Sentencia CA-110-21 — Registro 14484
Resumen
Demanda para que se declare ilegalidad y nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y se adopten las medidas necesarias para su restablecimiento, que se haga efectivo el pago adeudado por beneficio de la antigüedad laboral, que no ha sido reconocido por concepto de quinquenio cumplido, más el pago de intereses comerciales, condena en costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior cargo no resulta atendible por las siguientes consideraciones: a) No indica con claridad y precisión, si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, expresa aplicación e interpretación lo que constituye un defecto al invocar dos formas distintas de violar la Ley en un mismo motivo; b) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral l) del Código Procesal Civil; c) Se acusa a la sentencia por defectos en su "contenido y forma", resultando confuso, ya que no las específica, dado que la forma y el contenido en las sentencia están reguladas por distintas disposiciones del Código Procesal Civil, no obstante ser defectos formales en términos generales; y d) En el desarrollo se alude a situaciones de fondo lo que hace que el cargo resulte confuso e impreciso, a razón del precepto autorizante en que se sustenta el motivo."...
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y desestimar la petición de nulidad subsidiaria del fallo expuesta extemporáneamente por el representante procesal recurrido, así como la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil."...
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de octubre del dos mil veintiuno.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia integrada por los Magistrados, ROLANDO EDGARDO ARGUETA PÉREZ Magistrado Presidente, LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, RAFAEL BUSTILLO ROMERO, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, y Magistrados Integrantes GARIN ENOC URQUIA CASTRO, YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA, RUBEN RIVERA FLORES, CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT Y LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO, dictan la siguiente RESOLUCIÓN:
SON PARTES: Recurrente: la señora GEOVANNA PADILLA DURON, representada en juicio por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO; y recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada LILIAM LIZETH INESTROZA FLORES.
OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare ilegalidad y nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y se adopten las medidas necesarias para su restablecimiento, que se haga efectivo el pago adeudado por beneficio de la antigüedad laboral, que no ha sido reconocido por concepto de quinquenio cumplido, más el pago de intereses comerciales, condena en costas promovido ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán por la señora GEOVANNA PADILLA DURON contra EL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD por medio de la Procuraduría General de la República.
ANTECEDENTES DE HECHO
La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que fue nombrada mediante acuerdo No 0128, de fecha 8 de junio del año 1989, en el puesto de Técnico de Laboratorio II y fue ascendida al puesto de Microbióloga General mediante acuerdo N0 3706 de fecha 23 de julio del año 2002, continuó laborando como Microbióloga General, devengando un salario mensual de L. 30,051.33. La Ley del Estatuto del Microbiólogo y Químicos Clínicos en Honduras en su artículo 62 preceptúa: “Créanse incentivos automáticos en favor del profesional que presta servicios, los cuales deberán contemplarse en toda clasificación de puestos y salarios en relación a la antigüedad y eficiencia. Los incentivos para incrementos salariales por año de servicio se reconocerán a través de una escala progresiva según tiempo laborado hasta reconocimiento de veinte (20) años consecutivos según la tabla siguiente: 1.- quince por ciento (15%) de menos de un (1) año de servicio continúo hasta cinco (5) años. 2.- Treinta por ciento (30%) desde seis (6) años de servicio continúo hasta diez (10) años. 3.- cuarenta y cinco por ciento (45%) de once (11) años de servicio continúo hasta veinte (20) años. 4.- Sesenta por ciento (60%) de dieciséis (16) años de servicio continuo hasta veinte (20) años”. Estos beneficios se aplicarán treinta (30) días después de estar en vigencia la presente ley. En el artículo 69 de dicha ley literalmente se establece: “La antigüedad laboral del profesional con anterioridad a la entrada en vigencia de este Estatuto, será contada a partir de su nombramiento en el que inició la prestación del servicio profesional”; y siendo que la demandante ha prestado sus servicios profesionales como Microbióloga a partil del 03 de junio del año 2002, es decir, tiene 10 años y cuatro meses de antigüedad, se le deben aplicar los incentivos por incrementos salariales por año de servicio, la tabla Número tres, que dice: "Cuarenta y Cinco por ciemo (45%) de Once (11) años de servicio continúo hasta Veinte (20) años”, los que multiplicados en base al salario ordinario de L. 30.051.33 mensuales que devengaba, resulta como cantidad adeudada por incrementos salariales o quinquenio cumplido la cantidad de L. 13,523.09, los que deberán pagarse mensualmente a partir del 02 de junio del año 2012, que es cuando empieza el primer año del tercer quinquenio, hasta que la fecha que se haga efectivo dicho incremento salarial por concepto de quinquenio cumplido; desconociendo tal situación la autoridad nominadora. Si bien es cierto, mediante acta especial del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la República y Colegio de Microbiólogos Químicos Clínicos de Honduras, de fecha 28 de enero del año 2011. Establecieron entre otras cosas en el numeral seis, que, con el presente acuerdo, el beneficio de antigüedad laboral se reconocerá cada cinco años: hasta llegar a los veinte años de servicio continuos, según corresponda a cada Microbiólogo y por cada quinquenio cumplido se pagará L. 2,736.90; como se puede ver dicha disposición gubernativa violenta los derechos adquiridos de la demandante. Además, dicha acta especial no constituye ninguna ley ni disposición legal que se haya elevado al Acuerdo Ejecutivo y que esté autorizado por la autoridad nominadora de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, ni consta que se haya publicado en el Diario Oficial La Gaceta, para que pudiera tener vigencia su aplicación. El acta especial del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la República y el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, de fecha 28 de enero del año 2011, no tiene ninguna aplicación porque no constituye ninguna ley y además una disposición gubernamental que violenta lo establecido en el artículo 64 de la Constitución de la República. Que el acto administrativo impugnando acarrea vicios de nulidad, en vista que no ha tenido por ciertos los hechos alegados violentando e infringiendo el ordenamiento jurídico aplicable al caso, pues olvidó que de conformidad con el Artículo 24 de La Ley de Procedimiento Administrativo, sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales: el acto administrativo es nulo en los siguientes casos: a)...b)...y c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, ch)....d... e).- Los que contraríen lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública. Esta a su vez dispone que los órganos y entidades de la Administración Pública no podrán 1)... 2)... 4)... Ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la República. Cuando el Artículo 34 se refiere a lo establecido en leyes especiales se remite a la nulidad prevista en otras leyes especiales a la nulidad que está prevista en la Constitución de la República, cuyo Artículo 321 manda que todo acto que los servidores del Estado ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad. Por otra parte: es obvio que le disminuyeron y restringieron los derechos, pues no permitieron que la demandante se defendiera. La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en su Considerando Número CUATRO (4) de la resolución hoy recurrida dice: "Que consta en autos la opinión de la Dirección Legal de esta Secretaria de Estada, con fecha 24 de enero de 2013, quienes son del criterio que las presentes diligencias se deben enviar al Hospital Escuela, lugar donde labora la Señora GEOVANNA PADILLA DURON, a fin de que el Reclamo Administrativo sea resuelto en ese Hospital, en virtud, que esta Secretaria de Estado en el Despacho de Salud es incompetente para resolver el reclamo antes mencionado, ya que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, será encargada de la Administración de ese Hospital, según Decreto Ejecutivo Numero PCM-024-2012, de fecha 13 de julio del 2012. 1. Esta es una excusa inapropiada, pues desconoce la Secretaría de Salud, que el Hospital Escuela es una dependencia de esa Secretaría de Estado; así mismo, la relación de servicio, es con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y no con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), también pasaron desapercibidos los Asesores de la Secretaría de Salud, de que, si fuera el caso, además un Decreto Ejecutivo no puede estar sobre la Constitución y las leyes. La Secretaría no ha querido reconocer, porque si tomamos en consideración que la demandante ha prestado sus servicios por once años, debiéndose aplicar los incentivos por incrementos salariales por año de servicio de conformidad a la Tabla Número tres (3) del Artículo 62 de la Ley de Estatuto del Microbiólogo y Químicos Clínicos en Honduras, que dice: Cuarenta y Cinco Por ciento (45%) de once años de servicio continuo hasta veinte (20) años.- Los que multiplicados en base al salario ordinario de L. 30,051 mensuales que devengaba, resulta como cantidad adeudada por incrementos salariales o quinquenio cumplido la cantidad de L. 16,72678, a partir del 01 de agosto del año 2011, que es cuando empieza el primer año del tercer quinquenio, hasta la fecha que haga efectivo dicho incremento salarial por concepto de quinquenio cumplido. Resultando que desde el mes de junio de año 2011, hasta el mes de agosto del año 2011, de acuerdo a los comprobantes de pago devengaba un salario mensual de L.37, 170.63, lo que ya estaba presupuestado, pero resulta que, de forma arbitraria, a partir del mes de septiembre del año 2011, en adelante le disminuyeron salario a la cantidad de L.27, 806.37, desconociendo la autoridad nominadora que los derechos sociales o derechos establecidos en la Ley.
