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Sentencia CA-101-20 — Registro 12855

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia dictada, declarando improcedente la acción incoada por ajustarse a derecho el acto administrativo consistente en el acuerdo de cancelación por despido

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) en la formulación se indica la falta de aplicación entre otros del artículo…719 numeral 1 Letra c) y numeral 2) del Código Procesal Civil…”, resultando inapropiado, pues lo que establece dicha disposición en sus numerales y literales son distintas causales de casación. La imprecisión y confusión se agrava, cuando en acápite aparte se cita la misma disposición como infringida. Debe recordarse, en términos generales que la violación a la ley, no es más que el incumplimiento de la norma ya sea de naturaleza procesal o material o procesal y en este último con relación a la cuestión debatida; b) se indica como precepto autorizante el “Articulo 719.1 letra c) y 2 del Código Procesal Civil” sin embargo, los numerales y literales de la citada disposición contemplan distintas causales de casación incompatibles entre sí, que se deben formular en forma separada, por la independencia de los cargos; c) se indica entre otros como infringido el artículo 200 del Código Procesal Civil, disposición que contiene numerales y literales que es necesario precisar; d) se formula el concepto de falta de aplicación, pero en la explicación se alude de manera imprecisa que la norma ha sido “…interpretado y aplicado de manera errónea…”; y, e) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal, artículo 720 numeral 1) del Código Procesal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los a los catorce días del mes de mayo del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el señor JUAN NEPTALY CERRATO ESPINAL, representada en juicio por el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL; y, Recurrida: EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD, representado en juicio por la Abogada DIANA PAMELA MEDINA HENRIQUEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda especial en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo, que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada de que fue objeto y como medida para su restablecimiento se ordene el reintegro a su puesto de trabajo, más el pago de los salarios dejados de percibir como pago de daños y perjuicios; promovida ante el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo con sede en el Departamento de Francisco Morazán, promovido por el señor JUAN NEPTALY CERRATO ESPINAL; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda que se desempeñó en el cargo de Policía Conductor, de la Dirección Nacional de la Policía Preventiva dependencia de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, nombrado mediante Acuerdo número D.GP.P. 0274-2008 de fecha 8 de octubre del 2008. Que en fecha 11 de marzo del 2014, fue citado a una audiencia de descargo a realizarse en fecha 20 de marzo del año 2014, esto por el “decomiso de un arma de fuego marca Española Pavón niquelado 9mm”., hecho ocurrido el día 26 de diciembre del 2013, en un operativo que se realizó en el desvió de la entrada al Municipio de Quimistan Santa Bárbara y supuestamente “solicitar dinero por la devolución de la misma”, en dicha audiencia no se le comprobaron las hechos imputados, ya que como lo manifestó en la citada audiencia, el 26 de diciembre del 2013, estaba como Comandante de turno de la Jefatura Municipal de Quimistan, Santa Bárbara. Posteriormente el 29 de mayo del año 2014, se le hizo entrega el Acuerdo de Cancelación 772-2014 de fecha 20 de mayo del 2014 contenido en el Oficio Numero SEDS-SG-1141-2013, de fecha 21 de mayo del 2014 y notificado en fecha 29 de mayo del año 2014, en donde el Subsecretario de Estado en el Despacho de Seguridad, acordó su cancelación, sin existir causa justificada para la cancelación de su acuerdo. El proceso antes relacionado violenta el Principio de Estabilidad laboral, pues no se siguió el Procedimiento Administrativo establecido en la Ley, lo que igualmente convierte tal decisión en injusta e ilegal y conlleva responsabilidad. La cancelación de su acuerdo de nombramiento es totalmente ilegal en virtud de no haberse seguido el procedimiento establecido en la ley Orgánica de la Policía. 