Sentencia CA-637-19 — Registro 12186
Resumen
La Corte de apelaciones confirma la sentenia bajo el criterio que, conforme a la valoración de la prueba, se evidenciaron documentos que enervan a la conclusión a la que ha arribado La Comisión, con respecto a las prácticas anticompetitivas de los agentes económicos involucrados, corno ser el detalle de ventas realizadas por departamentos y clientes a nivel nacional, así como la intervención del Estado de Honduras en el mercado del cemento, específicamente en cuanto a: "la fijación en todo el territorio nacional de los precios máximos de venta al consumidor de los productos esenciales del consumo popular a los niveles vigentes en base al precio en lempiras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el anterior cargo debe ser desestimado, ya que el Recurrente ha incurrido en los siguientes errores técnicos: a) en su formulación se invoca la infracción de normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, señalando como tales a los artículos 200 numeral 2) incisos c) y d) y 207 numeral 2) del Código Procesal Civil, pero en su explicación alude a la violación del artículo 70 párrafo primero de la Constitución de la República, por lo que no es preciso en esa indicación de los preceptos jurídicos infringidos; y, b) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual esta vendado a este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. .."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de octubre de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrentes y Recurridos: la sociedad CEMENTOS DEL NORTE S.A., representado por el Abogado RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA; y, la COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA, representada por el Abogado MARVIN FRANCISCO DISCUA SINGH, respectivamente. OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare no ser conforme a derecho actos administrativos, se decrete la anulación de los actos. Reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adopción de medidas para su pleno restablecimiento, se condene a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el Abogado JESUS HUMBERTO MEDINA ALVA, en su condición de apoderado de la sociedad mercantil denominada CEMENTOS DEL NORTE S.A. (CENOSA), contra la COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA, por medio de su representante legal el señor OSCAR LANZA ROSALES. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción que la COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA, procedió a instruir el expediente número 043-PI-1-2008 contentivo de la investigación preliminar orientada a tratar de determinar la hipotética información en los medios de comunicación sobre las constantes alzas de precio del cemento en el mercado nacional, supuestamente promovidos por los dos agentes económicos en ese rubro, siendo una de ellos la sociedad mercantil denominada CEMENTOS DEL NORTE, S.A. (CENOSA). Ante lo cual, fue requerida por la Comisión para presentar cierta documentación. Luego de presentar la misma, en fecha 12 de Marzo del año 2010, la Comisión procede a dictar la resolución número 06-CDPC-AÑO-V-2010, mediante la cual resuelve ordenar el inicio del procedimiento para sancionar las prácticas, actos y conductas prohibidas contra las sociedades mercantiles denominadas CEMENTOS DEL NORTE, S.A. (CENOSA) y LAFARGE CEMENTOS, S. A. DE C. V., a efecto de investigar la existencia y presunta responsabilidad en las prácticas prohibidas y establecidas en el artículo 5 de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, específicamente las prescritas en los numerales 1) Establecer precios, tarifas o descuentos; y, 3) Repartirse directa o indirectamente el mercado en áreas territoriales, clientela, sectores de suministro o fuentes de aprovisionamiento, que mediante esa resolución, la Comisión le formuló un pliegos de cargos indebidos, los cuales fueron contestados de la manera siguiente: 1) Al cargo, que existe una similitud o mínimas diferencias de precios a lo largo del período analizado, con variaciones realizadas al mismo tiempo (comportamiento paralelo), fenómeno que no puede ser explicado sobre la base de estrategias basadas en un marco de libre competencia, que durante ese período comprendido entre mayo de 2003 y Febrero de 2007, la similitud de precios obedeció al cumplimiento de órdenes estatales según los Decretos 221-2003 y 239-2003, Acuerdo Ejecutivo No. 008-2004, Decreto Ejecutivo No. 014-2005 y el Acuerdo suscrito en fecha 5 de Enero de 2006, entre la empresa y el señor Irving Guerrero, en su condición de Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, adicionalmente, se suscribió un acta de compromiso en fecha 11 Enero de 2010, con el Ingeniero Samuel Benjamín Bogran, Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, mediante, la cual se establece que únicamente se puede incrementar en un 7% el precio de la Bolsa de Cemento, a partir del 25 de Enero del año 2010 y con duración indefinida; 2) Al cargo que igual comportamiento se observó en los precios FOB de la Bolsa de Cemento de 42.5 Kg., aún y cuando la empresa CENOSA, a inicios del 2009 incrementó su capacidad productiva en un 150%, por lo que es válido suponer la existencia de algunas ventajas de ésta con respecto a su competidor, en la disputa de un mayor mercado, mediante estrategias agresivas en precios. Efectivamente en el 2009, inició operaciones con una nueva línea de producción, su funcionamiento aún y cuando se puede producir más cemento, no era posible bajar los costos de producción debido a que el mercado de cemento en nuestro país se redujo en un 2% en el 2010. Asimismo, los hornos tienen una capacidad productora que no puede ser ajustada en porcentajes menores, normalmente cuando se realiza una inversión en un nuevo horno, se aumenta la capacidad de producción en grandes cantidades, pero se debe considerar que los costos del cemento son fijos, porque no se puede variar la producción y el horno gasta casi la misma cantidad de petcoke produciendo 3,000 toneladas, que produciendo 2,200 toneladas. Lo que existe es depreciaciones que se aplican por día y no por tonelada de producción; 3) Al cargo que el análisis de los criterios de valoración de existencia de prácticas restrictivas prohibidas por su naturaleza enunciadas en el artículo 4 del Reglamento de la Ley indica que, las empresas han optado por sustituir los riesgos de una competencia mediante el uso de una concertación de precios, en algunos caso, avaladas por el Gobierno, lo que ha producido que en el mercado se observe una tendencia a la cartelización cuando éste no interviene en el fijación del precio. En el año 2009 existe una diferencia del precio de mi representada con su competencia de US$ 0.05, claramente es un reflejo de su apuesta e interés por incrementar la participación en el mercado, ya que esos US$0.05 abajo del precio de la competencia, representaron una disminución en sus ingresos de casi L.12,000,000.00, en el 2010, la competencia efectuó un aumento al precio de la bolsa de cemento de L.12.00, mientras que ellos mantuvieron sus precios, con la estrategia de atender clientes habituales de su Competencia. Esta situación se mantuvo hasta que el Gobierno autorizó en el año 2010 el incremento del precio de venta hasta un 7%. Hechos que claramente demuestran que es totalmente ilógico que haya participado en concertaciones de precio, o de mercado; 4) Al cargo que la estructura oligopólica de la industria, evidenciada en las dos empresas participantes del mercado, en teoría y en la práctica, es proclive a facilitar arreglos o comportamientos de tipo colusorio, sobre todo, cuando se observa el mantenimiento de un mercado natural para cada participante, el que no se justifica, desde una perspectiva económica, ya que, las capacidades ociosas, la diferencia en la estructura de costos y el tamaño de las plantas. En nuestro país, tal aseveración carece de fundamento ya que no existen impuestos u otros cargos fiscales por la importación de cemento, existiendo un mercado de libre competencia a nivel nacional. Cualquier persona Comerciante puede importar cemento y competir con las fábricas existentes sin necesidad de realizar grandes inversiones. En relación a la capacidad ociosa, existe un error de apreciación de la Comisión, ya que solamente considera las ventas de cemento en bolsa, no tomando en cuenta que las ventas a granel representaron un (20%) de los volúmenes de ventas totales en el 2007, año al que se hace referencia en dicho escrito. En ese año (2007), las ventas totales fueron de 825,000 TONS, que representó más de un 97% de la capacidad productiva instalada en la empresa, lo que es un excelente signo de productividad, ninguna planta opera al 100% de su capacidad nominal instalada. Adicionalmente, no puede considerar que exista capacidad ociosa, cuando en el 2008, se vio obligada a importar cemento a un precio sensiblemente alto para mantener satisfechos los requerimientos de sus clientes. Con esos volúmenes de productividad es totalmente improcedente indicar que existe una capacidad ociosa; 5) Al cargo del desempeño de la industria derivado de un precio determinado por la oferta, puede presumirse que obedece a una estrategia de colaboración tácita de no agresión comercial en los períodos donde el Gobierno no interviene para fijar el precio. De cierta forma es contradictorio este cargo con los demás imputados, la mayor parte de las veces el precio del cemento es establecido por el Gobierno mediante los diferentes decretos emitidos a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, mediante los cuales establece el precio de venta que debe ofrecer al consumidor final del cemento e inclusive coloca el producto del cemento dentro de los productos esenciales de consumo. Por consiguiente, el propio Gobierno de la República ha establecido el precio del cemento igual para ambos fabricantes sin considerar costos de producción u otros factores. De esta forma, se establece las bases para que el cemento se venda en el mercado nacional a precios similares. Es improcedente imputar que no existe agresión comercial, cuando el Gobierno establece los precios del cemento, no permite que se coloque este producto en una condición de libre mercado donde pueda beneficiarse al consumidor final, que los cargos a ellos imputados son incongruentes, porque no puede existir una colusión tácita entre los fabricantes del cemento y mucho menos la existencia de acuerdos de precios ni concertación de cuotas de mercado, ni de no agresiones comerciales cuando el Gobierno en uso de sus facultades le establece el precio del cemento; 6) Es válido advertir que, frente a un supuesto arreglo colusorio tácito de repartición geográfica de mercado, en un sistema competitivo la distancia que el producto cemento puede recorrer para estar a disposición de los consumidores, está en función de varios factores, entre ellos, el tamaño de la fábrica, la utilización de la capacidad de producción, los costos de producción, los costos de transporte y los precios aplicados en cada mercado. En nuestro país, a un consumidor del área Noroccidental adquirir el cemento por ellos producido le refleja menores costos de transporte, que para un consumidor de la Zona Sur del país que debe incurrir en altos costos de transporte. La elección que hace el consumidor sobre cual cemento consume en los distintos sectores del país, no puede atribuirse a una colusión de las empresas fabricantes para distribuirse el territorio, sino que responde única y exclusivamente al mejor interés y beneficio del consumidor final, tomando en cuenta su cercanía a la planta productora. El precio de cemento es un precio FOB en fábrica, influye el costo del flete para el masivo consumo en los distintos sectores del país, que vende su producto en todo el país, la diferencia en ventas en el área donde se encuentra su fábrica se debe a que precisamente los compradores saben calcular, pues los precios de venta son FOB fábrica y el comprador normalmente compra su cemento en la fábrica donde incurrirá en costos menores al transportar su producto por su cuenta. Las ventas del cemento en Tegucigalpa, en la zona Sur y Oriental del país necesitan de un Subsidio, pues caso Contrario no tuviera presencia en el mercado por el costo de fletes de transporte, que ellos ni tácita, ni expresamente, se ha distribuido el mercado en áreas geográficas con ninguna empresa productora de cemento, el producto es vendido a lo largo de todo el país siendo así que tiene desde hace muchos años, distribuidores en Siguatepeque, Choluteca y Tegucigalpa que cubren todo el área Centro, Sur y Oriente del país. La supuesta conducta de prácticas prohibidas encaminadas a restringir la Competencia no tenía ningún fundamento, ni existían indicios racionales para ni siquiera suponer una presunción de reparto de mercados o el establecimiento de precios o tarifas y descuentos concertados ni en forma escrita o verbal. Con las pruebas aportadas quedaron desvirtuados los supuestos indicios de los cargos imputados en el expediente instruido. En ese expediente administrativo, no existe prueba material que acredite la existencia de hechos o actos reales plenamente probados, por lo cual la resolución impugnada no es conforme a derecho. Lo que existe son meras especulaciones y presunciones sin base de indicios racionales que puedan conducir a establecer la existencia de los elementos requeridos para calificar una conducta restrictiva a la libre competencia, que dejó totalmente probado que no existe situación alguna de colusión para la fijación de precios concertados entre las empresas fabricantes del cemento, ni mucho menos prácticas de repartición de mercados; que el día 06 de Octubre del 2010, la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia, mediante la resolución número 022-CDPC-2010-ANO-V dicta lo siguiente: 1.- Determina la existencia de las prácticas restrictivas de la competencia, específicamente las relacionadas con la fijación de precios y reparto del mercado, realizado por la sociedad mercantil denominada CEMENTOS DEL NORTE, S.A. (CENOSA), constituyéndose en prácticas o conductas prohibidas por su naturaleza, según el artículo 5 numerales 1) y 3) de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia; 2.- Ordena a los agentes económicos, entre ellas la sociedad mercantil denominada CEMENTOS DEL NORTE, S.A. (CENOSA), que cese inmediatamente en la aplicación conjunta y simultánea de la fijación de precios y en el reparto del mercado del cemento, incluyendo el cese de la relación comercial existente entre los competidores, formalizada mediante el contrato de suministro de clinker, de Conesa a Lafarge Cementos. 