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Sentencia CA-690-19 — Registro 12183

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, se confrima en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por clarecer claridad y precisión: a) se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, se indica la infracción directa concepto propio de la materia laboral; b) se omite formular una proposición jurídica completa, señalándose varias disposiciones, pero sin establecer con claridad cuáles son las infringidas o en su caso relacionadas; c) se omite el pronunciamiento que se impugna; d) las normas indicada en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; e) en todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de octubre dos mil veinte, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, y EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada MARGARITA MOLINA REYES y, Recurrido: RENYS ABENER TORRES LOPEZ, representado en juicio por el Abogado OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria contencioso administrativa para que se declare la ilegalidad y la anulación o nulidad absoluta de un acto administrativo de carácter particular consistente en la resolución 254-SE-2014; se declare no ser conforme a derecho por violación al derecho de legítima defensa y por infracción del ordenamiento jurídico, se reconozca una situación jurídica individualizada y su restablecimiento; se solicita el reconocimiento y aplicación de medida cautelar necesaria para el pleno restablecimiento de derechos como ser la suspensión del acto administrativo impugnado y el pago de los salarios dejados de percibir; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor RENYS ABENER TORRES LOPEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que el 05 de julio del 2012, presentó escrito de impugnación en contra del Acuerdo de Nombramiento por medio del cual fue nombrado el señor Carlos Alberto Del Cid Guevara; todo porque según el demandante a él le correspondía dicho acuerdo, ya que desempeño el cargo en forma interina, al cubrir la Licencia de la titular de la plaza por más de 2 años de forma consecutiva y sin interrupción tal como lo establecen los artículos 20 del Estatuto del Docente y 52 del Reglamento del Estatuto; asimismo el demandante manifestó que el 15 de marzo del 2013, el señor Del Cid Guevara, contestó la demanda de impugnación; haciendo una relación de los hechos de dicha contestación; diciendo que el señor Del Cid Guevara, aceptó que fue nombrado en el cargo de Asistente Técnico en el nivel Central, mediante acuerdo Nº 77690-SE-12 a partir del 01 de octubre del 2012; que al no tener fundamentación legal para defender el nombramiento, dijo “Que contra él, había una persecución política"; aduciendo el demandante que el impugnado olvidó, que quien actuó políticamente fue él, ya que al ser Asistente del entonces Ministro de Educación Alejandro Ventura, utilizó el cargo para que se le nombrara, y con ello le ocasionó un daño grave, y provocándole gastos onerosos; que también reconoció que quien cubrió la licencia de la titular de la plaza, fue el señor Renys A. Torres; pero que dolosamente el ex ministro Alejandro Ventura, con el fin de Nombrar al señor Del Cid, no le hizo el nombramiento consecutivo, por los meses de julio, agosto y septiembre del 2012, y que nunca le comunicaron que no le seguirían nombrando en el cargo que venía desempeñando por más de 2 años, y que continuó desempeñándolo de forma ininterrumpida, demostró con los oficios que sus superiores le giraron instrucciones para que realizara las obligaciones propias del cargo; igualmente el demandante manifestó que en el escrito de impugnación el impugnado en el hecho cuarto, se dedicó a describir sus títulos académicos y argumentó que el impugnante no reúne los requisitos para el cargo ya que solo era Ingeniero Agrónomo minimizando el título, lo que no expresó es que era egresado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UPNFM, y que tenía especialidad en Gestión Educativa; y argumentó el demandante que si reunía todos los requisitos para desempeñar cualquier cargo del Sistema Educativo Nacional, y que al manifestar que desde hace 14 años no se realizan concursos para nombrar Asistentes Técnicos, y que al impugnante no se le debe aplicar el estatuto del Docente por no ser docente, el impugnado desconocía que los artículos 20 de la Ley del Estatuto del Docente y 52 del Reglamento del Estatuto del Docente, ya lo establecen que si el docente estuviere cubriendo una plaza vacante interinamente durante seis (6) meses consecutivos y ha ingresado a la misma cumpliendo todos los requisitos establecidos en la ley, el reglamento y los manuales correspondientes, tiene derecho a que se le nombre en propiedad en caso de que la plaza se convierta en vacante definitiva; además argumentó que en el periodo de prueba solamente el demandante como impugnante presentó medios de prueba, los que fueron admitidos y evacuados en legal y debida forma, y que en el medio de prueba Inspección en el Acta que el departamento Legal Levantó en la unidad de Orientación Educativa y Vocacional en la que esta nombrado el impugnado señor Del Cid, se confirmó que este fue nombrado el 01 de octubre del 2012, pero que tomó posesión del cargo y a trabajar, hasta el 11 de marzo del 2013, es decir 5 meses con 10 días después de su nombramiento, así lo declara la jefa de dicha unidad en la constancia que corre agregada al expediente, tiempo que también devengó salario; además alegó que al ser nombrado mediante acuerdo