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Sentencia CA-588-18 — Registro 13208

Resumen

En segunda instancia se confirma la sentencia,bajo el criterio que la génesis del conflicto radica en verificar si la membresía otorgada por la demandante sus miembros, merece ser gravable a través del impuesto sobre venta, membresía en la cual su funcionamiento se basa en un sistema de afiliados que, mediante el pago de una cuota, se convierten en socio afiliado al sistema con acceso a una gama de productos nacionales e internacionales, cuyo objetivo es ofrecer precios muy competitivos sin perder calidad en los productos para mantener una buena base de clientes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) al exponer la explicación del motivo, insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso conforme lo establecido en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) realiza alegatos propios de instancia y hace referencia a normativa no señalada como infringida o relacionada en su formulación, tal es el caso de los artículos 303 de la Constitución de la República, 1, 2 y 15 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de diciembre de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: La sociedad mercantil PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V., representada en juicio por el Abogado MILTON GABRIEL RIVERA URQUIA; y, Recurrida: EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, representado en juicio por el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA. OBJETO DEL PROCESO: demanda especial en materia tributaria, en la que se impugna un acto administrativo de carácter tributario, por no ser conforme a derecho y se solicita su anulación, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas con el pleno restablecimiento de la misma, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, por el Abogado MILTON GABRIEL RIVERA URQUIA, en su condición de apoderado de la sociedad PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V., contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda que en fecha 20 de marzo del 2013 se le notificó de la Resolución A.L. 155/2012 emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, mediante la cual resolvieron declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto para que se otorgue a PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V una nota de crédito complementaria por L.1,238,650.99, denegación que se basa en la confirmación de un porcentaje adicional en concepto del impuesto sobre venta, por ingresos derivados de membresías de Pricesmart Honduras S.A de C.V., explota un concepto comercial que consiste en que los clientes que deseen adquirir productos que se encuentra a disposición dentro de sus tiendas, deben afiliarse en condición de clientes, otorgándoles una tarjeta con su respectiva fotografía, tarjeta cuya unida finalidad es la de acreditar la calidad de miembro a quien se le ha extendido. En relación a lo anterior, la parte demandante realizó un cobro por la emisión de la respectiva tarjeta de membresía, pues a la misma no se le debe aplicar el impuesto sobre ventas a dichos cobros ya que dicha operación no califica ni como venta de mercadería ni prestación de un servicio, que son los conceptos que conforme el articulo uno de la Ley de Impuesto Sobre Ventas están sujetos a dicho impuesto. Al contrario de lo que en forma arbitraria la Secretaría de Finanzas pretende establecer, la membresía no califica como un servicio ya que en realidad es un derecho incorpóreo por las siguientes razones: a. El artículo 599 del Código Civil establece que los bienes consisten en cosas corporales e incorporales; b. Por su parte el primer y tercer párrafo del artículo 610 del Código Civil establecen literalmente lo siguiente: “Articulo 610.- Las cosas incorporales o derechos, se dividen en reales o personales ... Derechos personales son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o por disposición de la ley, están sujetas a las obligaciones correlativas.”; Pues bien, en el caso de las membresías que se extienden al afiliado de la demandante, éste adquiere derechos exigibles dentro de sus establecimientos, derecho que consiste en poder ingresar a los distintos almacenes para adquirir la mercadería. De modo que, la demandante al aceptar un cliente como miembro, queda en la obligación de concederle al cliente el ingreso a los clubes y almacenes que opera; por lo tanto, la membresía adquirida por esa persona determinada constituye un derecho personal, ya que solo es a la actora que se le puede reclamar la obligación correlativa de permitirle el ingreso a sus almacenes, entonces al quedar claro que es un derecho personal, también es claro que representa un derecho incorpóreo, según la clasificación realizada por el precitado artículo 610 del Código Civil. Para acreditar la calidad de miembro a los clientes de la actora se les extiende una tarjeta de membresía y no se puede considerar bajo ningún punto que la emisión de dicha tarjeta representa un servicio, ya que su única función es acreditar un derecho incorpóreo que el afiliado posee, de la misma forma que un título de acción sirve para representar la calidad de accionista, o como la tarjeta de crédito sirve para acreditar que el tarjetahabiente tiene autorizada línea de crédito. En este punto es importante señalar, que el impuesto sobre ventas no se aplica al momento en que se emite un título de acción, ni aun cuando ese título de acción es objeto de venta por parte del accionista a otra persona. De la misma forma las compañías emisoras de tarjetas de crédito no aplican el impuesto sobre ventas cuando realizan el cobro a sus clientes por la emisión de la respectiva tarjeta de crédito. También se pretende desvirtuar lo que la Secretaria de Finanzas concluye en el considerando quince de la resolución, cuando afirma que la membresía es un servicio, simplemente porque en la página web que tiene habilitada, una parte indica que para el proceso de afiliación es necesario presentarse al departamento de servicios de membresía en cualquier almacén de Pricesmart Honduras SA. de C.V. independientemente del lenguaje que el técnico de programación que creó la página web haya decidido utilizar; resulta claro que la esencia o realidad económica de la membresía no es un servicio sino un derecho incorpóreo. