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Sentencia CA-290-18 — Registro 10055

Resumen

En primera instancia se declara con lugar la acción interpuesta por la demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo anterior no resulta admisible, dado que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) falta a la claridad y precisión en su formulación, dado que invoca la infracción indirecta de la ley, motivo o causal de violación que no es propia del recurso extraordinario de casación en esta materia; b) tampoco es claro en el señalamiento de las normas de derecho infringidas, ni determina si es por su falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, dado el precepto autorizante invocado; y, c) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil...."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."II.- Que el cargo anterior no resulta admisible, dado que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) falta a la claridad y precisión en su formulación, dado que invoca la infracción indirecta de la ley, motivo o causal de violación que no es propia del recurso extraordinario de casación en esta materia; b) tampoco es claro en el señalamiento de las normas de derecho infringidas, ni determina si es por su falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, dado el precepto autorizante invocado; y, c) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- III.- Cabe recordar que existe línea jurisprudencial establecida por esta Sala, sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar no atiende debidamente, el marco normativo que la regula. (ver sentencias expedientes CA 516-12, 129-13, 145-13 y 192-13)..."

Legislación citada

  • Ley del Servicio Civil, art. 53-55 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS representada en juicio por el Abogado MARIO WILFREDO QUESADA MARTINEZ; y, Recurrida: la señora CARMEN CECILIA MEZA AVILA, representado en juicio por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO.- OBJETO DEL PROCESO: la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal consistente en el acuerdo de cancelación por despido 959-SE-LO por no ser conforme a derecho, por infringir el ordenamiento jurídico con quebrantamiento de las formalidades esenciales establecidas en la ley, que se reconozca la situación jurídica individualizada de titular de los derechos que se reclaman y adoptar como medidas necesarias para el pleno restablecimiento de los derechos infringidos el reintegro al cargo pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de cancelación hasta que sea reintegrada a su cargo mediante sentencia definitiva condenatoria, reconociéndole los respectivos incrementos salariales; promovida ante el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, promovido por la señora CARMEN CECILIA MEZA AVILA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda que laboro con la demandada a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, en el Centro Educativo Ramón Villeda Morales, mediante acuerdo No. 22022-SE-07 de fecha 20 de junio del 2007 en el puesto de conserje I, devengando un salario mensual de L. 4,912.00. En el transcurso de sus labores fue citada a una audiencia de descargo, por supuestamente inasistencias los meses de enero, febrero y marzo, fue cancelada de su puesto de trabajo mediante el acuerdo de cancelación 959-SE de fecha 29 de abril del año 2010 y efectivo a partir de la misma fecha. La demandante alegó que dicha cancelación es ilegal, porque según esta dicho acto infringe el ordenamiento jurídico ya que el oficio en el que se le cita a audiencia de descargo, la persona que firma en sustitución del sub gerente de recursos humanos no docentes y no está legalmente delegada tal y como lo establece el artículo 176 de la Ley del Reglamento de Servicio Civil; y a las inasistencias alegadas ya prescribieron, pues las supuestas faltas fueron cometidas en los meses de enero y febrero referente a las inasistencias del mes de marzo los días 3, 4 y 5 las mismas fueron justificadas por la muerte de su tía, situación que presento ante el centro para el cual laboraba.