3.- Impone a la sociedad mercantil denominada CEMENTOS DEL NORTE, S.A. (CENOSA) la obligación de abstenerse participar en reuniones con cualquier institución del Estado, en particular, con las Secretarías de Estado en los Despachos de Industria y Comercio y de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, que tengan por objeto o efecto la convención de acuerdos, arreglos o medidas, escritas o verbales, relacionadas con regulaciones o establecimientos de precios para el mercado, así como de las relativas a las relaciones comerciales con el Estado, efectuadas mediante ofertas o propuestas de precios y cantidades de sus productos, al margen o en Contra de los procedimientos que prescribe la legislación para las compras gubernamentales; 4.- Impone a la sociedad mercantil denominada CEMENTOS DEL NORTE, S.A. (CENOSA) la obligación de abstenerse de utilizar la Fundación Instituto del Cemento como canal de comunicación y local de reuniones, para celebrar acuerdos o diseñar mecanismos, escritos o verbales, que tengan por objeto o efecto la realización de prácticas o conductas prohibidas, o arreglos entre los agentes económicos competidores o competidores potenciales, para falsear los principios y procedimientos de libre competencia prescritos en la legislación sobre competencia; y, 5.- Impone como agente económico infractor, a la sociedad mercantil denominada CEMENTOS DEL NORTE, S.A.CENOSA), una multa de L.35,514,775.40. Inconcebiblemente la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia, luego de un proceso de investigación en el cual quedaron completamente desvirtuados los supuestos indicios de los cargos imputados, en un expediente instruido donde no hay pruebas materiales que acrediten la existencia de hechos o actos reales plenamente probados, procede a responsabilizarle de realizar prácticas restrictivas de la Competencia, específicamente las relacionadas con la fijación de precios y reparto del mercado. Fundamentándose, la Comisión en presunciones y supuestos indicios para imponer tales sanciones que no son conforme a derecho por ser una clara infracción del ordenamiento jurídico, violentando el principio del debido proceso y violación de garantías constitucionales, de la sociedad mercantil denominada Cementos del Norte S.A. (CENOSA), que cabe destacar, que el artículo 78 del Reglamento de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, establece que el Pleno de la Comisión emitió una resolución definitiva en la decidirá sobre la existencia o no de actos prohibidos, SI HUBIEREN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ESTABLECER LA EXISTENCIA DE ACTOS Y CONDUCTAS PROHIBIDAS. Es decir, que la Comisión al considerar que se han practicado actos prohibidos debe tener las pruebas contundentes para sustentar dicha resolución. En el presente caso, la Comisión ha basado las resoluciones impugnadas únicamente y exclusivamente en meras presunciones. Todo proceso investigativo puede iniciar basado en indicios de prácticas prohibitivas. Pero, no es conforme a derecho determinar la existencia de conductas prohibidas basándose siempre en aquellos indicios, habiéndose realizado las investigaciones de caso sin encontrar elementos suficientes. Caso contrario a lo con ellos ocurrido, que probó de manera fehaciente que no ha incurrido en tales conductas, que la resolución número 022-CDPC-2010-ANO-V dictada por la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia no es conforme a derecho, porque se basa en presunciones para determinar la existencia de supuestas conductas restrictivas de la competencia. Las presunciones de la Comisión, no se fundamentan en ningún hecho cierto y debidamente probado en el expediente administrativo correspondiente. El Código Civil establece que las presunciones no son admisibles sino cuando el hecho de que han de deducirse esté completamente acreditado, tal situación no ha ocurrido en el presente caso. En las presunciones entran dos hechos, uno inicial y otro final. El primero debe acreditarse plenamente para que pueda deducirse el hecho final. Adicionalmente, el Código Civil establece para que las presunciones no establecidas por la ley sean apreciables como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano. No existe ningún elemento probatorio para señalar que realizó prácticas con el fin de restringir la competencia, repartirse mercados o el establecimiento de precios o tarifas y descuentos concertados ni en forma escrita o verbal con su competencia; que la resolución impugnada indicada en el hecho anterior en su considerando número 4, específicamente en el numeral 5, señala que las dos condiciones necesarias para que las presunciones tengan aplicabilidad y desplieguen la correspondiente eficacia son: a) Es necesario que sobre los hechos presuntos no haya existido actividad probatoria alguna (prueba directa), o la existente, en su caso, no haya conseguido el objetivo de acreditar su certeza. La Comisión presume que existe una colusión entre la empresa y su competencia para fijar precios y repartirse el mercado. Se acreditó, en el caso de marras, que los precios del cemento fueron y han sido establecidos por cada gobierno de turno, a través de la Secretaria de Industria y Comercio. Las pruebas aportadas en relación a la fijación de precios por parte del Ejecutivo, no fueron apreciadas debidamente por la Comisión, la que hace caso omiso a la prueba aportada y en la investigación no existe prueba del cargo imputado solamente hay una presunción: y, b) Que los hechos bases o indicios, estén plenamente probados, esto es, se funden en hechos reales y probados que permita a la autoridad apreciarlos en su conjunto de acuerdo a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humanos. En el presente caso, tal situación no se ha cumplido, porque los supuestos indicios que originaron la investigación no tienen relación alguna con un hecho real y mucho menos aparece alguna plena prueba o prueba directa sobre lo investigado, que era la existencia y la presunta responsabilidad de los agentes económicos involucrados en prácticas prohibidas por su naturaleza, establecidas en el artículo 5 de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, específicamente en lo prescrito en el numeral 1) relativo a la existencia de un contrato, convenio o acuerdo para establecer precios, tarifas o descuentos. En la investigación no aparece acreditado que exista un contrato, acuerdo o convenio entre los agentes económicos investigados, en el cual se pusieran de acuerdo en el precio del producto cemento. Todo lo contrario, aparece acreditado y consta que el Gobierno de turno fijaba los precios; tampoco en un precio máximo, simplemente estableció el Ejecutivo, siempre el precio de venta del cemento. La Comisión pretende hacer valer un contrato mercantil por ellos suscrito, pero tal documento no tiene ninguna relación con los cargos imputados. Y, el artículo 5 de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, específicamente en el numeral 3) relacionado con "repartirse directa o indirectamente el mercado en áreas territoriales, clientela, sectores de suministro o fuentes de aprovisionamiento.” Todo lo contrario, está plenamente probado que los dos agentes económicos que venden cemento, lo realizan en un mercado natural para cada uno de ellos, es decir, en el área de influencia geográfica donde se encuentra instalada su respectiva planta de producción, que inclusive demostró que tiene un plan de incentivos económicos para poder competir en el mercado Centro, Sur y Oriente del país, aunque la distancia territorial le impide obtener los mismos márgenes de ganancia que el obtenido en su mercado natural o cercano a su fábrica de producción; expuso que la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia mediante la resolución número 022-CDPC-2010-ANO-V, les responsabiliza de realizar prácticas restrictivas de la competencia, específicamente las relacionadas con la fijación de precios y reparto del mercado, lo que realiza sin fundamentarse en una prueba material y fehaciente, sino en supuestos indicios que por sí mismos no constituyen plena prueba. De las investigaciones realizadas por la Comisión, no se pudo encontrar ninguna plena prueba para determinar que el Agente Económico, la sociedad mercantil denominada CEMENTOS DEL NORTE, S.A. (CENOSA) ha concertado precios o se ha repartido el mercado con su competencia. La Comisión dictó la resolución impugnada en presunciones, mismas que no pueden tener valor probatorio o asidero legal cuando violentan el debido proceso y derechos constitucionales de mi representada. Los argumentos y pruebas aportadas para desvirtuar los cargos imputados fueron considerados como una ausencia de prueba directa. Por lo cual, se presume que en el Agente Económico (la empresa) realizó prácticas restrictivas de la competencia, lo cual es una infracción al ordenamiento jurídico vigente, que la Comisión de Defensa y Promoción de la Competencia en la resolución impugnada, violenta los artículos 50 de la Ley de Defensa y Promoción de la Competencia y el 45 de su Reglamento. La resolución impugnada constituye una flagrante infracción al ordenamiento jurídico, debido a que procede a aplicar sanciones basándose en suposiciones y supuestos indicios, sin sujetarse a valorar los hechos demostrados con pruebas materiales, fundamentación jurídica económica, financiera y las buenas prácticas comerciales, que el artículo 50 de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, está enmarcado en el principio del derecho de defensa y establece que la presunción o el indicio de la existencia de un hecho, que pueda motivar actos o acciones que puedan conducir a la práctica de una conducta prohibida por la Ley, se mandará a iniciar una investigación del hecho que por indicios es presumiblemente generador de esa conducta prohibida. Consecuentemente, se ordenó iniciar el proceso de investigación con la notificación del pliego correspondiente de los cargos presumidos, dándole el traslado al imputado para así ser oído dentro del marco del debido proceso, con las pruebas legalmente autorizadas y acompañadas que se sustente en el proceso la confirmación o no de la existencia del hecho generador de la conducta presumida por los indicios relacionados. De acuerdo al ordenamiento jurídico, la debida comprobación y determinación de que la empresa realizó prácticas restrictivas de la competencia que constituyen actos prohibidos, no pueden ser calificadas por simples indicios. Debe existirla investigación, comprobación y demostración fehaciente del hecho y el responsable del mismo, a esto solo se llega por medio de la prueba mediante su apreciación y valoración. Por lo cual, la resolución impugnada indicada anteriormente no está razonada y emitida conforme a derecho, porque no puede sustentarse en hechos presumibles o en meros indicios, ya que toda resolución parte de un resultado jurídico sustentado en la demostración del hecho por medio de la prueba legalmente aportada y evacuada en el proceso. Los indicios y las presunciones solo son conducentes para considerar estos elementos como un principio, a efecto que el elemento probatorio material, efectivamente demuestre plenamente al final la existencia del hecho y la conexión del sujeto activo responsable del acto penado por la Ley. La resolución impugnada señala esas disposiciones de la Ley y el Reglamento, pero no pueden interpretarse en tal forma con el fin de sancionar en base a indicios o presunciones. Debe existir plena prueba para emitir una resolución con efectos sancionadores, tal ilegal practica y equivocada interpretación de estas disposiciones violentan el debido proceso y el derecho de defensa. El artículo 45 párrafo sexto del Reglamento de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia dice: "El pleno apreciará los indicios que resulten de autos en su conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia entre sí, y en relación con las demás pruebas de autos. No será válida la demostración de un hecho denunciado por medio de indicios, a menos que las mismas no puedan ser explicadas, sino como consecuencia de la intención de la parte infractora en restringir la competencia. La resolución impugnada en mención no tiene como fundamento ninguna prueba para determinar que la empresa realiza prácticas para restringir la competencia. Consecuentemente, el artículo 78 del Reglamento de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, establece que se requieren elementos suficientes para establecer la existencia de actos y conductas prohibidas. Alegando asimismo que la resolución impugnada en referencia violenta el ordenamiento jurídico vigente al no valorar las pruebas aportadas, que demuestran que ellos no han realizado prácticas restrictivas de la competencia, existiendo incongruencias en dicha resolución impugnada, que son las siguientes: A) En la resolución número 022-CDPC-2010-ANO-V equivocadamente se establece que la participación en el mercado del agente económico, la sociedad mercantil denominada CEMENTOS DEL NORTE, S.A.(CENOSA), es de un 42% para los años 2005 y 2006 y un 43% para el año 2007. Existiendo, además, una falta de valoración a la aclaración escrita presentada el día 17 de Mayo de 2010, en donde se hace saber que el cálculo es erróneo ya que no tomó en cuenta los datos de venta de cemento a granel, oportunamente proporcionados en el proceso investigativo. Ese dato demuestra esa venta representa un 20% del total de la facturación anual de cemento, que los porcentajes de participación verdaderos son del 47% para los años 2005 y 2006 y 46% para el año 2007, esos porcentajes representan un 97%de la capacidad instalada de producción en ese periodo, razón por la cual decidió realizar su proyecto de expansión, lo cual viene a desvirtuar los cargos imputados. B) La resolución número 022-CDPC-2010-AÑO-V establece que el cemento SI puede definirse como un comodity, es obvio que este debe tener precios similares en todo el mundo. Además, el costo de producción es muy similar para los diferentes productores en Honduras, ya que los insumos que más inciden en este costo es igual para los diferentes productores, por ejemplo, el costo de electricidad, el carbón y/o petcoke que son comodities y el combustible, etc. En el considerando 9, numeral 3) se establece que en un sistema de cálculo de precio basado en la paridad de poder adquisitivo o PPA que no existe, pues el costo de los insumos, combustible, petocoke, etc. es igual para todos los países y lo fijan las bolsas de comodities. No existiendo colusión entre los diferentes agentes económicos. C) En nuestro país, no hay restricciones para el establecimiento de otras fábricas de cementos especialmente para las grandes empresas transnacionales como HOLCIM o CEMEX, que operan en todos los países de Centro y Sur América. No existe arancel para importar cemento, por lo que cualquier agente económico puede importar cemento de cualquier parte del mundo. En la industria del cemento, las leyes de la oferta y demanda se aplican de diferente manera que en otras industrias. En Honduras, la demanda se incrementa (a excepción del año 2009 y 2010 que decreció en un 10% en un 2% a 5% anual, sin embargo para poder mantener la oferta del producto, mi representada incremento su capacidad de producción en un 150%, esto debido a que el horno más pequeño que se puede instalar en esta industria es de 2,000 tm de Clinker por día, por esa razón la empresa invirtió US$ 140,000,000.00, entre el 2007 y el 2009; D.