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Sentencia CA-103-21 — Registro 13193

Resumen

En primera isnatncia se declaar procedente la cción interpuesta por el demandante,por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, mismo que se anula por ser ilegal se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) no resulta claro ni preciso cual es el tipo de infracción; b) omite el precepto autorizante, conforme las causales del recurso previstas en el artículo 719 del Código Procesal Civil; y, c) su explicación carece de contenido o desarrollo. III.- En el segundo motivo de casación, el Impetrante sostiene; “Sin lugar a dudas el valor de lo establecido en la Ley General de Administración Pública, en su artículo 116 claramente establece que los actos de los órganos de la Administración Pública, adoptan la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias. Por lo que las referidas acciones, no constituyen objeto de impugnación por lo consiguiente, no existe violación al ordenamiento jurídico establecido.”.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de mayo del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA; y, Recurrido: el señor ISRAEL DE JESUS VALLEJO MENDOZA, representado en juicio por el Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Contencioso Administrativo para que se decrete la nulidad de un acto administrativo presunto no manifestado por escrito de carácter particular en materia personal por no ser el mismo conforme a derecho, que se reconozca la situación jurídica individualizada de despido indebido, ilegal e injustificado, y como medidas para su plano restablecimiento el reintegro al cargo que ocupaba en iguales o mejores condiciones y el pago de los sueldos dejados de percibir a partir de la fecha de la cancelación, incremento salarial y otros derechos otorgados a los demás trabajadores; o bien el pago de prestaciones e indemnizaciones correspondientes y los salarios dejados de percibir a partir de la fecha de la cancelación hasta la ejecución del fallo que declare procedente la acción en caso de que sea considerado así por el Tribunal, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor ISRAEL DE JESUS VALLEJO MENDOZA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar con el entonces Programa de Asignación Familiar (PRAF), en fecha 19 de octubre del 2010, en el cargo de Motorista, asignado al Departamento o Unidad de Servicios Generales, devengando un último salario de L.9,482.00; el PRAF es una institución del Estado la cual mediante Decreto Ejecutivo emitido en fecha 28 de febrero del 2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,367 en donde se decreta la MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INCLUYENDO LAS INSTITUCIONES DESCONCENTRADAS, específicamente en su artículo 3 que fue fusionada bajo la Secretaría en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social; que en fecha 24 de marzo del 2014 la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social, emitió acción de personal, en la cual se lee la cancelación de su nombramiento en el cargo que ostentaba el demandante, entiéndase consecuentemente la determinación del patrono el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos Desarrollo e Inclusión Social, de dar por terminada la relación laboral con el demandante, acción de personal que en ningún momento se le notificó un acto administrativo como tal (según la forma que deberían adoptar de conformidad con la ley, es decir, acuerdos, decretos, resoluciones o providencias) por lo que su despido fue producto de un acto administrativo presunto no manifestado por escrito conforme al artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el cual motiva la acción de personal en referencia, siendo pues lo actuado por el patrono totalmente indebido, injusto e ilegal, ya que no se le respetó ninguno de sus derechos y garantías laborales establecidos en la Constitución de la República y en la Legislación vigente; asimismo, que el acto por el cual se le canceló es ilegal e injusto puesto que para la emisión del mismo se prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido y además en su emisión existió infracción a nuestro ordenamiento jurídico vigente, que se le violentó lo establecido en la Constitución de la República, en cuanto al derecho de protección al trabajo, que se le han violentado las garantías constitucionales, de estabilidad laboral en su empleo de conformidad a las justas causas de despido, tal como se dispone en el artículo 129 Constitucional, pues tal como se desprende de la referida acción de personal que fue entregada al demandante en fecha 24 de abril del 2014, no especifica ninguna causa para dar por terminada la relación de trabajo, además se violentó su derecho de defensa y debido proceso plasmado en los artículos 82 y 90 de la Constitución pues no se le siguió el procedimiento interno a efecto de verificar si había cometido alguna infracción mediante la cual pudieren despedirle con justa causa, consecuentemente sin hacerse ninguna celebración de audiencia de descargo; mucho menos se le notificó por escrito, resolución alguna