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandada en fecha 4 de diciembre del 2009, emitió resolución DEI 1563-DA-ARN-L-2009, por medio de la cual resolvió la solicitud denominada “NOTA DE CREDITO” por L. 11,163,205.24, originada al realizar y aceptar transacciones de clientes de la ahora demandante a través de pagos hechos por medio de Tarjetas de Crédito y por ende al momento de recibir el reembolso de las emisoras de las tarjetas de crédito, únicamente recibe el valor neto de las transacciones, excluyendo el valor correspondiente al impuesto sobre ventas. Según Considerando 18 de la Resolución supra aludida se establece: “Que realizadas las investigaciones y como resultado del análisis se comprobó que procede el crédito fiscal por la cantidad de L. 9,924,554.25”.- Considerando19: “Que el ajuste por la cantidad L.1.238,650.99, se debe a las diferencias entre las ventas declaradas y las verificadas así... y al ajuste de ingresos por membresía del periodo comprendido entre el mes de septiembre a diciembre, por considerarse un servicio gravado así ... POR TANTO: La Dirección Ejecutiva de Ingresos en uso de las facultades que la ley le confiere a través de la Administración Región Noroccidental y en aplicación de los Artículos: 80, 321 de la Constitución de la República; 4, 71, 122, 123 y 129 del Código Tributario; 1,2, 8 y 12 de la Ley de Impuesto sobre Ventas; reformado por Decreto 51-2003 Ley de Equidad Tributaria; 83 y 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1 y 2 del Decreto 2162004 Ley de Estructuración de la Administración Tributaria; Acuerdo No. 0397-2005 y Dictamen DEI 032-DA-ARN-L- 2009, emitido por el Departamento de Auditoria, Sección Revisión de casos.” Por lo anteriormente señalado se concluye que el acto administrativo impugnado relacionado con un ajuste es procedente, ya que el mismo está fundamentado en el marco jurídico atinente a la materia que nos ocupa, el cual se relaciona en el acto impugnado y se encuentra en las Resoluciones, de la Dirección Ejecutiva de Ingresos N° DEI-1563-DA-ARN-L-2009; y Resolución N° DEI-SAL-3305-2010 y la última emitida por la Secretaría de Finanzas Resolución N° AL. 155/2012, que son prueba fehaciente de la legalidad en su emisión al realizar Ajuste al impuesto sobre ventas declarando Parcialmente con lugar la Nota de Crédito solicitada por el Apoderado legal del demandante confirmando el Ajuste por la cantidad de L.1,238,650.99, en virtud de que las tarjetas de membresía que emite y vende la Sociedad Mercantil demandante a sus clientes, se constituye según Ley de Impuesto sobre Ventas como la venta de un servicio gravado con el Impuesto correspondiente. El demandante se toma atribuciones que no le competen al interpretar de forma antojadiza la Ley de Impuesto sobre Ventas en su artículo 1, no teniendo facultades para interpretar la Ley, por lo que de acuerdo a los artículos 1, 2, 5 y 6 de la citada Ley, es evidente la incongruencia del demandante al argumentar que la emisión de tarjetas de membresía no es un servicio, lo cual es erróneo, pues la emisión de tarjetas de membresía obviamente si es un servicio que dicho demandante debió gravar con impuesto sobre ventas, desde el momento de la emisión y venta de las mismas, lo cual nunca hizo, ya que dichas tarjetas de membresía tienen un precio para las personas que lo soliciten y que deseen ser miembros, la demandante vende las tarjetas de membresía y brinda al público interesado la posibilidad de accesar a las establecimientos abiertos al público, en consecuencia es gravable según el artículo 1 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, por la venta de cada tarjeta de membresía; lo anterior coincide con lo establecido en este hecho por la demandante, en donde reconoce que realiza un cobro a cada cliente por emisión de tarjetas de membresía. Por otra parte, las cosas incorporales o derechos, según el Código Civil, del articulo 610 en adelante, se definen los derechos reales, como aquellos que se tienen sobre una cosa sin que esté relacionada con una determinada persona y pueden ser ejercidos contra todos y los derechos personales como aquellos que pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o por decisión de la Ley han contraído las obligaciones correlativas. En el caso que nos ocupa la calidad de miembro o afiliado se adquiere por la compra de un carné de membresía para poder ingresar a los establecimientos abiertos al público, sin embargo, los afiliados no adquieren precios especiales, ni contraprestaciones correlativas a su calidad de miembro, es decir que la obligación del socio o miembro de los establecimientos Pricesmart solamente se reduce al pago anual por el acceso a entrar para hacer las compra de los productos ofrecidos, pero no existe un precio especial o una contraprestación por parte de la Sociedad, siendo falso de que existen clubes o beneficios adicionales; en vista de lo anterior se concluye que el contrato de membresía suscrito por los clientes del demandante para lograr su membresía, se define coma un contrato "oneroso", por medio del cual dicha sociedad se obliga a permitir el acceso a sus establecimientos a los portadores de la membresía y los afiliados se obligan al pago anual del carnet que los habilita al ingreso de los establecimientos para la compra de productos; por tanto no se configura el derecho personalísimo como tal, señalado por el demandante; quien también alegó como sustento de su demanda que los miembros de PRICESMART poseen un derecho incorpóreo que es adquirido a través de la renovación anual de las tarjetas de membresía, las cuales tienen un costo económico (contrato oneroso), de manera que la demandante confunde y evade la realidad legal, pues lo que la actora proporciona y ofrece es un servicio, a través de la venta de las tarjetas de membresía anuales; por tanto en el presente caso no aplica calificar la venta de dichas tarjetas como un derecho incorpóreo, pues estos últimos no entran en el comercio de los hombres. Finalmente, señala que el artículo 3 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, el cual dice: “Para los efectos del cálculo del impuesto se considera como base imponible: a) En la venta de bienes y en la prestación de servicios la base gravable será el valor del bien o servicio, sea que esta se realice al contado o al crédito...”