Sentencia CA-506-19 — Registro 13405
Resumen
En primera instancia declara procedente la acción promovida por el demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en las resoluciones de fecha 29 de agosto y 23 de julio ambos del año 2014, por medio del cual se despide al demandante, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Invoca la interpretación errónea del artículo 200 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil, sin embargo, lo que alega es que la motivación del fallo es insuficiente; y, b) En su explicación alude a disposiciones no enunciadas como infringidas o relacionadas en la formulación, tal es el caso de los artículos 207 y 208 del mismo Código y Capítulo III del Código Iberoamericano de Ética Judicial.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de octubre de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado JOSÉ RAMÓN PINEDA IDIÁQUEZ y, Recurrido: El Abogado LUIS ALBERTO JUÁREZ SIERRA, representado así mismo en el libre ejercicio de su profesión.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial en materia personal para la nulidad de un acto administrativo particular por infracción del ordenamiento jurídico, quebrantamiento de formalidades esenciales, exceso y desviación de poder, que se reconozca una situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal de que fue objeto y como medida para el pleno restablecimiento de sus derechos; que se ordene a través de sentencia definitiva el reintegro a su puesto de trabajo a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir con todos los aumentos, pago de vacaciones, décimo cuarto mes, décimo tercer mes, Pago de movilización y transporte a diferentes lugares y demás beneficios colaterales que se generen desde la fecha en que se emitió la suspensión provisional de forma ilegal sin goce de sueldo hasta la ejecución de la sentencia; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor LUIS ALBERTO JUÁREZ SIERRA, en su condición personal y en su libre ejercicio de su profesión, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones del PODER JUDICIAL, por medio del CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar para el demandado en forma interina, como Juez de Letras Supernumerario del Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, a partir del 01 de octubre del 2010, mediante Acuerdo Número 2388/SCSJ/2010, ocupando dicho cargo por espacio de 15 meses; que habiendo aprobado el proceso de selección exigido por la Corte Suprema de Justicia y mediante Oficio número 604/SCSJ/2012, en fecha 27 de enero del 2012, fue nombrado en propiedad como Juez de Letras Supernumerario del Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón; posteriormente mediante Oficio 605/SCSJ/2012, fue trasladado en forma interina como Juez del Tribunal de Sentencias de la Sección Judicial de Trujillo, Departamento de Colón, ocupando dicho puesto por un espacio de 5 meses, ascendiendo de categoría según la Escala Salarial del Poder Judicial, sin hacerle efectivo el pago del traslado por parte de la Sección Administrativa ni la Pagaduría del Poder Judicial, corriendo por su propio peculio el traslado y pago de todos los gastos, tanto de alquiler de vehículo para el traslado del menaje de casa así como el pago de rentas por alquileres de inmueble; luego mediante oficio número 3696/SCSJ/2012, fue trasladado del cargo que ocupaba, al Juzgado Unificado de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, ocupando dicho cargo por espacio de 6 meses; que mediante Oficio Número 1515/SCSJ-2013, de fecha 20 de junio del 2013, estando ocupando en el Juzgado Unificado de La Ceiba, Atlántida en el Cargo de Juez de Letras de la rama penal, fue trasladado nuevamente al Cargo de Juez del Tribunal de Sentencias de Trujillo, Colón, con la agravante del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que el puesto que mantenía como Juez del Tribunal de Sentencias de Trujillo, Colón, fue cancelado dicho Acuerdo en fecha 22 de agosto del 2013, mediante oficio número 1955/SCSJ/2013, aduciendo dicho Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial que no tomó posesión del cargo como Juez del Tribunal de Sentencias, razón que no es cierto lo argumentado por tal Consejo de la Judicatura, porque en su poder obraba el Acta de Juramentación de la Honorable Corte de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida; asimismo, argumentó que el 07 de mayo del 2014, el Subdirector de Administración de Personal de la Carrera Judicial fue citado a una audiencia de descargo, para el 05 de junio del 2014 y en 16 de junio del corriente año se le suspendió en forma provisional sin que esta sanción constituya una sanción por el cargo como Juez de Letras Seccional de Tocoa, Colón, suspensión misma que es de manera ilegal, ya que el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial no tiene competencia ni atribuciones legales para ordenar suspensiones a jueces para efectos de investigación previa a la tramitación completa de un proceso disciplinario, puesto que el literal e) del artículo 53 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, no le otorga esas facultades, ya que el inciso e) de la precitada Ley lo establece, que la resolución reza que se suspende en forma provisional sin que esa suspensión constituya una sanción para el investigado; alegó que la suspensión es totalmente ilegal en virtud de que las suspensiones son únicamente por razones disciplinarias y la suspensión hecha iba en contra