Sentencia CA-443-19 — Registro 12841
Resumen
En primera instancia se declara improcedente la acción incoada por los demandantes por ajustarse a Derecho los actos Administrativos Impugnados, consistentes en Acuerdo de Cancelación, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión, a saber: a) se indica como precepto autorizante el artículo “716 numeral 1) del Código Procesal Civil” disposición que resulta inapropiada para el sustento del motivo; b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; c) en el concepto de la infracción se alude al artículo 115 párrafo segundo del Decreto 202-2012, disposición que no ha sido señalada como infringida o relacionada en la formulación; y, d) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de octubre dos mil veinte, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, y EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: Los señores JORGE ALBERTO COLINDRES REYES, JOSÉ LUIS FLORES y MARIA SUSANA MÉNDEZ, representada en juicio por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO y, Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS, representada en juicio por la Abogada BRISHELDA ESPERANZA GUEVARA MOLINA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare no ser conforme a derecho actos administrativos de carácter particular en materia de personal por haber sido dictados infringiendo el ordenamiento jurídico quebrantando las formalidades esenciales, que se decrete la ilegalidad y su nulidad y se reconozca la situación jurídica individualizada y adoptar como medidas necesarias para el pleno restablecimiento de los derechos infringidos, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de salarios y demás beneficios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha de cancelación, hasta que sea firme la sentencia condenatoria, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por los señores JORGE ALBERTO COLINDRES REYES, JOSÉ LUIS FLORES y MARIA SUSANA MÉNDEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHOS DE SEGURIDAD. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que iniciaron la relación de trabajo con el demandado, mediante acuerdos de nombramiento números; 5522 de fecha 28 de diciembre de 1998; Acuerdo número 1968 de fecha 04 de julio de 1994; y, Acuerdo No. 556-2000, de fecha 13 de octubre del 2000, como Policías de la Jefatura departamental 17, Valle, y el de Vigilante con funciones de Aseadora de la Dirección de investigación Criminal, asignada a la oficina local de San Lorenzo, devengando actualmente salarios mensuales de L.10,934.00 y Lps.11,188.0O, respectivamente; que la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, mediante Acuerdos de Cancelación números: 2378-2013; 2379-2013 ambos de fecha 13 de diciembre de 2013; y, Acuerdo No. 2308-2013 de fecha 17 de diciembre del 2013, y notificados en fecha 16 de enero de 2014, determinó cancelar los Acuerdos de Nombramiento como Agentes de policía, y de Vigilante con funciones de Aseadora y no Policía Clase I, como se establece erradamente en dicho Acuerdo, de manera arbitraria e ilegal, argumentando la causal de haber reprobado el mecanismo de evaluación de confianza denominada toxicológicas, causal esta que consideraron ilegal e injustificada, en completo exceso y abuso de poder ya que para efectuar dichas cancelaciones no siguieron el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, además de que es incongruente que después de haber laborado por más de 15 y 20 años respectivamente, el empleador pretenda justificar una cancelación abrupta con una simple evaluación; tal es el caso de la demandante María Susana Méndez, se le canceló su nombramiento supuestamente por haber reprobado el mecanismo de evaluación de confianza denominada polígrafo, y no era Policía, pues sus funciones siempre las desempeño con el puesto para el cual fue nombrada de Vigilante con funciones de Aseadora, hasta la fecha de la cancelación; y de conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Nacional, artículos reformados 18-A y 126 numeral 10) omitieron arbitrariamente el proceso de investigación al que tenía que ser sometida, también manifestó que al emitir los acuerdos de cancelación infringieron el ordenamiento jurídico violentando flagrantemente el artículo 129 párrafo 3ro, de la Ley Orgánica de la Policía nacional de Honduras, por no haberse seguido el procedimiento establecido en el mismo y que 16 de enero del 2014, fueron notificados los