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Sentencia CA-375-18 — Registro 10061

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción promovida por el demandante, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) se omite el concepto de la infracción es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) el precepto autorizante resulta inapropiado como sustento del motivo, cuando se alude a la forma y contenido de la sentencia que atañe a la infracción de normas procesales; c) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil; d) en la explicación se alude al artículo 47 numeral 3 de la Ley del Servicio Civil, que no fue señalado como infringido relacionado en la formulación; e) la proposición jurídica formulada carece de claridad y precisión al citar los artículos …245 numeral 5, 265 de la Constitución de la Republica, 64 y 65 de la Ley de la Administración Pública, Decreto Legislativo Numero 27-2008…”, que igualmente no tienen relación con el contenido y forma de la sentencia impugnada; f) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual le es vedado a este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- 3. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- 5. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de enero dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado MARLON JOEL COLINDRES UMANZOR; y, Recurrido: el señor JOAQUIN OCHOA MEDNA, representado en juicio por el Abogado EDWIN DARIO ANTUNEZ DIAZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia de personal para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, la adopción de medidas para su pleno restablecimiento entre ellas se ordene el pago de prestaciones laborales pro 22 años de servicio contados hasta el día que se haga efectiva la sentencia, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, por el señor JOAQUIN OCHOA MEDINA, contra el ESTADO DE HONDURAS, representado por la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO DE LOS DESPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) ahora SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que Comenzó a trabajar para la Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y Comercio (SIC) el 1 de noviembre de 1990, mediante acuerdo de nombramiento número 598-90, efectivo a partir de ese mismo día, desempeñándose en aquella época en el puesto de economista III, por lo que desde esa fecha inició su relación al servicio público devengando en los últimos tiempos un sueldo mensual de L.19,293.40; que parte de sus responsabilidades dentro de mi último puesto como Analista de Políticas y precios del petróleo consiste en la darle seguimiento a la correcta aplicación del mecanismo de fijación de precios de los combustibles, los cuales son revisados conjuntamente con los analistas de la Industria Hondureña de derivados del petróleo. Pero en fecha 06 de mayo del 2013, incorporó en una publicación costos a un rubro que nos es controlado, únicamente es un precio de referencia de los cuales la Ley solamente establece que se deben de publicar precio FOB (precio de compre e impuesto a esos productos no regulados). La publicación anteriormente citada generó el envío de una nota por parte del Gerente Administrativo de Industrias Molineras S.A de C.V y dirigida a su persona, en la cual manifiesta que esa publicación se considera como una autorización de la CAP, para incrementar el precio del Gas LPG a GRANEL en un 17,37%, lo cual trae como consecuencia incrementos en los costos, tanto de la harina de Maíz, Harina de Trigo, Café Torrefactor y Arroz Clasificado, los cuales deberán ser trasladados al consumidor final, si no hay una honrosa y legal rectificación de la CAP (Comisión Administradora del Petróleo), por lo que el día 26 de julio del 2013 a las nueve de la mañana fue citado a la Subgerencia de recursos humanos de la Secretaria de Industria y Comercio, por lo que procedieron a leerme la cedula de citación y explicar a los presentes las causas de la celebración de la audiencia de descargo a que compareció en compañía de una testigo, dándose cuenta que la audiencia se celebraba por el recibimiento de la Nota recibida el fecha 06 de julio del 2013, habiendo en la audiencia explicado los motivos por los cuales había publicados dichos costos, así como las comunicaciones que había tenido con la empresa Industrias Molineras S.A de CV, A su vez en el interrogatorio hecho por la autoridad nominadora acepto el error de haber publicado dichos costos, pero que lo hizo con el único propósito de reflejar los costos reales de esos productos, al realizar las preguntas por la autoridad nominadora manifestó las acciones que hizo para corregir ese error. Que una vez concluida la audiencia de descargo el delegado de la autoridad nominadora le hizo saber que se le notificaría posteriormente sobre la decisión a tomar.- Posteriormente a la celebración de la audiencia de descargo, en fecha 13 de agosto del 2013, fui notificado del acuerdo número 522-2013, el cual es su parte final literalmente establece: “ACUERDA: PRIMERO: CANCELAR POR DESPIDO al ciudadano JOAQUIN OCHOA MEDINA, del puesto de ANALISTA DE POLITICAS Y PRECIOS DEL PETROLEO, de la Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y Comercio; en virtud de que el señor Ochoa Medina infringió el artículo 47 numeral 3, de la Ley del Servicio Civil al aceptar que actuó con ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo. SEGUNDO: EL presente acuerdo es efectivo a partir del día 14 de agosto del año 2013. NOTIFIQUESE Y COMUNIQUESE: Dado en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C, 31 de julio del 2013. JOSE ADONIS LAVAIRE FUENTES Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio LUISA AMANA MENDIETA Secretaria General.”