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Sentencia CA-102-21 — Registro 12834

Resumen

En segunda instancia se anula parcialmente la sentencia bajo el criterio que la intención del Estado en cuanto a tener una mejor organización está dentro de sus atribuciones, pero el Decreto 325-2013 aprobado por el Congreso Nacional, no explicaba ni definía como se procedería con el personal que laboraba para dicho proyecto, ni mucho menos de qué forma se efectuaría la cancelación por despido o cesantía, de las personas que laboraban en el proyecto Ampliando Horizontes adscrito a la Secretaría de Educación,

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) no resulta claro ni preciso cual es el tipo o concepto de la violación a la Ley en que ha incurrido el Juzgador, dado que se invoca una causal por “infracción indirecta” que no aparece comprendida en el artículo 719 del Código Procesal Civil; b) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del referido Código; ..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...".- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de mayo del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada NANCY MELISSA OBANDO MENDOZA; y, Recurrido: los señores JOSÉ DAGOBERTO HERNÁNDEZ BENEDITH, GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA, GLENDA YADIRA LANZA HAM, ROSMIN FABRICIO ZÚNIGA SÁNCHEZ, NORA ELIZABETH SIERRA HERNÁNDEZ, VIRGILIO YOVANNI ROMERO MARADIAGA, JUAN CARLOS FIALLOS MEJÍA, NILIA LILIANA HERNÁNDEZ OSEGUERA, CLAUDIA LUCIA RAMOS HAM, JORGE MAURICIO FERNÁNDEZ TRAVIESO, JOSÉ EDUARDO BURGOS ZAMBRANO, MARIO MIGUEL TORRES MOLINA, TOMASA BEATRIZ PONCE JIMENEZ y SAMUEL IBRAHAM CAMPOS AUCEDA, representados en juicio por el Abogado OSCAR ARMANDO CÁRCAMO CÁLIX. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Contencioso Administrativa en materia personal para que se declare nulidad absoluta de un acto administrativo de carácter particular consistente en los acuerdos 2105-SE-2015, 2096-SE-2015, 2095-SE-2015, 2093-SE-2015, 2094-SE-2015, 2114-SE-2015, 2099-SE-2015, 2103-SE-2015, 2110-SE-2015, 2101-SE-2015, 2106-SE-2015, 2112-SE-2015, 2097-SE-2015, 2109-SE-2015, se declare no ser conforme a derecho por desconocer el legítimo derecho a la defensa y por infracción del ordenamiento jurídico nacional, se reconozca una situación jurídica individualizada, se solicita el reconocimiento y aplicación de la medida cautelar necesaria para el pleno restablecimiento de derechos como ser la suspensión del acto administrativo impugnado, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX, en su condición de representante procesal de los señores JOSÉ DAGOBERTO HERNÁNDEZ BENEDITH, GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA, GLENDA YADIRA LANZA HAM, ROSMIN FABRICIO ZÚNIGA SÁNCHEZ, NORA ELIZABETH SIERRA HERNÁNDEZ, VIRGILIO YOVANNI ROMERO MARADIAGA, JUAN CARLOS FIALLOS MEJÍA, NILIA LILIANA HERNÁNDEZ OSEGUERA, CLAUDIA LUCIA RAMOS HAM, JORGE MAURICIO FERNÁNDEZ TRAVIESO, JOSÉ EDUARDO BURGOS ZAMBRANO, MARIO MIGUEL TORRES MOLINA, TOMASA BEATRIZ PONCE JIMENEZ y SAMUEL IBRAHAM CAMPOS AUCEDA, CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que fueron nombrados en forma permanente en la Secretaría de Educación, de la siguiente manera: Transcripción del acuerdo No. 150-2010 de fecha 3 de mayo 2010, Acción de personal 0601, y Acción de personal 1060, traslado 530 y sustituido por el Acuerdo No 27-SE-10 de fecha 21 de diciembre del 2010, por medio de los cuales se nombró y trasladó al señor José Dagoberto Hernández Benedith; Acuerdo Ejecutivo No.001966-A de fecha 27 de septiembre del 2001, oficio 029-DRE de fecha 25 de octubre del 2001 de rectificación de la efectividad de la fecha de nombramiento, Acuerdo 126-10 de fecha 01 de septiembre del 2010 del reingreso de la señora Gloria Maricruz Orellana Fonseca; Transcripción del Acuerdo de nombramiento No 123-10 de fecha 3 de mayo 2010, Acuerdo No.18-SE-ll de Traslado de unidad, acción de personal de traslado No 524 de fecha 6 de enero 2011, Acción de personal de nombramiento No 093/2010, Transcripción del Acuerdo de nombramiento No 127-2010 de fecha 3 de mayo 2010, Acuerdo No 2747-SE-10 