Sentencia CA-444-19 — Registro 12842
Resumen
La Corte de Apelaciones revoca la sentencia dictada por el juzgado bajo el criterio que revisadas las diligencias y de acuerdo a lo que la Ley de la Jurisdicción establece en cuanto a conocer los actos emitidos por la administración pública sujetos a derecho administrativo; y teniendo a la vista que los actos impugnados fueron emitidos bajo el Decreto 89-2012 contentivo de la Ley Especial para la Depuración Especial específicamente por la aplicación del artículo 18 A, en el cual se autoriza a la Dirección General de la Policía Nacional la práctica de pruebas de evaluación de confianza, estableciendo que la reprobación de dichas pruebas, constituyen causal de despido justificado sin ningún tipo de responsabilidad para la administración pública
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) en la formulación se omite establecer si la infracción a la ley, es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. Es hasta en la explicación que se menciona inapropiadamente el concepto de “…INFRACCIÓN DIRECTA…” concerniente a la meteria laboral y se alude a situaciones de aplicación y no aplicación de normas lo que vuelve el cargo confuso; b) es desatinado el señalamiento del precepto autorizante, ya que los artículos “…716-729 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL…”, no contienen causales de casación; c) se indican como normas infringidas lo siguiente “LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL EN ARTICULO 18-A REFORMADO EN DECRETO 5 DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 Y DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 63, 64, 82 90, 94, 127, 129; 1, (1) Y (2), 2, 5 (1) Y (2) , 8 (1) , (2) Y (3), 9, 11, 24, 25 DE LA CONVENCIONES AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 3, 14 NUMERAL 1 Y 26 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 23 DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS; 10, 11, 23, 29 DE LA DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS; 8 Y 9 DEL PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA 1969”, la proposición jurídica así expuesta igualmente resulta imprecisa, ya que señala un sin número de normas sin establecer con precisión, las que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones y las relacionadas, en su caso; d) se omite el pronunciamiento que se impugna artículo 704 del Código Procesal Civil; y, e) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario. 3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) en la formulación se omite establecer si la infracción a la ley, es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. Es hasta en la explicación que se menciona inapropiadamente el concepto de “…INFRACCIÓN DIRECTA…” concerniente a la meteria laboral y se alude a situaciones de aplicación y no aplicación de normas lo que vuelve el cargo confuso; b) es desatinado el señalamiento del precepto autorizante, ya que los artículos “…716-729 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL…”, no contienen causales de casación; c) se indican como normas infringidas lo siguiente “LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL EN ARTICULO 18-A REFORMADO EN DECRETO 5 DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 Y DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 63, 64, 82 90, 94, 127, 129; 1, (1) Y (2), 2, 5 (1) Y (2) , 8 (1) , (2) Y (3), 9, 11, 24, 25 DE LA CONVENCIONES AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 3, 14 NUMERAL 1 Y 26 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 23 DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS; 10, 11, 23, 29 DE LA DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS; 8 Y 9 DEL PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA 1969”, la proposición jurídica así expuesta igualmente resulta imprecisa, ya que señala un sin número de normas sin establecer con precisión, las que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones y las relacionadas, en su caso; d) se omite el pronunciamiento que se impugna artículo 704 del Código Procesal Civil; y, e) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario. 3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de octubre de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, y EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: Los señores ENMANUEL QUINTANO ORTEZ, DANIEL ENRIQUE BANEGAS SOLIS, MAURICIO ROLANDO SUAREZ AGUIRRE, ERICK DANIEL AGUILAR NOLASCO, MARTIR NOHEL AMAYA AMAYA, representados en juicio por la Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, y, Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS, representada en juicio por el Abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial de reintegro, para que se declare la nulidad por ilegalidad e inconstitucionalidad de unos actos administrativos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad que violan el derecho de defensa y el debido proceso, así como el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, que se dicten las medidas necesarias para el pleno restablecimiento, pago de salarios dejados de percibir, ascensos retroactivos, daños y perjuicios, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado JUAN CARLOS BARRIENTOS, en su condición de representante procesal de los señores: 1) ENMANUEL QUINTANO ORTEZ; 2) DANIEL ENRIQUE BANEGAS SOLIS; 3) MAURICIO ROLANDO SUAREZ AGUIRRE; 4) ERICK DANIEL AGUILAR NOLASCO; y 5) MARTIR NOHEL AMAYA AMAYA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHOS DE SEGURIDAD. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- Las partes demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que iniciaron su relación de trabajo en la Academia Nacional de Policía, así: Enmanuel Quintano Ortez, el 14 de enero del 2007, egresando como Oficial de Policía con el grado de Sub Inspector el 10 de diciembre del 2010, hasta que fue cancelado mediante Acuerdo N°1397-2012 de fecha 21 de septiembre de 2012, y notificado 09 de Octubre de 2012; Daniel Enrique Banegas Solis, el 11 de enero de 2004, egresando como Oficial de Policía con el grado de Sub Inspector el 01 de julio de 2007, cursando una Licenciatura en Ciencias Policiales la que finalizó en diciembre de 2007, habiendo transcurrido cinco años y cumpliendo con el manual de ascenso para obtener el grado de Inspector, teniendo coma fecha de graduación el mes de julio de 2012, posponiéndose el ascenso hasta nuevo aviso debido a los cambios institucionales a lo interno de la Policía Nacional, dejando así de percibir el aumento salarial que correspondía al grado de Inspector, hasta que fue cancelado mediante Acuerdo Nº1398-2012 de fecha 21 de septiembre de 2012, y notificado el 9 de Octubre de 2012; Mauricio Rolando Suarez Aguirre, el 6 de enero del 2006 cursando la Licenciatura en Investigación Criminal, egresando como Oficial de Policía con el grado de Sub Inspector en diciembre del 2009, fecha desde la cual laboró para la Policía Nacional pasando la mayoría del tiempo en cursos de operaciones que le permitieron varios diplomas de reconocimiento, hasta que fue cancelado por despido mediante Acuerdo N°1399-2012 de fecha 21 de Septiembre de 2012, y notificado el 10 de Octubre de 2012; Erick Daniel Aguilar Nolasco, el 11 de enero del 2004, egresando como Oficial de Policía con el grado de Sub Inspector el 01 de julio del 2007, cursando una Licenciatura en Ciencias Policiales la que finalizó en Diciembre de 2007, habiendo transcurrido cinco años y cumpliendo con el manual de ascenso para obtener el grado de Inspector, teniendo como fecha de graduación el mes de julio de 2012, posponiéndose el ascenso hasta nuevo aviso debido a los cambios institucionales a lo interno de la Policía, Nacional, dejando así de percibir el aumento salarial que correspondía al grado de Inspector, fecha desde la cual laboró para la Policía Nacional, hasta que fue cancelado por despido mediante Acuerdo Nº1400-2012 de fecha 21 de Septiembre de 2012, y notificado el 09 de Octubre de 2012; Martir Nohel Amaya Amaya, en el Comando de Operaciones Especiales "Cobra" el 5 de febrero de 1996 graduándose el 29 de junio del mismo año con el grado de Policía Cobra, experimentando varios ascensos hasta llegar al grado de Policía Clase III, laborando para la Policía Nacional hasta que fue cancelado por despido mediante Acuerdo N°1402-2012 de fecha 21 de Septiembre de 2012, y notificado el 10 de Octubre de 2012; manifestaron que todos los acuerdos de cancelación por despido mencionados los justificaron aduciendo que habían sido reprobados en la prueba de evaluación de confianza denominada "Polígrafo", y se fundamentaron a la vez en el Decreto Legislativo N° 89-2012 de 24 de mayo de 2012 que contiene la "Ley Especial para la Depuración Policial"; que dicho Decreto Legislativo, a través de sus artículos 2° y 3°, autorizan a la Dirección General de la Policía Nacional para la práctica de pruebas de evaluación de confianza, estableciendo que la reprobación en cualquiera de las pruebas, constituye causal de despido justificado de forma inmediata de la Policía Nacional, sin responsabilidad patrimonial para el Estado de Honduras, y en su artículo 4°, se establece que durante la vigencia de la ley, quedan suspendidas en su vigencia las normas contenidas en los artículos 114 párrafo primero, 127, 128,129, 130,131 y 132 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras; Estos artículos mencionados de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, de fecha 31 de Octubre de 2008, se refieren a garantías y derechos constitucionales de los miembros de la Policía Nacional, los que individual y concretamente se refieren a lo siguiente: "Articulo 114" párrafo primero, sobre la procedencia del despido, cuando este amparado en alguna de las causas establecidas en la ley. "Articulo 