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Sentencia CA-492-19 — Registro 12845

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por la demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en sgunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible, dado que el Censor del Fallo incurre en los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio lo cual es vedado a este Tribunal, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) realiza alegatos propios de instancia.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de octubre de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA, y, Recurrido: La señora MARIA ERLINDA MARTINEZ MARTÍNEZ, representada en juicio por la Abogada GABRIELA MARIA MEJÍA VELASQUEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial en materia de personal para que se declare la nulidad de un acto administrativo; que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal que fue objeto; y como medida para el restablecimiento de su derecho que se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales; pago de salarios caídos, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la señora MARIA ERLINDA MARTINEZ MARTÍNEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDECIAL. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción, que empezó a prestar sus servicios a la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, nombrada mediante acuerdo 0253-DP-02 de fecha 29 de mayo del 2002, efectivo al 6 de mayo del 2002, en el cargo de Aseadora, devengaba al momento de la cancelación un sueldo de L.6,986.00 el que promediado con el aguinaldo y decimocuarto mes arrojaba un sueldo de L.8,732.51; manifestó que la Secretaria Estado en el Despacho Presidencial, emitió el Acuerdo número 057-A-DP-2010 de fecha 12 de abril del 2010, efectivo al 15 de abril del 2010, mediante el cual se le canceló del cargo coma Aseadora, sin seguirle el procedimiento como ser el Derecho de Defensa, ya que no se le llamó a la correspondiente audiencia de descargos, ni le invocaron causal legal alguna de despido, pese a que la relación estaba protegida por la Ley de Servicio Civil, ya que el puesto que desempeñó no era cargo de confianza, siendo que el cargo no era exclusivo para el Secretario de Estado y que el mismo no se encontraba estableado en el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil como cargo excluido. 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha señalando que la demandante prestó sus servicios en el puesto de Aseadora (puesto excluido), en la Oficina del Secretario de Estado, en el Despacho Presidencial, mediante Acuerdo Número 0253 DP-2002, de fecha 10 de mayo del 2002, devengaba un sueldo L.5,500.00; que la autoridad nominadora emitió el acuerdo de Cancelación número 057-A-DP-2010, de fecha 12 de abril del 2010, por medio del cual se acordó cancelar a la demandante en el cargo de Aseadora; que el puesto que la demandante ostentaba en su momento tal y como lo señaló el acuerdo número 0253 DP-2002 de fecha 10 de mayo del 2002 es un puesto excluido de la aplicación del Régimen del Servicio Civil, lo que implica que no se le puede invocar disposiciones legales de dicha ley por no ser aplicable a la plaza que la demandante tuvo con la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial; por lo cual en el presente caso no era necesario que la autoridad nominadora observara el procedimiento establecido en la ley para cancelar al servidor Público ni mucho menos invocar causal alguna para proceder a la cancelación de ese cargo, considerado dicho puesto, de libre nombramiento y remoción por parte de la autoridad nominadora, no por la función que realizaba, sino por el hecho de laborar en la oficina del Secretario de Estado, por lo que no se observa donde existió la violación a que argumenta la demandante. Es importante mencionar que la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 109 establece: "Solamente podrán impugnarse en vía Contencioso Administrativo los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando este estuviere protegido por una ley especial", y en el caso de mérito, la demandante no estaba protegida por una ley especial, tal y como lo señaló el referido artículo, por ser considerado el puesto de la demandante excluido de la aplicación del Servicio Civil, por tanto la compareciente no estaba legitimada para comparecer ante esta Jurisdicción Contencioso. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 31 de octubre del 2016, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: " FALLA: PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por la señora MARIA ERLINDA MARTINEZ MARTÍNEZ, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación 057-A-DP-2010, emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial en fecha 12 de abril de 2010, en consecuencia se anula totalmente.