2. La parte demandada, El ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el actor en fecha 11 de marzo del 2014 fue citado a una audiencia de descargo, siendo el motivo, el decomiso de un arma de fuego, marca española, pavón niquelado, 9.m.m. hecho ocurrido el 26 de diciembre del 2013 en un operativo policial en el desvió a la entrada principal del Municipio de Quimistan, Santa Bárbara, y supuestamente solicitar dinero por la devolución de la misma, la audiencia de descargo se realizó el 20 de marzo del 2014. Sin embargo, el demandante rechaza que se le comprobaron los hechos imputados, ya que como lo explico en la audiencia de descargo, el día 26 de diciembre del 2013 fecha en que ocurrieron los hechos, estaba de Comandante de Turno en la Jefatura Municipal de Quimistan, Santa Bárbara, por lo que es evidente que el actor no pudo desvirtuar lo cargos a él impuestos. Asimismo, se rechazó lo manifestado par el demandante que en la cancelación de su nombramiento se hizo sin haber causa justificada y sin seguir el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, pues como consta en el expediente administrativo del demandante, el Informe Especial de fecha 4 de febrero del 2014, en el que se establece que el día martes 28 de enero del 2014 a las 09:20 horas se presentó a las Oficinas de la Jefatura Municipal de Quimistan, Santa Bárbara, el señor Carlos Alberto Ocampos Matute, manifestando que el día jueves 26 de diciembre del 2013 él iba en su vehículo al pasar por el desvió en la entrada principal del Municipio de Quimistan, Santa Bárbara habrá un operativo policial, siendo requerido por un policía decomisándole un arma de fuego calibre 9.mm, pavón níquel, marca española, sin documentos, pero el policía le pidió L. 4,000.00 para regresársela, ya que no tenía papeles por lo que le dio 100 dólares y L. 2,000.00lempiras, que el policía le dijo que le iba a entregar el arma hasta el 2 de enero del 2014, luego le pidió más dinero para entregársela. Que el 4 de enero del 2014 al llegar al desvió del Municipio de Quimistan, se encontró nuevamente con el policía en operativo, contestándole el policía que el arma se la había pedido el Sub Comisionado Jefe de Santa Bárbara, y si quería recuperarla le consiguiera más dinero, por lo que le dio el número de celular 99840149, luego le llamo dos veces en la tarde, contestándole que se la entregaría hasta el día 5 de enero y al llamarlo al día siguiente el celular ya estaba apagado; que en la Jefatura Municipal de Quimistan el día 12 de enero del 2014 fue atendido por el policía Baltazar Carranza, quien inmediatamente reconoció al policía que se la había decomisado, diciéndole que se trata del policía Juan Nepalí Cerrato Espinal asignado a la Jefatura Municipal de Quimistan. Asimismo, en el Informe Investigativo de fecha 7 de marzo del 2014 enviado a la Jefatura de la Unidad Departamental de Prevención No. 16, se establece que en la relación de los hechos ocurridos en fecha 26 de diciembre del 2014 en el operativo policial realizado en el desvió a la entrada principal al Municipio de Quimistan, Santa Bárbara, por el Decomiso de un arma de fuego, marca española, pavón niquelado, 9.mm y supuestamente solicitar dinero por la devolución de la misma, el demandante incurrió en el incumplimiento grave o violación grave de las obligaciones establecidas en el artículo número 24 numerales 3, 4, 5 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Aunado a lo anterior consta en el expediente administrativo del demandante el Informe Investigativo de fecha 7 de marzo del 2014 girado a la Jefatura de la Unidad Departamental de Prevención No. 16 a cargo del Sub Comisionado de Policía Walter Edmundo Barrios Sosa y suscrito por el Sub Inspector de Policía Suyapa Eunice Jiménez Zúñiga, mismo que expresa que el día 21 de febrero del 2014 en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Jefatura Municipal de Quimistan, Santa Bárbara al tomarle declaración verbal y escrita al Policía Carlos Humberto Hueste Flores, indica que el día 26 de diciembre del 2013 salió a las 8:30 horas a un operativo policial en el desvió a Quimistan, en compañía del demandante y José Alfredo Girón Rodríguez, conductor de la RPM 16-29; luego le tomo declaración al Policía José Armando Ramírez Gómez quien dijo que el día 26 de diciembre del año 2013 amaneció enfermo del estómago y le hizo el comentario a sus compañeros y que el actor, le dijo que el quería ir al operativo y que el Policía José Armando Rodríguez le cubriera el Servicio de Guardia, luego se inspecciono el libro de novedades que se lleva en la Oficina de Atención al Ciudadano, pudiendo ver que según el libro de novedades el demandante, estuvo de servicio todo el día en la Guardia el 26 de diciembre del año 2013, pero todos sus compañeros policías manifiestan que dicho policía no hizo servicio de guardia durante el día y recibió servicio hasta las 18:00 horas; que el día 22 de febrero del 2014 en la Jefatura Municipal de Quimistan al tomarle declaración verbal y escrita al Policía Henry Ornar Zepeda Madariaga manifestó que en ningún momento le recibió servicio de guardia a las 4: 00 horas al actor; el día 