de traslado de unidad de fecha 21 diciembre 2010, Acción de personal No. 0624 de nombramiento y Acción No 1060 de traslado No 543, Acuerdo de nombramiento No 15007 de fecha 16 de julio 2012, rectificado por el acuerdo No 1212-SE-2015 de fecha 12 de agosto 2015 de la señora Nora Elizabeth Sierra Hernández; Acuerdo No 2761-SE-10 de fecha 22 de diciembre 2010, por medio del cual se trasladó al señor Virgilio Yovanny Romero Madariaga; Acuerdo de nombramiento No 118-10 de fecha 3 de mayo 2010, Acción de personal 186 traslado No 538, por medio de los cuales se nombró al señor Juan Carlos Fiallos Mejía; Acuerdo de nombramiento No 124-10 de fecha 3 de mayo 2010, Acuerdo de traslado No 2744-SE-2010 de fecha 21 de diciembre 2010 por medio de los cuales se nombró y trasladó a la señora Nilia Liliana Hernández Oseguera; Transcripción del acuerdo de nombramiento No. 125-10 de fecha 3 de mayo 2010, Acción de personal de nombramiento No 095/2010, Acción de personal para traslado No 523 de fecha 6 de enero 2011 por medio de los cuales se nombró y trasladó a la señora Claudia Lucia Ramos Ham; Acuerdo de Traslado No 19-SE-11, Acción de personal para traslado No 539 de fecha 6 de enero 2011 por medio de los cuales se nombró y trasladó al señor Jorge Mauricio Fernández Travieso; Transcripción del acuerdo de nombramiento No 139-10 de fecha 3 de mayo 2010; Acción de personal de traslado No 521 de fecha 21 de octubre 2010 y de Nombramiento No 109/2010 por medio de los cuales se nombró y trasladó al señor José Eduardo Burgos; Transcripción del acuerdo de nombramiento No 137-10 de fecha 3 de mayo 2010, Acción de personal para nombramiento No 107/2010 de fecha 9 de septiembre 2010, y acción de personal No 535 de traslado por medio de los cuales se nombró y trasladó al señor Mario Miguel Torres Molino; Transcripción del acuerdo de nombramiento No 128/10 de fecha 3 de mayo 2010, Acuerdo de Traslado No 2746-SE-10 de fecha 21 de diciembre 2010, Acción de personal para nombramiento No 098/2010 de fecha 8 de septiembre 2010, y Acción de personal para traslado No 542 de fecha 21 de diciembre 2010, por medio de los cuales se nombró y trasladó a la señora Tomasa Beatriz Ponce Jiménez; Acuerdo de nombramiento No 2447-SE-06, 1795-SE-09 de legalización de transferencia de plaza, acuerdo 2127- SE-09 de aumento de salario, Acuerdo 14781-SE2012 de cancelación por renuncia a partir del 31 de mayo 2012, y Acuerdo 14782-SE-2012 de reingreso a partir del 01 de junio 2012 correspondientes al señor Samuel Ibraham Campos Auceda; para sus nombramientos se siguió el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su reglamento. Con las notificaciones de fecha 25 de noviembre del 2015, firmadas por la Abogada JENY EUNICE MALDONADO, Secretaria General por Ley de la Secretaría de Educación, se les dio a conocer los acuerdos de cancelación por cesantía números 2105-SE-2015, 2096-SE- 2015, 2095- SE-2015, 2093-SE-2015, 2094-SE-2015, 2114-SE-2015. 2099-SE-2015, 2103-SE-2015, 211D-SE-2015, 2101-SE-2015, 2106-SE-2015, 2112-SE-2015, 2097-SE- 2015 y 2109-SE-2015 los que supuestamente fueron efectivos a partir del 31 de Diciembre del 2015, asimismo señaló que en ningún momento se les notificó la comisión de alguna de las faltas establecidas en los artículos 42 y 47 de la Ley de Servicio Civil, ni se siguió el proceso que establecen los artículos 53, 54 y 55 de la Ley citada en relación con los artículos 113 y 154 de su Reglamento, ni fueron llamados a audiencias de descargos como lo tipifican los artículos 48 y 49 del mismo cuerpo legal, 116 y 119 del Reglamento; de igual modo indicó que para la aplicación de las cesantías no se procedió con lo establecido en los artículos 187, 188, 189, 190 y 193 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, infringiendo con ello la Constitución de la República en sus artículos 60 párrafo 2 y 3, 61, 62, 63, 64, 82, 89, 90, 94, 95, 129, 128, 129, 165, 321, 322, 323, 324, 325, 326, y 327 de la Ley General de la Administración Pública en sus artículos 5, 8 numerales 2, 3 y 4, 118 numeral 1, y 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo en sus artículos: 24, 25, 30, 31, 34 letras b), c), ch) y