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Sentencia CA-74-19 — Registro 11147

Resumen

En primera instancia se declara procedente la cción interpuesta por la demandante,bajo el criterio que fue despedida por haber incurrido en la falta que finalmente no se establece de manera clara y concreta en el Acuerdo de Cancelación,se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que se aleja de la técnica del recurso extraordinario de casación, por lo siguiente: a) la infracción directa es un modo de infringir la ley que no corresponde a esta jurisdicción, sino que es propio del recurso de casación laboral y que es sinónimo de falta de aplicación, por lo que alegándose que la disposición indicada como infringida se interpretó de forma incorrecta o errónea, resultarían contradictorios, dado que un precepto legal no puede ser dejado de aplicar y ser interpretado al mismo tiempo; b) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio lo cual es vedado a este Tribunal, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. VI.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda, la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho, en su aplicación e interpretación. ..."El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil y se debe ordenar se remitan las actuaciones al Tribunal correspondiente.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete de agosto del dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA Y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS ahora SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, representado en juicio por la Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR; y, Recurrida la señora GLENDA MARITZA GIRON ALMENDAREZ, representada en juicio por el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL. OBJETO DEL PROCESO: demanda especial en materia de personal, para que se declare la nulidad de un acto administrativo particular por infracción al ordenamiento jurídico establecido, quebrantamiento de formalidades esenciales y exceso de poder emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal y como medida para el restablecimiento de sus derechos que se reintegre a su puesto de trabajo y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir con todos las aumentos, pago de vacaciones, decimocuarto mes, decimotercer mes y demás beneficios colaterales desde la fecha de su cancelación hasta la fecha de ejecución de la sentencia, costas.; promovida ante el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, promovido por la señora GLENDA MARITZA GIRON ALMENDAREZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones realizadas por la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS ahora SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda que el día miércoles 24 de junio de 2014 a la demandante se le entregó Cédula de Citación para que asistiera a Audiencia de Descargo el día jueves 26 de junio de 2014 a las 10:00 a.m. con el propósito que procediera a explicar cuál fue el procedimiento aplicado a las Auditorías realizadas a los contribuyentes que a continuación se detallan: 1) Biocu|ltivos Marinos S.A., 2) Aquacultura Fonseca S.A., 3) Servicios de Medición Eléctrica de Honduras; ya que con su actuar ha incumplido con la obligación de desempeñar su cargo con la dedicación y eficiencia que requiere la naturaleza de sus funciones, citación que es violatoria al Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, ya que el período dado para la celebración de la Audiencia es de únicamente un día, que medió entre la entrega de la citación para Audiencia de Descargos y de la celebración de la misma, no habiendo suficiente tiempo para preparar los descargos. En fecha diez de julio de dos mil catorce se le notifico el Acuerdo DEI-RR/HH-No. 162-2014, donde la Ministra, Miriam Estela Guzman Bonilla, acordó la cancelación de su acuerdo, por los motivos establecidos en la audiencia de descargo. También manifestó la demandante que en la DEI no existe política o procedimiento que indique, para la realización de auditorías de grandes, medianos y pequeños contribuyentes y si se decidió la realización de las Auditorias de las Sociedades Mercantiles Acuacultura Fonseca S.A. y Biocultivos Marinos S.A. es porque de oficio se ordenó la Auditoría a la sociedad mercantil DELI Honduras S.A. de C.V. por lo que los auditores se trasladaron a la ciudad de Choluteca y al encontrarse en las instalaciones de dicha sociedad, se encontraron valores trasladados a las sociedades mercantiles Acuacultura Fonseca S.A. y Biocultivos Marinos S.A. que son parte del grupo de empresas DELI Honduras por lo que se realizó las auditorias correspondientes ya que al ser mismos propietarios y al estar en las mismas instalaciones de DELI Honduras, por lo que se procedió a realizar los ajustes correspondientes lo que provocó ajustes a favor del Estado de Honduras por valor de L.26,282.49 de la empresa Biocultivos S.A. y de L.175,159.09 de la empresa Acuacultura Fonseca S.A., es decir que en el presente caso se actuó con la eficiencia requerida ya que se produjeron ingresos al Estado de Honduras, contrario a lo que manifiesta el Acuerdo de Cancelación. 