. Es de esta forma que la Ley estipula la base gravable y de hecho la afiliación a este comercio mediante la figura de membresía, lo cual implica una contraprestación por parte del emisor; es más en el proceso para la afiliación a este establecimiento comercial se invita al público a través de la página de internet avocarse al Departamento de servicios de membresía. 3. El Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de marzo del dos mil dieciséis, dicto sentencia definitiva declarando IMPROCEDENTE la acción, por estar ajustado a derecho el acto impugnado, sin costas, bajo el criterio que se puede establecer que el demandante en fecha 03 de febrero del 2009, compareció en vía administrativa ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos, solicitando Nota de Crédito por la cantidad de L.11,163,205.24., para ser aplicada en cualquier impuesto futuro que tenga que realizar la empresa PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V y que administrado por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), argumentando que su representada acumulo un crédito fiscal a su favor en vista de que la mayoría de las transacciones se realizan mediante pago con tarjeta de crédito, en consecuencia al momento de recibir el reembolso de parte de los emisores de Tarjetas de crédito únicamente reciben el neto de las transacciones realizadas durante el mes, por lo cual no obtienen el débito fiscal suficiente para compensar todo el crédito fiscal acumulado; En fecha 04 de Diciembre del 2009, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, mediante resolución DEI 1563-DA-ARN-L-2009, declaró parcialmente con lugar lo solicitado por la parte demandante y denegando la cantidad de L.1,238,650.99 en virtud de las diferencias entre las ventas declaradas y las verificadas, y al ajuste de ingresos por membrecías del periodo comprendido entre el mes de septiembre a diciembre, por considerarse un servicio gravado.- Posteriormente, la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), mediante Resolución DEI-SAL-3305-2010 de fecha 26 de mayo del 2010, declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el demandante (folios 130 y 131); el apoderado demandante interpuso Recurso de Apelación, mismo que fue resuelto por la Secretaría de Finanzas, mediante Resolución No. A.L. 155/2012 declarando sin lugar el mismo y confirma la resolución DEI-SAL-3305-2010, en vista de lo anterior, se estima que en el caso de mérito el acto que hoy se impugna fue dictado de conformidad a derecho, esto, porque si bien es cierto la parte demandante manifiesta que su cliente realiza un cobro por la emisión de la tarjeta de membrecía y no aplica el impuesto sobre ventas a dichos cobros, ya que dicha operación no califica como venta de mercadería ni prestación de servicio, por lo que no se aplicaría lo establecido al artículo 1 del Impuesto sobre ventas, que establece: “Crease un impuesto sobre las ventas realizadas en todo el territorio de la república, el que se les aplicará en forma no acumulativa en la etapa de importación y en cada etapa de venta de que sean objeto las mercaderías o servicios de acuerdo con lo establecido en esta ley y su reglamento”, lo cual no es cierto, en virtud de que la sociedad mercantil demandante vende a sus clientes una tarjeta de Membrecía que es un servicio que otorga al derecho habilitante del acceso a las instalaciones de dicha empresa para poder adquirir los productos de venta en el local; siendo así, encontramos que Mercadería: Es todo aquello que se puede vender o comprar y Servicio: es el conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de un cliente, por lo cual servicio no solamente es el poder adquirir una cosa, ya que este servicio puede tener carencia de propiedad, con el cual únicamente adquiera el derecho a recibir una prestación, al uso o acceso a algo, pero no su propiedad, como en el caso que nos ocupa, en el que la membresía solamente da derecho a ingresar a un local comercial, mas sin embargo para obtenerla tiene que pagar un valor monetario; Aunado a lo anterior ya la Ley de Impuesto Sobre Ventas instituye en su artículo 15 las ventas de bienes y servicios que se encuentran exentas del pago de impuesto, no encontrándose en el mismo el servicio que presta la demandante, en virtud de ello se debe declarar improcedente la presente acción. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha treinta de julio del dos mil dieciocho, dictó sentencia, CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la génesis del conflicto radica en verificar si la membresía otorgada por la demandante sus miembros, merece ser gravable a través del impuesto sobre venta, membresía en la cual su funcionamiento se basa en un sistema de afiliados que, mediante el pago de una cuota, se convierten en socio afiliado al sistema con acceso a una gama de productos nacionales e internacionales, cuyo objetivo es ofrecer precios muy competitivos sin perder calidad en los productos para mantener una buena base de clientes, es decir su finalidad es posibilitar el acceso del cliente a dicho establecimiento para la adquisición de bienes, lo que los convierte en agentes generadores de un ingreso por la cuota de dicha membresía, es decir, hay un ingreso para el establecimiento por la adquisición de la membresía hecho que se convierte en generador de impuesto, el cual sin ese servicio de membresía no hay opción a comprar, enmarcando al poseedor en la adquisición de un derecho personal ya que es intransferible, por ende, proporciona y ofrece un servicio de venta de tarjetas de membresía, servicio oneroso del cual brindando con ello un percibe directamente una retribución lucrativa en dinero a cambio del servicio de venta de tarjetas de membresía, por ende, nace una obligación tributaria por el hecho generador que origina tal obligación, relacionado con el artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas que literalmente define que dicho impuesto se establece a las mercancías o servicios de acuerdo con lo establecido en dicha ley, en consonancia con el artículo 2 del mismo cuerpo legal que establece que también se incluye dentro del término de ventas, los servicios gravados por esta ley, y al no estar exento de pago según el artículo 15 del mismo cuerpo legal, este servicio debe gravarse, no pudiendo dársele otro sentido a la Ley, las leyes fiscales se interpretarán siempre en forma estricta, por lo que para determinar su sentido y alcances no podrán utilizarse métodos de interpretación extensivos o análogos, en la que por ser una obligación tributaria los órganos de la administración pública deben sujetarse a la jerarquía normativa que establece el Código Tributario. 