Sentencia CA-105-21 — Registro 13194
Resumen
En primera instancia se declara con lugar la acción incoada por la demandante por no estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) No indica con claridad y precisión, si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, expresa aplicación e interpretación lo que constituye un defecto al invocar dos formas distintas de violar la Ley en un mismo motivo; b) No resulta claro ni preciso en el señalamiento de las normas infringidas, ya que en un apartado inicial, invoca de ser violatoria de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento en el Artículo 37, literales a) y b) 163, numeral 8, luego en el acápite INCIDENCIA DE LA INFRACCION QUE AFECTA LA RESOLUCION IMPUGNADA: De conformidad a lo establecido en los Artículos 37 literatos a) y b), Ley de Servicio Civil; d) Insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) Formula alegaciones propias de instancia.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala a la Censora del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. .."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de mayo del dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada ZOILA ROSA FLORES AMADOR; y, Recurrido: la señora SANDRA AZUCENA SOSA MADRID, representada en juicio por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR. OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo, se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal y como medida para el restablecimiento de los derechos, que se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de salarios caídos, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la señora SANDRA AZUCENA SOSA MADRID, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que empezó a prestar sus servicios a la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, a partir del 01 de octubre del 2007, desempeñándose en el cargo de Oficinista Mecanógrafo II, dependencia de la Cooperación Externa y Movilización de Recursos, devengando un salario de L.12,858.00. La demandada, emitió el acuerdo No. STSS-147-2014, de fecha 24 de abril del 2014, mediante el cual se le canceló por despido a la demandante a partir del 25 de abril del 2014, por la supuesta ausencia injustificada de sus labores los días 3 y 4 de marzo del 2014, invocándole que las incapacidades que presentó para justificar esos días emitidas por el Médico Miguel Ángel Gonzales, no son válidas, ya que la Secretaría de Estado señala que no es un Médico legalmente facultado, hecho que la demandante desconocía hasta el momento de la audiencia de descargos de fecha 24 de marzo de 2014, en que le fue informado tal extremo; se le notificó la cancelación pese a que la demandada fue notificada del estado de embarazo de la demandante, sin seguir el procedimiento legal señalado por los artículos 128 numeral 11) de la Constitución de la República y 114 del Código del Trabajo, sin haber obtenido la autorización judicial para dicho despido. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante fue cancelada por despido previo procedimiento disciplinario realizado mediante audiencia de descargo efectuada en fecha 25 de marzo del 2014, en virtud que la demandante para justificar la inasistencia a sus labores los días 3 y 4 de marzo del 2014, presentó recetas con el membrete del Hospital de Emergencias II “MEDICASA” que contenía la incapacidad en la que se le indicaba dos días de reposo, extendida por el Doctor Miguel Ángel Gonzales y a la vez notificó embarazo de alto riesgo, en virtud que la referida incapacidad presentaba evidentes alteraciones en la escritura consistente en manchones en la inscripción del mes; por lo que fue remitida para su respectiva revisión a la Subprocuradora General de Trabajo de dicha Secretaría; documento que fue devuelto al Departamento de Recursos Humanos, por lo que la Licenciada Olga Reyes Cruz, en su condición de Sub Gerente de Recursos Humanos de la Secretaría de Trabajo, solicitó al Director de MEDICASA, Doctor Marco Tulio Martínez, información sobre la incapacidad presentada por la demandante y que había sido extendida por el Doctor Miguel Ángel Gonzales, empleado de dicho hospital según la demandante, no obstante el Doctor Marco Tulio Martínez, Director de MEDICASA informó que dicho Doctor no forma parte del personal médico del hospital y que nunca ha ejercido su profesión en dicho centro hospitalario y que la incapacidad presentada por la demandante no se usa en la institución desde hace más de dos años; es importante mencionar que a la demandante se le hizo audiencia de descargo y que en la misma ésta no pudo desvirtuar las faltas que se le imputaban, aportando los medios de prueba pertinentes que en su defensa correspondan, no obstante en dicha audiencia quedó plenamente acreditado la comisión de la falta imputada, ya que la demandante en una evidente contradicción, manifestó que el Doctor acudió a su casa y el Médico manifestó que ella se presentó en su clínica, por lo que se evidencia la mala fe de la demandante incurriendo en una falta grave y peor aún, no