- 2. La parte demandada, El ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que. que si bien la ahora demandante empezó a laborar mediante acuerdo 2022-SE-07 de fecha 20 de junio del 2007 en el cargo de Conserje 1 en el centro educativo Escuela José Ramón Villeda Morales de la Secretaria de Educación, también lo es que la demandada fue citada mediante oficio número 447-SGRHND-10 de fecha 10 de marzo del 2010 para una audiencia de descargo por reincidencia en la falta de cumplimiento de su obligación en el cargo para el cual fue nombrada por lo que fue cancelada mediante acuerdo 959-10-SE-lo de fecha 29 de abril del 2010 y notificado el mismo en fecha 30 de abril del 2010, señalándole para el mismo la causal 1.2.3.4, por abandono del cargo durante tres o más días hábiles consecutivos sin causa justificada; por lo que fue despedida de su cargo como Conserje 1, en el cual la persona que firmo en sustitución del sub gerente de recursos humanos y no docentes si está legalmente delegada para efectos de citar y emplazar a audiencia des de descargo. En cuanto a la prescripción a la prescripción es importante señalar que el artículo 57 de la Ley de Servicio Civil en relación con el artículo 198 del reglamento de la misma Ley, establece que los derechos y acciones de las autoridades nominadoras para imponer medidas disciplinarias o el despido prescribirán en el término de 30 días hábiles contados desde la fecha en que la autoridad nominadora tuvo conocimiento de la infracción y de la investigación realizada se informó al señor secretario de Estado en fecha 16 de marzo del 2010 la reincidencia de la ahora demandante, por lo que es a partir de esa fecha el conteo de los 30 días, citando a audiencia de descargo en fecha 7 de abril del 2010 y notificada de su acuerdo de cancelación en fecha 03 de mayo del 2010, es decir 29 días por lo que no cabe la prescripción.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de junio del dos mil dieciséis, dicto sentencia declarando PROCEDENTE LA ACCION, en la demanda promovida por la señora CARMEN CECILIA MEZA AVILA, contra el ESTADO DE HONDURAS por no ajustarse a derecho el acto administrativo, sin costas, bajo el criterio siguiente: que la demandante funda su defensa en que la autoridad nominadora no la cito en legal y debida forma ya que fue firmada por otra persona y no la delegada por el Secretario de Estado, ante esta situación, es necesario dejar establecido que la Ley no establece nada en cuanto a quien debe de firmar la cita para audiencia de descargo, siempre que provenga de la subgerencia de recursos humanos y la misma se realice ante el jefe superior inmediato o ante quien delegue esa función y consta en autos la delegación que hace el Secretario de Estado así como la celebración de la audiencia por la persona delegada, no habiendo afectación al ordenamiento jurídico; también es preciso establecer que la reincidencia y el abandono del cargo durante tres días o más días hábiles consecutivos son dos causas de despido que contempla la Ley de Servicio Civil, es decir son dos causas diferentes, y en este caso la administración pública subsumió la causal de abandono del cargo por tres o más días hábiles como reincidencia en la misma y de la apreciación de los medios de prueba así como la audiencia de descargo se ha podido establecer que en la falta denominada abandono del cargo la autoridad nominadora la cataloga como reincidente son por hechos acontecidos en el año 2009 y del cual ya hubo audiencia de descargo sin poder sancionar a la ahora demandante por encontrarse en estado de embarazo, es decir fueron hechos ya conocidos en los que hubo resolución esta firme, por lo que la reincidencia según lo establece el Reglamento de la Ley de Servicio Civil se entiende cuando se hubiera cometido una infracción grave en dos ocasiones en un periodo de seis meses, por lo que en este caso no aplica la reincidencia en virtud de que los hechos anteriores ya fueron conocidos y resueltos a través de resolución administrativa.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha ocho de noviembre del dos mil diecisiete, dictó sentencia, CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que no existe infracción al ordenamiento jurídico, pues aparece en el expediente que contiene la demanda de mérito, Oficio No. 0191-DM-2010 de fecha 24 de febrero del 2010, donde el Secretario de Estado en ese momento, delegó amplias funciones para que en su nombre y representación puedan citar, emplazar y practicar cuantas audiencias de descargo sean necesarias a los empleados sujetos al Régimen de Servicio Civil, que dicha Secretaría de Artículo 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 24 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo; 176 y 177 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que dicha secretaría deba iniciarles procedimiento disciplinario por haber incurrido en las faltas en el desempeño de sus responsabilidades, atribuciones que delegó en el Licenciado Ricardo E. Padilla, como Sub-Gerente de Recursos Humanos No Docentes y como se podrá observar a folio número 5 aparece oficio No. 0447- SGRHND-l0 en el cual se le cita a audiencia de descargos a la ahora demandante firmada y sellada por el Licenciado Ricardo E. Padilla, como Sub-Gerente de Recursos Humanos No Docentes. Por lo que este alegato y supuesta infracción está totalmente desvanecida. En cuanto a la prescripción consta de autos