Sentencia CA-284-18 — Registro 10054
Resumen
En primera instancia sedeclara parcialmente procedente, la acción promovida por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por la razones siguientes: a) en la formulación se alega la aplicación indebida, pero se omite establecer la norma sustitutiva en razón del concepto invocado; b) carece de claridad y precisión al citar literalmente el artículo 3 literal f) de la ley de Servicio Civil, que no corresponde al contemplado en la Ley de Servicio Civil ; c) carece de claridad en el precepto autorizante al indicarse los literales a), b) y c) del numeral 1) del artículo 765 del Código Procesal Civil, juntamente con el numeral 2) de la misma disposición y ordenamiento jurídico, los cuales contienen causales distintas de violación a la ley, que se deben precisar por la independencia de los cargos; c) se omite el pronunciamiento que se impugna; y, e) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos, interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de enero dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente/Recurrido: FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, representado en juicio por el Abogado RENE ANTONIO GUEVARA MEJIA; y, Recurrente/Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare nulo un acto particular de la Administración Pública, por infracción del ordenamiento jurídico, quebrantamiento de formalidades esenciales, exceso y desviación de poder. Reconocimiento de una situación jurídica individualizada por haber lesionado derechos del administrado y para su pleno restablecimiento se ordene el reintegro a su cargo, más el pago de los salarios caídos, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, por el señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, contra el ESTADO DE HONDURAS, representado por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar el 26 de mayo del 2006 con el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el despacho de Recursos Naturales y Ambiente en el cargo de Asistente del Director General de Energía según acuerdo 605-2006, que el 01 de octubre del 2008 según acuerdo 1034-2008 se le asciende al cargo de Director General. En fecha 11 de marzo del 2008 mediante acuerdo 646-2010 se le cancelo de su puesto de trabajo como Director General, considerando que dicho acto ha sido dictado con infracción al ordenamiento jurídico artículos 3 y 4 de la ley de Servicio Civil, por lo que la demanda debe declararse procedente ya que en ningún momento dicho artículo establece como excluido el cargo asistente, dicho acto se encuentra en el acuerdo de cancelación como Director dependiente de la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente, bajo el acuerdo de cancelación número 646-2010 a nombre de Francisco Rafael Ribas Bonilla de fecha 11 de marzo del 2010, por lo que solicita ser reintegrado al cargo del cual fue cancelado, más salarios dejados de percibir correspondientes en virtud de alegar que en el referido acuerdo se dictó en abierta violación al ordenamiento jurídico por lo que dicho acto es ilegal y nulo.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó señalando que el ahora demandante fue nombrado mediante acuerdo 605-2006 de fecha 31 de mayo del 2006 en el cargo de Asistente del Director General de la Dirección General de Energía puesto considerado como excluido de la aplicación de la ley de Servicio Civil y su Reglamento ; así mismo se acepta que el 03 de octubre del 2008 fue ascendido al cargo de DIRECTOR GENERAL de la Dirección Nacional de Energía Continua manifestando la parte demandada que se acepta el hecho de que mediante acuerdo 646-10 de fecha 11 de marzo del 2010 se acordó cancelar al ahora demandante quien se desempeñaba en el cargo de sin ignorar el artículo 4 de la Ley de Servicio civil, ya que desde un principio el ahora demandante sabía que era excluido por lo que no fue necesario invocar causal de despido alguna, en virtud de estar clasificado en la categoría de excluido por lo que la demanda debe ser improcedente.- 3.- Que la parte demandada en fecha 12 de abril del 2011 mediante escrito interpuso defensa previa alegando inadmisibilidad de la demanda alegando que el demandante se desempeñó en el cargo de Asistente de Director Legal de la Dirección General de Energía, puesto clasificado como puesto excluido por ser un puesto de confianza, por lo tanto consta en el acuerdo No.605-2006, al ser ascendido al cargo de Asistente de Director General (puesto excluido) al puesto de Director (puesto excluido) de la Dirección General de Energía, no le es aplicable la Ley de Servicio Civil, a lo que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán en fecha 27 de agosto del 2012 dicto auto en el que declara con lugar la defensa previa, declarando la inadmisibilidad de la demanda, y la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 16 de mayo del 2013, declaró con lugar el recurso de apelación, revocando la sentencia de primera instancia y declara la admisión de la demanda, que se continué el conocimiento de la misma, dándole el trámite correspondiente.