2. La parte demandada, El ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandada a través del Departamento de Recursos humanos en el uso de sus facultades, notificó cédula de citación en fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce a la demandante para que compareciera en la Oficina de la Administración de Grandes Contribuyentes en fecha veintiséis de junio del dos mil catorce a efecto de ser escuchada en audiencia de descargo para desvanecer los cargos a ella imputados; como se puede ver la fecha para la cual fue citada la demandante a la fecha en la cual fue celebrada la audiencia de descargos, se encuentra dentro del plazo de siete días que otorga el artículo 93. La falta cometida de forma reiterada por la demandante fue debidamente desarrollada en el Acuerdo de Cancelación, notificado a la demandante utilizando como fundamento legal entre otras disposiciones lo establecido en el artículo 91 numerales 2) y 6) de la precitada Ley. La demandada señala que cumplió a cabalidad con el procedimiento para cancelar a la demandante; mediante Acuerdo No. DEI-SG-043-2011 de fecha dieciocho de marzo de dos mil once y publicado en el Diario La Tribuna el 28 de marzo de 2011 se aprueba la nueva lista de Grandes Contribuyentes, en el anexo número 1 y sobre el cual ejercerá competencia la Administración Regional de Grandes Contribuyentes en las sedes de Tegucigalpa y San Pedro Sula, se aprueba la lista de Medianos Contribuyentes que en Anexo número 2 sobre el cual ejercerán competencia según domicilio fiscal de los mismos, las Administraciones Regionales Centro Sur, Noroccidental y Nororiental; si la demandante consideraba necesario efectuar las fiscalizaciones de las sociedades antes citadas tenía que hacerlo mediante los conductos que corresponden y no tomarse atribuciones que no le correspondían, es decir contar con la orden expresa de la Ministra Directora y siempre y cuando las empresas a fiscalizar se encuentran en la categoría de los Grandes Contribuyentes. Y es aquí donde radica la violación a la ley primero, porque la señora demandante no estaba facultada para emitir este tipo de acciones y segundo, no puede fiscalizar por disposición de la ley contribuyente que estén clasificados coma medianos y pequeños contribuyentes, en todo caso hubiese solicitado apoyo del Departamento de auditora de la Región Centro Sur previa autorización de la Ministra Directora para efectuar tales fiscalizaciones por ser ellos los responsables directos de las empresas clasificadas como Medianos y Pequeños Contribuyentes. Es así que la demandante con su actuar violentó e hizo caso omiso tanto de la Ley, el Manual de Técnicas y Procedimientos de Auditoria, así como del Acuerdo de Delegación No. DEI-SG-224-2010.3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de junio del dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando PROCEDENTE la demanda, por haber sido dictado el acto administrativo con infracción del ordenamiento jurídico, exceso de poder y la desviación de poder, sin costas, bajo el criterio siguiente: la demandante fue despedida por haber incurrido en la falta que finalmente no se establece de manera clara y concreta en el Acuerdo de Cancelación, que hoy constituye el acto impugnado, la causal en la que ha incurrido la demandante para que se procediera a su despido, infringiendo con ello el artículo 91 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera. La Autoridad Nominadora no realizó la citación de la demandante a la respectiva Audiencia de Descargo conforme lo establecen los principios y garantías que dictan tanto la Constitución de la República consistentes en el debido proceso, derecho a la defensa y el principio de contradicción. Lo anterior se desprende del artículo siete de la Ley General de la Administración Publica, que establece que los actos de la Administración Publica deberán ajustarse primeramente a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales ratificados por Honduras. Siguiendo este orden de ideas, podemos establecer que en el debido presente caso fue infringido al no otorgar una