que la autoridad nominadora conoce de las faltas cometidas por el servidor público en fecha 15 de marzo del 20102, y fue notificada legal y debidamente del acuerdo de despido en fecha 3 de mayo del 20l0, habiendo transcurrido entre dichas fechas 35 días hábiles; es decir fuera de los plazos legales que establece la Ley y Reglamento del Servicio Civil, por lo que el acuerdo de despido es nulo al haberse emitido en abierta infracción del ordenamiento jurídico. El documento mediante el cual, la parte apelante, considera que la autoridad nominadora conoce de las faltas cometidas, es el que se encuentra a folio 90 de la pieza principal de autos, pero dicho documento no contiene el recibido del Despacho Ministerial de la Secretaría de Educación.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, el Abogado MARIO WILFREDO QUESADA MARTINEZ, en fecha ocho de diciembre del dos mil diecisiete, presentó escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha ocho de noviembre del dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.245-16, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.290-18 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha quince de diciembre del dos mil diecisiete, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, presentó en fecha dieciséis de mayo del dos mil dieciocho, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha uno de junio del dos mil dieciocho al Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO y el Abogado MARIO WILFREDO QUESADA MARTINEZ.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha quince de agosto del dos mil dieciocho, teniendo por personados los Abogados MARIO WILFREDO QUESADA MARTINEZ como recurrente y el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente: “1.- Infracción indirecta a los artículos 57 de la Ley de Servicio Civil y 198 y 199 del Reglamento de la misma Ley. No se tomó en cuenta la prueba presentada como ser el oficio No. 0540-SGRHND-10 de fecha 15 de marzo del año 2010, que corre a folio 88 del expediente de la demanda, mediante el cual el Jefe de Personal remite al Secretario de Estado el informe de la falta cometida por la ahora demandante, ya que es a partir de ese momento que comienza a correr el término que tiene la autoridad nominadora para sancionar al empleado inculpado, o sea el día 15 de marzo, cuando fue recibido dicho oficio por la autoridad nominadora. 2.- Infracción al Acuerdo No. 183-2010, mediante el cual el Gobierno de la República de Honduras determino conceder los primeros días de la Semana Santa a cuenta de vacaciones a los empleados de sector público, considerando que es prioridad del Estado fomentar y promover el desarrollo del turismo interno del país para los días lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de marzo del año 2010. Por un error de la Corte de Apelaciones no se tomó en cuenta el Acuerdo No. 183-2010 y computo los días feriados autorizados por el Poder Ejecutivo para los empleados públicos, ya que en el numeral tres del fallo establece que en cuanto a la prescripción costa en autos que la falta cometida corre a partir del día 15 de marzo del 2010, y fue notificada en legal y debida forma del acuerdo de despido en fecha 3 de mayo del año 2010, y con el acuerdo en mención se da asueto a los empleados públicos los días lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de marzo del año 2010, o sea los tres primeros días de la Semana Santa. 3.- Infracción a lo establecido en el artículo 47, de la Ley de Procedimiento Administrativo. Ya que por un error de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en el numeral tres de su fallo establece que en cuanto a la prescripción costa en autos que la falta cometida corre a partir del día 15 de marzo del 2010, y fue notificada en legal y debida forma del Acuerdo de Despido en fecha 3 de mayo del año 2010, y el artículo 47 de la LPA establece como días feriados el jueves (1) y viernes (2) de abril de la semana Santa del año 2010, por lo cual no debieron ser sumados. 4.- Infracción a lo establecido en el artículo 47, de la Ley de Procedimiento Administrativo. Ya que por un error de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en el numeral tres de su fallo en cuanto a la prescripción se sumó el día 14 de abril y es feriado nacional. 5.- Que entre la fecha 15 de marzo del año 2010, fecha en que la autoridad nominadora tiene conocimiento de la falta y el 3 de mayo del año 2010 fecha de la notificación del Acuerdo de Cancelación por Despido transcurrieron 30 días y no 35 días como lo establece en su Fallo la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, el cual literalmente dice: “Causales del Recurso.