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Sentencia CA-66-20 — Registro 12171

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por la demandantepor no ajustarse a derecho el acta administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación por cesantía, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado hacerlo este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; "

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."La Sentencia recurrida carece de motivación, ya que fue emitida sin tomar en consideración una verdadera aplicación e interpretación de las pruebas evacuadas durante el proceso, así como tampoco se ajusta a las reglas de la lógica y de la razón, con fundamento en las disposiciones transitorias, por ende se solicita por media de este recurso, la REVISIÓN de las infracciones de las normas procesales, en vista de que la Sentencia recurrida confirma la sentencia dictada por A QUO, con lo que se produce una total indefensión al Estado desde el momento que el Tribunal de forma imperativa acude a fundamentos de derecho distintos, no solo de las que debe aplicar correctamente sino que también distintos de las que mi representada ha pretendido hacer valer, no resolviendo de conformidad a las normas aplicables al caso, ya que de manera contundente establece en el considerando cuatro (4) Fundamentos de Derecho: Es preciso mencionar que la administración pública es una expresión del poder público que se ejerce por medio de actos que concretan la voluntad del Estado, los que en forma directa o indirecta, afectan la esfera jurídica de los particulares, por lo que a través de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se pretende se respete el principio de legalidad en cada decisión que emitan los órganos de la administración pública, mediante las potestades revisoras y sancionadoras de la jurisdicción contenciosa administrativa, respetando las peticiones concretas que las partes formulan ante esta jurisdicción, en la cual la participación de las partes no se limita solo a la primera instancia, tienen también derecho a peticionar ante las órganos superiores, en vía de recurso, la tutela efectiva de sus derechos si consideran que la resolución judicial le causa directa o indirectamente un perjuicio, es por eso que el control contencioso administrativo permite revisar en vía judicial la legalidad de la actividad administrativa, tutelando paralelamente las derechos e intereses legítimos de las particulares en el marco de su relación con la administración, mediante las potestades revisoras y sancionadoras de esta jurisdicción, en la que leídos los agravios, es preciso indicar que no está en discusión las facultades constitucionales en cuanto a la política del Estado referente a la suspensión, creación o modificación de algunas secretarias de Estado, tal es el caso del Decreto 266-2013 que contiene la "Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorara los servicios de la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el gobierno", en la cual se asignan competencias a las Secretarias de Estado, entre ellas la "Coordinación General de Gobierno" por ser la Secretaría que según PCM 021-2014 establece que donde se contenga o relacione la denominación SEPLAN, se entenderá Secretaria de Estado en el Despacho de Coordinación General de Gobierno, y en la efectivamente dicho PCM, establece que se debe transferir a la Secretaria de Estado de la Presidencia, las activos, estructuras administrativas, entre ellas la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de la cual la ahora demandante fungía como Especialista de Ordenamiento Territorial y en el que dicho PCM establece que será la Secretaria de Finanzas la que debe incorporar dentro del presupuesto de la Secretaria de Estado de la Presidencia, las asignaciones presupuestarias necesarias, por lo que de la lectura de dicho PCM la Estructura Administrativa, de acuerdo al acuerdo que hoy se impugna es por el régimen de cesantía bajo la circunstancia que establece el Artículo 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil consisten en "Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa", por lo que se deben cumplir requisitos imperativos para que se configure la misma en la que se obvio la notificación al servidor público con un mes de anticipación hecho que no fue acreditado, de igual forma las evaluaciones del desempeño cuya finalidad es medir el rendimiento global del empleado en el cumplimiento de sus funciones debe ser anual con tres procesos claramente definidos siendo estos la planificación, seguimiento y evaluación y se ha podido observar que desde su ingreso en el año 2010 solamente tiene dos evaluaciones, por lo que para este Tribunal no se cumplen las presupuestos para que la administración pública aplique el régimen de cesantía a la ahora demandante en el que se le han infringido derechos tutelados por nuestra Constitución en la que claramente establece que no se restringirán ni disminuirán derechos, siendo necesario confirmar la sentencia del juez de primera instancia, es decir que es evidente que la sentencia hoy recurrida y que confirma la emitida por el Juez A QUO, no reúne los requisitos esenciales para alcanzar su fin, ya que se prescindió