- La resolución número 022-CDPC-2010-ANO-V en el considerando 11,numeral 2, establece como practica arbitraria la colaboración de la empresa, con el Gobierno a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), al sostener el precio de cemento en el año 2007 y los años subsiguientes. Contrario a lo que se pretende hacer valer por la multireferida resolución, tal colaboración es en beneficio de la población de Honduras y tiene como objetivo único incentivar el consumo de concreto para la pavimentación dela débil red vial del país. Que mediante resolución número 029-CDPC-2010-ANO-V de fecha 6 de Noviembre de 2010, la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia, declara sin lugar por improcedente el recurso de reposición interpuesto por la apoderada de la empresa contra la resolución número 022-CDPC-2010-ANO-V, habiéndose agotado con ello el procedimiento administrativo previo a la interposición de la presente demanda. La resolución número 029-CDPC-2010-ANO-V le fue notificada a la apoderada de la sociedad mercantil denominada CEMENTOS DEL NORTE, S.A. (CENOSA), el día 06 de Diciembre de 2010, en vista que la resolución número 022-CDPC-2010-ANO-V, impone una multa que deberá enterarse en la Tesorería General de la República, dependiente de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, en un plazo no mayor de 5 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución. No obstante de no estar conforme con la misma, el día 09 de Diciembre del año 2010, la apoderada de la sociedad mercantil denominada CEMENTOS DEL NORTE, S.A. (CENOSA) hizo ofrecimiento de arreglo de pago a la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia consistente en lo siguiente: 1) Efectuar un pago inmediato de L.10,514,775.40, efectivamente realizado en fecha 13 de Diciembre del año 2010, mediante cheque número 08627 a favor de la Tesorería General de la República y número de recibo 6530200 de ingresos corriente emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas; 2) Realizar un pago de L.5,000,000.00, el día 14 de marzo de2011; 3) Realizar un pago de L.5,000,000.00 en fecha 13 de junio de 2011; 4) Realizar un pago de L.5,000,000.00 el día 14 de septiembre de 2011; 5) Realizar un pago de L.5,000,000.00, en fecha 14 de diciembre de 2011; y, 6) Realizar un pago de L.5,000,000.00 el día 14 de marzo de 2012. Todo con el fin que la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia no solicitará al Procurador General de la República que ejercitará las acciones judiciales contra la sociedad mercantil denominada CEMENTOS DEL NORTE, S.A. (CENOSA) para hacer efectiva el pago de la multa. 2. La parte demandada, la COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA, contestó dicha demanda señalando que en efecto, en atención de los aumentos a los precios a la bolsa del cemento testimoniados por los medios de comunicación social, la Comisión mediante providencia resolutiva de fecha 11 de enero del 2008 instruyó, de oficio, procedimiento de investigación por la existencia de prácticas restrictivas y prohibidas por su naturaleza presuntamente realizadas por los dos agentes económicos participantes en la industria del cemento, entre ellos, la sociedad mercantil Cementos del Norte S. A. El procedimiento de investigación determinó la existencia de suficientes indicios de la realización de presuntas prácticas prohibidas por su naturaleza, específicamente, las prescritas en las numerales: 1) relativo a: "Establecer precios, tarifas o descuentos"; y 3) relacionado con: "Repartirse directa o indirectamente el mercado en áreas territoriales, clientela, sectores de suministro o fuentes de aprovisionamiento" establecidas en el artículo 5 de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, de ahí que, mediante resolución número 06CDPC-ANO-V-2010 de fecha 12 de marzo del 2019, la Comisión ordenó el inicio del procedimiento para sancionar las practicas, actos y conductas prohibidas y formulo cargos en contra de la sociedad infractora, hoy demandante, que en cuanto a los alegatos a propósito de las cargos que le fueron formulados mediante la resolución número 06-CDPC-ANO-V-2010, de las cuales en vía administrativa tuvo su momento procesal oportuno para desvirtuar cada uno de ellos, se rechazan todos y cada uno de las mismos manifestados, en virtud de las presupuestos legales y consideraciones siguientes: 1. Se rechaza la forma tendenciosa en que la demandante ha enunciado en su escrito de demanda cada uno de los cargos que debió haber desvirtuado en vía administrativa, ya que no las enlista de forma íntegra sino que únicamente recoge una fracción de cada uno de las mismos, en el Resolutiva PRIMERO de la resolución número 06-CDPC-ANO-V-2010 de fecha 12 de marzo de 2010, emitida por la Comisión, se describen algunos de las hechos que resultaron de la investigación preliminar que sirvieron en ese momento coma indicios para conocer sabré la realización de prácticas prohibidas por su naturaleza, el acto definitivo, es decir el que dio fin al procedimiento para sancionar las practicas, actos y conductas prohibidas, la Resolución Numero 022-CDPC-2010-ANOV, no só1o toma en consideración las indicios descritos en la Resolución que dio inicio al procedimiento administrativo (No. 06-CDPC-2010-ANO-V.), sino que además incluye los hechos que fueron válidamente demostrados del análisis en conjunto con todos los indicios que resultaron del expediente, con fundamento en el artículo 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por lo que resulta inútil que la demandante pretenda descontextualizar cada cargo que le fue formulado con el afán de demostrar que no existían indicios racionales para conocer de la existencia de prácticas prohibidas. 2. Es cierto que la Resolución número 022-CDPC-2010-ANO-V contiene, los hechos probados con base en los indicios descritos en la resolución número 06-CDPC-2010-ANO-V, y que la demandante no pudo desvirtuar, resultando oportuno aclarar sobre los cargos formulados y lo esgrimido por la demandante en su escrito de demanda los extremos siguientes: a) Que el primer cargo formulado literalmente dice que "Existe una similitud o mínimas diferencias de precios a lo largo del periodo analizado, con variaciones realizadas al mismo tiempo (comportamiento paralelo), fenómeno que no puede ser explicado sobre la base de estrategias basadas en un marco de libre competencia. En efecto, no se puede explicar económicamente cómo la empresa más eficiente (en este caso Lafarge-Cementos), con mayor capacidad instalada hasta el 2008 (13% más que la de su competencia) y costos unitarios de producción distintos (14.17% menos para el año 2007) puede tener precios similares o mínimas diferencias (inferiores en un 1 %) a los de su competidor''. De ahí que el alegato planteado por la demandante, relativo a que "la similitud de precios obedeció al cumplimiento de órdenes estatales" se rechaza. Está claro que existe una similitud o mínimas diferencias de precios a lo largo del período analizado, con variaciones realizadas al mismo tiempo (comportamiento paralelo); comportamiento que no pudo aclararse ni justificarse, para el caso no se pudo desvanecer cómo la empresa más eficiente (en este caso Lafarge Cementos), con mayor capacidad instalada hasta el 2008 (13% más que la de su competencia) y costos unitarios de producción distintos (14.17% menos para el año 2007) puede tener precios similares o mínimas diferencias (inferiores en un 1%) a las de la demandante, que dicho comportamiento paralelo sucede aun y cuando el Estado no haya emitido órdenes estatales de establecimiento de precios, tal y como fue demostrado en la misma Resolución en que se formuló este cargo, lo que indica que la demandante con su competidor en el mercado, han coordinado en todo momento, con o sin intervención del Estado, sustituir una competencia efectiva por un pacto de no agresión comercial. b) El segundo cargo formulado expone que, igual comportamiento se observó en los precios FOB de la bolsa de cementa de 42.5 Kg., aun y cuando la empresa CENOSA, a inicios del 2009, incrementó su capacidad productiva en un 150%, por lo que es válido suponer la existencia de algunas ventajas de esta con respecto a su competidor, en la disputa de un mayor mercado, mediante estrategias agresivas en precios. Aquí, es oportuno citar las declaraciones ofrecidas por los ejecutivos de la empresa CENOSA, en los medios de comunicación social, con respecto a la ampliación de la capacidad productiva de la empresa, en el sentido de que esta traería beneficios que se reflejarían en precios más bajos al consumidor; sin embargo, se observó que el comportamiento de los precios no sufrió ninguna variación, es más, se mantuvo la misma política comercial del 2008. En ese contexto, resultó valido inferir o presumir la realización de prácticas contrarias a la libre competencia, en el sentido de que las acciones individuales, no pueden explicarse sino coma consecuencia de la intención o el objeto que se persigue, cual es, el de restringir la competencia, a través, del cumplimiento parcial de un plan concertado que beneficie a los participantes del mercado de la producción de cemento". La lógica comercial indica que, ante la existencia de ventajas competitivas, el agente económico aventajado generara mayor competencia per el mercado, específicamente una competencia en precios. Sin embargo, a pesar de esa ventaja adquirida por Cenosa, esto es, el aumento de su capacidad instalada en un 150%, se observó que la misma no opto por ganar mayor mercado mediante estrategias agresivas en precios, per el contrario, junto con el otro competidor en el mercado coordinó una actividad que no llevaba otro propósito más que el de equiparar sus respectivas capacidades de ventas mediante la suscripción de un contrato de suministro de clinker, por medio del cual Cenosa con mayor capacidad instalada, en vez de vender más cemento a los consumidores, acordó con su competidor un contrato de suministro de clinker (que es la materia prima para la elaboración de cemento) en las cantidades siguientes: hasta 95,000 toneladas para el año 2009, hasta 120,000 toneladas en el 2010, hasta 200,000 toneladas para el 2011; y hasta 250,000 toneladas para los periodos: 2012, 2013 y 2014, estos últimos volúmenes implican un 30% de la nueva capacidad instalada de Cenosa. El contrato incluyo cláusulas de exclusividad. Lo anterior refleja acciones contrarias a los propios intereses de la empresa CENOSA que se beneficiaria de un mayor mercado si aprovechara esa mayor capacidad instalada, mismas que no tienen otra explicación más que la de revelar que dichas acciones forman parte de un plan colectivo que beneficia al conjunto de empresas participantes en este mercado. Es evidente que el comportamiento de precios no atiende a reducciones en la demanda de cemento ni mucho menos se debe a la cantidad de petcoke que se necesita para producir determinada cantidad de cemento, sine que es la clara manifestación de las voluntades entre las partes en no competir per el mercado sino más bien equiparar sus cantidades de venta a modo que resulta más rentable este pacto de no agresión comercial. c) El tercer cargo establece que "El análisis de los criterios de valoración de existencia de prácticas restrictivas prohibidas por su naturaleza enunciadas en el artículo 4 del Reglamento de la Ley indica que, las empresas han optado por sustituir los riesgos de una competencia mediante el uso de una concertación de precios, en algunos casos, avaladas por el Gobierno, lo que ha producido que en el mercado se observe una tendencia a la cartelización cuando este no interviene en la fijación del precio. En efecto se puede observar que cuando el Gobierno no interviene en la fijación del precio, las empresas optan por aplicar al mismo tiempo variaciones en el precio de aproximadamente cinco centavos de dólar menos (mas) del precio FOB de la empresa con mayores (menores) costos unitarios". Es hecho probado que en el periodo de mayo 2003 a diciembre 2009 los precios del cemento fijados entre ambas empresas mostraron una correlación positiva del 99.8%, y específicamente, para el periodo febrero 2006 a diciembre 2009 la correlación fue positiva en un porcentaje del 99.97. Este hecho revistió importancia legal, puesto que, es un criterio que se establece en la legislación respecto a la valoración de la existencia de prácticas restrictivas prohibidas por su naturaleza, véase el articulo 4 literal a) del Reglamento de la Ley sobre Competencia. Es evidente, que la correlación es positiva de acuerdo a los porcentajes enunciados, asimismo se trata de una correlación importante en cuanto que la similitud de los precios se diferencia por una mínima e insignificante cantidad en comparación con el precio final de venta; también la correlación fue continuada, es decir por un periodo de tiempo significativo. Quedó demostrado, que la misma no puede ser atribuida a variaciones en los precios de los factores de producción, tal como se evidencio con el análisis de los costos de precios practicados para el periodo analizado, el que demostró que los costos unitarios de CENOSA son superiores a los de la empresa LAFARGE-CEMENTOS en aproximadamente un 16.5%, equivaliendo los costos unitarios totales de la empresa LAFARGE-CEMENTOS aproximadamente al 86% de los costos unitarios de CENOSA, con una diferencia en precios nula para el periodo de intervención Gubernamental 