127", sobre la no aplicación del despido sin antes haber escuchado suficientemente los descargos del inculpado, realizadas las investigaciones y evacuadas las pruebas que correspondan. "Artículo 128", sobre la notificación de lugar, fecha y hora de la audiencia para escuchar los descargos del inculpado y las pruebas que pueda aportar. "Artículo 129", sobre el trámite de la audiencia de descargos. "Artículo 130", sobre el acta a levantarse de la audiencia de descargos. "Artículo 131", sobre la no comparecencia del inculpado a la audiencia de descargos. "Artículo 132", sobre la posibilidad de la inocencia del inculpado y sus efectos; el Decreto que contiene la Ley Especial para la Depuración Policial a que se ha hecho referencia, no debe ni debía ser objeto de aplicación ya que disminuye, restringe y tergiversa las declaraciones, derechos y garantías que establece la Constitución de la República de conformidad a lo señalado en el artículo 64 Constitucional; manifestaron además que las pruebas practicadas y en particular la del polígrafo, carecían de cientificidad y además tampoco garantizaron cien por ciento de efectividad, ya que por el contrario violentaron el Derecho Constitucional a la Intimidad Personal de cada ciudadano, de conformidad a lo prescrito por el artículo 76 de nuestra Carta Magna, el derecho constitucional de defensa, es universalmente aceptado como un derecho humano y elemental para todas las personas y en especial para cualquier ciudadano de la República de Honduras; es por ello que la Constitución lo califica como un derecho "inviolable"; manifestaron que fueron obligados a participar en la prueba del polígrafo y prácticamente a declarar contra sí mismos, por lo que fueron despedidos con fundamento en una ley anticonstitucional, sin permitirles desvirtuar los cargos en su contra debido a la suspensión de las audiencias de descargo, con lo que sin ningún género de duda quedó evidenciada la violación al derecho constitucional de defensa; violentando así los artículos 88, 89 y 90 constitucionales. 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que los demandantes iniciaron a prestar sus servicios para el demandado en las fechas que aducen en su demanda, y que los acuerdos de cancelación se fundamentaron en el Decreto Legislativo 89-2012 del 24 de mayo del 2012, que contiene la Ley de Especial para la Depuración Policial, por lo tanto se efectuó de conformidad a derecho, ya que los demandantes reprobaron una de las pruebas de evaluación de confianza que al efecto se les practicaron; y que no se les violentó ningún precepto jurídico, ya que el procedimiento se siguió dentro del marco legal, para hacer efectiva la cancelación de los demandantes; manifestó que dicha Ley faculta a la Dirección General de la Policía Nacional a practicar pruebas de evaluación de confianza a los miembros de la Policía Nacional y a la vez establece que su reprobación constituye causal de despido, suspendiendo la vigencia de aquellos artículos de la Ley Orgánica de la Policía Nacional que regulan el procedimiento de despido y que los despidos no implica en ningún caso, ni tiempo, responsabilidad patrimonial para el Estado de Honduras; a lo que rechazó lo referente a que los despidos constituyeron una violación a las garantías y derechos constitucionales, y que las garantías y derechos que aducen los demandantes fueron creadas mediante Decreto Legislativo, careciendo de rango constitucional, mismas que podrían ser modificadas por medio de Ley, tal como ocurrió en el presente caso; que el artículo 2 señala: "FACULTADES Y ATRIBUCIONES. De forma excepcional y por el termino de seis (6) meses, son atribuciones especiales del Director General de la Policía Nacional de Honduras, en coordinación con el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, las siguientes: 1) Ordenar con carácter obligatorio para cualquier miembro de la carrera policial, la práctica de pruebas de evaluación de confianza, descritas en el artículo 18-A de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, contenidas en el Decreto No. 67-2008 de fecha 12 de junio del 2008. Cuando el evaluado repruebe cualquiera de las pruebas que se le practiquen, esto será causal de despido justificado de forma inmediata de la Policía Nacional" de lo preceptuado en la citada norma, se colige que el Decreto 89-2012 se remite únicamente al artículo 18-A para la realización de las pruebas de confianza, las cuales concretamente se establecen en el primer párrafo del referido artículo. Asimismo, el artículo 4 del Decreto 89-2012, establece: "SUSPENSIÓN DE NORMAS. Durante la vigencia de la presente Ley, quedan suspendidos en su vigencia los Artículos 114 párrafo primero, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras"; por tal razón, la autoridad administrativa no estaba en la obligación de seguir el procedimiento de despido establecido en los Artículos 114 