de considerar durante el curso del juicio la existencia de una verdadera reorganización administrativa del Gobierno, establecida mediante Decreto Ejecutivo PCM-021-2014 de fecha 16 de julio del 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 24 de julio del 2014, mismo que ordena a la Secretaria de Coordinación General de Gobierno, transferir a la Secretaria de Estado de la Presidencia las activos (mobiliario, equipo, vehículos y demás) en la estructura administrativa de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, lo cual habilita a mi representada a efectuar una reorganización de la estructura interna y readecuar el presupuesto vigente asignado a la Secretaria de Coordinación General de Gobierno, efectuando la distribución de recursos en las diferentes objetos del gasto de acuerdo al proceso de restructuración, que conllevan al cumplimiento de las nuevas competencias asignadas, lo que se comprobó en este caso, pues dentro de la prueba presentada se pudo constatar que la plaza que ocupaba la ahora demandante denominada Especialista en Ordenamiento Territorial, fue reasignada, lo que implica "cambio que sufre la clasificación de un puesto determinado, por variación sustancial y permanente de las deberes y responsabilidades del mismo, o por modificación de la estructura de una plaza o puesto tipo o bien" dando coma resultado un nuevo puesto Oficial de Transparencia, plaza que hasta esa fecha no existía dentro de la Estructura de mi representada y que fue aprobada y habilitada por la Dirección de Servicio Civil, a través del Departamento de Clasificación de puestos y salarios, con la única finalidad de cumplir con las ordenanzas requeridas para la completa reorganización administrativa de mi representada y del Estado de Honduras para darle cumplimiento en lo establecido en la Ley de Transparencia que obliga a cada Institución del Estado contar con un Oficial de Información Pública, todo lo anterior con la finalidad de obtener una más eficiente y económica organización administrativa tal y como se establece en el Artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, como uno de los dos casos cuando procede LA CESANTÍA de un servidor público agregado a esto que el respectivo reglamento en su Artículo 88, establece que antes de ejecutarse la Cesantía el servidor público deberá consultársele al Consejo de Servicio Civil previo a la cesantía a sobre si procedía o no dicha cesantía a, lo que se demostró debidamente con las medias de prueba evacuados en su momento procesal del juicio. Adicionalmente es vital considerar que ninguna de la dos instancias se pronunciaron y por ende no consideraron antes de emitir sus resoluciones, que mi representada de buena fe y en cumplimiento a lo establecido en el marco legal hizo efectivo el pago de las prestaciones laborales (derechos adquiridos e indemnizaciones) a favor de la demandante, asimismo envió a la Dirección General de Servicio Civil la nómina de las personas cesanteadas para inscribirlos en un lugar preferentemente en las respectivas listas de reingreso para que este efecto lleva la enunciada Dirección de Servicio Civil, con la finalidad de que estas personas tengan la oportunidad de que puedan concursar a nivel de todas las instituciones que forman parte de la Administración Pública de acuerdo a su perfil y capacidades, así como tampoco hace referencia a que las cantidades en concepto de prestaciones fueron recibidas por la demandante vía transferencia electrónica a su cuenta, lo que en resumen desestima la causa que con esta demanda pretende hacer valer, pues previamente acepto el acto que ahora pretende anular, asimismo y para finalizar considero necesario hacer la observación que la Administración Pública requiere de mecanismos más agiles para responder a las requerimientos de las administradores a efecto de mejorar las servicios públicos del Estado, y al modernizar la legislación nacional relacionada a la contratación del Estado se creó la "LA LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO", siendo este un instrumento mediante el cual el Estado está creando, modificando, escindiendo o suprimiendo dependencias de la Administración Pública, tal como lo está realizando la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG), dando así cumplimiento a lo establecido en la Reforma de la Ley General de la Administración Pública en su Artículo 29 en el cual se asignó a la Secretarias de Estado las nuevas competencias iniciando de esta forma el proceso de restructuración en toda la Administración Pública y en el caso particular de mi representada a la fecha se continua con este proceso de reorganización y restructuración de la misma, con el fin de hacer más eficiente su funcionamiento y la cohesión a nivel gubernamental lo que lleva a obtener mejor resultados y más beneficios para el país lo que no fue considerado en la respectiva sentencia habiendo sido demostrado que el objetivo fundamental era reorganizar y reclasificar la plaza que ocupaba la demandante, dando cumplimiento a un mandato. EXPLICACION DEL MOTIVO: Este motivo de casación tiene como finalidad demostrar que la Corte de Apelaciones al momento de dictar su sentencia, vulnero el requisito interno de la sentencia denominado motivación al