2005-2007 y de apenas 1% en los periodos en donde existieron diferencia en los precios. d) El cuarto cargo dice que "La estructura oligopólica de la industria, evidenciada en las dos empresas participantes del mercado, en teoría y en la práctica, es proclive a facilitar arreglos o comportamientos de tipo colusorio, sobre todo, cuando se observa el mantenimiento de un mercado natural para cada participante, el que no se justifica, desde una perspectiva económica, ya que, las capacidades ociosas, la diferencia en la estructura de costos y el tamaño de las plantas, debiera provocar una estrategia individual que permita aprovechar esas ventajas, y con ello, obligar a la competidora a ser más eficiente en su proceso productivo, de tal modo, que se refleje en un beneficio neto total superior al que se observa en la actualidad''. Sobre lo manifestado por la demandante, respecto a que "no existen impuestos u otros cargos fiscales por la importación de cemento, existiendo un mercado de libre competencia a nivel nacional", es evidente que en Honduras las importaciones de cemento son nulas, lo cual ha contribuido a mantener aislado el mercado nacional de la competencia internacional. Las relaciones de intercambio presentan características de un mercado cautivo, que se agrava con la concurrencia de otro indicio, esto es, el de acuerdos de colaboración coordinada que tienen los competidores entre sí. En el expediente de mérito consta el contrato de suministro de clinker firmado entre CENOSA y Lafarge Cementos, con carácter exclusivo. Está acreditado que Lafarge Cementos y Cenosa han sustituido el riesgo de la competencia internacional por un acuerdo entre sí, que es el referido al citado contrato de compraventa de Clinker con carácter exclusivo. Es decir, en dicha relación contractual Lafarge Cementos está obligada a adquirir el clinker en forma exclusiva de su competidor CENOSA. De ahí que, se puede concluir que las importaciones de cemento Portland Gris Tipo GU no pueden ser consideradas coma una posibilidad para los consumidores, en las que se pueda desplazar el producto nacional por el importado. En definitiva, no existe una fuente de opciones, suficiente y oportuna, del producto que pueda ser suplida a través de las importaciones. De ahí que, el impacto de esta limitación o restricción no permite que los consumidores nacionales cuenten con opciones o sustitutos internacionales para confrontar los incrementos en el precio del Cementa Portland Gris Tipo GU derivados de comportamientos coordinados o paralelos. Sobre lo manifestado por la demandante que en "relación a la capacidad ociosa, existe un error de apreciación de la Comisión, ya que solamente considera las ventas de cementa en balsa, no tomando en cuenta que las ventas a granel representan para mi representada un 20% de los volúmenes de ventas totales", se trata de otro alegato improcedente, en cuanto que quedó claro que la capacidad ociosa o la capacidad productiva de las empresas que participan en el mercado, son só1o una de las características bajo las cuales opera el mercado y si bien una capacidad ociosa actúa como barrera a la entrada para potenciales competidores, el que exista o no tal capacidad en una industria no exime de que el comportamiento paralelo en sus actuaciones obedezca a un acuerdo de no agresión comercial entre las participantes de esa industria. Vale agregar que a lo largo de la sustanciación del procedimiento administrativo el producto en cuestión fue la balsa de Cementa Gris Portland de 42.5 kg y no el cemento a granel de conformidad con la definición del mercado relevante. e) En cuanto al cargo que expresa que "El desempeño de la industria derivado de un precio determinado por la oferta, puede presumirse que obedece a una estrategia de colaboración tacita de no agresión comercial en los periodos donde el Gobierno no interviene para fijar el precio, lo que ha permitido que las eficiencias obtenidas por una de las empresas participantes en el mercado no hayan sido trasladadas al consumidor final, y en cambio sí hayan servido para aumentar la rentabilidad de la misma, la que a su vez ha garantizado la rentabilidad de la otra empresa a pesar de tener costos más elevados. Más aún, esa práctica de determinar el precio, concertadamente, por parte de la oferta, en algunas oportunidades, también ha obedecido a arreglos o acuerdos respaldados por el Gobierno a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y Comercio", se evidenció que la demandante no pudo aportar un argumento legal y económicamente valido que explicara la similitud y mínimas diferencias en los precios del cementa a lo largo del periodo analizado con variaciones realizadas al mismo tiempo, sino más bien ha tratado de distorsionar el problema en cuestión, y ha pretendido justificar su comportamiento coordinado y colusorio en el hecho de que el Estado fija los precios de la bolsa de cemento. Aquí resulta importante apuntar que lo que motivó al Estado para regular los precios máximos del cemento fue, en efecto, el de salvaguardar los intereses derivados de un proceso de libre competencia en vista de la posibilidad efectiva que tienen los agentes económicos investigados para falsear o restringir la competencia. f) Sobre el cargo que dice que "Es válido advertir que, frente a un supuesto arreglo colusorio tácito de repartición geográfica del mercado, en un sistema competitivo la distancia que el producto cementa puede recorrer para estar a disposición de los consumidores, está en función de varios factores, entre ellos, el tamaño de la fábrica, la utilización de la capacidad de producción, los costos de producción, los costos de transporte, y los precios aplicados en cada mercado. En ese sentido, las participaciones de las empresas investigadas en el mercado interno no debieran explicarse bajo el argumento de que ostentan un mercado natural. Es más, del análisis de dichos factores se desprende que no puede justificarse la casi invariable participación de cuotas de mercado que ha tenido cada una de las empresas investigadas en el periodo o tiempo analizado". Al parecer la demandante pretende distorsionar los alcances sobre el comportamiento colusorio presente en dicho cargo formulado, ya que no lo asume en su totalidad. Al leerse íntegramente el cargo descrito, tal y come fue plasmado en la Resolución número 06-CDPC-ANO-V-2010, se aprecia que la repartición de mercado se ha reflejado no en la presencia territorial que tenga uno o el otro agente económico, sino en la cuota final de participación en el mercado según las ventas a nivel nacional. De acuerdo con los dates de participación en el mercado del cemento en Honduras las cuotas de participación son idénticas en el tiempo, razón por la cual se convierte en un indicio de reparto de mercado. Sobre esto la demandante só1o se remite a establecer que existen diferencias de venta en los distintos departamentos del país, sin embargo nunca ha explicado a que se debe que las participaciones totales del mercado se mantienen invariables a pesar de que los volúmenes son crecientes en el tiempo, es evidente que Cenosa no desvirtuó los cargos que le fueron formulados mediante la resolución número 06-CDPC-ANO-V-2010 que dio inicio al Procedimiento para Sancionar las Practicas, Actos y Conductas Prohibidas. Asimismo, es innegable que la demandante junto con el único competidor de ese mercado ha sustituidos los riesgos de una competencia efectiva por un sistema coordinado y donde prima el establecimiento de estrategias para fijar precios y repartirse el mercado, que ha resultado en grave perjuicio de la libre competencia y de los consumidores, que si consta en el expediente un conjunto variado de cartas, contratos, documentos y otra información, que apreciada en su conjunto demuestran que no hay otra explicación del comportamiento de la demandante más que el de coludirse con su único competidor en el rubro que participan, con el fin último de restringir la competencia. En la Resolución Numero 022-CDPC-2010-ANO-V impugnada por esta vía, se describieron los indicios que resultaron de autos en su conjunto, teniendo en consideración la gravedad, concordancia y convergencia que guardan entre sí, tal y como manda el Reglamento de la Ley en el párrafo sexto del artículo 45, que en el expediente administrativo No. 043-PIO-1-2008 consta que se sustanciaron los procedimientos administrativos en estricto apego a lo que manda el ordenamiento legal vigente. La demandante deberá entender que es parte del Debido Proceso que la autoridad administrativa haya sido celosa, en todo momento, de observar todas las formalidades, requisitos y diligencias procesales establecidas en las leyes y reglamentos aplicables; deberá entender que es parte del Debido Proceso, resolver sobre todas las cuestiones planteadas por las partes y cuantas resulten del expediente; deberá entender que el fin último de la Ley sobre Competencia es el de procurar el funcionamiento eficiente del mercado y el bienestar del consumidor. A este propósito se resaltan los criterios que fueron valorados para determinar sobre la existencia de las prácticas restrictivas prohibidas por su naturaleza, y establecidos en el artículo 4 del Reglamento de la Ley, los que son citados para el caso en cuestión de la manera siguiente: 1. La similitud, o conducta paralela, en la fijación de precio a lo largo del periodo analizado, incluyendo la conducta coordinada en las variaciones de aumentos de precio que han realizado simultáneamente ambos competidores; 2. El reparto del mercado, a propósito de haberse acreditado que las cuotas totales de participación en el mercado nacional se mantuvieron invariables en el periodo analizado, que en promedio se estimó en 57% para Lafarge y 43% para Cenosa; 3. El comportamiento coordinado o paralelo entre los agentes económicos investigados, en particular, el que se demostró a partir del aumento de la capacidad productiva de Cenosa (en el año 2009 se estimó, aproximadamente, en 100% adicional), con el que se concretó una relación comercial entre ambos competidores, para que Cenosa le suministre Clinker (cemento puro) a Lafarge. El acuerdo entre ambos competidores sobre un suministro de 95,000 toneladas en el 2009, con aumentos sucesivos, hasta volúmenes de 250,000 toneladas para los periodos: 2012-2014 (equivalente al 30% de la capacidad instalada de Cenosa). De ahí que, es fácil concluir una conducta coordinada para equiparar sus respectivas capacidades de venta, así como, el consecuente propósito de anular los beneficios a que están obligados a trasladar a los consumidores si estos agentes económicos se comportasen atendiendo las reglas de un proceso competitivo efectivo; 4. La capacidad de coordinación entre Lafarge Cementos y Cenosa, por media de la Fundación Instituto del Cemento, para establecer precios y repartirse el mercado institucional; 5. La similitud de precios como resultado de una correlación positiva, importante y continuada de precios, que no puede atribuirse a variaciones en las precios de las factores de producción; 6. El número reducido de participantes en el mercado relevante (un mercado oligopólico); 7. EI hecho de que las competidores deriven su actividad o practicas por media de medidas o disposiciones legales o administrativas; 8. El hecho de que el mercado se comporte en apariencia coma un mercado regulado, pero que en realidad se muestran relaciones de intercambio basado en arreglos coordinados; 9. El hecho de que los presuntos infractores utilicen, adicionalmente, a la Fundación Instituto del Cementa para sostener reuniones y comunicaciones sobre concertación de precios y el consecuente reparto del mercado institucional; 10 La inexistencia de las elementos suficientes para desvirtuar cómo la empresa más eficiente, con mayor capacidad instalada hasta el 2008 (13% más que la de su competidor) y costos unitarios de producción distintos (14.17% menos que el de su rival, para el año 2007) puede tener precios similares o mínimas diferencias (inferiores en un 1% ) a las de su competencia, lo que resultaría totalmente inconcebible después de apreciar estos indicios, así como todas y cada una de las demás cuestiones que resultaron del expediente, resolviera de forma contraria a coma lo hizo, lo que si hubiera producido infracciones flagrantes al ordenamiento jurídico vigente. Lo cierto es que la demandante ha incurrido en infracciones estipuladas en la Ley, y que de lo contenido en el expediente podrá apreciar el estricto apego a la legislación, con el que la Institución sustanció los procedimientos establecidos al efecto, y Resolvió sancionando las conductas prohibidas realizadas por Cenosa, respetando el debido proceso, así como todas las demás garantías consagradas en la Constitución de la Republica; asimismo rechazando de plano lo planteado por el demandante, al acusar que la Resolución número 022-CDPC-2010-ANO-V., se basa en presunciones que no se fundamentan en ningún hecho cierto para determinar la existencia de conductas prohibidas por su naturaleza. Los indicios contenidos en el expediente administrativo 043-PIO-1-2008, no son producto de la imaginación como lo pretende hacer ver la demandante, sino más bien son resultado de una investigación preliminar según (Resolución No. 06-CDPC-2010-ANO-V.), constituyéndose así los indicios como los mecanismos jurídicos utilizados para fijar los hechos probados en los procedimientos emanados de la misma Ley. De manera que, nuestra posición asumida en la resolución cuestionada es concluyente, pues se basa en hechos puntualmente comprobados, cuales son: 1) El hecho cierto de que Cenosa haya mantenido similitud o mínimas diferencias en las precios (conducta paralela), a lo largo del periodo analizado, incluyendo la conducta coordinada en las variaciones de aumentos de precio que han realizado simultáneamente ambos competidores; 2) Así como también existen Cartas que la Fundación Instituto del Cemento dirigió al Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), a través de las cuales se establecieron los precios del cemento", para o hasta el periodo de 2009; 3) El hecho cierto y demostrable que las cuotas totales de participación en el mercado nacional se mantuvieron invariables en el periodo analizado, que en promedio se estim6 en 57% para Lafarge y 43% para Cenosa, lo que ha comprobado el reparto de mercado, en vista de que la demandante ha sostenido acuerdos de coordinación con su único competidor mediante la suscripci6n de un contrato de clinker que ha servido para equiparar sus capacidades de