Sentencia CA-449-19 — Registro 12181
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por la demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancealción, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) se acusa a la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por “…infracción directa porque el tribunal Ad Quem NO APLICÓ E INTERPRETÓ…”, resultando inapropiado debiéndose formular si es, por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) se omite el pronunciamiento que se impugna artículo 704 del Código Procesal Civil; y, c) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia inapropiado en este recurso extraordinario.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...".- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. 5.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de octubre de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representada en juicio por la Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR y, Recurrido: La señora CLAUDIA MARINA ORDOÑEZ CHÁVEZ, representada en juicio por el Abogado SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRÍA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda de procedimiento especial en materia personal para que se declare la ilegalidad y se declare la consecuente nulidad de un acto administrativo de carácter particular emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, por no estar ajustado a derecho, pues violenta la garantía constitucional del debido proceso, normas especiales y sus reglamentos; que se reconozca la situación jurídica individualizada, para lo cual solicito se adopten las siguientes medidas para su pleno restablecimiento, como ser la restitución en el cargo y el pago de los sueldos dejados de percibir y demás derechos adquiridos desde la fecha del despido ilegal e injusto hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales, quede firme la sentencia que se dicte, pago de costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la señora CLAUDIA MARINA ORDOÑEZ CHÁVEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; por actuaciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS; ahora SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR). ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante manifestó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar con la DEI, en fecha 14 de mayo del 1985, como Codificador I, posteriormente como Auditor y Supervisor de Auditoria Preventiva, cargos a los que fue ascendiendo por reconocimiento de la institución, a su honradez y eficiencia; devengaba un salario de L.19,248.00, hecho que probará con el medio de prueba documental: Nota de fecha 14 de mayo de 1985 de acuerdo de nombramiento, comprobante de pago, acuerdo No.-01324/2001 de fecha 19 de noviembre del año 2001, memorando DEI-SRHRCS-0064/2011 de fecha 17 de enero de 2011, memorando No. SRHRCS/0083-2011 del 19 de enero del 2011, memorando DEI-ARCS-017-2011 del 27 de enero de 2011, actas del Juzgado de Letras del Trabajo autenticadas; también lo probará con el medio de prueba exhibición de documentos y el medio de prueba reconocimiento judicial; manifestó además que el 01 de agosto del 2011, la institución demandada, le notificó el despido mediante el Acuerdo DEI-RR/HH-No. 622/2011 de fecha 29 de julio del 2011, violentándole el derecho a la defensa y a un proceso justo y apegado a la ley o debido proceso; además la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, establecía claramente, que en el supuesto caso de haber cometido una falta, dependiendo su gravedad, la primer sanción es una amonestación privada, verbal o escrita; la segunda sanción es la suspensión del trabajo por 8 días; la tercer sanción es el descenso a un cargo de clase o grado inferior, todo esto con el objetivo de enmendar el comportamiento o el actuar del servidor, respetando su estabilidad al trabajo; lo que en su caso particular no se dio, ya que el patrono decidió omitir el procedimiento y dio por terminada la relación de trabajo de una manera ilegal e injusta; que el Acuerdo de despido no se encuentra fundamentado de conformidad a derecho, pues de manera confusa el patrono lo fundamente en el artículo 47 numerales 1), 3) y 5) de la Ley del Servicio Civil; argumentó que no le hicieron mención cual era la falta cometida en forma reincidente y no consta en su expediente falta anterior a la consignada en el acuerdo de despido, porque de hecho su trabajo lo realizó en forma profesional, con responsabilidad y sin ningún llamado de atención o sanción; que el Acuerdo de despido DEI-RR/HH-No. 622/2011 de fecha 29 de julio del año 2011, atenta contra la garantía constitucional del