Sentencia CA-664-19 — Registro 12863
Resumen
Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) falta a la claridad y precisión al señalar su precepto autorizante y en su explicación alega nulidad del acto administrativo; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) en la explicación hace referencia a normativa no indicada como infringida o relacionada en la formulación, tal es el caso de los artículos 1,2,32,62,64,10,205 y 55 de la Constitución de la República; 34 incisos a), c), e),f) y 40 inciso a) de la Ley de Procedimiento Administrativo y, d) formula alegatos de instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) falta a la claridad y precisión al señalar su precepto autorizante y en su explicación alega nulidad del acto administrativo; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) en la explicación hace referencia a normativa no indicada como infringida o relacionada en la formulación, tal es el caso de los artículos 1,2,32,62,64,10,205 y 55 de la Constitución de la República; 34 incisos a), c), e),f) y 40 inciso a) de la Ley de Procedimiento Administrativo y, d) formula alegatos de instancia..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de diciembre de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: COMPAÑÍA AZUCARERA HONDUREÑA, S.A., representado en juicio por el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN; y, Recurrido: la MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES, representado en juicio por la Abogada ZOILA ISABEL LOPEZ REYES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial en materia tributaria o impositiva para que se declare parcialmente no ser conforme a derecho un acto administrativo de carácter general, como consecuencia que se declare la nulidad parcial del mismo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo, con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, en su condición de apoderado legal de la COMPAÑÍA AZUCARERA HONDUREÑA S.A., contra la MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES, representada por el ALCALDE MUNICIPAL, el señor WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que en fecha 25 de noviembre del año 2016, la Corporación Municipal de Villanueva, aprobó el plan de arbitrios correspondiente al año 2017 para el municipio de Villanueva, en donde resolvió determinar, entre otros, una tasa de EXTRACCION y EXPLOTACION DE RECURSOS según los artículos 43, 44, 45, 46, 48, 49 y 119 del Plan de Arbitrios, en cuyas normas se expresa lo siguiente Articulo 43.- Este gravamen está contemplado en los Artículos 75 y 80 de la Ley de Municipalidades y los Artículos del 127 al 133 y 158 del reglamento. Artículo 44. - El Impuesto grava la extracción y explotación de los recursos naturales, sean renovables o no renovables, que se efectúe dentro del territorio de este Municipio, ya sea que la explotación sea temporal o permanente, por consiguiente, estarán gravados con este tributo, independientemente de la ubicación de su centro de transformación, almacenamiento, proceso o acopio o cualquier otra disposición que acuerde el Estado, las operaciones siguientes: a. -)La extracción o explotación de canteras, minerales, hidrocarburos, bosques y sus derivados; b. -)La caza, la pesca, o extracción de especies en mares, lagos lagunas y ríos. En los mares y lagos la extracción deberá ser dentro de los doscientos metros de profundidad. Artículo 45.)- Los contribuyentes sujetos al Impuesto de extracción o explotación de recursos, son todas las personas naturales o jurídicas, que se dediquen a las actividades antes expresadas, dentro del término Municipal. Artículo 46. -) La base gravable y la tarifa aplicable, son las siguientes: a. - Del Uno por ciento (1 %) del valor comercial de los recursos naturales explotados o/y extraídos, dentro del término municipal. b.- La suma equivalente en lempiras a cincuenta centavos (0.50) de dólar de los Estados Unidos de América, conforme al factor de valoración aduanera, por cada tonelada, de material o broza procesable de minerales metálicos. Este impuesto es adicional al impuesto sobre industrias, comercio y servicio, c. -) El uno por ciento (1 %) del valor comercial de la cal. En este caso el impuesto se pagará a partir de la explotación de las dos mil toneladas métricas, sin considerar el tiempo que dure la explotación. Para los fines de aplicación de este impuesto, debe entenderse por valor comercial de los recursos naturales explotados, el valor que prevalece en el mercado comercial interno, del recurso como materia prima o como recurso acabado. -Articulo 48. - los contribuyentes sujetos a este tributo, cumplirán con las siguientes obligaciones: a.- Solicitar ante la Corporación Municipal una licencia anual de extracción o explotación de los recursos, antes de iniciar las operaciones de explotación; b. - Para explotaciones nuevas presentar junto con la solicitud anteriormente expresada una estimación anual de las cantidades y recursos naturales a explotar o extraer y un estimado de su valor comercial. C. - Presentar en el mes de enero de cada año una declaración jurada donde se indiquen las cantidades y clases de productos extraídos o/y explotados en el municipio, así como el monto del impuesto pagado durante el año inmediato anterior y para lo cual la Municipalidad suministrara gratuitamente el respectivo formulario. d. - Pagar el impuesto de extracción o explotación de recursos, dentro de los diez (10) días siguientes al mes en que se realicen las operaciones de extracción o explotación respectiva. Artículo 49. - El incumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas en este tributo, se sancionará de conformidad al Título V: Sanciones y Multas Capitulo Primero Sanciones y Multas administrativas del presente Plan de Arbitrios. Artículo 119. - En materia ambiental, DIMA VI presta los siguientes servicios: 1- DICTAMENES POR GESTION AMBIENTAL: a) Dictamen Ambiental para la obtención del permiso de instalación vallas publicitaria. b) Dictamen Ambiental para la obtención de permisos y explotación de pozos. e) Dictamen ambiental para la obtención del permiso de limpieza corte y nivelación del terreno. Cuando no forme parte integral de la construcción de un proyecto. d) Dictamen ambiental para la reparación de viviendas en las zonas de reserva; dicho servicio será efectivo una vez sean declaradas las zonas de reserva municipal. e) Dictamen ambiental para permiso de uso de alto y auto parlante. f) Dictamen ambiental para las actividades de carácter temporal como ser. Ferias espectáculos de corta duración, circos, juegos mecánicos etc; g) Dictamen Ambiental para permiso de operación municipal para la extracción y explotación de los recursos de cantera y ríos. h) Dictámenes Ambientales para permiso de construcción y operación de negocio. 2- Permiso para Corte y Poda de Árboles, 3- Delimitación de las zonas de reserva, 4.- Emisión de directrices para la ejecución de actividades que representen un potencial impacto negativo al ambiente, 5 Atencion de denuncias ambientales, 6- Permisos para la extracción de materiales no metálicos, no comerciales, 7.- Participación en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 8- Constancias de Estado de Proyectos, 9- y todo otro servicio que se encuentre regulado en el Reglamento de Gestión Ambiental de Villanueva.-DIMAVI en representación de la Municipalidad debe participar en las inspecciones del Sistema Nacional de Evaluación y Control Ambiental, coordinadas por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, (DECA). Licenciamiento Ambiental, Auditorías Ambientales y todo tipo de Evaluaciones Ambientales para la ejecución de proyectos, instalaciones industriales o cualquier otra actividad pública o privada que se pretenda desarrollar dentro de su ámbito territorial, así como las acciones de control que están sujetas las licencias y seguimiento de las medidas de mitigación ambientales a que están sujetas las licencias. Toda institución o cualquier naturaleza que realice estudios, investigaciones, descubrimientos, trabajos científicos o académicos, etc. Declaración Jurada todas las personas naturales y jurídicas, que en sus propiedades ubicadas en el Municipio de Villanueva, haya perforado pozos con el fin de extraer y utilizar agua para fines INDUSTRIALES y COMERCIALES, deben presentar una declaración jurada ante la Dirección Ambiental de Villanueva (DIMA VI), donde especifiquen por cada pozo, las características de ubicación, perforación, infraestructura construida, equipo instalado, tiempo perforo el pozo, equipo de medición, último análisis FQB y cualquier otra características de cada uno. Esta declaración debe presentarse a más tardar el 31 de marzo de 2013 cualquier cambio de equipo o modificación en la infraestructura de un pozo, debe ser reportado a DIMA VI. - Los valores que DIMAVI cobre por la prestación de