La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante es empleada de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, desde el 08 de julio de 1989, según consta en el Acuerdo No. 0128, de fecha 08 de julio de 1989, en el puesto de Técnico de Laboratorio I y que mediante Acuerdo No. 3706, de fecha 23 de julio de 2002 se le reasignó de su puesto a Microbiólogo General, efectivo a partir del 23 de julio del 2002, actualmente presta sus servicios profesionales en el puesto de Microbióloga General, en el Hospital Escuela Universitario, devengando un salario mensual de L. 30,051.33. La aplicación del artículo 62 de la Ley del Estatuto del Microbiólogo y Químico Clínico en Honduras establece: "Créanse incentivos automáticos en favor del profesional que presta servicios, los cuales deberán contemplarse en toda clasificación de puestos y salarios en relación a la antigüedad y eficiencia. Los incentivos para incrementos salariales por años de servicios se reconocerán a través de una escala progresiva, según tiempo laborado hasta reconocimiento de veinte (20) años consecutivos según la tabla siguiente: 1) quince por ciento (15%) de menos de un (1) año de servicio continuo hasta cinco (5) años; 2) Treinta por ciento (30%) de seis (6) años de servicio continuo hasta diez (10) años; 3) Cuarenta y cinco por ciento (45%) de once (11) años de servicio continuo hasta quince (15) años;...” en virtud que el mismo fue reformado en el Acta Especial del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la República y Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, en fecha 28 de enero del dos mil once (2011), en la cual llegaron a varios acuerdos, entre ellos, el número seis (6) que establece: “con el presente acuerdo el beneficio de antigüedad laboral se reconocerá a cada cinco años hasta llegar a los 20 años de servicios continuos según corresponda a cada Microbiólogo y por cada quinquenio cumplido se pagará dos mil setecientos treinta y seis Lempiras con noventa centavos (Lps. 2, 736.90) mensuales”; cantidad que se ha acreditado a la demandante, tal y como consta en los comprobantes de pago, por lo que la demandada no le adeuda a la demandante la cantidad solicitada y que además fue realizado dicho pago enmarcado en el Decreto Legislativo No, 224-2010, firmado el Acta Especial del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la República y Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, en fecha veintiocho de enero del dos mil once. El acta suscrita entre las partes está enmarcada en el Decreto Legislativo No. 224-2010, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 29 de octubre del dos mil diez (2010), que en su artículo 3 establece: “Dejar en suspenso durante la vigencia de este Decreto los Regímenes Económicos establecidos en los diferentes estatutos profesionales”. Y en su artículo 4 establece: “El Poder Ejecutivo en un plazo de noventa (90)días y previa negociación con las organizaciones gremiales falló el ajustar el sueldo base de los servidores públicos regulados por Leyes especiales o estatutos profesionales de acuerdo a la política salarial general del Estado sin que esto incremente los beneficios colaterales". Por lo que la demandada en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 4 de dicho Decreto se reunió con las autoridades del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, para llegar a un acuerdo por la situación económica existente en el país; acta que fue suscrita admitida y consentida por los afiliados al Colegio en virtud que a la fecha no han interpuesto los recursos legales establecidos en la ley, recursos que no fueron recurridos por la ahora demandante aun cuando tenía conocimiento desde la fecha 29 de octubre del dos mil diez (2010), fecha en que fue publicado el Decreto No. 224-2010, que dejaba en suspenso durante la vigencia de este Decreto los Regímenes Económicos establecidos en los diferentes estatutos profesionales y que de no haber negociada en el Acta con el Gobierno el ajuste de Sueldo por antigüedad, no hubiera sido posible; en virtud de lo antes señalado el Acta Especial del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la República y Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras suscrita, está enmarcada en Ley, es un hecho firme y consentido por las partes involucradas y por lo tanto prescrita la acción de la demandante. En ningún momento se le violentó a la demandante lo establecido en la Constitución de la República, ya que la suscripción del Acta Especial del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la República y Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras se encuentra enmarcada en el Decreto Legislativo No. 224-2010, publicado en el Diario Oficial de la República “La Gaceta en fecha 29 de octubre del año 2010: en fecha 28 de enero del dos mil once (2011), el cual se acordó por la crisis económica que atraviesa el país. Como también se rechaza el hecho de que dicha Acta Especial se haya aplicado retrospectivamente, en virtud que el acta entró en vigencia desde el 01 de febrero del 2011, por lo que le correspondía el aumento hasta el 03 de junio del 2012, fecha en la cual cumplía los 10 años desde que fue reasignada a su puesto de Microbiólogo General. En vista que la demandante pretende sorprender, aduciendo que el acto que pretende impugnar acarrea vicios de nulidad infringiendo el ordenamiento jurídico aplicable al caso por estar actuando con exceso de poder, lo que se rechaza totalmente, ya que las normas enunciadas y las cuales sirven de fundamento para dictar el acto administrativo impugnado son vigentes, interesan al orden público, son de observancia obligatoria y de estricto cumplimiento y no pueden ser modificados o tergiversados por convenciones de particulares, ni podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulte de sus propios términos; que la demandante pretende que se le reconozca el derecho a la antigüedad en aplicación al artículo 62 de la Ley del Estatuto del Microbiólogo y Químico Clínico en Honduras, régimen económico que en ese momento estaba en suspenso. El artículo número 49 de la Ley Orgánica del Presupuesto y el Decreto Ejecutivo 2-96, de fecha 18 de enero de 1996, estipulan que la Política Salarial del Poder Ejecutivo debe manejarla la Comisión de Salarios del Gobierno de la República; que mediante Decreto Legislativo No. 18-2010, de fecha 28 de marzo de 2010, se declaró estado de emergencia fiscal en el país: por lo que era imperativo y urgente desindexar de manera temporal el salario mínimo de los diferentes estatutos profesionales y a su vez, adoptar políticas salariales uniformes para todo el sector público, razón por la cual se emite el Decreto Legislativo No. 224-2010 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta", en fecha 29 de octubre del dos mi) diez (2010), en el cual se decreta entre otras cosas en su artículo 3: “Dejar en suspenso durante la vigencia de este Decretos, Regímenes Económicos establecidas en las diferentes estatutos profesionales”. Y en su artículo 4 establece: “El Poder Ejecutivo en una plaza de noventa (90) días y previa negociación con las organizaciones gremiales para el ajuste al sueldo base de los servidores públicos regulados por Leyes especiales o estatutos profesionales de acuerdo a la política salarial general del Estado sin que esto incremente los beneficios colaterales”, por lo que en fecha 28 de enero de 2011, reunidos representantes del Poder Ejecutivo y del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras enmarcados en dicho Decreto suscribieron un Acta Especial en la cual llegaron a varios acuerdos, entre ellos, el número seis (6) del acta que establece: "Con el presente acuerdo, el beneficio de antigüedad laboral se reconocerá cada cinco años hasta llegar a los 20 años de servicios continuos, según corresponda a cada Microbiólogo y por cada quinquenio cumplido se pagarán L.2,736.90 mensuales. Por otra parte, se envió el reclamo administrativo presentado por la demandante al Hospital Escuela para que este resuelva dichas diligencias, ya que la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud es incompetente para resolver el reclamo: en virtud que el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, procedió a declarar sin lugar el reclamo administrativo por ser incompetente para resolver el reclamo, indicándole que es el Hospital Escuela el competente para resolver dicho reclamo, ya que la Universidad Nacional de Honduras, de conformidad al Decreto Ejecutivo No. PSMO- 242012 de fecha 13 de junio de 2012, es la encargada de la administración del Hospital Escuela. Que dicho decreto establece en uno de sus considerandos, la Secretaría efectúa mediante este convenio la asignación de la dirección, administración