Sentencia CA-356-18 — Registro 10059
Resumen
En primera instanciase declara procedente la acción promovida por la demandante por no estar ajustado en derecho el acto administrativo impugnado consistente en la resolución emitido por la AFE COHDEFOR ahora Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas protegidas y Vida Silvestre; por no haber seguido el procedimiento establecido en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inestimable por las razones siguientes: a) carece de claridad y precisión en el sustento del motivo al indicarse los numerales 1 y 2 del artículo 719 del Código Procesal Civil, ya que los mismos contienen causales distintas de casación que deben señalarse en forma separada e independiente; b) en el concepto de la infracción se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual tiene vedado este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) el artículo 134 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, señalado como infringido no tiene incidencia en el caso de mérito; d) se omite el pronunciamiento impugnado de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil y, e) en el desarrollo se alude a los numerales 1 y 2 del artículo 207 y al 211 del Código Procesal Civil, 7 de la Ley General de la Administración Publica, 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos, 7 de la Ley General de la Administración Publica y 18 numerales 2 y 6 de Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el cargo que antecede resulta inestimable por las razones siguientes: a) en el desarrollo se alude a los artículos 61, 103 y 349 de la Constitución de la Republica y 45 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre dispocisiones que no ha sido señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación; y, b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) se alega el concepto de aplicación indebida, pero no se establece la norma sustitutiva; b) en el desarrollo se alude al numeral 39) del artículo 11, 70 y 120, de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, numeral y disposiciones que no han sido señalados como infringidos en la formulación; y, c) se insta a la revisión de los hechos por ende la valoración de la prueba, lo cual tiene vedada este tribunal de conformidad a lo consignado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- 5. Recuerda este Supremo Tribunal el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juez, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.- 6. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Corte, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- 7. En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, relacionado con el 721 numeral 2 del mismo ordenamiento legal, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) se alega el concepto de aplicación indebida, pero no se establece la norma sustitutiva; b) en el desarrollo se alude al numeral 39) del artículo 11, 70 y 120, de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, numeral y disposiciones que no han sido señalados como infringidos en la formulación; y, c) se insta a la revisión de los hechos por ende la valoración de la prueba, lo cual tiene vedada este tribunal de conformidad a lo consignado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- 5. Recuerda este Supremo Tribunal el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juez, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.- 6. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Corte, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- 7. En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, relacionado con el 721 numeral 2 del mismo ordenamiento legal, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de enero de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR; y, Recurrido: el señor OSCAR FERNANDO MENDOZA VELASQUEZ, representado en juicio por los Abogados ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO y JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la declaración de ilegalidad y anulación de un acto administrativo, que se declare el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, que se dicten medidas necesarias para su pleno restablecimiento, quebrantamiento de las formalidades esenciales del procedimiento administrativo, exceso y desviación de poder, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, por la señora CLARISA VEGA, contra el ESTADO DE HONDURAS, representado por la Procuraduría General de la República, por actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que solicita la nulidad de la resolución GG-MO-158-2008 emitida por el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) de fecha 17 de julio del año 2008, mediante el cual se permitió un plan de manejo para continuar con el plan de manejo que permita un aprovechamiento forestal sobre una zona forestal protegida como lo es la cuenca hidrográfica del Rio del Hombre, que para la emisión de dicha resolución, no se tomó en cuenta que la Cuenca del Rio del Hombre fue declarada zona forestal protegida para dotar de agua a la ciudad de Tegucigalpa, la cual está siendo amenazada al ser explotados sus bosques mediante planes de manejo autorizados mediante la resolución que se impugna, demanda que se interpone con el objeto de que todo vecino del Distrito Central tiene la obligación de velar y defender el recurso del agua, por eso la asociación Hondureña de periodistas ambientalistas a través de su persona interponemos demanda en contra de dicha resolución emitida en ese tiempo por la AFE COHDEFOR hoy Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas protegidas y Vida Silvestre, continua manifestando el demandante que la Cuenca del Rio del Hombre es una de las más importantes reservas para el abastecimiento del sistema de agua del Distrito Central controlando la tala de los bosques para evitar daños irreparables que mermen el caudal de ríos y quebradas ya que mediante acuerdo número 01 de fecha 2 de enero del 1973 el jefe de Estado de Honduras en aquella fecha a través de la Secretaria de Recursos Naturales declaro dicha Cuenca del Rio del Hombre como AREA FORESTAL PROTEGIDA la cual fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, habiendo hecho del conocimiento público la creación de dicha zona y las razones que motivaron esa determinación, área, situación, límites de la zona, el derecho que tienen quienes puedan considerarse perjudicados a reclamar en contra de la decisión gubernativa, exhibiendo los títulos en que fundamentan su reclamo: por lo que al no haberse presentado reclamos sobre