Sentencia CA-283-18 — Registro 10053
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante, se anula el acto administrativo impugnado consistente en las resoluciones emitidas por el Ministerio Publico, por no estar ajustados a derecho, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que las disposiciones que se indican como infringidas, los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, aún y cuando determinan derechos fundamentales de las personas (defensa, petición y debido proceso), no ostentan el carácter de ser normas procesales, por lo que es inapropiado su ataque por la causal del recurso contenida en el artículo 719 numeral 1) literal b) del Código Procesal Civil.- En adición, el Impetrante no señala si dichas normas han sido violadas por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea y argumenta que el fallo impugnado no resolvió ninguno de los agravios expresados en el recurso de apelación, conculcando los principios de congruencia y exhaustividad, cuestiones que son propias de la forma y contenido de la sentencia, que constituye otra causal o motivo de este extraordinario recurso..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que tampoco resulta ser admisible este segundo cargo, ya que por un lado ataca la sentencia por varios temas, relacionados con falta de claridad, exhaustividad, motivación y congruencia, pero por otro, pide el control de la motivación fáctica, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil, lo cual debió haber expresado en forma separada, dada la independencia de los motivos en este extraordinario recurso. En adición, realiza extensos alegatos propios de instancia..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numneral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de febrero de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR; y, Recurrido: el señor OSCAR FERNANDO MENDOZA VELASQUEZ, representado en juicio por los Abogados ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO y JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Contencioso – Administrativa para la declaración de no ser conforme a derecho y por ende la nulidad o en su defecto la anulación de actos administrativos de carácter particular, que se declare el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la responsabilidad patrimonial directa y solidaria del Estado de Honduras, que se dicten las medidas necesarias para el pleno resarcimiento de daños y perjuicios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, por los Abogados ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO y JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES en su condición de apoderados del señor OSCAR FERNANDO MENDOZA VELASQUEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS representado por la Procuraduría General de la República, por actuaciones del MINISTERIO PÚBLICO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que el día 26 de siembre de 2004 el MINISTERIO PUBLICO le presentó requerimiento por entenderlo responsable de los delitos de Asesinato y Asesinato en su Grado de Ejecución Tentativa. El hecho tiene que ver con la supuesta participación del demandante en el ataque de un autobús de pasajeros del cual resultaron fallecidas 28 personas y 70 lesionadas. Señala que en el curso de su detención sufrió vejámenes por parte de la autoridad correspondiente y torturas tal como consta en el DICTAMEN DE LA DIRECCION DE MEDICINA FORENSE, según examen realizado el 7 de febrero de 2015, indicando en su declaración de imputado el señor OSCAR FERNANDO MENDOZA VELASQUEZ, en cual lugar se encontraba en la ciudad de Comayagua, a la misma hora de cometerse la masacre de Chamelecón en la ciudad de San Pedro Sula y las ocupaciones universitarias a las que se dedicaba. Dice que mediante el dictamen expediente D.M.F. 117-05, corroboró el maltrato sufrido durante los interrogatorios en sede administrativa. Señala que el Ministerio Público violó el principio de objetividad al participar en un anuncio con respecto a deducir la responsabilidad pertinente a los responsables del ilícito penal. Se violenta también el estado de inocencia de su cliente al haber sido expuesto de manera pública como el responsable del ilícito. El 30 de diciembre de 2004 se le dicta, al demandante, auto de formal procesamiento (auto de prisión) por los delitos de asesinato, asesinato en su grado de tentativa, asociación ilícita, y portación ilegal de armas, por hechos ocurridos el 23 de diciembre de 2004 y se impuso a su representado la medida cautelar de prisión preventiva, no obstante no existir comprobación material de su participación criminal, más que la declaración de un TESTIGO PROTEGIDO, quien es un comprador de drogas vinculado a MARAS, señala que durante todo el tiempo de PRIVACION DE LIBERTAD del demandante, se le mantuvo en AISLAMIENTO, sin camas para dormir, bajo condiciones inhumanas afectando la salud física y psicológica y con el grave y fundado temor de que el mismo fuera asesinado por los otros privados de libertad, considerando la magnitud de los hechos criminales que se le imputaban por parte del Ministerio Publico, permaneciendo por ello en la zona de aislamiento en la CELDA LEONERA N° 12 y otras similares. El riesgo era tan grande que recibía amenazas de otros privados de libertad. Las preocupaciones por la seguridad física del demandante eran tan grandes que incluso afectaron su entorno familiar. El Ministerio Publico ha violentado el PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD que rige ha dicho Órgano, quien tiene el deber de realizar una investigación tanto de la responsabilidad