párrafo primero, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras por haber sido estos suspendidos mediante el decreto ya relacionado que contiene la Ley Especial para la Depuración Policial, por lo que el acto administrativo se ejecutó de conformidad a derecho; además señaló que no corresponde a los demandantes ni a la Judicatura determinar si una Ley es inconstitucional, siendo esta una facultad exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de conformidad a los artículos 184, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República y en especial el 74 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por lo que en ningún momento pueden los demandantes pretender se presuma la inconstitucionalidad de una norma, ni admitir el Juzgado alegatos a tal efecto; consecuentemente, al encontrarse vigente y aplicable la Ley Especial para la Depuración Policial y al haber reprobado los demandantes toda la prueba de evaluación de confianza denominada polígrafo, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad actuó al amparo de la Ley al emitir los respectivos acuerdos de cancelación de los demandantes. 3.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, en fecha 07 de marzo del 2013, interpuso en tiempo y forma defensas previas, alegando dos causas: 1) Inadmisibilidad que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa, por ser un acto que se dicte en virtud de una ley que expresamente les excluya de la vía contencioso administrativa; causa de inadmisibilidad establecida en el Articulo 63 literal a) en relación a lo que establece el Artículo 80 literal e) de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo porque es evidente el demandado se basó en lo preceptuado del Decreto 89-2012 que contiene La Ley Especial para la Depuración Policial esto en virtud que el mencionado Decreto Legislativo que contiene la Ley Especial para la Depuración Policial en su Artículo 4: suspendió todos los Artículos 114 párrafo primero, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras que constituyen normas que regulan el despido de un miembro de la Policía, por lo que es evidente que la pretensión de nulidad del acto administrativo no es susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa, por ser un acto que se dicte en virtud de una ley que expresamente les excluya de la vía contencioso administrativa, en virtud que al quedar suspendidos los Artículos antes mencionados de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras el ciudadano no estaba protegido por una Ley especial por tanto el acto administrativo no es susceptible de Impugnación ante esta Jurisdicción; que el Artículo 3 del Decreto 89-2012 del 24 de Mayo del 2012 que contiene la Ley Especial para la Depuración Policial estable "El Despido de cualquiera de los miembros de la Carrera Policial producto de la aplicación de las medidas, acciones y facultades establecidas en este Decreto, no implicaría en ningún caso, ni tiempo, responsabilidad patrimonial para el Estado de Honduras, ni responsabilidad patrimonial, civil, administrativa o penal a los funcionarios encargados de la aplicación del presente decreto; 2) Inadmisibilidad que se hubiere presentado por persona no legitimada, practicada por la Dirección de investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), entre ellas las de Evaluación de Confianza a los demandantes miembros de la Carrera Policial, una vez practicada dicha evaluación la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial resolvió tener por reprobada por parte de los demandantes la prueba de Evaluación de Confianza denominada polígrafo por lo que en aplicación de lo que establece el artículo 2 numeral l, Artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo número 89-2012 del 24 de Mayo del 2012 que contiene la Ley Especial para la Depuración Policial determinó el demandado mediante Acuerdos Números 1397, 1398, 1399, 1400 y 1402 de fecha 21 de septiembre de 2012, despedir de los puestos que ocupaban en la Policía Nacional y al haberse suspendido el procedimiento de despido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en consecuencia el demandante no está protegido por una Ley Especial, tal como lo exige el Articulo 109 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que transcribo: "Solamente podrán impugnarse en vía Contencioso-Administrativo los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando estuviere protegido por una ley especial" y los demandantes no se encuentran legitimados para comparecer ante esta vía a pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada; por tales razones alegó que es evidente que existieron causas de inadmisibilidad en la demanda de mérito; asimismo mediante auto de fecha 10 de octubre del 2013, fueron DESESTIMADAS las defensa previa alegadas por la parte incidentista, por improcedentes. 