Acuerdos en referencia, mediante los cuales se les comunicaba la cancelación de los puestos de trabajo, la acción ya estaba prescrita de pleno derecho; y que según artículo 134 párrafo 2do. de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, la Autoridad Nominadora, tenía 45 días hábiles a partir de que tuvo conocimiento de la presunta falta para ejercer la acción de cancelación; es decir, desde el 16 de julio del 2013, fecha en que se les realizó las evaluaciones de confianza, pues los Acuerdos de cancelación eran de fecha 13 de diciembre de 2013; es por ello que los demandantes deducen que la acción ya estaba totalmente prescrita por haber transcurrido 106 días hábiles desde que ocurrieron los hechos o las supuestas faltas que se nos imputan para imponer la desproporcionada sanción; alegaron que en las audiencias de descargo rechazaron de manera terminante y desvirtuaron las faltas imputadas, y que resulta evidente que las investigaciones no reflejaron en manera alguna la implicación de los demandantes en la comisión de las faltas que se les atribuyen. 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que los demandantes iniciaron su relación de trabajo tal como lo plantearon en el hecho primero; pero en cuanto a lo referente a la señora María Susana Méndez, omitió mencionar, que posteriormente mediante Acuerdo 789-2002 de fecha 28 de junio del 2002 fue ascendida al grado de Policía Clase I, incrementándosele a su vez el sueldo correspondiente a dicho cargo por lo cual a la fecha de su cancelación el sueldo por su cargo y grado se homóloga a los demás policías de ese mismo rango; alegó que si bien es cierto los demandantes fueron despedidos mediante acuerdos de cancelación número 2378-2013 del 13 de diciembre del 2013; 2379-2013 de fecha 13 de diciembre del 2013; y 2308- 2013, de fecha 12 de diciembre del 2013, siendo notificados los mismos el 16 de enero del 2014; pero es menos cierto lo manifestado por la demandante María Susana Méndez ya que lo que asevera en cuanto a que se determinó el acuerdo de nombramiento como vigilante con funciones de aseadora y no policía Clase I es falso, ya que Policía Clase I es el cargo que ostentaba al momento de su cancelación en virtud del ascenso de que fue objeto mediante Acuerdo N° 789- 2002 de fecha 28 de junio del 2002, y que su sueldo fue homologado con los demás policías; argumentó que no actuó de manera ilegal, arbitraria e injustificada, o con exceso y abuso de poder al aplicar las pruebas de evaluación y confianza denominadas toxicológicas y polígrafo para cada caso de los ahora demandantes, ya que al efectuar los Acuerdos de Cancelación se siguió el procedimiento enmarcado en Ley y se fundamentaron los mismos en la reforma de que fue objeto la Ley Orgánica de la Policía Nacional contenida en el Decreto 202-2012 de fecha 18 diciembre del 2012, vigente a partir del 22 de diciembre del 2012, que expresa en su artículo 18-A "Es atribución de la Dirección de investigación y Evaluación de la Carrera Policial, practicar en forma general o selectiva a todos los miembros de la Carrera Policial mecanismos de Evaluación de Confianza, tales como: Toxicológicas, Psicométricas, Estudios Socioeconómicos y Patrimoniales; Polígrafo y cualquier otro que se estime pertinente y proporcional para el cumplimiento de sus funciones"; relacionado con el Articulo 126 numeral 13) del mismo cuerpo legal que establece: "Los Miembros de la Carrera Policial podrán ser despedidos de sus cargos sin responsabilidad para el Estado de Honduras, por cualquiera de las causas siguientes: 1) 2) 13) Reprobar cualquiera de los mecanismos de medición de confianza"; y uno de estos mecanismos de medición de confianza es la prueba Toxicológica que fue reprobada por los señores Jorge Alberto Colindres Reyes y José Luis Flores, asimismo la prueba del Polígrafo que fue reprobada por la señora María Susana Méndez, y que de lo anteriormente relacionado se colige que no es una simple evaluación la que la demandada les practicó a los demandantes independientemente del tiempo de servicio; y que tampoco la cancelación de la señora María Susana Méndez fue de manera arbitraria e ilegal, basándose en artículos reformados 18-A y 126 numeral 10, ya que en ningún momento se ha cancelado a la demandante por sentencia firme condenatoria en materia penal como ella lo menciona, sino que su cancelación se fundamentó en el artículo 126 numeral 13) que relaciona reprobar cualquiera de los