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Sentencia CA-313-19 — Registro 12172

Resumen

En primera instancia dictó sentencia declarando procedente la acción, se declara el reconocimiento de la situación jurídica individualizada y como medida necesaria para su pleno restablecimiento se ordena la nulidad parcial y por ende la inaplicabilidad futura de los artículos 2 letra c) 12 y 24 del Arancel para el Profesional de las Ciencias Agrícolas colegiados en el CINAH y COLPROCAH

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el cargo que antecede resulta ser inadmisible, ya que el Impetrante en su formulación no indica con claridad la norma procesal aplicada indebidamente por el Juzgador, si bien en su explicación alude al artículo 200 del Código Procesal Civil, dicha disposición cuenta con varios numerales que hacen referencia a diferentes situaciones jurídicas y no se precisa a cuál de ellas dirige su ataque al fallo impugnado; también realiza cuestionamientos relacionados con la valoración probatoria y se aduce una “inadecuada aplicación de la norma procesal en lo referente al contenido formal de la sentencia…”, lo cual afecta la claridad y precisión que debe reunir la causal o motivo de casación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: COLEGIO DE PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS (COLPROCAH) y COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURA (CINAH), representado en juicio por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO; y, Recurrido: el INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFÉ (IHCAFE), representado en juicio por el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad parcial de un acto dictado por una entidad de derecho público, para efectos de anulación e inaplicabilidad futura, en caso de proceder al reconocimiento de la situación jurídica individualizada, el restablecimiento de la misma consiste en que la inaplicabilidad parcial y futura se contraiga a que el acto impugnado no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar los derechos reconocidos en la Constitución de la República, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, en su condición de Apoderado del INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFÉ (IHCAFE), contra el COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURA (CINAH) y COLEGIO DE PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS (COLPROCAH), representados por sus PRESIDENTES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS los señores EUGENIO ZELAYA OCHOA y ROBERTO RIVERA LANZA, respectivamente. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que solicita la nulidad parcial de un acto administrativo dictado por una entidad de derecho público para efectos de inaplicabilidad futura, en caso de proceder el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, el restablecimiento de la misma consista en la inaplicabilidad parcial y futura ese contraiga a que el acto impugnado no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir, o tergiversar los derechos reconocidos en la Constitución de la Republica, fundamentado en los hechos y omisiones que causan el escrito de demanda, que el arancel que pretende hacer valer en las instituciones no tiene fuerza de ley en vista que este arancel no siguió el procedimiento que manda la Constitución de la Republica para la creación de una ley, en vista que emitieron un Arancel para el Profesional de las Ciencias Agrícolas, sin seguir paso a paso el procedimiento establecido, proceso que ambos colegios tienen fijado en sus leyes orgánicas, y que luego de haber agotado todo el procedimiento el mismo tenía que tener un acuerdo del Poder Ejecutivo mismo que no está acreditado en el expediente de mérito puesto que el mismo no existe en el expediente, que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en diferentes situaciones, en el sentido que el presente Arancel no fue aprobado por el procedimiento establecido en el artículo 205 numeral 1) de la Constitución de la Republica. y que el arancel no puede tener un efecto obligatorio ante terceros sean naturales o jurídicos ya que este no siguió de manera precisa el procedimiento establecido en la ley orgánica de cada colegio profesional y sobre todo nunca fue sometido al proceso de creación de la ley a través del Congreso Nacional de la República. 