ventas; 4) El hecho de que Cenosa ha derivado su actividad o practicas por medio de medidas o disposiciones legales pretendiendo de que el mercado se comporte en apariencia como un mercado regulado, pero que en realidad se muestra la existencia de relaciones de intercambio basado en arreglos coordinados como los antes descritos. Lo cierto es, que los anteriores hechos ciertos demuestran que la demandante junto con su competidor en el mercado se ha coordinado o se coludieron, para fijar precios del cemento y repartirse el mercado tal y como se puede verificar en el contenido del CONSIDERANDO 11 de la Resolución 022-CDPC-2010-ANO-V). En cuanto al fundamento jurídico de las presunciones, vale decir que estas son el conducto para llegar a la veracidad de los hechos imputados, y tienen su nacimiento en los artículos 50 de la Ley y 4 del Reglamento relativos a los criterios que deben considerarse para la valoración y determinación de la existencia de las prácticas restrictivas prohibidas por su naturaleza, a este respecto las presunciones, operan en consonancia con la legislación especial, en materia de Defensa y Promoción de la Competencia, por tanto Cenosa, deviene la obligación inexcusable de sujetarse a dicha Ley de conformidad con lo establecido en el artículo 137 4 del Código Civil en cuanto a que "las obligaciones derivadas de Ley no se presumen. Sólo son exigibles las expresamente determinadas en este código o en leyes especiales...". ¿Tal es el caso de autos, por lo que cabe preguntarnos donde está la falsedad de las presunciones?, si la fuente de estas proviene de la legislación de competencia según lo establecido en el artículo 45 párrafo sexto de la Ley. En adición a lo expuesto por el demandante, que incorpora a su alegato disposiciones del Código Civil (1533 y 1538), podemos concluir que las normas citadas, están derogadas expresamente, por el Código Procesal Civil, (ver artículo 921 n° 2) en consecuencia no son aplicables sus contenidos, de ahí que los hechos ciertos imputados por la Comisión, están cimentados no solo en la Ley vigente sobre la materia, sino que también en elementos técnicos y económicos, que fueron contundentes al determinar las prácticas de conductas anticompetitivas del infractor dándole a las indicios probados, un sentido de pertenencia a la realidad jurídica, pues la utilización de indicios como medio para demostrar los hechos imputados parte de la facultad, que la legislación aplicable le otorga a la Comisión, específicamente, en el artículo 45 y 65 del Reglamento de la Ley, para el caso, en el artículo 65 del cuerpo legal antes referido, permite que la Comisión pueda hacer uso de los medios de convicción que considere necesarios para conocer la verdad de los hechos relacionados con la practica restrictiva de la libre competencia, incluyendo el uso de indicios para demostrar la veracidad de los hechos imputados, asimismo que rechaza lo formulado por el demandante, quien con este hecho pretende desvincular su comportamiento de la realización de prácticas anticompetitivas consistentes en fijar precios y repartirse el mercado, excusándose, en que la fijación de precios es establecida por los gobiernos de turno a través de la Secretaria de Industria y Comercio, y que las pruebas por el aportadas (decretos y acuerdos ejecutivos) en el procedimiento investigativo, no fueron apreciadas por la Comisión. Sobre los documentos emitidos por el Poder Ejecutivo y agregados todos al expediente administrativo 043-PIO-I-2008, es oportuno evidenciar la motivación comprendida en las diferentes medidas que ha emitido el Estado/Gobierno, es decir, que este no interviene porque si, sino que actúa bajo la temática de controlar o corregir un problema derivado del comportamiento anticompetitivo de las agentes económicos que participan en un mercado determinado o de una estructura de mercado irregular (fallos de mercado). Para el caso, las razones que motivaron la emisión del Decreto Legislativo No. 221-2003 del 19 de diciembre de 2003; o las del Acuerdo Ejecutivo No. 008-2004, de fecha 18 de agosto de 2004, en las que se advierte las fallas del mercado (tercer considerando) y las conductas anticompetitivas ( cuarto considerando ), así como las fundamentos del por qué "fijar a las empresas productoras de cementa del país, el precio de venta puesto en planta, de la balsa de cemento gris Portland, en la presentación de 42.5 Kg". Estos actos adoptados por la administración pública fueron emitidos como respuesta para salvaguardar los intereses derivados de un proceso de libre competencia, ante la inminente y efectiva capacidad de Cenosa para actuar en menoscabo o en grave perjuicio al proceso de libre competencia. Refiere además el demandante, en este hecho que "La Resolución en el considerando 4 numeral 5 la CDPC presume la Colusión entre Cenosa y su competidor''. El tema de las presunciones, fue abordado en el hecho anterior, sin embargo, para que no quede la mínima de dudas, en relación a las presunciones, estas fueron el resultado de los indicios valorados en su conjunto, teniendo en consideraci6n su gravedad, concordancia y convergencia entre sí, y en relación con las demás pruebas de autos de conformidad con el párrafo sexto del artículo 45 del Reglamento de la Ley. Así pues, en materia de defensa de la libre competencia debe apelarse al carácter subsidiario de las presunciones y a las indicios o hechos que sirven de soporte para determinar la existencia de las prácticas restrictivas de la competencia. Esto contesta también lo esgrimido por el demandante, en cuanto a que los supuestos indicios no tienen relación alguna con un hecho real, y con su argumento de que no hay prueba directa sobre lo investigado, cuando es claro que las indicios concordaron entre sí, es decir, que no se excluyeron unos con otros, sino que se acoplaron o se ajustaron racionalmente, y también es claro que derivaron o permitieron llegar a la misma conclusión, esto es, la intencionalidad en restringir la competencia mediante la fijación de precios y el reparto de mercado. Expuso a detalle todos y cada uno de los hechos ciertos que fueron demostrados gracias al cumulo de indicios descritos en las consideraciones antes expuestas, y que indican, contrariamente a lo expuesto por la demandante, sobre la existencia de prácticas restrictivas prohibidas por su naturaleza realizadas por CENOSA: 1. El comportamiento paralelo en la fijación de precios del cemento revela ser una práctica restrictiva de la competencia, aun cuando se argumente que esta deriva de medidas o disposiciones gubernamentales. Se pudo comprobar el mismo patrón de conducta en los espacios en que no ha habido intervención del Estado. Se trata de un hecho aceptado, esto es, no controvertido de que las regulaciones de precios por parte del Poder Ejecutivo han tenido coma objetivo la corrección de las conductas anticompetitivas de las empresas investigadas, en consecuencia, resulta lógico deducir el hecho de que las empresas en cuestión han aceptado siempre el mecanismo de fijación de precios por parte del Estado, como artificio o medio, para actuar en forma coordinada en sus objetivos de maximizar sus utilidades y sustituir los riesgos de una competencia efectiva en el mercado. 2. Los que se derivan de las Cartas que la Fundación Instituto del Cemento dirigió en fechas 29 de agosto de 2007 y 1 de agosto de 2008, al Ingeniero Rosario Banano, Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), en el sentido de que los agentes económicos que participan de la Industria del Cementa, a través de dicha Fundación, comunican al mencionado Secretario de Estado, el resultado de una conducta coordinada, a través de lo que las sociedades mercantiles investigadas denominan "estabilización de precios", para o hasta el periodo de 2009. Este mecanismo institucional demuestra que, en efecto, los competidores entre sí, cuentan con instrumentos formales para mantener contactos entre sí, esto es, sostener reuniones y comunicaciones en los términos en que se prescribe en el inciso f) del artículo 4 del Reglamento de la Ley. En consecuencia, se ha podido constatar que los competidores entre sí, han sustituido los riesgos de una competencia efectiva, que es la que está implícita en los procesos de licitación con respecto a las compras del gobierno, por un mecanismo de coordinación, que es el que esta explícito en las cartas enviadas por medio de la Fundación Instituto del Cemento, y que lleva consigo la fijación de precios y el reparto de un cliente particular, en este caso el Estado. 3. La existencia de una similitud, o conducta paralela, en la fijación de precios a lo largo del periodo analizado, incluyendo la conducta paralela en las variaciones de aumentos de precio que han realizado simultáneamente ambos competidores. El hecho deducido es que la similitud de precios, aun cuando se argumente que es fijada por el Estado, está en realidad responde a una correlación positiva, importante y continuada de precios, que no puede atribuirse a variaciones en los precios de los factores de producción. 6. Los derivados de los Acuerdos Ejecutivos y Decretos emitidos por el Estado, en el sentido de que en ellos se expresan las motivaciones y consideraciones que se tomaron en cuenta para regular los precios máximos de venta del cemento en su presentación de 42.5 Kg .. Se acreditaron los siguientes: el Decreto No. 221-2003 de fecha 31 de diciembre del 2003 (folios 325 y 596-598 del expediente administrativo N° 043-PIO-I- 2008), Decreto No. 239-2003 de fecha 05 de febrero de 2004 (Folio 326-327, y 599-600 del expediente administrativo N° 043-PIO-I-2008), Acuerdo Ejecutivo No. 008-2004 de fecha 18 de agosto de 2004 (Folios 328, y 612 del expediente administrativo N° 043-PIOI-2008), Acuerdo Ejecutivo No. 028-2004 de fecha 17 de diciembre de 2004 (se origina en virtud del Convenio para un Equilibrio Social Comunitario, suscrito entre la Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y Comercio y las empresas Lafarge Cementos y CENOSA), Decreto Ejecutivo No. 014-2005 de fecha 30 de diciembre de 2005 (folio 329-331, y 607-609 del expediente administrativo N° 043-PIO-I-2008); las Actas de Compromiso firmadas en la Secretaría de Industria y Comercio (folio 407-408 expediente administrativo N° 043-PIO-I-2008 ), con el objeto de establecer aumentos de precios. Constan por un lado el firmado con la sociedad mercantil denominada Cementos del Norte S. A., en fecha 11 de enero de 2010, y por el otro, con la sociedad mercantil denominada Lafarge Cementos S. A. de C. V., en fecha 19 de enero de 2010. De los descritos documentos, cabe resaltar el que corre agregado a folios 328 y 612. De dicho expediente se desprende, entre otras motivaciones, la expresión del supuesto anticompetitivo que dio origen a la medida gubernamental, y que fuera admitida por parte de las sociedades involucradas en la investigación. Es más, no se aporta evidencia o, mejor dicho, no estuvo en controversia, la posibilidad efectiva relacionada con la capacidad de los investigados para actuar en menoscabo o grave perjuicio al proceso de libre competencia. En otras palabras, en dicho documento se formalizó la consideración sobre los motivos o razones que tuvo el Poder Ejecutivo para regular los precios máximos del cemento. En el cuarto considerando del Acuerdo Ejecutivo No. 008-2004, admite la posibilidad efectiva que tienen los agentes económicos investigados para falsear o restringir la competencia. De ahí que, la disposición reguladora de fijar los precios del cemento no responde a motivaciones ajenas, más que a las de salvaguardar el mercado frente a conductas anticompetitivas. Que, en cuanto a lo relacionado con el aumento de las utilidades brutas en ventas de los competidores, como consecuencia de un comportamiento coordinado en la determinación del precio, evitando el riesgo de la competencia y/o la presión del mercado, aun en situaciones donde se ha experimentado una caída de la demanda, y ante el hecho de haber estado sometido y/o enfrentado a una crisis financiera mundial y a una crisis política nacional, en el año 2009. Este aspecto factico tiene relación con el análisis sobre la respuesta del mercado a comportamientos donde la oferta es la que determina el precio, y de donde se infiere que cualesquier cambios o variaciones en la demanda se han ajustado coordinadamente en función del precio y no de la cantidad ofertada, expuso asimismo que rechaza de manera categórica lo dicho par la demandante, referente a que, las imputaciones de la CDPC contenidas en la resolución 022-CDPC-2010-ANO-V, se realizan sin fundamento de prueba material, sino que en base a supuestos jurídicos, que por sí mismos, según la demandante, no constituyen plena prueba, ya que no se encuentra, prueba directa que determine que Cenosa ha concertado precios o se ha repartido el mercado con su competidora, se puede confirmar que tanto la Resolución número 022CDPC-2010-ANO-V como la 029-CDPC-2010-ANO-V se emitieron en estricto apego a lo que manda el ordenamiento legal correspondiente y que al enmarcarse en Ley, no es posible encontrar en el expediente administrativo vulneraciones a derechos constitucionales, coma lo denuncia la demandante en su escrito de demanda sobre las supuestas violaciones al debido proceso que no ha podido comprobar. La documentación y demás medios de prueba aportados par CENOSA y contendidos en el expediente administrativo número 043-PIO-1- 2008 no lograron desvirtuar el conjunto de indicios y demás documentación e información contenida en el citado expediente que indican que la demandante es responsable por la comisión de prácticas restrictivas de la competencia, que no cabe duda que es procesalmente procedente el uso de indicios para demostrar hechos anticompetitivos de conformidad con la Ley y su reglamento; asimismo no hay duda que es imperativo apegarse a la normativa aplicable para velar por el debido proceso y demás garantías constitucionales, esto es lo que ha hecho mi representada, emitir resoluciones y autos que guarden la debida motivación y fundamentación legal para que no quepa duda que lo resuelto en el caso en cuestión ha sido conforme a derecho, expuso asimismo que la parte demandante argumenta que la Comisión, violenta los artículos 50 de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia y el artículo 45 de su Reglamento, en vista que la Resolución impugnada, además de no estar razonada, ni emitida conforme a derecho, aplica sanciones basadas en suposiciones y supuestos indicios, sin contar con elementos suficientes