23 de febrero del 2014 nuevamente en la Jefatura Municipal de Quimistan al tomarle declaración verbal y escrita al Policía José Baltazar Carranza Escario dice que el día 12 de enero se encontraba de Servicio en la Oficina de Atención al Ciudadano y que se presentó el ciudadano Carlos Alberto Ocampos Matute buscando un arma de fuego que le habían decomisado, en ese mismo momento el Policía Juan Nepalí Cerrato venia caminando por el Edificio de la Alcaldía Municipal de Quimistan, y el señor Carlos Alberto Ocampos Matute al ver al demandante, dijo que ese era el Policía que le había decomisado el arma de fuego en un operativo policial el día 26 de diciembre del 2013; el día 26 de febrero del año 2014 visitando de nuevo la Jefatura Municipal de Quimistan entrevisto a los Policías José Alfredo Girón Rodríguez y Adán Osorio Amaya, en declaración escrita el Policía José Alfredo Girón Rodríguez expreso que el día 26 de diciembre del año 2013 a las 08:30 horas se dirigió en la RPM 16-29 a dejar a sus compañeros, el demandante y Carlos Humberto Huete, al desvió a Quimistan a un operativo policial, y que solo los deja y se fue a lavar la patrulla al Car Wash de la Gasolinera Puma de Quimistan, y que cuando regreso al operativo el demandante ya no se encontraba; que el día 27 de febrero del 2014 al desplazarse a buscar al propietario de la Gasolinera Puma de Quimistan señor Williams Aguilar Rivera, en declaración escrita le afirmo que era cierto que ese día 27 de diciembre del 2013 coma a eso de las 14:00 horas llego a la Gasolinera Puma de Quimistan el Policía Juan Nepalí Cerrato Espinal a cambiar los cien dólares. Consta en el expediente administrativo que al demandante se le siguió el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, por haber incurrido en el incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la Ley, fue citado a una audiencia de descargo por el motivo: decomiso de un arma de fuego, marca española, pavón niquelado, calibre 9mm, hecho ocurrido el día 26 de diciembre del 2013 en un operativo policial que se estaba realizando en el desvió de la entrada principal del Municipio de Quimistan, Santa Bárbara, y por solicitar dinero por la devolución de la misma; en la audiencia de descargo que se le practico no desvaneció los cargos imputados, limitándose a declarar que el día jueves 26 de diciembre del 2013 estaba de servicio en la oficina de atención al ciudadano de la jefatura municipal de Quimistan, Santa Bárbara, contrario a lo que manifestaron sus compañeros policías de la misma jefatura municipal, que declararon que ese día en horas de la mañana si participo en el operativo policial que se llevó a cabo en el desvió al Municipio de Quimistan, Santa Bárbara. Como se puede ver es evidente causal de despido del demandante, consistente en el incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones, establecidas en la presente ley, tipificada en el artículo 126 numeral 1 en relación con los artículos niñeros 24 numerales 3, 4, 5; Y 106 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de abril del dos mil diecisiete, dicto sentencia declarando CON LUGAR, la demanda promovida por el señor JUAN NEPTALY CERRATO ESPINAL, contra el ESTADO DE HONDURAS, por no ajustarse a derecho el acto impugnado, sin costas, bajo el criterio siguiente: en el presente caso se trata de un acto administrativo consistente en el acuerdo de cancelación N° 772-2014, de fecha 20 de mayo de 2014, mediante el cual se acordó cancelar (despido) sin responsabilidad para el Estado de Honduras, demandante, en el cargo de Policía, por estar acreditado que incurrió en el incumplimiento grave o violación grave de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en sus artículos: número, 24 numerales, 3) Observar conducta decorosa y apegada a derecho en el cumplimiento de sus funciones; 4) Actuar de acuerdo con los principios de jerarquía, subordinación y disciplina; 5) Proceder con eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones policiales; asimismo el articulo 106 numerales 3) Desempeñar sus funciones con la dedicación, moralidad, imparcialidad y eficiencia que aquellas requieren. Par ende sus acciones se subsumen dentro de lo establecido en el artículo 126 numeral 1) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras establece: "Los miembros de la Carrera Policial podrán ser despedidos de sus cargos, sin responsabilidad para el Estado de Honduras, por cualesquiera de las causales siguientes: 1) Por incumplimiento grave o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la presente Ley. En aplicación a dicha potestad otorgada par la Ley, se procedió a revisar el procedimiento para la cancelación que en su caso aplicó la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, y que se derivan