2. La parte demandada, COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURA (CINAH) y COLEGIO DE PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS (COLPROCAH), contestaron dicha demanda señalando que el 06 de abril de 1999, emitieron conjuntamente el Arancel de Honorarios para los Profesionales de las Ciencias Agrícolas Colegiados en el CINAH Y COLPROCAH, y que fue publicado el 19 de junio de 1999 en el Diario oficial La Gaceta, rechazando lo que refiere a la nulidad de pleno derecho de los artículos 2 letra c), 10 y 12, agregando que esta disposición contiene el mínimo de derechos y garantías consagradas a favor de los trabajadores. “No produce efecto alguno cualquier estipulación que afecte o desconozca este mínimo... ", sigue relatando este considerando dejando a los interesados directamente la iniciativa para introducir mejoramiento de las condiciones salariales y prestaciones y la creación de sistemas o procedimientos para nuevas soluciones con el propósito de elevar el nivel de vida de la comunidad.... y que, si se permitiera que estos derechos y garantías se pudieran desconocer por el Estado o por los particulares, sobrevendría inexorablemente la anarquía en las relaciones sociales y se derrumbaría el Estado de Derecho". que dicho arancel se origina, de una Ley decretada por el Congreso Nacional que sanciono la Ley Orgánica aprobada mediante Decreto No. 148-95, en el Capítulo VI, Articulo 24, inciso K, y el segundo en su Ley Orgánica aprobada mediante Decreto No.154-95, en el Capítulo V, Articulo 16, inciso, i., Instrumento aprobado en sus Asambleas Generales Extraordinarias, No. 01/98 del 19/09/98 del COLPROCAH y por el CINAH, Asamblea General Ordinaria # 19 del 18/07/98, son los artículos que aprueban la ley orgánica de los colegios CINAH y COLPROCAH, mismos que no han sido DEROGADOS Y MANTIENEN SU VIGENCIA, lo que hizo el Honorable Congreso Nacional en apego a la Constitución es interpretar el arancel y establecer una vez más la obligatoriedad del mismo para las personas naturales y jurídicas este decreto como lo menciona el demandante no ha sido derogado sino más bien ratifica que el Arancel que se trata de pedir su inaplicabilidad no necesita ningún acuerdo ejecutivo para su entrada en vigencia, así lo dice la honorable Corte Suprema de Justicia en los fallos como en los recursos acumulados vía excepción de inconstitucionalidad, según sentencia de fecha 01 de marzo de 2006, en la que en su numeral II.- establece tener por derogada la disposición contenida en el artículo 1 del mencionado decreto, donde se confiere rango de ley al Arancel de los profesionales de las Ciencias Agrícolas.-III.- tener por subsistente la reforma tasita el articulo 24 literal L de la Ley Orgánica de los profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras, efectuada en el artículo 1 párrafo in fine del decreto legislativo número 78-2001 del primero de junio de 2001 donde se dispone que no es necesaria la emisión de acuerdo alguno por el poder ejecutivo, como condición previa para la entrada en vigencia del mencionado arancel, que no tiene conocimiento que haya demandado algún profesional a la demandante, y de haberlo hecho es claro que todo ciudadano tiene el derecho de comparecer ante los órganos administrativos y judiciales a pedir lo que crean les corresponde de acuerdo a Derecho, y se deja claro cómo se indicó anteriormente que los fallos de la Suprema corte han sido emitidos en el sentido de ratificar la vigencia de dicho arancel sin necesidad de acuerdo ejecutivo alguno, que la interpretación aludida lo que ratifico es que dicho arancel ya no será necesaria la emisión de un acuerdo del poder ejecutivo para que entre en vigor en ninguna parte resolutiva del fallo dice que el Arancel no está vigente o que no tiene validez, lo que dice es que el mismo a partir del 19 de julio de 1999, ya no necesitara la aprobación mediante acuerdo del ejecutivo tal como lo establecía lo dispuesto en el artículo 24 letra k) de la ley orgánica del COLPROCAH, la intención de ellos ha sido como la de todo gremio responsable dar cumplimiento a las leyes orgánicas de ambos colegios que han sido aprobadas constitucionalmente y que les autorizan para emitir el arancel precitado, en ningún momento se está limitando a la libre administración de los patronos, ni se está siendo coercitivo con las empresas o personas naturales para que paguen a los agremiados salaries exorbitantes, simplemente se está por parte del Estado dejando a los interesados directamente la iniciativa para introducir mejoramiento de las condiciones salariales y prestaciones y la creación de sistemas o procedimientos para nuevas soluciones con el propósito de elevar el nivel de vida de la comunidad .... y que, si se permitiera que estos derechos y garantías se pudieran desconocer por el Estado o por los particulares, sobrevendría inexorablemente la anarquía en las relaciones sociales y se derrumbaría el Estado de Derecho", extremos este que se está haciendo con justicia en un rubro que es explotado por el patrono abusando de los derechos de quienes sostienen la política agraria del Estado y de quienes depende parte de la riqueza de empresarios y personas naturales. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa M.D.C. en fecha 17 de marzo del 2016, dictó sentencia declarando procedente la acción, se declara el reconocimiento de la situación jurídica individualizada y como medida necesaria para su pleno restablecimiento se ordena la nulidad parcial y por ende la inaplicabilidad futura de los artículos 2 letra c) 12 y 24 del Arancel para el Profesional de las Ciencias Agrícolas colegiados en el CINAH y COLPROCAH, SIN COSTAS; bajo el criterio que efectivamente existe Decreto número 78-2001 que contiene el Arancel de Profesionales en Ciencias Agrícolas, el cual en su artículo 1 establece el arancel de honorarios aprobado por los profesionales en ciencias agropecuarias y afines al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras (CINAH) y al Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras ( COLPROCAH) publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 28,895 del 19 de junio de 1999, en el mismo se señala que es un instrumento legal de inmediato y obligatorio cumplimiento, con fuerza de ley y aprobado en asamblea de ambos colegios profesionales como facultad que les otorga la Ley del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras, en consecuencia no necesita acuerdo del Poder Ejecutivo para su efectividad. Que mediante certificación de la sentencia emitida por la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para resolver el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en contra del Decreto número 78- 2001 que contiene el arancel de los profesionales de las ciencias agrícolas concluye que el mismo debe ser declarado parcialmente con lugar, dejando únicamente subsistente lo relativo a reformar el artículo 24 literal I) de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras que exigía la emisión de un acuerdo ejecutivo como condición previa para la entrada en vigencia del citado arancel, por lo tanto queda derogada la disposición contenida en el artículo 1 de dicho Decreto, donde se confiere rango de Ley al Arancel de Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras, por no haberse seguido el procedimiento que para la formación de la Ley prevé la Constitución de la Republica, por lo que si bien es cierto dicho arancel es producto de disposiciones emitidas por las asambleas generales de los Colegios profesionales autorizadas por sus respectivas leyes orgánicas, convirtiéndolo en un acto de carácter general emitido por una entidad de derecho público, que es susceptible de ser impugnado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero de la lectura de las pruebas propuestas por ambas partes, coma ser las sentencias emitidas por la Honorable Sala Constitucional, ha quedado establecido que se derogo la disposici6n contenida en el artículo 1 del mencionado Decreto, en el cual le concedía el rango de Ley a dicho arancel, por lo que siendo así no tiene efecto obligatorio ante terceros, ni tampoco contraviene derechos reconocidos por la Constitución de la Republica, aunado a lo anterior, quedó acreditado que no hay iniciativa de Ley tendiente a discutir y aprobar dicho arancel, por lo tanto es meritorio declarar procedente la petición del demandante. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 21 de febrero del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que en virtud de no ser una ley, sino un acto de carácter general, dejando únicamente aplicable lo relativo al arancel de honorarios para los profesionales en ciencias agrícolas colegiados en al CINAH y COLPROCAH, efectuada en el artículo 12, párrafo in fine de la publicación en el diario oficial La Gaceta de fecha 19 de junio de 1999, habiendo sido impugnado en esta jurisdicción mediante demanda presentada en fecha 29 de enero del 2009, por lo que en el presente caso, no procede la pretensión de la parte demandante sobre el reconocimiento de una situación jurídica individualizada. 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, en fecha 08 de abril del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 21 de febrero del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.163-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.034-2009 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 9 de abril del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. Que en vista que la parte recurrida, no hizo pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto por la parte recurrente, mediante auto de fecha 6 de junio del 2019, se declaró la preclusión del plazo señalado por la Ley para efectuar el pronunciamiento del recurso de casación por parte del Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, en su condición de apoderado del INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFÉ (IHCAFE), por lo que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, habiendo sido notificados vía correo electrónico de dicha resolución en fecha 6 de junio del 2019, los Abogados EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO y JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, respectivamente. 