que en cuyo caso, debió ser la forma adoptada por el acto administrativo por medio del cual se plasmara la determinación de dar por terminada la relación de trabajo, únicamente se le entregó la acción de personal en donde se le comunica su despido, acción que por sí no reúne las características suficientes en concordancia con los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo, omitiéndose por completo el procedimiento establecido en los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Servicio Civil, en relación con lo dispuesto en los artículos del 187 al 191 de su Reglamento, pues antes de su cancelación no fue objeto de evaluación y por otra parte la cancelación no se le notificó con la antelación exigida por la ley, que la acción de personal mediante la cual se le cancela de su puesto de trabajo, en la misma se observa como fecha de efectividad el 1 de abril del 2014, sin embargo de la misma se le entregó hasta el día 24 de abril del 2014, fecha en que firmó de acuse de recibido de dicha acción de personal, consecuentemente el término de 15 días para la interposición de la demanda empieza a partir del día siguiente al de la entrega de la acción de personal, es decir, a partir del 25 de abril del 2014. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando ser cierto que el demandante inició su relación laboral en fecha 19 de octubre del 2010 y finalizó el 24 de abril del 2014, en el entonces desconcentrado Programa de Asignación Familiar (PRAF), en el cargo de Motorista, devengando un salario mensual de L.9,482.00, institución del Estado que mediante Decreto Ejecutivo PCM-03-2014 emitido en fecha 28 de febrero de 2014 fue fusionada a la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, que el Programa de Asignación Familiar, quedó fusionado bajo la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), consecuencia de ello, algunas plazas se consideraron supernumerarias, que si bien es cierto que en fecha 24 de abril del año 2014 se le entregó al ahora demandante la Acción de Personal indicando su cancelación, emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) efectiva a partir del 01 de abril del 2014, dicha acción es producto del cambio de estructuras operativas como resultado de la fusión a la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social como medida de ahorro en el gasto público específicamente del Poder Ejecutivo, ordenada por el Presidente de la República, además el demandante esta impugnando un Acto Administrativo presunto no manifestado por escrito contentivo de una acción de personal, el artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece: "Se declarará la Inadmisibilidad en los casos siguientes, apreciados de oficio por el Juez: e) Que el escrito de demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto fondo del asunto", en relación con el artículo 47 inciso c) del mismo cuerpo legal establece: "Que a la demanda se acompañará: Certificación o copia autorizada del acto impugnado"... extremo que pasó desapercibido por el juez al momento de admitir la presente demanda, ya que es procesalmente imposible y legalmente inaceptable, que si no se acredita el acto Administrativo impugnado, por lo tanto no podrá haber un pronunciamiento en cuanto a su nulidad, dicho en otras palabras, sino existe acto Administrativo expreso, no hay Acto Administrativo que impugnar, en consecuencia no hay Acto Administrativo que anular, relacionado con los artículos 116 y el 120 ambos de la Ley General de la Administración Pública y que para una mejor ilustración citó el artículo 116 que señala: "Los actos de los Órganos de la Administración Pública adoptaran la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias"; artículo 120 señala: "Adoptaran la forma de Resoluciones las decisiones que se tomen para dar por concluido el procedimiento en que intervengan los particulares como parte interesada". Por lo que el Acto Administrativo presunto antes mencionado no constituye un acto administrativo como lo quiere hacer ver el demandante, por lo tanto, existe un defecto formal en la presente demanda; y el juzgador no podrá jamás declarar la nulidad de un acto administrativo en esta acción, aceptando que canceló al demandante del cargo que venía desempeñando mediante Acción de Personal de fecha 24 de marzo de 2014, que en ningún momento se han violentado garantías constitucionales ni el despido ha sido ilegal e injusto, estas son expresiones personales del demandante. Su cancelación del cargo de Motorista no se debió a un despido injusto, sino a reestructuración administrativa operativa del Programa de Asignación Familiar (PRAF) y de la Secretaría Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, institución a la que se fusionó el Programa de Asignación Familiar (PRAF), en general; tal como el mismo