es la primera vez que la demandante presenta incapacidades del mismo médico y las mismas recetas del hospital; incurriendo así la demandante en una falta grave establecida en los artículos 163 numeral 8) y 166 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, por lo tanto se puede observar que la causal de despido que dio lugar a la cancelación de la demandante no es por ausentarse de sus labores sin la debida justificación sino por la infracción a los artículos precedentes, ya que incurrió en una prohibición establecida en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, así como también en el Reglamento de Personal de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de septiembre del 2017, dictó sentencia de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por la señora SANDRA AZUCENA SOSA MADRID con número de identidad 0801-1979-01975, por no estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en la Resolución STSS-147-2014, de fecha 24 de Abril del 2014, emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, como se estableció en los fundamentos de Derecho de la presente Resolución, en consecuencia lo anula totalmente. SEGUNDO: Se reconoce la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento SE ORDENA: El pago de sus prestaciones y demás derechos laborales que le correspondan, así como el pago de los salarios dejados de percibir a partir de vigencia del acto de la ilegal cancelación hasta la firmeza del presente fallo, SIN COSTAS”; bajo el criterio que la demandante envió una nota al Procurador General del Trabajo, en la cual informa su estado de embarazo y acredita su carnet perinatal; con lo cual para proceder al despido, la autoridad nominadora debió acreditar previamente ante Juez competente, la causal justa para el despido, ya que si bien es cierto la Ley de Servicio Civil ni su Reglamento regulan el despido en caso de embarazo, el artículo 59 de la Ley de Servicio Civil establece que en lo no previsto en ella y su reglamento se regirá por el Derecho Administrativo y en su defecto por el Derecho Común; siendo la protección de una mujer trabajadora en estado de embarazo una norma constitucional regulada en su artículo 128 párrafo primero y numeral 11); y, 34 literal c) de la Ley de Procedimiento Administrativo. En base a los fundamentos de derecho anteriormente señalados, la nulidad del acto administrativo de cancelación por despido impugnado, es procedente; es de resaltar en el caso de autos, que ni en el dictamen de la Dirección de Servicios Legales de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social de fecha 24 de marzo del 2014, ni mucho menos el dictamen de la Dirección General de Servicio Civil se menciona, si quiera, el estado de gravidez de la demandante, por lo cual se colige que no se tomó en cuenta dicho estado al momento de su despido, pese a estar notificada la autoridad nominadora del mismo. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 10 de enero del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que el acto es nulo, ya que fue emitido en abierta violación a la ley, que la audiencia de descargo se levantó sin seguir el procedimiento legal, que la Carta Magna señala como una garantía constitucional el derecho de la mujer en estado de gravidez no podrá el patrono dar por terminado el contrato de trabajo de la mujer grávida ni después del parto, sin comprobar previamente una causa justa ante juez competente, en los cargos y condiciones que señale la ley. También se cancela a la demandante por despido por haber faltado los días 3 y 4 de marzo del 2014 y la Ley de Servicio Civil en su artículo 47 numeral 4) es claro al establecer que es causal de despido faltar tres días consecutivos, lo cual evidencia que el acto administrativo es ilegal y nulo. La demandante acreditó ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social su estado de embarazo, en el que desde el momento de su gestación y notificación de su embarazo cuentan con una serie de protecciones a su favor, es decir, hay un respeto pleno de sus derechos y labores, así como el acceso al servicio de salud, por lo que desde el momento que informa a su empleador dicha protección incluye permanecer en el cargo y con estabilidad laboral, por lo que el acuerdo de cancelación por despido es nulo e ilegal y va en contra de los Tratados Internacionales y derechos constitucionales que les asisten a las mujeres en estado de embarazo. 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogada ZOILA ROSA FLORES AMADOR, en fecha 10 de diciembre del 2020, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 10 de enero del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.009-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.00194-2014, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 13 de enero del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, presentó en fecha 17 de febrero del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 18 de febrero del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley; así mismo, hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 25 de febrero de 2021, los Abogados DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR y ZOILA ROSA FLORES AMADOR, respectivamente. 