los servicios antes señalados o cualquier otro acto, está estipulado en el Reglamento aprobado por Corporación Municipal, mismo que forma parte del presente Plan de Arbitrios, que la demandada se limitó a presentar una copia sin firmar de dicho Plan de Arbitrios en la Cámara de Comercio, y así en esas condiciones lo obtuvo, la demandada no lo publicó en el diario oficial La Gaceta y tampoco en la gaceta municipal, extremo que probare en su momento. El acto administrativo de carácter general, manifestado mediante la aprobación por parte de la Corporación de la Municipalidad de Villanueva de los artículos 43, 44, 45, 46, 48, 49 y 119 del Plan de arbitrios en referencia, es nulo parcialmente en virtud de que con la referida resolución administrativa manifestada las normas tributarias municipales contenidas en los artículos antes expresados, se infraccionaron disposiciones de orden público de observancia obligatoria, según expuso en los motivos de nulidad siguientes: PRIMER MOTIVO: Es NULA la resolución administrativa contra la que se demanda su ineficacia de forma parcial, por haber sido dictado por órgano absolutamente incompetente según se señala en el artículo 34 letra a) de la Ley de Procedimiento Administrativo, dado que la Municipalidad Villanueva no tiene facultades o atribuciones para establecer los cánones, tarifas, tasas por otorgamientos de derechos de usos, así como los procedimientos de concesiones y otorgamiento de permisos con respecto a los aprovechamientos de agua superficiales o subterráneas para uso industrial, comercial para medianas o grandes empresas o para "regantes de que usen infraestructura y volúmenes de riego mayores de diez (10) hectáreas, por lo cual se le atribuyó arbitrariamente dicha facultad en el acto administrativo denunciado contenido en el Plan de Arbitrios de la Municipalidad de Villanueva, por las razones siguientes: 1. - Conforme se dispone en el artículo 2. - TITULARIDAD DE GESTION de la Ley General de Aguas, "El uso, explotación, desarrollo, aplicaciones y cualesquiera otras formas de aprovechamientos del recurso hídrico, así como la explotación o aprovechamiento de los ecosistemas y recursos relacionados al mismo, serán administrados por el Estado a través de la Autoridad del Agua conforme lo señala la Ley y otras leyes vinculadas. Corresponde al Gobierno Central la titularidad de la administración de las aguas, sus bienes y derechos asociados. El Gobierno Central, a través de la Autoridad del Agua como órgano desconcentrado de la administración pública adscrito de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, tiene la facultad de ejercer las titularidades del agua que conforme a dicha ley le corresponden al Gobierno Central; este por medio de la Autoridad del Agua, tiene la competencia para otorgar a las medianas y grandes empresas o permisos, títulos de aprovechamiento y concesiones, aprobar los cánones, tarifas, tasas por otorgamientos de derechos de usos, así como los procedimientos de concesiones y otorgamiento de permisos con respecto a los aprovechamientos de agua superficiales o subterráneas para uso industrial, comercial para medianas o grandes empresas o para regantes de que usen infraestructura y volúmenes de riego mayores de diez (10) hectáreas. Tal como se dispone en los artículos 10, 11, 68 y 69 de la citada Ley General de Aguas. Por otra parte, en el artículo 4 de la Ley General de Aguas, se establece que dicha normativa es 11 de orden público, interés general, cumplimiento general y obligatorio y son aplicables a las aguas continentales, insulares, superficiales y subterráneas, las aguas marítimas y otras sobre las cuales el Estado de Honduras ejerza soberanía u ostente derechos. Asimismo, se establece que dicha normativa constituye el marco general regulatorio al cual se subordinara la legislación particular en materia de aguas marítimas, pesca, aguas paro consumo humano, la protección de ecosistemas acuáticos, biodiversidad y otras que se promulguen. En cambio las Municipalidades, de conformidad con el arto 84 de la propia Ley de Municipalidades, están facultadas para establecer tasas y demás pormenores de su cobro con base en los costos reales en que incurra la Municipalidad y únicamente se podrá cobrar a quien reciba el reciba el servicio por: 1) La prestación de servicios municipales directos e indirectos; 2) La utilización de bienes municipales o ejidales; y 3) Los servicios administrativos que afecten o beneficien al habitante del término municipal. De lo que colige que el Congreso Nacional mediante el decreto 181-2009, de fecha 24 de agosto del año 2009 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en N° 32088 de fecha 14 de Diciembre del año 2009 que contiene la Ley General de Aguas, ha reservado expresamente para el gobierno central la titularidad y administración de los recursos hídricos en Honduras y que por se deduce, que el aprovechamiento de aguas superficiales o subterráneas para uso industrial, para medias o grandes empresas o para regantes de que usen infraestructura y volúmenes de riego mayores de diez (10) hectáreas no se encuentra comprendido dentro de los servicios o bienes que se refiere el artículo 84 de la Ley de Municipalidades, por lo tanto, la Municipalidad de Villanueva no tiene competencia para cobrar ninguna tasa por dicho concepto a empresas medianas y grandes empresas o para regantes de que usen infraestructura y volúmenes de riego mayores de diez (10) hectáreas, consecuentemente no puede atribuirse las facultades que la Ley General de Aguas le ha otorgado exclusivamente al Gobierno Central de la República por medio de la Autoridad del Agua, quien tiene la atribución de aprobar los cánones, tarifas, tasas por otorgamientos de derechos de usos, así como los procedimientos de concesiones y otorgamiento de permisos con respecto a los aprovechamientos de agua superficiales o subterráneas para uso industrial, comercial para medianas o grandes empresas o para regantes de que usen infraestructura y volúmenes de riego mayores de 10 hectáreas y en consecuencia, se concluye que la Municipalidad de Villanueva es incompetente para establecer una tasa por el aprovechamiento de aguas superficiales o subterráneas para regantes de que usen infraestructura y volúmenes de riego mayores de 10 hectáreas para uso agrícola como es el caso, que la competencia administrativa viene predeterminada por la ley, es decir, que la misma no emana de la voluntad arbitraria de un ente de la administración pública como ocurre en el presente caso, en que la Municipalidad de Villanueva pretende mediante el uso de su atribución de fijar tasas por la prestación de servicios, extender su competencia al incluir o establecer tasas por el aprovechamientos de agua superficiales o subterráneas para medianas o grandes empresas o para regantes de que usen infraestructura y volúmenes de riego mayores de 10 hectáreas, a pesar de no tener la titularidad de gestión sobre el uso, explotación, desarrollo, aplicaciones y cualesquiera otras formas de aprovechamientos del recurso hídrico, así como la explotación o aprovechamiento de los ecosistemas y recursos relacionados al mismo y sin tener la competencia para aprobar los cánones, tarifas, tasas por otorgamientos de derechos de usos, así como los procedimientos de concesiones y otorgamiento de permisos con respecto a los aprovechamientos de agua como se ha dejado explicado. SEGUNDO MOTIVO: Es NULA la resolución administrativa contra la que se demanda su ineficacia de forma parcial, por haber sido dictado por órgano absolutamente incompetente según se señala en el artículo 34 letra c) de la Ley de Procedimiento Administrativo, en virtud de que el denunciado Acto Administrativo de carácter general consistente en el Plan de Arbitrios aprobado por la Municipalidad de Villanueva fue dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en la ley, ya que el mismo no fue publicado en el diario oficial La Gaceta, sin embargo, habiéndose puesto en vigencia en forma arbitraria por dicha autoridad a partir del uno de Enero del año 2017, veamos: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 255 de la Constitución de la República, "Los actos administrativos de cualquier órgano del Estado que deban producir efecto jurídicos 8 de carácter general, seria publicado en el Diario Oficial La Gaceta, sin embargo, habiéndose puesto en vigencia en forma arbitraria por dicha autoridad a partir del 1de enero del 2017, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 255 de la Constitución de la República, los actos administrativos de cualquier órgano del Estado que deban producir efecto jurídico de carácter general conforme a lo dispuesto en esta Constitución para la vigencia de ley. " Dicha norma contiene el principios de publicidad de que debe estar revestidos los actos de carácter general de la administración a fin de que