mecanismos de medición de confianza, tal coma ocurrió en el caso de la demandante que reprobó la prueba denominada polígrafo (psico-fisiológica), supeditándose a los procedimientos establecidos en el artículo 18 A) reformado de la Ley Orgánica de Policía Nacional de Honduras, contenido en el Decreto 202-2012, que dice, en el caso de que el resultado de la investigación y/o evaluación practicada establezca, que el servidor policial no cumple con las requisitos de idoneidad, o no reúne la conducta apropiada para el correcto desempeño de su cargo, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), luego de haberlo oído en audiencia de descargo emitirá un dictamen técnico librándole copia certificada del expediente al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad el cual tiene carácter vinculante para que proceda a realizar lo que en derecho corresponda; de igual forma alegó que no se violentó el artículo 129 párrafo 3ro. de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, en virtud que cada uno de las ahora demandantes fueron citados personalmente, constando en las cedulas de citación, hora y fecha de recibido por cada uno de ellos, y que en cuanto a que la sanción disciplinaria consistente en el despido ya estaba prescrita en virtud de haber trascurrido las cuarenta y cinco (45) días que establecía el artículo 134 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, argumentó que es impertinente, ya que dicho artículo fue derogado mediante Decreto 202-2012 de fecha 22 de diciembre del 2012, el cual establece "Derogar el Articulo 134 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional"; por lo que en el presente caso el artículo aplicable a las demandantes es el artículo 115 párrafo segundo contenido en el Decreto en mención que preceptúa: "El proceso disciplinario y/o administrativo por faltas no podrá exceder de cuatro (4) meses y la autoridad competente para conocer y resolver las mismas, incurrirá en responsabilidad administrativa cuando no emita la resolución dentro del referido término; por lo que no estaba prescrito el término para aplicar el proceso administrativo consistente en el despido de los demandantes, en virtud que el mismo se aplicó dentro de los cuatro (4) meses que establece la Ley vigente; por otro lado argumentó que los demandantes están pretendiendo hacer ver que se les aplicó un procedimiento por la comisión de una falta, lo que no es procedente en virtud que ellos fueron cancelados por haber reprobado un mecanismo de medición de confianza como denominada toxicológica por parte de los ciudadanos Jorge Alberto Colindres Reyes y José Luis Flores; y reprobar el mecanismo de evaluación de confianza denominada Polígrafo por parte de la ciudadana María Susana Méndez; de los hechos consignados en la demanda se determina, que los demandantes Jorge Alberto Colindres Reyes y José Luís Flores en relación a la prueba de medición de confianza toxicológica no relacionan argumentos para desvirtuaran la misma, que fue el hecho fundamental de la cancelación. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de junio del 2017, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: "FALLA: PARTE DISPOSITIVA PRIMERO (1 ): Declarar IMPROCEDENTE la Acción incoada por los Señores JORGE ALBERTO COLINDRES REYES, JOSÉ LUIS FLORES Y MARIA SUSANA MÉNDEZ, por ajustarse a Derecho los actos Administrativos Impugnados, consistentes en Acuerdo de Cancelación No. 2378-2013, de fecha trece (13) de diciembre del 2013, contenido en el oficio No. SEDS-SG-2776-2013 de fecha dieciséis (16) de diciembre del 2013; Acuerdo No. 2379-2013 de fecha trece (13) de diciembre del 2013, contenido en el oficio No. SEDS-SG-2777-2013, de fecha dieciséis (16) de diciembre del 2013 y el Acuerdo No. 2308-2013, de fecha diecisiete (17) de diciembre del 2013, emitidos par la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. SEGUNDO (2): Se exime del pago de costas a la parte vencida en juicio por tener motivos suficientes para litigar. TERCERO (3): Contra la presente Sentencia Definitiva procede el Recurso de Apelación el que debe interponerse ante este Juzgado de Letras Contencioso Administrativo con su expresión de agravios, dentro del Plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo"; sin costas; bajo el criterio que, en el procedimiento para la emisión de los actos impugnados, en el presente caso, se realizó conforme a derecho y en el estricto apego a lo establecido en el artículo 