y funcionamiento del Hospital Escuela a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), lo que implica en adelante el manejo, la conducción, dirección, gerencia y las decisiones académicas, administrativas y financieras, la administración de los bienes muebles e inmuebles, la administración del personal y la administración del presupuesto íntegro del Hospital Escuela, que sea aprobado anualmente mediante al Presupuesto General de Ingresos de la República. Es entendido para todos los efectos del presente convenio que el Hospital Escuela lo integran el Bloque Materno Infantil y el Bloque Médico Quirúrgico y todas las Unidades Prestadoras de Servicios adscritas administrativas y financieras al mismo"; por lo anterior expuesto y en vista que la demandante labora en dicho Hospital en la plaza de Microbiólogo General como servicios de apoyo al Bloque Materna infantil y el Bloque Médico Quirúrgico, es que su reclamo administrativo debe ser conocido y resuelto por el Hospital Escuela Universitario y no por la Secretaría, cabe señalar que al Técnico de Planillas al momento de hacerle el cálculo por aumento salarial lo realizó en base a un salario de Lps. 37,170.63 mensuales, que no le correspondían en la fecha que le fueron aplicados, sin embargo, el Técnico de Planillas por error y desconocimiento del Acta Especial del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la República y Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, en fecha 28 de enero del dos mil once (2011), aun y cuando la misma adquiría el derecho a un aumento hasta el mes de junio del 2012, ya que el mismo se aplica por antigüedad y ella comenzó a prestar sus servicios como Microbióloga cuando la ascendieron a dicho puesto a partir del 03 de junio del 2002, por lo que en junio del 2012, cumplió 10 años de antigüedad; razón por la cual el demandado al darse cuenta del pago indebido a dicha servidora, corrigió el error aplicándole en el mes de septiembre, un sueldo mensual por la cantidad de L. 27,806.37, a esa fecha con el aumento pactado con el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, lo que no significa que se le aplicó una Ley retroactivamente, ya que en dicha Acta llegaron a varios acuerdos, entre ellos, el número seis (6) que establece: "Con el presente acuerdo, el beneficio de antigüedad laboral se reconocerá cada cinco años hasta llegar a las 20 años de servicios continuos, según corresponda a cada microbiólogo y, por cada quinquenio cumplido se pagar L. 736.90 mensuales", Acta que entró en vigencia a partir del 01 de febrero del 2011, enmarcada en el Decreto Legislativo Número 224-2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 29 de octubre del 2010, que en su artículo 3 establece: Dejar en Suspenso durante la Vigencia de este Decreto los Regímenes económicos establecidos en los diferentes estatutos profesionales". Y en su artículo 4 establece: “el orden ejecutivo en una plaza de noventa (90) días y previa negociación con las organizaciones gremiales fijara el ajuste al sueldo base de los servidores públicos regulados por Leyes especiales o estatutos profesionales de acuerdo a la política salarial general del Estado sin que esto incremente los beneficios colaterales". En virtud de lo anteriormente manifestado, en ningún momento se le disminuyó el salario a la demandante tal como lo deja entrever en la presente demanda. Aunado a lo anterior dicha servidora pública al darse cuenta en el mes de septiembre del 2011, que le redujeron el sueldo, debió de presentar los recursos pertinentes en el periodo de dos (2) meses establecido en el artículo 57 Reformado de la Ley de Servicio Civil, sin embargo, no fue hasta el 28 de agosto del 2012, que la misma presentó el reclamo administrativo, por lo que dicha acción se encontraba prescrita y por lo tanto era un hecho consentido y firme.
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de agosto del dos mil diecisiete, dictó sentencia de la siguiente manera: "PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción incoada por la Señora GEOVANNA PADILLA DURON, con número de identidad 0801-1959-03107 contra LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado de conformidad con lo expresado en los fundamentos tercero y Cuarto de los fundamentos de Derecho. SEGUNDO: Se exime del pago de costas a la parte vencida en juicio “bajo el criterio que si bien es cierto y está acreditado en juicio: que la parte demandante inició su relación laboral con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, asignada al Hospital Escuela Universitario; no es menos cierto que mediante Decreto Ejecutivo número PCM-024-2015, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el cual fue publicado en el Diario Oficial La GACETA, en fecha 13 de julio del 2012. suscribió un convenio interinstitucional entre Órganos de la Administración Pública para la asignación de la dirección, administración y funcionamiento del Hospital-Escuela a la universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), convenio, que en el artículo décimo tercero establece que todo personal actual y el personal que sea contratado o nombrado a futuro, no ostentará el régimen laboral que ostenta la Universidad, respetándole los Derechos adquiridos a la fecha de entrada en vigencia de dicho convenio, dado que de conformidad con el convenio, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), únicamente ejerce las funciones de dirección, administración y funcionamiento, pero en nombre del Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, autoridad con la cual continuarán teniendo la relación de servicio o la relación laboral según corresponda; pero garantizándose mediante dicho convenio que los empleados y funcionarios del Hospital-Escuela, recibirán el incremento par ajuste anual de sueldos y salarios, lo cual se hará mediante transferencia presupuestaria a la UNAH, de conformidad con la cláusula cuarta de dicho convenio; en tal sentido, ha quedado plenamente establecido en la cláusula antes mencionada: que una vez que entre en vigencia el convenio, la conducción, decisiones académicas, administraciones financieras relacionadas con el Hospital-Escuela, pasan a ser ejecutadas por la universidad, por los siguientes 15 años desde su vigencia; por lo cual el acto administrativo impugnado se encuentra dictado conforme a Derecho, en virtud que la autoridad nominadora no infringió el ordenamiento jurídico, al emitir el acto administrativo impugnado. En cuanto al Reconocimiento de una situación jurídica individualizada y como medida para su pleno restablecimiento, se haga efectivo el beneficio de antigüedad laboral que no se ha reconocido por concepto de quinquenio cumplido conforme al artículo 62 de la Ley del Estatuto del Microbiólogo y Químicos Clínicos en Honduras, más intereses comerciales sobre la cuantía reclamada; se procedió al estudio del Decreto Legislativo número 224-2010 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” de fecha 29 de octubre del 2010, en el cual se establece en su artículo 3 “Dejar en suspenso durante la vigencia de este Decreto los Regímenes Económicos establecidos en los diferentes estatutos profesionales”, ordenando el artículo 4 del mismo Decreto Legislativo que en el plazo de noventa (90) días se procederá a la negociación con las organizaciones gremiales, con el objeto de fijar el ajuste al sueldo base de los servidores públicos regulados por leyes especiales o estatutos profesionales de acuerdo a la política salarial general del Estado; como sería el caso de los Microbiólogos cuyos ajustes salariales se encuentran regulados por la Ley del Estatuto del Microbiólogo y Químico Clínico en Honduras Decreto (No 187-97), específicamente en su artículo 62.- Acuerdo que fue alcanzado con el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, mediante acta especial, de fecha veintiocho (28) de enero del 2011, en el cual en su numeral 6 se convino que el beneficio de antigüedad laboral se reconocerá cada cinco (5) años hasta llegar a los veinte (20) años de servicio continuo, según corresponda a cada microbiólogo y por cada quinquenio cumplido se pagará la cantidad de L.2,736.90 mensuales. De igual forma, consta que no se habían aplicado el reajuste a ciertos agremiados de su Colegio profesional, entre las cuales figuraba la hoy demandante, solicitando la aplicación de dicho reajuste salarial, pero en base al numeral 6 del acta especial suscrita de fecha 28 de enero del 2011 y no en base al artículo 62 de la Ley del Estatuto del Microbiólogo y Químico Clínico en Honduras; por lo antes ya relacionado no es procedente la aplicación del reajuste salariales conforme al artículo 62 de la Ley del Estatuto del Microbiólogo y Químico Clínico en Honduras, solicitado por la parte demandante.