la declaratoria de la Cuenca del Rio del Hombre como zona forestal protegida, pues dicha Cuenca ahora es de protegida por los servicios ambientales que presta, especialmente el agua para futuros proyectos del SANAA, que en dicha resolución dicho Instituto considero un aprovechamiento limitado de acuerdo a planes de manejo y operativos aprobados por AFE COHDEFOR antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley Forestal emitida mediante Decreto 98-2007, siempre que no se afecten el ecosistema y se respeten las normas técnicas exigidas por AFE- COHDEFOR normas que van dirigidas a la explotación forestal en la zona, lo cual está prohibido por la declaratoria de área protegida invocando preceptos legales ya derogados, en virtud de que dicha resolución fue emitida con fundamentos de ley derogados ya que en ese momento ya estaba en vigencia la nueva Ley Forestal, por lo que al invocar leyes que han sido derogadas deja de aplicar la ley al caso concreto vigente provocando la conveniencia de intereses particulares violentándose no solo la Constitución de la Republica en su artículo 340 sino también la nueva ley Forestal de Áreas protegidas al permitir el corte y comercialización de madera que solamente beneficia a algunos hondureños en detrimento del bien general y colectivo.- 2. La parte demandada, ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se opone el demandado a las pretensiones de la parte actora, manifestando la legalidad del acto impugnado haciendo relación sobre la naturaleza jurídica de la Cuenca del Río del Hombre la cual es parte del patrimonio nacional forestal inalienable lo cual es de público conocimiento, en cuanto al marco jurídico que regula la cuenca del Rio del Hombre, la entonces Gerencia General de la AFE CODEHFOR, emitió resolución número GG-MP-158-2008 mediante la cual se dispuso las normas y condiciones para el aprovechamiento forestal en dicha zona siempre preservando y protegiendo la cuenca misma disponiendo aprovechamientos selectivos, en consecuencia el acto es eminentemente técnico ya que el acto administrativo impugnado recoge normas técnicas para el manejo forestal de la cuenca de forma limitada y con las regulaciones previamente señaladas, que en la demanda se señalan estadísticas e informes que se refieren a la problemática mundial sobre el agua y los bosques, lo cual no está alejado de la realidad, pero no pueden ser relacionados con el acto que se tacha de ilegal ya que el mismo se ha dictado para garantizar un uso racional de los recursos forestales a nivel nacional, promoviendo técnicas necesarias para la adecuada utilización de los suelos de la vocación forestal.- 3.- Que la fecha 08 de junio del 2010, el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, presentó escrito de defensas previas exponiendo: 1) Defensa Previa referente a que la demanda se ha interpuesto por persona no legitimada, articulo 80 letra b); 2) Defensa previa contenida en el artículo 80 letra e) referente a que el escrito de demanda adolece de un defecto formal que impide verter pronunciamiento en cuando al fondo del asunto. Mismas que fueron resueltas mediante sentencia interlocutoria de fecha 26 de junio del 2013, habiendo sido desestimadas las 2 defensas previas expuestas.- 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, en fecha 15 de julio del 2013, dictó sentencia de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción promovida por la Abogada CLARISA VEGA en representación de la ASOCIACION HONDUREÑA DE PERIODISTAS AMBIENTALISTAS Y AGROFORESTALES (AHPAAF ) quien sustituye poder en el Abogado MANUEL ISAAC FERRERA por no estar ajustado en derecho el acto administrativo impugnado consistente en la resolución número GG-MP-158-2008 de fecha 17 de julio del 2008 emitido por la AFE COHDEFOR ahora Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas protegidas y Vida Silvestre; por no haber seguido el procedimiento establecido en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre contenida en el Decreto 98-2007 de fecha 19 de septiembre del 2007 SEGUNDO: Se ordena la nulidad de la resolución número GG-MP-158-2008 de fecha 17 de julio del 2008 TERCERO: Se ordena como reconocimiento de la situación jurídica individualizada se ordena la nulidad de la resolución antes mencionada al igual que se prohíbe realizar cortes o explotación maderera con planes de manejo que afecten la zona protegida denominada Cuenca del Rio del Hombre sin perjuicio de las acciones que se pudiesen entablar ante el Ministerio Publico, por haber quedado evidenciado la ilegalidad de la resolución. Sin costas; bajo el criterio que: se aprecia que la parte demandante en representación de la ASOCIACION HONDUREÑA DE PERIODISTAS AMBIENTALISTAS Y AGROFORESTALES (AHPAAF) tiene personalidad jurídica extendida por la Secretaria denominada en ese tiempo como Gobernación y Justicia en fecha 22 de noviembre del año 1995: de igual manera mediante acuerdo número 1 de fecha 02 de enero del año 1973 se declaró Zona Forestal Protegida de patrimonio público forestal, inalienable la Cuenca Hidrográfica del Río del Hombre, la cual según la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre contenida en el Decreto 98-2007 de fecha 19 de septiembre del 2007 la cual tiene como finalidades régimen legal a que se sujetara la administración y manejo de los recursos forestales, áreas protegidas y vida silvestre, incluyendo su protección, restauración, aprovechamiento, conservación y fomento, propiciando el desarrollo sostenible de acuerdo al interés social, económico y cultural del país, ley que establece en el artículo 11 como Áreas Protegidas: Aquellas áreas, cualquiera fuere su categoría de manejo definidas como tales por esta ley para la conservación, protección de los recursos naturales y culturales tomando en cuenta parámetros geográficos, antropológicos, bióticos, sociales y económicos de las mismas que justifiquen el interés general” Plan de Manejo: Es el instrumento técnico legal y operativo que establece los objetivos y fines de la gestión de una determinada arrea forestal, incluyendo la programación de las inversiones necesarias y de las actividades silviculturales de protección, conservación, restauración, aprovechamiento y demás que fueren requeridas para lograr la sostenibilidad del bosque de acuerdo con sus funciones económicas, sociales y ambientales: su vigencia será la de la rotación que se establezca en función de los objetivos del plan. Que dicho cuerpo legal establece en el artículo 63 la clasificación de áreas forestales, los cuales pueden ser de producción o de protección: siendo las áreas - forestales de producción aquellas de relevante interés económico que son aptas para el cultivo y aprovechamiento de madera o de otros bienes y servicios ambientales lo cual determina su utilización preferente en cuanto al manejo forestal sostenible: por otro lado establece como áreas de protección aquellas públicas o privadas de relevante importancia para la fijación o conservación de los suelos, la prevención de la erosión, la protección o conservación de los recursos hídricos o de las zonas húmedas, la conservación del clima, de la biodiversidad y de la naturaleza en general.