plaza razonable de tiempo para que la Demandante pudiera conocer las imputaciones que se le formulasen y en consecuencia poderse defenderse. Si bien el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera establece en su artículo 94 la celebración de la Audiencia de Descargo dentro de los 7 días hábiles siguientes a la notificación, es importante recalcar que por encima de este Régimen se encuentra la Constitución de la República y los Tratados Internacionales. En consonancia con este orden de ideas la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en sus sentencias un mínimo de estándares que todos los Estados en parte deben seguir para que haya un debido proceso en sede administrativa que, para efectos del presente juicio, se concluye que la Autoridad Nominadora ha violentado el debido proceso al no respetar los siguientes elementos: La garantía a una audiencia de determinación de derechos (dentro de la cual se incluye el otorgar un tiempo suficiente para conocer la falta, preparar y formalizar sus alegatos, promover y evacuar la correspondiente prueba) y el derecho a contar con una decisión fundada, pues si bien el acuerdo de Cancelación DEI-RR/HH-No. 162-2014 de fecha 08 de julio del año 2014 es bastante extenso, no explica en forma concreta y clara la causal en la que ha incurrido la demandante para que se proceda a su despido. Por lo anterior, se considera que el Estado ha incurrido en infracción al ordenamiento jurídico al actuar con exceso de poder, pues para emitir el acuerdo de cancelación precitado se prescindió de una conexión lógica entre la motivación del acto y la parte dispositiva del acto, que resuelve despedir al hoy demandante sin establecer la causal cometida. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diez de octubre del dos mil dieciocho, dictó sentencia, CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que es preciso mencionar que debido a las intervenciones a que fue sujeta la entonces Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), en la que se evidenciaron los obstáculos en el cumplimiento de su función como ser la administración del sistema tributario, dando como resultado el surgimiento del Decreto Ejecutivo PCM-083-2015-0801-2016, 286 personal de fecha diez de febrero del año dos mil dieciséis, Decreto que suprime y liquida a dicho ente estatal, no obstante, de la vista del expediente de mérito se puede observar, que la demandante tuvo un proceso disciplinario previo a dicha suspensión, proceso que inició con dicho régimen por ende está sujeta al Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera de fecha siete (7) de marzo del año dos mil doce (2012), en el cual de la vista de la cédula de citación para audiencia de descargo se puede apreciar que la misma fue para explicar el procedimiento llevado a cabo en las auditorías realizadas a contribuyentes, lo que en ningún momento constituye la notificación de hechos imputables por alguna investigación, tal y como se observa en la audiencia de descargo y de la cual se desencadena el acuerdo de cancelación, que hoy es objeto de impugnación, por las faltas "Incumplimiento y violación grave y reiterada de sus obligaciones prohibiciones" e "Inhabilidad e ineficiencia en el desempeño de su cargo", faltas que durante el proceso disciplinario no fueron objeto de debate ni contradicción entre la ahora demandante y la autoridad nominadora (DEI), afectando con ello el derecho a la defensa, por otro lado, se ha apreciado que la audiencia de descargo no cumple con la formalidad exigida por el Régimen Especial de la Carrera Administrativa y Tributaria establecida en el artículo 94, la audiencia de descargo se celebrara ante el Director de Recursos Humanos o ante el funcionario o empleado que este delegue, ya que la misma no fue celebrada por el Director de Recursos Humanos ni mucho menos por delegación de este, tal y como se puede observar en el acuerdo de delegación; en relación a las causales de despido "Incumplimiento y violación grave y reiterada de sus obligaciones o prohibiciones" e "Inhabilidad e ineficiencia en el desempeño de su cargo", es preciso acotar que dentro del procedimiento disciplinario no se probó la reiteración de dichas faltas tal y como lo manifiesta el acuerdo de cancelación, en su fundamento de derecho para emitir el acto administrativo que hoy se impugna, como tampoco la inhabilidad e ineficiencia del cargo ya que el mismo régimen especial laboral en el artículo 116, establece que lo no dispuesto se regirá por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, entendiéndose por inhabilidad el grado de eficacia y de eficiencia del servidor público, lo que requiere de evaluaciones de desempeño, por lo que al no ser probada tales causales de despido convierte la acción en ilegal por no llevarse a cabo con el procedimiento establecido en la ley y violentar con ello el derecho a la defensa y debido proceso. 