) Reducción Forzosa de Servicios o de Personal por razones de orden presupuestario; y, 2) Reducción de Servicios o de Personal para Obtener una más Eficaz y Económica Organización Administrativa no obstante, se tendrá que cumplir con el procedimiento establecido para aplicar la cesantía, ya sea el establecido en el Decreto que autoriza la reestructuración (donde no existe un procedimiento), en el Reglamento de Personal (existe la figura pero no el procedimiento), o por supletoriedad conforme al artículo 104 del mismo reglamento, lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. El artículo 53 de la Ley de Servicio Civil y 83 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad (para este caso concreto), sientan las bases del procedimiento de reestructuración administrativa en la Administración Pública y en el Instituto de la Propiedad, respectivamente, siempre a través de la figura de la cesantía, entendiéndose como reestructuración administrativa a la modificación de unidades administrativas en cuanto a su gestión, normativa, tecnología, infraestructura, recursos humanos y estructura, de todo lo cual se realizará un estudio técnico que respalde dicho proceso, sirviéndose de asesorías técnicas que lo provean de herramientas necesarias para aquella finalidad; por tales motivos la reestructuración administrativa solo procede cuando existan necesidades reales para conseguir una más eficiente y económica reorganización de los servicios, debidamente comprobados, con el propósito de evitar abusos de parte de los empleadores, que bajo una justificación aparente, conculcan derechos laborales de los Servidores del Estado; en conclusión, la Administración Publica, en este caso el Instituto de la Propiedad, si bien cuenta con un PCM que lo autoriza a realizar una reestructuración administrativa, se extralimita y mal utiliza este documento como tal, para afectar los intereses y derechos de los servidores públicos sin el respaldo específico para cada una de las gestiones que comprende a la reestructuración. Nótese que dicho PCM contiene lineamientos generales, no específicos para la cancelación del recurso humano, debiendo de haber dado cumplimiento al Reglamento de Personal que ya tienen y está vigente, teniendo incorporada la figura de la cesantía, o en su caso a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, al tenor de lo establecido en el artículo 104 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y del artículo 31 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo. Dicho actuar, si bien pareciera que están enmarcadas en ley, por la autorización que se le concede al demandado mediante el PCM, este desvía sus facultades y transgrede normas Constitucionales como ser el Derecho a la Estabilidad Laboral, al no dar cumplimiento ni al Reglamento de Personal del IP y Personal tampoco a la Ley de Servicio Civil, norma supletoria, provocando infracción al ordenamiento jurídico al no observar estrictamente los procedimientos establecidos. 5. La representación procesal de la parte recurrente, el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en fecha doce de marzo del dos mil veinte, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha veintisiete de febrero del dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.004-2019, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.295-2014 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha veintiséis de noviembre del dos mil veinte, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ, presentó en fecha veintisiete de enero del dos mil veintiuno, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha tres de febrero del dos mil veintiuno por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha diez de febrero del dos mil veintiuno el Abogado LEE ANTONIO RAMÍREZ PAZ y en fecha dos de marzo del dos mil veintiuno el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA. 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintiséis de marzo del dos mil veintiuno, teniendo por personados a los Abogados FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, como recurrente y LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida de fecha 27 de febrero del 2020, por la falta de aplicación de los artículos 200 numeral 2, inciso a) "CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a) En el encabezamiento deberán expresarse los nombres de las partes... " y 204 numeral 3 ACLARACION Y CORRECCION DE RESOLUCIONES. 3. Los errores materiales manifiestos ... ", ambos del Código Procesal Civil. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 200 numeral 2, inciso a) y 204 numeral 3 del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada en fecha 30 de agosto del 2019, por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, excepto en cuanto a disponer "SIN COSTAS". PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo numero 719 numeral 1, inciso c) del Código Procesal Civil, relacionado con el articulo 720 numeral 2, del mismo estamento legal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Siendo que, en la sentencia recurrida, en acápite denominado VISTA: " ... en la pieza principal con orden de ingreso con el número 0801-295-14, promovida por el señor FLAVIO ALFREDO PONCE ... SON PARTES: APELANTE... apoderado legal del señor FLAVIO ALFREDO PONCE... La sentencia definitiva ... RESUELVE: DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por el señor FLAVIO ALFREDO PONCE, por NO estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación No. CD-IP-15-2014 derivado de la sesión Ordinaria de trabajo número 004 de fecha 18 de junio del 2014, punto número siete (7), efectivo a partir del 01 de julio del dos mil catorce, en consecuencia, se anula totalmente". Como se puede observar Honorable Corte, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, al momento de la redacción de la sentencia impugnada de fecha 30 de agosto del 2019, incurrió en error material manifiesto, por no indicar el número del expediente de la pieza principal; por consiguiente, el Ad Quem, infringió lo contemplado en los artículos 200 numeral 2, inciso a) y 204 numeral 3 del Código Procesal Civil”. 