disposición a lo que establece el artículo 51 y 53 de la Ley de la Judicatura y la Carrera Judicial por que se le suspendió de su puesto de trabajo, sin antes haberse seguido el procedimiento establecido, violentándole el derecho a la defensa, establecido en la Constitución de la República, el artículo 51 de la Ley del Consejo de la Judicatura, y la Carrera Judicial; manifestó además, que en el procedimiento de la audiencia de descargo hubo violación a lo establecido en el artículo 74 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, la que se no aplicó lo establecido en la misma, es decir, las Leyes y Reglamentos Especiales de Carrera, cuando el principio de la norma sea más favorable al servidor judicial y en el procedimiento de audiencias de descargo no se dio, por lo que dichas audiencias son nulas, por lo tanto el despido es totalmente ilegal en consecuencia el acto impugnado es nulo, por lo tanto el despido es totalmente ilegal en consecuencia el acto impugnado es nulo; y otra causa de nulidad de la audiencia de descargó, es que no hubo testigo alguno en la realización de la misma, tal como lo estipula la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y que dichas faltas no son constitutivas de delito para ser condenado; y que los informes emitidos por la Inspectora de Tribunales de La Ceiba, Atlántida, son amañados, ya que dicen que data de tres años de mora, informes que carecían de veracidad e ilegalidad, violentando el artículo 61 y 62 de la Responsabilidad Civil y Disciplinaria de dicha funcionaria judicial contemplado en la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial; ya que no hubo negligencia ni irregularidad en el desempeño de sus funciones, no hay violación del debido proceso, ni retardo de justicia; asimismo, argumentó que el 23 de julio del 2014, se le notificó la resolución en donde el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial resolvió imponerle la sanción disciplinaria de destitución sin responsabilidad institucional como Juez de Letras de la ciudad de Tocoa, Colón, declarando responsabilidad administrativa por considerar haber cometido supuestas infracciones disciplinarias graves previstas en el artículo 4 literal a) k) y 1 del Régimen Disciplinario y literal f) del artículo 63 reformado de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial; así como el incumplimiento preceptuado en los artículos 1 y 8 literal d) del Código de Ética para Funcionarios y Empleados Judiciales; que al momento del despido no contaba con un Reglamento para el procedimiento a seguir y a la vez pudiera emitir resoluciones en materia de responsabilidad administrativa disciplinaria, en virtud de que la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial no establece las infracciones, sanciones ni tampoco en la forma de sustanciar un proceso disciplinario; asimismo, dicha Ley no estableció en sus disposiciones transitorias el régimen legal que debe de aplicarse desde la entrada en vigencia de la Ley en fecha 18 de enero del 2012, hasta el momento en que se elaboren los reglamentos, configurándose un vacío legal que impide que el Consejo de la Judicatura pueda deducir responsabilidad disciplinaria durante este periodo, siendo que de conformidad a lo establecido en la Constitución de la República todo acto es nulo e implica responsabilidad.- 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante laboró en forma interina en el Puesto de Juez de Letras Supernumerario del Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, mediante Acuerdo No. 2388/SCSJ/2010, después de un proceso de selección exigido por la Corte Suprema de Justicia, fue nombrado en propiedad en fecha 27 de enero del 2012; alegó que el demandante recibió cédula de notificación en fecha 07 de mayo de 2014, para celebrar audiencias de descargo, con el objeto de ser oído en las denuncias que se identifican con los siguientes números de expediente: 1) 0101-2013-00022; 2) 0801-2013-00352; 3) 0209-2013-00002; 4) 0801-2014-00180; 5) 0101-2014-00013 y 6) 055-ILAC-11-0801-2012-00108; que el pleno de Concejales, en la Resolución adoptada en fecha 04 de junio de 2014, resuelve suspender de manera provisional como Juez de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, al demandante, sin que esta suspensión constituya una sanción; el Consejo de la Judicatura actuó conforme a lo establecido en el artículo 53 literal e) de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial; es decir, que la suspensión de funcionarios y empleados judiciales puede acordarse de manera provisional o definitiva, considerándose la primera como una medida esencialmente preventiva y temporal y la segunda como la sanción disciplinaria propiamente dicha; la imposición de la medida de suspensión provisional no constituye una sanción anticipada en contra del funcionario o empleado judicial inquirido y tampoco representa una ruptura de la presunción de inocencia que constitucionalmente le ampara, ni la vulneración de sus derechos fundamentales de defensa y el debido proceso, ya que al momento de su adopción no se determina que el servidor judicial cuestionado sea disciplinariamente responsable, pudiendo perfectamente intervenir en el procedimiento desvirtuar los cargos que se hacen en su contra, la suspensión se hace con la intención que el denunciado no entorpezca las investigaciones de los hechos denunciados en su contra, en este caso se formularon al demandante seis denuncias y que consta en el expediente