5. La representación procesal de la parte recurrente, el Abogado MILTON GABRIEL RIVERA URQUIA, en fecha veintinueve de agosto del dos mil dieciocho, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha treinta de julio del dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.120-16, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.015-13 del Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha diez de septiembre del dos mil dieciocho, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, presentó en fecha once de octubre del dos mil dieciocho, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintiséis de octubre del dos mil dieciocho el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA y en fecha veinte de noviembre del dos mil dieciocho el Abogado MILTON GABRIEL RIVERA URQUIA. 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha once de diciembre del dos mil dieciocho, teniendo por personados al Abogado MILTON GABRIEL RIVERA URQUIA como recurrente y al Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA como parte recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer motivo manifestando lo siguiente: “CAUSA: La errónea aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia del 30 de julio de 2018, emitida por la Corte de Apelaciones. En este caso se invoca como motivo de casación el contemplado en el artículo 719.1 letra c) del Código Procesal Civil, es decir, la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. En directa relación a este motivo, a pesar de que se alegara como otro motivo de casación, es importante destacar que nos remitimos no solo a la ausencia de contenido legal de la sentencia para tipificar las membresías emitidas por mi representada como un servicio, sino también es importante destacar, que en este apartado sobre todo se ha vulnerado la forma y contenido de la sentencia emitida, identificado como motivo de casación en el ya mencionado artículo 719.1 letra c). PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1 letras c del Código Procesal Civil. La vulneración alegada va de la mano con la disposición contenida en el artículo 200. 2 letra c) del Código Procesal Civil que a la letra señala: ...2) En particular, la redacción de las sentencia se ajustara al contenido formal siguiente: a)...b)...c) En los fundamentos de derecho se expresaran, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. En sintonía con el articulo precedente, el articulo 206.1 y numeral 2 señala que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2. El Tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso ... Finalmente y siempre con fundamento en el motivo de casación del contenido de la sentencia el articulo 207 en su numeral 1 señala que: Las sentencias se motivaran expresando la aplicación e interpretación del derecho. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Partiendo de los argumentos que se impugnan, antes señalados, el presente recurso se fundamenta en lo siguiente: Conforme con lo dispuesto en el artículo 719.1 del Código Procesal Civil, es causal de recurso de casación la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Al analizar la sentencia recurrida, es evidente que la ausencia de los siguientes requisitos procesales incurre en el vicio señalado anteriormente: 1. La absoluta ausencia en la sentencia, específicamente en el acápite "fundamentos de derecho", tal y como lo exige la norma del articulo 200.2 letra c) del Código Procesal Civil, de la expresión en párrafos separados y numerados los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. 2. La falta absoluta de claridad, precisión y exhaustividad en la misma tal como lo exige la norma del artículo 206.1 del Código Procesal Civil. 3. Siempre en referencia al artículo 200.2 letra c), la sentencia que se impugna no contempla fundamentos legales validos o aplicables al caso para tipificar como un servicio, las membresías que mi representada conceda a sus clientes, la cual es definida por la Real Academia Española como la "Condición de miembro de una entidad." EXPLICACION DE ESTE MOTIVO DE CASACION: En relación a la absoluta ausencia en la sentencia, específicamente en el acápite ''fundamentos de derecho" tal y como lo exige la norma del articulo 202.2 letra c) del Código Procesal Civil, de la expresión en párrafos separados y numerados los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresi6n concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. Digo: En este apartado causa agravio la forma y el contenido de la sentencia, pues de la simple lectura de la misma no se desprende que La Corte de Apelaciones, haya plasmado, en el acápite "fundamentos de derecho", en párrafos separados y numerados los puntos de derecho fijados por las partes y tampoco define cual es la cuestión objeto de controversia. nótese que, de la lectura de la sentencia, se desprende que en los Fundamentos de derecho hay un único numeral, el numeral cuarto del mismo, y en dicho numeral no se fijan cuáles son los fundamentos de derecho de las partes, ni tampoco se identifica cual es el objeto del recurso. Ante la total ausencia de expresión de los requisitos de necesaria concurrencia contemplados en el artículo 200.2 letra c) del Código Procesal Civil, es decir no se señala se puede consultar dicho diccionario en línea a través de su sitio "web" www.rae.es cuáles son los fundamentos de derecho esgrimidos