en la plaza interina de la señora Elvety Marisol Flores Serrano, tenía asignadas cincuenta y cuatro horas clase, es decir una jornada exclusiva, y que al devolverle el acuerdo de nombramiento debe hacérsele por la misma cantidad de horas; y que el 8 de Noviembre del 2013, la Secretaría de Educación emitió la Resolución Nº 276-SE-13, por medio de la cual declaró CON LUGAR la impugnación del acuerdo 77690-SE-2011 que correspondía al nombramiento del señor Carlos Alberto Del Cid y que en el numeral 3 de la Resolución Nº 276-SE-13, se ordenó el nombramiento del demandante; y el que nunca se dio por oponerse a él la Sub gerente de Recursos Humanos Docentes; que contra dicha resolución se interpuso el Recurso de Reposición, el cual fue declarado SIN LUGAR, por medio de la Resolución Nº 295-SE-14; y que contra esas Resoluciones se interpuso el Recurso extraordinario de Revisión, el cual fue declarado con lugar, por medio de la Resolución Nº 254-SE-14 de fecha 07 de agosto del 2014, en evidente abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, cometidos por el actual secretario de Estado en los Despachos de Educación, al argumentar que las dos primeras Resoluciones fueron dictadas en evidente y manifiesto error de hecho el cual en el momento procesal oportuno, demostrará que el error de hecho nunca existió, que lo existente es la intromisión de un diputado al Congreso Nacional de la República que le ordena al señor ministro, no continuar viendo mi caso, hasta segunda orden, lo que constituye una intromisión de un poder del estado sobre otro, violando así la independencia de poderes consagrada en la constitución de la República. Asimismo refutó los considerandos diez, once doce, trece que dictó la autoridad en la resolución impugnada que estableció, que los argumentos establecidos en el Recurso extraordinario de Revisión, son válidos por las siguientes razones: Porque el señor Renys Abener Torres López ingresó al sistema, en forma interina; y que en los considerandos anteriores el mismo Recurrente establece que es facultativo del señor ministro el nombramiento de los asistentes técnicos, eso es verdad a medias, en virtud que la Procuraduría General emitió un dictamen dándole esa facultad al ministro, pero no es menos verdad, que una vez que el señor ministro le nombró en el cargo discutido, todo docente se somete a la normativa establecida en el estatuto y su reglamento, los cuales en los artículos 29 del Estatuto y 89 del Reglamento establecen "Los puestos vacantes se cubrirán mediante traslado, atendiendo el orden de los aspirantes por los resultados de su evaluación; Si la vacante fuere temporal el docente trasladado gozara automáticamente de licencia en su puesto de origen; En defecto de aspirantes por traslado, se cubrirá con el Exento de concurso a quien por lista le corresponde, y, por último, se hará por llamamiento a concurso; a lo que alega el demandante que en ese caso ya estaba exonerado por haber sido Director de la Escuela de Agricultura de Atlántida por muchos años; y en El Artículo 90 del reglamento dicta que la Adjudicación y nombramiento de los puestos vacantes de las directivas central y departamental los hará el Secretario de Estado en los Despachos de Educación por medio de la Sub gerencia de Recursos Humanos Docentes, de acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 89; y contrario a lo manifestado por el señor ministro en su argumentación, los asistentes técnicos están contemplados en el Capítulo VIII, Articulo 64 que reza: "La Directiva Técnica Docente" está constituida por: 1.- Coordinadores; 2.- Jefaturas y 3.- Asistentes, por tanto el Estatuto si contempla a los asistentes en su conformación técnica. Y finalizó argumentando que se le dictaron las dos primeras Resoluciones Administrativas de manera favorable en lo referente a que en el capítulo III, artículo 13 del Estatuto del Docente y 52 del Reglamento, que establecen, Son Derechos de los Docentes: Nº13 Que se le nombre en propiedad en el puesto, cuando este se convierta en vacante definitiva mientras lo esté desempeñando, si , hubiera ingresado al mismo legalmente y lo hubiera ocupado en forma interina por 6 meses, y que el demandante lo desempeñó por 2 años, e ingresó por estar exonerado. 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante, y alegando que el actor de la demanda obvió exponer a este Juzgado la circunstancia por la cual se desempeñó en el cargo de Asistente Técnico de la Dirección General de Servicios Estudiantiles de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, la cual fue de forma interina por una licencia de la titular de la plaza, previa solicitud de licencia de la plaza permanente que poseía, es decir por licencia sin goce de sueldo del cargo de Director de la Escuela Agrícola John F. Kennedy; y que por ello no era aplicable el Artículo 20 del Estatuto del Docente pues en primer lugar el señor Torres López para cubrir la plaza de asistente técnico tuvo que solicitar licencia sin goce de sueldo por el período que señala el artículo 13 numero 7 inciso a) del Estatuto del Docente Hondureño; asimismo argumento que existió dictamen de la Procuraduría General de la República sobre una consulta hecha por la Secretaría de Educación en relación con el nombramiento en el cargo de Asistentes Técnicos de la Secretaría de Educación, según oficio SGPGR/184-2005 del 12 de agosto del 2005; a lo que en relación a dicha consulta la Procuraduría General de la República, a través del Consejo Jurídico asignado señaló en el numeral segundo lo siguiente: "De autos