- 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha 8 de mayo del 2015, dictó sentencia declarando parcialmente procedente, la acción promovida por el señor Francisco Rafael Rivas Bonilla, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación número 646-2010 de fecha 11 de marzo del 2010, emitido por SERNA, por lo que se ANULA dicho acuerdo, reconocer a situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve reintegrar al demandante al cargo de Asistente de Director General, así como al pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, y las indemnizaciones legales convencionalmente previstas o a su reintegro, con el reconocimiento del pago de los salarios dejados de percibir, se decreta en su caso la nulidad del acto administrativo por el cual haya sido nombrado su sustituto, sin costas; bajo el criterio que los servidores que fueren objeto de cambio de servicio por ascenso y otro movimiento a un puesto excluido de la Ley de Servicio Civil, conservan sus derecho a la continuidad, por lo que el servidor público tiene derecho a la permanencia en el cargo y en consecuencia a no ser trasladado, degradado o cancelado sin justa causa y con la observancia del procedimiento legalmente establecido, lo que no ocurrió en el presente caso, y el reintegro debe de realizarse al cargo no excluido de la Ley del Servicio Civil.- 5. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 15 de noviembre del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que se encuentra debidamente acreditado el acuerdo 1034-2008 en el cual asciende al ahora demandante del cargo de asistente de Director General (no excluido) al cargo de Director General de la Unidad General de Energía, siendo excluido de acuerdo a la Ley de Servicio Civil en su artículo 3 literal f), y en caso de que fuere objeto de cambio de servicio por ascenso u otro movimiento a un puesto excluido o estando en él, regrese al sistema seguirán sujetos al régimen del Servicio Civil, sin que ello interrumpa la antigüedad o continuidad de la relación de trabajo, por lo que se deduce que el servidor público tiene derecho a la permanencia en el cargo y en consecuencia no ser trasladado, degradado o despedido sin justa causa y con la observancia del procedimiento legalmente establecido, por lo que la pretensión del reintegro no sería al puesto excluido, sino al anterior.- 6. La representación procesal de la parte recurrente-demandada, Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ y la representación procesal de la parte recurrente-demandante, el Abogado RENE ANTONIO GUEVARA MEJIA, en fecha 13 de marzo del 2018, presentaron, escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha 15 de noviembre del 2017, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.051-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.157-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fechas 14 de marzo del 2018, tuvo por interpuestos y formalizados en tiempo y forma los recursos de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7. La representación procesal de la parte recurrente-demandante, Abogado RENE ANTONIO GUEVARA MEJIA, presentó en fecha 22 de mayo del 2018, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha cinco de 24 de mayo del 2018 y la representación procesal de la parte recurrente-demandada, la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, presentó en fecha veintisiete de 24 de mayo del 2018, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 31 de mayo del 2018, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 4 de junio del 2018, los Abogados RENE ANTONIO GUEVARA MEJIA y CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, respectivamente.- 8. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 15 de agosto del 2018, teniendo por personados a los Abogados RENE ANTONIO GUEVARA MEJIA y CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en concepto de partes recurrentes-recurridas, respectivamente, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: 1. Que el Abogado RENE ANTONIO GUEVARA MEJIA, representante procesal del señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, en un único motivo de casación, alega: “Se impugna la APLICACIÓN INDEBIDA del Artículo 3 literal f que literalmente expresa “Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos a)...b)...c)...d)...e)...f) A los Miembros del Consejo del Servicio Civil”; : y 4 de la Ley de Servicio Civil que literalmente se expresa así “Los servidores públicos que fueren objeto de cambio de servicio por ascenso u otro movimiento a puesto excluido; o estando en el reingrese al sistema, seguirán sujetos al régimen del Servicio Civil sin que ello interrumpa la antigüedad o continuidad de la relación de trabajo, conservando el derecho a percibir las indemnizaciones que de conformidad con la Ley le corresponda, cuando fueren cancelados o despedidos sin justa causa.” EXPRESION DE LA NORMA DE DERECHO INFRINGIDA. Estimo como infringido el Artículo 3, literal f) y 4 de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que literalmente dice “ARTICULO 719. CAUSALES DEL RECURSO. 