por las partes para interponer ni contestar el recurso de apelación, tampoco define cual es la cuestión objeto de debate ni tampoco aplica un fundamento legal valido para resolver dicho recurso; la Corte de Apelaciones resuelve el recurso planteado, obviando los anteriores requisitos de necesaria concurrencia tal y como lo exige el articulo 200.2 letra c) y por tal motivo, la ausencia de la expresión de cuales fueron los fundamentos de las partes y el objeto de la controversia, motiva que no haya ningún fundamento legal valido para resolver dicho recurso. La falta de estos requisitos legalmente exigidos, y que deben formar parte esencial de la sentencia, motiva la falta de expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. En este punto es meritorio destacar que La Corte de Apelaciones en el numeral cuarto de su fallo, NO CITA NIGUN FUNDAMENTO DE DERECHO VALIDO PARA ENTONCES Y SOLO ENTONCES SOSTENER QUE LA VENTA DE UNA MEMBRESIA, ES UN SERVICIO. De la lectura de dicho fallo no hay un solo fundamento de derecho que justifique por qué La Corte de Apelaciones entiende que lo que hay en esa relación es un servicio. Es importante señalar que mi poderdante no vende "tarjetas de membresía" a sus afiliados, se las extiende para que puedan acreditar su calidad de miembro, por lo que Resulta lógico e indispensable que la persona necesite un documento para acreditar que es miembro del club, y para ello se le extiende la respectiva tarjeta. II. En relación con la falta absoluta de claridad, precisión y exhaustividad en la misma tal como lo exige la norma del artículo 206.1 del Código Procesal Civil. Digo: Tal y como ya he referido, la norma del artículo 206.1 del Código Procesal Civil señala que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. Honorable Sala, la sentencia que se recurre no aclara en ninguno de sus fundamentos de derecho, porque entiende que lo que hay en esa relación que se suscita entre mi representado procesal y sus clientes es un servicio. La sentencia, sin brindar ningún fundamento de derecho, se limita a referir que el solo hecho de ser afiliado y por consiguiente tener acceso al supermercado (pues el acceso como tal a los productos, beneficios y descuentos referidos en la sentencia recién se materializa cuando el cliente realiza una compra por el cual mi representado no solo cobra el Impuesto Sobre Venta sino que también lo entera al Estado), es en sí mismo un servicio, pero Cual es el fundamento legal para que La Corte de Apelaciones defina esto? ¿Cuál es el articulo o ley dentro de nuestro derecho positivo que establece eso? La Corte de Apelaciones no lo aclara en su sentencia, y por ello dicha sentencia es oscura al no referir cual es el fundamento legal y no personal que le lleva a la conclusión de que lo que hay en esa relación es un servicio. En este punto es meritorio destacar lo contemplado en el artículo 303 de nuestra Constitución, la cual señala que los jueces y magistrados únicamente están sometidos a la Constitución y las Leyes. ¿Pero, en ese sentido, la que ley esta se ha sometido La Honorable Corte de Apelaciones para decidir que lo que mi representado procesal realiza al afiliar a un cliente es un servicio? La sentencia no lo dice y por tal motivo debe ser casada. Por otro lado, nótese que la norma del artículo 206.1 exige que la sentencia de la Corte de Apelaciones sea precisa y exhaustiva. En el presente caso honorable sala no se da ni uno ni otro requisito. Se señala lo anterior pues la sentencia no precisa el fundamento de derecho que ha utilizado para señalar que lo que hay en la relación entre mi representado y los clientes sea un servicio. Es más, es todo lo contrario. La sentencia es imprecisa, pues sostiene que el hecho de obtener un pago por la membresía que el cliente paga, se convierte en un hecho generador del impuesto. La imprecisión de la Corte de Apelaciones radica, en que considera en el numeral cuarto de su sentencia que ... es decir hay un ingreso para el establecimiento por la adquisición de la membresía, hecho que se convierte en generador de impuesto ... Honorable Sala, el hecho generador al que da nacimiento la percepción de un ingreso producto del trabajo es el que da origen al impuesto sobre la renta y no sobre ventas, así lo dispone el artículo 1 de la Ley de impuesto sobre la Renta al señalar que se establece un impuesto anual denominado impuesto sobre la renta, que grava los ingresos provenientes del capital, del trabajo o de la combinación de ambos ... Esta imprecisión de La Corte de Apelaciones, en el doble sentido de no señalar con la necesaria precisión cual es el fundamento de derecho que le llevo a entender que hay un servicio en esta relación, y la imprecisión en la cual desemboca al entender que el ingreso como tal es el hecho generador del impuesto sobre venta, cuando todo ingreso a lo que da origen como hecho generador es al impuesto sobre la renta, motiva que la sentencia carezca de claridad y por consiguiente deba ser revocada. Igual, circunstancia se observa con respecto a la falta de exhaustividad. Es decir, La Corte de Apelaciones en su sentencia no es exhaustiva. Tal y como se argumentó y explico en la falta de precisión, La Corte de Apelaciones no guarda la debida exhaustividad para señalar porque lo que hay en esta relación de membresía que hay entre mi representado y sus clientes-miembros es un servicio. Para responder esto, no solamente se ha valido de un solo numeral, ambiguo e impreciso, sino que tampoco desarrolla por qué el ingreso en sí mismo da origen al hecho generador del impuesto sobre ventas. III. En referencia al artículo 200.2 letra c), la sentencia que se impugna no contempla fundamentos legales validos o aplicables al caso para tipificar o calificar como un servicio, las membresías que mi representada emite a sus clientes, la cual es definida por la Real Academia Española como la "Condición de miembro de una entidad." Digo: Es preciso mencionar que la actividad mercantil que realiza mi poderdante es la venta de toda clase de productos en bodega, tal y como se puede apreciar de la lectura de su escritura social y como lo puede comprobar cualquier persona que entra a sus almacenes. Por