los administrados tengan noticia en debida forma de los actos de carácter general adoptados por la autoridad; con dicha publicidad se mantiene además la protección al derecho a un debido proceso en la formación de la voluntad de la administración sobre aspectos que puedan afectar a los administrados; así como también mediante la publicidad surte los efectos de notificación y por ende, marca la fecha de su vigencia o el inicio del plazo legal para impugnarlo, a efecto de que los administrados afectados con aquella norma de carácter general emitida por la administración, puedan ejercer su derecho de defensa frente a los actos de la administración que le perjudiquen dentro del plazo predeterminado por la ley a partir de su publicación. Norma Constitucional desarrollada en los artículos 32 y 33 de la ley de Procedimiento Administrativo que dicen:' "El acto de carácter de general como un Decreto o Reglamento adquiere eficacia desde la fecha de su publicación en el diario oficial La Gaceta." y' la publicación producirá los efectos de la notificación respecto de las personas para las que no fuere exigible la notificación personal." Cabe reiterar que la publicación en el diario Oficial la Gaceta de los actos de carácter general, tiene estrecha relación con su vigencia u obligatoriedad de la norma o acto administrativo, pues esta debe ser en la fecha en que se expresa en dicho acto y a falta de su expresión, después de transcurridos 20 días a partir de su publicación como ordena el artículo 5 del Código Civil. Además, el articulo 2 reformado de la Ley de Publicación Obligatoria en La Gaceta, obliga a que todo reglamento, convención o disposición legal emitida por el poder ejecutivo, instituciones descentralizadas, autónomos y semiautónomos, colegios u organismos públicos con personalidad jurídica deben ser obligatoriamente publicados en el diario oficial la Gaceta, requisito sin el cual no cobraran vigencia, salvo medida excepcional decretada por el Congreso Nacional. En el presente caso esa publicación no se hizo por lo que no puede tener ninguna vigencia. De allí su importancia, porque constituye una inseguridad jurídica, además de un claro abuso de poder de la autoridad, no publicar de conformidad con la ley, un acto de carácter general como ha ocurrido en el presente caso, en que la Municipalidad de Villanueva ha aprobado un Plan de Arbitrios para el aro Fiscal 2017, cuya vigencia es a partir del 1 de Enero del año 2017, según dicho acto, sin que a la fecha lo haya publicado en el Diario Oficial La Gaceta En su momento acreditare esta falta de publicación. TERCER MOTIVO: Las Normas contenidas en los artículos 43, 44, 45, 46, 48, 49 y 119 del plan de arbitrios denunciado, se encuentran comprendido en la causa de Nulidad establecida en el artículo 34 literal e) de la Ley de Procedimiento Administrativo, porque se trata de un acto administrativo de carácter general que infringe los limites señalados a la potestad reglamentaria establecida en el artículo 40 literal a) y ch) de la Ley de Procedimiento administrativo esta ultimo norma jurídica a su vez señala, que los órganos de la Administración Publica no podrán, mediante actos de carácter general, "alterar el espíritu de la ley, variando el sentido y alcance de ésta" y tampoco podrán "vulnerar los preceptos de otro acto de carácter general dictado por un órgano de grado superior."; nulidad que se demanda por las razones siguientes: 3.1. - En el presente caso, la Municipalidad Villanueva, altero precisamente el espíritu de su propia Ley de Municipalidades y de la Ley General de Aguas, al aprobar tasas en el plan de arbitrios, variando el contenido y alcance expuesto en el artículo 84 de la Ley de Municipalidades, los artículos 146 y 147 del propio reglamento de la misma ley y articulo 68 de la Ley General de Aguas, en virtud de que lejos de tener por finalidad establecer tasas por la prestación efectiva de los servicios públicos municipales o por la utilización de los bienes ejidales o por servicios administrativos prestados al contribuyente y sin tener la atribución para otorgar los permisos, títulos de aprovechamiento y concesiones, aprobar los cánones, tarifas, tasas por otorgamientos de derechos de usos, así como los procedimientos de concesiones y otorgamiento de permisos con respecto a los aprovechamientos de agua superficiales o subterráneas para uso industrial, comercial para medianas o grandes empresas o para regantes de que usen infraestructura y volúmenes de riego mayores de diez (10) hectáreas, contravino dicha finalidad esencial y en su lugar, alterando el alcance de sus propias atribuciones se abrogo arbitrariamente, la facultad para fijar tasas por concepto de aprovechamiento de aguas para el uso industrial o comercial de las medianas y grandes empresas o para regantes de que usen infraestructura y volúmenes de riego mayores de 10 hectáreas, sin tener la titularidad de la gestión, en una clara contravención de una ley especial como lo es, La Ley General de Aguas, en la cual se concede expresamente el Estado de Honduras a otra autoridad administrativa la competencia para fijar las referidas tasas. Al haberse alterado el, espíritu y variando el sentido y o alcance de las normas contenidas en la Ley de Municipalidades, su reglamento y la Ley General de Aguas antes enunciadas, el funcionario responsable de la emisión de dicho acto administrativo, incurrió en responsabilidad, al tenor de lo dispuesto en los articulo 323 y 324 Constitucional por haber inobservado el principio de legalidad que estaba obligada a cumplir con motivo de la emisión del acto administrativo de carácter general antes indicado. El artículo 323, establece que "los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial sujetos a la ley y jamás superiores a ella", es decir, que los servidores del Estado están subordinados a la ley en el ejercicio de sus funciones, siendo responsables en los casos de infracción legal; y por ello el articulo 321 preceptúa que "los servidores del Estado no tienen más facultades que las 'que expresamente les confiere la ley", esto es, que no pueden ejercer otras funciones distintas que las atribuidas legalmente, caso contrario, el acto emitido, según el mismo artículo, será nulo y el funcionario que lo emita será responsable, criminal, civil y administrativamente." De lo expuesto se colige, que los órganos y entidades de la administración pública, solo pueden realizar los actos predeterminados en la ley y en el presente caso, la ley ordena que la Autoridad del Agua adscrito de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), es la entidad administrativa que tiene la competencia exclusiva en aras del INTERES PUBLICO, para otorgar permisos, títulos de aprovechamiento y concesiones, aprobar los cánones, tarifas, tasas por otorgamientos de derechos de usos, así como los procedimientos de concesiones y otorgamiento de permisos con respecto a los aprovechamientos de agua superficiales o subterránea uso industrial, comercial para medianas o grandes empresas o para regantes de que usen infraestructura y volúmenes de riego mayores de 10 hectáreas como se desprende de lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la ley General de Aguas. Si bien es cierto que la Ley General de Aguas atribuye a las Municipalidades la competencia para establecer tasas en los presupuestos establecidos en el artículo 67 de la ley General de Aguas, de dicha norma se desprende que su competencia se circunscribe o limita a 1) Usuarios domiciliarios para consumo humano; 2) Uso industrial, artesanal y para micro y pequeña empresa; 3) Pesca artesanal y deportiva; 4) Turismo local 5) Sistema de riego que no exceda un total de 10 hectáreas: 6) Agropecuaria en explotaciones cuyo consumo en forma aislada no exceda de 0.06 litros por segundo; y 7) Juntas de Agua legalmente reconocidas; De cuya norma queda de relieve que NO tiene atribución para fijar tasas por aprovechamientos de agua superficiales o subterráneas para uso industrial, comercial para medianas o grandes empresas o para regantes de que usen infraestructura y volúmenes de riego mayores de 10 hectáreas, por lo que tiene prohibido por la ley invadir la exclusiva competencia que el legislador estableció para la AUTORIDAD DEL AGUA ya que esa facultad otorgada a las Municipalidades contenida en el artículo 67 de la Ley General de Aguas para otorgar permisos y licencias, no puede ser interpretada como una facultad discrecional extensiva a los presupuestos contenidos en el artículo 68 de la misma ley, habida cuenta de que cuando la ley atribuye a los órganos potestades, se procederá dentro de los límites de las mismas y en función del fin para el que hubieren sido atribuidas, conforme señala el artículo 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo y en el presente caso, por el contrario, con el acto administrativo impugnado consistente en fijación de tasas por el aprovechamientos de agua superficiales o subterráneas para uso industrial, comercial para medianas o grandes empresas o para regantes de que usen infraestructura y volúmenes de riego mayores de 10 hectáreas, no se procedió dentro de los límites a la facultad que le fijada por la ley, en vista de que dichas tasas le corresponde fijarlas a la AUTORIDAD DEL AGUA, entidad desconcentrada del Gobierno Central, con lo cual se demuestra que acto administrativo impugnado ha variado el sentido y alcance de la ley; todo lo cual constituye una clara vulneración al principio de legalidad antes expuesto porque contravienen los artículos 1, 2, 4, 10, 11 n 10) y 12, 59, 63, 66, 68 de la Ley General de Aguas. 