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) en el pronunciamiento que se impugna se indica un fallo de fecha 30 de agosto de 2019, de igual manera en la explicación se alude al mismo fallo, cuando el dictado por el juzgador de segunda instancia, es de fecha 27de febrero de 2020, lo que le resta claridad y precisión al cargo; b) se indica como sustento del motivo el artículo 719 numeral 1, inciso c) del Código Procesal Civil, relacionado con el artículo 720 numeral 2) del mismo cuerpo legal, causal que no tiene relación con la explicación, ya que esta causal alude a falencias en los requisitos internos del fallo impugnado relacionados con la existencia, racionalidad y carácter lógico en la motivación fáctica de las sentencias; c) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y d) no se demuestra un error de naturaleza formal en la redacción del fallo emitido por el Ad-quem. 3.- Que en un segundo motivo se aduce: “Se impugna la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, por falta de aplicación e interpretación de los artículos 200 numeral 2, inciso b); 206, numeral 1, 207 numeral 1 y 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. Citando textualmente dichos artículos de la manera siguiente: Articulo 200, numeral 2, inciso b) "CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y concisión posibles..." Artículo 206, numeral 1"CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUTIVIDAD.1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas." Artículo 207, numeral 1"MOTIVACION. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho." Artículo 208, numerales 1 y 2 "CONGRUENCIA.1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquellas exijan ... " DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 200, numeral 2, inciso b); 206, numeral 1, 207, numeral 1 y 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada en fecha 30 de agosto del 2019, por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, excepto en cuanto a disponer "SIN COSTAS". PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo numero 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Siendo que la sentencia recurrida en lo que corresponde a las FUNDAMENTOS DE DERECHO, en los considerandos siguientes: TERCERO: El presente caso el acto administrativo impugnado es el Acuerdo de Cancelación por Cesantía numero C.D.-IP-No.015-14 emitido par parte del CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD del cual se cancela por restructuración, emitido mediante de la sesión ordinaria de trabajo número 004 de fecha 18 de junio del 2014, punto No. 7; Del análisis del expediente administrativo en su conjunto, dando origen el DECRETO EJECUTIVO PCM 046-2014 publicado en el diario oficial la Gaceta el 11 de septiembre de 2014, donde el Presidente de la Republica en consejo de Ministro autoriza al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad para que proceda a realizar la reestructuración de dicha institución, pudiendo suprimir, reunir, crear o reorganizar, desconcentrar o tercer izar las servicios que presta; facultad al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad realice las contrataciones acuerdos institucionales necesarios para obtener las recursos suficientes para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales que deben ser canceladas coma producto de la reestructuración administrativa que se lleve a cabo en el Instituto de la Propiedad (artículo 2 inciso a), decreto PCM 046-2014; es así como a través de la facultad constitucional del Presidente de la Republica, establece en el artículo 245 numeral 11, teniendo a su cargo la suprema dirección y coordinación de la administración publica descentralizada y descentralizada (artículo 4, 14, 17 de la Ley General de la Administración Publica; en consecuencia señores Magistrados haciendo remisión con lo establecido en las considerando sexto y séptimo, a modo de resumen en donde el Juez Aquem establece en su emisión proferido de la sentencia de fecha 27 de febrero de 2020 donde establece que existe un Decreto donde se autoriza al Instituto de la Propiedad hacer la reestructuración correspondiente existiendo un procedimiento externo donde enmarca en las artículos 83: De acuerdo con lo previsto en el Artículo cincuenta y tres (53) de la Ley del Servicio Civil, procederá la cesantía de uno o más servidores públicos en cualquiera de casos excepcionales siguiente: 1. Reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario; y 2. Reducción de servicios o de personal para obtener una eficaz y económica organización administrativa. Artículo 84: En vista de que el IP no se ha incorporado a la Dirección General del Servicio Civil, no será necesario el dictamen del Consejo de Servicio Civil, no será necesario el dictamen del Consejo del Servicio Civil, sin embargo antes de proceder a la cancelación por cesantía a deberá tenerse la autorización del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad previo dictamen de las Direcciones Involucradas en conjunto