lo que, la actividad mercantil que realiza PriceSmart implica la venta de mercadería (no la de servicios), y sus miembros o afiliados pagan el impuesto sobre ventas cuando realizan el pago en caja de aquel producto que compran y que se encuentra gravado con dicho impuesto. Asimismo, aún y cuando la membresía otorga el derecho a la adquisición futura de bienes mediante la compra de los mismos, la membresía en si no puede ser considerada una compraventa desde el punto de vista civil y mercantil, ya que no existe tradici6n de dominio ni entrega de cosa determinada al momento de suscribir la membresía. La sentencia de apelación impugnada, se limitó a establecer que las membresías otorgadas por mi representada se encuentran afecta al impuesto sobre ventas y por tanto deben tributar por los ingresos derivados de dicha relación contractual y para respaldar esta posici6n, transcribió varios preceptos legales. Sin embargo, nunca especificó el asidero legal que incluyen a las membresías que emite mi representada como una mercadería o servicio, por lo que no desvanece los argumentos de mi representada ni prueban que las membresías sean objeto de aplicación del impuesto sobre ventas. Al omitir la sentencia que se impugna los fundamentos legales validos o aplicables al caso para tipificar o calificar como un servicio las membresías que mi representada concede a sus clientes, inobservó lo dispuesto en el artículo 303 de la Constitución de la República que manda que los jueces y Magistrados de la Corte de Apelaciones se sometan a la Constitución de la República y a las leyes. De ahí que, toda sentencia que emitan los órganos jurisdiccionales deben sustentarse con un fundamente jurídico claro que se encuentre incorporado dentro de nuestro derecho positivo. Si bien en la sentencia recurrida la Corte de Apelaciones refiere a varios artículos de la Ley del Impuesto sobre Ventas (e.g. Artículo 1, 2, 15) ninguna de estas disposiciones define expresamente los términos de Mercadería y Servicios, conceptos que han sido elementales para su fallo, sino, más bien de dichos artículos resulta claro que las membresías que extiende mi representada escapan de la aplicación del impuesto sobre ventas.” II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) al exponer la explicación del motivo, insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso conforme lo establecido en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) realiza alegatos propios de instancia y hace referencia a normativa no señalada como infringida o relacionada en su formulación, tal es el caso de los artículos 303 de la Constitución de la República, 1, 2 y 15 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas. III.- Que en un segundo motivo el Impetrante expone: “CAUSA: Infracción de la norma de derecho empleada en la solución del fondo del asunto contenido en el artículo 599 y 610 del Código Civil, que debió aplicarse como norma de derecho para la solución del fondo de litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719 2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION Y EXPLICACION DEL MOTIVO DE ESTE MOTIVO DE CASACION: El artículo 599 del C6digo Civil establece que los bienes consisten en cosas corporales e incorporales. Por su parte el primero y el tercer párrafo del artículo 610 del Código Civil establece literalmente lo siguiente: "Articulo 610.- Las cosas incorporales o derechos, se dividen en reales y personales… Derechos personales son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o por disposición de la ley, están sujetas a las obligaciones correlativas." Pues bien, en el caso de las membresías que extiende mi cliente, el afiliado adquiere derechos exigibles dentro de los establecimientos de mi representada, derecho que consiste en poder ingresar a los distintos almacenes que opera mi representada para adquirir mercadería. De modo que, al aceptar mi cliente coma miembro a una persona determinada, queda en la obligación de concederle a esta última el ingreso a los clubes y almacenes que opera. Por lo tanto, la membresía adquirida por esa persona determinada constituye un derecho personal, ya que solo es a mi cliente que le puede reclamar la obligación correlativa de permitirle el ingreso a sus almacenes. Al quedar claro que es un derecho personal, pues entonces es claro que representa un derecho incorpóreo mas no un servicio coma erróneamente lo ha resuelto La Corte de Apelaciones, según la clasificación realizada por el precitado artículo 610 de nuestro Código Civil. Para acreditar la calidad de miembro y que los afiliados puedan acceder a los clubes o almacenes que opera mi cliente, se les concede una tarjeta de membresía. No se puede considerar bajo ningún punto que la emisión de dicha tarjeta representa un servicio, ya que su única función es la de acreditar el derecho de carácter personal e incorpóreo de asociación voluntaria que el afiliado posee, de la misma forma que un título de acción sirve para representar la calidad de accionista, o coma la tarjeta de crédito sirve para acreditar que el tarjetahabiente tiene autorizada una línea de crédito. En este punto es importante señalar, su señoría, que el impuesto sobre ventas no se aplica al momento en que se emite un título de acción, ni aun cuando ese título de acción es objeto de venta por parte del accionista a otra persona. De la misma forma las compañías emisoras de tarjetas de crédito no aplican el impuesto sobre ventas cuando realizan el cobro a sus clientes por la emisión de la respectiva tarjeta de crédito. Por lo tanto, resulta incoherente y arbitraria la pretensión de gravar con el impuesto en refrenda las tarjetas de membresía que le emite mi cliente a sus afiliados.” IV.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que al igual que en la causal anterior, se insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo establecido en el artículo 720 numeral 1) del referido Código. V.- Que en un tercer motivo el Censor del Fallo expresa: “CAUSA: Interpretación errónea de los artículos 1 y 2 de la Ley del Impuesto sobre Ventas empleadas en la solución del fondo del asunto contenido. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil CONCEPTO DE LA INFRACCION Y EXPLICACION DE ESTE MOTIVO DE CASACION: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo fundamenta su sentencia en el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre Ventas, el cual establece literalmente lo siguiente: "Articulo 1.- Crease un impuesto sobre ventas realizadas en todo el territorio de la República, el que se aplica de forma no acumulativa en la etapa de importación y en cada etapa de venta que sean objeto las mercaderías o servicios de acuerdo con lo establecido en esta Ley y su Reglamento." De la norma anterior resulta meridianamente claro que el hecho que dicho impuesto grava es la venta de mercadería o servicios, no grava ingresos, ya que estos son gravados con el impuesto sobre la renta[1]2. Ahora bien, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo basa su conclusión de que las membresías que concede PriceSmart a sus miembros representa un hecho gravable del impuesto sobre ventas en la siguiente parte conducente de su sentencia: “…es decir su finalidad es posibilitar el acceso del cliente a dicho establecimiento para la adquisición de bienes, lo que los convierte en agentes generadores de un ingreso por la cuota de dicha membresía, es decir hay un ingreso para el establecimiento para la adquisición de la membresía, hecho que se convierte en generador de impuesto, ..." La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo realiza una interoperación errónea del artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre Ventas introduciendo el concepto de ingreso como un hecho generador de ese impuesto, cuando la norma legal en mención no lo contempla en ninguna de sus partes. Honorable Sala, el artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre Ventas es clara al referir que el hecho generador que da nacimiento al Impuesto sobre Ventas, es precisamente la venta de una mercadería o servicio y no el ingreso. Más adelante en la sentencia que impugnamos, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo expresa: "... por ende proporciona y ofrece UN SERVICIO DE VENTA DE TARJETAS DE MEMBRESIAS, brindando con ello un servicio oneroso del cual percibe directamente una retribución lucrativa en dinero a cambio del servicio de ventas de tarjetas de membresía, por ende, nace una obligación tributaria por el hecho generador que origina tal obligación." Estamos de acuerdo con la Corte de lo Contencioso Administrativo que el lucro, definido por la Real Academia Española como: Ganancia o provecho que se saca de algo, deriva en una obligación tributaria, pero del impuesto sobre la renta, que es el impuesto que grava las ganancias o utilidades que obtienen las compañías; esto viene a reafirmar la interpretación errónea que realiza la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre Ventas, al confundir su hecho imponible con el del impuesto sobre la renta. Toda esta interpretación errónea del artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre Ventas lleva a la misma Corte de Apelaciones a realizar una interpretación errónea del artículo 2 de ese mismo cuerpo legal, al concluir que al tratarse de un hecho gravable y no encontrarse exento de pago según el artículo 15 del mismo cuerpo legal, debe estar gravado, lo cual es erróneo porque tal y como lo hemos repetido la membresía no constituye un hecho gravable del impuesto sobre ventas. Los argumentos que se impugnan de la sentencia emitida por La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, establecen que los ingresos recibidos por mi mandante derivado de la emisión de tarjetas de membresía es un lucro directo que obtiene y por ende debe ser gravado de conformidad con la Ley. Estamos de acuerdo que dicho ingreso está gravado, pero no con el impuesto sobre ventas, como lo confirma la sentencia que se impugna, ya que se escapa de la aplicación del mismo por no subsumirse dentro de lo establecido en el Articulo 1 y 2 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, el cual establece que se considera ingreso toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, interés, producto, provecho, participación, sueldo, jornal, honorario y, en general, cualquier percepción en efectivo, valores, en especie o en crédito, que modifique el patrimonio del contribuyente.... para que una venta este gravada con la tasa de dicho impuesto, debe tratarse de una venta de mercaderías o de servicios, y que exista una transferencia del dominio de dichas mercancías de una persona natural o jurídica al dominio de otra. Ninguno de esos dos requisitos, la venta de una mercancía o servicio y la tradición de su dominio, se cumple en el caso de las membresías, por lo que, al no existir hecho generador, no se origina la obligación de gravar dichas membresías con el impuesto sobre ventas. La Corte de Apelaciones aplica una norma totalmente improcedente desde la óptica de la Ley del Impuesto Sobre Ventas al indicar que cuando Pricesmart concede la membresía, representa el hecho generador que obliga a mi representada a cobrar el impuesto sobre ventas. El hecho que la transacción a través de la cual mi representada emite una tarjeta de membresía implique un desembolso de dinero por parte del adquirente del derecho que dicha tarjeta consigna, no debe ser considerado como sinónimo de un hecho generador en el impuesto sobre la venta y esto es así ya que las membresías escapan del ámbito de aplicación de la ley del Impuesto sobre Ventas ya que la misma no constituye una venta de mercaderías o servicios tal como lo establece el artículo 1 de dicho cuerpo legal.” VI.- Que el anterior cargo, reúne los requisitos exigidos para su admisibilidad y por ello cabe su admisión y decidir, si se casa o no la sentencia impugnada. VII.- Que el recurso de casación tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional. VIII.- Que este Tribunal estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente en cuanto a la parte del fallo que resulte impugnada y a la cuestión jurídica concreta planteada en el recurso. Respetando los límites anteriores, para resolver el recurso podrá emplear las normas y fundamentos jurídicos que estime aplicables al caso, aunque difieran de los señalados por los recurrentes. IX.- El acto administrativo que se impugna es la resolución dictada por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, No. A.L. 155/2012 declarando sin lugar el recurso de apelación y confirmando la resolución emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI-SAL-3305-2010, la cual declaró parcialmente con lugar lo solicitado por la parte demandante PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V y denegando la cantidad de L.1,238,650.99 en virtud de las diferencias entre las ventas declaradas y las verificadas, y al ajuste de ingresos por membrecías del periodo comprendido entre el mes de septiembre a diciembre, por considerarse un servicio gravado,