- SEGUNDO: Reconocer la situación Jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve: Reconocerle el derecho al pago de sus prestaciones laborales, consistentes en la indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, hasta un máximo de quince (15) años en concepto de auxilio de cesantía, así como un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de dos años en concepto de preaviso, en base a lo estipulado en el decreto No.99-97 que interpreta el artículo 38 de la Ley de Servicio Civil y demás derechos que le pudieran corresponder, tal y como décimo cuarto y décimo tercer mes de salario, vacaciones y demás beneficios otorgados en su ausencia, más el pago en concepto de daros y perjuicios, de los salarios dejados de percibir, desde la fecha de efectividad del acuerdo de cancelación 15 de abril de 2010, hasta la fecha en que se ejecute el presente fallo. TERCERO: Declarar extinguida la relación laboral existente entre la demandante señora María Erlinda Martínez Martínez y el Estado de Honduras a Través de la Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial”; sin costas; bajo el criterio que en el presente caso, del estudio del expediente y de las pruebas presentadas y evacuadas oportunamente se concluye, que el apoderado legal de la parte demandada a establecido que el puesto desempeñado por la ahora demandante es excluido del Régimen de Servicio Civil, ante tal afirmación, se ha procedido a verificar si reúne los requisitos para declararlo como tal, pues de dicho estudio al respecto se constata, que no existe documento alguno que acredite que la Dirección General de Servicio Civil realizó la clasificación del puesto de Aseadora en el Manual de Clasificación de Cargos o en Manual especial que lo indique al efecto y siendo que dicho puesto (Aseadora) por sus funciones no puede ser considerado de confianza, es evidente que no se ha cumplido con los requisitos exigidos por la Ley para el nombramiento de la presente servidora pública en el puesto excluido, ya que no basta únicamente con que lo establezca el acuerdo de nombramiento, lo que hace que el puesto desempeñado por la ahora demandante sea de los comprendidos por el régimen de Servicio Civil, ante tal efecto, para haber sido despedida de su puesto de trabajo debió de realizarse mediante cesantía o por las causales de despido establecido tanto en la Ley de Servicio Civil como en su reglamento de aplicación, lo cual no se hizo, que el acto administrativo impugnado se dicta prescindiendo total y absolutamente del procedimiento ordenado en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, para cancelar por cesantía o par despido a la ahora demandante, en consecuencia dicho acto infringe el ordenamiento jurídico, ya que la demandante fue cancelada sin procedimiento alguno, debiendo estar sujetos las actos de la Administración Pública al principio de legalidad y a lo que establece el ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto al momento de su emisión, sin violentar o restringir derechos o garantías constitucionales de las particulares, coma sucedió en el presente caso, por lo que el acto impugnado está viciado de nulidad, por haber sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento ordenado en la Ley, por lo cual debe decretarse la procedencia de la acción. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 09 de mayo del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia; sin costas, bajo el criterio, que si bien los artículos 206 y 207 del Código Procesal Civil establecen como requisitos internos de las sentencias la obligatoria motivación y exhaustividad, debiendo expresar los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas y a la aplicación e interpretación del derecho, no es menos cierto que para apreciar la prueba al momento de dictar sentencia es necesario que la prueba haya sido practicada o evacuada en el momento procesal oportuno, pero que en el caso de autos al no haberse practicado dicha prueba, no puede ser objeto de valoración. Es importante señalar que, el mismo representante procesal demandado, en sus agravios alega una violación al derecho de defensa y debido proceso por no haberse practicado el citado medio de prueba, consintió la resolución que tuvo por evacuado dicho medio de prueba, pues no interpuso oportunamente los recursos que la ley procesal le concede para lograr la reconsideración o enmienda de la providencia del 31 de marzo de 2012 mediante la cual se tuvo por evacuado el medio de Prueba Número Dos (2), por lo que este Tribunal de Apelación no puede suplir la deficiencia que el profesional haya tenido en el proceso; que la parte vencida podrá ser exonerada del pago de costas cuando por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya habido, a juicio del tribunal, motivo bastante para litigar. Que por los motivos expuestos esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es del criterio que debe CONFIRMAR el fallo definitivo venido en Apelación por estimar que el mismo está dictado conforme a derecho. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA, en fecha 07 de junio del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 09 de mayo del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.060-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.221-2010 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 13 de junio del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogada GABRIELA MARIA MEJÍA VELASQUEZ, no hizo uso del derecho para pronunciarse sobre el contenido del Recurso de Casación interpuesto, por lo que mediante providencia de fecha 12 de agosto del 2019, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, declaró la preclusión del término señalado por la ley; en consecuencia ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 02 de septiembre del 2019 del 2019, los Abogados JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA y GABRIELA MARIA MEJÍA VELASQUEZ. 