para establecer la existencia de las practicas imputadas y sin sujetarse a valorar a los hechos demostrados con pruebas materiales, fundamentación jurídica económica, financiera y buenas prácticas comerciales, argumentos que se rechazan sobre la base de las consideraciones que paso a explicar de la siguiente manera: Sobre este particular, es oportuno exponer brevemente que en atención a la tradición de más de un siglo por la que ha transitado el derecho positive hondureño, históricamente, el ordenamiento legal interno ha regulado la aplicación de las presunciones (en las disposiciones derogadas del Código Civil de 1906, sobre presunciones, se diferenciaban las "Presunciones que la ley establece" y "Presunciones no establecidas por la ley"), el Código Procesal Civil del 22 de enero de 2007, distingue entre presunciones legales y presunciones judiciales. No obstante, que, en el Código Procesal Civil de 2007, si bien las presunciones no son consideradas como auténticos medios de prueba dada su ubicación en el Libro Cuarto referido a Los Procesos Declarativos, es válido afirmar que en ambos instrumentos legales (el 1906 y el de 2007) se deduce que las presunciones, al igual que los medios de prueba en sentido estricto, son también mecanismos jurídicos de determinación y fijación de los hechos probados en los procedimientos donde aplican. En ese sentido, las presunciones participan de la finalidad de los medios de prueba, sin llegar estrictamente a constituirse en uno de ellos. En ese contexto, la Comisión al amparo y con fundamento en las facultades legales que la ley le establece, y en consonancia, con el objetivo de defender y promover la libre competencia, le está permitido en sus procedimientos acudir al método deductivo constituido por las presunciones, sea por imperativo legal o por la construcción de un enlace racional. En otras palabras, la Comisión puede tener por acreditados los hechos imputados para dictar la resolución correspondiente en cualquier procedimiento. Ya sea en el procedimiento sancionatorio o en las investigaciones preliminares que se lleven a cabo para determinar la apertura de un procedimiento, siempre que concurra la existencia de suficientes indicios o hechos base, cual si sobre los mismos se hubiese practicado la correspondiente diligencia probatoria. En ese orden conceptual, la Ley en el ordinal uno del artículo 50, sobre el Procedimiento para Sancionar Practicas, Actos y Conductas Prohibidas, faculta a la Comisión para que, cuando existan suficientes indicios para estimar que se trata de una práctica, acto o conducta prohibida, debe formular un pliego de cargos, exponiendo los hechos imputados, notificarlo a los presuntos infractores para que lo contesten, propongan las pruebas y demás descargos. En consonancia con el contenido de esta norma puede afirmarse que la procedencia de la resolución ha de comprender el análisis respectivo de los indicios, esto es, la valoración del hecho base de acuerdo al principio de la sana critica. Sumado a lo anterior, resulta oportuno referir que el procedimiento administrativo prescrito por la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, para sancionar las practicas, actos y conductas prohibidas, reconoce en sus diversos estados de su tramitación, la de proponer y/o producir todas las pruebas legalmente establecidas, las que de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, serán valoradas de acuerdo al principio de la sana crítica y se ponderaran de manera preferente a la realidad material que las mismas reflejen independientemente de las formas jurídicas adoptadas por los agentes económicos, ahora demandantes. Tan es así que el demandante presentó oportunamente los respectivos medios probatorios, a efecto de acreditar la veracidad de los hechos alegados por este en su escrito de contestación de cargo. De ahí que la Comisión, en cumplimiento al ordenamiento legal aplicable, apreció la totalidad de indicios que resultaron de autos en su conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia entre sí, y en relación con las demás pruebas de autos (párrafo sexto del artículo 45 del Reglamento de la Ley). En ese orden y ante la inexistencia de justificaciones económicas validas por parte de CENOSA, para desvirtuar los hechos que sirvieron de soporte para la imputación de la fijación de precio y el reparto de mercado, resulta útil destacar algunos de las indicios económicos y legales comprobados, para la determinación de la existencia de las prácticas anticompetitivas sancionadas: 1. La similitud de precios coma resultado de una correlación positiva, importante y continuada de precios, que no puede atribuirse a variaciones en los precios de las factores de producción; 2. El número reducido de participantes en el mercado relevante (un mercado oligopólico); 3. El hecho de que las competidores deriven su actividad o practicas por media de medidas o disposiciones legales o administrativas; 4. El hecho de que el mercado se comporte en apariencia coma un mercado regulado, pero que en realidad se muestran relaciones de intercambio basado en arreglos coordinados; 5. El hecho de que los presuntos infractores utilicen, adicionalmente, a la Fundación Instituto del Cemento para sostener reuniones y comunicaciones sobre concertación de precios y el consecuente reparto del mercado institucional; 6. La inexistencia de las elementos suficientes para desvirtuar cómo la empresa más eficiente, con mayor capacidad instalada hasta el 2008 (13% más que la de su competidor) y costos unitarios de producción distintos (14.17% menos que el de su rival, para el año 2007) puede tener precios similares o mínimas diferencias (inferiores en un 1%) a las de su competencia. Y que puede comprobarse de la revisión y lectura del expediente, el análisis y apreciación de las indicios en su conjunto, además del hecho que el demandante no aportó la información suficiente o la contraprueba necesaria que desvirtuara las indicios y hechos que sirvieron de soporte para la imputación de la fijación de precios y el reparto de mercado analizados, ni que explicara en forma razonable y legitima, la justificación económica sobre la existencia del comportamiento coordinado identificado, permitió a la Comisión, en primera instancia, formular las respectivos cargos, y posteriormente, emitir la Resolución impugnada número 022-CDPC-2010-ANO-V, y confirmar la existencia de las prácticas anticompetitivas sancionadas, alega que la parte actora insiste en cuestionar el tema de la valoración de las pruebas aportadas y que según ella demuestra no haber realizado prácticas restrictivas de la competencia, existiendo además incongruencia en la resolución impugnada, en cuanto a aspectos relacionados con: a) Los porcentajes de participación del mercado del demandante; b) La definición del cemento como un commodity constituye un insumo que más incide en el costo y que es igual para los diferentes productores, por lo que es obvio que este debe tener precios similares en todo el mundo; c) La no restricci6n para el establecimiento de otras fábricas de cementos especialmente para grandes empresas transnacionales y la no existencia de arancel para importar cemento; y d) La colaboración de CENOSA con el gobierno a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas y Transporte (SOPTRAVI), es en beneficio de la población de Honduras, y que la Comisión la considera como practica arbitraria; argumentos y supuestas incongruencias que se rechazan sobre la base de las consideraciones siguientes: 1. Con relaci6n a lo expuesto en el literal "a)", resulta importante destacar como elemento explicativo a lo argumentado por la parte demandante, que el mercado relevante del producto se definió en relación a la producción de cemento PORTLAND, en especial el cemento en bolsa de 42.5 kg., por presentar aproximadamente el 80% de la producción total. Este producto es objeto de una demanda sumamente especifica en la industria de la construcción, no existiendo sustitutos suficientes cercanos desde el punto de vista de los demandantes como para tornar no rentable un incremento de precios pequeño pero significativo y no transitorio, implementado por un hipotético monopolista de dicho producto respecto del precio competitivo. El análisis que antecede, llevo a excluir cemento a granel del objetado cálculo del porcentaje de participación de mercado, producto que, a la luz de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, podría resultar interesante realizar un procedimiento de investigación, particularmente sobre el comportamiento de precios del cemento a granel y las participaciones que ostentan los agentes económicos en relación a ese mercado relevante de producto. De otra parte, y como producto de la revisión y análisis de la información proporcionada por los propios agentes económicos sancionados, resultó acreditado en autos dates que demostraron que las cuotas totales de participación en el mercado nacional se mantuvieron casi invariables para los arios 2005, 2006 y 2007, lo cual se convirtió en uno de los indicios de reparto de mercado. Sobre esto, la imputada durante el proceso de investigación, solo se remitió a establecer que existían diferencias de venta en los distintos departamentos del país sin establecer o argumentar a que se debe que las participaciones totales del mercado se mantienen invariables a pesar de que los volúmenes son crecientes en el tiempo, cabe señalar, que la empresa CENOSA aumentó la capacidad de producción a partir del año 2009 de 850,000 toneladas a 1.7 millones de toneladas, según los datos proporcionados por la misma empresa. Nuevamente es importante manifestar que la capacidad ociosa o la capacidad productiva de las empresas que participan en el mercado, son sólo una de las características bajo las cuales opera el mercado y si bien una capacidad ociosa actúa como barrera a la entrada para potenciales competidores, el que exista o no tal capacidad en una industria no exime de que el comportamiento paralelo en sus actuaciones obedezca a un acuerdo de no agresión comercial entre los participantes de esa industria. Sin embargo, como ha quedado demostrado en el proceso investigativo y así lo menciona la imputada en su escrito de contestación de cargos, la empresa CENOSA posee a partir de 2009 una capacidad instalada mayor de tal forma que le permite incluso suplir de clinker a su competidor y no al mercado como debería de ser por lógica comercial. 2. Respecto a lo expuesto en el literal "b)", el demandante hace una interpretación equivocada al hecho que la Comisión manifiesta que el cemento podía definirse como un commodity. Sin embargo, esta enunciación se produjo en función de las características básicas de los commodities, en el caso que nos ocupa, en cuanto a su homogeneidad y estandarización, y no como un commodity o materia prima que se transa o cotiza en la bolsa de valores a nivel mundial, tal como si sucede con otros productos como el café. De ahí, que el argumento que pretende dejar plateando la demandante, en cuanto a que los precios del cemento debieran ser iguales o similares por haberse considerado como un commodity, no puede ser considerado justificable, puesto que los costos unitarios para la bolsa de cemento de 42.5 kilogramos del tipo GU (Uso General) son distintos para cada empresa, extremes que han quedado ampliamente explicados a lo largo del proceso investigativo. Ejemplo de lo que ha venido sosteniendo la Comisión, se puede observar que los costos unitarios para la bolsa de cemento de 42.5 kilogramos del tipo GU (Uso General) son distintos para cada empresa. Siendo los costos unitarios de CENOSA superiores a los de la empresa LAFARGE-CEMENTOS en aproximadamente un 16.5%, equivaliendo los costos unitarios totales de la empresa LAFARGE-CEMENTOS aproximadamente al 86% de los costos unitarios de CENOSA, en cambio la diferencia en precios es nula para el período de Intervención Gubernamental 2005-2007 y de apenas 1% en los periodos en donde existieron diferencia en los precios. Es importante resaltar el hecho de que, en el ario 2006 el costo unitario de la bolsa de cemento tipo GU de 42.5 Kg. de la empresa LAFARGE-CEMENTOS se redujo en 4.8%, pasando de L. 55.65 a L. 52.97, entre tanto, el costo unitario de la bolsa de cemento tipo GU de 42.5 Kg. de la empresa CENOSA se incrementó en 4.4%, pasando de L. 73.15 a L. 78.85, sin embargo, el precio de venta al consumidor final (precio FOB) aumento en ese año 7.8% para ambas empresas, adoptando una estrategia similar de mercado. 