1....a) b) c)....2 Igualmente se podrá impugnar la interpretación y aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo de litigio. EXPLICACION DEL MOTIVO. Acuso la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley por la APLICACIÓN INDEBIDA del Artículo 3 literal f) de la Ley de Servicio Civil en virtud que mi Representado no se encentraba en ninguno de los puestos que menciona dicho artículo (ni mucho menos ha sido Miembro del Consejo de Servicio Civil), en el momento de comenzar a laborar para el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, ahora Secretaria de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas, para ser considerado que no le es aplicable la Ley de Servicio Civil. Por tanto, no es puesto excluido. Asimismo, en la mala aplicación e interpretación del artículo 4 de la Ley de Servicio Civil que señala con claridad meridiana que si el Empleado Público comenzó a laborar en un puesto no excluido QUE ES EL CASO DE MI REPRESENTADO y otra cosa más; FUE POR ASCENSO, el Estado de Honduras reconoce que sigue perteneciendo al Régimen de Servicio Civil, El Estado Reconoce antigüedad, y conserva sus derechos e indemnizaciones conforme a la Ley. Reitero en el caso de mi Representado se le Reconoce la Situación Jurídica e Individualizada, pero no se le Reconoce su derecho a ser Reintegrado a su Puesto de Director General de Energía en la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, ahora Secretaria de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas. Concluyo que el Juez AQUO y la Corte al aplicar indebidamente los artículos antes citados hace un equivocado razonamiento que la hace cometer el yerro al no Reintegrar a mí Representado a su Puesto de Director al cual fue ascendido. - Si la Corte recurrida no hubiese aplicado indebidamente dicha normativa, habría procedido a declarar Con Lugar la Demanda de Merito a favor de mi Representado en todas sus pretensiones. Por las razones expuestas procede se case la sentencia impugnada en este único motivo. Asimismo, para ilustración de los Señores Magistrados hago mención de los expedientes con estas mismas causas que resueltos por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán expedientes que se encuentran en los archivos de estos juzgados o en el archivo general de la Corte Suprema de Justicia como ser: el expediente del Señor Joaquín Munguía Perdomo, expediente registrado bajo No.122-06, expediente 070-06 perteneciente al señor Bohanerges Obdulio Chichilla Reyes; expediente No. 369-07 perteneciente al Señor Rafael amaro Gracia Díaz. Sentencia de este Ultimo corre a folios 86 y 87 de la pieza principal de este expediente de mérito.”.- 2. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por la razones siguientes: a) en la formulación se alega la aplicación indebida, pero se omite establecer la norma sustitutiva en razón del concepto invocado; b) carece de claridad y precisión al citar literalmente el artículo 3 literal f) de la ley de Servicio Civil, que no corresponde al contemplado en la Ley de Servicio Civil ; c) carece de claridad en el precepto autorizante al indicarse los literales a), b) y c) del numeral 1) del artículo 765 del Código Procesal Civil, juntamente con el numeral 2) de la misma disposición y ordenamiento jurídico, los cuales contienen causales distintas de violación a la ley, que se deben precisar por la independencia de los cargos; c) se omite el pronunciamiento que se impugna; y, e) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos, interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- 3. Que la Abogada el CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en un primer motivo alega: “Se Podrán impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del Artículo 719 CAUSALES DEL RECURSO, del Código Procesal Civil, en su inciso b) que dice: “Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACION: La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo mediante Fallo definitivo y unánime de votos dictado en fecha (15) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), en su acápite Primero declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado RENE ANTONIO GUEVARA MEJIA actuando en su condición de Procurador judicial del señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha ocho (08) de mayo del dos mil quince (2015) dictada por el Juez A Quo, Dejando en indefensión a mi representada en virtud de que en fecha 15 de junio del año 2015 presento Recurso de Apelación con expresión de agravios contra la sentencia definitiva de fecha ocho (08) de mayo del dos mil quince (2015) dictada por el Juez A Quo, el cual fue admitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, personándome oportunamente en fecha 14 de enero del año 2016 en la Corte de Apelaciones, en este sentido como se puede observar en ningún momento en la Sentencia definitiva y unánime de votos dictado por el Ad-Quem de fecha echa quince (15) de noviembre del dos mil diecisiete (2017) se pronuncia sobre la apelación y expresión de agravios presentada por mi persona en nombre del Estado de Honduras y únicamente el fallo se basó en el Recurso de apelación de la parte demandante, violentando el debido proceso, la igualdad de las partes, restringiendo el derecho a la defensa y dejando en indefensión al Estado de Honduras obviado los proceso legales. En este sentido la Sentencia recurrida en Apelación por ambas partes debió ser fallada en un solo acto y no restringiendo derechos que la Constitución de la República y las demás leyes otorgan.”