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de noviembre del 2015, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: "RESUELVE: PRIMERO: DECLARR PROCEDENTE la acción incoada por los señores ENMAUEL QUINTANO ORTEZ, DANIEL ENRIQUE BANEGAS SOLIS, MAURICIO ROLANDO SUAREZ AGUIRRE, ERICK DANIEL AGUILAR NOLASCO, MARTIN NOHEL AMAYA AMAYA, por no ajustarse a derecho los actos administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación 1397, 1398, 1399, 1400 y 1402 todos de fecha 21 de Septiembre de 2012, emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad, mediante el cuales se cancelaron sus cargos, dependiente de la Secretaria de Seguridad, mismos que se anulan por ser ilegal. SEGUNDO: Reconocer la situación Jurídica Individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve: Adoptar el reintegro de los demandantes señores ENMAUEL QUINTANO ORTEZ al cargo de sub inspector de policía, DANIEL ENRIQUE BANEGAS SOLIS al cargo de sub inspector 1, MAURICIO ROLANDO SUAREZ AGUIRRE al cargo de oficial de policía grado de sub inspector, ERICK DANIEL AGUILAR NOLASCO al cargo de Sub Inspector de Policía, MARTIN NOHEL AMAYA AMAYA, al grado de policía clase III, dependientes de la Secretaría de Seguridad. TERCERO: Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, al pago a favor del demandante en concepto de daños y perjuicios, de las salarios dejados de percibir desde la fecha de efectividad de sus acuerdos de cancelación todos de fecha 21 de Septiembre de 2012, hasta el día en que se ejecute la presente sentencia y demás derechos que le pudieran corresponder como ser, el pago del décimo tercer, decimo cuarto mes de salario, vacaciones y otros beneficios otorgados en su ausencia. CUARTO: Se decreta, en su caso, la nulidad de los actos administrativos por el cual se haya nombrado al sustituto de las demandantes. QUINTO: No se le reconoce el pago de aumentos por ascensos de promoción, y de igual manera los ascensos dejados de alcanzar por el demandante al grado inmediato superior, por no ser de conocimiento en una demanda en materia de personal"...; sin costas; bajo el criterio que de lo alegado por las partes y de la documentación agregada a la presente causa, este suscrito no desconoce el contenido del articulo 4 del Decreto 89-2012, que contiene la Ley Especial para la Depuración Policial, misma que suspende por el plazo de 6 meses los artículos 114 párrafo primero, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, dentro de los cuales se encuentra incluido aquel que se refiere al debido proceso, que se debe seguir para cancelar a un servidor de la carrera policial, sin embargo la norma referida y su correspondiente suspensión no puede ni debe de ser interpretada de manera aislada, sino que la interpretación y aplicación de dicho precepto debe de realizarse de manera conjunta y sistemáticamente en armonía con las demás normas que forman parte del derecho positivo; se señala lo anterior, pues la Ley de Policía no es el único cuerpo legal que salvaguarda los derechos fundamentales, por encima de esta Ley y de acuerdo a la jerarquía que rige nuestro país, se encuentra la Constitución de la República y los Tratados y Convenios suscritos por Honduras, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, estos dos instrumentos tienen disposiciones que garantizan los derechos mínimos de los que todo ciudadano goza y que deben de ser observados antes de poner cualquier pena o sanción, así como por ejemplo, tenemos que el artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece, que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley en la sustanciación de cualquier pena formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. De igual manera el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; ante tal relación jurídica aún y cuando el propio legislador haya suspendido el debido proceso que se le debe de seguir a todo miembro de la Carrera Policial, como mecanismo previo a interponerle una sanción, lo cierto es que por encima de esa norma adjetiva, existen normas de rango superior que garantizan lo que una norma de rango inferior a dejado en suspenso, ante tal situación es absolutamente ilegal que se aplique una sanción disciplinaria a un servidor policial, sin garantizarle los derechos mínimos que consagran nuestra Constitución y los Convenios Internacionales, puesto que incluso hasta el inculpado infraganti tiene derecho a ser oído previo a la interposición de una pena, el mismo trato se debe de observar para toda aquella persona a quien se le trata de imponer una sanción administrativa; Por lo dicho anteriormente, el acto administrativo de cancelación del demandante es ilegal, en tanto no se a seguido el proceso para la emisión del mismo, haciendo evidente que la presente demanda se deba declarar procedente. 