como de la eximente del imputado. Señala que además de no haber cumplido con lo preceptuado anteriormente, en la correspondiente Audiencia Preliminar del 12 de mayo de 2005, las autoridades del Ministerio Publico asumieron la postura de formalizar la acusación sin haber realizado ninguna investigación de hechos nuevos que hubieran eximido de responsabilidad al señor OSCAR FERNANDO MENDOZA VELASQUEZ y de los cuales él mismo informó en su declaración de imputado. Las autoridades del Ministerio Publico solicitaron mantener la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA y el Juzgado en audiencia del 16 de mayo de 2005, decreto auto de apertura a juicio por los delitos de ASESINATO, ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTANTIVA, ASOCIACION ILICITA Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS, contra el señor OSCAR FERNANDO MENDOZA VELASQUEZ y otras personas. El 20 de febrero de 2007 se emite fallo declarando culpable, por los delitos de ASESINATO, ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, ASOCIACION ILIITA Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS a otros procesados, pero absolviendo al demandante OSCAR FERNANDO MENDOZA VELASQUEZ por insuficiencia probatoria. Mediante un oficio del 20 de febrero de 2007, finalmente se ordenó la libertad del ahora demandante, privado de su libertad desde el 30 de diciembre de 2004. Cabe destacar que el mismo Ministerio Publico en las conclusiones del proceso penal formuladas el 12 de febrero de 2007, pidió la absolución del ahora demandante en vista de no haber prueba en su contra. Según el demandante El Ministerio Publico aplicó de manera tardía el principio de objetividad que rige legalmente a las autoridades de la Fiscalía del Ministerio Publico, incumpliendo los deberes que le impone el artículo 93 del Código Procesal Penal, cuando desde la misma Audiencia de Imputado ya se había establecido que había suficiente prueba de descargo que eliminaba indicio de responsabilidad. Reitera que en la Audiencia de declaración de imputado su cliente fue objeto de tortura y que no se le encontró ni decomisó ninguna clase de armas de fuego, que no se le hizo la prueba de absorción para determinar residuos por el uso de armas de fuego e indicio en cual lugar se encontraba el día de la Masacre. Las actuaciones realizadas en el proceso viciado han dejado secuelas en la vida, la dignidad, salud física, pues no se trata de su encarcelamiento únicamente durante 2 años y 52 días, bajo condiciones INHUMANAS, lesivas a la dignidad humana entendida como el derecho a la felicidad, a la decencia, el decoro y el respeto que la persona merece.- 2. La parte demandada, ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el 16 de enero de 2012. Señala que el Ministerio Público, es el organismo profesional especializado, responsable de la representación, defensa, protección de los intereses de la sociedad, independiente funcionalmente de los Poderes del Estado y libre de toda injerencia político sectario, asimismo que corresponde al Ministerio Público ejercer la acción penal pública. Señala también que el Ministerio Público es una parte procesal constituida de Buena Fe, en aquella circunstancia donde la transgresión constitucional o legal conlleve acciones judiciales. Señala que es al demandante a quien le corresponde acreditar que el Ministerio Público actúo de mala fe. Señala que inicialmente fue la investigación Policial la que, trasladada al Ministerio Publico para su valoración y el cumplimiento de los deberes descrito anteriormente que tiene como mandato de Ley, que ha actuado y al encontrarse la existencia de indicios racionales que hicieron suponer la participación del hoy demandante de esta acción, fue que se presentó el respectivo Requerimiento Fiscal. Señala también que en todo caso ha sido el Juzgado del orden Penal quien ha tomado la decisión de acceder a la solicitud del Ministerio Publico declarando procedente el Requerimiento Fiscal en contra del demandante, decretándole la detención preventiva. Dice que iniciado el proceso y rendida la declaración del imputado el Juez continuó encontrando indicios racionales de la participación de éste en el crimen, ordenando siempre prisión preventiva. Posteriormente se celebró audiencia inicial donde le fue dictado Auto de Formal prisión. En resumen, señala, que todas las medidas impuestas al demandante fueron decretadas mediante resoluciones judiciales por el Juez competente. Otra circunstancia contemplada en la Ley, es el hecho de la petición de prórroga por el plazo de 60 días para la celebración de la Audiencia Preliminar y ampliación del término de la prisión preventiva (por 6 meses más), acciones que se encuentran plasmadas en el Código Penal. Ha sido el Tribunal de sentencia quien ha desestimados medios de prueba que la Policía había entregado inicialmente al Ministerio Publico y sobre los cuales se hubo solicitado el Requerimiento correspondiente y que fueron admitidas por el Juez Instructor, y tomando en consideración que las pruebas de descargo ofrecían más peso la Fiscalía determino en fase de conclusiones solicitar la absolución del demandante. A pesar de ello en la sentencia El Tribunal reconoce y resalta que la solicitud formulada por el Ministerio Público es basada en el principio de objetividad que el demandante argumenta no haberse aplicado y por el cual buscar deducir la responsabilidad del Estado. En todo caso la violación de dicho principio debe ser alegada, conocida y resuelta por un Tribunal Penal. En resumen, señala que la no existencia de una sentencia que condene al Ministerio Publico por la violación de éste principio y que los vejámenes sufridos por el demandante fueron como consecuencia de cisiones judiciales y no del Ministerio Publico, señala que éste Órgano no es responsable de los daños y perjuicios solicitados. Agrega que hay situaciones privadas que aquejaron al demandante sobre las que el Ministerio Publico no tiene injerencia alguna.