disciplinario que si se siguió el procedimiento establecido para lo cual se le respetó los principios que informan el debido proceso, salvaguardando los principios de legalidad, de defensa, de audiencia y contradicción; que se llevaron a cabo las audiencias y una vez visto y discutido el Informe del Inspector General de Tribunales del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura resuelve suspender de forma provisional al demandante por las denuncias existentes en su contra; alegó que se le dio suficiente tiempo para que el demandante se preparara con los medios de prueba que él consideraba necesarios para presentarlos al momento de la audiencia de descargo; por lo que conoció los hechos que se le imputaban en las 6 denuncias y tuvo la oportunidad de preparar sus alegaciones en dos ocasiones, primero en la Inspectoría General de Tribunales antes de su suspensión provisional y luego en la Administración de Personal de la Carrera Judicial, pudiendo objetar en igual número de oportunidades los argumentos que se habían formulado en su contra, todo ello en la forma que determina el Artículo 12 del Régimen Disciplinario vigente en su momento; lo que pone de manifiesto la realización de un procedimiento disciplinario con total observancia en lo dispuesto en el artículo 82 numeral 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 62 párrafo primero de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial; asimismo, manifestó que en las investigaciones efectuadas se comprobó en cada una de las denuncias que el demandante al ser trasladado del cargo dejó una mora de emisión de sentencias en varios de los procesos en los cuales fue ponente y que en algunos casos son pendientes de sentencias por parte del Juez de Sentencia denunciado tanto absolutorias como condenatorias; además se determinó supuesta responsabilidad administrativa por parte del denunciado, porque cuando integraba el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón, incurrió en retardo de justicia e incumplimiento de los deberes a su cargo; asimismo, argumentó que si existe un régimen disciplinario para imponer sanciones disciplinarias a los miembros de la Carrera Judicial, ya se encuentra estipulado en el Artículo 3 literal e) y e) del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial; que lo que se le aplicó al demandante fue una medida disciplinaria y no una pena porque las penas solo se aplican en materia penal no en materia administrativa que corresponde a faltas y sanciones, así que no se ha violentado el artículo 95 Constitucional como lo pretende hacer creer el demandante; por lo que la suspensión es legal, por estar apegada a derecho por cuanto el pleno de Concejales en fecha 4 de junio de 2014, resuelve suspender de manera provisional como Juez de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, sin que esta suspensión constituya una sanción, el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial actuó conforme lo establecido en el artículo 53 literal e) de la Ley del Consejo de Judicatura y la Carrera Judicial.- 3.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, en fecha 24 de marzo del 2015, interpuso en tiempo y forma defensas previas, alegando como primer causa de inadmisibilidad: Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa; que se encuentra contemplada en el artículo 63 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación al artículo 31 de ese mismo cuerpo legal; que la parte actora en el escrito de demanda pretende la Nulidad de la Resolución emitido por el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial del Recurso de Reposición de fecha 29 de agosto de 2014, cuando conforme a la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo procedente es recurrir en esta instancia pretendiendo la impugnación de la Nulidad de la Resolución de fecha 23 de julio de 2014, emitida por el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, en la cual se le impone la sanción disciplinaria de la destitución del cargo como Juez de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, y por ende dicha resolución es o debería ser el “acto impugnado” por ser supuestamente el que lesiona los intereses del impugnante; y en cuanto al reconocimiento de una situación jurídica individualizada, es decir, que solamente el Titular de un Derecho subjetivo tendrá el derecho de dicha declaración por parte de esta jurisdicción; por lo tanto la resolución que se pide su nulidad es de las que ponen término a la vía administrativa como previa a la judicial, por lo tanto no se debió admitir la acción contencioso-administrativa; y como segunda causa de inadmisibilidad: que se hubiere interpuesto por persona no legitimada, que se encuentra contenida en el Artículo 80 literal b) de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que el actor de la demanda perdió su legitimidad al presentar la demanda pidiendo la nulidad de la Resolución del Recurso de Reposición, en el cual tiene por objeto el agotamiento del procedimiento administración previo a la vía judicial, debiendo haber impugnado correctamente la Resolución mediante la cual el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial lo destituye de su cargo, de lo que resulta procedente declarar por parte de este Juzgado la Inadmisibilidad de la presente demanda.