debido proceso y el derecho a la defensa, consignados en la Constitución de la República, en sus artículo 82 y 90 párrafo primero, respectivamente; y que la institución demandada tuvo conocimiento de la supuesta infracción que dio lugar a su despido, desde el viernes 22 de abril del 2011, cuando informó a la DEI a través de sus representantes, con correos electrónicos sobre las irregularidades en su facturación, y que contados desde la fecha en que la autoridad tuvo conocimiento de la infracción; y desde el 22 de abril del 2011, hasta la fecha del despido el 01 de agosto del 2011, han transcurrido 72 días hábiles; y es más, aún si tomaron en cuenta el memorando DEI-RCS-DA-AP-132, que envió al Abogado Miguel Salgado, Control Interno, el cual fue recibido en fecha 13 de mayo del 2011, por Ángela Gonzáles, donde informó del caso en referencia, desde la fecha de recibido a la fecha del despido han transcurrido 57 días hábiles; por lo que ya había prescrito al demandado la acción para proceder al despido, convirtiendo al acto administrativo de carácter particular en ilegal y en consecuencia nulo de conformidad a lo establecido en los artículos 34 letra c) y 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo; asimismo manifestó que el 07 de septiembre del 2011, promovió demanda laboral en el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, contra la Dirección Ejecutiva de Ingresos; la parte demandada opuso la Excepción Dilatoria por Incompetencia de Tribunal por Razón de la Materia y la Jueza A-Quo la declaró sin lugar; pero el Tribunal Ad-Quem, en apelación, reformó la sentencia de primera instancia, declarando con lugar dicha Excepción, ordenando que el presente reclamo sea conocido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y con el objeto de garantizar la tutela jurídica efectiva de las pretensiones y que las partes tenían el plazo de diez (10) días para comparecer ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, a presentar la demanda. 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante comenzó a laborar en la DEI el 20 de mayo de 1985, como codificador I, extremo que se encuentra acreditado en el Expediente administrativo y que no es objeto de debate alguno; que con la emisión y notificación del Acuerdo de cancelación por despido N° 622/2011 de fecha 29 de julio del 2011, no se le violentó al demandante el derecho a la defensa y a un proceso justo y apegado al debido proceso, al contrario la autoridad hasta el momento de la emisión del acuerdo de despido observó todo el procedimiento establecido en la ley, al grado que la demandante tuvo la oportunidad de desvanecer las faltas que se le imputaban, las que no pudo desvanecer en el momento oportuno, por lo que, conllevó a la autoridad administrativa a despedirla; que además de realizar la Autoridad Nominadora la respectiva acción de personal ante el Departamento de Normas y Procedimientos de la Dirección General de Servicio Civil, dependiente de la Secretaría de Estado del Despacho de la Presidencia, en donde emitió Dictamen en el sentido que se declare procedente cancelar por despido a la señora Claudia Marina Ordoñez Chávez en el puesto de Auditor, específicamente por las faltas de: 1) No observar conducta y no enaltecer a la administración pública ni a la DEI, ya que, le indicó al señor José Luis Torres Núñez el valor que debería proponerle al contribuyente propietario del Restaurante Real China Palace ubicado en la ciudad de Roatán, para evitar el cierre temporal del negocio; 2) Como supervisora del grupo 06, incumplió las recomendaciones de la comisión al no presentar la relación de hechos debidamente refrendada con su firma, sabiendo la señora Claudia Ordoñez que la DEI es una Institución de Seguridad Nacional y además obligada a cumplir con metas relacionadas con la política económica, fiscal y tributaria del Estado; por lo que, luego de haber sido comprobados los hechos que se le imputaban a la demandante, y seguir el procedimiento legal requerido, se emitió el Acuerdo de Despido, circunstancia basada en los perjuicios que resultaron de dichos actos en contra de la función y misión de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en donde la valoración del efecto de dichos perjuicios, le corresponde a la Autoridad Nominadora en base a toda la investigación realizada al respecto y no de forma subjetiva como lo manifestó la parte demandante; asimismo alegó que resulta totalmente incoherente contar el termino desde la fecha 22 de abril del 2011 al 01 de agosto del 2011, refiriéndose erróneamente a que transcurrieron 72 días hábiles, ya que, la demandante, al decir eso, está obviando totalmente el