- Para fines de la presente ley están podrán declararse como áreas protegidas públicas o privadas de acuerdo con la categoría de manejo prevista, y de la lectura de los medios de prueba se ha podido establecer que efectivamente hubo autorización para explotar la denominada zona protegida Cuenca del Rio del Hombre bajo la emisión de planes de manejo, los cuales según inspección realizada ante el Instituto de Conservación Forestal (ICF) que obra a folio 241 que dichos planes de manejo no fueron supervisados ni tampoco existen actas re control de explotación, de la cual a manera de ilustración que confirman lo aseverado en el acta de inspección los memorando número 0142-2010 y 054-2010 en los que se establece que no se cumplieron las normas técnicas arrojando resultados negativos, lo cual no cumple con la finalidad del plan de manejo, ya que según el artículo 70 de dicha ley, dicho Instituto no puede aprobar planes de manejo ni operativos si se han incumplido las normas que hagan poner en riesgo la sostenibilidad de los recursos naturales o causen deterioro o destrucción del recurso ocasionando daños irreversibles al ambiente, y ha quedado demostrado la explotación que ha sufrido dicha zona de reserva sin la supervisión adecuada ocasionando un daño en los recursos naturales declarados como zona forestal protegida, y que el acuerdo a que dicha cuenca fue declarada como zona protegida, al tenor de lo que establece la ley en el artículo 109 dichas zonas son inalienables, es decir no se pueden transmitir, ceder y que en ningún caso podrá otorgar permisos para el aprovechamiento de los recursos en las zonas núcleos de las áreas protegidas y de vida silvestre, por todo lo expuesto anteriormente es meritorio declara la nulidad de la resolución objeto de impugnación en virtud de no ser conforme a derecho al no haber aplicado la normativa actual y vigente.- 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 5 de diciembre del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que la cuenca hidrográfica del Río del Hombre, es una obra para aliviar el déficit de agua, donde de la misma se almacenan aproximadamente 104 millones de metros cúbicos como fuente de agua potable para el Distrito Central, que consta en autos de la prueba aportada por el demandante que técnicos del SANAA han realizado en años anteriores observaciones sobre la contaminación de la cuenca hidrográfica, a sabiendas que la tala de los bosques provoca erosión, sedimentación, perdida o migración de la fauna e inundaciones, constituyendo un problema ambiental más crítico de las cuencas hidrográficas, teniendo un impacto directo y a corto plazo en el ámbito del abastecimiento de agua para el Distrito Central, por lo que considera que pese al as motivaciones de la resolución impugnada se observa la infracción al ordenamiento jurídico, exceso y desviación de poder.- 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada ERICKA PATRICIA LOPEZ PINEDA, en fecha 21 de febrero del 2018, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 5 de diciembre del 2017, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.185-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.104-2009 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 2 de marzo del 2018, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado MANUEL ISAAC FERRERA V, presentó en fecha 11 de mayo del 2018, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 16 de mayo del 2018, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 27 de junio del 2018 y 9 de agosto del 2018, los Abogados MANUEL ISAAC FERRERA V y ERICKA PATRICIA LOPEZ PINEDA, respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 5 de septiembre del 2018, teniendo por personados a los Abogados ERICKA PATRICIA LOPEZ PINEDA, como recurrente, y MANUEL ISAAC FERRERA V, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “INFRACCIÓN POR FALTA DE APLICACIÓN DE NORNAS PROCESALES REGULADORAS DE LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA. Este Motivo se encuentra comprendido en el artículo 719.1. c) y 2 del Código Procesal Civil, en cuanto infracción de forma y contenido de la sentencia por motivación contradictoria y falta de claridad en la fundamentación o motivación jurídica de la sentencia, en relación con el artículo 720 número 2, del Código Procesal Civil, en cuanto a la forma y contenido del fallo para el control en casación de la motivación fáctica de la sentencia, por la escasa o insuficiente motivación, falta de racionalidad y carente lógica de la sentencia que es determinante ya que da un sentido diferente al fallo e infringen las siguientes normas: EXPRESIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCIÓN SUSTENTA EL MOTIVO. Las normas de derecho que sustentan la presente infracción son: El artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en relación con el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y los artículos 22 y 206 numeral 1 y 207 del Código procesal civil. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: El Artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de Lo Contencioso Administrativo, establece lo siguiente: “En lo no previsto en esta Ley, regirán como supletorios, el Código Procesal Civil y la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales”. El artículo 22 del Código Procesal Civil, establece la supletoriedad del mismo en materia Contencioso Administrativo cuando no existan disposiciones en las leyes que regulan el proceso y siendo que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no regula expresamente los requisitos internos de las sentencias, es aplicable lo dispuesto en el artículo 206 número 1 y 207 números 1 y 2 del Código Procesal civil a las sentencias emitidas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, las normas citadas constituyen normas de garantías del debido proceso establecido en el Artículo 90 de la Constitución de la República.