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Sentencia CA-29-19 — Registro 12851

Resumen

En primera instancia se delara procedente la acción interpuesta por el demandante por ajustarse a derecho el Acto Administrativo impugnado, bajo el criterio que además de quedar evidenciado el respeto a la libertad Sindical por parte de la entidad estatal demandada, consta que efectivamente la parte demandada pidió a la demandante que previo a tener por interpuesto el Recurso de Apelación, esta acreditare el derecho subjetivo o interés legítimo para personarse en las presentes diligencias e interponer dicho Recurso, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) se indica como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil, que alude a la forma y contenido de las sentencias, pero omite precisar estos conceptos y las disposiciones de naturaleza procesal que se consideren infringidas reguladas en el Capítulo IV del Código Procesal Civil; b) indica como disposición infringida, el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que regula que la sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere y procedente cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder, el mismo no encuadra en el concepto de infracción alegado; c) solicita en el desarrollo o explicación, el control de la motivación fáctica de la sentencia impugnada, resultando incompleto el precepto autorizante, ya que era necesario indicar o relacionar la disposición que regula esa situación jurídica; y, d) insta la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual, tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA Y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el señor EDUARDO FRANCISCO ZAVALA IRIAS representada en juicio por el Abogado ELVIN RUBÉN GOMEZ; y, Recurrida: EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones realizadas por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, representada en juicio por la Abogada DUNIA ARACELY HERRERA ANDURAY. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad de acto administrativo de carácter particular emitido por el Secretario de Trabajo y de Seguridad Social, quebrantamiento de formalidades esenciales y exceso de poder, indemnización de daños y perjuicios, suspensión del acto impugnado; promovida ante el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula Departamento de Cortes, promovido por el señor EDUARDO FRANCISCO ZAVALA IRIAS; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda que el 9 de marzo de 2012 el actor presentó ante la Dirección General del Trabajo, Apelación contra la inscripción de junta directiva del SITRABANTRAL para el período 02 de enero 2012 al 02 de enero de 2013; el mismo día, la citada dirección resolvió, que previo a la admisión de la apelación presentada, el demandante debía acreditar su derecho subjetivo o interés legítimo para apersonarse en las diligencias; a efectos de acreditar dicho derecho presentó fotocopia de constancia emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de demanda interpuesta contra el Banco Central de Honduras por haber despedido al actor de manera injusta; sin embargo, en fecha 20 de marzo de 2012 la Dirección General del Trabajo emitió providencia declarando que no se había acreditado el interés legítimo o el derecho subjetivo del demandante. Ante dicha decisión y con el propósito de dar por agotada la vía administrativa, el demandante, en fecha 26 de marzo de 2012, presentó recurso de reposición. La citada apelación fue presentada porque el día martes 05 de marzo de 2012 se había llevado a cabo una supuesta asamblea para elegir una Junta Directiva del Sindicato, en abierto abuso de autoridad y prescindiendo totalmente del Procedimiento Administrativo, la demandada en el expediente JD-DGT-016-2012, emitió la siguiente resolución: darse por notificada del cambio ocurrido en la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras (SITRABANTRAL), cuando apenas el día anterior, el 1 de Marzo de 2012, el señor Julio Meja Izaguirre presentó escrito de inscripción, sin nombrar apoderado legal tal como lo ordena el Artículo No.56 de la Ley del Procedimiento Administrativo. Que en la resolución en mención se prescindió del debido proceso ya que la solicitud que se emitió, fue un día antes (1 de marzo del 2012), es decir en un tiempo menor a 24 horas, violentando lo establecido en estatuto, específicamente en sus artículos 12, 30, 31, 33, 46 del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras (SITRABANTRAL). De acuerdo a la documentación presentada por el señor Julio Mejía Izaguirre y que consta en el expediente No. JD-DGT-016-2012, la asamblea fue convocada por medio de listado, violando lo que ordenan los Estatutos en su Artículo 45 inciso m), y firman la misma personas que no están afiliadas al SITRABANTRAL así como personas que fueron expulsadas del Sindicato tal como se comprueba con el Libro de Afiliados y el Acta de Asamblea de fecha 05 de Enero de 2008, de igual manera la convocatoria no fue hecha de acuerdo a lo que ordenan los Estatutos del SITRABANTRAL en sus Artículos No.45 j) y 46 b). El tercer considerando expresa "que se ha revisado la comunicación con la documentación de