procedimiento realizado para emitir el Acuerdo de Despido DEI-RR/HH-No. 622/2011, porque se realizaron las investigaciones respectivas en las cuales en todo momento se le reconoció y respeto el derecho de defensa a la demandante; y que reitera lo manifestado en el escrito de Defensas Previas de la demanda de mérito, en virtud de haberse interpuesto la presente acción totalmente fuera de los plazos legales respectivos, ya que la notificación del Acuerdo de Despido es de fecha 01 de agosto del 2011, en donde en la misma Acta de Notificación especifica literalmente “Se le hace del conocimiento que a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo tiene 15 días hábiles para acudir, si lo estima pertinente, al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo Competente”, y contrario a lo indicado expresamente la demandante acudió hasta en fecha 12 de Octubre de 2012 al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo pues en fecha 07 de septiembre del 2011 acudió erróneamente al Juzgado de Letras del Trabajo, de esta forma puede apreciar el Señor Juez, que está totalmente fuera del plazo legal respectivo, infringiendo el Principio del Debido Proceso ya que dicho plazo legal de 15 días hábiles finalizó en fecha 22 de agosto del 2011, por lo que se puede colegir que la parte demandante al haber dejado pasar el plazo legal señalado el Acta de notificación del acuerdo de despido mencionado, dejo firme el acuerdo de cancelación por despido que hoy impugna; que la demandante hasta para acudir al Juzgado de Letras del Trabajo, lo hizo mucho después de los 15 días hábiles señalados por Ley, y aun así, posteriormente a la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha 30 de agosto del 2012, en donde ambos representantes procesales de las partes quedaron notificados en estrados luego de estar presente en la respectiva audiencia para oír sentencia, a partir de la fecha indicada 30 de agosto del 2012, empezaron a correr los 10 días, finalizando dicho plazo en fecha 13 de septiembre del 2012, y aun así nuevamente la demanda fue presentada hasta en fecha 12 de octubre del 2012. 3.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, en fecha 19 de marzo del 2013, interpuso en tiempo y forma defensas previas, alegando como causa de inadmisibilidad que: a) la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos; que la demandante presentó demanda contencioso-administrativa en fecha 12 de octubre del 2012, partiendo que la demandante fue notificada del acuerdo de cancelación 622/2011, de fecha 29 de julio del 2011, en fecha 01 de agosto del 2011 tal y como consta en el expediente administrativo por lo que es evidente que la demandante presento su pretensión de nulidad del acto administrativo ante el Tribunal 1 año, 5 meses, 12 días después de haber sido notificado de la cancelación de su cargo, por lo tanto de conformidad con lo que establece los Artículos 48 en relación a los 105 y 111 de la Ley de la Jurisdicción de Contencioso Administrativo, en base a los anteriores artículos la demandante tenía 15 días hábiles para hacer uso del derecho que le asistía para promover la acción judicial correspondiente, por lo que resulta evidente que la demanda puesta a su consideración ha sido presentado fuera de los plazos establecidos por la ley, en consecuencia, procede alegar la causa de inadmisibilidad de la demanda contemplada en el Artículo 63 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, relacionada con el Artículo 80 literal (d) de esta Ley que podrán determinar la inadmisibilidad de la acción; b) que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo.- respecto de los actos firmes; que como consecuencia de la defensa previa anterior se desprende que el acto Administrativo impugnado ante sus extradós adquirió el carácter de firme que según el Artículo 31 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el acto administrativo que lo constituye el acuerdo de cancelación No. 622/2011, de fecha 29 de Julio del 2011 emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos donde determina cancelar por despido a la demandante, que se pretende su nulidad adquirió el carácter de firme por no haber sido recurrido en tiempo y forma, por lo tanto es procedente alegar la causa de inadmisibilidad contemplada en el Artículo 80 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; c) que se hubiere interpuesto por persona no legitimada. Por otra parte señor Juez por las mismas razones legales antes expresada, apreció otra causa de inadmisibilidad de la demanda contenida en el Articulo 80 Literal b) de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y que el artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece literalmente: “Si además de la declaración de ilegalidad o nulidad se pretendiere el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, únicamente estará legitimado el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto impugnado; y que en el presente caso la demandante, al no haber impugnado el acto administrativo en tiempo y forma, dejo de estar legitimado para demandar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo desde el momento mismo que dejo de transcurrir el plazo legalmente establecido para interponer la demanda Contencioso Administrativo. De lo anterior se desprende que existen tres causas de inadmisibilidad de la demanda como son las que se funden en los motivos que con arreglo al artículo 80 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, podrán determinar la inadmisibilidad de la demanda, que tuviere por objetos impugnación mediante la Acción Contencioso Administrativo, respecto de los actos firmes y que la demanda fuera presentada fuera de los plazos por lo que es procedente declarar con lugar las defensas previas y consecuentemente la inadmisibilidad de la demanda. Que mediante resolución de fecha 28 de junio del 2013, fueron desestimadas las defensas previas alegadas, por improcedentes. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 04 de diciembre del 2015, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: “FALLA.- PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción incoada por CLAUDIA MARINA ORDOÑEZ CHAVEZ, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado identificado como el acuerdo N° DEI-RR/HH- No 622/2011 de fecha 29 de julio del año 2011, emitido por el señor Ministro Director de la Dirección Ejecutiva de Ingresos; en consecuencia se anula totalmente. - SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada reclamada, y para su pleno restablecimiento se toman las siguientes medidas: EL REINTEGRO A SU TRABAJO EN IGUALES CONDICIONES A LAS QUE TENIA AL MOMENTO DE SU CANCELACIÓN, EN EL CARGO DE AUDITOR, TERCERO: Diferir a la etapa de ejecución de este fallo, la determinación de la cuantía de los salarios dejados de percibir en cuyo cálculo se deberá incluir el pago del décimo tercer mes, décimo cuarto mes y cualquier bonificación, aumento, vacaciones a que tenga derecho a que tuviere derecho el servidor reinstalado y que fueron dejados de percibir desde la fecha de cancelación hasta el día en se ejecute totalmente lo aquí dispuesto.- CUARTO: En caso de que el reintegro no fuere posible, o no lo desee el demandante, condenar al Estado de Honduras al pago de las PRESTACIONES LABORALES como ser: Preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantía Proporcional; así como los DERECHOS ADQUIRIDOS como ser: Décimo Tercer mes Proporcional, Décimo Cuarto mes Proporcional y Vacaciones Proporcionales, y en concepto de INDEMNIZACIÓN los salarios dejados de Percibir desde la fecha de cancelación hasta el día en que se ejecute totalmente lo aquí dispuesto. QUINTO: En caso de que el Reintegro sea viable, SE ANULA totalmente el acuerdo de nombramiento del o la sustituta de la señora CLAUDIA MARINA ORDOÑEZ CHAVEZ.- SEXTO: Condenar al Estado de Honduras a través de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, ejecutar y pagar a la demandante los conceptos señalados en este fallo…”, sin costas; bajo el criterio que quedó demostrado que en el presente caso hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable, ya que el Acuerdo de cancelación recurrido no está dictado conforme a derecho, ya que a la parte demandante se le cita a una audiencia de descargo para defenderse en ella el día jueves treinta de junio del año dos mil once dando como resultado el acuerdo N° DEI-RR/HH-No 622/2011 de fecha 29 de julio del año 2011 con el que se le sanciona con el despido y al revisar el acto de este fue fundamentado sobre el articulo 47 numerales 1), 3), 5) de la Ley de Servicio Civil y en el numeral 1 remite al artículo 38 de esta ley también remite al artículo 43 de la misma ley fundamentación no relacionada ya que es una sanción distinta que no amerita el despido lo que hace evidente que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento para llevar a cabo el presente acuerdo, ya que al existir tal incongruencia, la parte demandada ha incurrido en un exceso de poder, en vista de no existir una conexión lógica entre la motivación y la parte dispositiva del acto, o sea que se le cito a audiencia de descargo por una falta y se le ha sancionado en su acuerdo de cancelación sin ninguna justificación, en virtud, de todo lo antes expuesto el suscrito juez estima que debe decretarse la procedencia de la