no ajustarse a las reglas de la 1ógica. En ese sentido, las reglas de la 1ógica implican que el ejercicio del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de las principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Así las cosas, será de interés en este recurso demostrar la falta de derivación de las pruebas sobre las escasas conclusiones de A QUO, las cuales, si hubieran derivado adecuadamente de la prueba, tendrían indefectiblemente un fallo diferente por parte de la Corte recurrida. Pues la autoridad nominadora si cumplió con todos las requisitos para estimar una cesantía. En ese sentido la motivación debe ser verdadera, proveniente de la prueba para que las conclusiones arribadas también sean verdaderas, es por ello que excepcionalmente se cuestiona la interpretación espuria realizada por la corte recurrida. Así las cosas, mi representada aporto documentos públicos y privados los que fueron admitidos y evacuados en la audiencia preliminar del juicio, consistentes en los dictámenes de Servicio Civil, las evaluaciones del desempeño del ahora demandante, así coma la nómina de cesantes que se remitió por mi representada a la Dirección General de Servicio Civil coma lo establece la Ley; pero alejado de la verdad procesal, sin derivarlo de esas pruebas u otras. El A QUO concluye sobre la no acreditación de tales requisitos de valides del acto cuestionado, ya que dichas pruebas claramente acreditan extremos diferentes a las arribados en la sentencia recurrida, debiéndose colegir cada una de ellas el cumplimiento de todos las requisitos para la cesantía, por lo anterior respetuosamente solicito estimar con lugar el presente Recurso de Casación, siendo que la finalidad de dicho recurso es la protección de las normas del ordenamiento jurídico procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo al tenor del Artículo 716 del Código Procesal Civil.” II.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado hacerlo este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) realiza extensos alegatos propios de instancia. III.- Que existe línea jurisprudencial establecida por este Tribunal, sobre el tema de la cancelación de los servidores públicos, por la cual se ha venido señalando que la misma debe llevarse a cabo respetando los procedimientos e instituciones que la regulan de conformidad a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, respetando el principio de Estabilidad Laboral (ver expedientes CA 516-12, 129-13, 80-13, 129-13, 145-13, 539-13, 540-13, 562-13, 573-15, 621-13, 654-13, 659-13, 704-13, 255-15 y 557-15).."

Legislación citada

  • Ley del Servicio Civil, art. 53-55 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de octubre de dos mil veinte, la Sala Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado RICARDO ESTRADA PINEL; y, Recurrida la señora IRIS YAJAIRA AGUILAR DIAZ, representada en juicio por la Abogada ALICIA MARÍA REYES SALGADO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial para la nulidad de un acto administrativo en materia de personal, que se anule totalmente el mismo por haber sido adoptado con infracción del ordenamiento jurídico, que se reconozca la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se condene al reintegro a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones, así como el pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha de la cancelación hasta la fecha en que se reintegre a su puesto de trabajo, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, por la señora IRIS YAJAIRA AGUILAR DIAZ, representada en juicio por la Abogada ALICIA MARIA REYES SALGADO, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, en ese entonces Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN). ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción que a partir del 2 de agosto del 2010 prestó sus servicios profesionales como Especialista de Ordenamiento Territorial, devengando al momento de su cancelación un sueldo de (L. 25,000.00), mismo que se efectuó a partir del 1 de septiembre del 2014, mediante el Acuerdo número 628-14, sin haberse seguido el procedimiento establecido en el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, dado que la misma señala que la extinción de una relación de servicio público por voluntad de la administración puede ser por sanción disciplinaria o por cesantía, además que para que procediera una cancelación debía estar comprendida dentro de las excepciones que señala la ley, como ser la reducción de servicios o personal para obtener una mejor organización administrativa, pero la demandante manifestó que tales disposiciones no eran aplicables a su cancelación, además no se cumplían los supuestos que regula el artículo 54 de la Ley de Servicio Civil y 191 del Reglamento, ya que no existían motivos para que le dieran su cesantía ya que fue cancelada de forma arbitraria, por lo anterior y amparada en los artículos 129 de la Constitución de la República y 38 literal g) y k) de la Ley de Servicio Civil, solicitó el reintegro a su puesto de trabajo y el pago de los salarios dejados de percibir. 2.