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Sentencia CA-106-21 — Registro 13774

Resumen

Se casa la sentencia recurrida, declarando improcedente la acción incoada por el recurrido por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."se alega  también, que en el presente caso rige, por “analogía” la ley de Servicio Civil, tal apreciación resulta desacertada, ya que dicho concepto se refiere a la aplicación de normas semejantes de una misma Ley, no a la aplicación de normas de otro cuerpo legal, en los caso no previstos. Sin embargo, es importante mencionar, que la ley que regula el régimen de despido de los miembros de la policía es la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras Decreto 67-2008 de fecha 31 de octubre del 2008) y 129 y sus reformas Decreto 202-2012 de fecha 22 de diciembre del 2012. Además, los miembros de la Policía Nacional de Honduras, expresamente están excluidos del Régimen de Servicio Civil (artículo 3 literal i) de la citada Ley; y d) Igualmente resulta desacreditado lo aducido en relación que en el expediente Personal no consta ningún tipo de sanción o levantamiento de audiencia de descargo, ya que existe constancia en el Expediente Administrativo del récord disciplinario, del demandante de las sanciones que se impusieren en su oportunidad..."

Legislación citada

  • Ley del Servicio Civil, art. 3, literal i (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS, y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada ALEJANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES; y Recurrido: señor SIXTO PEDRO TORRES FLORES, representados en juicio por el Abogado JOSÉ MANUEL CARDONA FIGUEROA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia personal para que se declare la nulidad y por ende la nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no haber sido dictado conforme a derecho, que se reconozca la situación jurídica individualizada derivada del quebrantamiento del procedimiento administrativo por ser injusta e ilegal la cancelación de su nombramiento en el cargo de policía, y para el pleno restablecimiento de sus derechos se adopten las medidas necesarias para que se le reconozcan y pague todos los beneficios que por el cargo policial le corresponde con el incremento de aumentos salariales más los salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, por el señor SIXTO PEDRO TORRES FLORES, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante señaló en el escrito de su demanda que mediante Acuerdo número DGPP 5160-1998 de fecha 01 de septiembre de 1998, se le nombró en el cargo de Policía, asignado al escuadrón Metropolitano 01, de la Dirección Nacional de Transito Dependencia de la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad, expresó que durante más de 17 años que laboró como Servidor Público, cumplió las misiones asignadas con gran eficiencia, dedicación y responsabilidad, acatando todas las ordenes que le impartían sus superiores inmediatos, guardando la discreción acerca de los asuntos relacionados con su desempeño y brindando en todo momento un respetuoso y cordial trato a los ciudadanos, por lo que en su expediente Personal no consta ningún tipo de sanción o levantamiento de audiencia de descargo. Mediante el oficio SEDS-SC-1405-2016 de fecha 1 de junio del 2016, mismo que contenía la transcripción literal del acuerdo número 1242-2016, de fecha 26 de mayo del 2016, se le canceló sin que mediara causa justificada por el supuesto abandono de trabajo por 3 días consecutivos en un mes, ya que el demandante señaló que se le autorizó el goce de sus vacaciones a partir del 8 de febrero al 18 de marzo del 2016, en su petición consignó que era por motivos de enfermedad terminal de su padre, pero el 21 de febrero del 2016 tuvo lugar el fallecimiento de su padre, encontrándose en el goce de sus vacaciones, la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, Decreto 67-2008 de fecha 12 de junio 2008, publicado en el Diario Oficial de la Republica La Gaceta número 31,749 del 31 de octubre del 2008, que regula la organización y funcionamiento de la Policía Nacional de Honduras, en su artículo 107 determina que los miembros de la Policía Nacional gozan de todos los beneficios laborales que gozan los servidores públicos, existiendo la Ley de Servicio Civil y su Reglamento como instrumentos jurídicos reconocidos en la Constitución de la Republica de Honduras como un régimen que regula las relaciones de empleo y función