consta que en la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, desde el año 1995, no se han cubierto las plazas vacantes de asistentes técnicos, mediante concurso de esas plazas vacantes, habiéndose dejado a discrecionalidad de los secretarios de estado de educación esos nombramientos; acción que a partir de la vigencia del Estatuto del Docente Hondureño, aparece respaldada en el artículo 98 del Estatuto del Docente Hondureño estableciendo que: Los casos no previstos en esa ley su reglamento, reglamentos específicos, manuales y demás leyes educativas se regirán por las disposiciones del derecho administrativo o en su defecto por el derecho común; por lo que existe la fundamentación legal que respalda las actuaciones de los secretarios de estado en los despachos de educación al efectuar al nombramiento de los asistentes técnicos, en tanto no se ponga en vigencia el Manual de Clasificación Puestos y Salarios del Estatuto del Docente Hondureño, el que de conformidad con lo indicado en el artículo 2 numeral 40 del Reglamento del Estatuto del Docente se define como: "el instrumento cooperativo que clasifica a los docentes y a los puestos, fija el perfil para optar a los puestos y asigna el salario, todo de acuerdo con la antigüedad, méritos profesionales, naturaleza de las funciones, responsabilidades niveles y circunstancias del lugar, salubridad, costo de la vida, clasificación de los centros educativos y zona de trabajo"; y de conformidad con esta disposición mientras no se cuente con el Manual de Clasificación de Puestos y Salarios del Estatuto del Docente Hondureño, que es el instrumento donde podrá regularse el nombramiento de los Asistentes Técnicos, se debe cubrir las plazas vacantes con los criterios discrecionales del titular de la Secretaría de Educación; Por los motivos relacionados concluyó que el acto impugnado fue dictado conforme a derecho, pues no le asiste el derecho al actor de la demanda para argumentar ante esta jurisdicción la ilegalidad del nombramiento No. 77690-SE-2011 del señor Carlos Alberto Del Cid Guevara. Además alegó que el demandante en primer lugar no fue claro en su argumento y en segundo lugar no vinculó al demandado con ese hecho, pues señala únicamente alegatos del señor Del Cid Guevara en sede administrativa en el expediente de impugnación, y dicho señor no es parte en el presente juicio y que relaciona que el señor Carlos Alberto Del Cid Guevara en la contestación de la impugnación, refiere ser objeto de persecución política, este argumento no fue vinculante con el Estado de Honduras; además reiteró que de forma voluntaria el actor solicitó licencia sin goce de sueldo por el período de 2 años, a fin de ocupar el cargo de asistente técnico de la Dirección de Servicios Estudiantiles de la Secretaría de Educación, y que al haberse vencido la licencia el señor Torres López debió reintegrarse a su puesto de trabajo original, y que al no haberse reintegrado el demandante a su antiguo puesto, lógicamente la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación actuando de forma diligente levantó las respectivas audiencias de descargos contra el señor Torres López por abandono de su puesto de trabajo; es por ello que el demandante reclama supuestos perjuicios económicos, los cuales no son responsabilidad del demandado, ni siquiera del señor Del Cid Guevara; igualmente rechazó lo argumentado por el demandante en cuanto a la existencia de hechos dolosos por parte del ex ministro de la Secretaría de Educación, por lo que deberá probar dicho extremo, en cuanto al alegato de ser poseedor de un derecho subjetivo también debe probar en esta instancia judicial la supuesta responsabilidad administrativa por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación por no habérsele notificado la interrupción del ejercicio del cargo que había venido desempañando, no obstante se le recordó al demandante que el error no constituye derecho; pues no puede en esta instancia judicial el demandante soslayar "la vigencia del interinato", y por otra parte el "término de la licencia sin goce de sueldo" de la cual esta última fue solicitada de forma voluntaria por parte del demandante; en cuanto a lo relativo a la contestación de la impugnación del Señor Carlos Alberto Del Cid Guevara en el hecho "cuarto" de dicho escrito, ya que narra el perfil profesional de cada uno de los contendientes en sede administrativa, ello para esta parte procesal carece de importancia para las pretensiones reclamadas en el presente juicio, pues en todo caso ambos señores, es decir Carlos Alberto Del Cid Guevara y Renys Abener Torres López han sido empleados en la Secretaria de Educación, por tener el perfil profesional y por ende capacidad para desempernarse en cargos desempeñados, de tal manera que el demandado, no ha incurrido en ningún tipo de responsabilidad al emplearlos en su oportunidad; manifestó también que en relación a lo referente al artículo 13, numeral 13 del Estatuto del Docente Hondureño dispone: "Son derechos de los docentes los siguientes: 1) ... ; 13) Que se le nombre en propiedad en el puesto cuando este se convierta en vacante definitiva mientras lo esté desempeñando, si hubiere ingresado al mismo legalmente y lo hubiera ocupado en forma interina legalmente por seis (6) meses"; de los antecedentes expuestos y como consta en el expediente administrativo no procede que al demandante se le aplicara el artículo antes citado, en virtud de que dicho señor no ingresó por concurso, es decir de forma "legal" a ocupar dicha vacante, y por ende al no haber sido