Sentencia CA-446-19 — Registro 12843
Resumen
En Segunda instancia se confirma la sentencia dictada por el juzgado, bajo el criterio que analizada la sentencia, se constató que las demandantes, fueron nombradas en la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud en el Hospital Mario Catarina Rivas, se despidieron mediante Acuerdos, se imputaron cargos y se emitió sin justificación legal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..,".- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) en la formulación no se indica con claridad y precisión el concepto de la infracción, ya que se limita a enunciar “Infracción por violación o falta de la Motivación fáctica de la Sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter Lógico en el contenido de la sentencia…”; b) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia...."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación,.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de octubre de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, y, Recurrido: Los señores ANA MARIA LOPEZ LUNA, DELMY ARACELY PAGOADA MURILLO, MARTHA ONDINA MIRANDA GUTIERREZ, JUSTINA CANALES MUNOZ, CLAUDIA PATRICIA MOLINA HERNANDEZ, GLORIA IDALIA BANEGAS ARITA, NELY CASTRO BENITES, BLANCA NUVIA PALMA y ROSANGELA FLORES REY MERMET, representados en juicio por el Abogado KILEER ACOSTA GARCIA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial para el reintegro al puesto de trabajo y en el cargo que desempeñaban al momento del despido objeto de la presente demanda; en iguales o mejores condiciones con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir y los incrementos salariales en ausencia o en su defecto el pago de las indemnizaciones por despido injustificado, preaviso, cesantía, vacaciones, vacaciones proporcionales y su bono, decimocuarto mes, aguinaldo en forma proporcional; que se respete la Ley del. Servicio Civil y su reglamento; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, por el Abogado KILEER ACOSTA GARCIA, en su condición de representante procesal de los señores; 1) ANA MARIA LOPEZ LUNA; 2) DELMY ARACELY PAGOADA MURILLO; 3) MARTHA ONDINA MIRANDA GUTIERREZ; 4) JUSTINA CANALES MUNOZ; 5) CLAUDIA PATRICIA MOLINA HERNANDEZ; 6) GLORIA IDALIA BANEGAS ARITA; 7) NELY CASTRO BENITES; 8) BLANCA NUVIA PALMA; y 9) ROSANGELA FLORES REY MERMET, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que iniciaron sus relaciones laborales con el demandado, así: Ana María López Luna; mediante Acuerdo número 0756 de fecha 15 de mayo de 1987, nombrada en el puesto de Auxiliar de Enfermería I, en medicina general del Hospital Leonardo Martínez, de esta ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, y según oficio número 061, de fecha 10 de enero de 1998, por acuerdo número 2114, fue reasignada al Hospital Mario Catarina Rivas, aprobada por el Ministerio de Salud, y autorizado por el Director General de Servicio Civil, en fecha 17 de agosto de 1998, y antes de la acción de despido se desempeñaba como Supervisora de Enfermería, en el Hospital Mario Catarino Rivas; Delmy Aracely Pagoada Murillo, mediante Acuerdo número 7101, de fecha 01 de noviembre de 1997, nombrada en el puesto de Enfermera III en la Unidad de Pediatría, fue reasignada al Hospital Mario Catarina Rivas, de esta ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, y aprobado por el Ministerio de Salud, autorizado por el Director General de Servicio Civil, en fecha 31 diciembre de 1997, y antes de la acción de despido, se desempeñaba como Supervisora de enfermería, en el Hospital Mario Catarino Rivas; Martha Ondina Miranda Gutiérrez, mediante Acuerdo número 1988, de fecha 15 de enero del 2010, nombrada en esa fecha al puesto de Enfermera, fue reasignada al programa del Hospital Mario Catarina Rivas, de esta ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, aprobado por el Ministerio de Salud, y autorizado por el Director General de Servicio Civil, en fecha 07 de julio del 2010, y antes de la acción de despido de desempeñaba en el puesto como Enfermera General Rotatorio, en el Hospital Mario Catarino Rivas; Justina Canales Muñoz; mediante Acuerdo número: 1983, de fecha 15 de Enero del año 2010, nombrada como Enfermera, fue reasignada al programa del Hospital Mario Catarino Rivas, de esta ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, aprobado por el Ministerio de Salud, autorizado y firmada por la Dirección General del Servicio Civil, en fecha 07 de julio del 2010, desempeñándose actualmente antes de la acción de despido como