126, numerales 8) y 13), reformado mediante decreto 202-2012, así coma los artículos 127, 129, de la misma reforma y artículos 130, 132 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, ya que a las partes demandantes una vez obtenidos los informes de resultados sobre el mecanismo de evaluación de confianza aplicado, se les citó para la respectiva audiencia de descargo, mismas que se llevaron a cabo en fechas ocho (08) de noviembre del 2013, para Maria Susana Méndez, veintidós (22) de octubre del 2013 para Jorge Alberto Colindres Reyes y veintitrés (23) de octubre del 2013 para José Luis Flores, pudiendo acompañar las pruebas de descargo a su favor, por la falta imputada establecida en el artículo 126, numeral 13 y 8, de las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, falta que los hoy demandantes no pudieron desvirtuar en vía administrativa, misma que es causal de despido y que tampoco lograron desvirtuar ante esta jurisdicción, en virtud de lo antes expuesto, se debe decretar la improcedencia de la acción, ya que el Acto impugnado esta dictado conforme a derecho; y que con las medias de prueba aportados al proceso, mismos que constan en el expediente y aplicadas las reglas de la sana critica, y contrastados con las fundamentos de derecho en que las partes apegaron sus pretensiones esta juzgadora concluye que no se quebrantó tal principio, por lo que las actos administrativos impugnados emitidos par la Secretaria de Seguridad, se encuentran revestidos de legalidad. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 22 de mayo del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que se constató que los demandantes fueron nombrados en sus puestos en la policía Nacional, que se les realizo evaluaciones de confiabilidad y el desempeño y se obtuvo los resultados negativos, se citaron a audiencias de descargo, materializando el derecho a la defensa, se emitieron los dictámenes técnicos el cual dictamina que es procedente cancelar el nombramiento de los agentes de policías en virtud de haber reprobado las evaluaciones de las pruebas de confianza, y consta los acuerdos de cancelación sin responsabilidad para el Estado de Honduras; los procedimientos se realizaron conforme a derecho en estricto cumplimiento en los artículos 18-A, 126 numeral 8, 13, 127, 129, 130, 132 de la Ley Orgánica de la Policía reformado mediante decreto 202-2012, se confirma la sentencia donde se declara la improcedencia de la acción ya que el acto impugnado esta dictado confirme a derecho; asimismo se constató que la señora María Susana Méndez, Policía Clase I, en fecha 13 de octubre 2002 mediante acuerdo DGIC-556-2000 fue nombrada al cargo de vigilante (f-12) acuerdo número 789-2002 de fecha 28 de junio del año 2002; ascender policía clase I (F 103, 104) demostrando su cargo al momento de ser cancelada; el artículo 708 del Código Procesal Civil con respecto a la apelación diferida en su numeral 1. "cuando se interpone recurso de apelación contra autos en los casos que expresamente señale este código, se diferirá la expresión de agravios y su trámite al momento en que se impugne la sentencia definitiva de primera instancia", siendo garantes del debido proceso de acuerdo a la norma se observa que no se cumple con los requisitos para la apelación diferida en concordancia con el articulo 423 numeral 2 y 3, 237 numeral 4 del Código Procesal Civil. Las funciones que realizaba la demandante MARIA SUSANA MÉNDEZ, ya que mediante acuerdo de ascenso se acredito el puesto que ostentaba, emitido por una autoridad competente, del cual la misma parte se hace valer para acreditar la presente demanda ante esta materia, como policía clase I, de la Secretaria de Seguridad, en base al principio de legalidad. Concluyendo que la sentencia apelada debe ser confirmada, ya que el Acto administrativo de cancelación es realizado conforme a derecho. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en fecha 26 de junio del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 22 de mayo de 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.135-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.00045-2014 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 26 de julio del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogada BRISHELDA ESPERANZA GUEVARA MOLINA, presentó en fecha 14 de agosto del 2019, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 16 de agosto del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 20 de agosto del 2019, las Abogadas MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO y BRISHELDA ESPERANZA GUEVARA MOLINA. 