pública entre el Estado y sus servidores, y que se deberá aplicarse por analogía a los miembros de la Policía Nacional en cuanto a lo no establecido en dicha Ley por no haberse emitido aún la Ley Especial de Personal de la Carrera Policial, siendo así que le asistía el derecho a gozar de licencia remunerada por duelo que son 9 días, y a pesar del lamentable hecho una vez finalizado su periodo de vacaciones el 18 de marzo del 2016, se presentó a su centro de trabajo y la autoridad le informó en ese mismo acto que se encontraba despedido, pero fue hasta el 1 de junio del 2016 que la autoridad le notificó su acuerdo de cancelación el cual fue efectivo a partir del 26 de marzo del 2016, sobre dicha irregularidad consideró que operó la prescripción de la acción sancionadora a que tendría derecho la autoridad nominadora, en vista que tuvo expedito un término dentro del cual jurídicamente debieron sancionarlo y no se practicó dicha acción, por ello el acto que impugnó era contrario a derecho al no observarse los procedimientos legalmente establecidos en la misma Ley Orgánica de la Policía ni en la Constitución de la Republica, que dan el legítimo derecho a la defensa y el respeto al principio de inocencia, puesto que no se celebró audiencia de descargo donde pudiera defenderse violentando normas fundamentales que están garantizadas en la Constitución de la República en los instrumentos jurídicos que velan por los Derechos Humanos que han sido suscritos y ratificados por el Estado de Honduras, constituyéndose en Ley Interna de observancia obligatoria, por lo anterior consideró que el acto administrativo debía ser nulo por carecer de eficacia jurídica.- 2.- La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda argumentando que aceptó el hecho primero y segundo de la demanda, en cuanto al hecho tercero lo aceptó parcialmente en virtud que al realizar una revisión minuciosa del expediente personal del demandante encontró los récords disciplinarios siguientes, acción de Personal No.0650-2004 de fecha 05 de agosto del 2004, por violentar los principios de disciplina y jerarquía, sanción aplicada: suspensión del permiso de salida por el termino de 8 días, informe de fecha 03 de abril del 2011, por supuesto robo a mano armada, sanción aplicada: carta de libertad, en virtud de haber concedido beneficio de Reo sin condena, informe de fecha 02 de agosto del 2006, por quedarse faltista por el termino de 24:00 horas, informe de fecha 20 de junio del 2006, por quedarse faltista por el termino de 72:00 horas, informe de fecha 16 de junio del 2008, por múltiples denuncias en su contra realizadas en Taulabé, Comayagua, informe de fecha 26 de agosto del 2008, por quedarse faltista por el termino de 72:00 horas, informe de fecha 17 de febrero del 2016, por suponerlo responsable de robo en perjuicio de la Ciudadana Yensy Jesis Sánchez Amador, en ese sentido expresó ser evidente que el hecho tercero de la demanda es parcialmente falso en cuanto a no tener correcciones disciplinarias, rechazó el hecho cuarto de la demanda ya que si bien es cierto el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras contenida en el Decreto 67- 2008 de fecha 12 de Junio del 2008, dispone que los miembros de la Policía Nacional gozarán de todos los beneficios laborales que gozan los servidores públicos, pero el demandante omitió parte del artículo que establece que serán regulados en la Ley Especial de Personal de la Carrera Policial, siendo ésta una Ley Especial y exclusiva para los miembros de la Carrera Policial, además mencionó que la Ley de Servicio Civil y su Reglamento excluyen al demandante de conformidad al artículo 3 inciso i) que establece: "Las disposiciones de la Ley de Servicio Civil no serán aplicables a: a) ... b) ... c) ... d) ... e) ... f) ... g) ... h) ... i) Militares en servicio activo así como al personal de la Oficina de Seguridad Pública", pues se rigen por una Ley Especial vigente contenida en el Decreto 67-2008, en cuanto al hecho quinto el demandante mencionó un derecho del cual no hizo uso y que además fundamentó en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, pero la citada Ley lo excluye por encontrase comprendido en una Ley Especial, ya que el motivo o causa de la cancelación por despido fue en virtud del abandono del cargo los días 24, 25, y 26 de Marzo del presente año, acumulando así 3 días consecutivos en un mes, sin que mediara causa justificada, no encontrándose en el goce de sus vacaciones, ya que el abandono del cargo se produjo estando en funciones normales no de vacaciones, además fue hasta el 1 de junio del 2016 que la Autoridad Nominadora le notificó su acuerdo de cancelación. Sobre la prescripción alegada, en fecha 28 de Marzo del 2016, se informó al señor Director Nacional de Transito Sub Comisionado de Policía de las ausencias del demandante y hasta en fecha 11 de Mayo del 2016, se remitió el expediente administrativo original al Director General de la Policía Nacional General Director, según Oficio D.N.T.R.H.