demandante lo acepta en algún apartado de este libelo al expresar "que hubo una fusión amparada en ley y que él mismo fue objeto de la reorganización administrativa producida por la misma", que el demandante insiste en que su despido fue injusto e ilegal, que se le han violentado sus garantías constitucionales, su derecho de defensa y debido proceso, ya que no cometió ninguna infracción que produjera justa causa, que su cancelación de nombramiento se debió única y exclusivamente a la Modificación o Supresión de los Órganos de la Administración Pública, incluyendo las Instituciones Desconcentradas como lo era el Programa de Asignación Familiar (PRAF), el Artículo 5 del Decreto Ejecutivo PCM-03-2014 de fecha 28 de febrero de 2014 señala: “El personal trasladado a la Secretaría de Estado como consecuencia de la fusión hecha mediante la aplicación del artículo 29 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en las diferentes Secretarías de Estado, debe ser evaluado por la Secretaría de Estado correspondiente con el propósito de determinar su idoneidad para el nuevo puesto, supernumerario o no apto para la realización de las actividades como consecuencia de la fusión institucional, será cancelado su nombramiento respetando sus derechos adquiridos y sus prestaciones conforme a la legislación aplicable, para lo cual se instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, realizar la previsión presupuestaria y el pago correspondiente tomándose en cuenta cualquier medio de pago correspondiente que sea permitido por la Ley", la cancelación del demandante en el cargo de Motorista, se debió a Reestructuración administrativa-operativa y Supernumeraria del Programa de Asignación Familiar (PRAF), amparado en dicho hecho mencionado: Cabe aclarar, que la acción de personal entregada al actor, es un documento mediante el cual se termina la relación laboral, siendo el mismo documento lo que acredita su nombramiento, y no un acto presunto como erróneamente lo llama el demandante. La opción de realizar la audiencia de descargo que alega el actor, solo cabe cuando el empleado ha cometido alguna falta que conlleve el despido, y al no existir infracción en el presente caso, el despido se produce por reestructuración del órgano administrativo por haberse fusionado el mismo a otra Institución del Estado, que está anuente a pagar todos las prestaciones laborales y los derechos adquiridos de los servidores públicos que formaban parte de las Instituciones Estatales y que fueron fusionadas. A 1a Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, incluido el bono de vacaciones, dándole fiel cumplimiento al artículo 5 del Decreto Ejecutivo PCM-03-2014 de fecha 28 de febrero de 2014. Además, debo aunar a lo anterior que la Acción de Personal entregada al demandante sustituye el Acuerdo de Nombramiento tanto para iniciar la relación laboral como para finalizarla, de allí se infiere que si se le notificó en forma expresa su cese laboral al actor, que la parte demandante expresa que se omitió por completo el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, así como que el acto por el cual se le cancela es nulo según lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que en ningún momento el demandante acreditó su relación de servicio con el Estado de Honduras, mediante el respectivo Acuerdo de nombramiento regulado por el Régimen de Servicio Civil, que constituye el Acto Administrativo del cual deriva la relación de servicio, es decir el vínculo jurídico con la Administración Pública, y el derecho subjetivo a su favor que lo legitima para comparecer ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en materia personal, pues de allí surge el vínculo del particular con el Estado de Honduras, que lo legitima ante esta vía y en consecuencia puede pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, aspectos que no concurren en la demanda de mérito, tal y como lo indica el artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el cual literalmente establece: "Si además de la declaración de ilegalidad o nulidad, se pretendiere el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, únicamente estará legitimada el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto impugnado", que mediante Oficio No. SEDIS-013 de fecha 11 de junio de 2013 solicita a la Dirección de Servicio Civil, certifique si los empleados del Programa Asignación Familiar (PRAF) se encuentra bajo el régimen de Servicio Civil, manifestando la institución mediante Oficio No. SA-DGSC de fecha 15 de julio de2014 que el Programa Asignación Familiar (PRAF), como ente desconcentrado de Presidencia de la República, no se encuentra incorporado al Régimen de Servicio Civil. 3.- Que el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República, en fecha 11 de marzo de 2015, interpuso escrito de defensas previas alegando como primera causa de inadmisibilidad: “QUE EL ESCRITO DE DEMANDA ADOLECE DE DEFECTOS FORMALES QUE IMPIDEN VERTER EL PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO”, y la segunda causa de inadmisibilidad: “QUE SE HUBIERE INTERPUESTO POR PERSONA INCAPAZ, NO REPRESENTADA DEBIDAMENTE O NO LEGITIMADA”, las cuales fueron desestimadas las defensas previas alegadas por la parte incidentista, por improcedentes mediante resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 19 de abril del 2016. 