- La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, se pronunció en el escrito de su contestación aceptando el cargo y fecha de inicio en que la demandante le prestó sus servicios, rechazó el hecho segundo referente a que fue cancelada en forma arbitraria y sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, puesto que la cancelación se debió a motivos de restructuración, por lo cual se procedió a darle su cesantía, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, la cual faculta a la autoridad nominadora para que pueda cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos siempre y cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil la cual establece: "No obstante lo dispuesto en el artículo 48 de esta ley, la autoridad nominadora podrá además cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General siempre que el Consejo del Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede "la cesantía" por encontrarse comprendido en alguna de la excepciones calificadas que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y a continuación se indican: a) Reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario; y b) Reducción de Servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa", en tal sentido, procedió a efectuar el procedimiento de Cancelación por Cesantía en razón de lo establecido en el literal b) respetando según el demandado el procedimiento establecido, ya que efectuó la Comunicación respectiva al Consejo de Servicio Civil mediante el oficio No. DPGR 142-14 de fecha 22 de julio del 2014, debidamente fundamentado y anexando la documentación pertinente, conforme a lo señalado en los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil, 187 y 188 párrafo primero de su Reglamento, también arguyó haber tomado en cuenta el resultado de la evaluación periódica del desempeño de los servidores públicos y sus años de servicio en la Administración Pública, conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Servicio Civil, y 189 de su Reglamento, de igual forma dice que constaba en el expediente administrativo, que el Consejo de Servicio Civil estimó procedente la Cesantía mediante Oficio No CSC106-14 de fecha 15 de agosto de 2014, de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 inciso b) de la Ley de Servicio Civil, asimismo tramitó lo procedente ante la Dirección General de Servicio Civil a través de la Acción de Personal No. 168/14 de fecha 13 de agosto del 2014, acatando lo establecido en el artículo190 párrafo primero del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, aunado a lo anterior emitió el Acuerdo de Cancelación por Cesantía No. 00628-14 efectivo a partir del 01 de septiembre del 2014, de conformidad a lo establecido en el artículo 190 párrafo 2) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, también procedió a notificar el Acuerdo de Cancelación por Cesantía a la demandante, luego remitió la nómina de Cesantes a la Dirección General de Servicio Civil mediante Oficio No. 128R.H114 de acuerdo a lo señalado en el artículo 54 de la Ley de Servicio Civil, y 190 párrafo 2) de su Reglamento, por lo que el demandado argumentó haber cumplido el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para efectuar la cancelación por cesantía que de la que fue objeto la demandante, y que el acto administrativo impugnado fue emitido legalmente, además señaló que si bien es cierto la Ley de Servicio Civil reconoce la permanencia en el cargo de los servidores públicos, también le otorga al Estado de Honduras la facultad para cancelar al servidor público de forma unilateral por cesantía, siempre y cuando sea por reducción de presupuesto o para Reducción de Servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización. El demandado también señaló que mediante el Decreto Legislativo 266-2013 de fecha 16 de Enero del 2014, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 23 de Enero del 2014, que contiene la reforma al artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública, mediante la cual se asignan las competencias a la Secretaria de Coordinación General de Gobierno, estableciéndose un proceso de reingeniería con el objeto de desarrollar e impulsar herramientas estratégicas de calidad y regulación de procesos que faciliten y eficiente el funcionamiento a nivel gubernamental y en concordancia con objetivos y metas, estableció la normativa vigente de visión de país, asimismo mediante el Decreto Ejecutivo PCM-0212014, de fecha 16 de Julio del 2014, publicado en el Diario Oficial la Gaceta de fecha 24 de Julio del 2014, a fin de dar cumplimiento a que la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, transfiriera a la Secretaría de Estado de la Presidencia, los activos y estructuras administrativas, entre ellas, la Dirección General de Ordenamiento Territorial, dependencia en la que trabajaba la demandante, con lo que dijo quedó demostrada la existencia de una reorganización administrativa real en base a la cual aplicó el proceso de cancelación por cesantía. En cuanto al plazo de notificación de un mes previo a la cancelación, expresó que la Ley permite la omisión de dicho aviso previo, cuando se paga al empleado una cantidad equivalente al salario que durante ese plazo debió percibir, lo cual dijo haber realizado ya que canceló el monto de liquidación que le correspondía a la demandante. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativocon sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 3 de abril del 2018, dictó sentencia definitiva, que en su parte conducente dice: “RESUELVE: PRIMERO: Declarar procedente la acción incoada por la Señora IRIS YAJAIRA AGUILAR DIAZ, mayor de edad, hondureño con número de identidad 0801-1981-23165 por no ajustarse a derecho el Acta Administrativo Impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación por cesantía N° 00628-14, con efectividad a partir del 01 de septiembre del 2014, emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho planificación y cooperación externa (SEPLAN) ahora Coordinación General de Gobierno, en consecuencia lo anula totalmente. SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento SE RESUELVE: adoptar el reintegro de la demandante señora IRIS YAJAIRA AGUILAR DIAZ, al cargo que ocupaba al momento de su cancelación, en caso de no ser materialmente posible, se reintegre a otro de igual o mejor categoría. TERCERO: Condenar al Estado de Honduras, a través de la secretaria de Estado en los Despachos DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN) AHORA COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO, al pago a favor de la demandante, en concepto de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir, desde la fecha de efectividad del Acuerdo de Cancelación hasta la fecha en que se ejecute el presente fallo. CUARTO: sin condena en costas”. Bajo el criterio que no fueron observados por la autoridad nominadora los requisitos establecidos en los artículos 53 de la Ley de Servicio Civil y 187 y 193 del Reglamento, para prescindir de los servicios de sus empleados, ya que si bien es cierto el demandado se fundamentó en la causal segunda del artículo 53 de la Ley de Servicio Civil que versa sobre la "Reducción de Servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa" con base en el acuerdo ejecutivo 021-2014 de fecha 24 de julio del 2014, en el cual SEPLAN pasó a ser parte de la coordinación General de Gobierno y donde se establecía que se debía trasferir a la secretaria de la presidencia, los activos, la estructura administrativa, entre ellas la Dirección General de Ordenamiento Territorial, su personal y el presupuesto no ejecutado a la fecha del decreto en mención, lo cual constó en el oficio DPGR-142-14 de fecha 22 de julio del 2014, en el cual se solicitaba a la Dirección General de Servicio Civil, la autorización para cancelar a la demandante, misma que fue resuelta favorable por dicha dirección, tal como constó en el oficio No. CSC-106-14 de fecha 15 de agosto del 2014, sin embargo no se cumplieron los demás requisitos legales exigidos para proceder a una cancelación, ya que no se tomaron en consideración las evaluaciones periódicas de la demandante ni sus años de servicio, además no se cumplió con la obligación de notificar a la demandante con un mes de anticipación por lo menos, conforme al artículo 191 párrafo 1) del Reglamento de Servicio Civil, ya que fue notificada en fecha 29 de agosto del 2014, surtiendo efecto a partir del 1 de septiembre del 2014, y a pesar que la nómina de cesantes fue enviada a la Dirección General de Servicio Civil para ser inscritos en el registro de reintegro, así como constó el pago de las indemnizaciones legales, dichas acciones no perfeccionan o enmiendan la falta de requisitos legales de la cancelación por cesantía causada en perjuicio de la demandante, por lo que consideró que si bien es cierto el despido por Cesantía fue conforme a las justas causas establecidas en el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, no se respetaron los requisitos necesarios previstos en el ordenamiento jurídico referente al proceso de cancelación, siendo por lo tanto nulo el acto administrativo. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 23 de septiembre del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas. Bajo el criterio que no estaban en controversia las facultades constitucionales del Estado referente a la suspensión, creación o modificación de algunas Secretarias de Estado, tal es el caso del Decreto 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los Servicios de la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la cual se asignan competencias a las Secretarías de Estado, entre ellas la Coordinación General de Gobierno por ser la Secretaría que según el PCM 021-2014, establecía que donde se contenga o relacione la denominación SEPLAN, se entenderá Secretaria de Estado en el Despacho de Coordinación General de Gobierno, mismo que estableció que se debía transferir a la Secretaría de Estado de la Presidencia, los activos, estructuras administrativas, entre ellas la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de la cual la demandante fungía como Especialista de Ordenamiento Territorial, estableciendo dicho PCM que la Secretaría de Finanzas era quien debía incorporar dentro del presupuesto de la Secretaría de Estado de la Presidencia las asignaciones presupuestarias necesarias, y siendo que el acuerdo impugnado se fundamentó en una cancelación por el régimen de cesantía bajo la circunstancia que establece el artículo 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil, consistente en "Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa" se debían cumplir los requisitos imperativos para que se configurara la misma, no obstante se obvió la notificación al servidor público con un mes de anticipación, de igual forma las evaluaciones de desempeño cuya finalidad era medir el rendimiento global del empleado en el cumplimiento de sus funciones, debiendo ser anual con tres procesos definidos que eran la planificación, seguimiento y evaluación, pudiendo observarse que desde el ingreso de la demandante en el año 2010 solamente tenía 2 evaluaciones, por lo que no se cumplen los presupuestos para que la administración pública aplicara el régimen de cesantía, infringiendo derechos tutelados por la Constitución de la República, por lo que confirmó la sentencia dictada en primera instancia. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado RICARDO ESTRADA PINEL, en fecha 4 de noviembre del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 23 de septiembre del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.36-18, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.351-14 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 5 de noviembre del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogada ALICIA MARIA REYES SALGADO presentó en fecha 9 de diciembre del 2019, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 23 de enero del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 4 de febrero del 2020, los Abogados RICARDO ESTRADA PINEL y ALICIA MARIA REYES SALGADO. 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha10 de marzo del 2020, teniendo por personados a los Abogados RICARDO ESTRADA PINEL como recurrente, y ALICIA YAJAIRA AGUILAR DIAZ, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la aplicación de las normas procesales que regulen la forma y contenido de la sentencia de fecha veintitrés (23) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), tal como lo establece el Artículo 719.1 inciso c) del Código Procesal Civil, a su vez el Articulo 720 numeral 2 del Código Procesal Civil, que dispone ..... 2) Sin embargo y dentro del literal c) del numeral 1) del Artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo. NORMAS DE DERECHO QUE SE CONSIDERA INFRINGIDA. Estimo coma infringido el Artículo 207 del Código Procesal Civil en sus dos numerales: 1) Las Sentencias se motivaran expresando las razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas así como a la aplicación e interpretación del derecho y 2: La motivación deberá incidir en las distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y la razón. FUNDAMENTO LEGAL DEL RECURSO. La Sentencia recurrida carece de motivación, ya que fue emitida sin tomar en consideración una verdadera aplicación e interpretación de las pruebas evacuadas durante el proceso, así como tampoco se ajusta a las reglas de la lógica y de la razón, con fundamento en las disposiciones transitorias, por ende se solicita por media de este recurso, la REVISIÓN de las infracciones de las normas procesales, en vista de que la Sentencia recurrida confirma la sentencia dictada por A QUO, con lo que se produce una total indefensión al Estado desde el momento que el Tribunal de forma imperativa acude a fundamentos de derecho distintos, no solo de las que debe aplicar correctamente sino que también distintos de las que mi representada ha pretendido hacer valer, no resolviendo de conformidad a las normas aplicables al caso, ya que de manera contundente establece en el considerando cuatro (4) Fundamentos de Derecho: Es preciso mencionar que la administración pública es una expresión del poder público que se ejerce por medio de actos que concretan la voluntad del Estado, los que en forma directa o indirecta, afectan la esfera jurídica de los particulares, por lo que a través de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se pretende se respete el principio de legalidad en cada decisión que emitan los órganos de la administración pública, mediante las potestades revisoras y sancionadoras de la jurisdicción contenciosa administrativa, respetando las peticiones concretas que las partes formulan ante esta jurisdicción, en la cual la participación de las partes no se limita solo a la primera instancia, tienen también derecho a peticionar ante las órganos superiores, en vía de recurso, la tutela efectiva de sus derechos si consideran que la resolución judicial le causa directa o indirectamente un perjuicio, es por eso que el control contencioso administrativo permite revisar en vía judicial la legalidad de la actividad administrativa, tutelando paralelamente las derechos e intereses legítimos de las particulares en el marco de su relación con la administración, mediante las potestades revisoras y sancionadoras de esta jurisdicción, en la que leídos los agravios, es preciso indicar que no está en discusión las facultades constitucionales en cuanto a la política del Estado referente a la suspensión, creación o modificación de algunas secretarias de Estado, tal es el caso del Decreto 266-2013 que contiene la "Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorara los servicios de la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el gobierno", en la cual se asignan competencias a las Secretarias de Estado, entre ellas la "Coordinación General