- 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de mayo del 2017, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar Procedente la acción promovida por el demandante LUIS ALBERTO JUAREZ SIERRA, quien litiga en causa propia en su, contra el Estado de honduras a través del CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL, DEL PODER JUDICIAL, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en las resoluciones de fecha 29 de agosto y 23 de julio ambos del año 2014, por medio del cual se despide al demandante. SEGUNDO: Anular las resoluciones de fecha 29 de agosto y 23 de julio ambos del año 2014. TERCERO: Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se ordena el reintegro a su cargo como Juez de Letras de Tocoa, departamento de Colon, o a otro de igual o mejor categoría y como indemnización el pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que sea reintegrada a su puesto de trabajo más los beneficios obtenidos en su ausencia”, sin costas; bajo el criterio que en el caso de mérito a la parte demandante se le ha violentado o vulnerado el derecho de defensa y debido proceso consagrados en nuestra Carta Magna, tomando en consideración que el fundamento para cancelar por despido al demandante ha sido el artículo 4 literales A), K) y 1) de la circular numero 5 aprobada por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial en el acta número 4 en sesión celebrada el 29 de octubre de 2013, vale la pena destacar lo siguiente: Que la Constitución de la República señala en su artículo 317 “que los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados, descendidos, ni jubilados, sino por las causas y con las garantías previstas en la Ley.- Con este principio lo que se pretende es establecer límites a la potestad reglamentaria y por lo tanto, la Constitución de la República como vértice de nuestro sistema jurídico, contiene este precepto en el sentido que algunas materias, como por ejemplo las causas de separación, suspensión, traslado y descenso de los Jueces y Magistrados, solamente puede estar regulada por la Ley.- Con tal redacción es evidente que la norma citada se encuentra dotada del principio de reserva de ley, es decir, aquella materia o conjunto de materias que de manera exclusiva el contribuyente entrega al ámbito de potestades al Legislador, excluyendo por lo tanto de su ámbito la intervención de otros poderes del Estado, inclusive el Judicial, no pudiendo por lo tanto poderes distintos al Legislativo regular bajo ningún instrumento la prerrogativa contenida en el artículo 317 Constitucional, de igual manera el artículo 53 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial recoge ‘la misma redacción cuando señala que los Jueces no podrán ser trasladados, cesados, separados ni suspendidos del cargo para el que hayan sido nombrados, sino por las causas y mediante los procedimientos y con los recursos taxativamente establecidos en esta Ley.- Lo que se quiere decir en resumen, es que para que el demandante en este caso un ex Juez haya sido legalmente cancelado por despido necesariamente la causal que sea utilizada para imponer tal sanción, en base al principio de reserva de Ley o de dominio legal debe de estar contenida en una Ley, en el caso de autos de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial y de la revisión tanto de dicho cuerpo legal como de los antecedentes, no se desprende que dicha Ley contenga causales de despido, tanto así que el fundamento del demandado para cancelar al demandante ha sido una circular, circunstancia esta que evidentemente viola dicho principio de reserva de Ley, máxime que dentro de las fuentes del derecho administrativo, las circulares ni siquiera se encuentran como fuentes del mismo, puesto que estas son simples directivas de actuación que los superiores imponen a los subordinados en vista de su jerarquía y por lo tanto, solo vinculan a los inferiores jerárquicos del superior que las dictó sin modificar situaciones jurídicas.- En resumen al haber cancelado al demandante utilizando como fundamento una circular no solo es un acto de ilegalidad, sino que también vida de nulidad el acto administrativo impugnado al haberse actuado con evidente desviación de poder, puesto que se han ejercido potestades administrativas para fines distintos de los establecidos en la Ley; por último, el acto por el cual se sancionó a la parte demandante es a la fecha prescrito y es un principio general del derecho que los derechos y acciones de la clase que sean, se extinguen por la prescripción, y en el caso específico la acción sancionadora prescribe por el mero lapso del tiempo fijado por la Ley (Artículos 2263 y 2289 del Código Civil); en este sentido, la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial establece la potestad del Consejo de la Judicatura a aplicar las sanciones correspondientes por las infracciones cometidas por los empleados y funcionarios de los dos subsistemas que establece dicha Ley del Poder Judicial, estableciendo también en el Articulo 66 el plazo máximo para imponer las sanciones a las infracciones cometidas por los funcionarios y empleados judiciales, la cual establece: “Las infracciones cometidas por empleados y funcionarios judiciales prescriben en 6 meses, si se trata de infracciones graves y a los 45 días si se trata de infracciones leves, dichos plazos se contarán desde el día siguiente a la fecha en que se tenga noticia de la comisión de alguna de las infracciones previstas en el Reglamento tanto en el Consejo de la Judicatura como en Inspectoría de Tribunales.” Por tanto la falta que se imputo al demandante se extinguió por el lapso del tiempo transcurrido, es decir, prescribió la acción para que el mismo fuera sancionado; en virtud de ello el suscrito juez estima por las razones expuestas que el acto administrativo impugnado y por medio del cual se canceló a la parte demandante, infringe el ordenamiento jurídico, por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido en la ley por lo que se debe declarar la nulidad del acto, por no estar dictado conforme a derecho.