Sentencia CA-312-19 — Registro 11571
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por la demandante por no estar ajustado en derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) no resulta claro ni preciso el señalamiento de las normas infringidas, ya que en un apartado inicial, invoca los artículos 51, 63, 80, literal d) 105 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, luego en el acápite DISPOSICION INFRINGIDA hace mención del “artículo 17 del Código Civil, articulo 51, 63, 80, literal d) 105 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, empleado para la solución de fondo del litigio.”; b) alude a la interpretación errónea , pero no expone como se dio lugar a ella y cuál sería la forma de interpretar correctamente la ley; y, c) realiza en su explicación, alegatos propios de instancia..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ; y, Recurrido: la señora MARLEN TATIANA DURON MOLINA, representado en juicio por la Abogado OSMAN DANILO MUÑOZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda la nulidad de un acto administrativo, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, reintegro, pago de salarios dejados de percibir, así como el reembolso de gastos de traslado y otros gastos incurridos con motivo del despido, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, por el señor OSMAN DANILO MUÑOZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, representado por la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que pide la Nulidad de un Acto Administrativo de carácter particular en materia de Personal por medio del cual la demandante fue cancelada de su puesto de trabajo como oficinista de la representación diplomática de Honduras en Washington, Estados Unidos de Norteamérica del cual fue nombrada mediante acuerdo número 986-SRH de fecha 15 de mayo del 2007 que en fecha 26 de enero del 2010, se ve en la obligación de enviar una nota a la subgerencia de recursos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para reclamar el pago de sus salarios, el cual mediante respuesta según oficio 103-SRH-2010 de fecha 28 de enero del 2010 es que se menciona el hecho de la cancelación de su cargo, por lo que es hasta ese momento que se da cuenta de su supuesta cancelación y se le pide que pase a reclamar los cheques de los meses octubre y noviembre, decimotercer y decimocuarto mes, por lo que en fecha 11 de febrero del 2010 se constituyó en dicha Secretaría de Estado junto con un notario para dar fe y constatar que hasta ese momento se pudo confirmar la existencia del acuerdo de cancelación 1548-SRH de fecha 25 de noviembre del 2009 y se pudo obtener una copia de la notificación, misma que debió habérsele efectuado con los requisitos y formalidades que manda la ley, es decir entregar una copia por el encargado de la misión en Washington dejando constancia en el expediente del día y lugar de la notificación extremos que no se dieron, por lo que solicita su reintegro más los salaries dejados de percibir. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que mediante acuerdo de nombramiento 986-SRH de fecha 15 de mayo del 2007 la ahora demandante fue nombrada en el cargo de OFICINISTA DE LA REPRESENTACION DIPLOMATICA DE HONDURAS EN WASHINGTON, puesto excluido del régimen de servicio civil, que rechaza lo manifestado por la demandante en virtud de que ella abandonó sus funciones según el informe emitido por el Embajador Roberto Flores Bermúdez, que refiere que desde el 28 de junio del 2009 desconocía el paradero de la ahora demandante por lo que fue imposible notificarle el despido, por lo que no existe la notificación defectuosa. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., en fecha 4 de enero del 2013, dictó declarando FALLA: Declarar procedente la acción promovida por la señora MARLEN TATIANA DURON MOLINA por no estar ajustado en derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación número 1548-SRH de fecha once de noviembre del 2009, emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, Anula el acuerdo de cancelación número 1548-SRH y Reconoce la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve reintegrar al demandante en el cargo de OFICINISTA DE LA REPRESENTACION DIPLOMATICA DE HONDURAS EN WASHINGTON, condena al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al pago a favor de la demandante los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que sea restituida en su cargo más los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimotercer mes, decimocuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, decreta en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante, SIN COSTAS; bajo el criterio que el régimen del servicio del exterior es un régimen especial del servicio civil y que el mismo cuerpo legal establece en el artículo 2 que los funcionarios consulares que no tengan categoría de diplomáticos estarán acogidos al régimen de servicio civil, por lo que al leer dicha normativa, ésta en ningún momento lo excluye de acuerdo al artículo 3, por lo se declara procedente la presente acción, y de las pruebas aportadas al juicio, se observa que no se siguió el procedimiento respectivo para la cancelación de la demandante. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 8 de marzo del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que el acuerdo de cancelación de la demandante, carece de una justificación fáctica y jurídica que le sirva de causa al acto administrativo impugnado, por no contener los elementos propios del mismo entre ellos la motivación obligatoria y justificable, requisito que no está contenido en el acto administrativo impugnado que se revisa por lo que quedó desvirtuada la presunción de legitimidad de la que gozaba el acto administrativo previo a la revisión judicial y no ha sido dictado conforme a derecho. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ, en fecha 03 de mayo del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 8 de marzo del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.121-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.081-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 6 de mayo del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado OSMAN DANILO MUÑOZ, presentó en fecha 06 de junio del 2019, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 10 de junio del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 13 de junio del 2019, los Abogados IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ y OSMAN DANILO MUÑOZ, respectivamente. 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 26 de junio del 2019, teniendo por personados a los Abogados IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ, como recurrente, y OSMAN DANILO MUÑOZ, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación errónea del artículo 51, 63, 80, literal d) 105 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como infringido el artículo 17 del Código Civil, articulo 51, 63, 80, literal d) 105 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, empleado para la solución de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 08 de marzo del 2019. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 .2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Considero que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al dictar la sentencia de fecha 08 de marzo del año 2019, debió declarar con lugar el Recurso de Apelación, en virtud que al interponerlo, exprese los agravios que la sentencia de primera instancia causa a mi representado, misma que fue dictada el cuatro (04) de enero del año 2013, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, la cual se impugna en su totalidad por no ser conforme a derecho y por ocasionar indefensión al fallar procedente una acción de Cancelación, promovida por la ciudadana MARLEN TATIANA DURON MOLINA, fallo que considero incorrecto en virtud que a la demandante se le cancelo siguiendo el procedimiento establecido en la Ley, por lo que considero que mi representado el Estado de Honduras no es responsable por la obligación que se le ha demandado en el caso que nos ocupa, en virtud de haber seguido el que emana y al no hacerlo violo evidentemente el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado y la sentencia objeto del presente Recurso no se encuentra ajustada a derecho, la Corte Sentenciadora para confirmar la sentencia del A quo, que declaro procedente la acción, debió declarar improcedente la misma, en aplicación a los artículos anteriormente mencionados por lo que considero que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador es errónea por lo que procede se case la sentencia.” II.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) no resulta claro ni preciso el señalamiento de las normas infringidas, ya que en un apartado inicial, invoca los artículos 51, 63, 80, literal d) 105 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, luego en el acápite DISPOSICION INFRINGIDA hace mención del “artículo 17 del Código Civil, articulo 51, 63, 80, literal d) 105 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, empleado para la solución de fondo del litigio.”; b) alude a la interpretación errónea , pero no expone como se dio lugar a ella y cuál sería la forma de interpretar correctamente la ley; y, c) realiza en su explicación, alegatos propios de instancia. III.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. IV.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 719, 720 numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiséis días del mes de octubre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA312-2019”. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1