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 26 de junio del 2019, mediante el cual se tuvo por personado al Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, como recurrente, y por precluido el plazo concedido y dejado de utilizar por parte de la parte recurrida Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida por ser violatoria por aplicación indebida de normas procesales que regulan la forma y contenido de las sentencias. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 719 .1. c del Código Procesal Civil, en relación con el 200.2.b del mismo cuerpo legal. EXPLICACION DE LA INFRACCION: La Infracción directa de la ley adjetiva se produce cuando la ley es clara de modo que su interpretación no ofrezca dudas, que el fallador le haya dado o reconocido su sentido exacto y que a pesar de ello la Sentencia este en contradicción con la ley, porque el Juzgador negó la aplicación debiendo haberla aplicado. En el presente motivo, de la lectura inteligente de los antecedentes de hecho de la sentencia proferida por el AD QUEN, encontramos que si bien es cierto existe separación y numeración de los antecedentes, no existe lo que exige el artículo 200 del Código Procesal Civil, en cuanto a que la sentencia debe de contener antecedentes de hecho, consignados con la claridad y la concisión posibles, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado, al analizar detenidamente cada uno de los considerandos que contienen los antecedentes de hecho de la sentencia, en ninguno de ellos se menciona la prueba propuesta por las partes ni se pronunció en la vigencias de las Leyes orgánicas de los colegios profesionales de los cuales nace el arancel impugnado, mismos al permanecer vigentes hacen que mis representados emitan su arancel y sus reformas, en primer lugar.- En segundo lugar la parte demandada propuso prueba, que no se relacion6 y valoro apropiadamente tal como se ha expuesto. Estos extremos debió obligatoriamente mencionarlos el AD QUEM en los antecedentes, puesto que es un requisito ineludible, en tal sentido, al haberlo omitido de hecho de la sentencia, existe una inadecuada aplicación de la norma procesal en lo referente al contenido formal de la sentencia como causal de recurso de casación por lo que hoy estoy impugnando, por lo tanto, esto constituye una violación a la norma procesal.” II.- Que el cargo que antecede resulta ser inadmisible, ya que el Impetrante en su formulación no indica con claridad la norma procesal aplicada indebidamente por el Juzgador, si bien en su explicación alude al artículo 200 del Código Procesal Civil, dicha disposición cuenta con varios numerales que hacen referencia a diferentes situaciones jurídicas y no se precisa a cuál de ellas dirige su ataque al fallo impugnado; también realiza cuestionamientos relacionados con la valoración probatoria y se aduce una “inadecuada aplicación de la norma procesal en lo referente al contenido formal de la sentencia…”, lo cual afecta la claridad y precisión que debe reunir la causal o motivo de casación. III.- Que en el segundo motivo se sostiene: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria por aplicación inadecuada de la norma procesal en cuanto al contenido de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE. Me sirve de fundamento el artículo 719.1.c en relaci6n al artículo 207.1 y a la motivación que deben de contener las sentencias expresando en ellas la apreciación y la valoración de la prueba. EXPLICACION DE LA INFRACCION: La Infracción directa de la ley adjetiva se observa fácilmente al desarrollar el presente motivo, lógicamente tenemos que verlo, en cuanto a lo que se refiere a los requisitos instemos de la sentencia, por lo que el articulo 207 numeral 1, del Código Procesal Civil, nos enuncia, que la motivación es un requisito interno de la sentencia Y deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerándolos individualmente y en su conjunto, ajustándolos a las reglas de la sana critica, en ese orden de ideas, conforme al numeral 1 del artículo aludido, toda sentencia debe de ser motivada, además debe de expresarse en la motivación la apreciación que el juzgador haga de la apreciación y valoración de las pruebas, en el caso de mérito el AD QUEM, no apreció ni valoró ninguna prueba que sirvió de fundamento en el litigio llevado a su conocimiento, es más, ni siquiera lo menciona, por lo tanto esta omisión de la motivación en la sentencia que ahora se impugna, contiene una aplicación inadecuada en la aplicación de la norma procesal por la no apreciación y valoración de la prueba.” IV.- Que el cargo anterior no resulta ser admisible, ya que al igual que en el primer motivo, aduce la aplicación inadecuada de la norma procesal en cuanto el contenido de la sentencia y omite señalar en su formulación, de forma clara y precisa, cual es la disposición infringida, ya que es hasta la explicación en que invoca el artículo 207 numeral 1) del Código Procesal Civil, aduciendo la infracción directa de la ley adjetiva, la cual es propia de las causales o motivos del recurso de casación laboral. V.