La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha treinta de enero del dos mil veinte, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que revisada minuciosamente que ha sido la sentencia venida en apelación, donde la Juez A-quo en la Fundamentación de Derecho tercero taxativamente motiva: "que mediante el Decreto Ejecutivo número PCM024-2015, el Presidente de la Republica en concejo de Ministros, el cual fue publicado en el Diario Oficial “LA GACETA” en fecha 13 de Julio 2012, donde suscribe un CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARA LA ASIGNACIÓN DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMENTO DEL HOSPITAL ESCUELA, A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), mismo que si bien consta en su artículo DECIMO TERCERO; establece que todo personal actual y personal que sea contratado o nombrado a futuro, no ostentara el régimen laboral que ostenta la Universidad, respetándole los Derechos adquiridos a la fecha de entrada en vigencia de dicho convenio, dado que de conformidad con el convenio, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) únicamente ejercerá la función de dirección, administración y funcionamiento, pero en nombre del Poder Ejecutivo por medio de la Secretaria de Estado en los Despacho de Salud, autoridad con la cual continuaran teniendo la relación de servicio o la relación laboral según corresponda; pero garantizándose mediante dicho convenio que los empleados y funcionarios del Hospital Escuela, recibirán el incremento por ajuste anual de sueldos y salarios lo cual se hará mediante transferencia presupuestaria a la UNAH, de conformidad con la cláusula cuarta de dicho convenio; en tal sentido ha quedado plenamente establecido en la cláusula antes mencionada, que una vez que entre en vigencia el convenio, la conducción, decisiones académicas, administración, financiamiento relacionadas con el Hospital Escuela, pasan a ser ejecutadas por la universidad, por los siguiente 15 años desde la vigencia; por lo cual el acto administrativo impugnado se encuentra dictado conforme a derecho, en virtud que la autoridad nominadora no infringió el ordenamiento jurídico, al emitir el acto administrativo impugnado" (siendo el número correcto Decreto Ejecutivo número 024-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 13 de julio del año 2012), la norma vigente en lo consistente a la resolución número 040-2013-SS, de fecha 11 de febrero del 2013, emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, mediante el cual se declara sin lugar por improcedente el reclamo administrativo presentado por la demandante. La A quo refiere de una forma correcta y con sustento jurídico legal, en cuanto al no reconocimiento del beneficio laboral de antigüedad en concepto de quinquenio que conforme al Decreto legislativo número 224-2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 29 de octubre de 2010, en su artículo 3 establece “Dejar en suspenso durante la vigencia de este Decreto los Regímenes Económicos establecidos en los diferentes estatutos profesionales”, artículo 4 que en el plazo de noventa (90) días se procederá a la negociación con las organizaciones gremiales, con el objeto de fijar el ajuste al sueldo base de los servidores públicos regulados por leyes especiales o estatutos profesionales de acuerdo a la política salarial general del Estado; en el caso concreto los Microbiólogos y Químicos de Honduras mediante Acta especial de Acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la República y Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras en fecha 28 de enero del 2011 en su numeral 6 referente al beneficio de antigüedad “se reconocerá hasta 5 años hasta llegar a 20 años de servicio continuo según corresponda a cada Microbiólogo y por cada quinquenio cumplido se pagará L. 2,736.90 mensuales”, por tales razones no le aplica el reajuste salarial como ha sido la pretensión de esa demanda, en base al artículo 62 de la Ley del Estatuto del Microbiólogo y Químico Clínico de Honduras, reiterándose que se deben respetar el Acta especial y los acuerdos llegados por el Poder Ejecutivo y el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, enmarcados en el Decreto Legislativo No. 224-2010 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 29 de octubre del 2010, el cual es aplicado en todos los extremos a todos los Microbiólogos que laboran en las instituciones del Gobierno Central; al concluir en su sentencia al declarar improcedente la acción cuando se ajusta a derecho el acto impugnado, contemplado en la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo artículo 35, 81 primer párrafo, analizada la demanda en su conjunto no se observa que la parte demandante haya establecido categóricamente la causa o motivo que invalida el acto administrativo, situación que fue observada por la Directora del Proceso. Analizada la resolución número 040-2013SS, de fecha 11 de febrero del 2013 emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud en la cual declara SIN LUGAR por improcedente el reclamo administrativo presentado por la demandante; se observa que la misa está dictada conforme a derecho, ya que revisadas que han sido las diligencias, se ha apreciado que esta recibirá el incremento por su ajuste anual de sueldo y salario, mediante la transferencia presupuestaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); en tal sentido este tribunal confirma la sentencia proferida en primera instancia, la cual fue dictada conforme a derecho y con base la norma vigente.
La representación procesal de la parte recurrente, el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en fecha veinticinco de febrero del dos mil veinte, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha treinta de enero del dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 14220171 dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 209-2013, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ád-Quem, mediante providencia de fecha veintisiete de febrero del dos mil veinte, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.
La representación procesal de la parte recurrida, Abogado REINERY MEDINA ARCHAGA, presentó en fecha nueve de diciembre del dos mil veinte: escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha quince de diciembre del dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintiséis de febrero del dos mil veintiuno, los Abogados LILIAM LIZETH INESTROZA FLORES y OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, respectivamente.
Que la Honorable Sala Laboral contencioso Administrativo en fecha veintidós de junio del año dos mil veintiuno en relación al recurso de casación interpuesto y del que se ha hecho mención, dicto sentencia que puede ser vista en la pieza de casación, por mayoría, resuelve no admitir el recurso de casación de que se hace merito en sus dos motivo; declarar sin lugar la solicitud de nulidad subsidiaria por el representante procesal recurrido y declarar firme la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso administrativo con jurisdicción nacional y sin costas, siendo disidente el Magistrado Edgardo Cáceres Castellanos, quien fallo: declarar la nulidad de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo contencioso Administrativo con fecha 30 de enero 2020.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- La cognición del presente recurso de casación por parte de la Corte Suprema de Justicia es consecuencia de no alcanzar unanimidad en la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, tal como lo dispone el artículo 316 de la Constitución de la Republica: “Cuando las sentencias de la sala se pronuncien por unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el Carácter de definitivas y que cuando no haya unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas y que cuando no haya unanimidad en la toma de decisión del asunto, los Magistrados que hayan participado en la sala, no deben integrar el pleno; de lo cual se desprende que las sentencias que se pronuncien en las distintas salas, por mayoría de votos deberán imperativamente someterse al pleno de la Corte Suprema de Justicia.
II. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “CAUSALES DE CASACIÓN LAS QUE SE PRECISAN Y JUSTIFICAN LA INCIDENCIA DE LA INTERACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. QUE LA PRIMERA CAUSA DE CASACION: CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLLEDAS PARA LA SOLUCION DEL FONDO DEL LITIGIO. Esta causal se sustenta en el artículo 719.2 del Código procesal Civil, que dice: Se podrá impugnar la aplicación e interpretación delas normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. La presente impugnación es para aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. Señalando como la norma no aplicada en el presente caso, el Artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción d lo Contencioso Administrativo, señala “en lo previsto en esta ley se regirá como supletoria el Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales”, en relación con el Articulo 22 del Código Procesal Civil que expresa: "CARÁCTER SUPLETORIO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL” “El presente código se aplicará supletoriamente cuando no existan disposiciones en las leyes que regulen los procesos penales, contenciosos administrativos y de otra índole procesal”. Igual mención hace el artículo 931 del mismo cuerpo legal, al decir que la remisión a los códigos y leyes de procedimientos civiles o código de Procedimientos Civiles, salvo en materia de jurisdicción voluntaria se entenderá hecha a las normas del Código procesal Civil, Los Magistrados emisores de la sentencia recurrida en Casación infringen y violan flagrantemente al no aplicar el Artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en relación con el Artículo 22 del Código Procesal Civil, donde violentaron las garantías de la defensa, del debido proceso y específicamente el de legalidad con que deben actuar los funcionarios judiciales tutelados por los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. Al establecer en el fundamento de derecho y específicamente en el DECIMO (10), La Corte sentenciadora Expresó: Revisada minuciosamente que ha sido la sentencia venida en apelación. donde la Juez A-quo en la fundamentación de derecho tercero taxativamente motiva: "que mediante el Decreto Ejecutivo número PCM-024-2015, el Presidente de la Republica en Consejo de Ministros, el cual fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 13 de julio del 2012, donde suscribe un CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ÓRGANOS