de Gobierno" por ser la Secretaría que según PCM 021-2014 establece que donde se contenga o relacione la denominación SEPLAN, se entenderá Secretaria de Estado en el Despacho de Coordinación General de Gobierno, y en la efectivamente dicho PCM, establece que se debe transferir a la Secretaria de Estado de la Presidencia, las activos, estructuras administrativas, entre ellas la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de la cual la ahora demandante fungía como Especialista de Ordenamiento Territorial y en el que dicho PCM establece que será la Secretaria de Finanzas la que debe incorporar dentro del presupuesto de la Secretaria de Estado de la Presidencia, las asignaciones presupuestarias necesarias, por lo que de la lectura de dicho PCM la Estructura Administrativa, de acuerdo al acuerdo que hoy se impugna es por el régimen de cesantía bajo la circunstancia que establece el Artículo 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil consisten en "Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa", por lo que se deben cumplir requisitos imperativos para que se configure la misma en la que se obvio la notificación al servidor público con un mes de anticipación hecho que no fue acreditado, de igual forma las evaluaciones del desempeño cuya finalidad es medir el rendimiento global del empleado en el cumplimiento de sus funciones debe ser anual con tres procesos claramente definidos siendo estos la planificación, seguimiento y evaluación y se ha podido observar que desde su ingreso en el año 2010 solamente tiene dos evaluaciones, por lo que para este Tribunal no se cumplen las presupuestos para que la administración pública aplique el régimen de cesantía a la ahora demandante en el que se le han infringido derechos tutelados por nuestra Constitución en la que claramente establece que no se restringirán ni disminuirán derechos, siendo necesario confirmar la sentencia del juez de primera instancia, es decir que es evidente que la sentencia hoy recurrida y que confirma la emitida por el Juez A QUO, no reúne los requisitos esenciales para alcanzar su fin, ya que se prescindió de considerar durante el curso del juicio la existencia de una verdadera reorganización administrativa del Gobierno, establecida mediante Decreto Ejecutivo PCM-021-2014 de fecha 16 de julio del 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 24 de julio del 2014, mismo que ordena a la Secretaria de Coordinación General de Gobierno, transferir a la Secretaria de Estado de la Presidencia las activos (mobiliario, equipo, vehículos y demás) en la estructura administrativa de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, lo cual habilita a mi representada a efectuar una reorganización de la estructura interna y readecuar el presupuesto vigente asignado a la Secretaria de Coordinación General de Gobierno, efectuando la distribución de recursos en las diferentes objetos del gasto de acuerdo al proceso de restructuración, que conllevan al cumplimiento de las nuevas competencias asignadas, lo que se comprobó en este caso, pues dentro de la prueba presentada se pudo constatar que la plaza que ocupaba la ahora demandante denominada Especialista en Ordenamiento Territorial, fue reasignada, lo que implica "cambio que sufre la clasificación de un puesto determinado, por variación sustancial y permanente de las deberes y responsabilidades del mismo, o por modificación de la estructura de una plaza o puesto tipo o bien" dando coma resultado un nuevo puesto Oficial de Transparencia, plaza que hasta esa fecha no existía dentro de la Estructura de mi representada y que fue aprobada y habilitada por la Dirección de Servicio Civil, a través del Departamento de Clasificación de puestos y salarios, con la única finalidad de cumplir con las ordenanzas requeridas para la completa reorganización administrativa de mi representada y del Estado de Honduras para darle cumplimiento en lo establecido en la Ley de Transparencia que obliga a cada Institución del Estado contar con un Oficial de Información Pública, todo lo anterior con la finalidad de obtener una más eficiente y económica organización administrativa tal y como se establece en el Artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, como uno de los dos casos cuando procede LA CESANTÍA de un servidor público agregado a esto que el respectivo reglamento en su Artículo 88, establece que antes de ejecutarse la Cesantía el servidor público deberá consultársele al Consejo de Servicio Civil previo a la cesantía a sobre si procedía o no dicha cesantía a, lo que se demostró debidamente con las medias de prueba evacuados en su momento procesal del juicio. Adicionalmente es vital considerar que ninguna de la dos instancias se pronunciaron y por ende no consideraron antes de emitir sus resoluciones, que mi representada de buena fe y en cumplimiento a lo establecido en el marco legal hizo efectivo el pago de las prestaciones laborales (derechos adquiridos e indemnizaciones) a favor de la demandante, asimismo envió a la Dirección General de Servicio Civil la nómina de las personas cesanteadas para inscribirlos en un lugar preferentemente en las respectivas listas de reingreso para que este efecto lleva la enunciada Dirección de Servicio Civil, con