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 25 de septiembre del 2019, teniendo por personados a los Abogados JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA, como recurrente, y GABRIELA MARIA MEJÍA VELASQUEZ, como recurrida, en consecuencia, se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Infracción por aplicación indebida de la norma de derecho empleada para la solución del fondo del litigio contenida en los Artículos 174 al 186 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, contenido en el Acuerdo Ejecutivo número A-018-2009. Se designa como norma sustitutiva la contenida en el Artículo 2 de la Ley de Servicio Civil que establece: El Régimen de Servicio Civil comprenderá a los servidores públicos que laboran en las Secretarias de Estado, cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca esta Ley y su Reglamento... y la norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio contenida en el Artículo 11 de la Ley de Servicio Civil que dice: Para ingresar al servicio se requiere: 1... 2... 3... 4... 5. Haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta Ley, en relación a la norma contenida en el Artículo 246 de la Constitución de la República que establece: El régimen de servicio civil regula las relaciones de empleo y función pública que se establece entre el Estado y sus servidores, fundamentándose en principios de idoneidad, eficiencia y honestidad. La administración de personal estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos. El Estado protegerá a sus servidores dentro de la carrera administrativa. Fundamentación de lo pedido: El motivo se haya comprendido en el Articulo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil de causales del recurso. Relación de las normas de derecho citadas como infringidas con la cuestión debatida. Se estima que la norma contenida en las Artículos 174 al 186 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, utilizada por el Ad-Quem para la solución del fondo del litigio es errada, al catalogar que a la demandante se le debió seguir un procedimiento para su cancelación, sin embargo la norma constitucional es clara y dice que únicamente protegerá a las empleados o servidores dentro de la carrera administrativa y para eso la Ley Especial de Servicio Civil, ya establece las requisitos de ineludible cumplimiento para ingresar al régimen. Incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. Como puede apreciarse en el Cuarto Considerando de los Fundamentos de Derecho, la Corte Sentenciadora es del criterio de confirmar el fallo venido en apelación por estimar que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho al basarse que se debió seguir el procedimiento para cancelar a la demandante (Artículos 174 al 186 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil), sin embargo, el ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca esta Ley y su Reglamento, y es a los servidores públicos que el Estado protegerá dentro de la carrera administrativa, empero las requisitos ya se encuentran establecido para su ingreso, no son todos las empleados estatales, siendo uno de los sistema rígidos para ingresar. Determinación del perjuicio o agravio sufrido. La Corte Sentenciadora al basarse en las Artículos 174 al 186 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, toma como punto de partida que a la demandante no le aplica la Ley de Servicio Civil, siendo importante resaltar que la protección es para los servidores dentro de la carrera administrativa, debiendo haber reunido las elementos básicos establecidos al disponer que el ingreso al servicio se haya efectuado llenando Las condiciones y requisitos que establezca el régimen especial de servicio civil. Identificación del vicio o error que lo causa. En el sentido correcto se debe aplicar en la Sentencia recurrida el Articulo 2 de la Ley de Servicio Civil, al disponer que el ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca esta ley y sus reglamentos, por lo que debe cumplirse con dicha normativa expresa, no cabiendo presunción alguna, requisitos sin los cuales no se puede determinar una relación de servicio ya sea esta por oposición o servicio excluido y en referencia por oposición a la carrera administrativa, siendo la única que da protección a los servidores públicos se debe llenar los requisitos exigidos por el Articulo 11 de la mencionada ley que establece claramente en su numeral 5: Haber sido aprobado en los exámenes de competencia de conformidad con los requisitos exigidos en esta Ley, rector en materia de derecho administrativo, el Régimen de Servicio Civil de aquellos sistemas rígidos, en el cual el Principia de Legalidad debe cumplirse a plenitud, para que se perfeccione una relación entre el Estado como empleador y el ciudadano como empleado, de lo contrario entraríamos en lo extra legal. Identificación con total precisión del pronunciamiento que se impugna. La resolución impugnada declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmó la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo.”. II.