Sentencia CA-556-19 — Registro 12185
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación, se confrima la sentencia en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..".- Que resulta inadmisible el anterior cargo, por no constituir una proposición jurídica completa, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) no se indica con claridad y precisión el concepto de la infracción, ni las normas infringidas, ya que si bien señala un acápite intitulado FUNDAMENTACION JURIDICA, donde cita algunas disposiciones de la Constitución de la República y el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, lo formula como parte del recurso y no una causal que sirva para la confrontación entre la sentencia y la ley, ya sea por razones de forma o de contenido, conforme lo dispone el artículo 719 del Código Procesal Civil; b) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del código en referencia; y, c) en su explicación realiza extensos alegatos propios de instancia. .."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que resulta inadmisible el anterior cargo, por no constituir una proposición jurídica completa, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) no se indica con claridad y precisión el concepto de la infracción, ni las normas infringidas, ya que si bien señala un acápite intitulado FUNDAMENTACION JURIDICA, donde cita algunas disposiciones de la Constitución de la República y el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, lo formula como parte del recurso y no una causal que sirva para la confrontación entre la sentencia y la ley, ya sea por razones de forma o de contenido, conforme lo dispone el artículo 719 del Código Procesal Civil; b) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del código en referencia; y, c) en su explicación realiza extensos alegatos propios de instancia..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de octubre de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA; y, Recurrido: el señor RUBEN DARIO PONCE AMAYA, representado en juicio por el abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, que se decrete la ilegalidad y la nulidad del acuerdo No.SE-119-2014, de fecha 3 de mayo del 2014, emitido por la abogada Belinda Flores Urrutia, en su condición de Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad y que el mismo contiene el despido de su puesto de trabajo como oficial legal, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, adopción de medidas necesarias para el plano restablecimiento del derecho subjetivo violado, entre ellas se ordene el reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia de mérito, pago de aumentos de salarios y demás derechos colaterales otorgados por el Estado de Honduras durante el tiempo que dure la separación de su puesto de trabajo o cualquier otro inherente producido durante la secuela del juicio, pago de vacaciones causadas y no gozadas, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, por el señor RUBEN DARIO PONCE AMAYA, contra el ESTADO DE HONDURAS, representado por la Procuraduría General de la República, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar con el Instituto de la Propiedad, mediante acuerdo No. 452-2009, del 1 de septiembre del 2009, en el cargo de Oficial Legal, devengando un salario de L.26,300.00 mensuales, que en vista de la carga laboral que mantenía, durante los años 2009 al 2013, no pudo gozar de sus períodos de vacaciones, por lo que se le adeuda el pago y disfrute de 5 días hábiles de vacaciones; que mediante el acuerdo número SE-119-2014 de fecha 2 de mayo de 2014, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad lo despiden de su puesto de trabajo, el cual es injusto, arbitrario e ilegal. Agrega que el Instituto Hondureño de Seguridad Social le otorgó varias licencias de incapacidad temporal por enfermedad común (hipertensión arterial); que el Instituto de la Propiedad no le ha levantado ningún procedimiento por no asistir al trabajo desde el día lunes 28 de abril al 2 de mayo del 2014, es decir, que no le ha notificado ninguna cédula de citación para que acudiera a una audiencia de descargo por abandonar sus labores como Oficial Legal y tampoco le han celebrado ninguna audiencia de descargo, igualmente no se han levantado las actas de investigación referentes a su inasistencia al trabajo sobre los días antes mencionados; que el Instituto de la Propiedad no le podía despedir de su puesto de trabajo como Oficial Legal en la Dirección de Compras y Suministros del Instituto de la Propiedad en virtud que me encontraba gozando a partir del día 25 de abril al 12 de mayo del 2014, de una licencia de incapacidad temporal por enfermedad común extendida par el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y que dicha incapacidad fue notificada por teléfono celular (98575489) a la Abogada Leslie Soei Pineda Gallardo en su condición de Oficial Legal de la Dirección de Compras y Suministros, el día 28 de abril del 2014 y que ella se lo comunicó a la abogada Vilma Sánchez (Oficial Legal de la dirección de Recursos Humanos del Instituto de la Propiedad). Concluye señalando que el Instituto de la Propiedad no siguió el procedimiento que establece la Constitución de la República, el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, para despedirle, o sea que no se siguió el procedimiento que estipula la Ley de Servicio Civil y su reglamento de aplicación para cancelarle de su puesto de trabajo por despido. Finalmente, que el Instituto de la Propiedad, le violentó y/o infringió completamente el principio universal del derecho de defensa y el debido proceso. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que, si bien es cierto que el abogado Rubén Darío Ponce Amaya gozó de varias incapacidades otorgadas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, también es cierto que el ahora demandante estuvo con incapacidad por casi 122 días laborales. En la última de las incapacidades concedidas por el IHSS, el demandante no se presentó, sino cuatro días después del vencimiento de la última incapacidad aduciendo que esta última había sido prolongada por el IHSS incurriendo con ello en una falta grave según el Reglamento de Personal vigente del Instituto de la Propiedad en el artículo 69.25, en relación con el 71.4 Continua manifestando el demandado, que el Instituto de la Propiedad actuó conforme a Derecho en aplicación a los artículos 69.25 y 71.4 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad que cataloga la infracción cometida por el Abogado Ponce Amaya como falta grave y el despido de su puesto de trabajo coma la sanción a imponer, la cual no se le pudo notificar personalmente por no encontrarse en su puesto de trabajo sin ninguna justificación ya que su incapacidad médica ya había llegado a su término; que se realizó el trámite administrativo correspondiente ya que se envió al Oficial Legal Pablo Jair Quintero y el Auxiliar Jurídico Hubert Alexander Vega, ambos de la Unidad de Relaciones Laborales de la Dirección de Recursos Humanos, para que se apersonaran en la Unidad de Bienes y Suministros del Instituto de la Propiedad, específicamente en el espacio físico del demandante, con el propósito de constatar sus ausencias laborales de los días lunes 29, martes 29 y miércoles 30 de abril de 2014, en vista que desde el viernes 25 de abril se le venció la incapacidad temporal, y a la fecha se desconoce el motivo de sus ausencias, a raíz de lo cual se redactó un acta de constatación, la cual obra en el expediente administrativo del demandante, que asimismo consta la cedula de citación a audiencia de descargo a realizarse el miércoles 8 de enero de 2014 a las 10:00 a.m. a la cual no se hizo presente, tal como se específica en el acta de no comparecencia a audiencia de descargo, redactada en fecha 8 de enero de 2014, que obra en el expediente administrativo, por lo que a raíz de la no comparecencia del demandante a la audiencia de descargo y la constatación de sus ausencias injustificadas la Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad procedió a despedirlo de su cargo. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., en fecha 23 de febrero del 2016, dictó sentencia declarando PROCEDENTE la acción promovida por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación número SE-119-2014 de fecha 2 de mayo de 2014, emitido por la Secretaria Ejecutiva del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por medio del cual se canceló al demandante; en consecuencia, SE ANULA totalmente el acto administrativo impugnado, reconoció la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se adoptan las medidas siguientes: 1) Reintegrar al demandante al cargo de Oficial Legal dependiente de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de la Propiedad, mismo que ocupaba al momento de ser cancelado o a otro de igual o mejor categoría y salario. condenó al Estado de Honduras, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, al pago, a favor del demandante los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación (2 de mayo de 2014), hasta la fecha en que sea ejecutado el presente fallo, más el pago de los de beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, decimocuarto mes, decimotercer mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder; decretó, en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto (a) del demandante, sin costas; bajo el criterio que el acto impugnado, objeto del presente juicio, lo constituye el acuerdo de cancelación número SE-119-2014 de fecha 2 de mayo de 2014, emitido por el Instituto de la Propiedad, por haber incurrido en la falta grave establecida en el artículo 69.25 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, pero no existe en el expediente administrativo del demandante, documentación alguna que acredite que la Administración Publica haya actuado conforme lo establecen los principios y garantías que dictan tanto la Constitución de la República como el Reglamento anteriormente aludido. De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Régimen de Despido del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, la causal por la cual se establezca una sanción debe ser acreditada. Asimismo, el artículo 73 del citado Reglamento, claramente establece que no podrá ser aplicada la sanción de despido sin antes escuchar los descargos del inculpado. Sin embargo, del estudio de los medios de prueba aportados al proceso, así como de la revisión del expediente administrativo del demandante, no se ha logrado acreditar que al hoy demandante se le haya llevado a cabo una audiencia de descargo referente a la causal por la cual fue despedido. Es decir, si