nombrado bajo los lineamientos establecidos en el Estatuto del Docente Hondureño para desempeñar el cargo de "asistente técnico" no procede la invocación o aplicación de dicha normativa o artículo; en ese sentido el artículo del cuerpo legal señalado dispone "El docente que hubiere ingresado legalmente a un puesto y lo ocupare por un término de seis (6) meses consecutivos como mínimo, tendrá derecho a ocupar en propiedad un puesto de igual nivel, sin cumplir nuevamente los requisitos de selección", observando que en el presente hecho que el demandante pretende justificar la condición de docente dentro de su desempeño laboral en la Secretaria de Estado, y si procede o no el derecho para ocupar de forma permanente el cargo de "asistente técnico", lo cual es un absurdo pues resulta excluyente, ya que la 1ógica indica que el demandante en el cargo de asistente técnico no ejerció de forma alguna la docencia. Es así con los elementos relacionados que el Renys Abener Torres López, siguió en el cargo a la espera de ser nombrado de forma permanente, lo cual no pasó; que continuó siempre interinamente ejerciendo el cargo; no obstante pese a estar cubriendo la plaza sin nombramiento permanente, el ministro de educación en uso de sus facultades nombró al docente Carlos Alberto Del Cid Guevara, pues legalmente no existe limitación en este sentido, tal como lo expuso o anteriormente en base a las disposiciones legales relacionadas; rechazó los hechos séptimo y octavo de la demanda ya que consta en expediente administrativo el procedimiento seguido por el demandado en el expediente de impugnación del acuerdo que presentó el señor RENYS ABENER TORRES LOPEZ, el cual fue desarrollado conforme a derecho, ofreciendo las mismas garantías del debido proceso y de la legitima defensa a ambas partes; que el demandante si bien es cierto que está reconociendo que al término del interinato que estaba cubriendo, y no habérsele nombrado a la plaza de forma definitiva y permanente, debió regresar al desempeño del cargo que ostentaba en el Instituto John F. Kennedy, del Municipio de Tela, situación que causa un problema para el actor de la demanda, ya que abandonó el puesto en el que estaba legalmente nombrado antes del interinato, no obstante al no haberse presentado en tiempo y forma a la plaza original se realizó la audiencia respectiva por lo que el demandante falta a la verdad al no mencionar de forma clara la imposibilidad de regresar a su antiguo puesto de trabajo; el Reglamento de la Ley del Estatuto del Docente, dispone en atención a la circunstancia que se originó en el presente caso, en el artículo 104 párrafo primero: Los docentes que cubran plazas vacantes interinas acumularan la antigüedad cuando optaren a ella legalmente y conservaran el derecho a reintegrarse a su puesto original con todos los derechos conexos; por lo que el actor de la demanda debió optar a la plaza vacante legalmente, no obstante nunca se abrió a concurso el cargo, pues la plaza de "asistente técnico" es de nombramiento facultativo del ministro de turno de la Secretaria de Educación, por carecer de un Manuel de Clasificación Puestos y Salarios del Estatuto del Docente Hondureño, tal como lo señalo oportunamente el Dictamen de la Procuraduría General de la Republica según oficio SGPGR/184-2005 del 12 de agosto del 2005; a lo que el demandante causó en cierta forma perjuicio a la Administración Pública al abandonar el cargo en el que tenía nombramiento en propiedad, por lo que las argumentaciones vertidas por el actor de la demanda las rechazó por no haber incurrido el demandado en responsabilidad administrativa. Asimismo señaló que la Resolución que fue objeto del Recurso de Reposición, y declarado sin lugar, y posteriormente la parte impugnada interpuso un último Recurso Extraordinario de Revisión, declarado con lugar por la Administración Pública, por considerar que se incurrió en error de hecho mediante Resolución No.254-SE-14, a lo que no existió ninguna violación por autoridad competente, debiendo probar el demandante, el abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios que aduce en su demanda; as lo que destacó algunos considerandos de la resolución recaída en el recurso de revisión a fin de analizar la motivación que tuvo la Administración Pública para declarar con lugar dicho recurso, los cuales señaló así: "Considerando 10: Con la entrada en vigencia del Estatuto del Docente Hondureño, según el artículo 100 los puestos regulados por la Ley de Personal de Escalafón del Magisterio y su Reglamento, quedan sujetos a reclasificación de conformidad a las disposiciones del Estatuto del Docente y su Reglamento y los manuales respectivos ... En lo que respecta a la estructura de la Directiva Central, ni el Estatuto del Docente ni su reglamento definen que cargos integran la misma, la cual quedo supeditada a los que estableciera el Manual de Clasificación de Puestos y Salarios, tal como lo indica el artículo 14 del Estatuto del Docente, instrumento legal que a la fecha no existe, lo ha generado que las autoridades competentes, nombren de conformidad a las facultades que les han conferido la Constitución de la Republica y demás leyes, al personal adecuado para ocupar los cargos de asistentes técnicos de la Secretaría de Educación, en virtud de que en forma específica el Estatuto del Docente Hondureño, no contiene ninguna disposición legal que señale que para el nombramiento en los cargos de asistentes técnicos debe efectuarse llamado a concurso para cubrir las vacantes que se presentan. Ante tal omisión el