- 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 09 de mayo del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la destitución del demandante, es ilegal por haberse emitido en abierta violación a la norma aplicable; que el acto administrativo impugnado, que ha sido declarado ilegal y consecuentemente nulo disminuye, restringe y transgrede Derechos Constitucionales, como ser el Derecho al Trabajo y a la estabilidad laboral, además de haber sido abiertamente emitido en franca violación al Principio de Legalidad y a normas de rango Constitucional (reserva de ley); por las consideraciones de hechos y de derecho que anteceden, procede confirmar la sentencia que se conoce en apelación por estar emitida conforme a ley.- 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado JOSÉ RAMÓN PINEDA IDIÁQUEZ, en fecha 07 de junio del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 09 de mayo del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.052-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 00377-2014 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 20 de junio del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado LUIS ALBERTO JUÁREZ SIERRA, no presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, por lo que mediante providencia de fecha 06 de septiembre del 2019, se tuvo por precluido el plazo concedido para efectuar el pronunciamiento del recurso de casación; en consecuencia, ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 11 y 12 de septiembre del 2019, los Abogados JOSÉ RAMÓN PINEDA IDIÁQUEZ y LUIS ALBERTO JUÁREZ SIERRA.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 12 de noviembre del 2019, teniendo por personado al Abogado JOSÉ RAMÓN PINEDA IDIÁQUEZ, como recurrente, y por precluido el plazo concedido y dejado de utilizar por la parte recurrida el Abogado LUIS ALBERTO JUÁREZ SIERRA, en su condición personal; en consecuencia, se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Infracción por la interpretación errónea de las normas procesales de derecho empleadas, concretamente de los Artículos 200 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil vigente, en relación con la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en sus Artículos 8.2. h) y 25. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se halla comprendido en el Artículo 719.1 letra c) del Código Procesal Civil vigente, en la parte que dice:” c) La forma y contenido de la sentencia”. DENUNCIA PREVIA DE LA INSTANCIA. Como el error enunciado fue cometido al estructurarse la sentencia impugnada, no existe una denuncia previa en la segunda instancia, y en cuanto al requisito de subsanación, no se aplicó porque como manifestamos la infracción de las normas procesales se dio al dictarse el fallo hoy impugnado. NORMAS INFRINGIDAS. Infracción al Código Procesal Civil en el Artículo 200 que dispone: “ARTICULO 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán motivadas y contendrán, en párrafos separados y enumerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se basa la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustara al siguiente contenido formal c) En los fundamentos de derecho se expresaran, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”. “ARTICULO 207. MOTIVACIÓN. 1. Las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón”. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Honorables Magistrados, el Código Procesal Civil en el literal c) del artículo 719.1 trata los errores producidos en la sentencia por infracción en la votación y fallos de los litigios, en el contenido formal de las resoluciones y especialmente en el contenido formal de las sentencias, por lo que, de ese modo se puede impugnar por la falta de claridad y separación de los pronunciamientos del fallo que tengan relevancia, la falta de congruencia de la sentencia, infracción del deber de invariabilidad de la sentencia y excesos inadmisibles en cuanto a aclaraciones y rectificaciones y, en general, cuantas infracciones invaliden la sentencia teniendo en cuenta las normas procesales y orgánicas que la regulan como la falta de motivación o la motivación insuficiente. En el presente caso se señala las infracciones de las normas procesales que regulan la forma de la sentencia, produciéndose en la misma sentencia, j sea, son vicios internos que producen o manifiestan al estructurar la sentencia, es decir que su elaboración, en general se incurrieron en infracciones que invalidan la sentencia, teniendo en cuenta las normas procesales y orgánicas que la regulen como la falta de motivación o la motivación insuficiente. EXPLICACION DEL MOTIVO. Honorables Magistrados, se impugna la interpretación errónea de los artículos 200 en relación con el 207.2 del Código Procesal Civil, que afecta la forma de la sentencia. El artículo 200 del Código Procesal Civil, entre otros requisitos exige el numeral 1, que las sentencias serán siempre motivadas, y se determina la motivación de acuerdo al concepto y alcance que se establece en el artículo 207 de ese mismo cuerpo legal. En el fallo