(S.D.) No. 0267-2016, de donde se desprende que hasta en dicha fecha la Autoridad Nominadora tuvo conocimiento de las faltas, teniendo el termino de 4 meses para llevar acabo la acción disciplinaria correspondiente, al tenor de lo establecido en el artículo 115 párrafo segundo reformado de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, resultando evidente que dicho procedimiento se llevó a cabo dentro del término concedido por la Ley para tal efecto. En cuanto al procedimiento llevado a cabo señaló que en el expediente administrativo consta Cedula de Citación de fecha 11 de abril del 2016, a fin de que el demandante fuera escuchado en la respectiva audiencia de descargo, también consta el acta de que acredita que se ignora el paradero del demandante al momento de la citación en fecha 11 de abril del 2016, pero él no se presentó a la Audiencia de descargo por el abandono de cargo en que se encontraba al momento de realizar todo el procedimiento, concluyendo el mismo con el Acuerdo de Cancelación No. 1242-2016, el cual se fundamentó en el artículo 126 numeral 4 reformado que establece, “los miembros de Carrera Policial podrán ser despedidos de sus cargos sin responsabilidad para el Estado de Honduras, por cualquiera de las causas siguientes: 1) ... 2) .. .3). .4) Por abandono del cargo por tres (3) días consecutivos en un mes, o cuatro (4) días alternos en el mismo mes, sin que medie causa justificada”, por lo anteriormente expuesto consideró que no se violentó el derecho a la defensa, inocencia, ni las garantías constitucionales.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., en fecha 30 de noviembre del 2017, dictó sentencia que literalmente dice: “FALLA: PARTE DISPOSITIVA PRIMERO (1): Declarar IMPROCEDENTE la Acción incoada por el señor Policía SIXTO PEDRO TORRES FLORES, por ajustarse a Derecho el acto Administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de cancelación No. 1242- 2016 de fecha veintiséis (26) de mayo del 2016, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. SEGUNDO (2): Se exime del pago de costas a la parte vencida en juicio por tener motivos suficientes para litigar...SIN COSTAS”. Bajo el criterio que del estudio y análisis del caso observó que el procedimiento para la emisión del Acto Impugnado consistente en el Acuerdo No. 1242-2016 de fecha 26 de mayo del 2016, se realizó conforme a derecho y en estricto apego a lo establecido en los artículos 126 numeral 4), 127, 128, 129, 130 y 131 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, ya que la parte demandante se ausentó de sus labores los días 24, 25 y 26 sin mediar causa justificada, tal y como consta en los informes emitidos por la Jefa del Primer Escuadrón Metropolitano No.1, por lo cual se procedió a realizar el respectivo informe investigativo, así como el hecho que siguiendo el procedimiento establecido en la Ley, se buscó en su centro de trabajo y al no estar se levantó acta de ignorar su paradero al momento de la citación, así como la respectiva acta de no comparecencia a la audiencia de descargos, no pudiendo el demandante desvirtuar la falta denunciada, establecida en el artículo 126 numeral 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. En virtud de lo expuesto consideró que el acto impugnado consistente en el acuerdo No. 1242-2016 contenido en el oficio SEDS-SG-1405-2016, emitido por la Secretaría de Seguridad fue dictado conforme a derecho y estaba revestido de legalidad, declarando sin lugar la acción presentada en la instancia judicial.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 21 de mayo del 2020, dictó sentencia de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE MANUEL CARDONA FIGUEROA en su condición de representante procesal del demandante SIXTO PEDRO TORRES FLORES. