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Sentencia CA-89-19 — Registro 12188

Resumen

En primera instancia dictó sentencia declarando procedente la demanda, por estar dictado el acto administrativo con infracción al ordenamiento jurídico, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el cargo anterior no resulta admisible, dado que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) la infracción indirecta no aparece contemplada como causal del recurso de casación en esta materia; b) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y cita normativa no señalada como infringida o relacionada en su formulación, tal es el caso de los artículos 41 del Estatuto del Docente Hondureño y 119 de la Constitución de la República.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de marzo de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dicta la siguiente RESOLUCIÓN:SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, representado en juicio por la Abogada ANGELA ROSIBEL MORENO VARELA; y, Recurrida: el señor ELDIN MOISES MIRANDA ERAZO, representado en juicio por el Abogado ESEQUIAS DOBLADO HERNANDEZ.OBJETO DEL PROCESO: demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo consistente en la resolución No. 132-SG-14, que se declare prescrita la facultad sancionadora de la autoridad nominadora para imponer sanción disciplinaria consistente en despido, que se suspenda el acto impugnado, se reconozca una situación jurídica individualizada y como medida se le restituya al puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el señor ELDIN MOISES MIRANDA ERAZO, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda, que no fue citado para que se le iniciara el procedimiento disciplinario, ni por escrito, sino que se le cito por medio de su esposa la señora Dunia Marisol Landaverde Mata, quien laboraba en el Instituto Nacional Agrario de Santa Rosa de Copan, a cuyas instalaciones el 11 de julio de 2011, llegó el Secretario de la Dirección Departamental de Educación de Copan, y le dejó mensaje con su esposa, para que se presentara a una audiencia de descargo al día siguiente, y fue así que en fecha 12 de julio del año 2011 sin previa citación en legal y debida forma, compareció a dicha audiencia de descargo, donde no le señalaron las causas, hechos o faltas graves que se le imputaban, aun así el actor expuso sus argumentos, sin tener conocimiento de las hechos a las cuales tenía que contestar. En vista de la audiencia de descargos, la demandada emitió el acuerdo N° 61-DDEC-11 emitida por la Dirección Departamental de Educación de Copan, en la que se le destituye de su cargo como Maestro del Centro de Educación Básica San Antonio de la ciudad de Santa Rosa, Departamento de Copan, por haber cometido supuestamente la falta muy grave de abandonar su cargo como maestro del centro de educación básica San Antonio, a partir del primero de agosto del año 2011, en virtud de que las pruebas presentadas a su favor no justifican el largo periodo de ausencia de su centro de trabajo. Posteriormente el apoderado legal de la parte demandante interpuso el recurso de apelación en fecha en fecha 19 de septiembre de 2011, el que fue resuelto por la Secretaría de Educación en fecha 13 de mayo de 2014, mediante la resolución N° 132-CG-14, mediante el cual se ratifica la resolución No. N° 61-DDEC-11 emitida por la Dirección Departamental de Educación de Copan, por haber sido emitida conforme a derecho. El demandante considera que dicha resolución que dio origen a su destitución ilegal ha sido dictada con infracción al ordenamiento jurídico, pues ni en el desarrollo de la audiencia de descargo no se le señalo la causa o hechos que se le imputan. Asimismo, en la resolución referida, solo le citaron el artículo 137 numeral 7) del Reglamento del Estatuto del Docente, pero, no se están señalando los hechos que constituyen una falta muy grave, para que se le señale la causa o hechos imputados, tenían que expresarle: cuando, como, y donde cometió dichas faltas, al no existir esos requisitos la causa para aplicar un procedimiento sancionador no existe y por lo tanto no tiene que defenderse de nada. El demandante solicita se declare prescrita la imposición de la medida disciplinaria de destitución del cargo, por transcurso del tiempo de la misma. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que cierto que la citación no se realizó personalmente al demandante ya que no se le encontró en el centro educativo, por lo que se dejó la misma a su esposa, la señora Dunia Marisol Landa Verde Mata y el convalida la notificación con el hecho de haber asistido a la audiencia de descargo el día doce de julio del año dos mil once, ya que el artículo 91 de la ley de Procedimiento Administrativo establece que “Las Notificaciones defectuosas surtirán, sin embargo efecto, a partir de la fecha en que se haga manifestación expresa en tal sentido por el notificado o se interponga el recurso procedente” tal es el caso del docente que al asistir a la audiencia en día y hora señalada para la celebración de la misma, convalida la citación y surte los efectos legales, asimismo el articulo 144 numeral 4 del Código Procesal Civil establece “Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el Lugar en que el destinatario tenga su domicilio según registros oficiales, publicaciones de Colegios Profesionales o fuere la vivienda o local arrendado al demandado, y no se encontrare ahí dicho destinatario, podrá efectuarse la entrega a cualquier empleado o familiar, mayor de catorce (14) años, que se encuentre en ese lugar, advirtiendo al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cedula al destinatario de esta, o darle aviso, si sabe su paradero”. Por lo que la notificación realizada al docente por media de su esposa está bajo los par metros que la ley exige. Mediante Resolución No.61-DDEC-2011, emitida por Dirección Departamental de Educación de Copan y que en la parte resolutiva se le destituye del cargo como docente en Servicio Estricto del Centro de Educación Básica "San Antonio" de Santa Rosa de Copan, al ahora demandante a partir del 01 de agosto del año 2011, donde se le establecieron los hechos o razones por los que era llamado a la Audiencia de Descargo, las faltas imputadas, establecida en los artículos 137 numerales 2) y 7) del Reglamento del Estatuto del Docente Hondureño, como ser: “1.- La negligencia en el desempeño de sus funciones, o inobservancia a órdenes superiores y. 2.- Abandono de su cargo durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2010 y febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2011”, según actas levantadas por la Directora del Centro Educativo, quien en el momento oportuno concedido para la presentación de las pruebas para desvanecer las faltas a él imputadas, las cuales no logró desvanecer, ya que las pruebas presentadas no fueron suficientes para demostrar lo contario por lo que se le sanciona con la medida Disciplinaria de destitución del Cargo. La administración emitió dos actos administrativos consistentes en las resoluciones No. 61DDEC-2011 y No. 132- SG-24, los que se emitieron conforme, sin embargo el demandante manifestó que en la Resolución No. 61-DDEC-2011, no se le señalan los días en que abandonó su cargo, pero en la citación se le especificaron los días sino los meses que abandono su cargo como docente en Servicio Estricto del Centro de Educación Básica "San Antonio" de Santa Rosa de Copan, por lo que la administración no puede seguir pagando por un docente que no realiza su labor para la que ha sido nombrado, como podemos observar quedó evidenciado que el docente no logro demostrar fehaciente mente del porqué de su abandonó en el cargo desde el mes de agosto, septiembre, octubre noviembre del año 2010 y los meses de febrero, marzo, abril, mayo y julio del año 2011, hechos por lo que fue sancionado mediante los actos administrativos objeto de impugnación con la medida disciplinara de destitución consignada en el artículo 38 numeral 3) del Estatuto del Docente Hondureño, relacionado con el 141 numeral 3) del Reglamento General de ese mismo cuerpo legal. Que la parte demandante quiere aplicar el artículo 159 segundo párrafo del Reglamento General del Estatuto del Docente Hondureño (prescripción), al caso del docente no es aplicable este artículo, pues dicho procedimiento se llevó a cabo hasta ese día, en virtud que al docente no se le podía notificar ya que no se presentaba a laborar a su centro de trabajo y fue así que en fecha 08 de julio del año 2011, se logró citarlo a audiencia de descargo por medio de su esposa. 3.El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dieciocho de abril del dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando PROCEDENTE la demanda, por estar dictado el acto administrativo con infracción al ordenamiento jurídico, reconociendo la situación jurídica individualizada reclamada por el demandante y como medida para su pleno restablecimiento se ORDENA el reintegro inmediato al cargo que éste ostentaba en el momento de su separación, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto la demandada cumplió con las formalidades legales enunciadas anteriormente en el sentido que al percatarse de una anomalía en el desempeño de cargo del demandante, realizó las investigaciones procedentes, le celebró una audiencia de descargo, veló por que se emitieran dictámenes y resoluciones que respaldaran la decisión que deberían de tomar como consecuencia de las investigaciones realizadas, no se puede obviar el hecho que para la autoridad nominadora, los derechos y acciones prescribirán en el término de noventa (90) días, para imponer medidas disciplinarias o el despido que contempla la Ley desde la fecha en que la autoridad nominadora tuvo conocimiento de la infracción, por lo que al tenor de lo