acción, ya que el Acuerdo Impugnado no está dictado conforme a derecho; que la Ley de Procedimiento Administrativo establece que los Actos Administrativos serán dictados por el órgano competente respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico y que son anulables los actos que incurran en cualquier infracción al ordenamiento jurídico incluso el exceso y la desviación de poder; quedando demostrado que en el presente caso, hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable, específicamente a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 22 de mayo del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que la parte demandada en sus agravios manifiesta que el A-quo no aplico lo establecido en la ley procesal civil vigente, específicamente lo relacionado con el contenido formal de las sentencias, pero en si no específica cual hecho o puntos de derecho fijados no fueron observados por el juez de primera instancia convirtiendo que estos alegatos sean ineficaces ante esta instancia, en virtud que leída la sentencia venida en apelación esta resuelve conforme a la pretensión y oposición; siendo la pretensión de la parte actora la falta al debido proceso al observar la incongruencia entre la fundamentación del acto objeto de impugnación y el desarrollo de la audiencia de descargo en la que en ningún momento la demandante acepta los hechos imputados ni la autoridad nominadora logra desvirtuarlos, lo que provoca una alteración al derecho a la defensa y debido proceso, en la que vistas las diligencias la parte demandada no pudo probar las causas que motivaron el despido, haciendo alegatos poco útiles ante esta instancia al no puntualizar cual es la falta de motivación y congruencia alegada y de la que carece la sentencia del A quo, ya que por simple que parezca para la parte apelante, si es necesario que la autoridad nominadora sea clara en la fundamentación jurídica que sirvió de base para la emisión del acto impugnado, ya que de dicha fundamentación se deriva las causales o faltas imputadas y de las que le sirven al inculpado para realizar la defensa técnica en la audiencia de descargo. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR, presentó en fecha 27 de junio del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 22 de mayo del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.143-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.00383-2012 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 24 de julio del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRÍA, presentó en fecha 13 de agosto del 2019, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 16 de agosto del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 20 de agosto del 2019, los Abogados SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRÍA y ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR. 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 25 de septiembre del 2019, teniendo por personados a los Abogados ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR, como recurrente, y SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRÍA, como recurrido, en consecuencia ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer y único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el tribunal Ad Quem NO APLICÓ E INTERPRETÓ la norma que regula el debido proceso en relación a la correcta adecuación en el procedimiento, en relación a los plazos en que se presentó la demanda y que están regulados en el Artículo 48 con relación al Artículo 105 y 111 de la Ley de la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1 literal a), del Código Procesal Civil mismo que establece. “ARTICULO 719. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción, competencia, genérica, objetiva, funcional, y adecuación de procedimiento. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el Artículo 48 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con relación al Artículo 105 y 111 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; establece lo siguiente: “Artículo 48. La demanda deberá presentarse dentro de un plazo de treinta días hábiles, atendiendo las reglas siguientes: a) Si la acción se pretendiere contra una resolución expresa y ésta fuere de aquellas que debo notificarse personalmente, el plazo empezará a contarse desde el día hábil siguiente al de su notificación; b) En el caso de que no proceda la notificación personal, el plazo empezará a correr a partir del día hábil siguiente al de la publicación oficial del acto o disposición; c) Si la acción debe incoarse sobre la base de una denegación presunta, el plazo se contará a partir del día hábil siguiente a aquel en que