Sentencia CA-315-18 — Registro 10057
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda contencioso administrativa para la nulidad de un acto administrativo que es sujeto a derecho administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno y total restablecimiento se adopten cuantas medida sean necesarias, consistentes en el pago por tiempo de servicios profesionales prestados y a título de daños y perjuicios el pago de intereses comerciales, y legales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Corte, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- 5. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) y b) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta Resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente."...
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de enero del dos mil veinte, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, como Coordinador y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representada en juicio por la Abogada SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO y, Recurrido: la señora BRESLY ORICELA PASTRANA ESTRADA, representada en juicio por el Abogado DARWIN MANFREDO MONCADA PONCE.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda contencioso administrativa para la nulidad de un acto administrativo que es sujeto a derecho administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno y total restablecimiento se adopten cuantas medida sean necesarias, consistentes en el pago por tiempo de servicios profesionales prestados y a título de daños y perjuicios el pago de intereses comerciales, y legales, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la señora BRESLY ORICELA PASTRANA ESTRADA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción, que en el mes de agosto del 2011 fue requerida por la Directora Municipal de Educación, en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de El Paraíso, para que prestara sus servicios profesionales en la Escuela Ramón Rosa en la Aldea Apalipi, del Municipio en mención; cubriendo licencia de la profesora Julia Aguilera Álvarez, iniciando el periodo de los servicios prestados desde el 15 de agosto hasta el 30 de noviembre del 2011; que la Dirección Departamental de Educación de El Paraíso solicitó a la Secretaria de Educación la emisión del acuerdo 68963-SE-2011-07 de fecha 31 de agosto del 2011, desconociendo las causas por las cuales dicho acuerdo nunca fue firmado por las autoridades de Educación, además no ha recibido pago alguno de los servicios prestados; asimismo manifestó que según lo que establece el artículo 28 y 30 de la ley de procedimiento Administrativo, el acuerdo referido surte todos los efectos, aunque no lo hayan firmado las autoridades de la Secretaria de Educación en vista que la ley lo ampara; y que el 17 de octubre del 2012, presentó reclamo administrativo ante la Secretaria de Educación para el pago por los servicios prestados como Directora de la Escuela Ramón Rosa en la Aldea Apalipi, Municipio San Antonio de Flores, Departamento de El Paraíso, y fue resuelto mediante resolución 289-SE- 2013 de fecha 12 de diciembre del 2013, en donde lo declararon sin lugar el reclamo; por lo que consideró que la resolución 289-SE-2013 de fecha 12 de diciembre del 2013 no estuvo ajustada a la jerarquía normativa incurriendo en infracción al ordenamiento jurídico en evidente exceso y desviación de poder; además la demandada se ha negado sin justa causa a pagarle la retribución por los servicios prestados.- 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que aunque la parte demandante haya prestado servicios profesionales de forma interina, el acuerdo de nombramiento del interinato debía contener la legitimidad; sin embargo el acuerdo de nombramiento no contenía las firmas de las autoridades de la Secretaría de Educación y por tanto carece de legitimidad, en consecuencia no puede argumentarse que el nombramiento esté apegado a derecho y el hecho que exista de forma material el acuerdo 68963-SE-2011-07, no significa que tenga la legitimidad de un acto administrativo, porque carece de eficacia, tal y como lo dispone el artículo 23 y 31 de la ley de procedimiento Administrativo; alegó también que según la información sobre los salarios supuestamente adeudados de 3 meses con 15 días a la demandante, no se le podía reconocer pago alguno, en virtud de que el acuerdo de nombramiento no estaba firmado por las autoridades competentes; y que el acto administrativo concerniente a la resolución 289-SE-2010 de fecha 12 de diciembre del 2013 emitida por la Secretaría de Educación esta ajustado a derecho.