soporte presentada, lo mismo que los Estatutos del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras (SITRABANTRAL), no encontrando ninguna dificultad para que esta Dirección General pueda darse por comunicada del cambio ocurrido en la Junta Directiva del sindicato en mención." Este considerando, de acuerdo a lo establecido en el Artículo No.72 de la Ley del Procedimiento Administrativo, la Dirección General del Trabajo debió enviar la solicitud presentada por el señor Julio Mejía Izaguirre al Departamento de Organizaciones Sociales para oír su opinión, pero se prescindió del mismo de manera ilegal y violentando el debido proceso, pues la convocatoria solo puede hacerla la Junta Directiva a través de su Presidente, tal como lo prescribe el artículo 46 inciso b). Asimismo, otra de las violaciones cometidas se da cuando no constata lo que ordena el Articulo No. 510 inciso b) del Código del Trabajo que establece que: "Para ser miembro de la Junta Directiva de un sindicato, tanto de la provisional como de las reglamentarias, deben reunirse los siguientes requisitos, además de los que exijan los estatutos respectivos: a) ... ; b) Ser miembro del Sindicato; c)...; e)...; f)...; la falta de estos requisitos invalida la elección: pero las interrupciones en el ejercicio normal de la actividad, profesión u oficio de que trata la letra c) no involucraran la elección cuando hayan sido ocasionadas por la necesidad de atender a funciones sindicales." Y el Articulo No.44 inciso d) de los Estatutos del SITRABANTRAL establecen que: "Para ser miembros de la Junta Directiva se debe cumplir los siguientes requisitos: a) ...; b) ...; c) ...; d) Acreditar la condición de miembro afiliado por un término no menor de un año." Según el expediente No. JD-DGT-016-2012, hay dos empleados del Banco Central de Honduras que no son afiliados al SITRABANTRAL y que no cumplen el requisito de ser afiliados al SITRABANTRAL, a saber: 1. Miguel Antonio Mejía con carnet de empleado del BCH 109121 17-10-09 2. Karla Mercedes Ávila con carnet de empleado del BCH 109054 02-06-09, cabe destacar, que los números de supuesta afiliación utilizados en la constancia de la afiliación sindical, son los números de empleados que asigna el SCH a todo trabajador del mismo, ya que los números de afiliación que utiliza el SITRABANTRAL son otros demostrando con ello que no son afiliados al Sindicato y como se podrá constatar al no ser afiliados al Sindicato tal como lo ordena el Artículo No.510 del Código del Trabajo, la elección no es válida. Así mismo existen cuatro personas que fueron expulsadas por el Sindicato de acuerdo a las Actas de Asamblea General de fecha 15 de diciembre de 2007 y Asamblea Extraordinaria de fecha 05 de enero de 2008 y que de acuerdo al Artículo No.11 incisos c) y d) de los Estatutos que establecen: "Además de la excepción contemplada en el Artículo 6, no podrán pertenecer ni ingresar al Sindicato: a) ... ; b) ... ; c) Quienes hayan sido expulsados de esta y otro organización sindical, salvo que cumplan con lo estipulado en el Artículo 9; d) Quienes hayan sido reconocidos como enemigos de esta o de otra organización sindical o popular;" tal es el caso que los señores 1. Julio Mejia Izaguirre expulsado en Asamblea Extraordinaria el 05 de enero de 2008 por ser enemigo del SITRABANTRAL 2. Avel Rodríguez expulsado en Asamblea Extraordinaria el 05 de enero de 2008 por ser enemigo del SITRABANTRAL. 3. Ana Lizzeth Valeriano expulsada en Asamblea General el 15 de diciembre de 2007 por ser enemiga del SITRABANTRAL. 4. Jorge Peterpaul Suazo, expulsado en Asamblea General el 15 de diciembre de 2007 por ser enemigo del SITRABANTRAL, los cuatro expulsados se les aplicó el Articulo No.494 numeral 10) del Código del Trabajo, que establece “acordar la expulsión del afiliado”. 2. La parte demandada, El ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que las actuaciones del demandado fueron totalmente apegadas a derecho ya que, en el Recurso de Apelación interpuesto en fecha 09 de marzo del 2012 por el hoy actor, si bien se emitió un previo administrativo, fue con el único propósito de cumplir y hacer cumplir la Ley Adjetiva, en cuanto a que debe acreditarse el derecho subjetivo o interés legítimo de la parte demandante, circunstancia que consta en el expediente de mérito, que nunca pudo ser garantizada por el señor Eduardo Francisco Zavala Irías, pese a haber sido notificado en tiempo y forma del requerimiento de la instancia administrativa para que subsanase conforme a derecho. Y siendo que no fue acreditado el derecho subjetivo o interés legítimo del señor Eduardo Francisco Zavala Irías, en fecha 20 de marzo del 2012, se dictamino Inadmisible el Recurso de Apelación, debido a que el actor no presentó documento que lo vincularan con el Sindicato o directamente con el Banco, esto porque el señor Eduardo Francisco Zavala Irías, no es empleado del Banco, ni afiliado de SITRABANTRAL, por lo tanto, no puede verse esta acción como una limitación del derecho de defensa o del debido proceso, si por acción negligente o imprudente de la parte actora, no pudo acreditar ese extremo, requisito legal de acuerdo a la Ley Adjetiva para fundar pretensión en apego