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 26 de marzo del 2021, se tuvo por precluido el plazo concedido y dejado de utilizar por la parte de la Abogada ZOILA ROSA FLORES AMADOR, como recurrente y por presentado en tiempo y forma el personamiento de la parte recurrida el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Acuso a la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha diez de enero del ario dos mil veinte (2020) de ser violatoria de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento en el Articulo 37, literales a) y b) 163, numeral 8, "Respetar y cumplir con lealtad la Constitución de la Republica, esta Ley, sus Reglamentos y las obligaciones inherentes g sus cargos", b) "Desempeñar el cargo para el que hayan sido nombrados en forma regular y con la dedicación y eficiencia que requiera la naturaleza de éste"; Este relacionado con el Artículo 113 numerales 1 y 3 Reglamento de la Ley de Servicio Civil. "Respetar y cumplir con lealtad la Constitución de la República las leyes y reglamentos relativas a sus funciones y las demás que correspondan, así como la Ley y el presente Reglamento"; "Desempeñar el cargo para el que haya sido nombrados en forma personal, regular y continua, durante las jornadas y horarios de trabajo establecidos y con la dedicación y eficiencia que requiere la naturaleza de sus funciones"; Artículo 163 numeral 8 Reglamento de la Ley de Servicio Civil "Falsificar Documentos".- Donde queda plenamente acreditado que la hoy demandante, no pudo desvirtuar la adulteración de la receta utilizada de fecha 3 de marzo del año 2014, que se le recomendaba dos (2) días de reposo, debido al supuesto embarazo de alto riesgo, extremo que consta en el folio 380 del expediente Administrativo .- Asimismo se está ignorando lo preceptuado en el Acuerdo número 01-04 emitido por la Honorable Corte Suprema de Justicia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el Articulo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, el cual dice "Causales del Recurso, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. INCIDENCIA DE LA INFRACCION QUE AFECTA LA RESOLUCION IMPUGNADA: De conformidad a lo establecido en los Artículos 37 literatos a) y b), Ley de Servicio Civil, establece en su párrafo Son obligaciones de los servidores Públicos: a) "Respetar y cumplir con lealtad la Constitución de la Republica, esta Ley, sus Reglamentos y las obligaciones inherentes a sus cargos", b) "Desempeñar el cargo para el que hayan sido nombrados, en forma regular y con la dedicación y eficiencia que requiera la naturaleza de este"; Este relacionado con el Artículo 113 numerales 1 y 3 Reglamento de la Ley de Servicio Civil. "Respetar y cumplir con lealtad la Constitución de la República las leyes y reglamentos relativos a sus funciones y las demás que correspondan, así como la Ley y el presente Reglamento"; "Desempeñar el cargo para el que haya sido nombrados en forma personal, regular y continua, durante las jornadas y horarios de trabajo establecidos y con la dedicación y eficiencia que requiere la naturaleza de sus funciones"; Artículo 163 numeral 8 Reglamento de la Ley de Servicio Civil "Falsificar Documentos".- Se acredito que falsifico la referida incapacidad probándose mediante el oficio No. SGRH-STS-143-2014, de fecha 11 de marzo del 2014.- Artículo 42 numeral 3, de Ley de Servicio Civil. "Prevalecer directa o indirectamente de influencias ajenas al mérito o a la idoneidad personal para obtener ascensos o cualesquiera otra clase de privilegios en el servicio público". Se prueba que el despido fue apegado a derecho, respetando el debido proceso”. II.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) No indica con claridad y precisión, si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, expresa aplicación e interpretación lo que constituye un defecto al invocar dos formas distintas de violar la Ley en un mismo motivo; b) No resulta claro ni preciso en el señalamiento de las normas infringidas, ya que en un apartado inicial, invoca de ser violatoria de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento en el Artículo 37, literales a) y b) 163, numeral 8, luego en el acápite INCIDENCIA DE LA INFRACCION QUE AFECTA LA RESOLUCION IMPUGNADA: De conformidad a lo establecido en los Artículos 37 literatos a) y b), Ley de Servicio Civil; d) Insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) Formula alegaciones propias de instancia. III.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala a la Censora del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. IV.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 720 numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los once días del mes de octubre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha catorce de mayo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA105-2021. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.