en relación al acto impugnado ante esta jurisdicción por el demandante, a tal efecto es preciso mencionar que los funcionarios y empleados de la Secretaria de Estado en el Despacho De Seguridad, deberán cumplir las obligaciones impuestas por la Ley, sustentándose como principio de sus actuaciones la protección y defensa de los derechos humanos de nacionales y extranjeros; por lo que, bajo esta premisa, el demandante siendo policía de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, quien teniendo carrera policial, tal como consta en el Expediente Administrativo de Personal, que obra en el juicio se acredita que el demandante estaba bajo el Régimen de la Carrera Policial., Pero, el Acto Administrativo objeto del presente caso, consistente en el acuerdo de cancelación n° 772-2014, de fecha 20 de mayo de 2014, es anulable, en virtud, de haber sido dictado con exceso de poder al existir la falta de conexión lógica en entre la motivación y la parte dispositiva del acto (Artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo que el señor Juan Neptali Cerrato Espinal, fue citado a Audiencia de Descargo por el motivo siguiente: "Decomiso de una arma de fuego Marca: Española-Pavón Niquelado 9MM, hecho ocurrido el día veintiséis de diciembre del año 2013, en un operativo que se estaba realizando en el desvió de la entrada principal al Municipio de Quimistan, Sta. B.- Y supuestamente solicitar dinero por la devolución de la misma (Artículo 129 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras)", tal como consta a folio sesenta y siete ( 67) de la pieza principal de autos, sin embargo, en la parte dispositiva del Acuerdo de Cancelación en ninguna parte enmarca dicha motivo, inclusive ni se fundamenta en la norma legal para el cual fue citado, creando, de tal manera, una falta de conexidad del acto administrativo impugnado; asimismo, al no hacerse mención del motivo establecido en la Cedula de Citación en el Acuerdo de Cancelación acarrea la nulidad del mismo al tenor de lo establecido en el Articulo 34 numeral f) de la Ley de Procedimiento Administrativo, en virtud, que ha sido emitido contrariando lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley General de la Administración Publica, al restringir un Derecho consagrado en el Artículo 82 de la Constitución de la República de Honduras, como ser el Derecho al debido proceso, y prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido (Articulo 34 literal C de la Ley de Procedimiento Administrativo). Cabe destacar, que la propia Administración pública, mediante Dictamen Legal No.044-2014, de fecha 25 de abril de 2014, el cual consta de las folios 49 al 52 de la pieza principal de autos, establece en uno de sus Considerandos que "con respecto a lo que reza en la citación que si el Policía Cerrato Espinal, decomiso una Arma de Fuego, Marca Española 9 mm, propiedad del señor Carlos Alberto Ocampos Matute, no hay medias probatorios en su contra en vista que no existe una denuncia por parte del ofendido y pruebas documentales que le haya entregado dinero a cambio de la devolución, y tampoco pusieron a dicho miembro policial a disposición del Ministerio Público para que realizara la investigación sobre tal hecho"; por lo que, el MOTIVO al que fue verdaderamente citado la parte demandante nunca fue comprobado por la administración pública a efecto de proceder a acordar su cancelación, situación que menoscaba el principio de Buena Fe que rige el proceso Contencioso Administrativo al cancelársele por motivos y fundamentos legales totalmente distintos a las que citado a Audiencia de Descargos. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha treinta de agosto del dos mil diecinueve, dictó sentencia, declarando CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, REVOCANDO la sentencia dictada, declarar IMPROCEDENTE LA ACCIÓN INCOADA por ajustarse a derecho el acto administrativo consistente en el acuerdo de cancelación por despido, sin costas, bajo el criterio que en el caso que nos ocupa es evidente la falta de motivación de la resolución en base a la ley vigente, pues se ha omitido reconocer los elementos de hecho y derecho necesario, para justificar la aplicación concreta de la ley; en la resolución no se observa un argumento dentro del marco legal, del motivo por el cual se considera que la resolución impugnado no fue emitida conforme a derecho y al principio de legalidad; tampoco se relaciona una explicación concreta de la valoración de la prueba aportada, el expediente Administrativo donde el acuerdo de cancelación del cargo por haber incumplido grave o violación grave de alguna de las obligaciones y prohibiciones establecidas en la ley Organice de la policía Nacional, establecida en el artículo 24 de la Ley Organice Policía