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible, dado que el Censor del Fallo incurre en los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio lo cual es vedado a este Tribunal, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) realiza alegatos propios de instancia. III.- Que el Impetrante expone en su segundo motivo lo siguiente: “infracción de la aplicación de la norma sustantiva empleada para la solución del fondo del litigio establecida en los Artículos: 6 numeral: 18), 26), 45); 9 numeral 2) y 12 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, contenido en el Acuerdo Ejecutivo número A018-2009. Se designa como norma sustitutiva la contenida en el Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que a su vez desarrolla ampliamente (Articulo 3 de la Ley de Servicio Civil), que establece: Las disposiciones de la Ley de Servicio Civil no serán aplicables a: 1) ... 2) ... 3) El personal de la Secretaria de Estado de la Presidencia de la República y los servidores que desempeñen cargos de confianza del Presidente de la República. Para los efectos de este numeral, se entenderá personal de la secretaria de la Presidencia de la República y de confianza del Presidente de la República, aquel que desempeñe sus funciones en el mismo local de la oficina de ambos funcionarios y/o estén en continuo contacto con ellos. 4)... al 21) .... Fundamentación de lo pedido: El motivo se haya comprendido en el Articulo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil de causales del recurso. Relación de las normas de derecho citadas como infringidas con la cuestión debatida. El Ad-Quem aplica indebidamente la norma sustantiva establecida en las Artículos: 6 numeral: 18), 26), 45); 9 numeral 2) y 12 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, contenido en el Acuerdo Ejecutivo número A-018-2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,012 del 11 de septiembre del 2009, llegando a la conclusión que la demandante no se encontraba excluida del régimen de servicio civil. Incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. La Corte Sentenciadora al establecer en el Considerando Segundo de los Fundamentos de Derecho: "Que para establecer si un servidor público se encuentra excluido del régimen de servicio civil... se debe analizar... si el servidor público es de aquellos que par las responsabilidad que tiene, las delicadas tareas que desempeña o la honradez que para sus funciones exige, cuenta con fe y apoyo especial de parte de la autoridad nominadora, y no basta que se desempeñen en el cargo en la Secretaria General de la Presidencia", y no aplicar el Artículo 21 de la Reglamento de la Ley de Servicio Civil, contenido en el Acuerdo No. 175 del 18 de Febrero de 1976, vigente al momento del nombramiento de la demandante, y que debió aplicarse y que establece que el personal de la Secretaria de la Presidencia, son las servidores de confianza, es decir todo el personal sin exclusión alguna, par el hecho de laborar la demandante en las mismas oficinas del Secretario de Estado, estamento jurídico que hubiera cambiado totalmente el sentido del fallo, declarando con lugar el Recurso de Apelación y reformar conforme a derecho la Sentencia Definitiva de segunda instancia, resolviendo improcedente la demanda de mérito. Determinación del perjuicio o agravio sufrido. El Ad-Quem entró en conflicto de leyes al aplicar las Artículos: 9 numeral 2) y 12 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, contenido en el Acuerdo Ejecutivo número A018-2009, y no la norma correcta establecida en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil, contenido en el Acuerdo No. 175 del 18 de Febrero de 1976, se entenderá personal de la Secretaria de la Presidencia de la República, y de confianza del Presidente de la República, aquel que desempeñe sus funciones en el mismo local de las oficinas de ambos funcionarios y/o estén en continua contacto con ellos, lo que obvio aplicarse a todas luces en la Sentencia hoy recurrida. Identificación del vicio o error que lo causa. El sentido correcto en la Sentencia recurrida deber ser aplicar el Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, numeral 3), contenido en el Acuerdo No. 175 del 18 de Febrero de 1976, ya que de aplicarse en relación al Artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, llevará al convencimiento del Juzgador que la demandante se encuentra taxativamente excluida del régimen de servicio civil, siendo el espíritu plasmado por el legislador al reglamentar y establecer que los empleados de la Secretaria de Estado de la Presidencia, pues resulta innegable que al laborar en dicho despacho ministerial, que dicho sea de paso desempeñan sus funciones en el mismo lugar y adscrito al Secretario de Estado y está en continuo contacto con él, ya que el lugar y/o el tipo de actividad o labor que desempeña le otorgan, por disposición de la Ley y su Reglamento, tal condición de confianza por lo tanto los excluye del régimen, siendo este extreme trascendental que debe ser revisado por el Tribunal Supremo. Identificación con total precisión del pronunciamiento que se impugna. La resolución impugnada declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmó la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de octubre del aria dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo.”. IV.