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 25 de septiembre del 2019, teniendo por personados a las Abogadas MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO BRISHELDA ESPERANZA GUEVARA MOLINA, como recurrente, y BRISHELDA ESPERANZA GUEVARA MOLINA MARIA, como recurrida, en consecuencia, se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta un primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Acuso la Sentencia recurrida de fecha 22 de mayo de 2019, de ser violatoria de Ley sustantiva por falta de aplicación del artículo 129 párrafo tercero de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, decreto 202-2012 en su párrafo primero en relación con el artículo 129 de la Constitución de la Republica, decreto 202-2012 en su artículo 115 párrafo segundo. PRECEPTO AUTORIZANTE.- Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 716 numeral 1) del Código Procesal Civil. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El Articulo 129 párrafo tercero de la Ley Orgánica de la Policía Nacional establece sobre la audiencia de descargo lo siguiente: "Tal audiencia se verificará dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación, en el lugar donde el miembro (a) a de la carrera judicial realice sus funciones. El Decreto 202-2012 en su artículo 115 en su segundo párrafo establece: "El proceso disciplinario y/o administrativo por faltas no podrá exceder de 4 meses y la autoridad competente para conocer y resolver las mismas incurrirá en responsabilidad administrativa cuando no emita la resolución dentro del referido termino. De lo que se desprende lo siguiente: La sentencia emitida par esta Honorable Corte de Apelaciones omite la aplicación de dichas fundamentaciones, lo cual queda expuesto de la siguiente manera: 1) Al Señor José Luis Flores: se le practicó la prueba de confianza el 16 de julio del 2013, habiendo emitido el dictamen el 2 de septiembre del 2013 (fecha en que tuvo conocimiento el patrono de la supuesta causal de despido), fue citado hasta el 16 de septiembre del 2013 a una audiencia de descargo para el día 23 de octubre del 2013 (es decir mas de 7 días posteriores a los que señala el artículo 129 párrafo tercero de la Ley Orgánica de la policía nacional), habiendo sido cancelado el 16 de diciembre del 2013, y notificado de dicha cancelación hasta el 16 de enero del 2014, (pero el termino de 4 meses comenzaba a correr desde el 2 de septiembre del 2013 y finalizaba el 2 de enero 2014), quedando de esta forma expuesta la violación al debido proceso tanto para llevar a cabo la audiencia de descargo, coma el despido, porque no puede alegar estar dentro del término de 4 meses par haber realizado la cancelación el 16 de diciembre y haber notificado hasta un mes después, es decir el tiempo legalmente establecido para poder llevar a cabo dicha sanción había prescrito. 2) Al Señor Jorge Alberto Cilindres Reyes: se le practicó la prueba de confianza el 16 de julio del 2013, habiendo emitido el dictamen el 2 de septiembre del 2013 (fecha en que tuvo conocimiento el patrono de la supuesta causal de despido), fue citado hasta el 16 de septiembre del 2013 a una audiencia de descargo para el día 22 de octubre del 2013 ( es decir más de 7 días posteriores a los que señala el artículo 129 párrafo tercero de la Ley Orgánica de la policía nacional), habiendo sido cancelado el 16 de diciembre del 2013, y notificado de dicha cancelación hasta el 16 de enero del 2014, (pero el término de 4 meses comenzaba a correr desde el 2 de septiembre del 2013 y finalizaba el 2 de enero 2014), quedando de esta forma expuesta la violación al debido proceso tanto para llevar a cabo la audiencia de descargo, coma el despido, porque no puede alegar estar dentro del término de 4 meses par haber realizado la cancelación el 16 de diciembre y haber notificado hasta un mes después, es decir el tiempo legalmente establecido para poder llevar a cabo dicha sanción había prescrito. 