impugnado la motivación del mismo es insuficiente, porque no existen razonamientos facticos y jurídicos sobre los presupuestos en que funda su sentencia el Tribunal requerido. Existe insuficiencia en la motivación, pues la exigua que existe en la sentencia verdaderamente no incide en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, tanto considerados individualmente como en su conjunto, como lo exige el artículo 207.2 del Código Procesal Civil. Como fácilmente se puede apreciar la sentencia recurrida no desarrolla la exigencia que integra la motivación, ya que el Ad-quem no cumplió en su sentencia con los requisitos que establecen los artículos 200 y 208, al no haberse llevado a cabo un razonamiento lógico en el fallo impugnado, sino que simplemente se limitó a citar las disposiciones legales que en su criterio son los que sustentan la sentencia dictada y que llevaron a confirmar por parte del Ad- quem, la sentencia de primera instancia. En el caso de autos, el Tribunal de Apelación, en una interpretación errónea de las normas que Regulan la Forma de la Sentencia y que es objeto de impugnación mediante el presente motivo, no logra acertar los motivos que le llevaron al dictado de la misma, pues su sentencia se limita a interpretar artículos de la Ley del Consejo de la judicatura y de la Carrera judicial, pero sin interpretar el razonamiento, ya que solo se limita a trascribir los mismos. Honorables Magistrados, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, en su Capítulo III señala que “la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del Juez (a), el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término la justicia de las resoluciones judiciales”; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente validas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El deber de motivar adquiere una intensidad máxima en materia de derecho ya que no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar porque una norma legal debe regir un caso concreto. Ahora bien, ordena el artículo 207 del Código Procesal Civil que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 200 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación COMPLETA se traduce en el vicio in procediendo por insuficiente motivación, y la falta de una motivación EXPRESA se traduce en el vicio in procediendo de carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia. En el caso particular al haber la Corte de Apelaciones Confirmado la sentencia dictada por el A-quo, sin una debida fundamentación jurídica, ya que la sentencia recurrida solo hace cita de las normas legales, sin ninguna explicación del porque estas están vinculadas al caso concreto hace incurrir al sentenciador en el motivo Procesal invocado, y por ende hace procedente la admisión del presente motivo de Casación, quedando sí precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representado.”.- II.- Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Invoca la interpretación errónea del artículo 200 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil, sin embargo, lo que alega es que la motivación del fallo es insuficiente; y, b) En su explicación alude a disposiciones no enunciadas como infringidas o relacionadas en la formulación, tal es el caso de los artículos 207 y 208 del mismo Código y Capítulo III del Código Iberoamericano de Ética Judicial.- III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “Infracción por Aplicación indebida de las normas que regulan los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, propiamente de los artículos 317 de la Constitución de la República, 3 letra e) y 63 reformado de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE INFRACCIÓN: Se Impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, Articulo 25, 28 y 51 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en relación directa con los Artículos 64 y 317 reformado en su último párrafo de la Constitución de la República, normas de derecho referidas en los fundamentos de derecho utilizadas por el Ad-quem en las que baso su sentencia, el cual se lee así; A) En el fundamento de derecho OCTAVO (8) de la sentencia recurrida manifiesta claramente que La Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, contenida en el Decreto 219-2011 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 28 de diciembre de 2011, preceptuaba que tenía por objeto regular el ámbito de competencia, organización, alcances y atribuciones del Consejo de la Judicatura y todo lo atinente al sistema de la Carrera Judicial; Carrera Judicial que tenía como finalidad, entre otros, la estabilidad e inamovilidad de los servidores judiciales, por lo que no podrán ser trasladados, cesados, separados ni suspendidos del cargo para el que hayan sido nombrados, sino por las causas y mediante los procedimientos y con los recursos establecidos en la Ley. De otra forma la ley en mención también garantizaba: ‘La responsabilidad disciplinaria de los Empleados y Funcionarios Judiciales se deducirá siguiendo los procedimientos establecidos en esta subseccion y en todo caso con respecto a los principios que informan el debido proceso”. Por lo que los Juzgadores A-quem, hacen también suyos los errores del Juzgador A quo, ya que si los Artículos 51 y 53 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial se aplicasen como realmente se debe al emitir ambos fallos se interpretaría de la manera siguiente: que los servidores y empleados del Poder Judicial, así tienen