se entiende desestimada la petición, salvo si con posterioridad dentro de dicho plazo, recayere resolución expresa, en cuyo caso se comenzará a contar en la forma indicada en el inciso a) de este Artículo. Artículo 105. Los plazos para la presentación y contestación de la demanda, para la proposición y evacuación de la prueba y para formular conclusiones, quedan reducidos a la mitad en lo referente a este procedimiento. Artículo 111. Será aplicable a este procedimiento el Artículo 105 de la Sección anterior. En el caso de mérito, objeto del presente Recurso de Casación, fue tergiversado el procedimiento desde el inicio, puesto que, a la parte demandante, le prescribió el termino para presentar la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el presente argumento se puede observar con el acta de Notificación de fecha 01 de agosto del 2011, mediante el cual se notificó el Acuerdo de Despido No. DEI-RR/HH-No.622- 2011 de fecha 29 de julio de 2011 mismo que corre agregado en la pieza principal de autos puesto que en el último párrafo de dicha notificación literalmente dice: “Se hace del conocimiento que a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo tiene 15 días hábiles para acudir, si lo estima pertinente al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo competente”. En vista de lo relacionado anteriormente, la parte demandante a pesar de que se le indicó que el termino para acudir a presentar la demanda ante el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, compareció pero ante el Juzgado Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en tal sentido la parte demandante compareció a un Juzgado que carecía de jurisdicción por razón de la materia para conocer de dicha demanda y por lo tanto, dejó transcurrir el plazo para comparecer a la jurisdicción competente, por lo tanto, que tanto el AQUO como el AD-QUEM dejaron de observar lo indicado tanto en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo como en el Código Procesal Civil. Aunque la presente violación al Artículo 48 con relación a los Artículos 105 y 111 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo fueron denunciados tanto en el Escrito de Defensas Previas como en el escrito de contestación de demanda, sin embargo, estos no fueron observados por el Juez de primera instancia y tampoco fueron observados por el Tribunal de segunda Instancia al momento de dictar las sentencias que hoy motivan el presente Recurso de Casación. Es decir que la demandante compareció a presentar demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en fecha 12 de octubre del año dos mil doce; un (01) año, cinco (05) meses y doce (12) días después de haber sido notificado su acuerdo de despido; infringiendo en tal sentido lo establecido en los Artículos 48 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con relación al Artículo 105 y 111 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Honorables Magistrados, la mala adecuación del proceso se vuelve a vulnerar por parte del A-QUO como del AD-QUEM, pues al revisar detenidamente el procedimiento nos damos cuenta, que la parte recurrente aun habiendo sido notificada en estrados de la resolución de fecha 30 de agosto del año 2012, dictada por parte de la Corte de Apelaciones del Trabajo, nuevamente dejó transcurrir más de 10 días hábiles para interponer la demanda ante los Juzgados de Letras de lo Contencioso Administrativo, puesto qué los 10 días empezaron a correr un día después de la notificación de dicha resolución, es decir a partir del día 31 de agosto del 2012, finalizando dicho plazo el 13 de septiembre de 2012; y la demandante compareció a presentar demanda hasta el 12 de octubre del año 2012; y aún así el Juzgado de primera Instancia como también segunda Instancia dejaron de observar la norma aplicable al caso, en relación a los plazos dando lugar a una mala adecuación del proceso”. 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) se acusa a la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por “…infracción directa porque el tribunal Ad Quem NO APLICÓ E INTERPRETÓ…”, resultando inapropiado debiéndose formular si es, por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) se omite el pronunciamiento que se impugna artículo 704 del Código Procesal Civil; y, c) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia inapropiado en este recurso extraordinario. 3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. 4.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. 5.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA449-2019.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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