Enfermera General Rotatoria, en el Hospital Mario Catarino Rivas; Claudia Patricia Molina Hernández; mediante Acuerdo número 2755, de fecha 01 de agosto de 1997, nombrada como Auxiliar de Enfermera II, a la unidad de Consulta externa, fue reasignada al programa del Hospital Leonardo Martínez, aprobado por el Ministerio de Salud Pública, y autorizado por el Director General de Servicio Civil, en fecha 03 de julio de 1997; siendo ascendida por Reasignación, mediante Acuerdo 4180, de fecha 18 de julio del 2000, al puesto de Enfermera al programa Hospital Leonardo, Martínez, aprobado y firmado por el Ministerio de Salud Pública, autorizado y firmado por el Director General de Servicio Civil en fecha 18 de octubre del 2000, desempeñándose antes del despido como Jefe de Sala de Emergencia de Cirugía, del Hospital Mario Catarina Rivas; Gloria Idalia Banegas Arita; mediante Acuerdo Número 0766, de fecha 23 de mayo de 1989, nombrada en el Cargo de Supervisora de Enfermería, aprobado y autorizado en fecha 22 de junio de 1989, por el Despacho de Salud Pública, y firmada y sellado por el Oficial Mayor y según oficio número 3113, de fecha 31 de diciembre de 1997, y mediante Acuerdo Número 6984, de fecha 11 de noviembre de 1997, se reasignó al Hospital Mario Catarina Rivas, al puesto de Enfermera III, aprobado y autorizado también por el Ministerio de Salud Pública, y firmado por el Secretario y autorizado por el Director General de Servicio Civil, en fecha 23 de diciembre de 1997, desempernándose actualmente, antes de la acción de despido como Supervisora de Enfermería, en el Hospital Mario Catarino Rivas; Nely Castro Benites: fue nombrada mediante Acuerdo Numero 1997, de fecha 29 de agosto de 1989, en el cargo de Supervisora de Enfermería II, aprobado y autorizado por el Despacho de Salud y firmado por el secretario; desempeñándose antes de la acción de despido como Supervisora de Enfermería, en el Hospital Mario Catarino Rivas; Blanca Nubia Palma, mediante Acuerdo Número 2124, de fecha 18 de septiembre de 1991, nombrada en el cargo de Trabajadora Social I, autorizado en oficio de la Dirección General de Servicio Civil Numero 5513, desempeñándose antes de la acción de despido, como Coordinadora Trabajadora Social, del Hospital Mario Catarina Rivas; Rosangela Flores Rey Merme, mediante Acuerdo número 0453, de fecha 27 de abril de 1989, nombrada en el cargo de Trabajadora Social I, (Investigación Socioeconómico), aprobado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud Pública, y Secretario de Estado en el Despacho de Salud Pública, firmada por oficialía mayor, y según oficio número 2493, de fecha 29 de noviembre de 1999, y que por Acuerdo Numero 5862, de fecha 01 de enero de 1999, por cambio de servicio fue reasignada como Trabajadora Social, al Hospital Mario Catarino Rivas, aprobado por el Ministerio de Salud Pública, y autorizado por el Director General de Servicio Civil, en fecha 26 de noviembre de 1999; desempeñándose antes de la acción de despido como Trabajadora Social, en el Hospital Mario Catarino Rivas; manifestaron que durante los años que tenían de laborar, jamás se habían hecho acreedoras de alguna amonestación de ninguna naturaleza o se les hubiera llamado a una audiencia de descargo, en el ejercicio de sus cargos, y que siempre habían realizado su trabajo con dedicación, honorabilidad y capacidad y ese gran sentido de responsabilidad y méritos en el desempeño de sus labores; que la demandante Gloria Idalia Banegas Arita, fue citada a una audiencia de descargo cuando se encontraba de vacaciones y que de conformidad a lo que establece el artículo 127 de la ley del Servicio Civil, las mismas no se puede interrumpir; sin embargo le fueron interrumpidas, y así mismo se le gestionó la acción de despido en el periodo de vacaciones; y que todos los hechos o faltas que se les imputan o señalan a las demandantes, están íntimamente relacionadas o encadenadas con el Expediente Clínico Número: 1450194, y que corresponde al Paciente Luis Alonso Caballero, en donde se les hace una serie de preguntas o cuestionamientos, relacionadas en cuanto a la atención directa, supervisión, cuidados, realización de procedimientos, en los diferentes roles y turnos, desempeñados por cada una de las demandantes, de acuerdo a su departamento donde estaban asignadas, todo en alusión durante la Hospitalización de dicho paciente a partir del día 25 de junio del 2014 hasta la fecha de su fallecimiento, el 09 de julio del 2014, y que según la apreciación subjetiva de autoridad nominadora, de