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de fecha treinta (30) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que aparece del folio número ochenta y cuatro (84) al folio número ochenta y nueve (89) la pieza principal de autos. En consecuencia, se emite el siguiente fallo: 1) se declara PROCEDENTE la acción por estar emitido el acto impugnado con infracción al ordenamiento jurídico, al no llevar a cabo el procedimiento disciplinario establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, específicamente en cuanto a la citación para audiencia de descargo artículos 128 y 129 de dicha normativa especial. 2) Se ANULA administrativo impugnado consistente totalmente el acto en el acuerdo de cancelación de fecha 24 de julio del 2014; 3) Se reconoce la situación jurídica individualizada a favor del señor SIXTO PEDRO TORRES FLORES en consecuencia se adoptan las medidas siguientes: CONDENAR al Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Seguridad, a pagar a favor del demandante todos los beneficios laborales que gozan los servidores públicos por disposición del artículo 107 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, establecidos en la Constitución de la República y en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por ser la norma pertinente conforme a la Ley; a) indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de quince (15) años, tomando como base el promedio de los últimos seis meses de salario devengado, indemnización que deberá ser pagada de una sola vez, en un término máximo de treinta (30) días, deberá agregarse, asimismo el valor correspondiente a un mes de sueldo en concepto de preaviso por cada año de servicio hasta un máximo de dos (2) años; b) al pago de los salarios caídos y dejados de percibir, contados desde la fecha de su cancelación hasta. que sea firme la sentencia; c) los demás derechos que cuantía de los mismos. le pudieran corresponde en ausencia del servidor y conforme a la ley. 4) Dejar diferido para el periodo de ejecución de la sentencia la determinación de la Y MANDA: Que luego que se notifique en legal y debida forma esta sentencia se comunique al Juzgado de su procedencia por medio de la certificación respectiva, a efecto de que proceda de conformidad con lo resuelto. SIN COSTAS”. Bajo el criterio que el a quo no valoró el articulo 129 párrafo tercero de la Ley Orgánica de la Policía Nacional que dice lo siguiente, “cuando no se pueda citar por cualquier causa al miembro de la carrera policial a quien se le pretende celebrar audiencia de descargo, se enviará un representante legal y se consignará este hecho en un acta con la asistencia de dos (2) testigos, a fin de dar fe de esa circunstancia, teniéndose como bien realizada la citación respectiva”, de dicha disposición consideró que antes de levantar el acta por no encontrarse el demandante en la dirección registrada, debió agotarse la notificación personal por escrito, y en caso de no poderse realizar dicha citación se debió establecer el momento, lugar y fecha en que se hizo el intento y la causa por la cual no se puedo citar, con el propósito de proteger el derecho a la defensa, limitándose a dar cumplimiento al artículo 129 párrafo tercero de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, obviando el sentido amplio e interpretativo que se le debe de dar a las normas de regulación de personal sancionatorias, además cuando la ley no desarrolla concretamente el procedimiento a seguir, la Secretaria de Seguridad al formar parte de la administración pública, debió aplicar supletoriamente el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública que establece la jerarquía normativa que debe contemplarse al emitirse un acto administrativo, siendo la primaria la Constitución de la República. Por los motivos expresados anteriormente y al existir una errónea interpretación de la norma aplicable, declaró procedente la demanda por infracción al ordenamiento jurídico al inobservares el articulo 128 y 129 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, pues no solo se debió valorar la falta disciplinaria cometida, sino que también el procedimiento a seguir bajo el principio de legalidad.