- Que el anterior cargo resulta inadmisible, ya que de nuevo se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio lo cual es vedado a este Tribunal, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) realiza alegatos propios de instancia. V.- En el tercer motivo de casación se sostiene: “Infracción de la aplicación de la norma sustantiva para la solución del fondo del litigio establecida en los Artículos: 6 numeral: 18), 26), 45); 9 numeral 2) y 12 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, contenido en el Acuerdo Ejecutivo número A018-2009. Fundamentación de lo pedido: El motivo se haya comprendido en el Articulo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil de causales del recurso. Relación de las normas de derecho citadas como infringidas con la cuestión debatida. Aplicar los Artículos 6 numeral: 18), 26) y 45); 9 numeral 2) y 12 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, contenido en el Acuerdo Ejecutivo número A-018-2009, que establece la definición de: "Empleado de Confianza, Manuel de Clasificación de Cargos y Servicio Excluido"; y en cuanto establece cuales son los servidores del Poder Ejecutivo excluidos del Régimen de Servicio Civil, lo concerniente al personal de la Secretaria General de la Presidencia, aquellos servidores adscritos directamente al Despacho del Secretario de Estado, puestos de acuerdo al manual de clasificación de cargos, los demás empleados regulares de la Secretaria General de la Presidencia de la República estará sujetos al Régimen de Servicio Civil, y que no basta que desempeñen el cargo en esa dependencia, sin embargo, esta no es la norma sustantiva que la Corte sentenciadora debe aplicar para determinar si la demandante es empleada de confianza o empleada regular. Infracción en el sentido de la resolución impugnada. Al confrontar lo establecido en el Segundo Considerando y la parte dispositiva del fallo podemos apreciar que al aplicar el Acuerdo Ejecutivo número A-081-2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,012 de fecha 11 de septiembre del año 2009 y no el Artículo 21 del Acuerdo número 175 del 14 de enero de 1976. Si el Ad-Quem hubiese resuelto conforme a las normas aplicables al caso, es decir las contenidas en el Acuerdo número 175 del 14 de enero de 1976 vigente durante la prestación de servicios de la demandante se habría declarado con lugar el Recurso de Apelación y por ende improcedente la acción incoada por la demandante al determinarse que no le aplica la Ley de Servicio Civil. Determinación del perjuicio. El Artículo 6 numeral: 18), 26) y 45); 9 numeral 2) y 12 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, contenido en el Acuerdo Ejecutivo número A-018-2009, no deben aplicarse al caso que nos ocupa, ya que en el momento de la prestación de los servicios por la demandante adscrita al Despacho del Secretario de Estado de la Presidencia, el reglamento vigente es el Reglamento de la Ley de Servicio Civil contenido en el Acuerdo No. 175 del 18 de Febrero de 1976, siendo el que debe aplicarse. Identificación del vicio o error que lo causa. El sentido correcto de la Sentencia recurrida debe establecer que en atención al Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, numeral 3), contenido en el Acuerdo No. 175 del 18 de Febrero de 1976, en relación al Artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, argumento jurídico que si lo hubiera tomado en cuenta la Corte Sentenciadora para dilucidar el caso de mérito, concluiría que la Señora demandante se encontraba taxativamente excluida del régimen de servicio civil, que es el requisito impuesto, siendo el espíritu plasmado por el legislador al reglamentar y aclarar que el personal de la Secretaria de Estado de la Presidencia, no se le aplicaran las disposiciones de la Ley de Servicio Civil y sus beneficios, y se entiende personal de la Secretaria de Estado de la Presidencia, aquel que desempeñe sus funciones, en el mismo local de la oficina del Secretario de Estado de la Presidencia, siendo este extrema trascendental que debe ser revisado. Identificación con total precisión del pronunciamiento que se impugna. La resolución impugnada declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmó la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de octubre del aro dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo.”. VI.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible, dado que el Recurrente no establece con precisión y claridad el concepto de la infracción e invoca como violadas las mismas disposiciones reglamentarias señaladas en el segundo motivo; además, insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual es vedado en este extraordinario recurso, conforme lo establecido en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. VII.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. VIII.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda, la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. IX.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil y se debe ordenar se remitan las actuaciones al Tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 720 numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de agosto del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA492-2019. FIRMA Y SELLO.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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