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 22 de mayo del 2019, dictó sentencia REVOCANDO la proferida en primera instancia, misma que en su parte conducente dice: "FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MANUEL DE JESÚS PAZ VAQUERO en su condición de apoderado procesal sustituto del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Seguridad. SEGUNDO: SE REVOCA la sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil quince emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en la pieza principal de autos, de la demanda promovida por los señores "ENMANUEL ENRIQUE BANEGAS SOLIS, MAURICIO ROLANDO SUAREZ AGUIRRE, ERICK DANIEL AGUILAR NOLASCO y MARTIR NOHEL AMAYA AMAYA contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad y que obra a folios del doscientos treinta y tres (233) a folio doscientos treinta y nueve (239) de la pieza principal de autos. TERCERO: En consecuencia se declara improcedente la demanda por haberse emitido conforme a derecho el acto impugnado"...; sin costas, bajo el criterio que revisadas las diligencias y de acuerdo a lo que la Ley de la Jurisdicción establece en cuanto a conocer los actos emitidos por la administración pública sujetos a derecho administrativo; y teniendo a la vista que los actos impugnados fueron emitidos bajo el Decreto 89-2012 contentivo de la Ley Especial para la Depuración Especial específicamente por la aplicación del artículo 18 A, en el cual se autoriza a la Dirección General de la Policía Nacional la práctica de pruebas de evaluación de confianza, estableciendo que la reprobación de dichas pruebas, constituyen causal de despido justificado sin ningún tipo de responsabilidad para la administración pública; al respecto, para analizar la pretensión de los demandantes en cuanto a considerar si el acto de cancelación por no haber culminado satisfactoriamente la pruebas de confianza, específicamente el polígrafo y si estos devienen de legalidad, es preciso indicar que el objetivo principal de la jurisdicción contencioso administrativo, no es garantizar el apego a derecho de la actividad administrativa en todos los actos que emiten, sino proteger los derechos e intereses de los particulares afectados por tal actividad ante la supuesta ilegalidad del acto. Ello no significa que en modo alguno, se abandone el control de legalidad del actuar administrativo, por el contrario, este siempre será revisado por el juez contencioso administrativo, pues toda alteración a los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce al particular constituye en si misma una vulneración a la ley, que como tal, debe ser restablecida en protección de los derechos individuales en juego, siendo uno de sus axiomas "no hay contencioso administrativo si no hay quien resuelva con poderes suficientes, con neutralidad, esa controversia que han surgido entre la administración y el administrado en el que el accionar del juez contencioso convergen en un fin muy preciso: el restablecimiento de las situaciones jurídicas lesionadas por la actividad administrativa", en la que, la ley le atribuye a esta jurisdicción la misión muy importante de contralor de la juridicidad de los actos de la administración pública y sus entidades descentralizadas y autónomas, sin que esto cambie la facultad revisora del acto administrativo, por una jurisdicción constitucional, ya que dicha competencia pertenece por antonomasia a la Sala de lo Constitucional, dicho actuar se encuentra contemplado en el principio de reserva de ley que impide que otros órganos regulen una determinada materia; y es así como la figura de la competencia se considera como una de las máximas expresiones del principio de legalidad; en el que también califica al derecho administrativo como una jurisdicción improrrogable, en el que se condiciona la validez del acto de modo tal que, el emitido fuera de ella, esta afectado de nulidad, por lo que el tribunal ha de limitarse a conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con las disposiciones del derecho administrativo, que nace como medio de control para que los administrados se defiendan en contra de los actos y resoluciones de la administración y excepcionalmente para que la administración pueda dejar sin efectos sus propias resoluciones por lo que la competencia del órgano jurisdiccional vendrá determinada por el conjunto de pretensiones, bien para pedir la declaración de no ser conforme a derecho, y por ende la anulación por exceso y desviación de poder o infracción del ordenamiento jurídico, y de ser factible o solicitar el reconocimiento de una jurídica individualiza la adopción de las medidas necesarias para el restablecimiento de la misma; dicho lo anterior, en la que ya se ha dejado establecida la competencia de esta jurisdicción, es relevante mencionar que el acto en el cual fundamentan los acuerdos de impugnación devienen de la aplicación del Decreto 89-2012 contentivo de la Ley Especial para la depuración especial en aplicación del artículo 18 A, decreto que innova el ordenamiento jurídico