con la Dirección Legal y Subgerencia de Recursos Humanos, si este dictamen expresa una opinión contraria no podrá continuarse con el procedimiento. Artículo 85. En estos casos, para decidir sobre qué persona serán afectadas con la cesantía, la autoridad nominadora deberá tener en cuenta lo siguiente: 1. El desempeño del empleado en el puesto y 2. Los años de servicios en la Administración Publica. Artículo 86. La cesantía deberá ser notificada al servidor público personalmente por la autoridad nominadora o por quien este designe. Artículo 87. Una firme el Acuerdo de cesantía a, procederá el pago al servidor de las indemnizaciones pre vistas en las Artículos cincuenta y cinco (55) de la Ley de Servicio Civil. Motivo por el cual señores Magistrados el procedimiento interno se ha realizado a cabalidad dentro de los parámetros establecidos con lo artículos en mención y que obran en el Reglamento de Personal Vigente, no como pretende el Juez Ad Quem al mencionar que no existió un procedimiento interno; de igual forma hace mención el decreto PCM 046-2014 de fecha 11 de septiembre de 2014 en su artículo 1: 1. Autorizar al Consejo Directivo del instituto de la Propiedad para que proceda a realizar la reestructuración de dicha institución, pudiendo suprimir, reunir, crear o reorganizar sus dependencias; quedando también facultado para descentralizar, desconcentrar o tercerizar las servicios que presta. Continua manifestando el Juez Aquem en este caso el Instituto de la Propiedad es mal implementado en el sentido que afecten los derechos y de los servidores públicos sin el respaldo especifico y de igual forma no se dio cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de Personal del IP y tampoco a la Ley de Servicio Civil; como se hizo de su conocimiento como se encuentra tipificado en el artículo 84 del Reglamento de Personal donde enmarca que el Instituto de la Propiedad no se encuentra adscrito al Régimen del Servicio Civil, motivo por el cual señores Magistrados no es necesario cumplir con lo establecido en la Ley de Servicio Civil esto en amparo con lo establecido en la Ley de Propiedad en su Capítulo I Creación, órganos y patrimonio. Articulo 4.- Crease el Instituto de la propiedad (IP) como un ente desconcentrado de la Presidencia de la Republican dota de personalidad jurídica y patrimonio propio, funcionara con independencia técnica administrativa y financiera. Esto debidamente relacionado con lo descrito en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad contentivo en el Artículo 1: El presente Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, regula condiciones de trabajo a que deberán sujetarse el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), Servidores y Funcionarios dentro de la clasificación coma tales que el mismo contrate para la prestación de sus servicios, en cada una de sus dependencias. Artículo 2: Quedan sujetos al presente Reglamento de Personal todos las Servidores y funcionarios del Instituto de la Propiedad (IP), aplicándose primeramente el mismo, a todas las personas que ejecuten labores bajo su dirección, dependencia o subordinación en cada una de sus unidades. Artículo 3: a) Emitir el conjunto de Normas obligatorias mediante las cuales se determina las derechos y obligaciones, tanto de los servidores y funcionarios, como del Instituto de la Propiedad (IP), motivándose el desarrollo del trabajo ordenado y disciplinario, ello dentro de un marco de justicia y dignidad personal. Es de su entero saber y conocimiento que todo el personal que labora dentro del Instituto de la Propiedad se encuentra supeditado en acatar y cumplir con lo que se encuentra debidamente descrito en el Reglamento de Personal como señala los artículos citados. No como norma supletoria como argumenta el Juez Aquem con este tipo de acciones teniendo como resultado infracción al ordenamiento jurídico al no cumplir de forma estricta con los procedimientos establecidos; será objeto de análisis el presente recurso donde podrán ver y observar que no existe quebrantamiento al ordenamiento jurídico, que el procedimiento se hizo enmarcado dentro de lo que expresa el Reglamento de Personal Vigente del Instituto de la Propiedad en estricto cumplimiento con lo señalado en el PCM-046-2014, para realizar la cancelación por cesantía del señor FLAVIO ALFREDO PONCE y hasta de no violentar el debido proceso, con el fallo proferido por parte del Juez Aquem lo único que se está haciendo es faltar al procedimiento interno motivo que dio origen a la emisión de la cesantía mediante la figura de reestructuración con fines de optimización. FUNDAMENTOS DE DERECHOS. SEXTO (6): Analizadas en conjunto que han sido las pruebas que conformaron el proceso judicial, contamos con el Decreto Ejecutivo Numero PCM 046-2014, mediante el cual "se autoriza al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad para que proceda a realizar la reestructuración de dicha institución, pudiendo suprimir, reunir, crear o reorganizar sus dependencias; quedando también facultado para descentralizar, desconcentrar o tercerizar los servicios que presta"; en consecuencia, efectivamente el IP cuenta con un Decreto que lo autoriza para realizar una reestructuración administrativa, donde se dan a conocer los parámetros generales para que la institución se auto organice, ahora bien, en el ejercicio de esa facultad la administración puede afectar los derechos y situaciones jurídicas de los funcionarios a su servicio (cuando la reestructuración también va dirigida la talento humano), mediante la figura de la cesantía, cuando medien los