Nacional, establece como obligación de los miembros de la policía Nacional "observar en todo momento el debido profesionalismo, debiendo actuar con prudencia, dignidad y honorabilidad en su vida pública y privada; actuar de acuerdo a los principios de jerarquía, subordinación y disciplina", los cuales fueron incumplidos por el ciudadano al demandante, en el cargo que de policía de la Dirección Nacional de la Policía Preventiva dependencia de la Secretaria de Seguridad del cual se le realizo el respectivo proceso administrativo de acuerdo a la ley, donde queda probado que en el hizo uso de acciones y actuó contrario a lo que la Ley le manda de acuerdo a su función que debió desempeñar con la dedicación, moralidad, imparcialidad y eficiencia; de acuerdo a los hechos ocurridos y de los resultados de la investigación realizada, incumpliendo las obligaciones establecidas en la ley Organice de la Policía Nacional, y eso acarreó la sanción de despido de acuerdo a un Estado de Derecho donde la Constitución y las leyes se deben cumplir; Agotada la vía administrativa cumpliendo los requisitos del debido proceso, derecho a la defensa, el accionar del policía debidamente investigado o siendo graves la obligación, aspectos que deben de ser exhaustivamente apreciados y analizados, para cumplir con la finalidad de Administrar Justicia. El actor, al tomar posesión de su función debió cumplir, cada uno de los deberes y obligaciones Constitucionales en su función como miembro de la policía nacional. De ahí que, de acuerdo al DICTAMEN LEGAL No. 044-2014 que presento el Defensor Jurídico (Abogado Juan Francisco Ortiz Díaz), la documentación presentada en el expediente administrativo por el jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Nacional de la Policía declara valido el procedimiento administrativo incoado contra el demandante, en vista que con su actuación violento obligaciones establecidas en la ley Orgánica de la Policía Nacional, realizo cambio de servicio de comandante de guardia sin autorización de un superior, declaro en audiencia de descargo hechos falsos ante otro superior jerárquico, en vista que sus compañeros manifestaron que si participo en el operativo, lo observaron platicar con el señor Carlos Alberto Ocampos Matute (quien es la persona que llego a la jefatura municipal de Santa Bárbara a reclamar el arma supuestamente decomisada en fecha 26 de diciembre 2013); teniendo la obligación como miembro de la policía apoyar las acciones en contra de la delincuencia en el país. En el caso que nos ocupa es evidente la sentencia emitida, se interpreta erróneamente de la norma de la ley orgánica de la Policía Nacional de Honduras; motivo por el cual se considera que la resolución impugnada no está emitida conforme a derecho; tampoco se relaciona una explicación concreta de la valoración de la prueba aportada, debiendo concatenar los hechos con el derecho y leyes vigentes; como se podrá observa la sentencia recurrida en la fundamentación de derecho el considerando segundo concluyó el Juez A-quo que el "acuerdo de cancelación No. 772-2 014 de fecha 20 de mayo de 2014, es anulable, en virtud de haber sido dictado con exceso de poder al existir la falta de conexión lógica en entre la motivación y la parte dispositiva del acto, ya que el demandante fue citado a audiencia de descargo por el motivo del decomiso del arma de fuego, en un operativo que se estaba realizando en el municipio de Quimista Santa Bárbara, y supuestamente solicito dinero para la devolución; sin embargo la parte dispositiva del acuerdo de cancelación en ninguna parte enmarca dicho motivo, inclusive se fundamenta en la norma legal para lo cual fue citado, creando falta de conexión del acto administrativo impugnado", al hacer una revisión y análisis consta cedula de citación para audiencia de descargo, por el motivo del decomiso del arma de fuego en el operativo y la supuesta solicitud de dinero para la devolución, este actuar de un policía se enmarca en una violación grave, entendiéndose que el accionar incorrecto de las funciones de un policía de enmarcan en una obligación, no es determinar ni tipificar un acto delictivo, si no, un comportamiento incorrecto de sus funciones que ya están prohibidas, es el Ministerio Publico quien le corresponde tipificar el delito, por ende no se vulneran derechos estipulados en la artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos ni tratados internacionales; dictamen legal que declara valido la procedimiento administrativo; realización de la audiencia de descargo sobre los mismos hechos; informe investigativo que contiene relación de hechos, procedimiento y adjunta documentos y declaración de testigos; Todo el procedimiento administrativo que se realizó en el uso de las facultades