con nuevas normas; mientras que el acto impugnado se limita a poner en marcha lo dispuesto en dicha norma, es decir no podrá convertirse directamente, en esta sede, la legalidad de una norma, sino del acto administrativo pronunciado en aplicación de ella; en resumen este Tribunal no dirime si el Decreto es inconstitucional, ya que esa competencia le corresponde mandato de ley a la Sala Constitucional, quien ya ha dejado plasmado que dichas pruebas de confianza no sugieren en ellos vicios de inconstitucionalidad; nuestra competencia es revisar si el acto objeto de impugnación se basó en exceso, desviación de poder, o infracción al ordenamiento jurídico, es decir si el acto se emitió conforme a derecho o no, debiendo el juez de primera instancia actuar como revisor del acto, observando que la petición de los demandantes fue que se declare la inconstitucionalidad de dichos actos por violar su derecho a la defensa, hechos que como ya se acoto se hizo en base a un decreto vigente en su momento en la que como se apuntó, los actos administrativos impugnados obedecen a que el Decreto en mención fue emitido en uso de las facultades del Poder Legislativo, Decreto que estaba en vigencia al momento de emitir los actos objeto de impugnación y del cual ya hubo un pronunciamiento de la Sala Constitucional, como ente facultado para declarar inconstitucional una ley o no, en la que ha declarado no ha lugar dicho recurso sobre la acción interpuesta destacando que dicho acto requirió de una interpretación que concluyo en que no hay incompatibilidad entre la norma constitucional y la que fue sometida a enjuiciamiento, vinculando a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales. 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, en fecha 26 de junio del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 22 de mayo del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.156-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.387-2012 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 23 de julio del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado MANUEL DE JESÚS PAZ VAQUERO, presentó en fecha 08 de agosto del 2019, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 12 de agosto del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 13 de agosto del 2019, los Abogados GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, y MANUEL DE JESÚS PAZ VAQUERO. 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 09 de octubre del 2019, teniendo por personados a los Abogados GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, como recurrente, y MANUEL DE JESÚS PAZ VAQUERO, como recurrido, en consecuencia se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “ACUSO LA SENTENCIA RECURRIDA DE SER VIOLATORIA DE LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL EN ARTICULO 18-A REFORMADO EN DECRETO 5 DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 Y DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 63, 64, 82 90, 94, 127, 129; 1, (1) Y (2), 2, 5 (1) Y (2) , 8 (1) , (2) Y (3), 9, 11, 24, 25 DE LA CONVENCIONES AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 3, 14 NUMERAL 1 Y 26 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 23 DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS; 10, 11, 23, 29 DE LA DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS; 8 Y 9 DEL PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA 1969. PRECEPTO AUTORIZANTE.- EL PRESENTE MOTIVO DE CASACION SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN EL ARTICULO 716-729 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.- EXPLICACION DEL MOTIVO.- REITERADAMENTE HA MANTENIDO ESTA HONORABLE CORTE EL SOLIDO CRITERIO DE QUE LA INFRACCION DIRECTA DE LA LEY TIENE LUGAR CUANDO A UN HECHO DEBIDAMENTE COMPROBADO, SE DEJA DE APLICAR LA NORMA QUE REGULA EL CASO DEBATIDO Y ESTABLECIDO EN EL PROCESO, HACIENDOLE PRODUCIR EFECTOS CONTRARIOS A LA NORMA Y COLOCANDOSE EL SENTENCIADOR EN MANIFIESTA REBELDIA CONTRA LA NORMA LEGAL APLICABLE Y CUANDO EL TEXTO DE LA NORMA ES ABSOLUTAMENTE CLARO Y LA SENTENCIA CONTIENE DISPOSICIONES EN ABIERTA PUGNA CON LA LEY.- EL ARTICULO 18-A REFORMADO LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL DECRETO 5 DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 ESTE ARTICULO ES DIRECTO PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL DIECP AHORA DIDAPOL QUIEN PRACTICA LAS PRUEBAS DE CONFIANZA, SIENDO LA UNICA DIRECCION QUE ESTABA AUTORIZADA PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN DE MERITO Y TAMBIÉN PARA QUE LA NOTIFICARA Y LE DIERA LA OPORTUNIDAD DE HACER EL USO DE LOS RECURSOS QUE EL MISMO ARTICULO DE LA LEY LES AMPARA Y QUE NO FUE APLICADO: LO ANTES EXPUESTO TRAE COMO CONSECUENCIA QUE ESTE PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN, SEA CASADO, POR ESTAR AJUSTADO A LOS REQUISITOS Y TÉCNICAS QUE SEÑALA LA LEY Y LA JURISPRUDENCIA EN LA