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPICO ASÍ: Expresa la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en el considerando número tres (3): “En cuanto a la prescripción consta de autos que la autoridad nominadora conoce de las faltas cometidas por el servidor público en fecha 15 de marzo del 2010, y fueron notificados legal y debidamente del acuerdo de despido en fecha 3 de mayo del 2010, habiendo transcurrido entre dichas fechas 35 días hábiles, es decir fuera de los plazos legales que establece la Ley y el Reglamento del Servicio Civil, por lo que el Acuerdo de despido es nulo al haberse emitido en abierta infracción del ordenamiento jurídico. El documento mediante el cual, la parte apelante, considera que la autoridad nominadora conoce de las faltas cometidas, es el que se encuentra a folio 90 de la pieza principal de autos, pero dicho documento no contiene el recibido del Despacho Ministerial de la Secretaría de Educación”.1.-Que la Ley de Servicio Civil, en su artículo 57 preceptúa: De la Prescripción: Los derechos y acciones contenidos en esta Ley a favor del servidor público, prescribirán en el término de sesenta (60) días, contados desde la fecha en que pudieren hacerse efectivos, salvo que tuvieren otro plazo especial para el efecto. Dicho Término comenzará a contarse desde la fecha en que hubiere notificado al servidor público la resolución que lo afecta. Para la autoridad nominadora los derechos y acciones prescribirán en el término de treinta (30) días, sean estas acciones para imponer medidas disciplinarias o el despido que contempla la Ley. El término comenzará a contarse desde la fecha en que la autoridad nominadora tuvo conocimiento de la infracción. 2.- Que el artículo 199 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece: Los derechos y acciones de las autoridades nominadoras para imponer medidas disciplinarias o el despido prescribirán en el término de treinta (30) días hábiles contados desde la fecha en que dichas autoridades tuvieren conocimiento de las respectivas infracciones. 3.- Que la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 43 establece: Loa plazos establecidos en esta u otras leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. 4.- Que la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 45 establece: Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente en que tuviere lugar la notificación o publicación, en su caso, del acto de que se trate. 5.- Que la Ley de Procedimiento Administrativo en su Artículo 46 establece: Para todos los plazos establecidos en días se computaran únicamente los días hábiles administrativos, salvo disposición en contrario o habilitación decretada de oficio o a petición de interesados por el órgano competente, siempre que hubiere causa urgente. 6.- Que la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 47 establece: Para los efectos del artículo anterior, se entenderán días hábil administrativo, todos los del año, excepto los sábados en aquellas oficinas donde no se labore por disposición gubernamental, los domingos, feriados nacionales y los que mandare que vaquen las oficinas públicas. Son feriados nacionales el de enero, 14 de abril, 1 de mayo, 15 de septiembre, 3 de octubre, 12 de octubre, 21 de octubre, y 25 de diciembre y el jueves viernes y sábado de la Semana Santa.”.- II.- Que el cargo anterior no resulta admisible, dado que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) falta a la claridad y precisión en su formulación, dado que invoca la infracción indirecta de la ley, motivo o causal de violación que no es propia del recurso extraordinario de casación en esta materia; b) tampoco es claro en el señalamiento de las normas de derecho infringidas, ni determina si es por su falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, dado el precepto autorizante invocado; y, c) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- III.- Cabe recordar que existe línea jurisprudencial establecida por esta Sala, sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar no atiende debidamente, el marco normativo que la regula. (ver sentencias expedientes CA 516-12, 129-13, 145-13 y 192-13).- IV.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- V.- En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil, siendo que dicha disposición exige que, en la fundamentación de los recursos devolutivos, se debe determinar en todo caso, el perjuicio o agravio sufrido, identificando el vicio o error que lo causa. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 721 numeral 2) del referido Código, exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de marzo del dos mil veinte; certificación de la resolución de fecha seis de febrero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 290-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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