bien es cierto el Instituto de la Propiedad celebró una audiencia de descargo, la razón por la cual cito (Cédula de Citación que se encuentra a folio 83 de la pieza principal de autos) al demandante radicaba en escuchar sus descargos en relación a los hechos imputados en el Oficio No. 614-D-PGR-2013 y no por la causal establecida en el artículo 69.25 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, que además es la fundamentación jurídica para proceder al despido del hoy demandante, por lo que el procedimiento utilizado para despedir al demandante violentó el ordenamiento jurídico en cuanto al régimen de despido establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, así como en principios y garantías constitucionales consistentes en el debido proceso, derecho a la defensa y el principio de contradicción. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 25 de julio del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que para que el acto administrativo adquiera la validez que le corresponde, es necesario que el procedimiento se haya llevado a cabo bajo el principio de legalidad, pues es el procedimiento lo que sustenta el acto administrativo, como ya se ha determinado que hubo quebrantamiento de dicho procedimiento al haber emitido el acuerdo de despido del ahora demandante bajo los plazos establecidos, independientemente que parte del procedimiento se haya verificado, razón o causa lo cual es arbitrario, por prescindir el ordenamiento jurídico; que no se desconocen las facultades del demandado y sus autoridades, que entre ellas está la de proceder a la cancelación de los acuerdos de nombramientos, pero los mismos deben de sujetarse al procedimiento establecido en la Constitución de la República, Tratados Internacionales y la ley vigente, en cuando a nombrar y remover personal, no obstante esta facultad debe enmarcarse dentro del principio de legalidad para todo el procedimiento disciplinario, situación que no acontece en el presente caso. 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, en fecha 27 de agosto del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada en fecha 25 de julio del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.114-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.208-2014 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 28 de agosto del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, presentó en fecha 19 de septiembre del 2019, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 23 de septiembre del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 24 de septiembre del 2019, los abogados SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA y ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, respectivamente.7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 14 de noviembre del 2019, teniendo por personados a los abogados ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, como recurrente, y SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Ese honorable Tribunal en el Considerando nueve (9) argumenta "Que no consta denuncia ante el departamento de Inspectoría General de instituto de la Propiedad, consta informe de la encargada de la unidad de relaciones laborales al Director de Recursos Humanos donde se designó personal para revisión en el puesto de trabajo del señor RUBEN DARIO PONCE en fecha 30 de abril del 2014, emitiendo acta de constatación, firmada por el abogado Pablo Jair Quintero, oficial legal DGRH y Hubert Alexander Vega, Auxiliar Jurídico, concluye que no se ha presentado a sus labores diarias lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de abril de 2014, no se ha reportado ni justificado el motivo de su ausencia, acta de no comparecencia a audiencia de descargo donde estaba citado por medio de cedula de citación fecha 13 de diciembre de 2013, para el día 8 de enero de 2014 10:00 am no compareció y se levantó acta a las 10:38 am firma Vilma Sánchez, Oficial Legal, Humbert Vega, Auxiliar Legal y Testigo, motivo por el cual el Director General de Recursos Humanos emitió informe a los miembros del Honorable Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, conforme a lo establecido en la sesión ordinaria N° 005-2014 donde concluye que en la actualidad está en suspenso la relación laboral. Que mediante cedula de notificación de acuerdo a los artículos 57, 88, 89 y 90 de la Ley de Procedimientos administrativos, notifica por medio de la tabla de avisos al señor RUBEN DARIO PONCE AMAYA el acuerdo de despido N° SE-112014, emitido por la Secretaria del instituto de la Propiedad, por no dar cumplimiento al artículo 55 del reglamento de Personal vigente el Instituto de la Propiedad , por no asistir a su trabajo lunes 28, martes 29, miércoles 30 de abril de 2014 sin causa justificada, emitiendo el acuerdo de cancelación sin observar el plazo que le concede la Ley para realizar el proceso disciplinario y formular el acuerdo de cancelación dentro de los plazos legales ya que se encontraba incapacitado la fecha que fue citado mediante tabla de avisos y la fecha de audiencia de descargo. SEGUNDO: El artículo 19 de la Ley de Propiedad establece que: "La Inspectoría General es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de las funciones que por Ley tiene atribuidas el Instituto de la Propiedad (IP), Podrá actuar de oficio o a instancia de parte." Continúa diciendo el artículo 20 de la misma Ley que: "Son funciones de la Inspectoría General: 1 ) ... 