- 3.- Que la representación legal de la parte demandada en fecha 5 de diciembre del 2011, interpuso escrito mediante el cual impugna y se opone a la cuantía de la demanda, la cual fue resuelta mediante auto de fecha 24 de febrero del 2012, habiendo sido desestimada dicha pretensión.- 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, en fecha 21 de agosto del 2015, dictó sentencia exponiendo lo siguiente: FALLA: PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la acción incoada por el señor OSCAR FERNANDO MENDOZA VELASQUEZ. SEGUNDO: Anular el acto administrativo impugnado consistente en las resoluciones del 30 de noviembre de 2010 y 18 de febrero de 2011, ambas emitidas por el Ministerio Publico, por no estar ajustados a derecho, en tanto El Estado de Honduras debe de indemnizar a otra persona cuando con su accionar le ha causado un daño y perjuicio de conformidad con el artículo 324 de La Constitución de La República. TERCERO: Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y como medida para su pleno restablecimiento se condena al MINISTERIO PUBLICA al pago de una indemnización a favor del señor OSCAR FERNANDO MENDOZA VELASQUEZ en concepto de daños y perjuicios provenientes o causados a consecuencia de su condición de procesado, inocente, y con Auto de Prisión guardando prisión preventiva. CUARTO: Por estricta disposición del artículo 82 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa se deja diferido para el momento de la ejecución de éste fallo la determinación de la cuantía de lo condenado en el numeral anterior de éste fallo de la determinación de la cuantía de o condenado en el numeral anterior del presente resolutivo, ya que de los medios de prueba aportados si bien resulta innegable el derecho antes declarado, no hay suficientes elementos o datos contables para cuantificar el monto exacto dé indemnización. SIN COSTAS; bajo el criterio que si bien la privación de Libertad del demandante no obedece a la antijuricidad o ilicitud del proceder del Ministerio Público, sino de la consideración consistente en que el demandante no se encuentra en el deber jurídico de soportar los daños que le ha irrogado la detención judicial preventiva, máxime cuando se ha proferido una sentencia absolutoria, no motivada exclusivamente por una apreciación judicial ante la contradicción existente entre las partes, sino motivada por expresa petición del mismo ente acusador, es decir, el Ministerio Publico quien con su accionar ha iniciado un proceso penal que ha privado de libertad, aunque sea de manera cautela, al demandante, culminando su actuación no defendiendo de manera beligerante su posición de acusador, sino pidiendo más bien, a pesar de haber realizado éste acto en ejercicio del principio objetivo que regula su accionar, la absolución del demandante; dejando plenamente establecido que el mismo Estado que pidió tal detención judicial, no tenía medios de prueba suficientes para atacar le presunción de inocencia del imputado. En estos casos, parece lógico entender que el Estado es responsable de indemnizar los daños y perjuicios que el mismo Estado ha motivado sobre el demandante, acusándolo primero y pidiendo su absolución después, porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que conforman el funcionamiento de la Administración de Justicia, se ha irrogado de un daño especial, indemnizable y objetivo al demandante. Habiéndose causado un daño especial a la persona privada de su libertad y posteriormente absuelta, en el sentido y medida que la acusación de ese daño redundara en el beneficio de la colectividad, al final solo se ha afectado de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, a aquella persona en quien se ha concretado el carácter excepcional de la Prisión Preventiva y dada la ruptura del principio de igual ante las cargas públicas, el ahora demandante tendrá derecho a una indemnización que encuentra su vértice inicial en el artículo 324 de La Constitución De la República, y tomando en consideración que lo que se persigue en éste asunto es la responsabilidad patrimonial extra-contractual del Estado de Honduras, para deducirla es necesario que haya un claro nexo de causalidad entre el daño infringido y la causa que ha motivado el mismo. Tomando en cuenta que dentro del proceso se establece por parte del demandante, que la causa del daño es la actuación del Ministerio Público, quien a su criterio ha violado el principio de objetividad que rige en aquel tipo de procesos al acusar y someter a un proceso penal de manera injustificada al demandante, la relación o enlace directa, indirecta, mediante y concurrente entre el resultado y la acción debe de estar probado en juicio. Se dice lo anterior puesto que lo verdaderamente indispensable es determinar si hay relación de causalidad entre las actuaciones del demandando y el resultado, es decir, los daños y perjuicios reclamados, en el presente caso el demandante estuvo privado de su libertad 2 años y 52 días, y el juzgador encuentra claro que basta con concluir que el daño o perjuicios ahora reclamado, seguramente no habría tenido lugar sin la prisión preventiva pedida y decretada. Este proceso de actividad revisora de la jurisdicción en el presente caso, no tiene por qué cuestionar o