no habérsele brindado la atención debida, que requiere un paciente, ya que el mismo se encontraba en condición de indigente, que no contaba con parientes que lo pudieran asistir durante su hospitalización, este último extremo no es cierto, ya que compareció un hermano del fallecido a la sala donde se encontraba y era asistido el paciente antes referido, en el Hospital Mario Catarina Rivas, por lo que no es cierto que era indigente; igualmente manifestaron que los hechos o faltas imputadas, en audiencias de descargos fueron refutados y desvanecidos con la presentación de las pruebas de descargo en dichas audiencias, donde se acreditó que las faltas no tenían sustentación legal; y que todos los cuidados, atenciones, procedimientos actuaron bajo los protocolos que sus carreras profesionales les imponen.- Aseveraron también que todos los Acuerdos de Despidos emitidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, insertaron o señalaron varios artículos de la Ley del Servicio Civil y su reglamento, pero lo hace con la inequívoca intención de pretender sustentar las acciones ilegales, arbitrarias que tomó y que quedó evidenciado es el exceso de poder de la autoridad nominadora, ya que sin haber comprobado las faltas que se le imputaban a las demandantes y estas haber desvanecido las mismas en las respectivas audiencias de descargo y es tal el exceso de poder de la autoridad nominadora que entre los artículos que sustentan la ilegal y arbitraria acción de despido, señala entre otros el articulo 47 numeral 3) de la ley del Servicio Civil, que a la letra dice: "Los Servidores públicos podrán ser despedidos de sus cargos por cualquiera de las siguientes causas 1) ... 2) ... 3) la inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo"; es decir que después de tantos años de ejercer con esmero, dedicación, honorabilidad y capacidad técnica, científica, los cargos y funciones, la Autoridad Nominadora o Patrono indicó que son incapaz, torpes, o sea que no tienen conocimiento, preparación o medias para realizar una acción o función, a pesar de que durante muchos años han desarrollado sus funciones y algunas han sido promovidas o ascendidas a otros cargos menores, por la misma autoridad nominadora, como se puede apreciar en los acuerdos de ascenso relacionados en el hecho primero de este libelo; señaló además que obra en el expediente clínico número 1450194, y que corresponde al paciente Luis Alonso Caballero, todas las atenciones debidas, cuidados, procesos, a que fue sometido dicho paciente, por parte de todos los departamentos del Hospital Mario Catarina Rivas, intervinientes en dicho asunto, y consta en dicho expediente clínico señalado, que durante el ejercicio de sus cargos y en este asunto concretamente, las demandantes y otras enfermeras que atendieron a dicho paciente, pero que no fueron despedidas y asignadas en las mismas salas y turnos donde laboraban las demandantes; realizaron su trabajo con dedicación, honorabilidad, capacidad, sentido de responsabilidad, méritos, siguiendo las protocolos, reglamentos que les imponen sus respectivas carreras profesionales en el desempeño de sus labores y lo cual quedó plenamente demostrado en las audiencias de descargo, ofreciendo como medio probatorio el expediente clínico número: 1450194, que corresponde al paciente antes referido, el cual se encuentra en los archivos o sala respectiva del Hospital Mario Catarina Rivas, y que el motivo que dio lugar a las acciones de despidos, no fue la muerte del paciente antes señalado, y que por su muerte no fueron responsables, y que la noticia que fue difundida por todos los medios escritos, televisivos y radiales, dijeron que la muerte "fue por estar engusanado en su cuello", lo cual tampoco es cierto, ya que la autopsia determinó científicamente la causa que motivo la muerte de dicho paciente, y lo cual obra en el expediente clínico; noticia de gran impacto social y que molestó a la Autoridad Nominadora, no por la muerte de dicho paciente, si no por habérsele señalado la decadencia abandono por parte de las autoridades centrales, en que se encontraba el Hospital Mario Catarina Rivas, la falta de recurso humano para dar una atención debida y la falta de los insumos más mínimos que se necesitaban para la atención de los pacientes, esto provoco la búsqueda de chivos expiatorios, en el caso concreto, el despido, de las demandantes, sin tener base legal para ello, pero tratando de justificar ante la Sociedad Hondureña y buscar culpables, y lo más fácil fue a las enfermeras y trabajadoras