2) ... 3).-Investigar las denuncias que se presenten contra los funcionarios y empleados e informar al Consejo Directivo ... " se especifica estos artículos de la Ley de Propiedad en virtud de que el Honorable Tribunal de Alzada en el considerando transcrito en el numeral anterior hace mención que no consta denuncia hecha ante la inspectoría del Instituto de la Propiedad, siendo el caso Honorables Magistrados, que dicha denuncia es requisito sine qua non cuando se trate del reclamo de un usuario contra un funcionario o empleado del Instituto de la Propiedad en el desempeño de sus funciones ante personas extrañas al mismo que se sientan afectadas en su derecho por su accionar.- En el caso de mérito se trata de una falta a lo interno de la institución lo que conlleva la realización de un procedimiento administrativo que no necesariamente inicia con una denuncia ante la Inspectoría.- En el caso actual se estuvo a lo preceptuado en los artículos 72, 73, 74 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad.- Al ahora demandante se le cito por la tabla de avisos en cumplimiento a lo prescrito en el artículo 82 del reglamento antes mencionado que reza: Cuando un servidor público incurriré en una causal de despido y fuere imposible practicar la notificación de citación, por haberse ausentado de sus labores, podrá continuarse con el procedimiento acreditando esta circunstancia en el expediente. - En tal caso, a la acción de personal correspondiente se acompañará constancia o certificación que acredite esta circunstancia." En la misma sentencia emitida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo se especifica en su numeral nueve (9) que consta en el expediente informe de la encargada de la Unidad de Relaciones Laborales al Director de Recursos Humanos donde se designó personal para revisión en el puesto de trabajo del señor Rubén Darío Ponce Amaya emitiendo acta de constatación firmada por el Abogado Pablo Jair Quintero, Oficial Legal de la Dirección de Recursos Humanos y Hubert Alexander Vega, Auxiliar Jurídico siendo esta Acta la constancia o certificación que exige la Ley para que acredite la circunstancia de no haber podido localizar al empleado y de su ausencia de su puesto de trabajo tal como lo exige el articulo antes mencionado.- Como se puede constatar al revisar el expediente administrativo, se cumplió a cabalidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad tomando en cuenta que fue imposible localizar al ahora demandante quien efectivamente se ausento por tres días consecutivos de su puesto de trabajo sin ninguna justificación; se le cito mediante la tabla de avisos a la celebración de la Audiencia de descargo en virtud de no haberlo podido citar personalmente y tampoco asistió a la misma dejando constancia de su inasistencia, todo esto en cumplimiento al procedimiento establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad. FUNDAMENTACION JURIDICA. Fundamentan jurídicamente este Recurso, los Artículos: 258 de la Constitución de la República, 72, 73, 74 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 literal c del Código Procesal Civil. CONCLUSION: El objeto del presente Recurso de Casación es el de dejar constancia que la sanción impuesta al señor RUBEN DARIO PONCE AMAYA fue aplicada en plena observancia a los preceptos legales contemplados el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, la Ley de Servicio Civil y la Constitución de la República, que se corroboro totalmente la falta cometida por el ahora demandante y que dicha falta trae aparejada como sanción el despido de su puesto de trabajo por ser considerada una falta grave, por lo que consideramos que las sentencias emitidas por el juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es producto de una mala interpretación de las normas jurídicas correspondientes impidiendo con ello que el patrono sancione conforme a derecho a los empleados que incumplen con sus obligaciones y premiando a estos con una sentencia favorable sentando un mal precedente para la buena relación laboral entre el Estado y los servidores públicos.” II.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, por no constituir una proposición jurídica completa, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) no se indica con claridad y precisión el concepto de la infracción, ni las normas infringidas, ya que si bien señala un acápite intitulado FUNDAMENTACION JURIDICA, donde cita algunas disposiciones de la Constitución de la República y el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, lo formula como parte del recurso y no una causal que sirva para la confrontación entre la sentencia y la ley, ya sea por razones de forma o de contenido, conforme lo dispone el artículo 719 del Código Procesal Civil; b) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del código en referencia; y, c) en su explicación realiza extensos alegatos propios de instancia. III.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. IV.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintisiete días del mes de abril del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA556-2019. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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