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativocon sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de agosto del 2018, dictó sentencia de la manera siguiente: “PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por el señor ISRAEL DE JESUS VALLEJO MENDOZA, representado en juicio por el abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, mismo que se anula por ser ilegal. SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se ordena el reintegro a su cargo Motorista de la sección de Servicios Generales de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL. TERCERO: Condenar al Estado de Honduras, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir, desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que sea reintegrada a su puesto de trabajo más los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo cuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder. CUARTO: en caso de ser materialmente imposible el reintegro se le paguen sus prestaciones laborales a petición del demandante. QUINTO: Se exime del pago de costas a la parte vencida por tener motivos para litigar”. sin costas; bajo el criterio que consta y está probado que la parte demandante fue nombrada en forma permanente mediante acción de personal a partir del 24 de marzo del 2014; consta la acción de personal mediante la cual se autoriza cancelar a la parte demandante del puesto de Motorista de la sección de Servicios Generales de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, antes Programa de Asignación Familiar PRAF; bien como se sabe el Programa de Asignación Familiar fue absorbido por una Secretaría de Estado, con el objetivo de crear una nueva estructura administrativa y un ahorro para la ejecución de políticas públicas para el combate de la pobreza, tal y como lo establece el Decreto 266-2013, pero no es menos cierto que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió el Decreto Ejecutivo PCM-003-2014 para suprimir o modificar los órganos de la Administración Pública, dicho Decreto en su artículo 5 establece que: "El Personal trasladado a las Secretarías de Estado como consecuencia de la fusión hecha mediante la aplicación del artículo 29 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en las diferentes Secretarías de Estado, debe ser evaluado por la Secretaría de Estado correspondiente con el propósito de determinar su idoneidad para el nuevo puesto. El personal que resulte redundante, supernumerario o no apto para la realización de las actividades como consecuencia de la fusión institucional, será cancelado su nombramiento respetando sus derechos adquiridos y sus prestaciones conforme a la legislación aplicable, para lo cual se instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, realizar la previsión presupuestaria y el pago correspondiente tomándose en cuenta cualquier medio de pago que sea permitido por Ley”; como se aprecia en el acto mediante el cual se cancela a la parte demandante conlleva el no cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que la administración pública no probó haber cumplido con las evaluaciones referidas en dicho Decreto ni en la Ley de Servicio Civil, ni el motivo o causa de cancelación del demandante (despido o cesantía) provocando con ello una vulneración a garantías constitucionales como ser la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, así como el derecho al debido proceso infringiendo con esto el ordenamiento jurídico por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido en la Ley, es por ello se debe decretar la procedencia de la acción, ya que el acto impugnado no está dictado conforme a derecho. 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 8 de septiembre del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que al demandante, estando laborando para una Secretaría de Estado, regido por la Ley de Servicio Civil, se le canceló sin haberse iniciado un expediente administrativo, sin haberle indicado si su cancelación era por despido o por cesantía, extremo que provoca indiscutiblemente infracción al ordenamiento jurídico y en consecuencia ilegalidad. De la misma forma, por la transición que estaba atravesando el PRAF o la fusión a la Secretaría de Estado, tampoco se aplicó la evaluación correspondiente, mucho menos se determinó si el demandante era apto para ocupar el nuevo puesto, por lo tanto, era imposible para la autoridad nominadora determinar si el personal absorbido del PRAF era redundante, supernumerario o no apto para la realización de las actividades del nuevo puesto en la Secretaría de Estado, conforme lo establece así el artículo 5 del PCM -003-2014, sin embargo el demandante fue cancelado en un evidente acto de ilegalidad. 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, en fecha 11 de enero del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 8 de septiembre del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 095-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.172-2014 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativocon sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 20 de enero del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, presentó en fecha 15 de febrero de 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 22 de febrero del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha3 de marzo del 2021, los Abogados CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA y SOTERO MEJIA PADILLA, respectivamente. 