3. Sobre lo argumentado en el literal "c)", relativo a que no existen restricciones o barreras legales impuestas por el gobierno, para el establecimiento de otras fábricas de cementos. Es pertinente aclarar que la investigación reflejo otro tipo de restricciones o barreras, como son las de tipo económico y de comportamiento que se suscitan en el mercado del cemento, en este último caso, están orientadas por los convenios suscritos por los agentes económicos sancionados, se encontró un elemento que tiende a desalentar la entrada de nuevos competidores, a la vez que refuerza el poder de mercado de las empresas establecidas, como lo es el escaso grado de transabilidad del cemento Portland. La principal razón de esto radica en el elevado costo del flete y en la necesidad de contar con un ambiente especial (de escasa humedad) para preservar en condiciones óptimas las propiedades del bien. La distancia es, por lo tanto, una barrera natural muy importante que torna muchas veces antieconómica la importación del producto. Por otra parte, la capacidad ociosa o la capacidad productiva de las empresas que participan en el mercado, son solo una de las características bajo las cuales opera el mercado y si bien una capacidad ociosa actúa como barrera a la entrada para potenciales competidores, el que exista o no tal capacidad en una industria no exime de que el comportamiento paralelo en sus actuaciones obedezca a un acuerdo de no agresión comercial entre los participantes de esa industria. Sobre lo argumentado en el literal "d)", demandante pretende justificar su comportamiento con el gobierno a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas y Transporte (SOPTRAVI), como una colaboración en beneficio de la población de Honduras. A este respecto, es pertinente aclarar con el documento acreditado en autos, específicamente el documento agregado a folios 409-411 del expediente citado, consistente en las ofertas que la Fundación Instituto del Cemento dirigió en fechas 29 de agosto de 2007 y 1 de agosto de 2008, al Ingeniero Rosario Bonano, Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), que los agentes económicos que participan de la Industria del Cemento, a través de dicha Fundación, comunican al mencionado Secretario de Estado el resultado de una conducta coordinada a través de lo que las sociedades mercantiles investigadas denominan "estabilización de precios", para o hasta el periodo de 2009. Este mecanismo institucional demuestra que, en efecto, los competidores entre sí, cuentan con instrumentos formales para mantener contactos entre sí, esto es, sostener reuniones y comunicaciones en los términos en que se prescribe en el inciso f) del artículo 4 del Reglamento de la Ley, que el actor no presenta ningún argumento válido que se pueda contestar, puesto que el procedimiento administrativo relativo al agotamiento de la vía administrativa y el ofrecimiento de arreglo de pago, por cierto denegado, en vista que la Comisión no cuenta con las facultades para resolver sobre el mismo, no fueron ni han sido hechos controvertidos, tanto en sede administrativa, como en el presente juicio, resulta de fundamental importancia, lo que la Ley (artículo 44) y en su Reglamento (artículo 79), así como en el sexto dispositivo de la Resolución Numero 022CDPC-2010-ANO-V, establece en lo pertinente lo siguiente: "Las multas que se imponen a los infractores en la presente resolución, una vez agotada la vía administrativo y al enterarse en la Tesorería General de la Republica dependiente de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución. El obligado al pago deberá presentar a la Comisión original y fotocopia del recibo de ingreso emitido por la Tesorería General de la Republica dependiente de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, a más tardar tres días después de efectuado el pago, como constancia del cumplimiento de su obligación. La mora en el pago de toda multa que aplique la Comisión de conformidad con la ley correspondiente, devengara el interés moratorio conforme a la última tasa activa promedio más alta del sistema bancario, publicada por el Banco Central y que también se aplica para las obligaciones tributarias en mora. Transcurridos los términos sin que la Comisión compruebe el pago de las multas, el Pleno de la Comisión solicitara al Procurador General de la Republica que los adeudos respectivos se hagan efectivos por la vía ejecutiva. Para tal fin, la certificación de la resolución final tendrá fuerza ejecutiva, a la cual se le adjuntara constancia de que a la fecha no se ha realizado el pago". 3.- La representación de la parte demandada interpuso en fecha 13 de febrero del 2012, escrito de declinatoria por falta de competencia territorial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, habiendo sido resuelta mediante auto de fecha 20 de mayo del 2012. 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 18 de mayo del 2016, dictó sentencia definitiva declarando: “PROCEDENTE PARCIALMENTE la acción interpuesta par el Abogado Jesús Humberto Medina Alva, de generales ya indicadas en el preámbulo de esta Sentencia, actuando en su condición de la Sociedad Mercantil denominada "Cementos del Norte S.A." (CENOSA) contra la Comisión para la Defensa y promoción de la Competencia, representada legalmente por su Presidente, en consecuencia decreta la Nulidad Parcial de los Actos Administrativos de Carácter Particular consistente en la Resolución Niñero 022-CDPC-2010-Año-V de fecha seis de Octubre del año dos mil diez, de la siguiente forma: a) en sus numerales primero y cuarto numeral uno con respecto a la Sociedad Mercantil denominada "Cementos del Norte S.A." (CENOSA); b) En el numeral segundo en cuanto a se confirma lo referente a ordenar a los Agentes Económicos descritos en el primer resolutivo el cese de la relación comercial existente entre ambos competidores, formalizada mediante Contrato de Suministro de Clinker de "Cementos del Norte S.A." (CENOSA) a Lafarge Cementos; c) Se mantienen vigentes los numerales Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo de dicha Resolución por no haber sido objeto de pretensión alguna por la parte demandante, d) asimismo se decreta la Nulidad de la Resolución N® 029-CDPC-2010-Ano-V de fecha 26 de Noviembre del año 2010 en la que se declara Sin Lugar el Recurso de Reposición, sin perjuicio de lo dispuesto en la Nulidad Parcial decretada del Acto Administrativo descrito Resolución número 022-CDPC-2010-Año-V de fecha seis de Octubre del año dos mil diez. SEGUNDO: Reconocer Parcialmente la Situación Jurídica Individualizada; y como Medida para su Pleno Restablecimiento se adoptan las siguientes medidas: a) Se dejan sin valor ni efecto los cargos impuestos a la Sociedad Mercantil "Cementos del Norte S.A." (CENOSA); dejando subsistente únicamente el cargo relativo al contrato de Compra Venta de Clinker Suscrito entre la Sociedad Mercantil "Cementos del Norte S.A." (CENOSA) y Lafarge Cementos; b) Se modifica la multa impuesta por haberse acreditado y subsistir uno de los cargos como es el Contrato de la Compra Venta de Clinker suscrito entre ambas empresas cementeras, en consecuencia se reduce la multa a la cantidad de Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Seis Lempiras con noventa y Dos Centavos, (L. 4, 439, 346.92), que equivale al 1 % del monto tornado como base para la imposición de la Multa inicial en el Acto Administrativo anulado parcialmente; c) Se ordena la devolución del remanente de la multa pagada de conformidad con lo establecido en el Artículo 106 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. TERCERO: Se EXIME de COSTAS a la parte vencida en juicio en virtud de lo ordenado en el Artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública y mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno. CUARTO: Que el Secretario del Despacho, una vez extendida y firmada esta Sentencia la notifique y archive en la Secretaria de la Judicatura, dándosele publicidad en la forma permitida u ordenada por la Constitución y las leyes, asimismo que dicho ministro de Fe ponga en los autos certificación literal de esta sentencia”; bajo el criterio que que con la prueba aportada por la parte demandante y la contenida en el expediente administrativo se han desvirtuado las presunciones establecidas en la Resolución impugnada en cuanto a la existencia de prácticas restrictivas de la competencia, específicamente a las relaciones con la fijación de precios y reparto de mercados, no menos cierto es, que en esta sentencia se ha plasmado como hecho probado y debidamente acreditado la existencia del contrato de clinker suscrito por la demandante con la otra empresa cementera, con la aportación no solo del contrato sino por la aceptación expresa de su existencia por parte de la demandante, por lo cual, comparte con la Corte de Apelaciones y con la demandada que en cuanto a dicho hecho si hubo omisión de una falta al suscribirse el relacionado contrato, razón por la cual es pertinente ajustar la multa impuesta al único cargo acreditado, según lo dispuesto en este fallo, por lo cual, es procedente, aplicar, bajo un criterio justo, el monto de la multa, tomando en consideración que no existe reincidencia ni gravedad en la falta o daños y perjuicios en el consumidos con la suscripción de dicho contrato, en consecuencia, se estima que el valor de la multa se debe fijar o reducir al 1 % y no el 8% establecido en el acto administrativo que equivale a la cantidad de L.4,439,346.92, tomando sobre la base de la utilidad bruta en ventas del año fiscal precedente según lo dispuesto en los artículos 37 y 39 de las Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia. 5. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 27 de junio del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que, conforme a la valoración de la prueba, se evidenciaron documentos que enervan a la conclusión a la que ha arribado La Comisión, con respecto a las prácticas anticompetitivas de los agentes económicos involucrados, corno ser el detalle de ventas realizadas por departamentos y clientes a nivel nacional, así como la intervención del Estado de Honduras en el mercado del cemento, específicamente en cuanto a: "la fijación en todo el territorio nacional de los precios máximos de venta al consumidor de los productos esenciales del consumo popular a los niveles vigentes en base al precio en lempiras...cemento gris portland bolsa 94 libras" control que se realiza por el Estado a través de su voluntad administrativa mediante decretos, acuerdos etc., teniendo por finalidad la protección adecuada de todos los consumidores del país, garantizar un trato justo y equitativo en la adquisición de bienes y servicios, ejerciendo las acciones necesarias para prevenir y combatir el aumento injustificado de los precios de los productos esenciales de consumo popular. La parte demandada en su alegato de agravios pretende invisibilidad esta intervención del Estado, sin embargo, conforme a lo establecido en la Constitución de la República, se desprende que efectivamente el espíritu de dicha intervención es una política económica racional y planificada, no como lo quiere hacer ver La Comisión, pues esta la enfoca básicamente, en que dicho control estatal responde: más que a fijar los precios del cemento, a salvaguardar el mercado frente a conductas anticompetitivas. Por lo que se concluye, que el indicio presentado para determinar la fijación de precios en el mercado ha quedado desvirtuado desde esta óptica, tomando en cuenta la misma consideración dada por la dirección técnica de La Comisión, en cuanto a la eficacia que deben desplegar las presunciones, en el sentido de que los indicios deben de estar plenamente probados. En cuanto a la segunda práctica anticompetitiva sancionada por la comisión, repartición del mercado, el apelante al momento de realizar sus agravios lo hace de manera abstracta, ya que no ataca, menos demuestra que dicha práctica no se trata de la repartición geográfica que entiende la A Quo, sino de un reparto de cuotas finales de fuente de aprovisionamiento al mercado (clientela); sin aportar ningún elemento contundente que demostrara esa supuesta repartición de la clientela alegada en esta segunda instancia. Se aprecia de autos que tanto el reflejo del mercado natural por la ubicación geográfica de cada una de las cementeras, así como el plan de incentivos de ventas con el objeto de realizar acciones e introducirse al mercado en el que tiene poca participación CENOSA, constituyen ser elementos debilitantes en contra de las presunciones establecidas por La Comisión, extremos que abonan al criterio de la eficacia de las presunciones legales. 6. La representación procesal de la parte recurrente-demandada, abogado RICARDO A. PADILLA P., y la representación procesal de la parte recurrente-demandante, abogado MARVIN FRANCISCO DISCUA SINGH, en fechas 28 y 29 de agosto del 2019, respectivamente, interpusieron escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha 27 de junio del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.251-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.622-2013 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fechas 28 de agosto del 2019 y 3 de septiembre del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7. La representación procesal de la parte recurrente-recurrida, abogado RICARDO A. PADILLA P., presentó en fecha 25 de septiembre del 2019, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 7 de octubre del 2019, y en fecha 22 de octubre del 2019 se declaró precluido el plazo señalado por la Ley para efectuar el pronunciamiento del recurso de casación por parte del abogado MARVIN FRANCISCO DISCUA SINGH, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 29 de octubre del 2019, los abogados RICARDO A. PADILLA P. y MARVIN FRANCISCO DISCUA SINGH, respectivamente. 8. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 14 de enero del 2019, teniendo por personados a los abogados RICARDO A. PADILLA P. y MARVIN FRANCISCO DISCUA SINGH, en concepto de parte recurrentes-recurridos, respectivamente, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Del examen de las actuaciones aparece que el abogado RICARDO A. PADILLA P., representante procesal de la parte demandada expone su único motivo de la siguiente forma: “PRECEPTO AUTORIZANTE. CAUSALES DEL RECURSO. Esta causal de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil, en lo concerniente a la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS. Las normas jurídicas de orden nacional violadas en la sentencia son las siguientes: 1.- CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. Articulo 200 numeral 2 inciso c) del Código Procesal Civil que señala: "En particular, la redacción de las sentencias se ajustara al siguiente contenido formal: a) ... b) ... c) En los fundamentos de derecho expresaran, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso." 2.- CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. Articulo 200 numeral 2 inciso d) del Código Procesal Civil que señala: "El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinara, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación." 3.- MOTIVACION. Artículo 207 numeral 2 del Código Procesal Civil que señala: "Motivación. 1... 