casos siguientes: T) Reducción Forzosa de servicios de Personal por razones de orden presupuestario; y., 2) Reducción de Servicios o de Personal para Obtener una más Eficaz y Económica Organización Administrativa. No obstante, se tendrá que cumplir con el procedimiento establecido para aplicar la cesantía, ya sea el establecido en el Decreto que autoriza la reestructuración (donde no existe un procedimiento), en el Reglamento de Personal (existe la figura, pero no el procedimiento), o por supletoriedad conforme el artículo 104 del mismo reglamento, lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. SEPTIMO (7): El artículo 53 de la Ley de Servicio Civil y 83 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad (para este caso concreto), sientan las bases del procedimiento de reestructuración administrativa en la Administración Publica y en el Instituto de la Propiedad, respectivamente, siempre a través de la figura de la CESANTIA, entendiéndose como reestructuración administrativa en cuanto a su gestión, normativa, tecnología, infraestructura, recursos humanos y estructura, de todo lo cual se realizara un estudio técnico que respalde dicho proceso, sirviéndose de asesorías técnicas que lo provean de herramientas necesarias para aquella finalidad; por tales motives la reestructuración administrativo cuando existan necesidades reales para conseguir una más eficiente y económica reorganización de los servicios, debidamente comprobadas, con el propósito de evitar abuses de partes de los empleadores, que bajo una justificación aparente, conculcan derechos laborales de los servidores del Estado. En conclusión, la Administración Publica, en este caso el Instituto de la Propiedad, si bien cuenta con un PCM que lo autoriza para realizar una reestructuración administrativa, se extralimita y mal utiliza este documento como tal, para afectar los intereses y derechos de los servidores públicos sin respaldo específico para cada una de las gestiones que comprenderá la reestructuración. Nótese que dicho PCM contiene lineamientos generales, no específicos para la cancelación del recurso humano, debiendo de haber dado cumplimiento al Reglamento de Personal que ya tienen y está vigente, teniendo incorporada la figura de cesantía, o en su caso a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, al tenor de lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de Personal del IP y del artículo 31 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo. Dicho actuar, si bien pareciera que están enmarcadas en ley, por la autorización que se le concede al IP mediante el PCM, este desvía sus facultades y transgrede normas Constitucionales como ser el Derecho a la Estabilidad Laboral, al no dar cumplimiento ni al Reglamento de Personal del IP y tampoco a la Ley de Servicio Civil, norma supletoria, provocando infracción al ordenamiento jurídico al no observar estrictamente los procedimientos establecidos. OCTAVO (8): Por las consideraciones de hechos y de derechos que anteceden, este Tribunal es del criterio de CONFIRMAR la sentencia que se conoce en apelación, por estar emitida conforme a derecho. El artículo 17 del Código Civil expresa: "No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. Pues bien, la Ley del Instituto de la Propiedad y su Reglamento de Personal son claro en su texto en estricto deber de aplicación al decreto PCM y de ninguna manera se entiende en un sentido como el que el Ad Quem le ha dado. En vista, que las normas jurídicas comprenden la Constitución de la Republica, los Tratados Internacionales, la ley general, la ley especial (SIENDO LA LEY DE LA PROPIEDAD UNA LEY ESPECIAL CREADA MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO NO. 82-2004), los Reglamentos, la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia emanada exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia. En adición, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, Establece Que Sin Perjuicio De Lo Que Las Leyes Dispongan (lo subrayado y en negrita es nuestro), el personal del Instituto de la Propiedad está sujeto al Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad , así como la Ley de Propiedad crea el Instituto de la Propiedad como un ente desconcentrado de la Presidencia de la Republica, en consecuencia el personal del Instituto de la Propiedad, está sujeto al Reglamento de Personal. Es así que la interpretación que hace la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional es errónea, e incide en la sentencia de tal manera que la llevó a confirmar el fallo de primera instancia en la que se ha declarado con lugar la demanda, con el consabido perjuicio para el Estado de Honduras pues no corresponde, ya que el Instituto de la Propiedad no se encuentra incorporado al Régimen de Servicio Civil,...Por lo tanto el no estar incorporados al Régimen de Servicio Civil, los servidores públicos que laboran en dicho Instituto no están protegidos por la Ley de Servicio Civil". Ya su vez no indican cuales son los requisitos del procedimiento que se violentaron, por parte del Instituto de la Propiedad, para proceder a la cesantía por reestructuración del demandante el señor FLAVIO ALFREDO PONCE, por consiguiente, los Honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, inobservaron lo prescrito en los artículos 200, numeral 2, inciso b); 206, numeral 1, 207, numeral 1 y 208 numerales 1y 2 del Código Procesal Civil, es decir, que la sentencia emitida en fecha 30 de agosto del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción A Nivel Nacional, no es clara, precisa y exhaustiva, por ende no está suficientemente motivada y la misma no es congruente con lo aportado durante el proceso de la demanda en primera instancia”. 