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de marzo del 2016, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar procedente la acción promovida por la ciudadana BRESLY ORICELA PASTRANA ESTRADA quien confiere poder en el Abogado DARWIN MANFREDO MONCADA PONCE, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la nulidad de la resolución 289-SE-2013 de fecha 12 de diciembre del 2013. SEGUNDO: Se reconoce la situación jurídica individualizada y como medida necesaria para su pleno restablecimiento se condena al Estado de Honduras por medio de la Secretaria de Educación a cancelar el periodo de tiempo laborado correspondiente al 15 de noviembre del 2011, quien trabajo en forma interina por cubrir licencia por enfermedad y como indemnización se reconoce el pago de los intereses legales desde el 15 de noviembre del 2011 hasta que se ejecute la sentencia, en virtud de que al momento de interponer la demanda ya estaba en vigencia la reforma al artículo 100 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo….. SIN COSTAS...”; bajo el criterio que en el presente caso de autos se encuentra como acto impugnado la resolución numero 289-SE-2013 en la cual declaran sin lugar el reclamo presentado por la demandante en el sentido de la solicitud de pago por el tiempo de tres meses y medio más los derechos adquiridos en ese tiempo, en virtud de que el acuerdo no tenia eficacia por no estar firmado por la autoridad competente; Ante tal situación y siendo esta jurisdicción no solo revisora del procedimiento administrativo sino garante de derechos establecidos en diferentes cuerpos legales, siendo el más importante la Constitución de la República. Que tomando en consideración que Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzgara dentro de los limites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición; oposición que se fundamenta en la falta de legitimación en virtud de que el acuerdo de nombramiento 68963-SE-2011-07 nunca fue firmado, y fue de igual manera el fundamento para declarar sin lugar el reclamo administrativo presentado por la ahora demandante por el pago del servicio profesional prestados al Ministerio de Educación en la escuela Ramón Rosa de la Aldea de Apalipi de San Antonio de Flores de El Paraíso por el tiempo de tres meses y medio y del cual la autoridad nominadora está consciente y afirma de que existe pero que nunca se le dio tramite, cuando es obvio que si fue emitido tienen que darle ellos el curso o tramite para proceder con el pago de un empleado por lo que es una excusa absurda y fuera de contexto si está comprobado en autos con medios de prueba documentales así como que la misma autoridad nominadora acepta la emisión del acuerdo desconociendo la razón del porque la Dirección Departamental de Educación de El Paraíso no lo remitió a la subgerencia, sabiendo de antemano que si otorgaban una licencia es porque había alguien que la cubriría dicha plaza en forma interina, habiéndose comprobado que la Dirección Departamental tenía conocimiento ya que solicito dicho acuerdo mediante oficio 793-DDE-2011. Que de la lectura del acto impugnado resolución 289-SE-2013, no es clara al establecer en su considerando ocho “que el dictamen emitido por la unidad de servicios legales es del parecer que se declare con lugar lo solicitado por la docente. Por carecer su reclamo de fundamentos legales”, hechos contradictorios faltando a los principios de eficiencia, legalidad y coordinación establecidos en el reglamento de organización, funcionamiento y competencias del Poder Ejecutivo: así como el hecho de que es facultad de los Secretarios de Estado el cuidar de la ejecución de los acuerdos (art. 36 numeral 8 de la Ley General de la Administración Pública), infringiendo lo que establece el artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo al establecer que “Los actos deben ser dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico”; Por todo lo expuesto está suscrita considera la procedencia de la presente acción.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 25 de enero del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el acuerdo de nombramiento interino de la parte actora, si bien no fue firmado el mismo, surtió todos los efectos legales pertinentes, al permitir la Administración Pública, que la señora Pastrana Estrada efectivamente prestara sus servicios en el tiempo y en el cargo para el cual fue nombrada y así fue probado en autos y afirmado por la misma parte demandada. Los trámites internos que se obviaron son imputables a la Administración, convirtiéndolo en un acto administrativo no manifestado por escrito y por consiguiente los alegatos del recurso de apelación son irrelevantes, pues se refieren a formalidades esenciales del acto administrativo expreso, que en este caso concreto ya no son necesarios. No se trata de firmeza, legitimidad o eficacia del acto, se trata de que el comportamiento de la administración pública fue conceder ese contrato a la parte actora por tiempo determinado de manera tácita, tal como así se ejecutó, y que por disposición de la ley, produce todos los efectos legales como si se tratase de un acto expreso.- Por lo que procede el pago por el tiempo de servicios prestados a la Secretaría de Educación Pública desde el 15 de agosto del 2011 al 15 de noviembre del mismo año, a favor de la señora Pastrana Estrada. Que por las consideraciones de hechos y de derecho que anteceden, este Tribunal es del parecer que debe confirmar la sentencia que se conoce en recurso de apelación, por estar emitida conforme a derecho.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO, en fecha 12 de marzo del 2018, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 25 de agosto del 2018, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.150-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.265-2014 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 13 de marzo del 2018, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado DARWIN MANFREDO MONCADA PONCE, presentó en fecha 01 de junio del 2018, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 05 de junio del 2018, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 07 de junio del 2018, los Abogados SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO y DARWIN MANFREDO MONCADA PONCE.