3) A la señora María Susana Colindres Reyes: se le practicó la prueba de confianza el 16 de julio del 2013, habiendo emitido el dictamen el 2 de septiembre del 2013 (fecha en que tuvo conocimiento el patrono de la supuesta causal de despido), fue citado hasta el 16 de septiembre del 2013 a una audiencia de descargo para el día 22 de octubre del 2013 ( es decir más de 7 días posteriores a los que señala el artículo 129 párrafo tercero de la Ley Orgánica de la policía nacional), habiendo sido cancelado el 16 de diciembre del 2013, y notificado de dicha cancelación hasta el 16 de enero del 2014, (pero el termino de 4 meses comenzaba a correr desde el 2 de septiembre del 2013 y finalizaba el 2 de enero 2014), quedando de esta forma expuesta la violación al debido proceso tanto para llevar a cabo la audiencia de descargo, coma el despido, porque no puede alegar estar dentro del término de 4 meses par haber realizado la cancelación el 16 de diciembre y haber notificado hasta un mes después, es decir el tiempo legalmente establecido para poder llevar a cabo dicha sanción había prescrito.- La Honorable Corte de Apelaciones no aplico la disposición legal invocada en este motive lo que genero que dictara el fallo confirmando la sentencia poniéndose en rebeldía ante la ley, motivos legales por el cual debe prosperar el presente motive de casación.”. 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión, a saber: a) se indica como precepto autorizante el artículo “716 numeral 1) del Código Procesal Civil” disposición que resulta inapropiada para el sustento del motivo; b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; c) en el concepto de la infracción se alude al artículo 115 párrafo segundo del Decreto 202-2012, disposición que no ha sido señalada como infringida o relacionada en la formulación; y, d) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. 3.- Que en un segundo motivo se esgrime: “Se impugna la sentencia emitida en fecha 22 de mayo de 2019, impugna la falta de aplicación de los artículos 200 y 208 del Código Procesal Civil, que regulan el contenido formal de las sentencias y la incongruencia de las mismas. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Articulo 82 de la Constitución de la República, 200 numeral 2) inciso c) y 208 numeral 1) del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Los artículos 200 numeral 2) inciso c) establece: Articulo 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS ...c) En los fundamentos de derecho se expresarán en párrafos separados y numerados las puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. ARTÍCULO 208. CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes deducidas oportunamente en pleito". ARTICULO 719. CAUSALES DEL RECURSO. 1..... c) La forma y contenido de la sentencia. Honorables Magistrados la sentencia que se recurre, se limita a confirmar la incongruente emitida par el A-Quo, declarando sin lugar la petición de mis mandantes, sin pronunciarse siquiera sobre los derechos adquiridos a que tienen derechos los demandantes (ver folios 178 y 179 de autos) las cuales son derechos irrenunciables Constitucionalmente; tampoco se pronuncia en que la acción al momento de cancelar de sus puestos de trabajo a mis mandantes ya era prescrita legalmente. Aunado a lo anterior en el caso de la demandante MARIA SUSANA MÉNDEZ, a pesar de estar acreditado en autos que las funciones que siempre desempeño fueron de Aseadora y Conserje, no le es aplicable la causal par la cual la cancelan de su puesto de trabajo, la cual es no haber aprobado el mecanismo de evaluación de confianza denominado POLÍGRAFO, lo que es incongruente desde todo punto legal (ver folios 59 al 61 autos), para lo que la sentenciadora solo se limitó a confirmar la sentencia emitida par el A-Quo”. 4.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión, a saber: a) en la formulación se indica la falta de aplicación de los artículos 200 y 208 del Código Procesal Civil, pero en acápite aparte se indican como disposiciones infringidas los artículos 82 de la Constitución de la República, 200 numeral 2) inciso c) y 208 numeral 1) del Código Procesal Civil, lo que vuelve confuso el cargo; b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; c) en el concepto de la infracción se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. 5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la Republica, a la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. 6.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. 7.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 704, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de agosto del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA443-19. FIRMA Y SELLO.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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