analizar los diversos aspectos intrínsecos del proceso penal, puesto que eso sería invadir la competencia de otro órgano jurisdiccional. El Juez es del criterio que sí, la sola sentencia absolutoria del Tribunal de Sentencia, es prueba fidedigna no solo de la inocencia del ahora demandante, sino también de la responsabilidad administrativa sobre el daño y perjuicio causado al demandante al haberlo sometido a todo un proceso penal con insuficiencia probatoria. Destaca la Prueba Dictamen Pericial, mediante la cual el demandante ha tratado de acreditar los daños y perjuicios que reclama del Estado de Honduras. En éste sentido la Perito Clara Maria Martínez Varela, ha cuantificado el valor de la indemnización que le corresponde al demandante por la cantidad de L.15,000.000.00. Destaca del Dictamen la hoja de vida de La Perito, los antecedentes que ha tomado en consideración para desarrollar su trabajo, y algunos documentos en los cuales apoyó su parecer. A pesar de ellos el Código Procesal Civil exige en su artículo 324.1 que junto con el Dictamen se acompañen documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del Perito. Lo anterior no se desprende del presente caso de autos, por ejemplo, era necesario que para la determinación del daño y perjuicio se acompañaron documento soporte irrefutable acerca del costo-beneficio en la operación de Billar para formarse un criterio definitivo acerca de los montos propuestos por la Perito como indemnización de daños y perjuicios. Dichos documentos no constan en el Dictamen.- 5. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 13 de noviembre del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que se hace constar que el ahora demandante estuvo guardando prisión durante la secuela del proceso penal por un periodo de dos (2) años y cincuenta y dos días (52), y que por medio del Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés fue absuelto por insuficiencia de prueba y a petición de la parte acusadora, razón por la cual el demandante señor Oscar Fernando Mendoza Velásquez ha planteado la solicitud de daños y perjuicios que reclama al Estado de Honduras, por la cantidad de L.15,000.000, los que fueron cuantificados por la Perito Actuario Privado señora Clara Maria Martínez Varela. Que en cuanto a la cuantía de la demanda, la cual el Juzgador por aplicación debida al artículo 82 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo mandó a diferir para el momento de la ejecución de la sentencia, lo cual es apegado estrictamente a la Ley y a la Justicia, ya que habiéndose declarado la responsabilidad patrimonial del Estado de Honduras para el pago de daños y perjuicios provenientes o causados a consecuencia de la condición de procesado (inocente) de conformidad a la disposición constitución del artículo 324 tiene coherencia que se reserve el cálculo para la ejecución del fallo, ya que de otra manera la responsabilidad declarada sería ilusoria. Que la responsabilidad del Estado por daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes, la administración al actuar legalmente puede causar un perjuicio a un particular ningún reproche puede hacerse al funcionario que ha actuado en acontecimiento de un mandato legal y, sin embargo, su actuación ha causado un menoscabo al patrimonio de un particular. El derecho administrativo, apoya en razones de equidad, estima justo que el particular perjudicado con un acto legal de la administración sea indemnizado. Los funcionarios públicos pueden actuar indebidamente y causar perjuicios a los particulares, que tienen el derecho de exigir al Estado que se les cubra la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios que ha sufrido daños causados por la impericia, negligencia o dolo del funcionario o empleado público, que manifiesta viola las normas legales. La responsabilidad indirecta del Estado inspiró originalmente en los principios de la responsabilidad, ha sido producto de un desarrollo jurisprudencial, sobre la base de disposiciones constitucionales que establecen la responsabilidad del Estado como un principio fundamental del Estado de derecho.- 6. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en fecha 8 de marzo del 2018, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 13 de noviembre del 2017, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.028-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.219-2011, del Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 13 de marzo del 2018, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, presentó en fecha 20 de abril del 2018, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 20 de febrero del 2018, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 24 de mayo del 2018 el Abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES y en fecha 30 de mayo del 2018 el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, respectivamente.- 8. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 15 de agosto del 2018, teniendo por personados a los Abogados MAURICIO A. CASTRO, como recurrente, y JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida por la aplicación e interpretación de normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En la sentencia que se recurre se han infringido los Artículos 80, 82, 90 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 719.1.b). del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia recurrida, excepto en cuanto dispone “Sin Costas”. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Constitución de la Republica, en su artículo 80 manda que “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal. “, garantizando con esto la Carta Magna, el Derecho de Petición, asimismo, en el artículo 82 de la misma Constitución de la Republica, manda que “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la Republica tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes. “, con lo que también garantiza el Derecho de Defensa. - De igual forma, el artículo 90 de la Carta Magna ordena que “Nadie puede ser juzgado sino por juez a tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. ...”, con lo que garantiza el Debido Proceso que en todos los procesos en que participen. Relacionado con lo anteriormente descrito, y de la lectura de la Sentencia Definitiva de fecha trece (13) de Noviembre del dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo (al igual que la Sentencia Definitiva de fecha veintiuno (21) de agosto del dos mil quince (2015) dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo), es evidente que estos derechos y garantías constitucionales antes enunciados (Derecho de Petición, Derecho de Defensa, Garantía del Debido Proceso) han sido conculcados o violados a través de estos fallos, por las razones que a continuación se expresan. Sucede Honorables Magistrados, que tal y como lo establece las normas adjetivas correspondientes, en fecha uno (01) de octubre del dos mil quince (2015), esta parte procesal demandada y recurrente, interpuso ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, el respectivo Recurso de Apelación en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiuno (21) de agosto del dos mil quince (2015) dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, expresando en ese recurso de apelación interpuesto, los respectivos agravios que causan a mi poderdante la sentencia recurrida, haciendo con esto uso de mi derecho de Defensa y de Petición, que garantiza a mi poderdante la Carta Magna.- No obstante, que el Estado de Honduras, con la interposición del recurso presentado y los agravios expresados, ha ejercido su derecho a defenderse y peticionar, es la misma Constitución de la Republica, la que garantiza a mi representada a recibir una respuesta coherente, razonada y apegada a ley de todas y cada una de las defensas y peticiones expresadas (en la expresión de agravios), sin perjuicio, de que estas respuestas sean favorables o no a los intereses de mi poderdante. Como queda a la vista de la Honorable Magistratura, en la sentencia definitiva de fecha trece (13) de Noviembre del dos mil diecisiete (2017), que se recurre a través de este Recurso Extraordinario de Casación, específicamente en el acápite de FUNDAMENTOS DE DERECHO, en sus números del CUARTO al DECIMO, se observa que el Ad-quem en los considerandos con que motivo o fundamento en derecho su sentencia, NO resolvió ninguno de los agravios expresados por esta parte recurrente en dicho recurso de apelación, pues con lo razonado en los considerandos anteriormente referidos, NO da respuesta alguna, a ninguna de los alegatos de defensa que hicimos ni a las peticiones solicitadas a través de los agravios expresados, con lo que esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, conculca el Principio de Congruencia el cual manda y se refiere que la sentencia debe de ser congruente no solo consigo misma, sino también con la Litis, y también, el Principio de Exhaustividad que consiste en el examen que debe de efectuar el juzgador respecto a todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en que sustente la contestación y demás pretensiones hechas, de tal manera que condene o absuelva resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos, los cuales son principios procesales que hacen al Debido Proceso, siendo lógico deducir que ante tales infracciones de los principios anteriormente relacionados, se violenta también la garantía Constitucional del Debido Proceso siendo asimismo obvia, la vulneración de los derechos constitucionales de Defensa y de Petición por los extremos anteriormente supra mencionados. En definitiva, Honorable Sala, la sentencia definitiva de fecha trece (13) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), es violatoria de actos y garantías constitucionales antes descritas por las razones ya referidas, las cuales quedan en manifiesto cuando en la misma, el Tribunal de Alzada NO resuelve ninguno de los agravios expuestos, tal y como es su deber hacerlo, lo cual nos motiva para invocar esta causal del recurso de casación.”.- II.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que las disposiciones que se indican como infringidas, los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, aún y cuando determinan derechos fundamentales de las personas (defensa, petición y debido proceso), no ostentan el carácter de ser normas procesales, por lo que es inapropiado su ataque por la causal del recurso contenida en el artículo 719 numeral 1) literal b) del Código Procesal Civil.- En adición, el Impetrante no señala si dichas normas han sido violadas por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea y argumenta que el fallo impugnado no resolvió ninguno de los agravios expresados en el recurso de apelación, conculcando los principios de congruencia y exhaustividad, cuestiones que son propias de la forma y contenido de la sentencia, que constituye otra causal o motivo de este extraordinario recurso.- III.