3.2. - El acto administrativo impugnado además vulnera los preceptos de otro acto de carácter general dictado por un órgano de grado superior, en virtud de que mediante la aprobación de las tasas por aprovechamientos de agua superficiales o subterráneas para uso industrial, comercial para medianas o grandes empresas o para regantes de que usen infraestructura y volúmenes de riego mayores de 10 hectáreas, se discrepa o vulnera lo emitido por el Congreso Nacional mediante el decreto N° 181-2009, de fecha 24 de agosto del año 2009 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en N° 32088 de fecha 14 de Diciembre del 2009, que contiene la Ley General de Aguas, veamos: El Congreso. Nacional de la República, de conformidad con los artículos 205 y 206 de la Constitución, tiene la atribución exclusiva e indelegable de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes; como Poder del Estado, se trata pues de un órgano de grado superior a las Municipalidades que están sujetas a las leyes que dicho poder del Estado emite, en consecuencia, los actos dictados por el Congreso Nacional en el uso de sus exclusivas atribuciones, no pueden ser vulnerados por la Municipalidad Villanueva mediante la aprobación de un Plan de Arbitrios, en el cual se pretende invadir la competencia para fijar tasas concedida por el Poder Legislativo a otro ente del Estado. De lo expuesto se desprende que si el Congreso Nacional a emitir el decreto No.181-2009, de fecha 24 de agosto del año 2009 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en N° 32088 de fecha 14 de Diciembre del año 2009, que contiene la Ley General de Aguas no le concedió a las Municipalidades la atribución de fijar tasas por aprovechamiento de aguas para las medianas y grandes empresas o para regantes de que usen infraestructura y volúmenes de riego mayores de 10 hectáreas, debe entenderse que de vulnerarse aquellos preceptos dictados por el órgano superior como ha sucedido en el presente caso, es Nulo el acto administrativo impugnado por contravenir la propia Constitución de la República. CUARTO MOTIVO: ES NULO el acto administrativo contra la que se demanda su ineficacia, conforme señala el artículo 34 letra f) de la Ley de Procedimiento Administrativo, porque contrarían lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 8 de la ley general de la Administración Pública, pues con el mismo se disminuyen, restringen y tergiversan derechos y garantías reconocidos a mi representada en los artículos 1, 62, 64, 70, 205, 206, 255 y 321 por la Constitución de la República, por las razones siguientes: Al amparo de los preceptos Constitucionales antes citados, siendo que Honduras es un Estado de Derecho que asegura a sus habitantes el goce de la justicia, para lo cual se rige por las Leyes emitidas de forma 'exclusiva por el Congreso Nacional o de la República, en consecuencia, se le garantiza a sus ciudadanos que no está obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito; que los actos de carácter general emitidos por la administración pública deben publicarse en el Diario Oficial la Gaceta como requisito previo para su vigencia en protección del derecho de defensa de los administrados frente actos de la administración que le perjudiquen dentro del plazo establecido en la ley a partir de su publicación y que los servidores del Estado como es el caso de los miembros de la Corporación Municipal de Villanueva, no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley y que todo acto que ejecuten fuera de las leyes nulo e implica responsabilidad. En razón de lo antes expuesto, el acto administrativo impugnado disminuye, restringe y tergiversa los derechos y garantías reconocidos por la Constitución de la República a favor de los derechos de mi representada, ya que con la fijación de tasas por el aprovechamiento de agua superficiales o subterráneas para uso industrial, comercial para medianas o grandes empresas o para regantes de que usen infraestructura y volúmenes de riego mayores de 10 hectáreas impuesto a las personas naturales y jurídicas que realizan sus actividades comerciales, industriales o agrícolas dentro del municipio Villanueva, se pretende hacer cumplir a los contribuyentes con un acto administrativo fiscal que no está legalmente prescrito por la Corporación Municipal y que además constituye una doble imposición fiscal dado que el Congreso Nacional mediante una Ley especial, estableció el pago de dicho tributo a la Autoridad del Agua, adscrito de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). La Ley de Procedimiento Administrativo, reconoce y regula la invalidez de los actos administrativos sancionados con la nulidad de los mismos y siendo que los actos administrativos, se fundan esencialmente en el principio de legalidad, amparado por la Constitución de la República sin embargo, en el presente caso, como hemos dejado establecido en la presente demanda las normas impugnadas además de haberse dictado en infracción del ordenamiento jurídico contenido en La Ley General de Aguas, constituye inclusive un exceso de poder prohibido Constitucionalmente. QUINTO MOTIVO: El acto administrativo censurado, es NULO no solo porque se trata de un acto administrativo que infringe el ordenamiento jurídico, sino que constituye un exceso y desviación de poder por las razones jurídicas siguientes: Tanto la doctrina como el derecho positivo vigente, reconocen y regulan la invalidez de los actos administrativos sancionados con la nulidad o anulabilidad de los mismos y siendo que los actos administrativos, se fundan esencialmente en el principio de legalidad, por lo que los actos administrativo en sustentarse en los hechos y los antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable (motivación), sin embargo, en el presente caso, las normas del Plan de arbitrios Impugnado constituye un exceso y desviación de poder por que en el mismo hay una evidente falta de conexión lógica entre la motivación y la parte dispositiva del acto administrativo, como resulta del examen del contenido de las normas contenidas en los artículos 43, 44, 45, 46, 48, 49 y 119 del Plan de Arbitrios de Villanueva para el año 2017 impugnados, porque sencillamente no están apegadas a la observancia de la Ley General de Aguas que debían observar al momento de aprobar el plan de arbitrios; se trata pues de una divergencia en el juicio formulado por la Administración en relación con otro establecido con anterioridad sobre el mismo hecho, ya que con anterioridad a la imposición de la tasa por parte de la Municipalidad, la propia administración por medio de un órgano superior como es el Congreso Nacional, determino que la tasa por el aprovechamientos de agua superficiales o subterránea para uso industrial, comercial para medias o grandes empresas o para regantes de que usen infraestructura y volúmenes de riego mayores de 10 hectáreas debía ser fijado por el Gobierno Central, en consecuencia, constituye un claro exceso de poder de parte de la Corporación Municipal porque dicha decisión no está fundada en la ley, al imponer a mi representada un doble tributo sobre la misma actividad, el cual de conformidad con la Ley General de Aguas debe ser pagado a otra autoridad competente. 