- El articulo 206 número 1 y 207 números 1 y 2 del Código Procesal Civil disponen que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas y que se motivarán expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la aplicación e interpretación del Derecho y que la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerando individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. Honorables magistrados la sentencia recurrida en casación infringe los artículos 90 párrafo primero de la Constitución de la República, 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en relación los artículos 22 y 206 numeral 1 y 207 números 1 y 2 del Código Procesal Civil, todos contentivos del debido proceso y principio de legalidad, al contener la falta de claridad y contradicción dentro de la motivación fáctica y jurídica de la sentencia, ya que declara sin lugar el recurso y se confirma la sentencia de primera instancia con argumento totalmente contradictorio en donde no se reconoce la atribución otorgada en ley a la Administración Forestal del Estado Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE-COHDEFOR), hoy conocido como el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), en cuanto a la facultad que le confiere la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre en su artículo 18 numeral 2 que dice: “Diseñar, formular, coordinar, dar seguimiento, ejecutar y evaluar las políticas relacionadas con el Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.” y Numeral 6 que establece: “Aprobar o denegar los Planes de Manejo para la conservación, protección, aprovechamiento racional y sostenible de las a’ reas forestales y protegidas, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la presente Ley”. Dicha sentencia contradice los principios generales estipulados en el artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el cual establece que “los Órganos administrativos desarrollaran su actividad, sujetándose a la jerarquía normativa establecida en el artículo 7 de la Ley General de la Administración Publica y con arreglo a normas de economía, celeridad y eficacia, a fin de lograr una pronta y efectiva satisfacción del interés general.- En los casos que la Ley atribuya a los órganos potestades discrecionales, se procederá dentro de los límites de las mismas y en función del fin para el que hubieren sido atribuidas.” La motivación es deficiente y fuera de contexto porque un Acuerdo no puede estar sobre la Ley, sustentado en el artículo 7 de la Ley General de la Administración Publica, asimismo el Tribunal de Alzada utiliza los artículos 34 y 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece “Sin Perjuicio de lo establecido en leyes especiales, el acto administrativo es nulo, en los siguientes casos: a) Los dictados por órgano absolutamente incompetente; b) Aquellos cuyo objetivo sea imposible o configure un delito; y, c) Los dictados, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido.... “en el caso que nos ocupa ninguno de los preceptos anteriores no tiene aplicabilidad inherente al caso, porque el ICF es el ente responsable de aprobar o denegar los planes de manejo en áreas productivas y protectoras, así como emitir la normativa procedimientos y lineamientos sobre esta temática acciones que no derivan en falta o delitos forestales; los planes de manejo aprobados por la Administración Forestal del Estado están sustentados en la normativa forestal derogada y vigente.- Por otro lado lo manifestado que “Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso y desviación de poder”, en dicho caso la administración Forestal del Estado en ningún caso ha generado actos anulables ni excesos o desviación de poder, por el contrario la Administración Forestal del Estado en el uso de sus facultades que la Ley le confiere emitió la resolución GG-MP-158-2008,que da lineamientos técnicos sobre aprovechamientos forestales limitados en la Cuenca del Rio del Hombre en terreno de naturaleza jurídicas privado está cometiendo actos anulable Si la sentencia acude a un artículo sobre competencia, debe exteriorizar las razones por las que se hace esa relación de analogía de lo previsto en la legislación de competencia con referencia a las normas y procedimientos de la aprobación de planes de manejo en Áreas Protegidas, según el criterio del Tribunal, error que incide en el litigio porque la Administración de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre corresponde a la AFE-CODEHFOR ahora al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), instancia responsable de administrar las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre, de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley y las especiales contenidas en los Decretos de Declaración de cada una de las citadas áreas, como de los Convenios Regionales Internacionales aprobados y ratificados por el Estado, esto de conformidad al artículo 111 de la Ley Forestal, y el Acuerdo No. 01, de fecha 02 de enero de 1973, establece en su segundo considerando que es atribución de la Administración Forestal del Estado (AFE-COHDEFOR), dictar las medidas necesarias que tiendan a proteger los bosques y las cuencas hidrográficas del país. Por último, expresa que se puede determinar que la Resolución GG-MP-158-2008 emitida por la AFE-COHDEFOR ahora Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), esta emitida por el Órgano competente para coordinar y ejecutar las políticas relacionadas con la protección, el aprovechamiento, fomento y uso sostenible de los recursos forestales en el área de su competencia, por lo que las sentencias dictadas desconocen con ello la garantía constitucional del debido proceso. Razón por la que se recurre mediante el presente recurso extraordinario de Casación, para ante la sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia por infracción a las normas citadas, lo que da lugar a que la Sala Laboral Contencioso Administrativo admita el presente motivo, solicitando en casación el control de la motivación fáctica y jurídica de la sentencia y por ende revisar la existencia suficiente y racional y carácter lógico de la sentencia y en definitiva se declare ha lugar la casación revocando la sentencia definitiva de segunda instancia para establecer el nuevo fallo. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION O SENTENCIA IMPUGNADA. Al no contener la sentencia razonamientos fácticos y jurídicos claros, precisos y exhaustivos correctos que se motivaran Expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la aplicación e interpretación del Derecho y que la motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón resolviendo el Tribunal conforme a las normas aplicables al caso, se incide en una infracción a las normas procesales en cuanto a la forma y contenido que deben revestir las sentencias y constituyen una defectuosa motivación jurídica y fáctica de la misma, por lo que de conformidad al artículo 211 del Código Procesal Civil son nulos los actos que incumplan los requisitos contemplados en las leyes, como en el presente caso, al no revestir la forma que establece la Ley y que con ello se irrespeta la esencia misma del Estado de Derecho, por lo tanto el Tribunal infringió las normas citadas lo que incide negativamente en la decisión de un fallo justo y conforme a derecho, lo que da lugar a que la Honorable Sala Laboral Contencioso Administrativo admita el primer motivo y en definitiva se declare ha lugar la casación mediante una nueva sentencia, declarando no ser conforme a derecho el fallo recurrido y sin contar con fundamentos técnicos que amparen la demanda de declaración de ilegalidad y anulación de un acto administrativo impugnado, todo ello por no contener la sentencia razonamientos fácticos y jurídicos de conformidad a las normas procesales antes relacionadas.”.- 2. Que el cargo que antecede resulta inestimable por las razones siguientes: a) carece de claridad y precisión en el sustento del motivo al indicarse los numerales 1 y 2 del artículo 719 del Código Procesal Civil, ya que los mismos contienen causales distintas de casación que deben señalarse en forma separada e independiente; b) en el concepto de la infracción se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual tiene vedado este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) el artículo 134 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, señalado como infringido no tiene incidencia en el caso de mérito; d) se omite el pronunciamiento impugnado de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil y, e) en el desarrollo se alude a los numerales 1 y 2 del artículo 207 y al 211 del Código Procesal Civil, 7 de la Ley General de la Administración Publica, 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos, 7 de la Ley General de la Administración Publica y 18 numerales 2 y 6 de Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación.- 3. Que en un segundo motivo se aduce: “INFRACCIÓN POR FALTA DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO, del artículo 19 de la Ley Forestal (Decreto Numero 85). ESTE MOTIVO SE ENCUENTRA COMPRENDIDO en el artículo 719.2 del código procesal civil, por falta de aplicación de las normas de derecho para la solución del fondo del litigio. EXPRESIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCIÓN SUSTENTA EL MOTIVO. Las normas de derecho que sustentan la presente infracción son: Artículo 19 de la Ley Forestal (Decreto 85) el cual establece lo siguiente: “La declaración de una área forestal como zona protegida o de interés forestal no prejuzga ninguna cuestión de dominio o posesión, pero permite a la Administración Forestal del Estado, dentro de las atribuciones fijadas en esta Ley, imponer a todos los propietarios, usufructuarios, administradores, usuarios, y demás derecho-habientes públicos y privados de las áreas forestales incluidas en las zonas las restricciones y obligaciones que sean indispensables para el logro de los fines de utilidad y necesidad que conlleva el acuerdo de declaración”. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: Las normas que alego como infringidas directamente por falta de aplicación de las normas de derecho para la solución del fondo del litigio como es el artículo 19 de la Ley Forestal que literalmente dicen: Artículo 19: “La declaración de una área forestal como zona protegida o de interés forestal no prejuzga ninguna cuestión de dominio o posesión pero permite a la Administración Forestal del Estado, dentro de las atribuciones fijadas en esta Ley, imponer a todos los propietarios, usufructuarios, administradores, usuarios, y demás derecho-habientes públicos y privados de las áreas forestales incluidas en las zonas las restricciones y obligaciones que sean indispensables para el logro de los fines de utilidad y necesidad que conlleva el acuerdo de declaración”. El Tribunal de Primera Instancia, al dictar sentencia, en su resuelve TERCERO: Se ordena como reconocimiento de la situación jurídica individualizada la nulidad de la resolución antes mencionada al igual que se prohíbe realizar cortes o explotación maderera con planes de manejo que afecten la zona protegida denominada “Cuenca del Rio del Hombre” sin perjuicio de las acciones que pudiesen entablar ante el Ministerio Publico, por haber quedado evidenciado la ilegalidad de la Resolución, no observando y aplicando el artículo 19 citado; específicamente el mandato de no prejuzga ninguna cuestión de dominio o posesión, que de conformidad con el artículo 45 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el cual literalmente dice: “Áreas Forestales Privadas son la ubicadas en terreno pertenecientes a personas naturales o jurídicas de derecho privado, cuyo dominio pleno se acredita con título legitimo extendido originalmente por el Estado e inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble.- En una evidente violación a una de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 61 de la Constitución de la Republica, así como el artículo 103 Constitucional, el cual establece “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la Ley”. Por lo que al prohibir y limitar la aprobación de planes de manejo desataría una serie de demandas bajo la figura de expropiación, la cual el Estado tendría que indemnizar a las personas naturales o jurídicas propietarias de terrenos forestales privados afectadas, esto de conformidad al Artículo 349 de la Constitución de la Republica. En razón de lo anterior, existe falta de aplicación de las normas de derecho para la solución de fondo del litigio, del artículo 19 de la Ley Forestal, al no aplicarse el artículo citado, específicamente en permitir a la Administración Forestal del Estado, dentro de las atribuciones fijadas en esta Ley, imponer a todos los propietarios, usufructuarios, administradores, usuarios, y demás derecho-habientes públicos y privados de las áreas forestales incluidas en las zonas las restricciones y obligaciones que sean indispensables para el logro de los fines de utilidad y necesidad que conlleva el acuerdo de declaración. En tal sentido la Administración Forestal del Estado, basado en sus atribuciones institucionales emitió la Resolución GG-MP-158- 2008, mediante la cual dispone entre otros, que solo habrá aprovechamientos selectivos, en terrenos de vocación natural forestal con pendientes de 450 (grados de inclinación), reservándose la Administración Forestal del Estado, el derecho de aprobar planes de manejo por razones de su ubicación u otras causas técnicas de protección y manejo forestal, etc. Por tanto la finalidad de la Resolución precitada, está amparada en las atribuciones que le confiere la Ley a la Administración Forestal del Estado, la cual lejos de contravenir la norma, lo que hace es regular y limitar los planes de manejo forestales a efecto de racionalizar dichos aprovechamientos y usos.