sociales que habiendo cumplido con sus responsabilidades y funciones señaladas por las protocolos respectivos para las enfermeras y trabajadoras sociales, no les importó y sin haber base legal las despidieron y es por ello que se pide la nulidad de las acciones de despido par carecer de sustentación legal las mismas, lo que hay es un exceso abuse de poder de parte de la parte demandada; y que además les sirvió de fundamento legal para sustentar este extremo, es que varias compañeras de trabajo de las demandantes que desempeñaban el mismo cargo, que tuvieron los mismos roles, realizaron los mismos procedimientos en el manejo del paciente Luis Alonso Caballero, y que también fueron llevadas a las audiencias de descargo y presentaron las mismos descargos que las actoras, y porque no podían presentar otros, ya que eran los mismos hechos y mismas preguntas y cuestionamientos que hizo la autoridad nominadora, más sin embargo, las mismas solo fueron sancionadas con una medida disciplinaria como es la suspensión de labores por 8 días, lo cual también es ilegal, por no existir mérito para imponer dicha medida disciplinaria. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que acepta el hecho primero de la demanda por ser cierto su contenido y por constar acreditado en el expediente de personal de las demandantes; pero rechazó en su totalidad lo referente a que el paciente Luis Alonso Caballero, contó con un pariente (hermano) que lo asistió durante la hospitalización, pues el paciente se encontraba en condición de indigente; asimismo rechazó rotundamente lo que mencionó el representante de las demandantes, en cuanto a que las faltas imputadas a sus representantes fueron refutadas, desvanecidas, ya que como quedó debidamente evidenciado en la audiencias de descargo, en ningún momento presentaron pruebas que desvanecieran o desvirtuaran los hechos imputados, y en relación al caso particular de la señora Gloria Idalia Banegas Arita, en ningún momento ha existido violación de derechos que la Constitución de la República y la Ley de Servicio Civil le otorga, ya que al revisar el expediente disciplinario de la demandante en ningún momento mencionó en la audiencia de descargo que fue citada y es por ello que se le continuó con el procedimiento establecido garantizando el debido proceso y sobre todo el derecho de defensa; además los Acuerdos de despido emitidos, fueron fundamentados en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y que en ningún momento existió un evidenciado exceso de poder, ya que las demandantes en las audiencias de descargo no desvirtuaron las faltas imputadas; asimismo alegó que se procedió a realizar el procedimiento establecido a las demandantes por su responsabilidad en el mal manejo profesional del paciente Luis Alonso Caballero, tal como quedó evidenciado y no porque haya sido una noticia de gran impacto social difundida por los medios escritos, televisados y radiales; por lo que en ningún momento se buscó chivos expiatorios, lo que sucedió fue seguirles el procedimiento correspondiente; y que en cuanto a las demás compañeras que solo se les sancionó con medidas disciplinarias; las mismas presentaron las pruebas de acuerdo a su responsabilidad en el desempeño de sus funciones; por lo que todos los procedimientos se hicieron tal como lo establece la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Cortés, en fecha 01 de marzo del 2017, dictó sentencia definitiva, que en su parte conducente dice: "FALLA: PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la acción interpuesta por el Abogado Kile Acosta García en su condición de apoderado judicial de las señoras: Ana María López Luna, Derby Aracely Pagada Murillo, Martha Ondina Miranda Gutiérrez, Justina Canales Muñoz, Claudia Patricia Molina Hernández, Gloria Idalia Banegas Arita, Nelly Castro Benítez, Blanca Nubia Palma y Rosangela Flores Rey Merme contra el Estado de Honduras representado legalmente por la Procuraduría General de la República, por actos de la Secretaria de Estado en Los Despachos de Salud Pública, en consecuencia ANULA los siguientes Actos Administrativos de Carácter Particular: *Acuerdo de despido de la señora Ana María López Luna No. 1443-2014 de fecha quince de agosto del año dos mil catorce acción de despido numero 1519.- *Acuerdo de despido de la señora Derby Aracely Pagada Murillo, No. 1442-2014 de fecha quince de agosto del año dos mil catorce acción de despido numero 1516.- *Acuerdo de despido de la seora Martha Ondina Miranda Gutiérrez, No. 1447-2014 de fecha quince de agosto del año dos mil catorce acción de despido numero 1513.