- Que en su segundo motivo de casación se sostiene: “Se impugna la sentencia recurrida por la aplicación e interpretación de normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En la sentencia que se recurre se han infringido los Artículos 206.1, 207.1, 208, 720.2 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 719.1.c). del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia recurrida, excepto en cuanto dispone “Sin Costas”. EXPLICACION DEL MOTIVO: La sentencia definitiva de fecha trece (13) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), dictada por el Ad-quem, NO cumple con lo ordenado en el artículo 206.1. del Código Procesal Civil, relacionado con los Requisitos Internos de la Sentencia; en tal sentido, esta norma procesal taxativamente ordena “ARTICULO 206.- CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben de ser claras, precisas y exhaustivas.“, FALTA DE CLARIDAD. En la sentencia definitiva que se viene a recurrir, se puede apreciar que la misma NO EXISTE CLARIDAD alguna, sino que más bien, es una sentencia contradictoria en los razonamientos con que el Tribunal de Alzada fundamento en derecho la misma; como ya lo hemos esgrimido anteriormente, que en este fallo, no se le ha dado respuesta a ninguno de los agravios expresados por esta parte procesal demandada y hoy recurrente, y en relación a lo anteriormente expresado, cabe señalar a los Honorables Magistrados, taxativamente lo razonado por el Ad-quem, número NOVENO del acápite FUNDAMENTOS DE DERECHO, lo cual constituye prácticamente el razonamiento toral del fallo, que dice “Que si bien es cierto, resulta esencial tomar en consideración el hecho, casi único, mediante el cual se ha exonerado o absuelto de responsabilidad penal al demandante cabe señalar lo anterior, en tanto si bien la privación de libertad del demandante no obedece anti jurídica o ilicitud del proceder el Ministerio Público, sino de la consideración consistente en que el demandante no se encuentra en el deber jurídico de soportar los daños que le ha irrogado la detención judicial preventiva, máxime cuando se ha proferido una sentencia absolutoria, no motivada exclusivamente por una apreciación judicial ante la contradicción existente entre las partes, sino motivada por la expresa petición del mismo ente acusador es decir el Ministerio Público, quien en su accionar ha iniciado un proceso penal que ha privado de Libertad. Aunque sea de manera cautelar al demandante señor OSCAR FERNANDO MENDOZA VELASQUEZ, culminando su actuación no defendiendo de manera beligerante su posición de acusador, sino pidiendo más bien, a pesar de haber realizado este acto en ejercicio del Principio Objetivo que regula su accionar, la absolución del demandante dejando plenamente establecido que el mismo Estado pidió tal detención judicial no tenía los medios de prueba suficientes para atacar la presunción de inocencia del imputado. De tal manera, nos lleva a estudio que lo que se persigue es la responsabilidad patrimonial extra-contractual del ESTADO DE HONDURAS, y para deducirla es necesario que haya un claro nexo de casualidad entre el daño infringido y la causa que ha motivado el mismo, considerando que el daño es la actuación del Ministerio Publico al someter de manera injustificada al demandante la o relación o enlace directa, indirecta, mediante y concurrente entre el resultado y la acción debe estar probado en juicio, en virtud que lo que verdaderamente indispensable es determinar si hay relación de causalidad entre las actuaciones del demandado y el resultado, es decir, los daños y perjuicios reclamados en la pieza de mérito.”, esta motivación del Tribunal de segunda instancia, con la que fundamenta en derecho su sentencia es completamente carente de Claridad, y a la vez, totalmente Contradictoria, lo cual queda a la vista en lo siguiente: 1) No ofrece CLARIDAD alguna y a su vez es sumamente Confusa, la motivación antes referida, en donde la Corte de Apelaciones establece primero que si bien la privación de libertad del demandante no obedece a anti jurídica o ilicitud del proceder del Ministerio Público, y, en otro apartado de la misma motivación establezca que considerando que el daño es la actuación del Ministerio Publico al someter de manera injustificada al demandante, no es entendible para esta parte procesal que dicho tribunal de alzada reconozca que no hay acción anti jurídica ni ilicitud del Ministerio Publico en el accionar de la prisión preventiva del ahora demandante, pero que al mismo tiempo, asevere que el Ministerio Publico sometió de manera injustificada al ahora demandante (a qué lo sometió?, pues a una acusación criminal, a un requerimiento fiscal, a una detención preventiva (el Ministerio Publico en cumplimiento a la función constitucional que desempeña)), quedando en evidencia la falta de Claridad y el Contradictorio del Ad-quem, pues aun, y cuando se ha dejado claro que lo que persigue la judicatura contencioso administrativa es una responsabilidad patrimonial extra-contractual, esta debe de originarse de algún suceso, a lo cual, lo razonado y concluido es contradictorio, pues primero dice que no hay antijuricidad ni ilicitud en la detención preventiva del demandante, pero seguidamente asevera que el Ministerio Publico lo sometió injustificadamente a un proceso que conlleva a esa responsabilidad a la que nos está condenando, entonces cabe preguntarnos, ¿hay o no hay algún acto de anti juricidad del Ministerio Público?; 2) No existe CLARIDAD, y es confuso, que el Tribunal de segunda instancia valore que el Ministerio Publico no defendió de manera beligerante su posición cíe acusador, sino pidiendo más bien, a pesar de haber realizado este acto en ejercicio del Principio Objetivo que regula su accionar, la absolución del demandante (Principio de Objetividad1), pues no es entendible ni comprensible (por no existir claridad), que el Ad-quem este reconociendo que el Ministerio