— En consecuencia el Tribunal de Segunda Instancia al declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primera instancia infringió las normas citadas, por la falta de aplicación de la norma, lo que da lugar a que esa Honorable Sala Laboral de lo Contencioso Administrativo admita el presente motivo, se declare ha lugar el recurso de casación y en definitiva case la sentencia y resuelva conforme a derecho, declarando improcedente la acción promovida por la Asociación Hondureña de Periodistas Ambientalistas y Agroforestales (AHPAAH), por no ajustarse a derecho y en consecuencia se declare sin lugar la demanda promovida por dicha Asociación por no estar fundamentada a derecho, así como todos aquellos actos posteriores que como consecuencia se hayan producido. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN O SENTENCIA IMPUGNADA. Honorable Tribunal, al omitir la Corte de Apelaciones y en igual sentido el Juzgado de Primera Instancian la aplicabilidad del artículo 19 citado, específicamente en permitir a la Administración Forestal del Estado, dentro de las atribuciones fijadas en esta Ley, imponer a todos los propietarios, usufructuarios, administradores, usuarios, y demás derecho-habientes públicos y privados de las áreas forestales incluidas en las zonas las restricciones y obligaciones que sean indispensables para el logro de los fines de utilidad y necesidad que conlleva el acuerdo de declaración, es decir la identificación de la aprobación de los 18 planes de manejo de tenencia privada, no solo se resuelve al margen de la Ley, así como de la Constitución de la República por cuanto está limitando las atribuciones otorgada en la Ley de la AFE-COHDEFOR, ahora Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo trata de desconocer, pues, la efectiva competencia y atribución de la AFECOHDEFOR, ahora Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) , al ratificar la acción promovida por la Asociación Hondureña de Periodistas Ambientalistas y Agroforestales (AHPAAH) .- Aprobación de las restricciones de uso establecidas para la Zona y Sub—zonas creadas para el mejoramiento del área de la Subcuenca, permitirá responsabilizar a los actores que interviene en la Zona Forestal Protegida que sean indispensables para el logro de los fines de utilidad y necesidad que conlleva. Con la falta de aplicación de las normas citadas al dictarse la sentencia se irrespeta la esencia misma del Estado de Derecho, lo que incide negativamente en la decisión de un fallo justo y conforme a derecho, lo que da lugar a que la Honorable Sala laboral de lo Contencioso Administrativo, admita el segundo motivo y en definitiva se declare ha lugar la casación y se dicte una nueva sentencia declarando sin lugar la demanda de nulidad del acto administrativo promovida por dicha organización.”.- 4. Que el cargo que antecede resulta inestimable por las razones siguientes: a) en el desarrollo se alude a los artículos 61, 103 y 349 de la Constitución de la Republica y 45 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre dispocisiones que no ha sido señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación; y, b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil.- 5. Que en un tercer motivo se aduce: “INFRACCIÓN POR APLICACIÓN INDEBIDA DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO, del artículo 11 de la Ley Forestal (Decreto No. 85), en relación al artículo 129 y 134 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto 98-2007). Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719.2., del Código Procesal Civil, por aplicación indebida de las normas de derecho empleados para la solución del fondo del litigio.”. EXPRESIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCIÓN SUSTENTA EL MOTIVO. Las normas de derecho que sustentan la presente infracción son: artículo 11 de la Ley Forestal (Decreto No. 85), en relación a los artículo 129 y 134 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto 98-2007), que al caso concreto no son aplicable en virtud de que el articulo 129 habla del derecho a suscribir contratos de manejo Forestal y el artículo 134, de la asistencia técnica que el ICF, brinda gratuitamente, a los usuarios del sector Forestal. EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: Las normas que alego como infringidas directamente por aplicación indebida de las normas de derecho empleados para la Solución del fondo del litigio es el artículo 11 de la Ley Forestal (Decreto No. 85) que literalmente dicen: “Por razón de su destino, las áreas forestales se clasifican en la siguiente forma: a) Zonas Forestales Protegidas: son las áreas públicas o privadas declaradas de gran importancia para la conservación del paisaje, de las aguas o de los suelos, de manera que se permita solamente un aprovechamiento limitado según planes de ordenación forestal formulados o aprobados por la Administración Forestal del Estado.... “. El artículo citado en la parte dispositiva pero no tomado en cuenta por el Tribunal de Segunda Instancia incurre en una inaplicabilidad del principio de legalidad y del sistema jurídico por el no reconocimiento de las atribuciones reconocidas en Ley a la Administración Forestal del Estado, en cuanto a la facultad y potestad de emitir normativas y procedimientos técnicos y administrativos que regulen los aprovechamientos de los productos del bosque en zona forestales protegidas, la cual determina que se pueden hacer aprovechamientos forestales de forma limitada basado en los planes de ordenación forestal.