- 5. El artículo 47 de la Ley del Servicio Civil se refiere al régimen de despido de los servidores públicos y el mismo literalmente establece lo siguiente: “Los servidores públicos podrán ser despedidos de sus cargos por cualquiera de las causales siguientes: 1 2 3) Por inhabilidad o ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo. Estableciendo haber citado dicha disposición legal debido a que fue la causal invocada en el acuerdo número 522-2013 para cancelarle por despido es incorrecta porque la publicación de los costos no refleja una inhabilidad e ineficiencia en el desempeño de un puesto, asimismo que la publicación de dichos costos no provocó ninguna repercusión que incrementara los costos de los productos de la harina de maíz , trigo, café torrefactor y Arroz clasificado, por otro lado dicha publicación no está o estaba prohibida en la Ley por lo cual el error no afecto ningún interés ni general ni particular, que el dictamen legal 431-2013 en el cual se fundamenta el acuerdo de cancelación emitido en fecha 31 de julio de 2013, por la Dirección de Servicios Legales es incorrecto al opinar lo que se transcribe a continuación “Es del parecer que corresponde al señor JOAQUIN OCHOA MEDINA, la imposición de la Sanción de DESPIDO, en virtud de que el presente caso se carece de un acto administrativo mediante el cual se autoriza modificación a la estructura de los precios del derivado del petróleo, y en vista de que el empleado cometió un error, al publicar y aplicar la referida estructura de precios, componentes de costo y utilidades y en la audiencia de descargo celebrada el empleado acepta haberse equivocado manifestando que incorporo valores en los renglones MERMAS TRANSPORTES SOBRE ESTADISTICAS Y MARGEN IMPORTADOS..” , alegando que la aceptación de un error nunca debe considerarse como una inhabilidad o ineficiencia en el puesto, por lo que la invocación de la causal del despido es incorrecta, injusta y arbitraria, que lo que realizó fue una publicación de valores de referencia lo cual no está prohibido por la ley y la aseveración.- 2. La parte demandada, ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante fue contratado mediante acuerdo No. 598-90 de fecha 17 de octubre de 1990 y efectivo a partir del 1 de noviembre de 1990, en el puesto de Economista III, que efectivamente desde 06 de octubre de 1999 y mediante acuerdo No. 000713-99 fue transferido del puesto de economista III a Analista de Políticas y Precios del petróleo, exponiendo que el demandante sin contar con la autorización de la Secretaría de Industria y Comercio ahora Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico emitió un acto administrativo mediante el cual autorizara la modificación a la estructura de precios de los derivados del petróleo, ya que si bien el precio final del LPG, a Granel, no está regulado, pero que sirve como referencia en la fijación de precios al consumidor, por lo que los renglones no deben ser modificados sin autorización; así mismo el demandante, actúo sin autorización publicando en la estructura de precios componentes de costos y utilidades en los renglones Mermas Trasporte, Sobre estadística y Margen Importador, consecuencia de ello en fecha 6 de julio del 2013, Industrias Molineras, SA. de CV. (IMSA), envió nota, en la que establece “que se han incluido valores en los renglones y que la Comisión Administradora del Petróleo (CAP), al incorporar unilateralmente valores en los renglones MERMAS TRASPORTE, SOBREESTADISTICA Y MARGEN IMPORTADOR, solicitan no continuar incluyendo valores a esos renglones, y estableciendo además que en vista que la Comisión Administradora del Petróleo (CAP) ha incorporado unilateralmente valores a ese MARGEN IMPORTADOR, a partir de la estructura de precios de fecha 6 de mayo de 2013, como consecuencia de esa decisión de incorporar valores renglones no regulados, los distribuidores entre ellos Industrias Molineras, SA. de CV. (IMSA), consideraron una autorización de la CAP, para incrementar el precio de gas LPG a granel en un 17.37%, lo cual trae como consecuencia incrementos en los costos tanto en la harina de maíz, harina de trigo, café torrefacto y arroz clasificado, que deben ser trasladados al consumidor final, si no hay una rectificación de parte de la CAP, continuó manifestando que efectivamente el 26 de julio de 2013, se le celebró la Audiencia de Descargo respectiva al demandante, y que consta en dicha audiencia la aceptación de los hechos imputados en la que relató que acepta que cometió el error al publicar valores, con lo que queda evidenciado que el empleado actuó con ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo al haber publicado valores en los renglones MERMAS TRASPORTE, SOBREESTADISTICA Y MARGEN IMPORTADOR, que de conformidad con el Decreto No. PCM-02-2007 en el que se establece el sistema de precios de paridad de importación, como mecanismo automático para determinar los precios máximos al consumidor en lempiras por galón, y específicamente en el artículo 2 inciso O establece que: “Los preciso para el FUEL OIL