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES, en fecha 8 de diciembre del 2020, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 21 de mayo del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.14-2018 dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 307-16 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 9 de diciembre del 2020, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JOSÉ MANUEL CARDONA FIGUEROA, presentó en fecha 15 de febrero del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 19 de febrero del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución los Abogados JOSÉ MANUEL CARDONA FIGUEROA y ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES, en fecha 26 de febrero del 2021, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 26 de marzo de 2021, teniendo por personados a los Abogados ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES, como recurrente, y JOSÉ MANUEL CARDONA FIGUEROA, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que la recurrente compareció ante la Corte Suprema de Justicia, en uso de su derecho, interponiendo recurso de casación en contra de la sentencia de fecha 21 de mayo del año dos mil veinte, proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, denunciando el tercer motivo de casación, al tenor de lo que preceptúan los artículos. 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, habiendo sido admitido el mismo.- II.- MOTIVO DE CASACIÓN. Que la parte recurrente plantea el tercer motivo de casación contra la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, en los términos siguientes: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 21 de mayo del 2020, en base a lo estipulado en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil DISPOSICIONES INFRINGIDAS: artículos 128 según (Decreto 67-2008 de fecha 31 de octubre del 2008) y 129 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras según (Decreto 202-2012 de fecha 22 de diciembre del 2012), por interpretación errónea, que han debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 21 de mayo del 2020, excepto en cuanto a disponer "sin costas." PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Siendo que, en la sentencia recurrida, se consignó en la parte dispositiva segunda numeral uno lo siguiente: se declara PROCEDENTE la acción por estar emitido el acto impugnado con infracción al ordenamiento jurídico, al no llevar a cabo el procedimiento disciplinario establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, específicamente en cuanto a la citación para audiencia descargo artículos 128 y 129 de dicha normativa especial; es oportuno mencionar Honorables Magistrados que en relación a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional según Decreto 67-2008 específicamente en el párrafo segundo expresa “…también se deberá notificarse el lugar, fecha y hará en que se celebrará la audiencia para escuchar los descargos que el citado tenga y las pruebas que pueda aportar.” Como bien se hizo y quedo debidamente acreditada en primera instancia en el momento procesal oportuno la Cedula de Citación donde se consignó lugar, fecha, hora asimismo se le informó que ese era el momento oportuno para que presentara sus descargos y medios de prueba; sin embargo dicha cedula no se entregó por desconocerse el paradero del Señor Pedro Sixto Torres Flores, por su completo abandono, asimismo se le acompaño el Acta de ignorar el paradero al momento de la citación cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el artículo 129 párrafo tercero de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, Según Decreto 202-2012, se asignó un representante Legal (Abogada Erlinda Hernandez Silva) encargada de Normas y Procedimientos de la Dirección Nacional de Tránsito y los dos (2) testigos Auxiliar Ruth Zelaya Aguilar y el Sub Comisario de Policía Elvin Darío Flores, teniéndose como bien realizada la Citación respectiva, portal razón la circunstancia plasmada en el artículo 128 se convalido con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley especial, por lo que solicito dicha sentencia sea casada por las razones antes expuestas.”.- III.- Que, para analizar el motivo de casación admitido, se procedió a confrontar la sentencia censurada con el anterior cargo, por interpretación erronea de los artículos 128 y 129 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.- IV.- Que el recurso de casación tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional.- V.- Que este Tribunal estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente en cuanto a la parte del fallo que resulte impugnada y a la cuestión jurídica concreta planteada en el recurso. Respetando los límites anteriores, para resolver el recurso podrá emplear las normas y fundamentos jurídicos que estime aplicables al caso, aunque difieran de los señalados por los recurrentes.- VI.