FORMALIZACIÓN DE TODO RECURSO DE CASACIÓN SEÑORES MAGISTRADOS: ESTA CAUSAL QUE INVENTO LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DIECP NO HA SIDO UNA CAUSAL DE DESPIDO EN MUCHOS DE LOS CASOS QUE SE DIERON EN EL ANO 2012 DONDE NACIÓ EL ARTICULO 18-A Y REFORMADO EN ESE MISMO ANO EN EL DECRETO 5 DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012. DONDE EMITEN Q EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA QUE UN POLI CIA FUESE CANCELADO POR REPROBAR ALGUNAS DE LAS PRUEBAS DE CONFIANZA. POR LO QUE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA SI OBSERVO EL PROCEDIMIENTO QUE SE APLICO EN ESTA CANCELACIÓN, PERO CON SORPRESA LEO LA SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DONDE NI SIQUIERA LE DA IMPORTANCIA A LA NORMA NO APLICADA Y VIOLENTADO EL PROCEDIMIENTO TANTO EN LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DIECP AHORA DIDAPOL, COMO LA SECRETARIA DE SEGURIDAD TAMPOCO OBSERVO ESTE PROCEDIMIENTO NI LA VIOLACION DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES DE LAS CUALES HAN SIDO OBJETO MIS REPRESENTADOS, POR LO QUE AL CANCELARLOS LOS DEJARON INDEFENSOS, POR LO QUE ES NECESARIO Y URGENTE PARA QUE NO SE COMETA EL MISMO DELITO DE APLICAR UNA LEY INCOMPLETA, QUE SE HAGA UNA COMPARACION E INVESTIGACION DE LO QUE INDICA EL ARTICULO 18-A REFORMADO EN EL DECRETO 5 DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 PARA QUE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUEDA APLICARLO, ESTE ARTICULO AUTORIZA A LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL DIECP A REALIZAR UN PROCEDIMIENTO UNA VEZ QUE SE PRACTICAN LAS PRUEBAS DE CONFIANZA Y ESTE FUE VIOLADO Y NO APLICADO EN EL CASO QUE NOS OCUPA, POR TANTO MIS REPRESENTADOS SE HAN QUEDADO INDEFENSOS CON ESTA SENTENCIA DE ESTA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN ESTA SE VE CLARO QUE NO OBSERVO QUE A MIS REPRESENTADOS NO SE LES DIO LA OPORTUNIDAD DE TENER UN DEBIDO PROCESO, SE LE MANCHO EL HONOR, Y SE LES CANCELO VIOLENTANDO LES EL DERECHO DE DEFENSA Y LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PETICION, NO SE LES REALIZO NINGUNA AUDIENCIA DE DESCARGO, PERO SI SE EMITIÓ UNA RESOLUCION QUE NUNCA FUE NOTIFICADA A MIS REPRESENTADOS.- POR LO QUE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD NUNCA DEBIÓ UTILIZAR LA RESOLUCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL DIECP AHORA DIDAPOL, YA QUE DICHA RESOLUCION NO FUE NOTIFICADA PARA QUE MIS REPRESENTADOS PUDIERA PRESENTAR EL RECURSO RESPECTIVO PARA QUE SE DEFENDIERAN.- AQUI ESTA CLARA LA VIOLACION A LA LEY Y A LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. CON LA CANCELACION DE MIS REPRESENTADOS EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD, SE HA BURLADO UNA VEZ MAS DE LAS LEYES ADMINISTRATIVAS DE MI PAIS, Y NO DIGAMOS DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA”. 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) en la formulación se omite establecer si la infracción a la ley, es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. Es hasta en la explicación que se menciona inapropiadamente el concepto de “…INFRACCIÓN DIRECTA…” concerniente a la meteria laboral y se alude a situaciones de aplicación y no aplicación de normas lo que vuelve el cargo confuso; b) es desatinado el señalamiento del precepto autorizante, ya que los artículos “…716-729 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL…”, no contienen causales de casación; c) se indican como normas infringidas lo siguiente “LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL EN ARTICULO 18-A REFORMADO EN DECRETO 5 DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 Y DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 63, 64, 82 90, 94, 127, 129; 1, (1) Y (2), 2, 5 (1) Y (2) , 8 (1) , (2) Y (3), 9, 11, 24, 25 DE LA CONVENCIONES AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 3, 14 NUMERAL 1 Y 26 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 23 DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS; 10, 11, 23, 29 DE LA DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS; 8 Y 9 DEL PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA 1969”, la proposición jurídica así expuesta igualmente resulta imprecisa, ya que señala un sin número de normas sin establecer con precisión, las que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones y las relacionadas, en su caso; d) se omite el pronunciamiento que se impugna artículo 704 del Código Procesal Civil; y, e) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario. 3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. 4.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. 5.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de agosto del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA444-2019. FIRMA Y SELLO.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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