DE LA ÁDMIMSTRACIÓN PÚBLICA PARA LA ASIGNACIÓN DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL ESCUELA, A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), mismo que si bien consta en su artículo DÉCIMO TERCERO, establece que toda persona actual y personal que sea contratado o nombrado a futuro y no ostentara el régimen laboral que ostenta la Universidad respetándole los derechos adquiridos a la fecha de entrada en vigencia de dicho convenio, dado que de conformidad con el convenio, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), únicamente ejerce la fuñican de Direcciona administración y funcionamiento, pero en nombre del PODER EJECUTIVO por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, autoridad con la cual continuaran teniendo la relación de servicio o la relación laboral según corresponda; pero garantizándole mediante dicho convenio que los empleados y funcionario del Hospital Escuela, recibirán el incremento, ajuste anual de sueldos v salarios lo cual se hará mediante transferencia presupuestaria a la UNAH de conformidad con la cláusula cuarta de dicho convenio; en tal sentido ha quedado plenamente establecido en la cláusula antes mencionada, que una vez que entre vigencia el convenio, la conducción decisiones académicas, administración y financiamiento relacionadas con el Hospital escuela PASAN A SER EJECUTADAS POR LA UNIVERSIDAD por los siguientes 15 años la vigencia: por lo cual el acto, administrativo impugnado se encuentra dictado conforme a derecho, en virtud que la autoridad nominadora no infringió el ordenamiento jurídico, al emitir el acto administrativo impugnado. (Siendo el número correcto Decreto Ejecutivo número 024-2012, publicado en el diario oficiar la Gaceta el 13 de julio del año 2012), la norma vigente en lo consistente la Resolución número 040-2013-SS es de fecha 11 de febrero del 2013, emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, mediante el cual se declara sin lugar por improcedente el reclamo administrativo presentado, por la señora PADILLA DURON. Siguió la corte sentenciadora el fundamento de derecho DECIMO PRIMERO (11); también haciendo suyo los fundamentos del Juez de primera Instancia expreso "La Jueza de Letras de lo Contencioso Administrativo refiere de una forma correcta y con un sustento jurídico legal, en cuanto al no reconocimiento del beneficio de antigüedad laboral en concepto de quinquenio, que conforme al Decreto Legislativo número 224-2010 publicado en el diario oficial la Gaceta en fecha 29 de octubre del 2010, en su artículo 3 establece "Dejar en suspenso durante la vigencia de este decreto los Regímenes Económicos establecidos en los diferentes estatutos profesionales! artículo 4 que en el plazo de 90 días se proceda a la negociación con las organizaciones gremiales, con el objetivo de fijar el ajuste al sueldo base de los servidores públicos regulados por leyes especiales o estatutos profesionales de acuerdo a la política salarial general del Estado: en el caso concreto los Microbiólogos y Químicos de Honduras mediante Acta Especial De Acuerdo alcanzado entre el gobierno de la Republica y el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, en fecha 28 de enero del 2011 en su numeral 6 referente al beneficio de antigüedad "Se recomienda hasta 5 años hasta llegar a 20 años de servicio continuo, según corresponda a cada microbiólogo y por cada quinquenio cumplido se pagara LP. 2, 736.90 mensuales "por tales circunstancias NO LE APLICA el reajuste salarial como hez sido la pretensión de esa demanda en base al artículo 62 de la ley del Estatuto del Microbiólogo y Químico Clínico de Honduras; reiterando que se deben respetar El Acta Especial de los acuerdos llegados por los representantes del Poder Ejecutivo y el Colegio de Microbiólogos Y Químicos Clínicos de Honduras, enmarcados en el Decreto Legislativo no 224-2010, publicado en el diario oficial la Gaceta el 29 de octubre del 2010, la cual es aplicada en todos los Microbiólogos que laboran en todas las instituciones del Gobierno Central. En la PARTE DISPOSITIVA de la sentencia recurrida FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por el Abogado Oscar Orlando Sevilla Castro, actuando en su condición de Representante Procesal de la Señora GEOVANNA PADILLA DURON, SEGUNDO: CONFIRMAR sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso -Administrativo, con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central en .fecha 16 de agosto del 2017 y que corre a folios 504 a folio 512, vuelto de la primera pieza de autos. SIN COSTAS Y MANDA: …Notifíquese. Desconociendo que las pretensiones da la demanda son: que declare la ilegalidad nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho, consistente en la Resolución N= 040-2013- SS de fecha 11 de febrero del año 2013 emitida por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud mediante la cual resolvió declarar sin lugar un Reclamo Administrativo. RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACIÓN JURÍDICA INDIVIDUALIZADA y se adopten las medidas necesarias para el pleno restablecimiento entre ellas: que se condene al Estado de Honduras para que haga efectivo el pago adeudado por incrementos salariales o quinquenios cumplidos por la cantidad de Trece Mil Quinientos Veintitrés Lempiras Con Nueve Centavos (L. l 3, 523,09) mensuales a partir del 03 de junio del año 2012, que es cuando empieza el primer año del tercer quinquenio hasta la fecha se ejecuta la sentencia respectiva, ya que a la fecha que presenté el Reclamo administrativo tengo un periodo de tiempo laborado con el Estado de Honduras de 10 años 4 meses, debiéndose aplicar los incentivos por incrementos salariales por año de servicio la tabla número tres (3) del artículo 52 de la Ley Del Estatuto Del Microbiólogo Y Químicos Clínicos En Honduras, que dice que se aplicara un Cuarenta y Cinco por ciento (45%) de Once (11) años de servicio continúo hasta Veinte (20) años, Los que multiplicados en base al salario ordinario de L. 30,051.33 Mensuales que devengaba resulta como cantidad adeudada por incrementos salariales o quinquenio cumplido la cantidad de L, 13,523.09/ los que deberán pagársele mensualmente a partir del 03 de Junio del año 2012.... que es cuando empieza el primer año del tercer quinquenio, hasta la fecha que se haga efectivo dicho incremento salarial por concepto de quinquenio cumplido y pago de ajustes salariales por la cantidad de NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTISÉIS CENTAVOS (L. 9,364.26) a partir del mes de Septiembre del año 2011, hasta la fecha que se ejecute la sentencia respectiva en vista que desde el mes de Junio del año 2011 hasta el mes de Agosto del año 2011, de acuerdo a los comprobantes de pago devengaba un salario mensual L. 37,170.63, Mensuales, lo que ya estaba presupuestado. Pero resulta que de forma arbitraria a partir del mes de septiembre del año 2011, hasta la fecha actual le disminuyeron su salario a la cantidad de L. 27,806.37, desconociendo la Autoridad nominadora que los derechos sociales o derechos establecidos en ley no pueden ir en detrimento de las personas interesadas tal como ocurrió en el presente caso de autos,- Más el pago de intereses comerciales sobre la cuantía que resulte los que deberán ser calculados desde la fecha que le corresponde dicho ajuste hasta que se haga efectivo el pago adeudado por concepto de quinquenios cumplidos.- Tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley Del Estatuto Del Microbiólogo Y Químicos Clínicos En Honduras.- Y pago de costas. Es preciso mencionar que la Administración Publica es una expresión del poder público que se ejerce por medio de actos que concretan la voluntad del estado los que en forma directa o indirecta afectan la esfera jurídica de los particulares por lo que a través de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se pretende se respete el principio de legalidad en cada decisión que emitan los órganos de la Administración Publica, mediante las potestades previsoras y sancionadoras de la jurisdicción contenciosa administrativa, respetando las peticiones concretas que las partes formulan ante esa jurisdicción en la cual la participación de las partes no se limita solo a la primer instancia, tienen también derecho a peticionar ante los órganos superiores, en vía de recurso, la tutela efectiva de sus derechos, si consideran que la resolución judicial le causa directa o indirectamente un perjuicio, en el caso de autos y revisadas las diligencias del mismo se puede apreciar que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones sentenciadora, se limita a hechos que se suscitaron durante el juicio, sin tomar en cuenta la motivación y congruencia como requisitos esenciales que exige el Código Procesal Civil. esto por ser una exigencia que responde a diversas finalidades que incluye la facultad de decidir en equidad garantizando la función de la ley como única fuente de derecho, y del Juez como agente ejecutor de la misma sumando como premisa mayor la norma vigente estableciendo su sentido tanto en el supuesto de hecho como en la consecuencia jurídica a través de las técnicas de interpretación dentro del marco de la ley que sea compatible con estado democrático de derecho inmerso en los principios de legalidad, seguridad jurídica, así como en la equidad, constituyendo así el enlace entre la independencia judicial y el principio de legalidad, por lo que hay que tener en cuenta que el derecho a la tutela judicial efectiva junto con las función del control, exigen que la motivación persiga también la confianza de los ciudadanos en la justicia, en cuanto expresa las razones que el órgano judicial ha tenido en cuenta para decidir en la forma que lo hizo, y la carencia o falta del mismo impide que ese tribunal de alzada pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto en litigio, más aun si no resuelve la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, motivación que debe de relacionar el vínculo de esos hechos con la norma jurídica aplicado hasta fundamentar apreciando los puntos de derecho fijados por las partes, dando las razones y fundamentos legales que estimen procedentes para el fallo que haya de dictarse, lo que conlleva a una sentencia sin fundamentación que ayude a ese Tribunal de alzada a pronunciarse sobre la procedencia o no de los mismos, en consecuencia la sentencia emitida por la Corre sentenciadora en fecha 30 de enero del 2020 incurre en vicios de nulidad por carecer de congruencia y motivación ordenando en forma pronta, tomando en cuenta las exigencias que establece el Código procesal Civil. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA MEDIANTELA PRESENTE CAUSAL DE CASACION. Al pronunciarse la sentencia recurrida resulta contradictoria e incongruente que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo sostenga en el fundamento de derecho CUARTO (4), sostenga que el control contencioso administrativo permite revisar en vía judicial la legalidad de la actividad administrativa tutelando paralelamente los derechos e intereses legítimos de los particulares en el marco de su relación con la administración respetando el principio de legalidad en cada decisión que emitan los órganos de la administración pública, mediante las potestades revisoras y sancionadoras de la jurisdicción contencioso administrativa respetando las peticiones concretas que las partes formulan ante esta jurisdicción, en la cual la participación de las partes no se limita solo la primera instancia tienen también derecho a peticionar ante los órganos superiores en vía de recurso la tutela efectiva de sus derechos si consideran que la resolución judicial le causa directa o indirectamente un perjuicio, lo anterior le permite revisar las diligencias de mérito en segunda instancia mediante vía recurso de apelación acorde a lo establecido en el artículo 303 numeral 3 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República, Que la Corte sentenciadora al fundamentar la sentencia que ahora es objeto del Recurso de Casación estaba en la obligación de hacer sus fundamentos de acuerdo a la jerarquía de las leyes; empezando con la Constitución de la Republica la que en su Artículo 64 señala "No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyan, restrinjan o tergiversen. " El Articulo 70 de la constitución párrafo tercero dispone "Ningún servicio personal es exigible, ni deberá prestarse gratuitamente, si no en virtud de ley, o sentencia fundada en la ley. Así también el Articulo 128 de la misma Constitución, preceptúa: "Las leyes que rigen la relaciones entre patrono y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías. En su numeral 3 se refiere. (A trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicios sean también iguales. Así también en numeral 4 señala "Los créditos a favor de los trabajadores por salario, indemnización y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados de conformidad con la ley. Y en el Artículo 320 de la Constitución de la Republica establece "En casos de incompatibilidad entre una norma Constitucional una legal ordinaria, se aplicará la primera. "Por lo tanto, en el presente caso la Ley Del Estatuto Del Microbiólogo Y Químicos Clínicos En Honduras, en su artículo 1 establece que regula las relaciones de trabajo entre los Microbiólogos y Químicos Clínicos y las personas naturales o jurídicas, de derecho público privado que contrate sus servicios profesionales considerando las peculiaridades propias de su profesión. Así mismo en la antes referida ley en su artículo 62 preceptúa "Créanse incentivos automáticos en favor del profesional que presta servicios, los cuales deberán contemplarse en toda clasificación de puestos y salarios en relación a la antigüedad y eficiencia.- los incentivos para incrementos salariales por año de servicio se reconocerán a través de una escala progresiva según tiempo laborado hasta reconocimiento de veinte (20) años consecutivos según la tabla siguientes: 1.- Quince por ciento (15%) de menos de un (1) año de servicio continúo hasta cinco (5) años. 2.- Treinta por ciento (30%) de seis (6) años de servicio continúo hasta diez (10) años. 3.- Cuarenta y Cinco por ciento (45%) de Once (11) años de servicio continúo hasta Veinte (20) años. 4. Sesenta por ciemo (60%) de Dieciséis (16) años de servicio continúo hasta Veinte (20) años. Estos beneficios se aplicarán treinta (30) días después de estar en vigencia la presente ley. También en las disposiciones finales transitorias de la Ley Del Estatuto Del Microbiólogo Y Químicos Clínicos En Honduras, en su artículo 69 literalmente dice: “La antigüedad laboral del profesional con anterioridad a la entrada en vigencia a este Estatuto, será contada a partir de su nombramiento a la fecha en que inicio la prestación del Servicio Profesional". PROCEDENCIA DE LA DECLARACION DEL ALCANCE DEL RECURSO POR HABER VIOLAC1ON LAS REGLAS PROCESALES DURANTE LA SUSTANCIACION DEL JCICIO. La recurrida no se encuentra dictada de confinidad a derecho porque al dictar dicha sentencia los fundamentos de derecho utilizados por la Corte sentenciadora para motivar su sentencia que ahora es objeto de Casación son los siguientes: El Decreto Ejecutivo N0 PCM-024-2012, el cual fue publicado el Diario Oficial la Gaceta en fecha 13 de julio del 2012 el que contiene UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ORGANOS DE LA ADMINISTRACIÖV PUBLICA PARA LA ASIGNÅCION DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL-ESCUELA, A LA UNIVERSIDAD NACIONÅL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), mismo en el cual consta en su Artículo DECIMO TERCERO. Que todo personal actual y el personal que sea contratado o nombrado a futuro, no ostentará el régimen laboral que ostenta la universidad respetándoles los derechos adquiridos a la fecha de entrada en vigencia de dicho convenio dado que de conformidad con el convenio la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), inicialmente ejerce las funciones de dirección, administración, funcionamiento, pero en nombre del Poder Ejecutivo por medio de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, autoridad con la cual continuara teniendo la relación de servicio o la relación laboral según corresponda; pero garantizándose mediante dicho convenio que los empleados y funcionarios del Hospital Escuela recibirán el incremento por ajuste anual de sueldos y salarios, lo cual se hará mediante transferencia presupuestaria a la UNAH, de conformidad con la CLAUSULA CUARTA de dicho convenio; pero la Corte sentenciadora con este fundamento de derecho vuelve incongruente su sentencia al expresar que el acto administrativo impugnado se encuentra dictado conforme a derecho, en virtud que la autoridad nominadora no infringió el ordenamiento jurídico al emitir el acto administrativo impugnado, aun sabiendo que la relación de servicio entre la Señora Geovanna Padilla Durón y el Estado de Honduras es a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud sigue vigente hasta la fecha actual. Porque en ninguno de sus apartados el convenio interinstitucional ha dicho que la relación de trabajo de mi representada va hacer con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a partir de la vigencia del convenio antes citado. Así mismo se fundamentó también con el decreto legislativo No 224-2010 publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 29 de octubre del 2010, en el cual se establece en su artículo 3 dejar en suspenso durante la vigencia de este decreto los regímenes económicos establecidos en los diferentes estatutos profesionales ordenando en el artículo 4 del mismo decreto legislativo que en el plazo de 90 días se proceda a la negociación con las organizaciones gremiales con el objeto de fijar el ajuste a sueldos bases de los servidores públicos regulados por leyes especiales o estatutos profesionales de acuerdo a la política salaria general del Estado, como sería el caso de los Microbiólogos cuyos ajustes salariales se encuentran regulados en la Ley Del Estatuto Del Microbiólogo Y Químicos Clínicos En Honduras, tal como está establecido en su artículo 62. En el presente caso la Juzgadora también ignoró que este Decreto Legislativo No 224-2010 su vigencia era provisional el que a la fecha ya no tiene vigencia. Y en consecuencia dichas normas no son aplicables por la retroactividad de la ley, tal como lo establece el Artículo 96 de la Constitución' de la República» que literalmente dice: "LA LEY NO TIENE EFECTO RETROACTIVO, EXCEPTO EN MATERIA PENAL CUANDO LA NUEVA LEY FAVOREZCA AL DELINCUENTE O PROCESADO", lo que quiere decir es que toda persona tiene derecho a la no retroactividad de la ley salvo en materia penal. En consecuencia, las leyes nuevas no se aplican a hechos anteriores en PRO de la seguridad jurídica, Sin embargo, por razones de humanidad se hace una excepción en materia penal. También se fundamentó con un acuerdo que fue alcanzado con el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, mediante acta especial de fecha veintiocho (28) de enero del 2011. (Ver folio 458 de autos), en el cual en numeral 6 se convino que el beneficio de antigüedad laboral se reconocerá cada cinco (5) años hasta llegar a los veinte (20) años de servicios continuos, según corresponda a cada Microbiólogo y por cada quinquenio cumplido se pagara la cantidad de dos mil setecientos treinta y seis lempiras con noventa centavos (Lps. 2, 735.90) mensuales. De igual forma consta como medio de prueba de tipo documental aportados por la parte demandante, los oficios Números OFC16-CMQCH-2012, OFC-163-CMQCH-2012, y OFC-160-CMQCH-201Z de fechas 13 de febrero, 18 de septiembre y 24 de septiembre del 2012, respectivamente, enviados por la presidencia del Colegio de Microbiólogos y Químicos de Honduras, en vista que a esa .fecha (2012), no se había aplicado el reajuste a ciertos agremiados de su colegio Profesional, entre los cuales figuraba la hoy demandante. De lo que se puede apreciar que si la Juzgadora de primera instancia y segunda instancia estaban en la obligación de fundamentarse con la jerarquía de las leyes se pudo dar cuenta que el Decreto Ejecutivo No PCM-024-2012, el cual fue publicado el Diario Oficial la Gaceta en fecha 13 de julio del 2012; y el Decreto Legislativo No 224-2010 su vigencia era provisional el que a la fecha ya no tiene vigencia. Así como también el acuerdo que fue alcanzado con el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, mediante acta especial de fecha veintiocho (28) de enero del 2011, no estando por encima de la Constitución de la República, la Ley Del Estatuto Del Microbiólogo Y Químicos Clínicos En Honduras, ya que esta es la ley especial que regula la relación de trabajo de los Microbiólogos y Químicos de Honduras. Y además como norma También está establecida que cuando hay un conflicto dé leyes entre una ley general una especial prevalece la especial.- Ya que con el fin de no dejar al libre albedrío o capricho de los rectores de las entidades públicas centralizadas, y aplicando el concepto jurídico doctrinario "PRO INDUVIO OPERARIO, PRO INDUVIO LABORATI", en el sentido de que cuando haya conflicto de normas o no exista claridad, se aplicará lo que más favorezca al trabajador.”