- Que el asunto sometido a casación, en síntesis, se contrae a lo siguiente: determinar si el a Acuerdo 1242-2016, de fecha 26 de mayo del 2016, contenido en el oficio SEDS-SC-1405-2016 de fecha 1 de junio del 2016, mediante el cual se despide al señor SIXTO PEDRO TORRES FLORES, del cargo de Policía asignado al escuadrón Metropolitano 01, de la Dirección Nacional de Transito Dependencia de la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad, es conforme a derecho.- VII.- Que la parte demandante propuso y tuvo por evacuado los siguientes medios de prueba: la parte demandante propuso los medios de prueba siguientes: DOCUMENTAL PUBLICO, consistente en: Número Uno (1): Transcripción del acuerdo No, 1242-2016 emitido por la Secretaria de Seguridad (f 8 y 9); Numero Dos (2): Calculo de prestaciones (f 10); Numero Tres (3): Notificación practicada por el Secretario General de la Secretaria de Seguridad, del acuerdo de cancelación (f 11); Número Cuatro (4): Constancia de trabajo (f 15); Número Cinco (5): Expediente administrativo (f 35-81), documentos que constan en la primera pieza de autos.- VIII.- Que la parte demandada propuso y se tuvo por evacuado los siguientes medios de prueba: Documento Público, consistentes en: Número Uno (1): Acuerdo de Cancelación sin responsabilidad para el Estado NO. 1242-2016; Numero Dos (2): Nota de fecha 29 de marzo del 2016, es un informe de los días faltados ( f 39); Numero Tres (3): Informe de fecha 28 de marzo (f 41); Número Cuatro (4): Informe del Primer Escuadrón Metropolitano a la Dirección Nacional de Tránsito por un día, del 28 de marzo (f 42); Numero Cinco (5): Informe investigativo de fecha 11 de abril del 2016 (f 44, 45, 46 y 47); Número Seis (6): Acta de diligencia (f 48); Número Siete (7): Acta de ausencia laboral, (f 61); Número Ocho (8): Acta de ignorar el paradero, (f 62); Número Nueve (9): Cedula de citación para audiencia de descargo (f 63); Número Diez (10):Acta de no comparecencia a la audiencia de descargo (f 64); Número Once (11): Dictamen legal DMT0027-2016, (f 67-12), Numero Doce (12): Constancia de récord disciplinario, (f 68 y 69-13); Número Trece (13): Notificación del acuerdo del cancelación 1242- 2016, (f 77); Numero Catorce (14): Oficio CG1405-2016 donde se le entrega copia de la transcripción del acuerdo de cancelación (f 80-81); Medios de prueba que consta en la primera pieza de autos (Expediente Administrativo).- IX.- Que de conformidad a la prueba propuesta, evacuada en su oportunidad relacionada en su conjunto se acredita lo siguientes extremos: a) que al señor SIXTO PEDRO TORRES FLORES, al momento de aplicarse el régimen de despido establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras (Decreto 67- 2008 de fecha 12 de Junio del 2008), se le siguió el procedimiento establecido en la misma todo de conformidad a lo regulado en los artículos 128, 129, 130 y 131, ya que en el proceso consta: Cédula de Citación de fecha 11 de abril del 2016, para el día 19 de abril de 2016 a las 10 horas, a efecto de ser escuchado y desvirtuar el cargo imputado de haber abandonado su cargo sin permiso o justificación valida los días 24, 26 y 26 de marzo de 2016 de forma consecutiva, acta mediante la cual se acredita que se ignora el paradero del demandante al momento de la citación en fecha 11 de abril del 2016, y acta de la audiencia de descargos del 19 de abril del 2016, sin presentarse a la misma ni justificando su ausencia lo que determina la aceptación tácita de los cargos o lo hechos que se le atribuyen. Realizando la autoridad nominadora todas las diligencias pertinentes, para su localización sin haberle encontrado dando como resultado la sanción de despido del demandante bajo la causal consignada en el articulo126 numeral 4 reformado de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, que a la letra establece "Los miembros de Carrera Policial podrán ser despedidos de sus cargos sin responsabilidad para el Estado de Honduras, por cualquiera de las causas siguientes: 1).. .2).. .3)... 