y Gas Licuado de Petróleo a Granel y AV JET se incluye los precios FOD de referencia para efectos de monitoreo y cálculo del impuesto respectivo” por lo tanto esta disposición debe ser cumplida estrictamente y apegada a tal disposición es que las empresas importadoras y distribuidoras han solicitado a la Comisión Administradora del Petróleo (CAP) no publicar los valores de costos, por la acción cometida por el demandante con ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo y al haber aceptado el hecho en la respectiva audiencia de descargo, se procedió con fundamento en el Articulo 47 numeral 3 de la Ley del Servicio Civil, a cancelar por despido al ahora demandante, que efectivamente el 13 de agosto de 2013 le fue notificado el Señor JOAQUIN OCHOA MEDINA, el acuerdo de cancelación por despido No. 522-2013 mediante el cual se le cancela de su cargo a partir del 14 de agosto de 2013, por haber cometido la falta mencionada, así mismo consta en la audiencia de descargo, que el ahora demandante acepta que actuó con evidente ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo; en virtud de lo cual la cancelación por despido, fue emitida conforme a derecho y en estricto apego al artículo 47 numeral 3 de la Ley del Servicio Civil.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, en fecha 29 de febrero del 2016, dictó sentencia de la siguiente manera: PRIMERO (1): Declarar procedente la acción promovida por el señor JOAQUIN OCHOA MEDINA, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación por despido No.522-2013 de fecha trece (13) de Agosto del 2013, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio (SIC), por medio del cual se canceló al demandante, en virtud de lo cual se Anula el mismo. SEGUNDO (2): Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y como medida para su pleno restablecimiento se resuelve el pago de prestaciones laborales que por derecho correspondan desde el inicio de la relación laboral, hasta la firmeza de la Sentencia. - TERCERO (3): Se exime del pago de Costas a la parte demandada vencida en juicio por tener motivos suficientes para litigar. CUARTO (4): Contra el presente fallo procede el Recurso de Apelación, el que deberá interponerse ante este Tribunal, con su expresión de agravios, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, sin costas; bajo el criterio que no puede colegirse como lo pretende la parte demandada, que el ahora demandante haya incurrido en alguna falta de tal magnitud, que por su gravedad, no permita la continuidad de la relación laboral, a esto se le suma la antigüedad del demandante en su puesto de trabajo y la conducta observada en el mismo durante la relación laboral, considerando de esta manera la suscrita que existe una desproporción en la sanción aplicada con los hechos invocados, pues la parte demandada pudo razonablemente, imponer una sanción disciplinaria sin necesidad de acudir en el presente caso a la máxima sanción; lo por que decretó la procedencia de la acción y consecuente nulidad del acto impugnado.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 16 de febrero del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que, conforme a la doctrina, el incumplimiento grave y culpable de los códigos de conducta comprenden una lista de responsabilidades y obligaciones jurídicas que le corresponden al servidor público, entre ellas fidelidad, diligencia, obediencia, buena conducta, consideración, respeto y las incompatibilidades, por consiguiente el error humano en la ejecución del trabajo no puede considerarse como motivo o causa de despido, salvo ciertos factores determinantes como ser la reincidencia y el agravio económico a la parte afectada, deduciéndose que la causa de despido invocada no es la que se subsume en los hechos acontecidos por lo tanto es ilegal y desproporcionada, que un hecho no menos importante es que la parte demandada/apelante, acusa que el error realizado por la parte actora, causó un perjuicio irreparable al consumidor final (despido por causas económicas), mismo que debe de ser probado en juicio, extremos que es inexistente.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado MARLON JOEL COLINDRES UMANZOR, en fecha 2 de mayo del 2018, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 16 de febrero del 2018, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.119-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.340-2013 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 15 de mayo del 2016, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado EDWIN DARIO ANTUNEZ DIAZ, presentó en fecha 23 de julio del 2018, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 25 de julio del 2018, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 17 de agosto del 2018, los Abogados MARLON JOEL COLINDRES UMANZOR y EDWIN DARIO ANTUNEZ DIAZ, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 4 de septiembre del 2018, teniendo por personados a los Abogados MARLON JOEL COLINDRES UMANZOR, como recurrente, y EDWIN DARIO ANTUNEZ DIAZ, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo manifestando lo siguiente: “Se impugna la aplicación e interpretación de las normas que regulan la forma y contenido de la sentencia. NORMAS INFRINGIDAS. Estimo como normas legales infringidas los artículos 245 numeral 5, 265 de la Constitución de la Republica, 64 y 65 de la Ley de la Administración Pública, Decreto Legislativo