5. La representación procesal de la parte recurrente, la Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR, en fecha veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha diez de octubre del dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.286-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.310-2014 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, presentó en fecha dieciséis de enero del dos mil diecinueve, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintiuno de enero del dos mil diecinueve por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintidós de enero del dos mil diecinueve al Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL y en fecha veintitrés de enero del dos mil diecinueve a la Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR. 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, teniendo por personados a la Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR como recurrente y al Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el tribunal Ad Quem INTERPRETO de forma incorrecta el contenido del Artículo 91 numeral 6 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 7 de marzo de 2012, Articulo que contiene Armonía con lo establecido en los Artículos 70 y 321 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Articulo 719 numeral 2, del Código Procesal Civil. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida Articulo 91 numeral 6 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 7 de marzo de 2012. Establece que "Los empleados y funcionarios de la DEI, podrán ser despedidos de sus puestos sin ninguna responsabilidad para la Institución, por cualquiera de las siguientes casusas ... 6) Por inhabilidad e Ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo, legalmente comprobada". En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, confirma la sentencia emitida por el A-quo, no obstante, en la motivación de la sentencia específicamente en el Fundamento de Derecho numero quinto (05), establece que el Reintegro debe de Ejecutarse ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y no ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, como en principio lo había ordenado por la A-QUO, mal interpretando el Artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. También, aplica la norma pertinente, pero interpretada de forma errónea, la norma aplicada pero mal interpretada es el Artículo 91 numeral 6, del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" en fecha 7 de marzo de 2012. Se considera que dicha sentencia contiene interpretación indebida, ya que tanto el A-Quo coma el Ad-Quem establecen que la causal de despido invocada en el Acuerdo de Despido no fue Legalmente comprobada. El Ad-quem en su fundamento de Derecho No. CUARTO (4) establece lo siguiente: "... de la vista de la cedula de citación para audiencia de descargo se puede apreciar que la misma fue para explicar el procedimiento llevado a cabo en las auditorías realizadas a contribuyentes, lo que en ningún momento constituye la notificación de los hechos imputables par alguna investigación, tal coma se observa en la audiencia de descargo y de la cual se desencadena el acuerdo de cancelación que hoy son objeto de impugnación, por las faltas "Incumplimiento y violación grave y reiterada de sus obligaciones o prohibiciones y "Inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo" faltas que durante el proceso disciplinario no fueron objeto de debate ni contradicción entre la ahora demandante y la autoridad nominadora (DEI), afectando con el Derecho a la Defensa, siendo esta jurisdicción revisora del acto se ha apreciado que la audiencia de descargo no cumple con la formalidad exigida por el Régimen Especial de la Carrera Administrativa Aduanera establecida en el Articulo 94, ya que la misma no fue celebrada por el director de recursos humanos ni mucho menos por delegación de este, tal como se puede observar en el acuerdo de delegación; en relación a las causales de despido Incumplimiento y violación grave y reiterada de sus obligaciones o prohibiciones y "Inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo" es preciso acotar que dentro del procedimiento disciplinario no se probó la reiteración de dichas faltas tal y coma lo manifiesta el acuerdo de cancelación; en su fundamento de derecho para emitir el acto administrativo que hoy se