artículo 98 del Estatuto del Docente Hondureño establece que: "Los cases no previstos en esta ley, sus reglamentos específicos, manuales y demás leyes educativas, se regirán por las disposiciones del Derecho Administrativo o en su defecto por la del derecho común", por lo que existe la fundamentación legal que respalda las actuaciones de los secretarios de estado en los despachos de educación, al efectuar los nombramientos de asistentes técnicos, en tanto no se ponga en vigencia el Manual de Clasificación de Puestos y Salarios ... "Considerando 11: ... Si bien es cierto el señor RENYS ABENER TORRES LOPEZ cubrió licencia por más de dos años como asistente técnico, no le da derecho a que se le nombre por exoneración según lo establecido en el artículo 13 numeral 13, en virtud que al ingresar a cubrir el puesto come asistente técnico, el mismo era de forma interina, ya que su nombramiento se realizó en base a la discrecionalidad del señor secretario, por lo que al no volverlo a nombrar fue también una decisión del señor secretario de estado en el despacho de educación." "Considerando 12: Que corre agregada al expediente de mérito el oficio SSE-8820-2011, de fecha 29 de agosto del 2011, en el cual consta que la señora ELVETY MARISOL FLORES SERRANO, se le aprobó la pensión por invalidez, efectiva a partir del primero (1) de septiembre de 2013, no se le volvió a otorgar licencia en el puesto como asistente técnico, si no que ella cobro los meses de julio y agosto de 2011 por ser la titular de la Plaza, y según consta en el archivo de esa Secretaria de Educación al señor RENYS ABEN ER TORRES LOPEZ, se le nombró nuevamente bajo la modalidad de contrato de servicios profesionales como Especialista Técnico Pedagógico en el sector agroalimentario hasta la fecha. Por lo que no puede dársele otro nombramiento en la misma Secretaria de Educación"; finalmente concluyó manifestando que el actor de la demanda pretende que esa jurisdicción le otorgue de forma arbitraria la plaza que ocupó por más de dos años sin que exista una norma jurídica que ampare dicha pretensión, pues en el fondo el demandante argumentó que le asiste el derecho subjetivo a su favor por 2 únicos motivos: 1) Que es un docente, y que por lo tanto le aplica la normativa contenida en el Estatuto del Docente Hondureño, obviando el hecho de que ni el Estatuto ni el Reglamento de dicho instrumento legal contiene disposición legal que señale un procedimiento para el nombramiento en los cargos de asistentes técnicos, por lo cual se debe regir por el derecho común o el derecho administrativo según lo dispone el artículo 98 del Estatuto del Docente Hondureño; y que el actor contaba con una plaza permanente dentro de la Secretaria de Educación, por lo que de considerar un traslado debió advertir si cumplía legalmente los requisitos para el mismo, de haber hecho el análisis concienzudo de la situación, dado la carencia del Manual de Clasificación de Puestos y Salarios debió haber una vez concluido el goce de la licencia de su puesto original regresado a su antiguo puesto de trabajo ya que el nombramiento en el cargo de asistente técnico se hizo de forma discrecional por parte del señor ministro de aquel momento, por lo que dependía de esa misma discrecionalidad para quedarse de forma definitiva en el nuevo cargo, sin que exista responsabilidad de parte de la Administración Pública por no existir ni un procedimiento ni un concurso para optar legalmente en el cargo de asistente técnico; y que en el presente caso el demandante ingresó a la Secretaria de Educación para el desempeño de un cargo específico para el cual debió llenar los requisitos legales, pero cuando de forma voluntaria pidió licencia sin goce de sueldo para ocupar una plaza vacante de forma interina lo hizo bajo otra estructura o modalidad que nada tiene que ver con el cargo que venía desempeñando pues la plaza vacante ya contaba con un titular, por lo que el interinato era estrictamente "temporal"; y al quedar vacante dicha plaza y no contando con un procedimiento establecido en ley para obtener la permanencia, quedaba la "discrecionalidad de la máxima autoridad de la Secretaría de Estado de nombramiento", lo cual no implica ilegalidad alguna por no haber violentando ninguna disposición legal; y que el demandante comenzó a cubrir la licencia, solicitando a su vez licencia sin goce de sueldo en el puesto que estaba ocupando, por lo que el demandante, debió probar por qué siguió ocupando el puesto o la vacante sin habérsele prolongado el interinato, incluso después del nombramiento permanente del Señor Carlos Alberto Del Cid Guevara; también alegó que el punto expresado por el demandante, en que al momento de cubrir el interinato estaba exonerado, lo facultaba para no someterse a concurso para ocupar plazas permanentes, olvidando que al no existir el Manual de Clasificación de Puestos y Salarios las plazas de Asistente Técnico, no obligan a someterse a concurso, por lo que aplica lo dispuesto en el artículo 98 del Estatuto del Docente Hondureño; por lo expuesto deberá probar el demandante, que tiene un derecho preferente sobre las atribuciones del señor Ministro para nombrar al señor Carlos Alberto Del Cid Guevara. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de noviembre del 2016, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: "RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por el señor RENYS ABENER TORRES LOPEZ, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la Resolución 254-SE-2014 de fecha 24 de julio de 2014, en consecuencia, se anula totalmente. SEGUNDO: Reconocer la situación Jurídica Individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve: Nombrar al señor RENYS ABENER TORRES LOPEZ en el cargo de Asistente Técnico en la Dirección General de Servicios Estudiantiles de la Secretaría de Estado en los despachos de Educación, a partir del 01 de Julio de 2011, por ser esta la fecha establecida para su nombramiento en la Resolución 0276-SE-2013 que declara con lugar la impugnación del acuerdo de nombramiento permanente No.77690-SE-2011 mediante el cual se había nombrado al señor Carlos Alberto del Cid Guevara en el cargo de Asistente Técnico en la Dirección General de Servicios Estudiantiles de la Secretaría de Estado en los despachos de Educación, debiendo reconocerle el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha que debió haber sido nombrado en la referida plaza (01 de julio de 2011) hasta el día en que se ejecute la presente sentencia definitiva, más el pago de los demás beneficios, siendo estos decimotercer, decimocuarto mes de salarios, vacaciones y demás derechos otorgados en su ausencia..." sin costas; bajo el criterio que consta en la presente causa que el acto administrativo impugnado lo constituye la Resolución 254-SE-14 de fecha 24 de Julio de 2014 mediante la cual la Secretaría de Educación declara con lugar el Recurso de Revisión interpuesto por el apoderado legal del señor Carlos Alberto del Cid Guevara, al considerar que existió un error de hecho al haberse nombrado al señor Renys Abener Torres López en el cargo de Asistente Técnico bajo lo señalado en el artículo 20 del estatuto del docente, cuando ni dicho Estatuto ni su Reglamento de aplicación establecen un procedimiento para el nombramiento del cargo de Asistente Técnico, existiendo una confusión en la situación que ocurre, en vista que el órgano administrativo apoyo su decisión en hechos inexistentes sin ponderar otros que son reales y relevantes para lo que había de resolverse. Que la línea de lo dicho, el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas define al error de hecho como aquel que versa sobre un hecho o suceso, es decir algo que se refiere a una realidad independiente de toda opinión, criterio particular o calificación, quedando excluido de su ámbito, todo aquello que se refiera a cuestiones jurídicas, apreciación de la trascendencia o alcance de los hechos indubitados, valoración de las pruebas e interpretación de disposiciones legales y calificaciones que puedan establecerse. Al interpretar esta definición y constatar la causa por la cual la parte demandada declara con lugar el Recurso de Revisión que es el acto objeto de impugnación, observamos que la misma no se puede considerar como un error de hecho, en vista que si bien es cierto no existe procedimiento tanto en el Estatuto del Docente Hondureño como en su Reglamento de aplicación para el nombramiento del cargo de Asistente Técnico, y al haberse aplicado para el nombramiento del señor Renys Abener Torres López la norma que más se asemeje caso concreto, y mostrar su inconformidad la parte demandada con dicho procedimiento, ese aspecto sería considerado de derecho por tratarse de interpretaciones legales, pero en ningún momento se puede considerar como ERROR DE HECHO, ya que este no aplica en decisiones jurídicas, por tanto, es evidente que la parte demandada al haber declarado con lugar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por el apoderado legal del señor Carlos Alberto del Cid Guevara, ha incurrido en evidente exceso de poder, haciendo que el acto administrativo impugnado sea NULO por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido, conllevando a la procedencia de la presente acción. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 10 de septiembre del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que la motivación establecida en la resolución Administrativa impugnada solamente establece que al haberse nombrado interinamente al señor RENYS ABENER TORRES LOPEZ en el cargo de Asistente Técnico se hizo por discrecionalidad del Secretario de Estado y por esa misma discrecionalidad no se le volvió a nombrar en el cargo, agregando que ni el Estatuto del Docente Hondureño, ni el Reglamento del mismo establece en un procedimiento para el nombramiento del cargo de Asistente Técnico; argumentación que no cumple con los requisitos para la existencia de un "Error de Hecho", pues: a) Se refiere a interpretaciones de normas legales y reglamentarias, lo que está excluido del concepto de "Error de Hecho", este solamente se refiere a las pruebas; b) No se refiere a algún error en la apreciación de las pruebas que hayan sido aportadas por las partes; C) No se señalan las pruebas erróneamente apreciadas o dejadas de apreciar, ni se demuestra que el error sea evidente y notorio en dicha apreciación. El Recurso Extraordinario de Revisión en Vía Administrativa, establece requisitos y exigencias que deben ser cumplidos por la Administración, la que carece de facultades discrecionales para poder declarar la procedencia de este recurso extraordinario, cuando se incumplen estas exigencias se desvirtúan el concepto y el espíritu de la ley, atacando y disminuyéndose gravemente la seguridad jurídica. Que la parte vencida podrá ser exonerada del pago de costas cuando por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya habido, a juicio del tribunal, motivo bastante para litigar; que por los motivos expuestos esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es del criterio que debe CONFIRMAR el fallo definitivo venido en Apelación por estimar que el mismo está dictado conforme a derecho. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en fecha 08 de octubre del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 10 de septiembre del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.096-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.359-2014 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de esa misma fecha, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX, presentó en fecha 11 de noviembre del 2019, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de esa misma fecha, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 20 y 25 de noviembre del 2019, los Abogados MARGARITA MOLINA REYES, y OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX, respectivamente. 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 15 de enero del 2020, teniendo por personados a los Abogados MARGARITA MOLINA REYES, como recurrente, y OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX, como recurrido, en consecuencia, se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida en Casación, ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa, porque el Tribunal Ad quem Fundamenta su fallo inadecuadamente, al no valorar las alegaciones presentadas, que claramente favorecen a mi representado, quien en su defensa alega que el demandante señor Torres López, quiere sorprender la buena fe del Juzgador, al confundir dos situaciones legales totalmente diferentes ya que el interinato Propiamente dicho contemplado en el artículo 20 y 52 de la Ley y su Reglamento del Estatuto del Docente Hondureño que da derecho a un docente para ingresar al Sistema Educativo, son totalmente diferentes a la ocupación temporal de una plaza que ya es permanente por un empleado que ya tiene su plaza permanente a través de una Licencia sin goce de Sueldo. Las Licencias sin goce de sueldo claramente están establecidas en el Artículo 20, 13 No.7, 13 del Estatuto del Docente Hondureño, que a la Letra dice: "Son derechos de los Docentes los siguientes:...No.7 Literal y Literal y Párrafo ultimo del literal c):Licencias sin Goce de Sueldo: por lo que podemos afirmar, que al realizar mi representado una revisión de la documentación soporte para emitir la Resolución 295-$E-2014, del Recurso de Extraordinario de Revisión, lo hace amparado en la Revisión de sus propios actos, ya que en las dos primeras Resoluciones 0276 y 254-SE-2013, emitidas favorables al ahora demandante el docente Renys Torres, no fueron tomados en cuenta los documentos indubitados de la Solicitud de Licencias Con Goce de Sueldo y sus prorrogas presentada por el demandante Señor Torres López, violentando por lo tanto los preceptos legales autorizados y teniendo la autoridad para realizar la rectificación del mal procedimiento emitido procede a Declarar con Lugar el Recurso Extraordinario de Revisión presentado por el señor CARLOS ALBERTO DEL CID GUEVARA, por lo que se cumple con lo preceptuado en el artículo 141 literal a) de la Ley de Procedimiento Administrativo del Recurso Extraordinario de Revisión contemplado en la Ley de Procedimiento Administrativo. El Juzgador Aquo expresa un concepto según el diccionario Jurídico elemental de Guillermo Cabanellas del Error de Hecho: " Es aquel que versa sobre un hecho o suceso, es decir algo que se refiere a una realidad independiente de toda opinión, criterio particular o calificación, quedando excluido de su ámbito, todo aquello que se refiera a cuestiones jurídicas, apreciación de la trascendencia o alcance de los hechos indubitados, valoración de las pruebas e interpretación de disposiciones legales y calificaciones que puedan establecerse", o sea que a criterio del Juzgador el ERROR DE HECHO NO ESTA CONTEMPLADO PARA CUESTIONES O DECISIONES JURIDICAS, por lo que declara procedente la Acción incoada por el demandante señor Torres López. En base a este concepto no se tuvo que admitir de pleno derecho la presente demanda, por no ser de conocimiento jurídico el Error de Hecho siendo competencia en sede Administrativa al contemplarlo la ley de Procedimiento Administrativo y al observarse el incumplimiento del precepto para considerar el Error de Hecho observado en el Recurso de Apelación: Que se obvio tomar en consideración los documentos de Solicitud de Licencia Sin Goce de Sueldo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en los artículos 89, 93, 109, 134, 135, de la Ley de la Jurisdicción de Lo contencioso Administrativo, 716 Nos.1, 2, 717, 719 del Código Procesal Civil que enuncia las causales de Casación, siendo la primera la emisión de una sentencia violatoria de ley sustantiva. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el artículo 141 literal a), de la Ley de Procedimiento Administrativo, al declarar Con Lugar el Recurso Extraordinario de Revisión, fue aplicada correctamente, ya que al emitirse la Resolución No.0276-SE-2013 de la Impugnación del Nombramiento del Docente CARLOS ALBERTO DEL CID, no se tomó en consideración que el docente RENYS ABENER TORRES LOPEZ, estaba cubriendo una plaza permanente a través de una solicitud de Licencia con goce de sueldo, documento este de indubitable procedencia legal, que obviamente dicha plaza tiene un dueño, por lo tanto su nombramiento permanente en esa plaza solo puede ser a través de otro nombramiento, pero jamás se puede acceder por haberla cubierto mediante Licencia. En el caso de los Artículos 20 y 52 de la Ley y Reglamento respectivo del Estatuto del Docente Hondureño, son preceptos legales muy diferentes a lo que rige las Licencias, que si bien ambas son de aspecto temporal, van encaminados a dar el derecho al Profesional del Magisterio a que voluntariamente cubra interinatos de clases frente alumnos, mientras surge una plaza vacante o se abren plazas nuevas, exonerándoles únicamente a no concursar cada vez que cubran un interinato, siempre y cuando se hayan exonerado. Todo esto nos conlleva a reflexionar que mi representado no ha causado ningún agravio al demandante que lo obligue a interponer la presente demanda contra el Acto emitido mediante Resolución No.0295-SE-2014.”