que le otorga la ley a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, Policía Nacional para SUBSUMIR el accionar del Policía el demandante por la responsabilidad como miembro de la carrera policial por incumplir o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones, establecidas en la ley orgánica de la policía Nacional, entendiéndose que como miembro prohibiciones, de la carrera responsabilidades judicial tiene deberes, que debe cumplir y si incumple acarrea una obligación y consecuencia jurídica como es el caso del despido; la inobservancia que el Juez A-quo en su resolución especifica como hecho probados el acuerdo de cancelación no. 772-2014 por despido, sin responsabilidad para el Estado de Honduras al señor JUAN NEPTALI CERRATO ESPINAL, en el cargo de policía por incumplimiento grave violación de incurrir en las él obligaciones establecidas en la ley orgánica de la policía nacional artículos 24 numeral 3, 4, 5, asimismo articulo 106 numeral 3 y sus acciones se subsumen en lo establecido 126 numeral 1 de la misma ley; y en la fundamentación de derecho anula el acto, pero lo que se revisa es si el acto administrativo cancelación es realizado conforme a derecho y el ciudadano incumplió sus obligaciones de acuerdo a la ley y fueron debidamente investigados, como consta en el expediente administrativo, dio como resultado la emisión del acto administrativo de despido ajustado de acuerdo a derecho, reiterando la potestad otorgada por la Constitución de la Republica a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por medio de la ley orgánica de la policía nacional, para cancelar por despido si se incumple las obligaciones establecidas. 5. La representación procesal de la parte recurrente, el Abogado, JOSE ARMANDO ESPINAL, en fecha veinte de noviembre del dos mil diecinueve, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha treinta de agosto del dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.123-17, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.244-16 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha veinticinco de noviembre del dos mil diecinueve, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, la Abogada DIANA PAMELA MEDINA HENRIQUEZ, presentó en fecha nueve de enero del dos mil veinte, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinte de enero del dos mil veinte por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veinticinco de enero del dos mil veinte a los abogados JOSE ANRMANDO ESPINAL y la Abogada DIANA PAMELA MEDINA HENRIQUEZ. 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha diez de marzo del dos mil veinte, teniendo por personados el Abogado JOSE ANRMANDO ESPINAL como recurrente y la Abogada DIANA PAMELA MEDINA HENRIQUEZ como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Se impugna la Sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha treinta (30) de Agosto del año dos mil diecinueve (2019), por la falta de aplicación del artículo 719 numeral 1 Letra c) y 719.2, ambas del Código Procesal Civil. DISPOSICIONES INFRINGIDAS. El artículo 719.1 letra c) del Codigo Procesal Civil, que contempla como causal del Recurso de Casación que se podrá impugnar: La aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) ...; b) ...; c). - La forma y contenido de la sentencia. Y el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que establece como causal del Recurso de Casación que se podrá impugnar: La aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. El artículo 200, 715.2 y 3 del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna la Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha treinta (30) de agosto de dos mil diecinueve (2019) con excepción del pronunciamiento de las COSTAS. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación, está comprendido en el Articulo 719.1 letra c) y 719.2, ambos del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL UNICO MOTIVO DE CASACION. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en sentencia definitiva de fecha 30 de agosto de 2019 a aplicado de manera errónea lo establecido en el artículo 715.2 y 3 del Código Procesal Civil. Se dice lo anterior en vista que el A-Quem en la sentencia que se recurre a interpretado y aplicado de manera equivoca lo referido en la parte motivacional en relación con la parte resolutiva, evidenciando la falta de conexión lógica. Para el caso en el numeral NOVENO (9) de los fundamentos de derecho establece que: En el caso que nos ocupa es evidente la falta de motivación de la resolución en base a la Ley vigente, pues se ha omitido reconocer los elementos de hecho y derecho necesario para justificar la aplicación concreta de la Ley; en la resolución apelada no se observa un argumento dentro del marco legal, del motivo por