- * Acuerdo de despido de la señora Justina Canales Muñoz No. 1446-2014 de fecha quince de agosto del aro dos mil catorce acción de despido número 1511.- *Acuerdo de despido de la señora Claudia Patricia Molina Hernández, No. 1445-2014 de fecha quince de agosto del año dos mil catorce acción de despido número 1514.- *Acuerdo de despido de la señora Gloria Idalia Banegas Arita No. 1444-2014 de fecha quince de agosto del año dos mil catorce acción de despido número 1517. *Acuerdo de despido de la señora Nely Castro Benítez, No. 1448-2014 de fecha quince de agosto del aro dos mil catorce acción de despido numero 1515.- *Acuerdo de despido de la señora Blanca Nuvia Palma No. 1449-2014 de fecha quince de agosto del año dos mil catorce acción de despido numero 1530.- * Acuerdo de despido de la señora Rosangela Flores Rey Mermet, No. 1450-2014 todos de fecha 15 de Agosto del año 2014, Todos emitidos por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud mediante el cual se les Despide a las ciudadanas arriba indicadas del cargo que ostentaban en el Hospital Mario Catarina Rivas de esta ciudad de San Pedro Sula, por considerar que dichas Resoluciones han sido dictada con infracción al ordenamiento jurídico, al no indicarse en las mismas cual era la causa o motivo que generaba dicha acción. SEGUNDO: RECONOCER la Situación Jurídica Individualizada reclamada por el demandante; y como Medida para su Pleno Restablecimiento ORDENA el REINTEGRO inmediato de las Ciudadanas Ana María López Luna, Delmy Aracely Pagoada Murillo, Martha Ondina Miranda Gutiérrez, Justina Canales Muñoz, Claudia Patricia Molina Hernández, Gloria Idalia Banegas Arita, Nely Castro Benítez, Blanca Nubia Palma y Rosangela Flores Rey Mermet, al cargo que estas ostentaban en el Hospital Mario Catarina Rivas de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud en el momento de su separación, o, a otro de igual o mejor categoría, y que como indemnización se les paguen los salaries dejados de percibir desde el momento de su despido hasta el momento que sea reinstaladas al mismo cargo que ocupaban o a otro de igual o mejor categoría, reconociéndole los aumentos salariales otorgados mientras duro el presente juicio. TERCERO: Se decreta la NULIDAD del acto o los actos por el cual se hubiere designado el sustituto del de las Ciudadanas Ana María López Luna, Delmy Aracely Pagoada Murillo, Martha Ondina Miranda Gutiérrez, Justina Canales Muñoz, Claudia Patricia Molina Hernández, Gloria Idalia Banegas Arita, Nely Castro Benítez, Blanca Nuvia Palma y Rosangela Flores Rey Mermet, tal y como lo ordena el Articulo 113 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CUARTO: Se EXIME de COSTAS a la parte vencida en juicio en virtud de lo ordenado en el Artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública y mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno"; bajo el criterio que la motivación no solo es exigible en la forma. sino también el contenido del acto, esto debido a que la falta de motivación, equivale a una falta de fundamentación y puede afectar la validez del acto; la motivación, con todo, puede servir para determinar si la Administración ha interpretado razonablemente las hechos que constituyen la causa del acto; de manera, pues, que de nada sirve llevar un proceso disciplinario en el que se respeten las garantías, en el sentido de escuchar suficientemente las descargos del inculpado, se realicen las investigaciones pertinentes y evacuen las pruebas que correspondan, como lo obliga el artículo 48 de la Ley de Servicio Civil, si al momento de proceder a la sanción disciplinaria correspondiente, en este caso, el despido, no señala una causal que justifique el mismo, esto constituye una arbitrariedad en la actuación de la Administración, ya que esta acción debía expresar las circunstancias de hecho y de derecho que han influido en el dictado del acto y además las razones que ha tenido, es decir, el fin que ha perseguido al dictarlo, debiéndose por lo tanto invalidar dicho Acto, en esta instancia judicial, decretando su nulidad; y que en relación con lo anterior, el artículo 129 constitucional garantiza la estabilidad laboral, y que este derecho ni ligeramente puede ser vulnerado para quienes lo gozan, y vale decir que además de tener protección constitucional, tiene protección internacional, o sea amparo en pactos internacionales y en organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La estabilidad laboral, constituye