- Y en el caso que nos ocupa, y como el Ente del Estado competente para el Manejo de las Cuencas Hidrográficas, de conformidad a lo establecido en Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre en su artículos 120 el cual establece lo siguiente: “Manejo de Cuencas Hidrográficas, Compete al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Ares Protegidas y Vida Silvestre (ICF), liderar los procesos para elaborar e implementar los planes de ordenamiento y manejo integrado de las cuencas hidrográficas, microcuencas y sub-cuencas, con énfasis en la conservación de los recursos, suelos, bosques y agua. Como ejemplo de tal competencia se adjunta la Resolución No. DE-PMCH-002-2013, (basado en ley Articulo 122 de la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre párrafo tercero) que aprueba el plan de ordenación y manejo de los recursos naturales de la subcuenca del Rio del Hombre, aprobado por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Foresta, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), sustentado en las atribuciones que la Ley le confiere. Que en la Sentencia dictada en segunda Instancia en los antecedentes de hecho el numeral NOVENO (9), en la página 12, establece 1 siguiente: la Cuenca Hidrográfica del Rio del Hombre es una obra para aliviar el déficit de agua, donde la misma se almacenan aproximadamente 104 millones de metros cúbicos como fuente de agua potable para el Distrito Central, que consta en autos de la prueba aportada por el demandante que técnicos del Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y Alcantarillado (SANAA) .- Que obra a folio 275 del expediente de dicha demanda las respuestas proporcionadas por el Asesor Técnico de la Gerencia General del SANAA, en la que precisa en su respuesta a pregunta seis (P6) que el SANAA tiene previsto utilizar para el abastecimiento de la ciudad capital la cuenca del Rio del Hombre, mediante la construcción de un embalse con capacidad de almacenamiento 104 millones de metros cubico, lo que representaría el proyecto más importante a desarrollarse en las cuencas cercanas a Tegucigalpa y Comayagüela. Es importante establecer que las obras señaladas aún no han sido construidas ni desarrolladas por el SANAA, por lo que no es correcto precisar que actualmente están siendo aprovechados 104 millones de metros cúbicos de agua en la cuenca del Rio del Hombre, para el abastecimiento de agua a la ciudad capital, en virtud de que se basa en un supuesto, futuro e incierto y no en hechos reales. Que en la Sentencia dictada en segunda Instancia en los antecedentes de hecho el numeral NOVENO (9), establece varios conceptos como: área protegida, plan de manejo, área de producción, zona Forestal protegida etc, pero es de suma importancia explicar con más profundidad que es un plan de Manejo y la importancia y la obligación de que cada propietario cuente con su plan de manejo respectivo, ya que se percibe como una licencia para desforestar y destruir el bosque, el cual es una mala percepción que se tiene, por los que según el Artículo 11 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto 98-2007), numeral 39 el que literalmente dice “Plan de Manejo: Es el Instrumento Técnico, legal y Operativo que establece los objetivos y fines de la gestión de una determinada área forestal, incluyendo la programación de los inversiones necesarias y de las actividades silviculturales de Protección, Conservación, Restauración, aprovechamiento, y demás que fueren requeridas para lograr la sostenibilidad del bosque, de acuerdo con sus funciones económicas, sociales y ambientales; su vigencia será la de la rotación que se establezca en función de los objetivos del plan”. Es importante destacar que cuando un propietario elabora un plan de manejo dentro de una Microcuenca legalmente declarada dicho plan tiene las siguientes restricciones esto de conformidad al artículo 123, “PROTECCION DE FUENTES Y CURSOS DE AGUA las áreas adyacentes a los cursos de agua deberán ser sometidos a un Régimen Especial de Protección; no obstante y en cualquier circunstancia deberán tenerse en cuenta las regulaciones siguientes: 1)Las de recarga hídrica o cuenca alta son zona de protección exclusiva, se prohíbe todo tipo de actividad en estas zonas abastecedoras de agua. Estas áreas estarán determinadas por el espacio de la cuenca comprendidas desde cincuenta metros (5Omts) abajo del nacimiento, hasta el parte agua comprendida en la parte alta de la cuenca.- Cuando Exista un nacimiento en las zonas de recarga hídrica o cuenca alta dentro de un área que no tenga declaratoria legal de zona abastecedora de agua, se protegerá un área de un radio de doscientos cincuenta metros (25Omts) partiendo del centro del nacimiento o vertiente; 2) en los ríos y quebradas permanentes se establecerán faja de protección de ciento cincuenta metros (150 mts), medidos en proyección horizontal a partir de la línea de la línea de ribera, si la pendiente de la cuenca es igual o superior a treinta por ciento (30%) y de cincuenta metros (50 mts) si la pendiente es inferior de treinta por ciento (30%); dentro de las áreas forestales de los perímetros urbanos se aplicaran las regulaciones de la Ley de Municipalidades; y, 3) Las Zonas Forestales costeras marítimas y lacustres, estarán protegidas por una franja no menor de cien metro (100 mts) de ancho a partir de la línea de marea más alta o el nivel más alto que alcance el Lago o Laguna. En estas zonas de protección se prohíbe cortar, dañar, quemar o destruir árboles, arbustos y los bosques en general. Igualmente, se prohíbe la construcción de cualquier tipo de infraestructura, la ejecución de actividades agrícolas o pecuarias y todas aquellas otras que pongan en riesgo los fines perseguidos. Se exceptúa aquella infraestructura hídrica de manejo y gestión del agua e infraestructura vial, sin perjuicio del estudio del impacto ambiental. Las actividades agrícolas existentes a la entrada en vigencia de la presente Ley se respetarán, pero simultáneamente se fomentarán y apoyarán proyectos agroforestales orientados a la protección y el manejo apropiado de los recursos naturales y del ambiente. Las disposiciones del presente Artículo estarán vigentes en tanto que el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), a través del Sistema de Investigación Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (SINFOR), realice los estudios técnicos científicos y se desarrolle la normativa, fundamentada en las características y particularidades físicas, geológicas, condición ambiental y de las actividades socioeconómicas de cada cuenca, subcuenca o Microcuenca para asegurar la conservación y protección de los recursos naturales”. la Resolución GG-MP-158-2008, mediante la cual dispone entre otros, que solo habrán aprovechamientos selectivos, en terrenos de vocación natural forestal con pendientes de 45° (grados de inclinación), esto no contradice lo establecido en dicho artículo por lo que no trasgrede ninguna norma. Así mismo el artículo 70 de la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre establece: “OBLIGATORIEDAD DEL PLAN DE MANEJO.