. 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por clarecer claridad y precisión: a) se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, se indica la infracción directa concepto propio de la materia laboral; b) se omite formular una proposición jurídica completa, señalándose varias disposiciones, pero sin establecer con claridad cuáles son las infringidas o en su caso relacionadas; c) se omite el pronunciamiento que se impugna; d) las normas indicada en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; e) en todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil. 3.- Que se solicitó nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y en cualquier tiempo y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha 10 de septiembre del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, del Departamento de Francisco Morazán, señalando los errores procesales siguientes: a) En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, no se pronunció sobre el recurso de Apelación contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, del Departamento de Francisco Morazán, limitándose a argumentar que si existe la causa que le dio origen a la misma como ser el ERROR DE HECHO; a decir quedó plenamente acreditado que la causa no existe ya que el Estado de Honduras, realizó revisión de sus actos, encontrando al emitir favorable el Recurso Extraordinario de Revisión mediante Resolución No.0295-SE-2014, que no se había tomado en cuenta que el docente RENYS ABENER TORRES LOPEZ, sencillamente cubría una Licencia sin goce de sueldo, en una plaza que tenía un dueño y que el mismo señor Torres, apelante, solicitó Licencia en su Propia Plaza permanente que tenía, por lo que el Juzgador Aquem debió anular la Sentencia definitiva dictada por el Juzgador Aquo. Al respecto el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles analógicamente aplicable que dice: "Las sentencias deben ser claras, precisas congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, hacienda las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos las puntos litigiosos que hayan sido objeto del Debate, Lo cual no ocurre en el presente caso de autos que el Juzgador solo se pronuncia en cuanto a los intereses de la parte demandante utilizando conceptos que solo reflejan que un error de hecho no está contemplado para doctrina jurídica, no obstante si lo contempla la doctrina Administrativa, al contemplarlo la Ley de Procedimiento Administrativo”. 4) Que se solicita nulidad subsidiaria de la sentencia impugnada, bajo argumentos propios de las instancias y de que las sentencias deben ser claras, precisas congruente con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, hacienda las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos las puntos litigiosos que hayan sido objeto del Debate, pero sin precisar ni demostrar los mismos. En el presente asunto, la sentencia de la cual se solicita la nulidad, es confirmatoria de la dictada por el A-Quo, por ello en su momento y, en su caso, se debió denunciar los vicios procesales, contenidos en la sentencia del juzgados de primera instancia a razón del principio de vinculación, ya que el A-Quem, está supeditado a los concretos pronunciamiento recurrido lo contrario implica su consentimiento. Por otro lado, el Código procesal Civil, en su artículo 719 regula las causales de casación por violación de normas procesales relacionadas con el contenido interno de las sentencias siendo la vía apropiada para recurrir los vicios procesales, siempre y cuando se formulen debidamente, situación que no acontece en el recurso de mérito. Aunado a lo anterior Código Procesal Civil, en su artículo 214 numeral 3) regula taxativamente las causas de nulidad, que igualmente no encajan en la situación de nulidad esgrimida por el solicitante. La pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y que efectivamente se ha ocasionado un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar, situación que no acontece en el fallo impugnado, por ello se estima, que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, realizando el ad-quem los pronunciamientos correspondientes resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. 5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. 6.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y desestimar la petición de nulidad subsidiaria del fallo expuesta extemporáneamente por el representante procesal recurrido, así como la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 214 numeral 3), 700, 701 numeral 1), 716, 717, 719, 720, numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de nulidad subsidiaria formulada por el representante procesal recurrido. 3) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. – NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de febrero del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA690-2019. FIRMA Y SELLO.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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