- Que como tercer motivo de casación se arguye: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria por aplicación indebida de la norma que regula la forma y contenido de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE. Me sirven de fundamento en el presente motivo el artículo 719.1.c, del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 208.1 que enuncia la congruencia que debe de contener con las pretensiones de las partes deducidas oportunamente en juicio. EXPLICACION DE LA INFRACCION: Existe una Infracción directa de la ley adjetiva en el presente motivo, que se desarrolla de la manera que, al remitirnos a la causal del recurso que contiene el artículo 719.1.c del Código Procesal Civil, en cuanto a la forma y contenido de la sentencia, es menester remitirnos a los requisitos internos de la sentencia contenidos en el artículos 208.1 (congruencia) que dice: Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito ··, es decir, que el Tribunal de Alzada debió circunscribir su resolución en relación a los argumentos expuestos por el apelante que es la parte demandada y la contestaci6n que sobre el mismo hiciera la parte demandante o apelado, es en ese marco jurídico en el que debe circunscribir su fallo, para ser más específico y tratando de sintetizar la expresi6n de agravios de la parte demandada, los alegatos UNICAMENTE SON DOS: El primero que le causa agravios a sus poderdantes en sus considerandos y parte resolutiva, al declarar PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el abogado EDWIN ORLANDO RIV AS ARAUJO, en su condición de representante procesal de COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURAS (CINAH) y del COLEGIO DE PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS (COLPROCAH).- y luego SEGUNDO: CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia venida en apelación.- TERCERO: REFORMAR el numeral segundo de la sentencia venida en apelaci6n que deberá leerse así: Anular parcialmente y por ende declarar la inaplicabilidad futura del Arancel de Honorarios para los profesionales en ciencias agrícola colegiados en el CINAR y COLPROCAH, publicado en el diario oficial la Gaceta de fecha 19 de junio de 1999, específicamente en los artículos 2 letra c), parte final del artículo 12 que preceptúa, "PERO EN NINGUN CASO SERA INFERIOR AL SALARIO QUE DE ACUERDO AL NIVEL ACADEMICO EST ABLECE EL PRESENTE ARANCEL" y del artículo 24 del Arancel de honorarios para los Profesionales de las Ciencias Agrícolas colegiados en el CINAR y COLPROCAH.- y en segundo lugar el argumento alegado por la parte apelada es el hecho que señala no tiene fuerza de ley en vista que este arancel no siguió el procedimiento que manda la Constitución de la Republica para la creación de una ley, en vista que emitieron un Arancel para el Profesional de las Ciencias Agrícolas, sin seguir paso a paso el procedimiento establecido, proceso que ambos colegios tienen fijado en sus leyes orgánicas, y que luego de haber agotado todo el procedimiento el mismo tenía que tener un acuerdo del Poder Ejecutivo mismo que no está acreditado en el expediente de mérito puesto que el mismo no existe en el expediente. Ahora bien, la Honorable Corte de Apelaciones pronuncia sentencia y en ninguno de sus considerandos de los antecedente de hecho y fundamentos de derecho, hace mención a lo solicitado por las partes, no sigue las reglas establecidas en el artículo 208 del Código Procesal Civil, jamás se pronunció sobre las leyes orgánicas de mis representados que están vigentes y seguimos autorizados para emitir un arancel e incluso reformar los mismos, de igual manera el El decreto legislativo número 78-2001 del primero de junio de 2001, que se establece que el Arancel impugnado no necesita acuerdo previo del poder ejecutivo para su entrada en vigencia, por lo tanto la sentencia impugnada no es congruente con las pretensiones de las partes. De la lectura del fallo se aprecia que ha habido una aplicación inadecuada en cuanto a los requisitos internos de la sentencia, en virtud de que lo resuelto por el AD QUEM no ha resuelto lo solicitado por la parte demandada, basta esta raz6n para considerar que ha habido una inadecuada aplicaci6n de la norma procesal, la que se impugna por violentar la forma y contenido de la sentencia en relaci6n con los requisitos internos que debe tener la misma.” VI.- Que al igual que en los dos primeros motivos, nuevamente incurre en el defecto de señalar la aplicación indebida de la norma que regula la forma y contenido de la sentencia, sin precisar la misma en su formulación, es hasta en la explicación que se alude al artículo 208.1 del Código Procesal Civil y que “…ha habido una aplicación inadecuada de la norma procesal…”, pero también aduciendo la infracción directa de la ley adjetiva, la cual es propia de las causales o motivos del recurso de casación laboral, lo que hace que el cargo así expuesto resulte inadmisible. VII.