un elemento esencial del contrato de trabajo que conlleva a la permanencia del mismo, como lo exigen las disposiciones legales citadas; la expectativa que tienen los trabajadores de permanecer en su empleo, y este principio, debe ser respetado por todo empleador, máxime si este es una Institución Estatal, ya que el Estado debe ser el garante de los derechos de todos los ciudadanos pues toda Institución o empresa aun y cuando tiene la libre administración y dirección todas sus operaciones, no debe olvidar que sus actuaciones esta sujetas a lo establecido por la Constitución de la República y sus Leyes Vigentes, nuestra Constitución contempla el Principio de Alternabilidad, es decir, la opción que tiene el trabajador de elegir, cuando el despido injustificado surta efecto, al pago de una indemnización o a que se le reintegre a su trabajo, por lo que esta Juzgadora como garante de esa disposición constitucional, y en consonancia con lo peticionado por las demandantes, ordenara el reintegro de las mismas al cargo que desempeñaban, con el reconocimiento de la situación jurídica individualizada solicitada. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 29 de mayo del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que analizada la sentencia de fecha uno de marzo del año dos mil diecisiete y en su conjunto el expediente de mérito, expediente administrativo, las pruebas presentadas y evacuadas, se constató que las demandantes las señoras Ana María López Luna, Delmy Aracely Pagada Murillo, Martha Ondina Miranda Gutiérrez, Justina Canales Muñoz, Claudia Patricia Molina Hernández, Gloria Idalia Banegas Arita, Nely Castro Benítez, Blanca Nubia Palma y Rósamela Flores Rey Merme, fueron nombradas en la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud en el Hospital Mario Catarina Rivas, se despidieron mediante Acuerdos, se imputaron cargos y se emitió sin justificación legal; se establece en la Ley de Procedimiento Administrativo, que los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en derecho aplicable, y su finalidad será aquella que resulte de las normas que le atribuyen potestades al órgano emisor.- La Ley del Servicio Civil y su reglamento en el artículo 116 especifica como un derecho "los servidores públicos sujetos al régimen del servicio civil gozan de los derechos previstos en la Constitución de la República, la ley y demás normas aplicables." Mediante un debido proceso, se inició un proceso disciplinario como Derecho a la Defensa mediante audiencia de descargo, emitieron dictámenes; pero al emitir los acuerdos de Despido la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud NO SE PRONUNCIO sobre la causal o causales legitimas que generaba las acciones de los despidos, lo que infringe el artículo 47 de la Ley de Servicio Civil, al quedar establecida que los despidos no fueron legales, al no constar la causal; no consta la motivación de los actos administrativos impugnados que deben de ser de fondo y contenido, que conlleva a la falta de fundamentación especificar el fin perseguido al dictarse lo que invalida el acto. En consecuencia, de lo anterior se confirma la sentencia y donde se declara la nulidad de la falta la de fundamentación nulidad del acto administrativo impugnado, al no haber sido dictado conforme a derecho, por falta de motivación, La Ley de Procedimiento administrativo en sus artículos 24, 25 "los actos deben sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable". Artículo 34 "sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales, el acto administrativo es nulo, en los siguientes casos: a) .. b) ..c).. "los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido.", DECIMO (10): Los agravios expuestos por el apelante al ser una narración de hechos y no de derecho, carece de sustento jurídico, la materia de lo Contencioso administrativo conoce de acciones de actos que incurran en cualquier forma de infracción del ordenamiento…. jurídico, incluso el exceso de poder, desviación de poder, por las razones expuestas la apelación interpuesta se declara sin lugar y se confirma la sentencia de la A-quo, que se conoce en apelación por estar emitida conforme a ley. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en fecha 27 de junio del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 29 de mayo del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.81-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.34-2014 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 24 de julio del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado KILEER ACOSTA GARCIA, presentó en fecha 12 de agosto del 2019, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 16 de agosto del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 20 de agosto del 2019, los Abogados SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, y KILEER ACOSTA GARCIA. 