8.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 26 de marzo del 2021, teniendo por personados a los Abogados SOTERO MEJIA PADILLA, como recurrente, y CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “La Sentencia de fecha 8 de septiembre del 2020, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, violenta los siguientes Preceptos Constitucionales: 1.- Derecho de Defensa plasmado en el Artículo 82 de la Constitución de la República, el cual constituye un principio y garantía fundamental en todo Estado de Derecho. 2.- Artículo 90 párrafo primero sobre el Debido Proceso, que versa que nadie puede ser Juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Y violenta el Derecho a la Defensa simple y sencillamente porque como lo dice el Artículo 82 precitado, el juez en primera Instancia, así como la Corte de Apelaciones en segunda Instancia, juzgaron en dicho caso sin darle observancia a los derechos, garantías y leyes violentadas.” II.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) no resulta claro ni preciso cual es el tipo de infracción; b) omite el precepto autorizante, conforme las causales del recurso previstas en el artículo 719 del Código Procesal Civil; y, c) su explicación carece de contenido o desarrollo. III.- En el segundo motivo de casación, el Impetrante sostiene; “Sin lugar a dudas el valor de lo establecido en la Ley General de Administración Pública, en su artículo 116 claramente establece que los actos de los órganos de la Administración Pública, adoptan la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias. Por lo que las referidas acciones, no constituyen objeto de impugnación por lo consiguiente, no existe violación al ordenamiento jurídico establecido.” IV.- Al igual que en el primero, en este cargo se incurren en los mismos errores de omitir el precepto autorizante, indicar el concepto de la infracción y no contiene una explicación suficiente, por ende, no es una proposición jurídica completa y resulta inadmisible, V.- En el tercer y último motivo se alega: “Como tercer motivo debo referir la aplicación forzosa que hace el Juzgador de la Ley de Servicio Civil al caso que nos ocupa cuando el PRAF, como ente desconcentrado se regía bajo su propia Ley, Reglamento y Manual Operativo del Trabajo, que fueron emitidos de la forma correcta por el legislador según los Acuerdos Ejecutivos 127-91 de fecha 22 de noviembre de 1991,que data claramente lo referente a la creación del Programa de Asignación Familiar (PRAF) así como su Reglamento de la Ley según Acuerdo Numero 349-A de fecha 27 de abril de 1992, y el Manual Operativo de Trabajo según Acuerdo Numero 10-93 de fecha 1 de enero de 1993, ignorando por completo lo relativo al estamento jurídico que el legislador género como marco que dirimiría todos los conflictos en que participase la Institución con cualquier persona natural o jurídica. INTRODUCCION FUNDAMENTAL SOBRE EL VALOR E IMPERIO DE LA LEY. El imperio que tiene la ley y sus características naturales bajo las cuales se deben generar las sentencias judiciales es un requisito ineludible como tal que no nos ofrece en el presente litigio, el debido proceso como baluarte fundamental del imperio de ley y ante todo en la valoración justa que en nuestro caso son sólidos y expositivos de la condición anómala bajo la que se infringió el ordenamiento jurídico, como lo es la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su articulado antes expuesto (80 y 88), que no nos genera ninguna seguridad jurídica en el análisis de nuestros alegatos, como condición obligatoria de todo juzgador que observe el litigio, todo ello obvia sin ninguna consideración el acto impugnado que debió señalarse con la precisión milimétrica que le permita al juez manifestarse con certeza sobre que se impugna, dejando de ser este litigio un oportunidad para que el Juzgador se manifieste con tal precisión, es por ello que desvirtuó la concepción y naturaleza de todo el proceso debido a la falta de cumplimiento de los requisitos ineludibles que ya define la ley como fundamentales para dilucidar este pleito.” VI.- Tampoco este cargo resulta admisible, dado que el Censor del Fallo incurre en los siguientes defectos: a) no resulta claro ni preciso cuál o cuáles son los preceptos infringidos, ni el tipo de infracción; b) omite el precepto autorizante, conforme las causales del recurso previstas en el artículo 719 del Código Procesal Civil; c) insta la revisión de los hechos, así como la apreciación y valoración del material probatorio, lo cual no puede realizarse en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) en su explicación realiza alegatos propios de instancia. VII.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. VIII.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de de la sentencia de fecha 14 de mayo del 2021, recaída en el Recurso de Casación número CA103-2021. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.