4.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) se indica el concepto “…falta de aplicación e interpretación…” el igual se alude en la explicación a una interpretación errónea, lo cual hace que el cargo carezca de claridad y precisión, ya que los concepto de falta de aplicación e interpretación errónea son distintos e incompatibles entre sí que se deben invocar en forma separada por la independencia de los cargos; b) al igual que el primer cargo se impugna totalmente un fallo de fecha 30 de agosto del 2019, que no concuerda con la fecha del emitido por el Ad-quem; c) el precepto autorizante artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil) no concuerda con las normas señaladas como infringidas que regula situaciones de naturaleza procesal, no con normas empleadas para la solución del fondo del asunto; d) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; e) se alude a los artículos 245 numera 11) de la Constitución de la República, 17 del Código Civil, 53, 54, 55 de la Ley de Servicio Civil, 4, 14, 17 de la Ley General de la Administración Pública, 4 de la Ley de Propiedad 1, 2, 3, 84, 85, 86, 87, 31 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedades y 31 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, disposiciones que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación; y f) en el desarrollo se realizan extensos alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario. 5.- Que en un tercer motivo se esgrime: “Se impugna la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, por falta de aplicación de los artículos 82 de la Constitución de la Republica, 205 numeral 1 y 721 numeral 1 del C6digo Procesal Civil. Citando textualmente los referidos artículos de la manera siguiente: Artículo 82: "El derecho de defensa en inviolable ...” Articulo 205 numeral 1 "RESOLUCIONES DEFECTUOSAS Y SUBSANACION. 1. Las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias..." Articulo 721 numeral 1 "INTERPOSICION Y FORMALIZACION. 1. El recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte (20) días siguientes al de la notificación ...” DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 82 de la Constitución de la Republica, 205, numeral 1 y 721 numeral 1 del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada en fecha 30 de agosto del 2019, por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, excepto en cuanto a disponer "SIN COSTAS". PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo numero 719 numeral 1, inciso c) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha 30 de agosto del 2019, emitió Sentencia, omitiendo en el acápite PARTE DISPOSITIVA, establecer que recurso y plazo procede contra la Sentencia en referencia, es evidente que no se da lo ordenado en las disposiciones legales antes transcritas, por lo tanto existe una aplicación indebida en las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y de esa manera queda en estado de indefensión el Estado de Honduras, a través del Instituto de la Propiedad. CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados en su momento procesal oportuno, con los fundamentos de derecho en que se basó la defensa, se acreditó fehacientemente, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizó causa legal valida y que se siguió el procedimiento legal interno establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y el Decreto Ejecutivo PCM-046-2014 para la cancelación del Acuerdo del demandante, ya que los empleados y servidores del IP; se rigen por el Reglamento de Personal Acuerdo -CD-IP-2011, acto por el cual el Ad Quem manifiesta que no existe procedimiento que se haya efectuado para poder llevar acabo la restructuración para emitir de Cesantía por restructuración del señor FLAVIO ALFREDO PONCE. Asimismo, es evidente que la presente sentencia carece de fundamentos y argumentaciones válidos para que se lleve a cumplimentar la misma”. 6.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) carece d claridad y precisión, ya que en la formulación se indica la falta de aplicación y en la explicación la aplicación indebida concepto de violación a la ley, que se deben precisar por la independencia de los cargos; b) al igual que el primer y segundo cargo se impugna totalmente un fallo de fecha 30 de agosto del 2019, que no concuerda con el emitido por el Ad-quem, restándole precisión y claridad al motivo; c) las normas señaladas como infringidas, no concuerdan con el precepto autorizante causal que se invoca, cuando se han infringido normas procesales que regulan los requisitos formales e internos de la sentencia, establecidas en el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria; d) la normas señaladas como infringidas no tiene relación con la situación jurídica planteada en el sub-judice; e) en la explicación se insta a la revisión e interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y f) se realizan en el desarrollo alegatos de instancia inoportunos en este este recurso extraordinario. 7.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la Republica, a la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. 8.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. 9.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los siete días del mes de septiembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de junio del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA111-2021. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.