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 09 de octubre del 2019, teniendo por personados a los Abogados SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, como recurrente, y KILEER ACOSTA GARCIA, como recurrido, en consecuencia, se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Infracción por violación o falta de la Motivación fáctica de la Sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter Lógico en el contenido de la sentencia, ya que con las pruebas presentadas en el Proceso (expedientes Administrativos disciplinarios de cada una de las demandantes) se comprobó que el Acto Administrativo mediante los cuales fue cancelado los Acuerdos de Nombramiento siguientes: 1) Acuerdo de despido de la señora Ana María López Luna No. 14432014 de fecha quince de agosto del año dos mil catorce acción de despido numero 1519.- 2) Acuerdo de despido de la señora Delmy Aracely Pagoada Murillo, No. 1442-2014 de fecha quince de agosto del ario dos mil catorce acción de despido numero 1516.- 3) Acuerdo de despido de la señora Martha Ondina Miranda Gutiérrez, No. 1447-2014 de fecha quince de agosto del ario dos mil catorce acción de despido numero 1513.- 4) Acuerdo de despido de la señora Justina Canales Muñoz No. 1446-2014 de fecha quince de agosto del año dos mil catorce acción de despido numero 1511.- 5) Acuerdo de despido de la señora Claudia Patricia Molina Hernández, No. 1445-2014 de fecha quince de agosto del ario dos mil catorce acción n de despido numero 1514.- 6) Acuerdo de despido de la señora Gloria Idalia Banegas Arita No. 1444-2014 de fecha quince de agosto del ario dos mil catorce acción de despido numero 1517.- 7) Acuerdo de despido de la señora Nely Castro Benítez, No. 1448-2014 de fecha quince de agosto del año dos mil catorce acción de despido numero 1515.- 8) Acuerdo de despido de la señora Blanca Nuvia Palma No. 1449-2014 de fecha quince de agosto del ario dos mil catorce acción de despido número 1530. .- 9) Acuerdo de despido de la señora Rosangela Flores Rey Mermet, No. 1450-2014 todos emitida por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, en base a los expedientes disciplinario realizado por la autoridad nominadora delegada como ser las investigaciones y audiencia de descargo al inculpado y dictámenes legales.- Mencionando que en los oficios de Acción de Despido se consignan las causas que dieron para la emisión de los Acuerdos de Cancelación de cada uno de ellas. Referido lo anterior, resulta evidente que la Honorable Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo al emitir su juicio de valor plasmado en la sentencia recurrida en casación, omitió hacer una motivación fáctica y una fundamentación jurídica lógica en la valoración de la prueba evacuada para emitir su fallo, en virtud de lo cual resulta un imperativo categórico en nombre de mi representada procesal acudir a la Honorable Corte Suprema de Justicia para que revise lo resuelto por el Tribunal Ad quem, por no encontrarse ajustado a derecho la sentencia de referencia, ya que los Actos administrativo emitido por la autoridad nominadora es en base a lo establecido la Ley de Servicio Civil y el Reglamento de la Ley de Servicio Civil. NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTAN EL MOTIVO. El Artículo 13 del Código digo Procesal Civil establece 1. El Juez ha de valorar la prueba de manera, precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezcan una valoración concreta del resultado probatorio obtenido. 2. La valoración legal de la prueba solo es admisible en el interrogatorio de las partes y en la prueba documental, y únicamente cuando una norma así lo indique expresamente o se deduzca de ella inequívocamente. 