2. La parte demandada, MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, contestó dicha demanda señalando que es cierto que con fecha 25 de noviembre del año 2016, la Honorable Corporación Municipal de Villanueva, Cortes, mediante Acta No. 64-2016 se aprobó el Plan de Arbitrios, acto administrativo con ejecución de carácter general, el cual previo a su vigencia se dio cumplimiento al debido proceso establecido en la Ley de Municipalidades y su Reglamento actualmente vigente. Aprobando dentro de 6l los artículos 43, 44, 45, 46, 48 y 49 cuyo contenido fue literalmente transcrito por la parte demandante y los cuales Corresponden al CAPITULO CUARTO cuyo título es IMPUESTO DE EXTRACCION Y EXPLOTACION DE RECURSOS, no así el articulo 119 el cual corresponde a Capitulo quinto y no cuarto como erradamente lo establece el demandante y refiere al título SERVICIOS PRESTADOS POR DIMAVI y no Impuesto de Extracción y Explotación de Recursos como equivocadamente lo plantea ante usted su señoría la parte demandante. REFUTACION: La parte demandante pide la nulidad parcial del plan de arbitrios de la Municipalidad de Villanueva, pero pide nulidad total o absoluta de los artículos 43, 44, 45, 46, 48 y 49 del referido documento, exponiendo cinco motivos de nulidad y enfocando su inconformidad tal como lo escribe en repetidas ocasiones y literalmente lo extrae de la demanda presentada por los cánones, tarifas, tasas, por otorgamientos de derechos de usos, así como los procedimientos de concesiones y otorgamiento de permisos con respecto al aprovechamiento de aguas superficiales o subterráneas para uso industrial, comercial, para medianas o grandes empresas o para los regantes que usen infraestructura y volúmenes de riego de diez hectáreas, por lo expuso las razones por las que considera que la demanda con relación al acto denunciado esta mal planteada y es incongruente: PRIMERO: Los artículos 43, 44, 45, 46, 48 y 49 tal como lo establece el artículo 43 de dicho plan de arbitrios es una transcripción literal de un gravamen (IMPUESTO, NO TASA) que está contemplado en los artículos 75 y 80 de la Ley de Municipalidades, como también los artículos del 127 al 133 y 158 del respectivo reglamento de la Ley de Municipalidades, legislación aprobada por el Congreso Nacional y no por la Municipalidad, es decir que la parte demandante se anule (elimine) del plan de arbitrios (Documento que constituye una ley local de obligatorio cumplimiento por todos los vecinos o transeúntes del municipio ... Art. 14 7 R. L. M. ) de manera total y errónea los referidos artículos. EI demandante quiere alcanzar mediante su demanda la nulidad el impuesto de extracción o explotación de recursos por lo que en todo caso debió dirigir su demanda contra un acto de carácter general emitido por el Congreso Nacional. Por lo que el acto objeto de nulidad demandado no es correcto por los motivos antes expuestos. SEGUNDO: En la petición de la demanda interpuesta ante este juzgado la parte demandante expone (Extracción literal de la Demanda), en su momento procesal oportuno se dicte sentencia definitiva que contenga los pronunciamientos siguientes: PRIMERO: La procedencia de la acción. SEGUNDO: ... TERCERO: Se reconozca una situación jurídica Individualizada para su pleno restablecimiento, se adopten entre otras las medidas necesarias en el sentido de que el contenido de los artículos 43, 44, 45, 46, 4 7 (diferente a lo que se pidió a todo lo largo de la demanda) y 119 del capítulo cuarto: "Impuesto de Extracción y Explotación de recursos " del plan de arbitrios con vigencia para el año fiscal 2017, aprobado por la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortes, según acta de sesión celebrada el 25 de Noviembre del año 2016, celebrada por la Corporación Municipal de Villanueva, No le es aplicable, por lo que si la parte demandante pide el reconocimiento de una situación jurídica individualizado amparándose en que los artículos objeto de nulidad absoluta no le son aplicados a su poderdante, convierte el objeto de la acción (demanda) en una nulidad de un acto administrativo de carácter general a una nulidad de un acto administrativo de carácter particular, es decir que hace creer a este juzgado que la aplicación de los artículos objeto de nulidad del referido plan de Arbitrios le ha sido ejecutado o aplicado a su representada con relación al Agua Subterránea, generándole un valor económico para el año 2017 hecho que deberá probar sin perjuicio de que por la presente acción no corresponde ya que el procedimiento para demandar la nulidad de un acto administrativo de carácter particular difiere al que se sigue para un acto de carácter general, debiendo existir para el primero una notificación del acto reclamado. TERCERO: Con respecto al artículo 119 del capítulo Quinto del Plan de Arbitrios que corresponde al título de los servicios prestados por Dimavi establece: "En Materia ambiental, DIMAVI presta los siguientes servicios: 1. Dictámenes por gestión ambiental a) b). Dictamen ambiental para la obtención de permisos y explotación de pozos. c)... d) declaración jurada., Todas las personas naturales y jurídicas que en sus propiedades ubicadas en el municipio de Villanueva hayan perforado pozos con el fin de extraer y utilizar agua para fines industriales .... Como puede observarse el presente artículo refiere a los servicios prestados por Dirección Municipal de Ambiente de Villanueva (Dimavi) en diferentes áreas como son: dictamen por instalación de vallas, por corte y nivelación del terreno, por reparación de viviendas, por uso de alto y auto parlante, entre otros lo que nos obliga a preguntarnos: ¿porque pide la nulidad de todo el artículo 119 del plan de arbitrios? ¿acaso tiene relación todo ese artículo con la motivación utilizada en el escrito de demanda? no. No existe tal relación, pues el demandante de una manera muy confuso y ambigua plantea la nulidad de artículos que constituyen impuestos decretados por el congreso a los cuales la municipalidad debe determinar en su plan de arbitrio y el articulo 119 si constituye tasa pero por dictámenes (situación administrativa) de diferentes actividades que pudiesen realizar los vecinos del municipio y no solo la compañía azucarera que van desde el uso de parlantes, delimitación de zonas de reserva entre otros. Ahora, es necesario enfocarse en el inciso b) del referido artículo 119, en el sentido de esclarecer que un dictamen ambiental que emita la dirección Municipal de Ambiente de Villanueva, no constituye la aprobación para aprovechamiento de aguas subterráneas y es utilizado como requisito del permiso de construcción estando orientada a la identificación de los posibles puntos de contaminación que a futuro pudieran afectar la calidad del recurso, dejando claro que dicha evaluación no se realiza con el propósito de medir causales, consumo o aprovechamiento de las aguas subterráneas. Por lo que es una tasa por la emisión del dictamen previo a la construcción de los pozos del municipio que permita identificar los impactos ambientales y mantener un inventario de a nivel local de los pozos existentes en el municipio. Amparada en la misma ley de Municipalidades artículos 13, 14 y 25. Por lo que no es arbitrario la creación del artículo 119 del Plan de arbitrios, además es de hacer énfasis en la parte demandante que la azucarera Hondureña no es la única persona natural o jurídica del municipio y que es necesario dejar instituido en el plan de arbitrios Como una norma de cumplimiento obligatorio la emisión de un dictamen como parte de medidas para el ordenamiento territorial, protegiendo el ecosistema y el medio ambiente y asegurando el bienestar de la población. Caso ilustrativo Numero Uno: En los proyectos de desarrollo habitacional (viviendas) dicho dictamen (art.119. b) asegura a la población residente del lugar que el pozo a construir se encuentra en zonas aptas que permitan la calidad del recurso para fines domésticos y esto está amparado en una norma del código de salud. Caso Ilustrativo Numero Dos: En los proyectos de estaciones de servicio de combustible dicho dictamen ambiental que ahora pretende la parte actora anular permite complementar la información técnica que brinda la Municipalidad de Villanueva como miembro activo de los sistemas de Evaluación de Impactos Ambientales (SINEIA) y que garanticen a los vecinos de la estación la no filtración de hidrocarburos en el subsuelo que pudieren afectar la calidad del agua subterránea utilizada. 