.- 4. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por incurrir en la formulación en las siguientes omisiones: a) no se indica el concepto de la infracción, es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) la disposición de naturaleza procesal (Código Procesal Civil) que en su caso fue infringidas a razón del precepto autorizante invocado; y, c) el pronunciamiento que se impugna.- 5. Que en segundo motivo se aduce: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del Artículo 719 CAUSALES DEL RECURSO, del Código Procesal Civil, en su numeral 2 que dice: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de Fondo del litigio.” EXPLICACIÓN DE LA VIOLACION: La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo mediante Fallo definitivo y unánime de votos dictado en fecha echa quince (15) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), en su acápite Primero declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado RENE ANTONIO GUEVARA MEJIA actuando en su condición de Procurador judicial del señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha ocho (08) de mayo del dos mil quince (2015) dictada por el Juez A Quo, siendo que el Juez Ad-Quem confirma dicha sentencia definitiva de Primera Instancia, lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en virtud Honorables Magistrados que el Fallo recurrido de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo contiene mal aplicación de la Ley, es decir, hay error en la aplicación de la norma de derecho, norma contenida en la Ley de artículo 3 literal f) que expresa: “ Las disposiciones de esta Ley no será aplicables a los siguientes servidores Públicos: a)….f) A los Directores y Sub Directores Generales” , es importante mencionar que el acuerdo de Cancelación N° 646-2010 de fecha 11 de marzo del 2010, está claramente fundamentado y relacionado con el articulo 9 numeral 6 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, ya que si el demandante se encuentra en un PUESTO EXCLUIDO del Régimen del Servicio Civil por ser DIRECTOR GENERAL, no debe de darse el cumplimiento al artículo 129 de nuestra Carta Magna, en el sentido que mi representada no está obligada a probar una justa causa de despido, consecuentemente es improcedente la condena al pago de los beneficios obtenidos durante su ausencia o al reintegro del mismo, ya que si está excluido del régimen de servicio civil no es necesario invocar y solicitar una aprobación para causa de despido y mucho menos a la restitución del mismo. “Que la Ley de procedimiento Administrativo establece que los Actos Administrativos serán dictados por el órgano competente respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico y que son anulables los actos que incurran en cualquier infracción al ordenamiento jurídico incluso el exceso y la desviación de poder”, siendo que la norma contenida en el artículo antes mencionado y erróneamente aplicado por el juzgado Ad-quem faculta a mi representada para tomar acciones en beneficio de la administración pública, lo que en ningún momento se entiende como una forma de esquivar los derechos laborales correspondientes a la parte demandante, ya que como antes se mencionó quien emite el Acuerdo de Cancelación es el mismo órgano que emitió el acuerdo de nombramiento del demandante, por lo que no se puede alegar infracción al ordenamiento jurídico ni exceso de poder, ya nos dieta el principio jurídico “En derecho las cosas se deshacen como se hacen”, con lo cual se comprueba que se canceló conforme a Ley, por lo cual la sentencia recurrida debe de ser revocada, en virtud de que el acto administrativo impugnado se encuentra totalmente conforme a Derecho.”.- 6. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) en la formulación se omite establecer el concepto de la infracción, es decir, si es por falta de aplicación indebida, aplicación indebida o interpretación errónea; b) igualmente en la formulación, se omite la disposición empleada para la solución del fondo del asunto que se consideren infringidas a razón del precepto autorizante invocado; y, c) se omite el pronunciamiento que se impugna; y, d) lo expuesto en la explicación se reduce a un alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario.- 7. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- 8. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión de los recursos de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 704, 721, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN, formulado por el Abogado RENE ANTONIO GUEVARA MEJIA, en su condición de representante procesal del señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, en su único de casación. 2) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN, formulado por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, ahora Secretaria de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), en sus dos motivos. 3) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redacto el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la resolución de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 284-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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