3. En todo caso el Juez ha de exponer en su sentencia los razonamientos que lo condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento, exista o no norma que le obligue, quedando prohibida la arbitrariedad. El Artículo 245 del Código Procesal Civil Establece: 1. La valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca. En razón de lo cual hay una clara infracción a la normas de derecho, tomando en consideración que encontrándose plenamente acreditado que mi representada el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, mediante la documentación que obra en los 9 expedientes disciplinarios, desde el inicio del procedimiento administrativo hasta que finalice con el Acuerdo de Cancelación siguientes 1) Acuerdo de despido de la señora Ana María López Luna No. 1443-2014; 2) Acuerdo de despido de la señora Delmy Aracely Pagoada Murillo, No. 14422014, 3) Acuerdo de despido de la señora Martha Ondina Miranda Gutiérrez, No. 1447-2014, 4) Acuerdo de despido de la señora Justina Canales Muñoz No. 14462014, 5) Acuerdo de despido de la señora Claudia Patricia Molina Hernández, No. 1445-2014, 6) Acuerdo de despido de la señora Gloria Idalia Banegas Arita No. 1444-2014, 7) Acuerdo de despido de la señora Nely Castro Benítez, No. 14482014, 8) Acuerdo de despido de la señora Blanca Nuvia Palma No. 1449-2014 y 9) Acuerdo de despido de la señora Rosangela Flores Rey Mermet, No. 1450-2014, todos de fecha 15 de Agosto del 2014, medios de prueba propuesto por las partes (actora y demandada) de esta demanda, los cuales fueron evacuados por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, se probó que los actos impugnado por las demandantes, fueron emitido y ejecutoriado en estricto apego al derecho administrativo vigente (Estatuto del área de medicina, Ley de Servicio Civil y el Reglamento de la Ley de Servicio Civil), lo que deslegitima a la vista la sentencia dictada por el Tribunal Ad Quem y las Sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortes en fecha uno de Marzo del ario dos mil diecisiete y partiendo del principio de legalidad constitucional, que literalmente expresa la Constitución de la República en su artículo 321 que dice: "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la Ley.- Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo .... ) se acude al Tribunal Superior que revise la legalidad de lo actuado en segunda instancia.- Los actos Administrativos Acuerdos de Cancelación de Acuerdo de Nombramiento números: 1443-2014, 1442-2014, 14472014, 1446-2014, 1445-2014, 1444-2014 1448-2014, 1449-2014, 1450-2014 respectivamente de cada demandante, se originaron por haber cometo varias faltas cada una de las servidoras públicas, como ser: Al no cumplir a cabalidad sus funciones en los puestos y cargos que desempeñaban en la emergencia del Hospital Doctor Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés; a no brindar la un servicio de calidad y humano en la provisión de salud al Señor Luis Alonso Caballero causando una condición de infrahumano, según las investigaciones realizadas por la Autoridad Nominadora delegada, y constan cada una de sus partes en los nueve expedientes administrativos, donde se le aplico a cada una de las demandantes Procedimiento Administrativo disciplinario, estipulado en la ley vigente en nuestro país y ellas no desvaneció en el momento procesal oportuno; Además que si consta en cada uno de los Acuerdos de Cancelación y oficio de la acción en la causa basada, así como la fundamentación legal y particular de cada uno de los casos. PARTE DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA La parte dispositiva de la Sentencia dice: "POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con Jurisdicción a Nivel Nacional en Nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS, siendo ponente la Magistrada IBETH ALBERTINA BENITEZ ERAZO ... FALLA: PRIMERO "Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA en su condición de sustituto de la Procuraduría General de la República, a través del Procurador Nor-occidental Judicial José Alfredo Molina Varela, y por ende en Representación Legal del Estado de Honduras." SEGUNDO: El numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que literalmente dice: "CONFIRMAR la Sentencia Definitiva de fecha uno de Marzo del ario dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes.”. II.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) en la formulación no se indica con claridad y precisión el concepto de la infracción, ya que se limita a enunciar “Infracción por violación o falta de la Motivación fáctica de la Sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter Lógico en el contenido de la sentencia…”; b) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia. III.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. IV.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de mayo del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA446-2019. FIRMA Y SELLO. –
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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