la finalidad de que estas personas tengan la oportunidad de que puedan concursar a nivel de todas las instituciones que forman parte de la Administración Pública de acuerdo a su perfil y capacidades, así como tampoco hace referencia a que las cantidades en concepto de prestaciones fueron recibidas por la demandante vía transferencia electrónica a su cuenta, lo que en resumen desestima la causa que con esta demanda pretende hacer valer, pues previamente acepto el acto que ahora pretende anular, asimismo y para finalizar considero necesario hacer la observación que la Administración Pública requiere de mecanismos más agiles para responder a las requerimientos de las administradores a efecto de mejorar las servicios públicos del Estado, y al modernizar la legislación nacional relacionada a la contratación del Estado se creó la "LA LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO", siendo este un instrumento mediante el cual el Estado está creando, modificando, escindiendo o suprimiendo dependencias de la Administración Pública, tal como lo está realizando la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG), dando así cumplimiento a lo establecido en la Reforma de la Ley General de la Administración Pública en su Artículo 29 en el cual se asignó a la Secretarias de Estado las nuevas competencias iniciando de esta forma el proceso de restructuración en toda la Administración Pública y en el caso particular de mi representada a la fecha se continua con este proceso de reorganización y restructuración de la misma, con el fin de hacer más eficiente su funcionamiento y la cohesión a nivel gubernamental lo que lleva a obtener mejor resultados y más beneficios para el país lo que no fue considerado en la respectiva sentencia habiendo sido demostrado que el objetivo fundamental era reorganizar y reclasificar la plaza que ocupaba la demandante, dando cumplimiento a un mandato. EXPLICACION DEL MOTIVO: Este motivo de casación tiene como finalidad demostrar que la Corte de Apelaciones al momento de dictar su sentencia, vulnero el requisito interno de la sentencia denominado motivación al no ajustarse a las reglas de la 1ógica. En ese sentido, las reglas de la 1ógica implican que el ejercicio del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de las principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Así las cosas, será de interés en este recurso demostrar la falta de derivación de las pruebas sobre las escasas conclusiones de A QUO, las cuales, si hubieran derivado adecuadamente de la prueba, tendrían indefectiblemente un fallo diferente por parte de la Corte recurrida. Pues la autoridad nominadora si cumplió con todos las requisitos para estimar una cesantía. En ese sentido la motivación debe ser verdadera, proveniente de la prueba para que las conclusiones arribadas también sean verdaderas, es por ello que excepcionalmente se cuestiona la interpretación espuria realizada por la corte recurrida. Así las cosas, mi representada aporto documentos públicos y privados los que fueron admitidos y evacuados en la audiencia preliminar del juicio, consistentes en los dictámenes de Servicio Civil, las evaluaciones del desempeño del ahora demandante, así coma la nómina de cesantes que se remitió por mi representada a la Dirección General de Servicio Civil coma lo establece la Ley; pero alejado de la verdad procesal, sin derivarlo de esas pruebas u otras. El A QUO concluye sobre la no acreditación de tales requisitos de valides del acto cuestionado, ya que dichas pruebas claramente acreditan extremos diferentes a las arribados en la sentencia recurrida, debiéndose colegir cada una de ellas el cumplimiento de todos las requisitos para la cesantía, por lo anterior respetuosamente solicito estimar con lugar el presente Recurso de Casación, siendo que la finalidad de dicho recurso es la protección de las normas del ordenamiento jurídico procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo al tenor del Artículo 716 del Código Procesal Civil.” II.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado hacerlo este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) realiza extensos alegatos propios de instancia. III.- Que existe línea jurisprudencial establecida por este Tribunal, sobre el tema de la cancelación de los servidores públicos, por la cual se ha venido señalando que la misma debe llevarse a cabo respetando los procedimientos e instituciones que la regulan de conformidad a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, respetando el principio de Estabilidad Laboral (ver expedientes CA 516-12, 129-13, 80-13, 129-13, 145-13, 539-13, 540-13, 562-13, 573-15, 621-13, 654-13, 659-13, 704-13, 255-15 y 557-15). IV.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional, se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. V.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 2), 716, 717, 723 numeral 2) letra a), 724 y 728 numeral 2) del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:1)NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los siete días del mes de abril del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA66-20. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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