derechos también tienen obligaciones en el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales y administrativas; en el cual en el ejercicio de sus funciones asumen responsabilidades civiles, administrativas y penales siendo necesario establecer un régimen disciplinario pertinente con el propósito de respetar el debido proceso y su derecho a la defensa; de tal modo que las posibles sanciones a aplicar sean claras y proporcionales a la falta o infracción cometida. B) Que en el fundamento de derecho DECIMO (10) la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo según sentencia de fecha nueve (9) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) en dicho fundamento de Derecho dice el Tribunal: «La potestad disciplinaria es inherente al poder de mando y por lo tanto debe ser y estar tipificado en ley; conforme a lo establecido en el artículo 64 y 317 de la Constitución de la República y 25, 28, 51 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, el tipo de infracción y su sanción debe de estar expresa en la Ley; por consiguiente no se puede y no se debe dejar al arbitrio o antojo del poder público el régimen disciplinario de una institución.- Calificando la doctrina a esta potestad como Principio de Reserva de la Ley (garantía esencial del Estado de Derecho).- Es así que la Circular Numero 5 aprobada por el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, en certificación de fecha 11 de agosto del 2014, misma que contiene las infracciones graves que originaron la destitución de su cargo como Juez de Letras Seccional de Tocoa departamento de Colon, no tiene rango ni fuerza de ley, pues claramente las faltas y sus sanciones, incluyendo la destitución, deben estar enumeradas, tipificadas y detalladas en la Ley, no es una circular que como su nombre lo indica es simplemente un documento que contiene una orden o conjunto de instrucciones de carácter interno, aclaratorias o recordatorios, sobre una materia, que envía una autoridad a sus subordinados………” Todo lo anteriormente manifestado en la sentencia de fecha nueve (9) de mayo del dos mil diecinueve (2019), emitida por la Juzgador Ad-Quem se rechaza ya que conforme la Constitución de la República en su Artículo 317 párrafo primero en relación con el Articulo 3 letra e) de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial tiene la facultad de ejercer el régimen disciplinario de los miembros de la carrera judicial y de los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico, por tanto el Congreso Nacional mediante la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, se le faculta para ejercer el régimen disciplinario, dicha facultad está estipulada en el artículo 3 literal e), además tiene las siguientes atribuciones: c) Nombrar y remover a Magistrados de Cortes de Apelaciones y jueces así como a los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales. .j) Elaborar y aprobar reglamentos que sean necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, así como los instructivos para su implementación” k) las demás que le confieran la Constitución y leyes aplicables y cualquier otra, complementaria o análoga que se estime como necesaria para el correcto desempeño de sus obligaciones” Como lo concibe el Articulo 317 Reformado de la Constitución de la República, de cuyo texto se extrae de forma terminante que los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados, descendidos ni jubilados sino por las causas y garantías previstas en la ley; norma constitucional que también es congruente con lo dispuesto en el Artículo 63 reformado de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, que dice: “Las Infracciones que generan responsabilidad en el desempeño del cargo de los empleados y funcionarios serán sancionados con la medida disciplinaria que corresponda a la gravedad de la misma y que tenga por objeto la enmienda del servidor judicial, sin perjuicio de la responsabilidad civil que corresponda para garantizar el buen servicio y el correcto desempeño en el ejercicio de su cargo, se establecen las siguientes medidas a) amonestación privada, verbal o escrita, b) Multa c) Suspensión del cargo sin goce de sueldo d) descenso a un cargo de clase o grado inferior e) traslado yJ) despido ....; Clasificación que el Consejo tuvo a bien en cuanto a la ocurrencia de las mismas establecer dicho catalogo publicado en la Gaceta No 33,359 de fecha 19 de febrero del 2014, el cual es aplicable por las razones antes expuestas al asunto sometido ante el Consejo de la Judicatura por la responsabilidad estimada por Inspectoría de Tribunales en contra del demandante. (Lo subrayado es nuestro). Finalmente en la parte dispositiva de la sentencia recurrida manifiestan literalmente: POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, siendo ponente la Magistrada IBETH ALBERTINA BENITEZ ERAZO y en aplicación de los artículos 82, 90, 129, 303, 304, 313 numeral 3, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 2, 7 inciso b), 9, 33, 34, 35 párrafo primero, 46, 47, 63, 65, 79 literal a), 80 literal e) y c), 82 inciso c), 89, 90, 108, 109, 129 inciso c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 24, 25,26 y 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 22, 190, 193, 195, 200, 204, 479, 704, 705, 709, 710 y 713 del Código Procesal Civil; FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA en su condición de apoderada legal sustituta del Estado de Honduras a través del CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de