impugna, coma tampoco la inhabilidad e ineficiencia del cargo, ya que el mismo régimen especial laboral en su Artículo 116 establece que lo no dispuesto se regirá por la Ley de servicio civil y su reglamento, entendiéndose por inhabilidad el grado de eficacia y de eficiencia en el servidor público, lo que requiere de evaluaciones del desempeño, por lo que al no ser probadas tales causales despido convierte la acción en ilegal por no llevarse a cabo con el procedimiento establecido en la ley y violentar con ello el derecho a la defensa y el debido proceso. En este caso Honorable Corte, si bien es cierto la cedula de citación establece que la demandante procediera a explicar, sin embargo, en el cuarto párrafo de dicha cedula de citación se le establece que el actuar de la demandante supuestamente incumplió la obligación de desempeñar su cargo con la dedicación y eficiencia que requiere la naturaleza de sus funciones y también se le establecen los Artículos en que subsume la falta imputada. es decir que en la cedula de citación si se les indicó las faltas cometidas y ese fue el motivo por el cual inicio el procedimiento disciplinario que concluyó en el Acuerdo de Despido de la demandante. Asimismo, al momento de hacerle las preguntas en la audiencia de descargo en ningún momento manifestó que se le estaba violentando en Derecho a la Defensa porque la cedula de citación solamente les indicara a comparecieran a explicar los procesos de auditoras, es más la demandante en todas las preguntas realizadas fueron contestadas de manera tal que acept6 tácitamente que había cometido las faltas en su actuar en los procedimientos que ella realizó al momento de ordenar y realizar las auditoras, y por haber, conocido de contribuyentes que estaban fuera de sus competencias y que en ningún momento tuvo la intención de abstenerse de conocerlas. Asimismo, el mismo fundamento de Derecho número CUATRO (4) establece que "se ha apreciado que la audiencia de descargo no cumple con la formalidad exigida por el Régimen espacial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera establecida en el Articulo 94, ya que la misma no fue celebrada por el Director de Recursos Humanos ni mucho menos por delegación de este, tal y coma se puede observar en el acuerdo de delegación. Obsérvese que la Delegación para realizar dicho trámite fue otorgada por la Máxima Autoridad de la DEI, en base a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo, estando está debidamente facultada para hacerlo ya que lo que hizo fue avocarse a realizar el procedimiento establecido en el Artículo 6 de la precitada Ley, como también puede observarse que la audiencia de descargo se celebró de acuerdo a las inconsistencias encontradas en el Informe de fecha 03 de junio de 2014, emitido por la Comisión Auditoria de la Administración de Grandes Contribuyentes, por lo tanto, todo el procedimiento fue llevado a cabo basada en la Legalidad que requería el procedimiento. Según lo relacionado en el mismo fundamento de Derecho que "Que en relación a las causales de despido "Incumplimiento y Violación grave y Reiterada de sus Obligaciones o prohibiciones" e Inhabilidad e ineficiencia en el desempeño de sus cargos" es preciso acotar que dentro del procedimiento disciplinario no se probó la reiteración de dichas faltas tal y coma lo manifiesta el acuerdo de cancelación, en su fundamento de derecho para permitir el acto administrativo que hoy se impugna, coma tampoco la inhabilidad e ineficiencia del cargo ya que el mismo régimen especial laboral en el Artículo 116 establece que lo no dispuesto se regirá por la ley de servicio civil y su reglamento, entendiéndose por inhabilidad el grado de eficacia y de eficiencia del servidor público, lo que requiere de evaluaciones de desempeño, por lo que al no ser probadas tales causales de despido se convierte la acción en ilegal por no llevarse a cabo el procedimiento establecido en la Ley y violentar ello el derecho a la defensa y debido proceso. Partiendo que es una premisa fundamental con del Derecho Administrativo lo establecido en la Constitución de la República, en su Artículo 321 mismo que establece: "Los servidores del Estado no tienen mis facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad" Las negritas y subrayado es nuestro, aunado a lo anterior el Artículo 70 de la misma Carta Magna establece que "Todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro y nadie está obligado a hacer lo que no estuviere legamente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la ley no prohíbe". Las negritas y subrayado es nuestro. Por lo antes relacionado esta representación