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón." INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA. Los fundamentos de derecho de la sentencia impugnada se encuentran en los considerados sexto (6), séptimo (7), octavo (8), noveno (9), decimo (10), undécimo (1l) y duodécimo (12). De tal forma, que la infracción se ha producido por cuanto, como se aprecia del tenor de la sentencia que se impugna, la misma carece de los pronunciamientos que está obligada en efectuar la Corte Sentenciadora ante los perjuicios expuestos por la sociedad mercantil denominada CEMENTOS DEL NORTE, S.A. (CENOSA), que la sentencia definitiva de fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciséis (2016) le causan. Esa falta de declaración a la exigencia del agraviado, tiene como resultado una sentencia que no reúne los requisitos internos como ser los razonamientos fácticos y jurídicos motivados como respuesta a los agravios expuestos. La sentencia impugnada se ha limitado a realizar una reproducción completa de los agravios expresados por las partes; y, pronunciamientos a los agravios planteados por la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia. Debido que la Corte Sentenciadora tiene la competencia objetiva y funcional para conocer de un recurso de apelación, lo cual significa que tiene imperativamente el deber de realizar pronunciamientos ante los agravios planteados, que los refleja en sus razonamientos fácticos y jurídicos. La infracción de las normas invocadas incide directamente en el fallo, ya que la Corte Sentenciadora al no realizar los pronunciamientos correspondientes a los agravios expuestos por la sociedad mercantil denominada CEMENTOS DEL NORTE, S.A. (CENOSA) como apelante, infringe los requisitos infernos que debe contener la sentencia como ser los argumentos faticos y jurídicos motivados a esos agravios expuestos por el apelante. La infracción incide directamente en el fallo, porque la Corte Sentenciadora al omitir una declaración ante los agravios expuestos por la sociedad mercantil denominada CEMENTOS DEL NORTE, S.A. (CENOSA), ha dejado de apreciar que la sociedad mercantil denominada CEMENTOS DEL NORTE, S.A., ha sido sancionada por haber suscrito un contrato de Clinker con la otra empresa cementara independientemente que no hayan fijado precios o reparto de mercados, lo que resulta en una violación al artículo 70 párrafo primero de la Constitución de la República. Incide directamente en el hecho que, al no existir una norma expresa prohibitiva, puede la sociedad mercantil denominada CEMENTOS DEL NORTE, S.A., realizar todo aquello que la ley no lo prohíbe, y. por ende no esté sujeta a una sanción. Y, este punto debatido está intrínsecamente relacionado sobre la infracci6n de la norma reguladora de la sentencia impugnada, porque carece del pronunciamiento que la norma obliga a la Corte Sentenciadora que debe efectuar ante esos agravios expuestos por el apelante.” II.- Que el anterior cargo debe ser desestimado, ya que el Recurrente ha incurrido en los siguientes errores técnicos: a) en su formulación se invoca la infracción de normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, señalando como tales a los artículos 200 numeral 2) incisos c) y d) y 207 numeral 2) del Código Procesal Civil, pero en su explicación alude a la violación del artículo 70 párrafo primero de la Constitución de la República, por lo que no es preciso en esa indicación de los preceptos jurídicos infringidos; y, b) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual esta vendado a este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. III.- Que el abogado MARVIN FRANCISCO DISCUA SINGH, representante procesal de la parte demandada en su primer motivo de casación invoca: “Infracción, por aplicación inadecuada del artículo 332 de la Constitución de la República de Honduras, que dice: "El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares. Sin embargo, el Estado por razones de orden público e interés social, podrá reservarse el ejercicio de determinadas industrias básicas, explotaciones y servicios de interés público y dictar medidas y leyes económicas, fiscales y de seguridad pública, para encausar, estimular, supervisar, orientar y suplir la iniciativa privada, con fundamento en una política económica racional y planificada". Concepto. Se ha infringido, por aplicación inadecuada el artículo 332 de la Constitución de la República de Honduras, en cuanto que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo invoca una norma constitucional que no aplica al caso concreto. La norma constitucional establece, por una parte, la garantía del ejercicio de actividades económicas con carácter primordial para los agentes económicos particulares; y por la otra, la excepción o reserva a dicha garantía, que opera en los casos en el que el Estado, por razones de orden público e interés social, participa en el mercado como un agente económico, esto es, el Estado suple una necesidad que, primordialmente, corresponde ser ejercida por los particulares. Nótese que el texto de dicha norma constitucional no refiere una intervención vía una fijación o establecimiento de precios. Lo que evidentemente refiere la norma en cuestión es sobre el rol de estado empresario mediante el ejercicio de determinadas industrias básicas, explotaciones y servicios de interés público; así como dictar medidas y leyes económicas, fiscales y de seguridad pública, con el objeto de encausar, estimular, supervisar, orientar y suplir la iniciativa privada. La Corte fundamenta que la intervención del estado por medio del control o fijación de precios, realizado a través de su voluntad administrativa mediante decretos, acuerdos, se encuentra amparada en la norma constitucional en cuestión. igualmente arguye que "... conforme a lo establecido en la Constitución de la República, se desprende que efectivamente el espíritu de dicha intervención es una política económica racional y planificada ...". Evidentemente, esta fundamentación representa una aplicación indebida o inadecuada de dicha norma, por parte de la Corte de Apelaciones. Se advierte Honorable Corte, que la referida norma constitucional, no establece que el Estado puede intervenir en la economía mediante control o fijación de precios. Lo que se refiere la norma en cuestión es que el rol empresarial del estado mediante el ejercicio determinadas industrias básicas, explotaciones y servicios de interés público, se realiza con fundamento en una política económica racional o planificada. En consecuencia, resulta evidente que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha violado el artículo 332 constitucional por aplicación inadecuada. En ese orden, lo que se imponía por imperio de la ley, era declarar con lugar el recurso de apelación y a su vez declarar nulidad de la sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado de letras de lo Contencioso Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, en fecha 18 de Mayo de 2016, por haberse demostrado la realización de la practica restrictiva y prohibida según el artículo 5 No. 1) de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, por parte de CENOSA y su único competidor. Causal. Sirve de fundamento al presente motivo, la causal de casación comprendida en el Articulo 719 No. 2 del Código Procesal Civil, que dice: Causales del Recurso. 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” IV.- Que el anterior cargo es inadmisible ya que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual esta vendado a este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) alegando aplicación inadecuada o indebida, además de la norma infringida se debió indicar cuál era la disposición jurídica que debió aplicarse en su sustitución. V.- Que el mismo Recurrente en su segundo motivo de casación invoca: “. Infracción, por falta de aplicación de la norma procesal contenida en el numeral 1 del artículo 35 del Código Procesal Civil que dice así: "Salvo sumisión expresa o que la ley disponga otra cosa: 1. Las personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su domicilio .... 2 ... ". Norma que encuentra fundamento en la garantía contenida en el artículo 90 de la Constitución de la República, que en su párrafo primero dice lo siguiente: "Nadie puede ser juzgado sino par juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece." Concepto. La Corte sentenciadora, infringió el ordenamiento jurídico vigente al no resolver sabré la falta de competencia del juzgado de primera instancia, quien indebidamente y a pesar de habérsele advertido de manera oportuna por medio de la declinatoria correspondiente, se atribuyó competencia para conocer de una demanda que, por razón del domicilio de mi representada, le era imperativo declinar su conocimiento y remitir el expediente al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa. Vale indicar que la acción de declinatoria fue interpuesta en tiempo y forma, sin que el Juzgado de primera instancia suspendiera el plazo para contestar la demanda, y darle el trámite procesal correspondiente. En este punto Honorable Corte, debemos recalcar que se alega la infracción procesal sobre formalidades imperativas, específicamente, la relativa a la falta de competencia territorial del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, como ente emisor de la sentencia en primera instancia en vista de las razones y normas de derecho siguiente: 1. En cuanto a la naturaleza jurídica y el domicilio del demandado, se expone los artículos 20 y 21 de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia (Ley o Ley de Competencia), en los que se prescribe que la Comisi6n fue creada como institución autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio, que su domicilio legal es la capital de la República (véase Decreto No. 357-2005 contentivo de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia). De ahí que, para efecto de determinar la Competencia Territorial, específicamente, el Fuero General de las Personas Jurídicas, cualquier Juzgado o Corte, devino en la obligación de observar y proceder con lo prescrito en el numeral uno (1) del artículo 35 del Código Procesal Civil, que en lo conducente dice: "Las personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su domicilio ... ". 2. Que el artículo 90 de la Constitución de la República prescribe en su párrafo primero lo siguiente: "Nadie puede ser juzgado sino par juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. . ..". En ese sentido, se le advirtió tanto al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula como a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que las normas de orden público y los principios en ellas contenidos, entre ellos, los que atañen al debido proceso, son de inexcusable observancia. Específicamente, nos permitimos citar lo establecido en el numeral 1 del artículo 7 del Código Procesal Civil relativo a la Legalidad Procesal y Formas, aplicado supletoriamente en la jurisdicci6n contenciosa administrativa, de conformidad con el artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 22 del Código Procesal Civil, en el sentido que: "El proceso civil se desarrollara según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en el, son imperativas". 3. Es claro que, por imperativo legal, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula no era competente por razón de su territorio para conocer sobre la demanda de mérito, siendo el competente para conocer dicha demanda, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa. Sin embargo, el incompetente tribunal A quo hizo caso omiso al ordenamiento legal y produjo una gran incertidumbre e inseguridad jurídica en el manejo de la declinatoria por falta de competencia territorial. 4. Consta en el expediente judicial de mérito, que dicho juzgado incompetente resolvió de manera extemporánea las cuestiones relacionadas con la suspensión del plazo para contestar la demanda en el proceso ordinario, esto es, en contraposici6n a lo que manda el artículo 45.2 del Código Procesal Civil que establece, en relación a la proposición y efectos de la declinatoria, que: "Su interposición en tiempo y forma suspenderá, hasta que sea resuelta, el plaza para contestar la demanda en el proceso ordinario ... ". En ese sentido, se forzó la contestación de la misma, no sin antes advertir sobre la violación al debido proceso, en virtud que no se sigui6 el procedimiento de ley. Asimismo, consta que en el recurso de apelación también se alegó la presente infracción al ordenamiento jurídico. En consecuencia, lo procedente era que la Corte de Apelaciones declarara con lugar la apelación, y en definitiva, enmendar la grave infracción que la Jueza del Juzgado A quo le produjo al sistema legal, violentando el debido proceso, el estado de derecho, y acarreando nulidad en la presente causa. Causal. Sirve de fundamento al presente motive, la causal de casación comprendida en el Articulo 719 No. 1 literal a) del Código Procesal Civil, que dice: Causales del Recurso. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La Jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional y adecuación de procedimiento.” VI.- Que no resulta admisible el anterior cargo, ya que el Censor del fallo expone una cuestión de competencia por razón de territorio que fue resuelta en su momento procesal oportuno y al no haberla impugnado, consintió la resolución del Juzgado, por lo que no cabe su señalamiento en este extraordinario recurso; además, en su explicación hace referencia a disposiciones no indicadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 7 numeral 1), 22, 35 numeral 1) y 45 numeral 2) del Código Procesal Civil; 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 20 y 21 de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia. VII.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el único motivo propuesto por el abogado RICARDO A. PADILLA P., representante procesal de la parte demandante y los 2 motivos formalizados por el abogado MARVIN FRANCISCO DISCUA SINGH, representante procesal demandado, en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil. VIII.- Consecuentemente en esta presente etapa procesal procede declarar inadmisible los recursos de casación, dejando establecido que de conformidad a lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil en su numeral 1) contra esta resolución no cabe recurso alguno. POR TANTO: La Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo pronunciándose por unanimidad de votos en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 reformado ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 79, 129 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 721 numeral 1), 723, 724, 725 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 del reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; profiere el presente RESUELVE: 1) NO ADMITIR el único motivo de casación formalizado por el abogado RICARDO A. PADILLA P., representante procesal de la parte demandante; 2) NO ADMITIR los dos motivos de casación formalizados por el abogado MARVIN FRANCISCO DISCUA SINGH, representante procesal demandado; 3) DECLARAR FIRME la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdiccional nacional; 4) SIN COSTAS, por haber tenido motivos racionales para litigar.- Y MANDA.- Que se notifique y al quedar firme la presente resolución, se remita la certificación de estilo a los Tribunales de instancia.- Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.” Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los diecinueve días del mes de noviembre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha treinta de octubre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA637-2019.” Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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