X.- El Recurrente sostiene en el tercer motivo que ha sido admitido, el criterio que el ad quem ha interpretado erróneamente los artículos 1 y 2 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas, al señalarse de que se trata de un servicio de venta de tarjetas de membrecía, servicio oneroso del cual brindando con ello un percibe directamente una retribución lucrativa en dinero a cambio del servicio de venta de tarjetas de membrecía, por ende, nace una obligación tributaria por el hecho generador que origina tal obligación, relacionado con el artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas que literalmente define que dicho impuesto se establece a las mercancías o servicios de acuerdo con lo establecido en dicha ley, en consonancia con el artículo 2 del mismo cuerpo legal que establece que también se incluye dentro del término de ventas, los servicios gravados por esta ley, y al no estar exento de pago según el artículo 15 del mismo cuerpo legal, este servicio debe gravarse. XI.- Que las disposiciones que se señalan infringidas establecen: “Artículo 1. Créase un impuesto sobre las ventas realizadas en todo el territorio de la República, el que se aplicará en forma no acumulativa en la etapa de importación y en cada etapa de venta de que sean objeto las mercaderías o servicios de acuerdo con lo establecido en esta Ley y su Reglamento.[2] Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, debe entenderse por venta todo acto que importe transferencia a título oneroso de una mercadería del dominio de una persona natural o jurídica al dominio de otra, o que tenga por fin último la transmisión de dicho dominio independientemente de la designación que las partes den al contrato de origen o a la negociación, en que se incluye o involucre y de la forma del pago del precio, sea éste en dinero o en especie. También se incluyen dentro del término ventas, los servicios gravables conforme esta Ley, y el consumo o uso por el importador de las mercaderías que introduzca al país, o por el industrial o productor de las mercaderías o productos que, respectivamente, elabore o produzca y en tanto tales mercaderías no se encuentren expresamente exentas por esta Ley.[3]“ XII.- La interpretación errónea de la ley se produce cuando el juez habiendo aplicado la norma correspondiente al caso, le atribuye un sentido y alcance que no tiene, es decir que solo tiene lugar cuando el juzgador de instancia ha hecho una equivocada apreciación de la norma considerada en sí misma. XIII.- Al revisarse si efectivamente el Tribunal de alzada ha interpretado erróneamente los preceptos señalados, se puede determinar que no ha sido así, siendo que la membrecía de referencia, se trata de un bien que genera la empresa demandante, el cual deben adquirir y pagar sus clientes, para poderse afiliar y con ello ingresar a sus establecimientos y comprar los productos que en ellos se vende; por lo tanto, no cabe lo sostenido de que es simplemente un derecho personal, según lo que dispone el artículo 610 del Código Civil, dado que su emisión es realizada en la visión de negocio y vinculado estrechamente a sus actividades mercantiles; por otro lado, la afirmación de que tal cuestión no procede “De la misma forma las compañías emisoras de tarjetas de crédito no aplican el impuesto sobre ventas cuando realizan el cobro a sus clientes por la emisión de la respectiva tarjeta de crédito.”, esa situación obedece a que la misma Ley del Impuesto Sobre Ventas en el artículo 15 literal d) determina que se encuentran exentas del pago de dicho impuesto, entre otros, los servicios bancarios y financieros, lo cual no ocurre con las membrecías de una empresa que si bien brinda un servicio similar, no es del tipo bancario o financiero, que es propio de los regulados por la Ley de Instituciones Financieras. XIV.- En virtud de que el acto administrativo impugnado no incurre en infracción del ordenamiento jurídico, es procedente declarar No Haber lugar al recurso de mérito, determinando la firmeza de la sentencia recurrida, señalando que contra esta sentencia no procede recurso alguno. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 34, 35, 81, 82, 89, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 200, 206, 207, 208, 716, 718, 719 numeral 2), 725, 726 numeral 1) y 728 numeral 1) del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: 1) Declarar NO ADMITIR el primer y segundo motivo de casación.- 2) ADMITIR el tercero y de su estudio declarar NO HABER LUGAR al recurso de casación que interpuso y formalizo el Abogado MILTON GABRIEL RIVERA URQUIA en su condición indicada.- 3) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional.- 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de su procedencia.- Contra la presente sentencia no procede recurso alguno, la cual se deberá notificar a las partes por medio de sus representantes procesales constituidos en juicio.- Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los siete días del mes de septiembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA588-2018. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

[1]2''Artículo 1 Ley de impuesto sobre la Renta. Se establece un impuesto anual denominado impuesto sobre la Renta, que grava los ingresos provenientes del capital, del trabajo o de la combinación de ambos, según se determina por esta Ley.

[2] Reformado por el Art. 8 del Decreto. No. 287 de 5 de diciembre de 1975.

[3] Artículo modificado por el Art. 1 del Dto. No. 44 de 25 de octubre de 1965.