4) Por abandono del cargo por tres (3) días consecutivos en un mes, o cuatro (4) días alternos en el mismo mes sin que medie causa justificada”. b) Que en la demanda se alega prescripción, por considerar que al momento del despido el demandante se encontraba de vacaciones (8 de febrero al 18 de febrero de 2016) lo cual no tiene fundamento, ya está plenamente acreditado en el proceso (Informes) que el demandante se ausento del servicio policial en forma consecutiva, los días 24, 25, y 26 de marzo de 216, y que la autoridad nominadora tuvo conocimiento de tal hecho con el informe respectivo el 28 de marzo de 2016, realizando las actuaciones pertinente para la aplicación del régimen de despido, siendo cancelado el señor SIXTO PEDRO TORRES FLORES, del cargo ostentado 1 de junio de 2016, dentro de los 4 meses señalados en el artículo 115 párrafo segundo reformado de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, como puede observarse la fecha de vacaciones gozada y hechos imputados, no tienen ninguna relación ; c) se alega también, que en el presente caso rige, por “analogía” la ley de Servicio Civil, tal apreciación resulta desacertada, ya que dicho concepto se refiere a la aplicación de normas semejantes de una misma Ley, no a la aplicación de normas de otro cuerpo legal, en los caso no previstos. Sin embargo, es importante mencionar, que la ley que regula el régimen de despido de los miembros de la policía es la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras Decreto 67-2008 de fecha 31 de octubre del 2008) y 129 y sus reformas Decreto 202-2012 de fecha 22 de diciembre del 2012. Además, los miembros de la Policía Nacional de Honduras, expresamente están excluidos del Régimen de Servicio Civil (artículo 3 literal i) de la citada Ley; y d) Igualmente resulta desacreditado lo aducido en relación que en el expediente Personal no consta ningún tipo de sanción o levantamiento de audiencia de descargo, ya que existe constancia en el Expediente Administrativo del récord disciplinario, del demandante de las sanciones que se impusieren en su oportunidad.- X.- Que el Estado de Derecho, implica por principio de legalidad, la sumisión de la actividad administrativa a las leyes formales, es decir las emitidas por el Poder Legislativo, a razón de ese valor formal de las mismas.- XI.- Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que al demandante no se le ha violentado el derecho a la defensa, el principio de inocencia, ni mucho menos alguna garantía constitucional por parte de Estado de Honduras, por medio de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, ya que la misma al momento de despedir al señor SIXTO PEDRO TORRES FLORES, realizo las actuaciones necesarias y pertinentes establecidas en la Ley, en la aplicación del régimen disciplinaria consignando en los artículo 126, 128 , 129, 130 y 131 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, vigente al momento del despido, siendo conforme a derecho el acuerdo número 1242-2016, de fecha 26 de mayo del 2016, contenido en el oficio SEDS-SC-1405-2016 de fecha 1 de junio del 2016, dictado por el Estado de Honduras, por medio de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad.- XII.- Que al revisarse al acto administrativo impugnado se aprecia que el mismo se ha dictado conformidad a lo prescrito en el ordenamiento jurídico, por ello debe declararse improcedente la acción.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, vista la opinión del y en aplicación de los artículos 1, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 3 literal i) Ley de Servicio Civil; 79, 81 párrafo primero, 89, 108, 109, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 126, 128 , 129, 130 y 131 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y sus reformas mediante Decreto 202-2012 de fecha 22 de diciembre del 2012; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia.- FALLA: 1) HABER LUGAR al recurso de casación formalizado por la abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES, en su condición indicada, en consecuencia CASA la sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional.- 2) DECLARA IMPROCEDENTE la acción incoada por el señor SIXTO PEDRO TORRES FLORES por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación número1242-2016, de fecha 26 de mayo del 2016, contenido en el oficio SEDS-SC-1405-2016 de fecha 1 de junio del 2016 emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad .- 3) SIN COSTAS por tener motivo bastante para litigar.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia.- Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS .- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los dieciocho días del mes de enero del dos mil veintidós; certificación de la resolución de fecha quince de noviembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA 106-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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