- En el cuarto motivo de casación el Impetrante sostiene: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria por aplicación indebida de la norma que regula la forma y contenido de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE. Me sirven de fundamento en el presente motivo el artículo 719.1.c, del Código Procesal Civil, en relaci6n con el artículo 208.2 que enuncia la congruencia que debe de contener con las pretensiones de las partes deducidas oportunamente en juicio. EXPLICACION DE LA INFRACCION: Existe una Infracción directa de la ley adjetiva que se explica al desarrollar el presente motivo, pareciese que es reiterativo, pero en verdad es bien similar al anterior puesto, que está contemplado en el mismo artículo, pero en numerales diferentes, por lo que la aplicación inadecuada de la norma procesal se plantea, en otros términos. Cuando se somete un litigio a un juzgador donde son varios los puntos en disputa, es obligación del juzgador en primer lugar resolver todos y cada uno de ellos y el marco de su accionar es únicamente lo que se encuentra en litigio entre las partes. En el caso que hoy nos ocupa, al Juzgador se le llevaron a su conocimiento por el apelante dos puntos para el torales, que son, primero: este arancel ha sido aprobado en apego a una ley emanada por el congreso nacional Ley Orgánica aprobada mediante Decreto No. 148-95, en el Capítulo VI, Articulo 24, inciso K, y el segundo en su Ley Orgánica aprobada mediante Decreto No.154-95, en el Capítulo V, Articulo 16, inciso, i., han elaborado el presente Arancel de Honorarios Profesionales, que normara el pago de valores Base por los Servicios que presten sus Miembros, este Instrumento ha sido aprobado en sus Asambleas Generales Extraordinarias, No. 01/98 del 19/09/98 del COLPROCAH y por el CINAH, Asamblea General Ordinaria # 19 del 18/07/98, son los artículos que aprueban la ley orgánica de los colegios CINAH y COLPROCAH, mismos que no han sido DEROGADOS Y MANTIENEN SU VIGENCIA, segundo: El decreto legislativo número 78-2001 del primero de junio de 2001, que se establece que dice que es obligatorio, y que no necesita acuerdo previo del poder ejecutivo para su entrada en vigencia, en base a lo anterior se determina que la interpretación aludida lo que ratifico es que dicho arancel ya no será necesaria la emisión de un acuerdo del poder ejecutivo para que entre en vigor en ninguna parte resolutiva del fallo dice que el Arancel no está vigente o que no tiene validez, LO QUE DICE ES QUE EL MISMO A PARTIR DEL 19 DE JULIO DE 1999, YA NO NECESITARA LA APROBACION MEDIANTE ACUERDO DEL EJECUTIVO TAL COMO LO ESTABLECIA LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 24 LETRA K DE LA LEY ORGANICA DEL COLPROCAH, lo que conllevaba a una violación al debido proceso. Lo extraño es cuando la Honorable Corte de Apelaciones resuelve, deja por un lado la pretensión de la parte apelante planteada aplicando erróneamente la norma. La revocatoria de la sentencia y la declaración de que la acción incoada por IHCAFE, es improcedente es violatoria de la tutela efectiva de los derechos, del derecho de defensa, que consagra nuestra Constitución de la República en su artículo 82, "El derecho de defensa es inviolable, relacionado con el articulo 1 numeral 2 del Código Procesal Civil, En ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso a quienes se les garantiza, en los términos previstos por este Código...'° a todas luces, es por ello que considero que ha existido una aplicación inadecuada de la norma procesal consignada En el artículo 208 numeral 2 y del articulo 480 numeral 1, del Código Procesal Civil, por lo que es procedente casar el presente motivo.” VIII.- Nuevamente el Recurrente incurre en el error de señalar la aplicación indebida de la norma que regula la forma y contenido de la sentencia, sin precisar la misma en su formulación, es hasta en la explicación que se alude a los artículos 82 de la Constitución de la República, 1 numeral 2), 208.2 y 481 numeral 1)del Código Procesal Civil, 24 inciso K) del Decreto No. 148-95 y 16 inciso i) del Decreto 154-95 y Decreto Legislativo No. 78- 2001; también señala que “…aplicando erróneamente la norma… ha existido una aplicación inadecuada de la norma procesal consignada…”, pero también aduce la infracción directa de la ley adjetiva, la cual es propia de las causales o motivos del recurso de casación laboral, lo que hace que el cargo así expuesto también resulte inadmisible IX.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. X.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Laboral Contencioso-Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus cuatro motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.” Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil veintiuno; certificación de la resolución de fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA313-2019. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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