e), 35, 40 letra a), 59, 60, 61, 62, y 64 de la Ley de Servicio Civil en sus artículos 46, 47, 48, y 49, del Reglamento de la Ley de Servicio Civil en los artículos 116, 119, 145, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 187, 188, 189,190 y 191, y en el memorial suscrito entre las autoridades de la Secretaria de Educación y el Sindicato de Empleados del Servicio Público de la Educación de Honduras (SIESPEH), en sus cláusulas tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, las cuales establecen los procedimientos que se deben adoptar para la aplicación de medidas disciplinarias o despidos de un afiliado, por lo tanto los acuerdos de cancelación por cesantía emitidos por la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, además de injustos, son violatorios del legítimo derecho a la defensa y de la garantía constitucional del Debido Proceso, por lo tanto, se considera procedente que se anulen dichos acuerdos y se ordene a la inmediata restitución en sus cargos, sumado al hecho que la demandada en ningún momento realizó una evaluación de su desempeño para haber tomado tal determinación, ni se tomó en cuenta que en ningún caso se podría separar del cargo a ningún empleado, sin haberle seguido los procedimientos que se establecen en el ordenamiento Jurídico Nacional. 2.- La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando estar disconforme en cuanto a lo planteado sobre la permanencia de los trabajadores en los cargos que desempeñaban, ya que con la aprobación del Congreso Nacional del Decreto 325-2013 en fecha 15 de enero del 2014, quedó establecido que todos los proyectos dispersos en otras Secretarías de Estado y que tenían relación con el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), debían conformar la Dirección de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, conjuntamente con las entidades gubernamentales especializadas como ser el Programa Ampliando Horizontes (PAH), por ello la Secretaría de Educación, mediante Oficio No. 1754-SE-2015 de fecha 12 de octubre del 2015, solicitó al Consejo de Servicio Civil dictamen para proceder con la cancelación por cesantía del personal asignado al Programa Ampliando Horizontes (PAH), fundamentándose en los artículos 53 inciso a) de la Ley de Servicio Civil y 187 numeral 1) de su Reglamento, ya que al trasladar dicho Programa era necesaria la reducción forzosa de personal, ya que el presupuesto asignado al Programa Ampliando Horizontes (PAH), pasaría de la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), rechazó el hecho segundo, tercero, cuarto y quinto de la demanda, en virtud que mediante Oficio No. CP0033-2015 de fecha 22 de julio del 2015, el Comisionado Propietario y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), informó que la comisión no contaba con estructuras presupuestarias bajo el régimen de Servicio Civil, por tal razón se notificó mediante el oficio No. CSC-160-15 de fecha 23 de octubre del 2015, el Consejo de Servicio Civil, informó al Ministro de Educación lo siguiente, “el Consejo estima que siempre y cuando la Secretaria de Educación, cumpla con lo establecido y tenga el financiamiento respectivo autoriza la cesantía de los empleados y lo hace en atención a que está comprendido dentro de lo preceptuado en el artículo 53, literal b) de la Ley de Servicio Civil, Decreto 325-2013 de fecha quince (15) de enero del 2015, y oficio No. CP0033- 2015 de fecha veintidós de julio del 2015 emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), quedando la autoridad nominadora encargada del pago de las indemnizaciones de conformidad a lo establecido en los artículos 55 reformado de la Ley de Servicio Civil”, es por ello que mediante los Acuerdos No. 2105-SE-2015; 2096-SE-2015; 2095-SE-2015; 2093-SE-2015; 2094-SE-2015; 2114-SE-2015; 2099-SE-2015; 2103-SE-2015; 2110-SE-2015; 2101-SE-2015; 2106-SE-2015; 2097-SE-2015, 2112-SE-2015; y 2109-SE-2015 de fecha 20 de noviembre del 2015, se canceló por Cesantía a los demandantes notificándoles tal decisión en fecha 25 de noviembre del 2015, en aplicación de los artículos 36 numeral 1) y 8), 116 numeral 1) de la Ley General de la Administración Pública; 53 inciso a) y b), 54, 55, de la Ley de Servicio Civil; 187 al 193 del Reglamento de aplicación de la referida Ley. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 31 de agosto del 2018, dictó sentencia de la siguiente manera: “PRIMERO: Declarar procedente la acción promovida por los señores JOSÉ DAGOBERTO HERNÁNDEZ BENEDITH, GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA, GLENDA YADIRA LANZA HAM, ROSMIN FABRICIO ZUNIGA SANCHEZ, NORA ELIZABETH SIERRA HERNANDEZ, VIRGILIO YOVANNI ROMERO MARADIAGA, JUAN CARLOS FIALLOS MEJIA, NILIA LILIANA HERNANDEZ OSEGUERA, CLAUDIA LUCIA RAMOS HAM, JORGE MAURICIO HERNANDEZ TRAVIESO, JOSE EDUARDO BURGOS ZAMBRANO, MARIO MIGUEL TORRES MOLINA, TOMASA BEATRIZ PONCE JIMENEZ, SAMUEL IBRAHAM CAMPOS AUCEDA, por no ajustarse a Derecho los Actos Administrativos impugnados, consistentes en acuerdos de cancelación por cesantía siguientes: N° 1) : 2105-SE-2015; 2) 2096-SE-2015; 3). 2095-SE-2015; 4). 2093-SE-2015; 5). 2094-SE-2015; 6). 2114-SE-2015; 7). 2099-SE-2015; 8). 2103-SE-2015; 9). 2110-SE-2015; 10). 2101-SE-2015; 11). 2106-SE-2015; 12). 2112-SE-2015; 13). 2097-SE-2015; 14). 2109-SE-2015, emitido por la Secretaria de Estado en el despacho de Educación, por medio del cual se canceló por cesantía a los demandantes, en consecuencia, se anula totalmente.-SEGUNDO: Reconocer la situación Jurídica Individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se Resuelve: adoptar el reintegro de los demandantes, a sus cargos, de la manera siguiente: JOSÉ DAGOBERTO HERNÁNDEZ BENEDITH, al cargo de Planificador I; GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA, al cargo de Contador III; GLENDA YADIRA LANZA HAM, Al cargo de Secretaria II; ROSMIN FABRICIO ZUNIGA SANCHEZ, al cargo de Planificador Presupuestario I; NORA ELIZABETH SIERRA HERNÁNDEZ, al cargo de Pre Inventor I; VIRGILIO YOVANNI ROMERO MARADIAGA, al cargo de técnico en Capacitación; JUAN CARLOS FIALLOS MEJIA, al cargo de Gerente de Proyecto; NILIA LILIANA HERNANDEZ OSEGUERA, al cargo de Administrador II; CLAUDIA LUCIA RAMOS HAM, al cargo de Secretaria II; técnico en Capacitación Asistencia y Asesoría; JORGE MAURICIO HERNANDEZ TRAVIESO, al cargo de Conductor de Automóviles I; JOSE EDUARDO BURGOS ZAMBRANO, al cargo de MARIO MIGUEL TORRES MOLINA, al cargo de técnico en Capacitación; TOMASA BEATRIZ PONCE JIMENEZ, al cargo de contador II; SAMUEL IBRAHAM CAMPOS AUCEDA, al cargo de Oficia Informático.-TERCERO: Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que este se ha restituido en su cargo, más el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto y vacaciones, así como otros derechos que les pudieran corresponder.– CUARTO: Se decreta, en su caso, la nulidad del Acto Administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante…SIN COSTAS”. Bajo el criterio que no se presentó en juicio documentación pertinente que evidenciara la realización de evaluaciones periódicas a los demandantes, y siendo que la disposición que obliga a realizarlas no ha sido derogada, era de obligatorio cumplimiento tomar en cuenta los años de Servicio en la Administración Pública; además, no se acreditaron los elementos indispensables que se debían cumplir para prescindir de sus servicios, tampoco se realizó el procedimiento establecido para la cancelación por cesantía, infringiendo con ello los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil, 280 y 281 del Reglamento, asimismo de acuerdo a lo presupuestado en el artículo 278 del citado Reglamento hay dos razones por las cuales procede la cesantía de un servidor público, implicando ambas razones la reducción de personal o de servicios, pero ninguna de ellas fueron probadas, en consecuencia no se cumplió con el fin de la cesantía, al estar debidamente acreditado que no se siguió el procedimiento legalmente establecido, por lo que el acto administrativo impugnado infringe el ordenamiento jurídico y se ordena el reintegro de los demandantes en sus puestos de trabajo. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 28 de enero del 2020, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR recurso de apelación interpuesto por la abogado MARIO WILFREDO QUESADA, en su condición apoderado legal sustituto del Estado de Honduras a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN SEGUNDO: ANULAR PARCIALMENTE LA SENTENCIA DE FECHA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO EN EL UNICO SENTIDO DE QUE SE ELIMINE DE LA PARTE DISPOSITIVA EN EL NUMERAL primero y segundo el derecho otorgado al CIUDADANO JOSE DAGOBERTO HERNANDEZ BENEDITH por haber llegado a un acuerdo con la Secretaria de Estado TERCERO: CONFIRMAR el resto de la sentencia definitiva de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), para los ciudadanos GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA, GLENDA YADIRA LANZA HAM, ROSMIN FABRICIO ZUNIGA SANCHEZ, NORA ELIZABETH SIERRA HERNANDEZ, VIRGILIO YOVANNI ROMERO MARADIAGA, JUAN CARLOS FIALLOS MEJÍA, NILIA LILIANA HERNANDEZ OSEGUERA, CLAUDIA LUCIA RAMOS HAM, JORGE MAURICIO FERNANDEZ TRAVIESO, JOSE EDUARDO BURGOS ZAMBRANO, MARIO MIGUEL TORRES MOLINA, TOMASA BEATRIZ PONCE JIMENEZ, IBRAHIM CAMPOS AUCEDA, sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en la pieza principal Tomo III con orden de ingreso número 0801-2015-00389…SIN COSTAS.” Bajo el criterio que la intención del Estado en cuanto a tener una mejor organización está dentro de sus atribuciones, pero el Decreto 325-2013 aprobado por el Congreso Nacional, no explicaba ni definía como se procedería con el personal que laboraba para dicho proyecto, ni mucho menos de qué forma se efectuaría la cancelación por despido o cesantía, de las personas que laboraban en el proyecto Ampliando Horizontes adscrito a la Secretaría de Educación, entendiéndose que con la emisión de tal decreto se debería entender que el proyecto se subroga a la Secretaría de Educación y se traslada con el presupuesto asignado, bienes y por ende el personal que se encontraban laborando bajo la modalidad de acuerdo permanente por servicio civil, para operar bajo el proyecto Ampliando Horizontes en la Secretaría de Educación a quienes en ningún momento en el acuerdo de cancelación les indican cuál de los supuestos que establece dicha figura de la cesantía les aplicaba, es decir, si por reducción de personal para obtener una eficaz y económica organización administrativa o por razones de orden presupuestario, pero no ambas, tal cual establece la ley, quedando acreditado que no se sujetaron a lo que establece la Ley de Servicio Civil y su reglamento al respecto. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, la Abogada NANCY MELISSA OBANDO MENDOZA, en fecha 01 de diciembre del 2020, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 28 de enero del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.023-2019, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.389-2015 del Juzgado de Letras Contencioso de lo Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 03 de diciembre del 2020, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, el Abogado OSCAR ARMANDO CÁRCAMO CÁLIX, presentó en fecha 06 de enero del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 21 de enero del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 03 de febrero del 2021 el Abogado OSCAR ARMANDO CÁRCAMO CÁLIX y en fecha 25 de febrero del 2021la Abogada NANCY MELISSA OBANDO MENDOZA. 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 26 de marzo del 2021, teniendo por personados a los Abogados NANCY MELISSA OBANDO MENDOZA, como recurrente y OSCAR ARMANDO CÁRCAMO CÁLIX, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente: “infracción indirecta a los artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, 187, 188, 189, 190, y 193 de Reglamento de la Ley de Servicio Civil por lo cual no se ha tornado en cuenta la apreciación de la pruebas documental consistente en: el Expediente Administrativo de los señores GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA, GLENDA YADIRA LANZA HAM, ROSMIN FABRICIO ZUNIGA SANCHEZ, NORA ELIZABETH SIERRA HERNANDEZ, VIRGILIO YOVAN ROMERO MARADIAGA, JUAN CARLOS FIALLOS MEJIA, NILIA LILIANA HERNANDEZ OSEGUERA, CLAUDIA LUCIA RAMOS HAM, JORGE MAURICIO FERNANDEZ TRAVIESO, JOSE EDUARDO BURGOS SAMBRANO, MARIO MIGUEL TORRES MOLINA, TOMASA BEATRIZ PONCE JIMENEZ, SAMUEL IBRAHAM CAMPOS AUCEDA, donde se verifica que el procedimiento seguido fue conforme a lo estipulado a Ley de Servicio Civil y su Reglamento, Ley Especial que rige a dicho personal. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, el cual literalmente dice: "Causales del Recurso. - Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio." EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASI: Expresa la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en los fundamentos de derecho numeral cuatro (4): "Que el principio de legalidad debe prevalecer en cada decisión que emitan los órganos de la administración pública como expresión del poder público y se ejerce por actos que concretan la voluntad del estado, los que directa o indirectamente afectan los interés de los particulares y es a través de la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo mediante las potestades revisorías y sancionadoras que por ley le otorgan……."Cabe destacar señores magistrados que la sentencia emitida violenta preceptos jurídicos, lo que se rechaza totalmente ya que la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación siguió todos los procedimientos establecidos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para cancelar por cesantía a los ahora demandantes específicamente en el artículo 53 inciso b) de la Ley De Servicio Civil, 187 numeral 1 y 188 del Reglamento de Servicio Civil, siguiendo el procedimiento correcto y mostrando que no se violentó el derecho de los ahora demandantes tal come se encuentra plasmado en el expediente administrativo presentado por la parte demandada y que dicho Juzgado no evaluó, causando grandes agravios a mi representado el Estado de Honduras, y con lo que quedo probado que no existe violación al derecho de defensa y el debido proceso que afirma el Juzgado A quo, pues como dije anteriormente ya según Oficio No. CSC-160-15 de fecha veintitrés de octubre del ario dos mil quince el concejo de Servicio Civil, informo al Dr. Marlon Escoto, señalando entre otro lo siguiente "Que el consejo estima que siempre y cuando la Secretaria de Educación, cumpla con lo establecido y tenga el financiamiento respectivo autoriza la cesantía a de los empleados antes mencionados evidenciando que se siguió el debido proceso para cancelar a dichos empleados, en consecuencia, no debió el Juzgado A quo anular dicho acto. Se realizó con el procedimiento establecido en La Ley de Servicio Civil y su Reglamento, que es la Ley Especial que rige a mencionados empleados, por lo que se debió de abstener de emitir tal aseveración que agravia a mi representado el Estado de Honduras. Vis to lo anterior queda demostrado que la violación, al no aplicar los artículos 53 inciso b) de la Ley De Servicio Civil, 187 numeral 1 y 188 del Reglamento de Servicio Civil, haciendo incurrir a la Corte recurrida en la violación de la Ley y por lo tanto se ha producido indefensión de mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Educación, por lo que precede casar la sentencia por este motivo.”. II.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) no resulta claro ni preciso cual es el tipo o concepto de la violación a la Ley en que ha incurrido el Juzgador, dado que se invoca una causal por “infracción indirecta” que no aparece comprendida en el artículo 719 del Código Procesal Civil; b) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del referido Código; c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia. III.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. IV.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente, sin condena en costas, dado que se tuvieron motivos suficientes para litigar. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redacto el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS Y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de junio del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha catorce de mayo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA102-2021. FIRMA Y SELLO.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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