el cual se considera que la resolución impugnada no fue emitida conforme a derecho y al principio de legalidad; tampoco se relaciona una explicación concreta de la valoración de la prueba aportada revisada por este Tribunal.... De igual manera en el numeral ONCEAVO (11) de los fundamentos de derecho establecidos en la referida sentencia que se recurre, el A-Quem establece que tampoco se relaciona una explicación concreta de la valoración de la prueba aportada, debiendo concatenar los hechos con el derecho y leyes vigentes ... Como podrán constatar ustedes Magistrados, el A-Quem con lo referido en los numerales antes mencionados, determino que la sentencia definitiva emitida por el Juez de Primera Instancia carecía de requisitos indispensables referidos en el artículo 200 del Código Procesal Civil, los que por su importancia provocarían la nulidad de la referida Sentencia Definitiva, sin embargo el A-Quem interpretando y aplicando de manera errónea esa falta de requisitos, Revoca la sentencia definitiva de primera instancia, cuando lo correcto sería anularla, en vista que no nos explicamos cómo puede revocarse una sentencia que el mismo A-Quem refiere en los numerales antes señalados, que la sentencia emitida en primera instancia carece de motivación, incluso se omite reconocer los elementos fundamentales como ser los de hecho y de derecho, siendo estos los que justifican la aplicación concreta de la Ley, sin argumentar lealmente el motivo que primero llevo al A-Quo a determinar que el acto impugnado no fue emitido conforme a derecho y al principio de legalidad y aun mucho más grave, establece que no se valor de manera concreta la prueba aportada y revisada por el Tribunal. Por lo dicho señores Magistrados, es obvio que se debe de estimar el presente Recurso de Casación, anulando la sentencia definitiva emitida por el A-Quem en fecha 30 de agosto de 2019, todo lo anterior en vista de haberse interpretado y aplicado de manera errónea lo que al efecto señala el artículo 715.2 y 3 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 200 del mismo cuerpo legal, ya que la Sentencia Definitiva que el A-Quem conoció en apelación carecía de requisitos fundamentales que afectaban la existencia de elementos de juicios necesarios para decidir, por tanto lo procedente era anular esa sentencia emitida por el A-Quo y no revocarla como erróneamente lo hizo el A-Quem, ya que al revocarla nos ha dejado indefensos, en vista que esa decisión ha sucedido por aspectos propios del Juez al haber emitido la sentencia definitiva sin los requisitos legales y no por alegatos probados por la parte demandada que desvirtuaran nuestra tesis, la que incluso el Juez de Primera Instancia nos había aprobado al haber declarado procedente nuestra pretensión mediante Sentencia Definitiva emitida el 04 de abril de 2017, llevándonos al convencimiento que lo antes señalado se enmarca en el motivo establecido en el artículo 719.1 letra c) del Código Procesal Civil”. 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) en la formulación se indica la falta de aplicación entre otros del artículo…719 numeral 1 Letra c) y numeral 2) del Código Procesal Civil…”, resultando inapropiado, pues lo que establece dicha disposición en sus numerales y literales son distintas causales de casación. La imprecisión y confusión se agrava, cuando en acápite aparte se cita la misma disposición como infringida. Debe recordarse, en términos generales que la violación a la ley, no es más que el incumplimiento de la norma ya sea de naturaleza procesal o material o procesal y en este último con relación a la cuestión debatida; b) se indica como precepto autorizante el “Articulo 719.1 letra c) y 2 del Código Procesal Civil” sin embargo, los numerales y literales de la citada disposición contemplan distintas causales de casación incompatibles entre sí, que se deben formular en forma separada, por la independencia de los cargos; c) se indica entre otros como infringido el artículo 200 del Código Procesal Civil, disposición que contiene numerales y literales que es necesario precisar; d) se formula el concepto de falta de aplicación, pero en la explicación se alude de manera imprecisa que la norma ha sido “…interpretado y aplicado de manera errónea…”; y, e) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal, artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. 3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. 4.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. 5.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los dieciocho días del mes de agosto del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha catorce de mayo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA101-2020. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.