irrestricto a Ley. Sumado a ello, la elección y nombramiento de la Junta Directiva de SITRABANTRAL, se rige por sus estatutos que son una normativa legal de carácter interno, por ende no corresponde a la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo, ni al Estado mismo, dirimir asuntos internos una organización sindical, en otras instancias, cuando estos fueron sometidos a los criterios de legalidad tal como lo estable el Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por el Estado de Honduras; los sindicatos gozan de autonomía sindical para elegir libremente sus representante, organizar su administración y sus actividades por lo que las autoridades públicas están en la obligación de abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o entorpecer su ejercicio legal. Esto significa que corresponde únicamente a la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo, darle el trámite correspondiente conforme a derecho para el reconocimiento de la nueva Junta Directiva electa de esa organización sindical en específico. En cuanto al hecho décimo de la demanda, se rechaza totalmente, en virtud que ya el Código del Trabajo, establece los lineamientos en su artículo N° 489 que cualquier cambio total o parcial en la Junta Directiva de un Sindicato, debe ser comunicado a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, por conducto de la Dirección General del Trabajo, en los mismos términos indicados en el inciso 7 del artículo 481. Mientras no se lleve este requisito el cambio no surte ningún efecto. Cabe mencionar que el artículo N° 481 en su inciso 7 lo que nos dice es: Nomina de la Junta Directiva Provisional, por triplicado, con indicación de la nacionalidad, la profesión y oficio, el número de la tarjeta de identidad y el domicilio de cada director, como podemos observar el cambio de una Junta Directiva Sindical es una mera notificación, no está sujeta a la Ley de Procedimiento Administrativo, sino al contrario es el Código de Trabajo quien nos da los lineamientos a seguir en dicho trámite, y en este caso quien tendrá la representación legal del Sindicato es el Presidente de la Junta Directiva y en su defecto el Secretario General, así lo dice el artículo N° 508 párrafo segundo del Código del Trabajo. Con lo anteriormente expuesto señor Juez, queda demostrado que mi representada actuó basándose en los lineamientos estrictos de la Ley. Es importante hacer ver, que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, solicitó a la parte demandante, que se subsanara en cuanto a: que acreditara el agotamiento de la vía administrativa, en virtud que esta no fue agotada y como es de su conocimiento para poder demandar al Estado, es necesario agotar la vía administrativa, interponiendo el Recurso de Apelación en tiempo y forma, ante el órgano que dicto el acto impugnado y este lo remitiera al superior para su decisión, junto con el expediente y su informe; además la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, cuenta con segunda instancia, ya que son las Direcciones quienes emiten las resoluciones y que las mismas son sujetas de los recursos ante el Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, por media de la Secretaria General, siendo esta la segunda instancia y última instancia para dar por agotado el trámite. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de mayo del dos mil quince, dicto sentencia declarando IMPROCEDENTE, la demanda promovida por señor EDUARDO FRANCISCO ZAVALA IRIAS, contra EL ESTADO DE HONDURAS por ajustarse a derecho el Acto Administrativo impugnado, sin costas, bajo el criterio siguiente: en el presente caso, además de quedar evidenciado el respeto a la libertad Sindical por parte de la entidad estatal demandada, consta que efectivamente la parte demandada pidió a la demandante que previo a tener por interpuesto el Recurso de Apelación, esta acreditare el derecho subjetivo o interés legítimo para personarse en las presentes diligencias e interponer dicho Recurso, a lo cual la parte Demandante no acató en la forma solicitada por la Secretaria de Estado correspondiente, como consecuencia de esto, se emite una providencia de fecha 23 de Abril del año Dos Mil Doce, en la cual se caducó y declaró vencido en derecho y perdido irrevocablemente y se ordenó el archivo de las diligencias (Folio 101 Expediente Administrativo), es del parecer de esta Juzgadora que dicha Resolución ha sido dictada conforme a derecho, debiendo por lo tanto, convalidarla el acto que se impugna. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinticuatro de abril del dos mil dieciocho, dictó sentencia, CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que en el presente caso la impugnación a la elección de una junta directiva como es el SITRABANTRAL, la cual se rige por estatutos de carácter interno por ser una organización sindical, en los que no corresponde dirimir dichos asuntos dentro de la administración pública por la autonomía sindical que está debidamente protegida en convenios y tratados internacionales, en ese sentido son libres de elegir a sus representantes, establecer su forma de administración y toda actividad que como organización sindical realice, por lo que la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social únicamente conoce cualquier cambio total o parcial en la junta directiva electa por dicha organización sindical y en ese orden de ideas es quienes deben respetar el estatuto que los rige para elegir una junta directica que represente a los trabajadores son sus propios directivos afiliados, por lo que los autos impugnados han sido emitidos conforme a los procedimientos previstos y tomando como válidos el libre ejercicio del derecho sindical hecho que ha quedado evidenciado por parte administración pública de la administración pública al no tener facultades para dirimir un conflicto a lo interno de un sindicato y en ese orden de ideas tomando como premisa que esta jurisdicción juzga dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes, esta Corte es del criterio que debe de confirmarse la sentencia definitiva venida en apelación de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil quince por estimar que el mismo esta dictado conforme a derecho. 5. La representación procesal de la parte recurrente, el Abogado, ELVIN RUBÉN GOMEZ, en fecha veintiséis de junio del dos mil dieciocho, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha veinticuatro de abril del dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.144-16, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.28-2012 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha veintiséis de junio del dos mil dieciocho, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, la Abogada DUNIA ARACELY HERRERA ANDURAY, presentó en fecha once de septiembre del dos mil dieciocho, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha catorce de septiembre del dos mil dieciocho por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha cinco de diciembre del dos mil dieciocho a la Abogada DUNIA ARACELY HERRERA ANDURAY y el doce de diciembre del dos mil dieciocho al Abogado ELVIN RUBÉN GOMEZ. 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintinueve de enero del dos mil diecinueve, teniendo por personados al Abogado ELVIN RUBÉN GOMEZ como recurrente y la Abogada DUNIA ARACELY HERRERA ANDURAY como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “APLICACION E INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN: C) LA FORMA Y CONTENDIO DE LA SENTENCIA: Este motivo se sustenta en el Articulo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil que señala: "Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) b) ...; c) La forma y contenido de la sentencia." NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Se infringió el Articulo No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que expresa lo siguiente: "La sentencia declarara improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere. La sentencia declarara procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder." Este relacionado con el Articulo No. 510 inciso b) del Código del Trabajo establece que: "Para ser miembro de la Junta Directiva de un sindicato, tanto de la provisional coma de las reglamentarias, deben reunirse las siguientes requisitos, además de los que exijan las estatutos respectivos: a) ...; Ser miembro del Sindicato;" Y relacionado con artículo 44 inciso d) de los estatutos del SITRABANTRAL que expresa que "se debe acreditar la condición de miembro afiliado par un término no menor de un año" INCIDENCIA DE LA INFRACCION QUE AFECTA LA RESOLUCION IMPUGNADA: De conformidad a lo establecido en los Artículos No.81 de la Ley de la Jurisdicci6n de lo Contencioso Administrativo y esté relacionado con el Artículo 510 inciso b) del Código del Trabajo y 44 inciso d) de los Estatutos del SITRABANTRAL, al no ser aplicados por el Tribunal Ad-Quem se infrinjo las normas precitadas produciendo con ello violaciones al debido proceso y a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dejando con ello en indefensión y vulnerando los derechos y garantías constitucionales por que el fallo no se ajusta a derecho. UNICO: Se solicita en el presente Recurso de Casación el control de la motivación fáctica del hecho número (6) de la sentencia impugnada para que se revise su existencia ya que el hecho no es cierto y en la sentencia se dice que si es cierto, en virtud que obra en los Media de Prueba No.16 y 17 de la parte demandante, el 18 de Agosto de 2009 y 22 de Junio de 2009 que corren agregados a los folios 75 al 77 y 78 al 80 respectivamente varios miembros de la supuesta Junta directiva no aparecen en el Libre de Afiliados al SITRABANTRAL Y no acreditaron ante la Dirección de Trabajo que eran afiliados al SITRABANTRAL, por lo que lo expresado por el Tribunal Ad-Quem es inexistente, pero cuando emite su sentencia el Tribunal Ad-Quem objeto de este recurso de casación y declara como válida la inscripción de la Junta Directiva del SITRABANTRAL sin cumplir con los requisitos que la Ley exige para declarar como válidas las elecciones y en vez de eso impone un "UN HECHO INEXISTENTE COMO QUE EXISTE" que no es el pretendido por la ley para Juzgar y solucionar el Fondo del Litigio, incurre en una Aplicación e interpretación de la normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, haciendo procedente CASAR la sentencia recurrida.” II.