indicado en el artículo 39 del Código Civil, que explica que cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche del último día del plazo; y cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazca o expiren ciertos derechos, se entenderá que estos derechos no nacen o expiran sino después de la media noche en que termine el último día de dicho espacio de tiempo, basta una simple operación aritmética para concluir que el plazo para sancionar al demandante expiró a la medianoche del 4 de Febrero del año 2011. En el expediente administrativo se puede verificar que en efecto la institución estatal hoy demandada tuvo conocimiento de las anomalías en el desempeño del cargo del demandante el 4 de Noviembre del año 2010 en el cual se encuentra un oficio en donde se remite el expediente del demandante junto con el acta de abandono, copia del Libro de Asistencia del Centro y reporte realizado por la Directora del Centro, asimismo en dicho expediente se observa claramente que no fue hasta el 09 de Febrero del año 2011 que la demandada realizó su primera actuación, al poner en conocimiento al demandante que su licencia con goce de sueldo ha sido denegada, es decir, esperaron 95 días hábiles posteriores a tener conocimiento de la existencia de una anomalía en el desempeño del cargo del demandante para actuar, quedando evidenciado plenamente que ha concurrido la prescripción invocada por el demandante, y que todas las actuaciones de la demandada fueron hechas en forma extemporánea y por lo tanto no pueden ser confirmadas o convalidadas. Al considerarse que ha ocurrido la prescripción en el plazo para sancionar al demandante por la falta al imputada, no resulta necesario analizar y valorar los demás motivos por los cuales considera que el acto impugnado es nulo, ni lo manifestado por el demandado en su escrito de contestación, que a su consideración, demuestran que existieron justas causas para terminar la relación de trabajo, pues no habiéndose sancionado dentro del tiempo otorgado por la Ley para ello estas carecen de efectividad, aun en el caso que justificaren dicho despido. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha trece de junio del año dos mil dieciocho, dictó sentencia, CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que de los autos se deriva que se inicia el procedimiento disciplinario el 12 de julio del 2011 fecha en se celebra la audiencia de descargos, habiendo transcurrido 6 meses con 12 días, ya que la Dirección Departamental de Educación del Departamento de Copan tuvo conocimiento de la falta en fecha 3 de noviembre del 2010 tal y como lo expresa el considerando uno de la resolución número 61-DDEC-11 de fecha 26 de julio del 2011 y en aplicación con la Ley del Estatuto del Docente Hondureño en su artículo 41 para que los derechos y acciones contenidos en la Ley a favor del docente prescribirán en el término de sesenta (60) días hábiles, contados desde la fecha en que pudieren hacerse efectivos y para la autoridad nominadora prescribirán por el término de treinta (30) días hábiles, sean estas para imponer medidas disciplinarias o el despido que contempla le Ley, el término comenzara a contarse desde la fecha en que la autoridad nominadora tuvo conocimiento de la infracción; por lo que el plazo sancionador al demandante no fue hasta el 11 de febrero del 2011 que la parte demandada realiza su primera actuación al poner en conocimiento al demandante de su licencia con goce de sueldo ha sido denegada, misma que fue recibida en fecha 14 de febrero del 2011, es decir, esperaron noventa y cinco (95) días hábiles posteriores a tener conocimiento de la existencia de una anomalía en el desempeño del cargo del demandante para actuar, quedando evidenciado plenamente que ha concurrido la prescripción invocada por el demandante, y que todas las actuaciones de la demanda fueron hechas en forma extemporánea y por lo tanto no pueden ser confirmadas o convalidadas. 5. La representación procesal de la parte recurrente, la Abogada ANGELA ROSIBEL MORENO VARELA, en fecha seis de agosto del dos mil dieciocho, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha trece de junio del año dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.220-16, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.044-14 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha nueve de agosto del dos mil dieciocho, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, el Abogado ESEQUIAS DOBLADO HERNANDEZ, presentó en fecha doce de diciembre del dos mil dieciocho, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha nueve de enero del dos mil diecinueve por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha uno de febrero del dos mil diecinueve a los Abogados ESEQUIAS DOBLADO HERNANDEZ y ANGELA ROSIBEL MORENO VARELA, respectivamente.7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintiocho de febrero del dos mil diecinueve, teniendo