- Para asegurar la sostenibilidad y productividad de los bosques públicos o privados será obligatorio el Plan de Manejo Forestal, el cual incluirá una evaluación de impacto ambiental. La preparación de Planes de Manejo y sus Planes Operativos corresponde al titular del terreno Forestal y deberán ser formulados por un Profesional Forestal debidamente colegiado, para ser presentados al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y aprobados e inscritos en la municipalidad respectiva. Las comunidades que no cuenten con recursos económicos, podrán solicitar financiamiento a los fondos establecidos en esta Ley, asimismo financiamiento externo o cooperación externa, para la elaboración de los Planes de Manejo y los Planes Operativos Anuales. El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), no aprobará nuevos Planes de Manejo ni Planes Operativos a quienes hayan incumplido las normas de la presente Ley y su Reglamento, que con ello pongan en alto riesgo la sostenibilidad de los recursos naturales o causen el deterioro o destrucción del recurso o hayan ocasionado daños irreversibles al ambiente debidamente calificados sin perjuicio de la responsabilidad penal. Las solicitudes de aprobación de un Plan de Manejo Forestal y su primer Plan Operativo Anual, con la documentación completa, deberán ser resueltas en un plazo no mayor de treinta (30) días laborables, cuando se trate de bosque de coníferas, de sesenta (60) días laborables para los bosques latifoliados, contados a partir de su presentación. Si a la solicitud se le encuentran incongruencias en su revisión, se requerirá al interesado para que la complete en un término no mayor de diez (10) días laborables, conforme a las normas de procedimiento administrativo. Presentada en forma la solicitud, el funcionario del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), que no cumpliese los términos señalados anteriormente, quedará sujeto a las responsabilidades legales procedentes”. La importancia de que cada propietario tenga su plan de Manejo es porque son los responsables de darle mantenimiento a su bosque contra plagas, incendios evitándole al Estado en hacer esas inversiones siendo responsabilidad de cada propietario la protección del bosque evitando así la deforestación y el cambio de uso de suelo. Es importante también aclarar que los dueños de los planes de manejo están obligados a cumplir con la norma del 3x1, que significa esta norma que por cada árbol aprovechado en un plan de manejo el propietario está obligado a plantar tres árboles de la misma especie cortada y no solo plantarlo sino darle el mantenimiento apropiado. Esto de conformidad a lo estipulado Decreto Ejecutivo PCM-02-2006 de fecha 30 de Enero del 2005, el cual establece lo siguiente “Numeral CUARTO: Instruir a la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, COI-IDEFOR para que en todo los contratos de Aprovechamiento de bosque que se suscriba, se incluya la Obligación de que, por cada árbol que se corte, se deberá resembrar como mínimo tres árboles. La COHDEFOR deberá reglamenta la presente disposición”. Y reglamentada a través de la resolución GG-MP-156- 2008, de fecha ocho de Julio del dos mil Ocho. Razón por la cual se recurre mediante el presente recurso extraordinario de Casación, para ante la sala de lo Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que admita el presente motivo y en definitiva se declare ha lugar el recurso de casación y en definitiva case la sentencia y resuelva conforme a derecho, declarando improcedente la acción por no ajustarse a derecho el acto impugnado y en consecuencia declare improcedente la acción promovida la Acción Promovida por la Asociación Hondureña de Periodistas Ambientalistas y Agroforestales (AHPAAF). INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN O SENTENCIA IMPUGNADA. Honorable Tribunal, la aplicación indebida de las normas de derecho empleados para la solución del fondo del litigio son 11 de la Ley Forestal (Decreto No. 85), en relación a los artículo 129 y 134 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto 98-2007), que al caso concreto no son aplicable a la solución del litigio en sobre el amparo del sustento de la resolución emitida en el amparo a la atribuciones de la Administración Forestal del Estado como Ente competente para dichos actos. Con lo anterior es visto plenamente que con la sentencia de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que hoy es objeto del recurso de casación, se causa perjuicio a mi representada, con la indebida de las normas citadas al dictarse la sentencia se irrespeta la esencia misma del Estado de Derecho lo que incide negativamente en la decisión de un fallo justo y conforme a derecho, lo que da Lugar a que la Honorable Sala laboral Contencioso Administrativo admita el presente motivo y en definitiva se declare ha lugar la casación y en definitiva se dicte una nueva sentencia declarando procedente la acción por no ser conforme a derecho y en consecuencia se declare improcedente la demanda de nulidad del acto administrativo promovida por dicha organización.”.- 4. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) se alega el concepto de aplicación indebida, pero no se establece la norma sustitutiva; b) en el desarrollo se alude al numeral 39) del artículo 11, 70 y 120, de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, numeral y disposiciones que no han sido señalados como infringidos en la formulación; y, c) se insta a la revisión de los hechos por ende la valoración de la prueba, lo cual tiene vedada este tribunal de conformidad a lo consignado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- 5. Recuerda este Supremo Tribunal el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juez, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.- 6. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Corte, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- 7. En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, relacionado con el 721 numeral 2 del mismo ordenamiento legal, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 704, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. – NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciuda Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la resolución de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 356-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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