es del parecer que la demandante al haber conocido de contribuyentes que no estaban dentro de la Jurisdicción territorial, se encontraba inhabilitada para conocerlo, y la ineficiencia se desprende de la obligación jurídica en el sentido de que, la demandante debió abstenerse de conocer y por ende no resolver de la solicitud presentada por los contribuyentes que estaban fuera de su competencia es por lo tanto, que el actuar de la demandante violentó el procedimiento legalmente establecido, incurriendo en responsabilidad y así subsumiéndose en la causales segunda (2) y sexta (6) del Artículo 91 del Régimen Especial de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, correspondiente a incumplimiento o violación grave y reiterada de alguna de las Obligaciones o, prohibiciones, y también en la inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo, la cual fue legalmente comprobada, con el procedimiento disciplinario establecido al efecto, precepto que conlleva total Armonía con los Artículos 70 y 321 de la Constitución de la República. Sin embargo, el AD-QUEM, le dio otra interpretación a la causal de Inhabilidad e ineficiencia manifiesta.” II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que se aleja de la técnica del recurso extraordinario de casación, por lo siguiente: a) la infracción directa es un modo de infringir la ley que no corresponde a esta jurisdicción, sino que es propio del recurso de casación laboral y que es sinónimo de falta de aplicación, por lo que alegándose que la disposición indicada como infringida se interpretó de forma incorrecta o errónea, resultarían contradictorios, dado que un precepto legal no puede ser dejado de aplicar y ser interpretado al mismo tiempo; b) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio lo cual es vedado a este Tribunal, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia. III.- Que la Impetrante expone un segundo motivo en la forma siguiente “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la norma procesal de orden nacional por infracción directa contenida en el Articulo 200 numeral 2. Literal c) y el contenido del Artículo 206 numeral 1. Y 208 numeral 1 del C6digo Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Articulo 719 numeral 1. Literal c) del Código Procesal Civil. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida Articulo 200 numeral 2. Literal c) del Código Procesal Civil, Establece: "CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS ...2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustar al siguiente contenido formal: a)... c) En las fundamentos de derecho se expresaran, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. El Articulo 206 numeral 1 Establece: "Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas". El Artículo 208 numeral 1 Establece: "Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito". En el fundamento de Derecho número cinco (5) el Ad Quem establece que: "....Para este Tribunal no es desconocido la supresión y liquidación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) dejando de existir par ese nombre convirtiéndose en una nueva institución autónoma denominada Servicio de Administración de Rentas (SAR) bajo la misma competencia y atribuciones del antiguo ente estatal, creándose bajo el Decreto SAR-032017, el Régimen de Carrera de Empleados y Funcionarios en el Servicio de Administración de Rentas, el cual en su Artículo 100 segundo párrafo establece "Los casos no previstos en el presente régimen y demás disposiciones reglamentarias o conexas que se emitan y que no se opongan a este se regirán por las disposiciones, en lo que corresponda a los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Honduras, la Ley de Servicio Civil y su reglamento ... ; (Ley de Servicio Civil y su reglamento) establece en su Artículo 206 del reglamento, "Las situaciones derivadas o, relacionadas con la relación de empleo no prevista de manera expresa en la Ley o en el presente reglamento, se regularan por las normas de derecho administrativo, y en su defecto por las derecho común, o en su caso por los manuales, instructivos o resoluciones; que dicte la Dirección General de Servicio Civil, en ejercicio de su competencia; derecho administrativo se sustenta fundamentalmente en principios, siendo uno de los más importantes el principio de legalidad, el cual las autoridades administrativas deben; actuar con respecto a la constitución, la ley y al derecho, dentro de las Facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le Fueron conferidas, del cual podernos destacar la Jerarquía Constitucional, la cual en el Articulo 129 garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores en sus empleos así como la protección ante el despido injustificado, tal es el caso en el que el demandante a su elección tiene derecho a reintegro o al pago de sus prestaciones, y siendo su pretensión ante esta jurisdicción la solicitud de reintegro es Factible otorgarla tal y como lo hizo el Juez de primera instancia, en concordancia al Artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo n la que "Si en curso de una reclamación o acción en vía administrativa o jurisdiccional, se transfiere por ley la competencia o atribución respectiva a otro organismo con personalidad jurídica propia, la pretensión se continuara con el órgano sustituto, al que se remitió el expediente administrativo de oficio o a instancia de parte si se estuviese sustanciando en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la demanda se entender planteada contra la entidad a la que se hubiere transferido la competencia o atribución", cuya contravención, afectara el Derecho a la estabilidad Laboral que constitucionalmente la ampara siendo un Fundamento toral para su reintegro, ante el vacío tanto en el reglamento de dicha institución, en el sentido del reintegro de personas previo a la liquidación de la DEI, circunstancia que la doctrina nos remite a la teoría de las fuentes del derecho, que ocupa un lugar primario y determinante, en razón de que refieren a los medias a través de los cuales el derecho se expresa, las cuales se clasifican en formales y materiales, las primeras son la Ley, la costumbre, la jurisprudencia la doctrina, por otra parte las Fuentes materiales como contrapartida de las formales, resultan de la libre actividad científica de los jueces, los cuales una vez agotadas las fuentes formales debe encontrar la regla adecuada al caso traído a su conocimiento, en la que la costumbre coma forma espontánea de expresión del Derecho, puede definirse como una conducta reiterada, generalizada y uniforme, dentro de un ámbito social determinado bien territorialmente o por otra circunstancia que lo defina, conducta que es observada por los miembros de dicho grupo como si dicha norma jurídica se tratase, considerándose por tanto obligados por la misma. De Castro, la define coma fuente jurídica creada ex factis, por las agrupaciones sociales no incluidas en el mecanismo estatal mediante una actuación uniforme y continuada a la que han acomodado su conducta por estimarla reguladora de su proceder, la cual, atendiendo a su relación con la ley, se distinguen tres especies: a) la costumbre secundum legem, es una norma consuetudinaria que deriva su vigencia de una disposición de la ley. En este caso, la costumbre se dirige a secundar a la ley; b) la costumbre prestar, por su parte es la que se observa en ocasión de una situación no prevista en la ley, se presenta en "lagunas legislativa" razón por la cual es considerada como fuente originaria del derecho y c) Contra legem, (contraria a la Ley) por ende es factible el Reintegro al Servicio de Administración de Rentas (SAR) en vista de estar acreditada la infracción, al procedimiento disciplinario, siendo preciso CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis (2016) .... " En relación a este fundamento de Derecho nos referiremos existe una mala aplicación e interpretación de normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, puesto que la misma no fue motivada de acuerdo a lo que establecen los Artículos 200, 206 y 208 del Código Procesal Civil, en tal sentido sobre lo motivado en el fundamento de Derecho numero quinto (05) se pronuncia de la manera siguiente: 1.- Mediante Decreto Ejecutivo PCM-083-2015, de fecha 26 de noviembre del año 2015 y publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" en fecha 10 de febrero de 2016, claramente en sus Artículos 2 y 5 establece que todos los recursos asignados en el presupuesto de ingresos y Egresos, bienes y acciones y Derechos que correspondan y que constituyan patrimonio de la Dirección Ejecutiva de ingresos fueron traspasados a la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas. En virtud de la Supresión y Liquidación de la Dirección Ejecutiva de ingresos (DEI), se procederá a dar por terminados los Contratos y Acuerdos de Personal, reconociendo a sus funcionarios y empleados los derechos laborales según la legislación aplicable, para tal efecto la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas procederá a nombrar una comisión liquidadora, que se hará cargo de todos los trámites requeridos. Es decir que no existe duda que todos los funcionarios de la extinta DEI fueron liquidados a los cuales se les