por personados a los Abogados ANGELA ROSIBEL MORENO VARELA como recurrente y al Abogado ESEQUIAS DOBLADO HERNANDEZ como parte recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “infracción indirecta a los artículos 9 numerales 2) y 6) del Estatuto del Docente Hondureño y 137 numeral 7) del Reglamento de la misma Ley, por lo cual no se ha tomado en cuenta que el docente faltó al cumplimiento de su obligaciones al abandonar su cargo para el cual fue nombrado, ya que quedó demostrado que el docente ELDIN MOISES MIRANDA ERAZO abandonó sus labores desde el mes de agosto al mes de noviembre del ario 2010, asimismo desde el mes de febrero al mes de junio del año 2011, faltas que no pudo desvirtuar, dejando a los alumnos sin clases y tanto el Tribunal AQUO y A-QUEM, no tomaron en cuenta dándole la razón injustamente al demandante. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motive está comprendido en el artículo 719 numeral 2 del C6digo Procesal Civil, el cual literalmente dice: "Causales del Recurso. - Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPICO ASI: Expresa la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso administrativo en el considerando Decimo "Que se creó el Estatuto del Docente Hondureño el que establece el régimen de administración de personal que tutela la carrera docente en instituciones oficiales, regidas por la Secretaria de Educación, y siendo que el docentes rige por esta ley fue llamado en legal y debida forma a audiencia de descargos por suponerlo responsable por las faltas siguientes: 1.- La Negligencia en el desempeño de sus funciones o inobservancia de órdenes superiores, establecida en el artículo 137 numeral 2), al abandonar constantemente su centro de trabajo sin sus respectivos permisos.; 2.- Abandono del cargo establecido en el artículo 137 numeral 7) al no presentarse a su lugar de trabajo durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre del año 2010 y los meses de febrero, marzo, abril, junio del año 2011 y siendo que la Dirección Departamental de Educación tuvo conocimiento de los hechos en fecha 03 de noviembre del ario 2010, es desde donde inician a contabilizarse los 90 días hábiles que establece el Artículo 41 del Estatuto del Docente Hondureño "Las faltas y sanciones prescriben en noventa (90) días a partir del conocimiento de la autoridad competente, excepto cuando anexa responsabilidad civil, penal, o una prescripción especial, casos en los cuales se aplicara la prescripción civil, penal o especial. Que si bien es ciento la sentencia dictada por el Juez A -QUO y el Juzgado A-QUEM, han declarado con lugar la acción interpuesta por el demandante el señor ELDIN MOISES MIRANDA ERAZO, ambos no han tornado en cuanta al CAPITULO IV DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, articulo 119, que engloba: El Estado tiene la obligación de proteger la infancia.- Los niños gozaran de la protección previstas en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.- Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establecimientos oficiales destinados a dicho fin tiene carácter de centres de Asistencia Social, siendo los niñez la prioridad y el fin supremo del Estado, y siendo que el docente demandante abandono su cargo por varios meses sin causas justificadas, tendrá mayor preeminencia el derecho del docente ante el derecho de los alumnos al no recibir sus clases, o según la jerarquía de las leyes estará lo prescrito en el Estatuto del Docente Hondureño por encima de lo que prescribe la Constitución de la Republica y los Convenios Internacionales sobre los Derechos de los niños, queda en ustedes Honorables Señores Magistrados la interpretación de las normas aplicadas en las sentencias emitidas por el Juez AQUO Y AQUEM.”II.- Que el cargo anterior no resulta admisible, dado que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) la infracción indirecta no aparece contemplada como causal del recurso de casación en esta materia; b) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y cita normativa no señalada como infringida o relacionada en su formulación, tal es el caso de los artículos 41 del Estatuto del Docente Hondureño y 119 de la Constitución de la República. III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. IV.- En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil, siendo que dicha disposición exige que en la fundamentación de los recursos devolutivos, se debe determinar en todo caso, el perjuicio o agravio sufrido, identificando el vicio o error que lo causa. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 721 numeral 2) del referido Código, exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. V.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. “Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de febrero del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA89-19.” Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.