III. Que para este pleno el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) No indica con claridad y precisión, si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. expresa aplicación e interpretación lo que constituye un defecto al invocar dos formas distintas de violar la Ley en un mismo motivo: b) Insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral l) del Código Procesal Civil; y, c) El ataque al fallo ha sido conforme el precepto autorizante que cita por normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; sin embargo, en la explicación hace referencia a aspectos de índole procesal, lo cual constituye de igual manera falta de precisión en el cargo, constituyendo alegaciones propias de instancia.
IV. Que el recurrente en un segundo motivo arguye: QUE LA SEGUNDA CAUSA DE CASACION: CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN E INTERPRETCION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA. Esta causal se sustenta en el artículo 719.1 letra c) del Código Procesal Civil, que dice: Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. La presente impugnación es por la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia.- Señalando como la Norma 770 aplicada en el presente caso, el Articulo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, señala "En lo no previsto en esta ley se regirá como supletoria el Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales", en relación con el Artículo 22 del Código Procesal Civil que expresa: "CARÁCTER SUPLETORIO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL" "El presente código se aplicara supletoriamente cuando no existan disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contenciosos administrativos, laborales y de otra índole procesal". Igual mención hace el Artículo 931 del mismo cuerpo legal, al decir que la remisión a los códigos y leyes de procedimientos civiles o códigos de procedimientos civiles, salvo en materia de jurisdicción voluntaria se entenderá hecha a las normas del Código Procesal Civil. Que la Corte de apelaciones al dictar la sentencia definitiva de fecha 30 de enero del año 2020 se puede apreciar que los fundamentos que utilizo como motivación hizo suyo los fundamentos del Juzgador de primera instancia de lo que se puede apreciar son totalmente improcedentes porque solamente ha hecho una relación de los antecedentes de hechos que surgieron en vía administrativa y en el desarrollo del juicio en el juzgado, quedando claro que toda sentencia debe contener los requisitos formales, y en la motivación de la misma, tal como lo establece el artículo 207 del Código Procesal Civil, dice: "1 Las sentencias se motivaran expresando [os razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. 2.- La motivación deberá incidir en los distintos elementos factico y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. “La obligación de motivar la sentencia es una exigencia ineludible del derecho a obtener una tutela judicial efectiva. Solo mediante la adecuada motivación puede el ciudadano controlar que la decisión judicial no ha sido arbitraria, si no que se encuentra basada en una aplicación lógica y razonable del derecho. No obstante, tal derecho no implica la obligación del Juez, de dar una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, si no que basta que se desestimen las pretensiones de forma razonada y motivada, Basta con que a través de la motivación pueda conocerse cual han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión, sin que pueda hablarse por tanto de un derecho esencial del justiciable a una determinada extensión de la motivación judicial, Se puede observar, que en el presente fallo y que ahora es objeto de apelación al motivar la misma se puede apreciar que los fundamentos de derecho no existen ningún criterio jurídico esencial para fundamentar la decisión que ella tomó en dicho fallo. Ya que en roda sentencia es un requisito indispensable que los FUNDAMENTOS DE DERECHO. Debe de hacerse en párrafos numerados y separados y el juez debe explicar las razones y fundamentos jurídicos en los que va apoyar su decisión sobre la controversia, siendo la parte más importante de la sentencia, junto con el fallo. Lo que estableció fueron antecedente de hecho, Por lo tanto, la sentencias no solo ha de resolver, todas las cuestiones planteadas en el proceso si no que además debe resolver "SOLO" las planteadas. Debe ceñirse a lo que ha sido objeto de debate, siendo congruente con lo que las partes han querido someter a su decisión, Así lo establece el artículo 208.1 del Código Procesal Civil, que expresamente exige que las sentencias han de ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones oportunamente deducidas en el pleito. El apartado 2 de este precepto, por su parte, prescribe que “En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo y decidiendo todos los puntos litigiosos que han sido objeto de debate.” Lo que no ha sucedido en el presente caso de autos. INCIDECIA DE LA INFRACCIION QUE AFECTA LA RESOLUCION IMPUGNADA MEDIANTE LA PRESENTE CAUSAL DE CASACION. Al pronunciarse la sentencia recurrida resulta contradictorio e incongruente que el Juzgado de letras de lo Contencioso administrativo al dictar la sentencia de fecha 16 de agosto del 2017 en su fundamento de derecho TERCERO (3) Expresó que analizados que fueron los medios de prueba aportados por la parte demandante así como el estudio del expediente administrativo en su conjunto. se aprecia lo siguiente: Que si bien es cierto y está acreditado en juicio que la parte demandante inicio su relación laboral con el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud asignada al Hospital Escuela Universitario. No es menos cierto que mediante Decreto Ejecutivo número PCM-024-2012, el Presidente de la Republica en Consejo de Ministros, el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 13 de julio del 2012 suscribe UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA ASIGNACIÓN DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL ESCUELA, A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), mismo en cual si bien consta en Articulo DÉCIMO TERCERO, establece que todo personal actual y el personal que sea contratado o nombrado a futuro, no ostentara el régimen laboral que ostenta la universidad respetándoles los derechos adquiridos a la fecha de entrada en vigencia de dicho convenio dado que de conformidad con el convenio, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) únicamente ejerce la funciones de dirección, administración y funcionamiento, pero en nombre del poder ejecutivo por medio de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, autoridad con la cual continuará teniendo relación de servicio o la relación laboral según corresponda; pero garantizándose mediante dicho convenio que los empleados y funcionarios del Hospital Escuela recibirán el incremento por ajuste anual de sueldos o salarios lo cual se hará mediante transferencia presupuestaria a la UNAH de conformidad con la CLÁUSULA CUARTA de dicho convenio; en tal sentido ha quedado plenamente establecido en la cláusula antes mencionada, que una vez que entre en vigencia el convenio, la conducción, decisiones académicas administración y financieras relacionadas con el Hospital Escuela, PASARA A SER EJECUTADA POR LÁ UNIVERSIDAD, POR LOS SIGUIENTES 15 AÑOS DESDE SU VIGENCIA; Por el cual el acto administrativo impugnado se encuentra dictado conforme a derecho, en virtud que la autoridad nominadora no infringió el ordenamiento jurídico al emitir el acto administrativo impugnado. Por extensión la Corte sentenciadora haciendo suyo los mismos fundamentos de derecho del Juez de primera instancia, en la sentencia de fecha 30 de enero del 2020 que es objeto del presente Recurso de Casación donde en su motivación se desconoció totalmente que las leyes que forman parte de nuestro derecho positivo al ser aplicadas por los Jueces y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la impartición o administración de la justicia ordinaria, deben serlo desde un escenario sistemático y no de manera aislada, es decir, se deben de aplicar observando siempre la jerarquía normativa y demás leyes aplicables al caso concreto. En la senda de lo dicho y en aplicación del PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, carta magna señala en su artículo 70 que ningún servicio personal es exigible, ni deberá prestarse gratuitamente, sino en virtud de ley o sentencia fundada en ley, En el presente caso, LA SENTENCIA DEFINITIVA y que es objeto del Recurso de casación, colisionan de manera ineludible con este precepto del artículo 70 constitucional. En tanto aceptar que por una simple Acta Especial del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la Republica y Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, de fecha 28 de enero del año 2011, que utilizó como fundamento legal el Juez de primera instancia para declarar improcedente la acción incoada por la ciudadana GEOVANNA PADILLA DURON aun estando probado en juicio que dicha disposición gubernativa es arbitraria y violenta los derechos adquiridos de mi representada, por no ser congruentes con el espíritu y alcance de la norma que regula tal concepto en el artículo 62 de la Ley Del Estatuto Del Microbiólogo Y Químicos Clínicos En Honduras. Además, dicha ACTA ESPECIAL no constituye ninguna lev ni disposición legal que se haya elevado a acuerdo Ejecutivo que está autorizada la autoridad nominadora de la Secretaria de Estado en los Despachos De Salud. Ni consta que se haya publicado en el Diario oficial "La Gaceta" para que pudiera tener vigencia p aplicación la misma. Tomando en cuenta lo anterior y ante la colisión normativa apuntada, el PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, consagrado en el artículo 320 de nuestra Constitución, resuelve el choque señalando que en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal ordinaria se aplicara la primera, por lo dicho, es aplicable entonces la norma del artículo 70 constitucional en el sentido de que la remuneración salarial a que la demandante tiene derecho por el trabajo prestado en la administración pública. Que de igual manera la Constitución de la República señala en su artículo 96 Que la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado" Tomando en cuenta lo señalado y utilizando siempre el PRINCIPIO DE SUPREMACIA CONSTITUCIONAL, de irretroactividad de la ley y de legalidad, aceptar como validad la ACTA ESPECIAL mediante la cual se fundamentó el juez de primera y segunda instancia para declarar improcedente la acción del presente juicio, sin establecer párrafo enumerados y separados donde debió explicar las razones y fundamentos jurídicos en los que va apoyar su decisión sobre la controversia, siendo esta la parte más importante de la sentencia junto con el fallo. Aun sabiendo que el derecho peticionado está reconocido por la Ley Del Estatuto Del Microbiólogo Y Químicos Clínicos En Honduras, que su vigencia es antes de la Acta Especial del Acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la Republica y Colegio de Microbiólogos Químicos Clínicos de Honduras de fecha 28 de enero del año 2011. Lo que conlleva violentar estos principios que rigen el ámbito del derecho general. PROCEDENCIA DE LA DECLARACION DEL ALCAIVCE DEL RECURSO POR HABER VIOLACION A LAS REGLAS PROCESALES DURANTE LA SUSTANCIACION DEL JUICIO. La sentencia recurrida no se encuentra dictada de conformidad a derecho porque al dictar dicha sentencia los fundamentos de derecho utilizados por la corte sentenciadora para motivar su sentencia que ahora es objeto de Casación son los siguientes: Que es de suma importancia destacar que dentro de la prevalencia y jerarquía jurídica prevalecen las disposiciones Constitucionales sobre las demás leyes de la República y esta jerarquía jurídica está contemplada en el Articulo 7. De la Ley General de la Administración Pública. Que señala lo siguiente: Los actos de la administración pública deberán ajustarse a la siguiente jerarquía normativa. 