hizo efectivo el pago de sus prestaciones laborales, que por ende la referida Institución dejo de existir. Decreto ejecutivo que tiene está relacionado con el Artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, puesto que hallándose la presente demanda en sustanciación cuando por ley se le atribuyo a la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas la competencia de hacer las gestiones correspondientes para Liquidar la extinta DEI, todas las demandas presentadas con anterioridad al acto de supresión o liquidación de la DEI, se entenderán planteadas contra la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. En tal sentido no es aplicable el Articulo 22 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para que ex empleados de DEI, sean Reintegrados al Servicio de Administración de Administraci6n de Rentas (SAR), puesto que se deriva que todo lo concerniente con el personal de la extinta DEI es facultad atribuida en Ley que lo conozca la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. 2.- La Administraci6n Tributaria fue creado mediante el Decreto Legislativo 170-2016, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" en fecha 28 de diciembre de 2016, y vigente a partir del 01 de enero de 2017, la cual posteriormente el presidente de la República mediante Acuerdo No. 01-2017 la denomino, Servicio de Administración de Rentas (SAR), por lo que dicha entidad es de reciente creación, con autonomía funcional, técnica y administrativa y de seguridad nacional, con personalidad jurídica propia, responsable del control, verificación, fiscalización y recaudación de los tributos, con autoridad y competencia a nivel nacional y con domicilio en la capital de la República. Por ende no es congruente relacionado lo por el AD QUEM al pretender que se ejecute un Reintegro a través al Servicio de Administración de Rentas (SAR) cuando esta no fue la Institución que emitió el acto Administrativo impugnado, es decir que lo establecido en el Articulo 22 Artículo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no es aplicable para que ex empleados de DEI, sean reintegrados a SAR ya que dicha competencia fue atribuida por mandato del PCM-083-2015 a la Secretaría de Finanzas. 3.- Tampoco se ha violentado el Articulo 129 de la Constitución de la República, puesto que a la demandante se le despidió con causa justificada, y la estabilidad laboral que nuestra legislación establece no es absoluta sino relativa, puesto que se puede perder la estabilidad laboral por causas justificadas de separación. El Doctor Miguel S. Marienhoff en su libro "Tratado de Derecho Administrativo" establece la "Estabilidad Impropia o relativa" que es la que se puede reemplazar por una indemnización, desde luego dicha causal de separación justificada, debe ser cierta, y coma se ha probado par parte de esta representación del Estado la demandante fue despedida con causa justificada, por ende, no tiene Derecho ni al Reintegro ni al pago de prestaciones laborales. Y Por último, el Ad Quem basado en un principio general del Derecho como lo es la costumbre, pretende que se ejecute el Reintegro de la Demandante a una Institución que no fue la que generó el Acto Administrativo impugnado, y en Honduras no se da por medio de la costumbre ejecutar reintegros a Instituciones que nuevas sobré actos administrativos que emitieron instituciones que dejaron de existir, por ende dicha sentencia, no es congruente, exhaustiva, coma lo estipula la norma procedimental, en este caso el Código Procesal Civil.” IV.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes: a) arguye la infracción directa o falta de aplicación, que es un modo de infringir la ley que no corresponde a esta jurisdicción, sino que es propio del recurso de casación laboral; b) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio lo cual, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, le es vedado a este Tribunal, en este extraordinario recurso; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y alude a disposiciones no indicadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 129 de la Constitución de la República y 22 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. V.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. VI.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda, la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho, en su aplicación e interpretación. VII.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil y se debe ordenar se remitan las actuaciones al Tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número C.A. 74-19. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.