- 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 15 de agosto del 2018, teniendo por personado a la Abogada SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO, como recurrente, por precluido el plazo concedido y dejado de utilizar por parte del recurrido, Abogado DARWIN MANFREDO MONCADA PONCE, en su condición de representante procesal de la señora BRESLY ORICELA PASTRANA ESTRADA; en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la recurrente fundamenta su único motivo manifestando lo siguiente: “Infracción indirecta a los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por error de hecho en la apreciación de la pruebas documental e inspección en cuanto a los medios de prueba documental consistente en: a) En cuanto al medio de prueba documental consistente en el Expediente Administrativo No. 113-R-13 el cual contiene el reclamo administrativo para el pago de salarios dejados de percibir por los servicios profesionales prestados. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, el cual literalmente dice: “Causales del Recurso.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPICO ASÍ: Expresa la Corte de Apelaciones recurrida en el Numeral Cuarto (4) Dice, Que ante los agravios expresados en el recurso de Apelación establece: “es imperioso aclarar que la administración pública al momento de emitir el acto administrativo que se impugna a través de la demanda de mérito, debió tomar en cuenta que el reclamo administrativo era contra un acto tácito, o sea no manifestado por escrito de la administración, es decir, aquellos que constituyen el comportamiento de la administración pública que sea unívoco, e incompatible con una voluntad distinta, pero que producirá los mismos efectos de una resolución expresa.- En consecuencia el acuerdo de nombramiento interino de la parte actora, si bien no fue firmado el mismo, surtió todos los efectos legales pertinentes al permitir la administración pública que la señora Pastrana Estrada efectivamente prestara sus servicios en el tiempo y en el cargo para el cual fue nombrada y así fue probado en autos.- Los tramites internos que se obviaron son imputables a la administración, convirtiéndolo en un acto administrativo no manifestado por escrito. El Articulo 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece “Los actor de la administración de carácter particular adquieren eficacia al ser firmes.- Los actos sujetos de aprobación no producirán efector en tanto la misma no se haya ejercido.- Análisis: Que partiendo de lo antes mencionado esta Secretaria de Estado admite que dicho Acuerdo fue emitido, pero que para adquirir el carácter de firme es necesaria su comprobación, entiéndase como comprobación el proceso que debe seguir todo acuerdo u acto administrativo en esta Secretaría de Estado, es decir, que en caso particular el acuerdo de nombramiento interino nunca se firmó presuntamente porque no se disponía de repente de disponibilidad presupuestaria para cubrir la licencia a ella propuesta, en tal sentido nunca se concreto el acto administrativo, el cual por obvias razones no siguió su curso para pago.- Que no consta en el expediente administrativo propuesto como medio de prueba Toma de Posesión para el supuesto cargo que debió haber cubierto, que si hizo esa labor, lo hizo bajo su propio riesgo, por lo que resulta inquietante que este Tribunal AQUEN avale una decisión del Tribunal AQUO cuando legalmente no existe un soporte firme, ni mucho menos físicamente posible ya que nunca se formalizo. En este sentido la Administración no precisa la declaración de legalidad de sus actos para que estos sean ejecutivos sus decisiones son inmediatamente eficaces y, por ello, la consecuencia es la carga que se impone al administrado de recurrir el acto administrativo para que éste no se ejecute; sin embargo, a eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Finalmente.”.- 2. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) carece de claridad precisión, en el concepto de la infracción, ya que el señalamiento de una infracción indirecta por apreciación errónea resulta inapropiado en esta materia; b) se insta a la valoración del material probatorio lo cual tiene vedado este Tribunal, de conformidad a lo establecido en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) no se justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada siendo lo expuesto un alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario.- 3. Recuerda este Supremo Tribunal el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juez, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.- 4. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Corte, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- 5. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) y b) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta Resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 704, 719, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y b) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. -NOTIFIQUESE. - FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la resolución de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 315-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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