1) La Constitución de la Republica, 2) Los Tratados Internacionales rarificados por Honduras, 3) La Ley General de la Administración Pública, 4) Las Leyes Administrativas Especiales, 5) Las Leyes Especiales y Generales vigentes en la Republica, 6) Los Reglamentos que se emitan para la aplicación de las leyes 7) Los demás Reglamentos Generales o Espéciales, 8) La Jurisprudencia administrativa y 9) Los principios generales del derecho Público. Así también el Artículo 8 de la antes citada ley también preceptúa que "Los órganos y entidades de la administración no podrán: 1. Vulnerar, mediante actos de carácter general o particular, las disposiciones dictadas por un órgano de grado superior, 2... 3. Reconocer, Declarar o limitar derechos de los particulares, si no tienen atribuida por ley tales potestades, y 4. Ejecutar actos que disminuyan restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la República", Y este último numeral se relaciona con el Artículo 64 de la Constitución de la República que literalmente dice: "No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regalen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si las disminuyen, restringen o tergiversan. Que nadie puede ser juzgado si no por Juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Que los servidores del Estado, no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley; todo acto que ejecute fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad responsables legalmente por su conducta oficial sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Que en el presente caso de autos a mi representada como parte demandante se le está violentando el acceso a la justicia como un derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta completa e imparcial. Los actos procesales serán nulos, entre otros casos, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión. Por lo que de conformidad al Principio Dispositivo esa segunda instancia podrá deducir en relación con los pronunciamientos que es objeto del recurso de apelación y que están vinculados por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación, no obstante a lo anterior y de conformidad a la ley deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables en la sentencia definitiva de fecha 30 de mayo del año 2016, denunciados por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso y en consecuencia revocar o anular la sentencia recurrida a efecto de que ese tribunal de alzada proceda de conformidad a derecho.
V. Que el anterior cargo no resulta atendible por las siguientes consideraciones: a) No indica con claridad y precisión, si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, expresa aplicación e interpretación lo que constituye un defecto al invocar dos formas distintas de violar la Ley en un mismo motivo; b) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral l) del Código Procesal Civil; c) Se acusa a la sentencia por defectos en su "contenido y forma", resultando confuso, ya que no las específica, dado que la forma y el contenido en las sentencia están reguladas por distintas disposiciones del Código Procesal Civil, no obstante ser defectos formales en términos generales; y d) En el desarrollo se alude a situaciones de fondo lo que hace que el cargo resulte confuso e impreciso, a razón del precepto autorizante en que se sustenta el motivo.
VI. Que se solicitó nulidad subsidiaria en la forma siguiente: "Que la solicitud de Nulidad de Actuaciones de la resolución impugnada consiste en la sentencia de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a nivel Nacional, desconoció que la Administración Pública es una expresión del poder público que se ejerce por medio de actos que concretan la voluntad del Estado los que en forma directa o indirecta afectan la esfera jurídica de los particulares por lo que a través de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se pretende se respete el principio de legalidad en cada decisión que emitan los órganos de la Administración Publica, mediante las potestades previsoras y sancionadoras de la jurisdicción contenciosa administrativa, respetando las peticiones concretas que las partes formulan ante esa jurisdicción en la cual la participación de las partes no se limita solo a la primer instancia, tienen también derecho a peticionar ante los órganos superiores, en vía de recurso, la tutela efectiva de sus derechos, si consideran que la resolución judicial le causa directa o indirectamente un perjuicio, en el caso de autos y revisadas las diligencias del mismo se puede apreciar que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones sentenciadora, se limita a hechos que se suscitaron durante el juicio, sin tomar en cuenta la motivación y congruencia como requisitos esenciales que exige el Código Procesal Civil, esto por ser una exigencia que responde a diversas finalidades que incluye la facultad de decidir en equidad garantizando la función de la ley como única fuente de derecho, y del Juez como agente ejecutor de la misma, sumando como premisa mayor la norma vigente y estableciendo su sentido tamo en el supuesto de hecho como en la consecuencia jurídica a través de las técnicas de interpretación dentro del marco de la ley que sea compatible con un estado democrático de derecho inmerso en los principios de legalidad seguridad jurídica, así como en la equidad, constituyendo así el enlace entre la independencia judicial y el principio de legalidad por lo que hay que tener en cuenta que el derecho que la tutela judicial efectiva junto con las funciones del control exigen que la motivación persiga también la confianza de los ciudadanos en la justicia, en cuanto expresa las razones que el órgano judicial ha tenido en cuenta para decidir en la forma que lo hizo, y la carencia o falta del mismo impide que ese tribunal de alzada pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto en litigio, más aun si no resuelve la cuestión litigiosa con arreglo a derecho. motivación que debe de relacionar el vínculo de esos hechos con la horma jurídica aplicado hasta fundamentar apreciando los puntos de derecho fijados por las partes, dando las razones fundamentos legales que estimen procedentes para el fallo que haya de dictarse, lo que conlleva a una sentencia sin fundamentación que ayude a ese Tribunal de Alzada a pronunciarse sobre la procedencia no de los mismos, en consecuencia la sentencia emitida por la corte sentenciadora en fecha 30 de enero del 2020, incurre en vicios de nulidad por carecer de congruencia y motivación ordenado en forma pronta, tomando en cuenta las exigencias que establece el Código procesal Civil. La Corte de Apelaciones como juzgadora de segunda instancia está en la obligación de dictar sentencia de acuerdo a las pretensiones de la demanda las que deben ser satisfechas procesalmente y estas se producen en la sentencia. Que la presente nulidad se fundamenta en las disposiciones legales siguientes: a.- No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan. (Artículo 64 de la Constitución de la Republica.) b.- Que nadie puede ser juzgado si no por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. (Artículo 90 de la Constitución de la Republica.) c.- Que los Servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo auto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad responsable legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. (Artículo 321 de la constitución de la Republica.) d.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la Tutela Jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- Que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la administración pública; sujetos al derecho administrativa debiendo juzgar los asuntos dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes, y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y oposición. f.- Que los actos procesales serán nulos, entre otros casos, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento siempre que, por esa causa se haya producido indefensión. g.- Que de conformidad con el principio dispositivo ese Tribunal de Casación podrá decidir en relación con los pronunciamientos que ha sido recurridos por las partes, y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente en su caso por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad a la Ley puede entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación en interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. Que por las razones y consideraciones jurídicas antes relacionada, es procedente que ese Tribunal de casación proceda anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda a dictar otra sentencia de conformidad a derecho”.
VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A-quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.
VIII. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.
IX. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y desestimar la petición de nulidad subsidiaria del fallo expuesta extemporáneamente por el representante procesal recurrido, así como la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.
POR TANTO: El Pleno de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras: en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8. l, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral l), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 214 numeral 3), 700, 701 numeral l), 716, 717, 719, 720, numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACION en sus dos motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de nulidad subsidiaria solicitada. 3) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos consiguientes. NOTIFIQUESE.
Expediente: S.L 110-2021