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) se indica como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil, que alude a la forma y contenido de las sentencias, pero omite precisar estos conceptos y las disposiciones de naturaleza procesal que se consideren infringidas reguladas en el Capítulo IV del Código Procesal Civil; b) indica como disposición infringida, el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que regula que la sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere y procedente cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder, el mismo no encuadra en el concepto de infracción alegado; c) solicita en el desarrollo o explicación, el control de la motivación fáctica de la sentencia impugnada, resultando incompleto el precepto autorizante, ya que era necesario indicar o relacionar la disposición que regula esa situación jurídica; y, d) insta la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual, tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. III.- Que en el segundo motivo se aduce: “APLICACION E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO: Este motivo se sustenta en el Articulo 719 numeral 2 del C6digo Procesal Civil que señala: "igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio." NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Se infringió el Articulo No.29 de la Ley de la Jurisdicción de lo contencioso o Administrativo que expresa lo siguiente: “Cuando se formulare alguna petición ante la administración y esta no notificare la resoluci6n en las plazos señalados en el Artículo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el interesado podrá denunciar el retraso y transcurridos ocho días desde la denuncia, podrá considerar denegada su petición, a efecto de formular frente a esta denegación presunta, el correspondiente recurso administrativo o la acción jurisdiccional, según proceda, o esperar la resolución expresa de su petición." Y este relacionado con el Artículo 84 inciso a) de la Ley de Procedimiento Administrativo que establece: "La resolución de todo procedimiento se notificara: En el plazo máxima de diez (10) días, contados a partir del día siguiente de la presentación del primer escrito, cuando lo solicitado se pueda resolver de piano, en el fondo; y,... " INCIDENCIA DE LA INFRACCION QUE AFECTA LA RESOLUCION IMPUGNADA: Que de conformidad a lo establecido en el Articulo No.29 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se establecen los plazos para que la Administración notifique la Resolución correspondiente y ese plazo según el Artículo 84 inciso a) de la Ley del Procedimiento Administrativo es de 10 días y de acuerdo a la Afirmativa Ficta levantada par Notario Público, el Tribunal Ad-Quem no respeto dicha figura administrativa ni la Jurisprudencia de la honorable Corte Suprema de Justicia obviando par completo pronunciarse al respecto y de acuerdo al Artículo 84 inciso a) de la Ley del Procedimiento Administrativo que establece el plaza de espera para que se emita la Resolución correspondiente, no se cumplió con lo que ordena la Ley. UNICO: La pretensión del actor fue que se ejecutara la afirmativa ficta en vía administrativa, lo que no ocurrió y procedió de acuerdo a la Jurisprudencia de ese Alto Tribunal al llevarla a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para que se le ordenara a la parte demandada procediera a ejecutarla, pero el Tribunal Ad-Quem no se pronunció al respecto cuando lo que debió es reconocer la Afirmativa Ficta, pues coma quedo atestado par el Notario Público Elías Herrera Álvarez en el Acta Notarial de fecha 02 de Febrero de 2010 (Medias de prueba 5 y 6 de la parte demandante), no se había emitido ninguna resolución en el plaza de diez (10) ordenado par el Artículo 84 inciso a) de la Ley del Procedimiento Administrativo, por lo que había operado el mecanismo de Afirmativa Ficta, pero el Tribunal Ad-Quem ni si quiera respeto la Afirmativa Ficta al tenor de lo que ordena el Articulo 29 b de la Ley del Procedimiento Administrativo, obviando reconocer una "FIGURA" que es el pretendido par la ley para emitir resoluci6n y solucionar el Fonda del Litigio, incurre en una Aplicaci6n e interpretaci6n de la normas de derecho empleadas para la soluci6n del fondo del asunto, haciendo pro CASAR la sentencia recurrida.” IV.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión en su formulación, ya que omite establecer si la infracción a la norma señalada como vulnerada es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual, tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) se realizan inapropiados alegatos de instancia, haciéndose mención de una situación relacionada con el mecanismo o figura de la afirmativa ficta, la cual no ha tenido ninguna vinculación con los temas debatidos en el proceso. V.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. VI.- A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casación para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. VII.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los tres días del mes de junio del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA29-19. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.