3. El Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con sede en Tegucigalpa M.D.C., en fecha veintisiete de julio del dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando PROCEDENTE LA ACCION, por no ser ajustado a derecho el acto administrativo de carácter general impugnado, por infringir el ordenamiento jurídico, DECRETAR LA NULIDAD DE LOS ARTICULOS 43, 44, 45, 46, 48, 49 del Capítulo Cuarto, indicado, como Impuesto de Extradición y Explotación de Recursos del Plan de Arbitrios para el año fiscal dos mil diecisiete; RECONOCER LA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA a favor del demandante sin costas, bajo el criterio que: consta el Plan de Arbitrios del año 2017, de la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortes del cual se impugnan parcialmente los artículos 43, 44, 45, 46, 48, 49 y 119 del Capítulo Cuarto, indicado como Impuesto de Extracción y Explotación de Recursos del Plan de Arbitrios para el año fiscal 2017, aprobado por la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortes según acta de sesión extraordinaria librada el 25 de noviembre de 2016, con la aplicación de los artículos 43, 44, 45, 46, 48, 49 del Capítulo Cuarto, indicado Como Impuesto de Extracción y Explotación de Recursos del Plan de Arbitrios para el año fiscal 2017, aprobado por la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortes según acta de sesión extraordinaria N° 64-2016 celebrada el 25 de noviembre de 2016, que ordena gravar con una tasa municipal del 1% del valor comercial para la extracción y explotación de los recursos naturales, renovables o no renovables dentro del municipio, en vista que el artículo 67 de la Ley General de Aguas establece que las Municipalidades otorgaran derechos de aprovechamiento de agua mediante permisos y licencias por la vía reglamentaria en los casos siguientes: 1)...2) Uso industrial artesanal y para micro y pequeña empresa y en presente caso de autos la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortes con la implementación de los artículos objeto de impugnación del Plan de Arbitrios para el año fiscal 2017, lo hace de forma generalizada abarcando los usos Industriales y Comerciales de medianas y grandes empresas emitiendo disposiciones normativas que se encuentran totalmente fuera de su competencia, pues está probado en autos que dicha facultad le corresponde exclusivamente a la autoridad del agua, ya que la Ley General de Aguas contenida en el Decreto No.181-2009 del 24 de agosto del 2009, en su artículo 68 le otorga al Gobierno Central, a través de la Autoridad del Agua la facultad de otorgar derechos de aprovechamiento en los siguientes casos: 1), 2), 3) Usos industriales y comerciales de Medianas y Grandes Empresas En cuanto a las Municipalidades la misma Ley en su artículo 67, las faculta para otorgar derechos de aprovechamiento de agua en los casos siguientes: 1) 2) Uso industrial, artesanal y para micro y pequeña empresa; 3) 4) 5) 6) 7% o sea que la facultad de otorgar derechos de aprovechamiento por parte de la Autoridad del Agua y las Municipalidades está claramente diferenciada, a la Autoridad del Agua le corresponde otorgar los derechos de aprovechamiento, mediante la figura del concesionamiento, a los grandes consumidores como en el caso de mérito, en cambio a las Municipalidades les corresponde otorgar los derechos de aprovechamiento de agua a pequeros consumidores, entre ellos el uso Industrial y Artesanal y para Micro y pequeña Empresa, es por ello que se debe declarar procedente la acción interpuesta por la parte actora por no estar dictado conforme a derecho al acto de carácter general impugnado parcialmente en este Juzgado. La Ley General de Aguas, en su artículo 4 establece claramente que el Estado de Honduras ejerce soberanía sobre el territorio nacional incluyendo las aguas subterráneas, en virtud de ello la parte demandada no puede abrogarse, el derecho de regular de manera general la extracción y uso de agua subterránea como si fuera propia o como si tuviera la facultad de cobrar por la misma a los grandes consumidores. Que con la facultad de Juzgado de revisar la legalidad de los Actos de la Administración Pública y de la revisión del caso de autos y por lo expuesto anteriormente, se desprende que el acto de Carácter General parcialmente impugnado infringe el ordenamiento jurídico, específicamente el articulo 68 numeral 3), 86 y 87 de la Ley General de Aguas y agregado a ello el artículo 321 de la Constitución de la República señala que los servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley, Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad, motivos suficientes para decretar la nulidad absoluta de los artículos 43, 44, 45, 46, 48, 49 y 119 del Capítulo Cuarto, indicado Como Impuesto de Extracción y/o explotación de Recursos del Plan de Arbitrios para el año fiscal 2017, aprobado por la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortes según acta de sesión extraordinaria N° 64, del 2016 celebrada el 25 de noviembre de 2016. Que la norma contemplada en el artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que" los actos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico" y que son anulables los actos o que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico incluso el exceso de Poder ... artículo 35 de la misma Ley. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha treinta de agosto del dos mil diecinueve, dictó CON LUGAR el Recurso de Apelación, REVOCA: los numerales PRIMERO y SEGUNDO de la parte dispositiva, CONFIRMA el numeral TERCERO y CUARTO de la parte dispositiva, sin costas, bajo el criterio: que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la administración Pública que concretan la voluntad del Estado, así como las Municipalidades y las Instituciones autónomas los que, directa o indirectamente afectan la esfera jurídica de los particulares y que las mismas solo pueden expresarse a través del procedimiento que señala la ley, por lo que el único medio idóneo que tiene el particular para lograr que un acto ilegitimo sea efectivamente revisado para lograr su adecuación al ordenamiento jurídico es a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo quien juzgara dentro del límite de las pretensiones deducidas por las partes para fundar la acción y oposición, en este sentido, una vez agotada la primera instancia, el sistema de recursos, es una pieza clave en el cual se concitan intereses para recurrir que conlleve a una más segura protección de la tutela judicial efectiva y en la que la facultad revisora no puede ir más allá de lo pedido por las partes. En ese sentido la parte material del proceso, en este caso la Compañía Azucarera Hondureña S.A. ha manifestado que su actividad principal es el cultivo y procesamiento de caña de azúcar y la fabricación y consumo de azúcar y que la Municipalidad de Villanueva, Cortes, aprobó el plan de arbitrios para el año 2017, en la que ha implementado un impuesto por concepto de Extracción y Explotación de recursos, en el que leído dicho plan de arbitrios se ha podido observar que los artículos contenidos en dicho plan de arbitrios y que la demandante hace referencia, efectivamente contempla la extracción y explotación de recursos renovables dentro de ese municipio en forma total o permanente, pero en ninguno de sus enunciados establece lo que el demandante reclama y que pretende sea anulado de dicho plan de arbitrios como ser el aprovechamiento de aguas, ya sean estas superficiales, subterráneas o para uso de riego; siendo necesario aclarar que efectivamente la Ley de Municipalidades califica como impuesto la extracción y explotación de recursos, pero enfocado según el plan de arbitrios en la explotación o extracción de canteras, minerales, hidrocarburos, bosques y sus derivados; así como la caza, pesca o extracción de especies en mares, lagos, lagunas y ríos.- En los mares y lagos la extracción deberá ser dentro de los 200 metros de profundidad-; por lo que este Tribunal no entiende cual ha sido el exceso y la desviación de poder por parte de la Municipalidad, cuando de la lectura de dicho plan de arbitrios, estos no van enfocados al aprovechamiento de aguas; es más la misma parte demandante establece que todo permiso relacionado con aprovechamiento de agua se realizara de acuerdo a la Ley de Aguas como órgano competente para dar esos permisos, así como la cuando otorgaran las municipalidades derechos de agua según lo establecido en la ley General de Aguas y su reglamentos, caso que no aplica en este caso ya que la parte demandante es considerada gran contribuyente por ende no aplica lo que pretende impugnar ante esta jurisdicción, ni mucho menos considerar una doble imposición ya que existe constancia de Aguas del Valle en la que hace constar que no se ha generado ningún valor a cobrar por concepto de aguas subterráneas a la parte demandante e igualmente constancia emitida por la Municipalidad de Villanueva manifestando que solo tienen registradas cinco empresas que se dedican a la explotación y extracción de recursos?; ahora el plan de arbitrios es un acto de carácter a Folio 43, 44 frente y vuelto y 119 del plan de arbitrios 2017, 2 Artículo 67 Ley de Aguas 3 Folio 138 y 150, 0801-2018 I 007 fiscal general que afecta solo a la comunidad donde tiene competencia dicha municipalidad, por ende ya la misma ley de Municipalidades establece que para que el plan de arbitrios surta efectos debe hacerse por cualquier medio que resulte eficaz para su divulgación, no lo limita a que su publicación sea en el Diario Oficial la Gaceta tal y como lo manifiesta la parte demandante, y en este caso basta con la exhibición a través de la tabla de avisos tal y como lo establece el artículo 150 del Reglamento de Municipalidades. 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, en fecha 11 de octubre del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 30 de agosto del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.07-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.03-2017 del Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 16 de octubre del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada ZOILA ISABEL LOPEZ REYES, presentó en fecha 05 de noviembre del 2019, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 8 de noviembre del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 13 de noviembre del 2019, los Abogados ALBERTO GARCIA FORTIN y ZOILA ISABEL LOPEZ REYES, respectivamente. 