fecha veinticuatro (24) de mayo del dos mil diecisiete (2017), emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en la pieza principal con orden de ingreso Numero 0801-2014-00377 de la demanda promovida por el abogado LUIS ALBERTO JUAREZ SIERRA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL. Y MANDA Que luego que se notifique en legal y debida forma esta sentencia se comunique al Juzgado de su procedencia por medio de la certificación respectiva, a efecto que proceda de conformidad a lo resuelto. SIN COSTAS: Por que a juicio del Tribunal existen motivos para litigar. NOTIFÍQUESE. El Juzgador Ad-Quem al emitir la sentencia impugnada de fecha nueve (9) de mayo del dos mil diecinueve (2019), CONFIRMA a su vez el fallo apelado oportunamente proferido por el A-quo, de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecisiete [2017), por lo que hace suyos todos y cada uno de sus fundamentos de derecho que sirvieron de base al juzgador de Primera Instancia en su parte dispositiva. Es por eso que recurro la presente sentencia ya que el Juez A-quo, inobservó la legislación como ser la Constitución de la República, Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial de aplicación exclusiva a los empleados y funcionarios Judiciales, no tomó en consideración los alegatos planteados en la contestación de la presente demanda, en la audiencia preliminar y mucho menos en las conclusiones presentadas en dicho Juicio, como se puede observar en la redacción de dicha sentencia definitiva. Además, en dicha sentencia se omitió lo establecido en el Artículo 197.2 del CÓDIGO Procesal Civil que regula el contenido formal de las resoluciones en el sentido que al notificarse la resolución a las partes se indicara si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso del Recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES IMPUGNADOS: Al recaer el vicio de falta de aplicación de los artículos 317 de la Constitución de la República, 3 letra e) y 63 reformado de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en la sentencia definitiva recurrida, no se pudo realizar denuncia del defecto ex ante, por lo que el presente recurso constituye la única vía para enmendar la infracción impugnada. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN LA RESOLUCIÓN; La falta de aplicación e infracción de las normas aludidas ha violado la garantía constitucional del derecho de defensa y debido proceso en el caso judicial que nos ocupa y consecuencia de ello, también ha causado indefensión a mi representado el Estado de Honduras por actuaciones del Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, todo lo cual determina la existencia de una arbitrariedad manifiesta en la emisión de la sentencia acusada, cuestión la cual es absolutamente incompatible con una buena administración de justicia y con una tutela judicial efectiva. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES IMPUGNADOS. Al recaer el vicio de falta de aplicación de Normas Procesales que regulan los requisitos internos de la sentencia, en la sentencia definitiva recurrida, no se pudo realizar la denuncia del defecto ex ante, por lo que el presente recurso constituye la única vía para enmendar la infracción impugnada. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN LA RESOLUCIÓN. La falta de exhaustividad por no ofrecer un pronunciamiento preciso a todo lo debatido en el Juicio ha propiciado que el fallo recurrido haya sido dictado en un sentido diferente al que debió dictarse. En dicha sentencia se omitió lo establecido en el Artículo 197.2 del Código Procesal Civil que regula el contenido formal de las resoluciones en el sentido que al notificarse la resolución a las partes se indicara si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso del Recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir”.- IV. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) En su formulación invoca la falta de aplicación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión y cita como infringidos los artículos 317 de la Constitución de la República, 3 letra e) y 63 reformado de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, sin embargo en su explicación aduce “Se Impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, Artículo 51 y 53 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, confrontado con los Artículos 3 letra e) y 63 reformado de la misma Ley en relación directa con el Artículo 317 de la Constitución de la República reformado en su párrafo último…”, lo cual vuelve confuso el concepto de la infracción, ya que alega dos causales de casación diferentes; b) Insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, tal como lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) En su explicación realiza alegatos propios de instancia y alude a la falta de aplicación del artículo 197.2 del Código Procesal Civil, que no fuera invocado como infringido o relacionado en su formulación.- V.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala a la Censora del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub judice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 720 numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de noviembre del dos mil veintiuno; certificación de la resolución de fecha siete de octubre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 506-19.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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