Numero 27-2008, 13 numeral 1,200,207,245 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 245 numeral 5 de la Constitución de la Republica., Decreto Legislativo Numero 27-2008. EXPLICACION DE LOS MOTIVOS. MOTIVO Único: La Corte de Apelaciones recurrida declaro sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto y confirmo la sentencia de Primera Instancia de fecha veintinueve (29) de febrero de dos mil dieciséis (2016), sin reconsiderar de forma amplia los motivos del recurso, todo en base a los siguientes puntos a) Tanto el señor Juez en Primera Instancia, como los señores Magistrados en Segunda Instancia, hacen alusión a que el acuerdo de cancelación por despido No 522-2013, fue dictada infringiendo el ordenamiento jurídico y sin la suficiente motivación requerida. En donde al momento que presentamos los medios de prueba para fundamentar nuestra defensa no se tomó en cuenta la documentación que se encuentra en el expediente administrativo dándole todo el valor probatorio a las pruebas presentada por la parte demandante b) Es importante hacer mención a esta Honorable Corte, que en la Parte Dispositiva de la Sentencia de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis que dicto el señor Juez en Primera Instancia, y que literalmente dice FALLA PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la acción promovida por el señor JOAQUIN OCHOA MEDINA, por no estar ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación por despido número 522-2013 de fecha 13 de agosto del 2013, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Industria y Comercio (SIC), por medio del cual se canceló al demandante, en virtud de lo cual se Anula el mismo. SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y como medida para su pleno restablecimiento se resuelve el pago de prestaciones laborales que por derecho corresponda desde el inicio de la relación laboral hasta a firmeza de la sentencia.- c) La Sentencia Apelada a criterio de la suscrita, no está conforme a derecho, en virtud que como consta acreditado en autos el Acuerdo de Cancelación por Despido No. 522-2013, mediante el cual se cancela de su cargo al señor JOAQUIN OCHOA MEDINA, a partir del 14 de agosto de 2013, fue emitido CONFORME A DERECHO Y SIGUIENDO COMPLETAMENTE CON EL PROCEDIMIENTO establecido en la Ley del servicio Civil y su Reglamento, y en estricto apego a facultad que otorga el artículo 47 numeral 3 de la Ley del Servicio Civil, sin embargo la Juzgadora, al emitir la sentencia recurrida, considera que se ha impuesto al demandante una sanción desproporcional, considerando que mi representado pudo haber aplicado en el presente caso, una sanción disciplinaria, cuando el demandante realizo una acción sin la previa autorización, acarreando consecuencias para el consumidor de los derivados del petróleo, siendo función de la Comisión Administradora del Petróleo (CAP) monitorear los precios en el mercado para proteger al consumidor en el sentido de evitar precios excesivos y de conformidad con el Decreto No. PCM-02-2007, en el que se establece el Sistema de Precios de Paridad de Importación, como mecanismo automático para determinar los precios máximos al consumidor en lempiras por galón de cumplimiento estricto, y ESTEBLECE LOS CONCEPTOS QUE DEBEN SER APLICADOS, considerando que NO SE PUBLICAN VALORES DE COSTO Y UTILIDADES EN LOS RENGLONES DE MERMAS TRASPORTE, SOBRE ESTADISTICA Y MARGEN IMPORTADOR, y en el presente caso fueron incluidos valores en estos renglones, a iniciativa del señor JOAQUIN OCHOA MEDINA, cuando el demandante tenía en conocimiento que esos renglones no deben ser modificados sin previa autorización del Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico. El demandante en el acta de descargo y en el libelo de la demanda acepta haber incluidos dichos valores, teniendo en conocimiento la consecuencia de su acción, al generar un perjuicio irreparable al consumidor final, por haber actuado con negligencia en el cargo en el cual se desempañaba el demandante.”.- 2. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) se omite el concepto de la infracción es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) el precepto autorizante resulta inapropiado como sustento del motivo, cuando se alude a la forma y contenido de la sentencia que atañe a la infracción de normas procesales; c) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil; d) en la explicación se alude al artículo 47 numeral 3 de la Ley del Servicio Civil, que no fue señalado como infringido relacionado en la formulación; e) la proposición jurídica formulada carece de claridad y precisión al citar los artículos …245 numeral 5, 265 de la Constitución de la Republica, 64 y 65 de la Ley de la Administración Pública, Decreto Legislativo Numero 27-2008…”, que igualmente no tienen relación con el contenido y forma de la sentencia impugnada; f) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual le es vedado a este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- 3. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- 4. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- 5. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace merito, en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redacto el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 375-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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