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 9 de diciembre del 2019, teniendo por personados a los Abogados ALBERTO GARCIA FORTIN, como recurrente, y ZOILA ISABEL LOPEZ REYES, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Falta de aplicación el articulo 206.1 relacionado con los artículos 22 ambos del Código Procesal Civil y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que dio lugar a la falta de exhaustividad de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Esta representación procesal al incoarse la demanda que ahora nos ocupa procedió a alegar o denunciar cinco (5) motivos de nulidad del acto administrativo impugnado parcialmente en sus artículos 43, 44, 45, 46, 48, 49 DEL CAPITULO CUARTO: IMPUESTO DE EXTRACCION Y EXPLOTACION DE RECURSOS y 117 del CAPITULO QUINTO: PRESTACION DE SERVICIOS POR DIMA VI, del Plan de Arbitrios con vigencia para el año fiscal dos mil dieciocho (2018), aprobado por la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortes, según acta de sesión extraordinaria No. 47-2017 celebrada el veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) por la Corporación Municipal de Villanueva, Departamento de Cortes. Esos cinco (5) motivos de nulidad constan en el escrito de demanda que obra en la pieza principal de autos, los cuales consisten en: PRIMERO: haber sido dictado por órgano absolutamente incompetente según se señala en el artículo 34 letra a) de la Ley de Procedimiento Administrativo, dado que la Municipalidad Villanueva no tiene facultades o atribuciones para establecer los cánones, tarifas, tasas por otorgamientos de derechos de usos, así como los procedimientos de concesiones y otorgamiento de permisos con respecto a los aprovechamientos de agua superficiales o subterráneas para uso industrial, comercial para medianas o grandes empresas o para regantes de que usen infraestructura y volúmenes de riego mayores de diez (10) hectáreas, por lo cual se atribuyó arbitrariamente dicha facultad en el acto administrativo denunciado contenido en el Plan de Arbitrios de la Municipalidad de Villanueva; SEGUNDO: por incurrir en la causal de nulidad contemplada en el artículo 34 letra c) de la Ley de Procedimiento Administrativo, en virtud de que el denunciado acto administrativo de carácter general consistente en el Plan de Arbitrios aprobado por la Municipalidad de Villanueva fue dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en la ley, ya que el mismo no fue publicado en el diario oficial La Gaceta, según lo ordena el artículo 255 de la Constitución de la República y 2 reformado de la Ley de Publicación Obligatoria en La Gaceta; TERCERO: por encontrarse comprendido en la causa de nulidad establecida en el artículo 34 literal e) de la Ley de Procedimiento Administrativo, porque se trata de un acto administrativo de carácter general que infringe los limites señalados a la potestad reglamentaria establecida en el artículo 40 literal a) y Ch) de la Ley de Procedimiento Administrativo; esta última norma jurídica a su vez señala, que los órganos de la Administración Pública no podrán, mediante actos de carácter general, "alterar el espíritu de la ley, variando el sentido y alcance de esta " y tampoco podrán" vulnerar las preceptos de otro acto de carácter general dictado por un órgano de grado superior"; CUARTO: por encontrase comprendido en la causa de nulidad establecida en el artículo 34 letra f) de la Ley de Procedimiento Administrativo, porque contrarían lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 8 de la ley general de la Administración Publica, pues con el mismo se disminuyen, restringen y tergiversan derechos y garantías reconocidos a mi representada en los artículos 1, 62, 64, 70, 205, 206, 255 y 321 por la Constitución de la República; y QUINTO: por incurrir en exceso y desviación de poder; todas estas causas que fueron expuestas ampliamente en el escrito de demanda. De los FUNDAMENTOS DE DERECHO de la sentencia definitiva de fecha 30 de agosto del 2019 dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ahora impugnada, se desprende que la misma únicamente resolvió sobre los motivos primero y segundo de nulidad del acto administrativo impugnados (expuestos en el escrito de demanda), sin haber resuelto, los demás motivos de nulidad también alegados y denunciados en el escrito de supuestamente cuando no existan disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales, de otra índole procesal." "Articulo 134. En lo no previsto en esta Ley, por lo que infringe por falta de aplicación el artículo 206.1 del Código Procesal Civil: "CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas…", aplicable al caso de autos de acuerdo con los artículos 22 y 134 supletorios, el Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales." II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) falta a la claridad y precisión al señalar su precepto autorizante y en su explicación alega nulidad del acto administrativo; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) en la explicación hace referencia a normativa no indicada como infringida o relacionada en la formulación, tal es el caso de los artículos 1,2,32,62,64,10,205 y 55 de la Constitución de la República; 34 incisos a), c), e),f) y 40 inciso a) de la Ley de Procedimiento Administrativo y, d) formula alegatos de instancia. III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “Se impugna la Falta de aplicación del artículo 207 del Código Procesal Civil que regula el contenido de la sentencia en cuanto a la motivación fáctica, en relación con el artículo 22 del mismo Código Procesal Civil y artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en los artículos 719.1 literal c) y 720 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Con este motivo se pretende demostrar que el control fáctico de la motivación en la sentencia impugnada carece de suficiencia, racionalidad y carácter lógico lo cual llevó al tribunal de alzada a emitir un fallo con una motivación defectuosa con un sentido diferente del fallo que debió dictarse. 207 del Código Procesal Civil sobre la motivación, prescribe: El artículo 2 "ARTICULO 207. MOTIVACION.1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho.2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón." Se desprende del numeral sexto (6) de los FUNDAMENTOS DE DERECHO de la sentencia definitiva de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ahora recurrida en este recurso de casación, su defectuosa motivación fáctica y jurídica cuando expresa pero en ninguno de sus enunciados establece lo que el demandante reclama y que pretende sea anulado dicho plan de arbitrios como ser el aprovechamiento de aguas, ya sean estas superficiales, subterráneas o para uso de riego.... por lo que este Tribunal no entiende cual ha sido el exceso y la desviación de poder por parte de la Municipalidad, cuando de la lectura de dicho plan de arbitrios, estos no van enfocados al aprovechamiento de aguas...", no siendo cierto dicha motivación de la corte de apelaciones sentenciadora ya que el Plan de Arbitrios si contiene enunciado respecto al aprovechamiento de agua, pues basta con leer el artículo 117, numeral 1) literal b) de dicho impugnado Plan de Arbitrios para percatarse que si contiene dichos enunciados. Dice el citado artículo: "Artículo 17.- En materia ambiental, DIMAVI presta los siguientes servicios: 1-DICTÁMENES POR GESTION AMBIENTAL: a).. b) Dictamen Ambiental para la obtención de permisos y explotación de pozos..., con lo que se evidencia la defectuosa motivación de la sentencia que implicó la falta de aplicación del artículo 34 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo relacionado con los artículos 2 y 68 de la Ley General de Aguas, según lo expuesto en el motivo cuarto, lo que habría sido determinante de un fallo diferente. Los artículos 207 del Código Procesal Civil es aplicable al caso de autos según los artículos 22 del mismo Código y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, respectivamente: "ARTICULO 22.- CARACTER SUPLETORIO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, El presente Código se aplicará supletoriamente cuando no existan disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales y de otra índole procesal." "Artículo 134. En lo no previsto en esta Ley, regirán como supletorios, el Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales." IV. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón que el Recurrente en la explicación hace referencia a normativa no indicada como infringida o relacionada en la formulación, tal es el caso de los artículos 34 incisos a) de la Ley de Procedimiento Administrativo; 2 y 68 de la Ley General de Aguas. V. Que el Recurrente en un tercer motivo arguye: “Se impugna la falta de aplicación del artículo 34 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo relacionados con los artículos 255 de la Constitución de la República y 2 reformado de la Ley de Publicación Obligatoria en La Gaceta que han debido emplearse para la solución de fondo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Mi representada alega que el acto administrativo impugnado es nulo conforme lo dispuesto en el artículo 34 literal c) de la Ley de Procedimiento Administrativo que dice: "Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, el acto administrativo es nulo, en los siguientes casos: a) c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido " En vista que el mismo no fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, es decir, no se siguió el procedimiento establecido para su puesta en vigencia, procedimiento que ordena de forma expresa el artículo 255 de la Constitución de la República: "Los actos administrativos de cualquier órgano del Estado que deban producir efecto jurídicos de carácter general, ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta y su validez se regulará conforme a lo dispuesto en esta Constitución para la vigencia de ley." Así como también se ordena en el artículo 22 reformado de la Ley de Publicación Obligatoria en La Gaceta "Toda reglamento, convención o disposición legal emitida conforme a derecho, por el Poder Ejecutivo, organismos descentralizados, autónomos y semiautónomos, colegios u organismos públicos con personería jurídica deben ser obligatoriamente publicados en el Diario Oficial "La Gaceta ", requisito sin el cual no cobraran vigencia; salvo medida excepcional decretada por este congreso.", constituyendo lo anterior un motivo de nulidad alegado oportunamente. De los FUNDAMENTOS DE DERECHO de la sentencia definitiva de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ahora impugnada, se desprende la falta de aplicación de las disposiciones le gales antes citadas, puesto que establece "... ahora el plan de arbitrios es un acto de carácter general que afecta solo a la comunidad donde tiene competencia dicha municipalidad, por ende ya la misma ley de Municipalidades establece que para que el plan de arbitrios surta efectos debe hacerse por cualquier medio que surte eficaz para su divulgación, no lo limita a que su publicación sea en el Diario Oficial La Gaceta tal y como lo manifiesta la parte demandante, y en este caso basta con la exhibición a través de la tabla de avisos tal y como lo establece el artículo 150 del Reglamento de Municipalidades ... ", como podrá observarse, la honorable Corte deja de aplicar una norma constitucional y una norma ordinaria que expresamente ordena una publicación en el Diario Oficial La Gaceta por otra que lo contradice y además una disposición reglamentaria, estando obligada a aplicar las mencionadas disposiciones legales por el principio de jerarquía normativa. En criterio de la Corte recurrida, la Municipalidad de Villanueva ha cumplido con su obligación de publicar el Plan de Arbitrios en la tabla de avisos de dicha Municipalidad. Sin embargo, la norma constitucional y la ordinaria que regulan tales publicaciones son claras cuando ordenan la publicación obligatoria en el Diario Oficial La Gaceta y no se requiere mayores disquisiciones pues así lo mandan esas disposiciones, sin distinciones de ninguna naturaleza. Olvida la Corte sentenciadora que la jurisdicción de lo contencioso administrativo descansa en el principio de ser revisora de los actos administrativos, por tanto resulta inaceptable que un Tribunal de Justicia permita que una norma secundaria y otra reglamentaria se apliquen por encima de normas constitucionales y secundarias que regulan expresamente el caso concreto, pues él lo implica, por una parte desconocer la Constitución de la República y por otra parte que dicha jurisdicción no cumple con su actividad revisora. La Corte recurrida ha dejado de aplicar los artículos 34 literal c), 255 de la Constitución de la República y 2 de la Ley de Publicación Obligatoria en La Gaceta y en su defecto ha aplicado indebidamente el párrafo quinto del artículo 35 de la Ley de Municipalidades en relaci6n con el 150 del Reglamento de dicha Ley”. VI. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón que en la explicación hace referencia a normativa no indicada como infringida o relacionada en la formulación, tal es el caso de los artículos 35 de la Ley de Municipalidades y 150 de su Reglamento. VII. El Censor en un cuarto motivo manifiesta: “Se impugna la aplicación indebida del párrafo quinto del artículo 35 de la Ley de Municipalidades en relación con el artículo 150 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, empleados para la solución de fondo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: En el numeral sexto (6) de los FUNDAMENTOS DE DERECHO de la sentencia definitiva de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ahora impugnada, se establece "... ahora el plan de arbitrios es un acto de carácter general que afecta solo a la comunidad donde tiene competencia dicha municipalidad, por ende ya la misma ley de Municipalidades establece que para que el plan de arbitrios surta efectos debe hacerse por cualquier medio que surte eficaz para su divulgación, no lo limita a que su publicación sea en el Diario Oficial La Gaceta como lo manifiesta la parte demandante, y en este caso basta con la exhibición a través de la tabla de avisos tal y coma lo establece el artículo 150 del Reglamento de Municipalidades ... "Si bien, la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no menciona que disposición de la Ley de Municipalidades está aplicando, se deduce que se refiere al párrafo quinto del artículo 35 de la Ley de Municipalidades que establece, y cito textualmente dicho artículo: "… A ejecutar de que toda la población o todos los habitantes tengan pleno conocimiento del contenido de las sesiones celebradas por la Corporación Municipal, la Secretaria Municipal enviar dentro de los tres (3) días siguientes, una certificación de las resoluciones y de los Acuerdos a la Biblioteca Pública Municipal o, en su defecto, exhibirá dicha certificación en un lugar visible y accesible para el público..." Asimismo el artículo 150 del Reglamento de dicha Ley prescribe: "Los Planes de Arbitrios y los correspondientes Acuerdos Municipales, deberán hacerse del conocimiento de la población mediante su publicación antes de su vigencia en el Diario Oficial La Gaceta, La Gaceta Municipal o en los rotativos escritos de la localidad o por cualquier otro media en los rotativos escritos de la localidad por cualquier otro media que resulte eficaz para su divulgación. Sin efectuarse la publicidad, el plan de arbitrios no podrá entrar en vigencia." La aplicación de dicha disposición legal es indebida por existir una disposición constitucional (artículo 255) que establece que "Los actos administrativos de cualquier órgano del Estado que deban producir efectos jurídicos de carácter general, será publicado en el Diario Oficial La Gaceta y su validez se regulara conforme a lo dispuesto en esta Constitución para la vigencia de ley.", en consecuencia, de conformidad con la jerarquía normativa contemplada en el artículo 7 de la Ley General de la Administración pública, no se puede proceder a aplicar una disposición de una ley (y mucho menos de un reglamento) con preferencia a una disposición constitucional. El artículo 7 de la Ley General de la Administración pública establece "Los actos de la Administración pública, deberán ajustarse a la siguiente jerarquía normativa: 1) La Constitución de la República; 2) Los Tratados Internacionales ratificados por Honduras; 3) La presente Ley; 4) Las Leyes Administrativas Especiales; 5) Las Leyes Especiales y Generales vigentes en la República; 6) Los Reglamentos que se emitan para la aplicación de las Leyes; 7) Los demás Reglamentos Generales o Especiales; 8) La Jurisprudencia Administrativa; y, 9) Los Principios Generales del Derecho Público." VIII. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón que en la explicación hace referencia a normativa no indicada como infringida o relacionada en la formulación, tal es el caso de los artículos 255 de la Constitución de la Republica y 7 de la Ley General de la Administración Publica. IX. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. X. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace merito, en sus cuatro motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintisiete días del mes de julio del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA664-19. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.