Público actuó en ejercicio del Principio de Objetividad, en donde el mismo tribunal reconoce que este principio procesal penal regula su accionar, pero que al mismo tiempo cuestione que el Ministerio Publico actúo con una falta de beligerancia, al no sostener hasta el final la acusación que inicio en contra del ahora demandante; lo anterior, si entendemos lo que es el Principio de Objetividad, es completamente contradictorio; 3) De igual forma, NO ES CLARO el razonamiento del juzgador que establezca que en la prisión preventiva del ahora demandante NO existió proceder antijurídico o ilicitud por parte del Ministerio Publico, pero que en otro apartado asevere que, el mismo Estado pidió tal decisión judicial no tenía las medios de prueba suficientes para atacar la presunción de inocencia del imputado, lo anterior es completamente confuso y contradictorio; 4) Es igual de carente de CLARIDAD, y, a la vez Confuso, la relación del nexo de causalidad entre el daño infringido y la causa que ha motivado el Tribunal en su motivación, cuando el Juzgador ha desconocido e ignorado la función constitucional que el articulo 232 y 233 de la Constitución de la Republica le otorga al Ministerio Público, y tampoco logra entender e interpretar correctamente el Principio de Objetividad contenido en el artículo 93 del Código Procesal Penal. Y así, Honorables Magistrados, podemos seguir encontrando en los razonamientos que han servido para fundamentar en derecho la sentencia que se recurre, y en la cual se nos condena, una falta de Claridad, que conlleva a muchas confusiones en la misma; falencias que encontramos en todas las motivaciones realizadas por el Ad-quem (que, en ninguna se responde a los agravios presentados), y aun así, con estos, sustentan esta sentencia recurrida, y en donde tampoco, jamás se entiende y se valora la función constitucional del Ministerio Público, así como del Principio de Objetividad que regula la función fiscal. FALTA DE EXHAUSTIVIDAD. En la sentencia definitiva que se recurre, es evidente a Falta de Exhaustividad de la misma, extremo que se verifica, cuando de la lectura de la misma, podemos observar que en las consideraciones con las que la segunda instancia fundamenta en derecho su decisión (número del Cuarto al Decimo), el Ad-quem, no realizó ningún examen, y por ende, no resolvió ninguno de los agravios que expresó esta parte procesal demandada y hoy recurrente, siendo obvio la vulneración en que incurrió la Corte de Apelaciones en dicho fallo.- De igual forma, es oportuno establecer a la Honorable Sala, que en relación al Considerando Noveno (9), del cual nos hemos referido en el acápite anterior, y el cual resaltamos, por considerar que es en éste, en el que el Ad-quem, fundamenta en derecho su fallo, el mismo además de adolecer de la Claridad denunciada anteriormente, en este fallo, y en la consideración a la que nos referimos, es carente de la Exhaustividad que según la ley deben de contener como requisitos internos las sentencias, y prueba de ellos son todas las confusiones que se observan en la misma, producto también de la falta de exhaustividad, pues aun y cuando le fueron expuestos en la expresión de agravios correspondiente, no ha existido ninguna preocupación por parte del Juzgador en enterarse lo relacionado a la función constitucional del Ministerio Público que se establece, ni mucho menos del Principio de Objetividad del que el mismo hace referencia en su sentencia, pues si se hubiese sido exhaustivo en esos puntos, seguro la motivación sería diferente, más acorde y con menos confusiones. En conclusión, la sentencia definitiva que se recurre, es carente de claridad y exhaustividad que exigen las normas procesales, por todas las razones antes expuestas, violentándose con esto, los requisitos internos de la sentencia, consignados en los artículos 206 del Código Procesal Civil. En la sentencia definitiva de fecha trece (13) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, infringe el artículo 207.1.2 del Código Procesal Civil, relacionado con la MOTIVACION de las sentencias; el cual taxativamente manda “Articulo 207.1.2. MOTIVACION. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.”. Aun, y cuando observando ¡a sentencia definitiva que se viene a recurrir, encontramos que en su estructura, se encuentra debidamente compuesta por un Preámbulo, por los acápites de Antecedentes de Hecho, Fundamentos de Derecho, Parte Dispositiva, así corno los considerandos en donde se fundamenta la decisión del tribunal de segunda instancia, si se observa con detenimiento el contenido de las referidos consideraciones, se puede apreciar, que conforme a las disposiciones legales antes enunciado, esta sentencia definitiva tiene una Falta de Motivación, pues en los razonamientos que se encuentran en la misma, bajo ningún término el tribunal resuelve lo expuesto en los agravios que esta parte procesal demandada y recurrente expreso en su momento procesal oportuno, infringiéndose con esto, lo establecido en el artículo 207,1.2. del Código Procesal Civil; lo anterior, nos lleva a la conclusión, de que la sentencia definitiva que se está recurriendo en Casación, adolece una Falta de Motivación, pues a través de ésta, el Ad-quem tiene la obligación de motivar lo resuelto de los agravios expuestos, sea en forma favorable o desfavorable a nuestros intereses, de lo cual, la segunda instancia no resolvió nada. La sentencia definitiva de fecha trece (13) de Noviembre del dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, infringe el artículo 208.1.2. del Código Procesal Civil, en lo relativo a la CONGRUENCIA; en tal sentido, este dispositivo legal taxativamente manda “ARTICULO 208.- CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.”. Observando el contenido de la sentencia definitiva que se recurre, la misma carece de Congruencia3, en virtud de que en la sentencia en cuestión, en las consideraciones emitidas por el Ad-quem, en donde hace sus razonamientos motivados en que fundamenta su fallo, los mismos no van en concordancia con los agravios expresados o expuestos en su momento procesal oportuno (pues la segunda instancia nunca resolvió los agravios expuestos), lo que nos lleva a deducir la Incongruencia existente en este fallo.- De igual forma, el considerando Noveno (9), el cual consideramos que constituye el fundamento toral de esta sentencia, es completamente carente de Congruencia, pues en el mismo, además de no tener nada de concordancia con la expresión de agravios presentada (falta de congruencia externa), lo motivado en dicho considerando es completamente confuso y contradictorio (falta de congruencia interna).- Todo lo anteriormente expresado, nos lleva a concluir, que la sentencia que se recurre a través de este recurso extraordinario, carece de toda Congruencia, siendo esta un fallo viciado, objeto de ser de procedencia del recurso que se interpone. En este acto, y con muestras de todo mi respeto, a los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y fundamentado en el artículo 720.2. del Código Procesal Civil, que taxativamente ordena “ARTICULO 720.- EXCLUSION DE LA REVISION PROBATORIA EN CASACION. ... 2. Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del Artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo.”, vengo a manifestarles y solicitarles lo siguiente: Que en virtud, de todas los defectos y falencias de forma que han sido objeto del presente recurso, y que se aprecian en el contenido de la sentencia que se recurre, con las cuales se han infringido derechos y garantías constitucionales de mi poderdante, además de disposiciones legales de carácter adjetivo, vengo a solicitar para que en este recurso de Casación, la Honorable Sala, analice y estudie el control de la motivación fáctica de la sentencia que se recurre, para que con todos los elementos que considere necesarios y que constan en autos, pueda revisar la existencia de la motivación fáctica, así como su suficiencia, su racionalidad y el carácter lógico de la misma, siendo que del análisis de la sentencia recurrida, esta parte procesal demandada y hoy recurrente, no encuentra que en dicho fallo existan ninguno de estos elementos de los cuales deben de contener toda sentencia.”.- IV.- Que tampoco resulta ser admisible este segundo cargo, ya que por un lado ataca la sentencia por varios temas, relacionados con falta de claridad, exhaustividad, motivación y congruencia, pero por otro, pide el control de la motivación fáctica, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil, lo cual debió haber expresado en forma separada, dada la independencia de los motivos en este extraordinario recurso. En adición, realiza extensos alegatos propios de instancia.- V.- Que como tercer motivo de casación se señala: “Se impugna la sentencia recurrida por la falta aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del asunto. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En la sentencia que se recurre se han infringido los Artículos 232 abrogados de la Constitución de la Republica; articulo 93 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 719.2. del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia recurrida, excepto en cuanto dispone “Sin Costas”. EXPLICACION DEL MOTIVO: En la sentencia definitiva de fecha trece (13) de noviembre del dos mil diecisiete (2017) que se viene a recurrir, el Ad-quem ha emitido su fallo, con la Falta de Aplicación del artículo 232 de la Constitución de la Republica, que taxativamente manda Articulo 232.- El Ministerio Publico es el organismo profesional especializado, responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, independiente funcionalmente de los poderes del Estado y libre de toda injerencia político sectario. El Ministerio Publico goza de autonomía administrativa, técnica, financiera y presupuestaria, al efecto en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, tendrá una asignación anual de manera gradual hasta completar el tres por ciento (3.0%) de los ingresos corrientes. El Poder Ejecutivo acreditara trimestralmente anticipados, las partidas presupuestarias correspondientes. Corresponde al Ministerio Publico el ejercicio oficioso de la acción penal pública. En los casos de su competencia será ejercitada por la Procuraduría General de la Republica y a las acciones que correspondan en su caso a los particulares. Asimismo, tiene el Ministerio Publico coordinación, dirección técnica y jurídica de la investigación criminal y forense.”- De igual forma, la segunda instancia emite su sentencia con la Falta de Aplicación del artículo 93 del Código Procesal Penal, que dice «Articulo 93.- Objetividad. En el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público actuará con absoluta objetividad y velará por la correcta aplicación de las leyes penales. Deberá investigar no solo las circunstancias que permitan comprobar lo acusación, sino también las que sean causa de exención o de atenuación de responsabilidad al imputado; asimismo, deberán formular sus requerimientos conforme a ese criterio, aún a favor del imputado. Los fiscales formularan oralmente, en forma clara, precisa y motivada sus requerimientos, solicitudes y conclusiones en la audiencia inicial, así como en el debate y en las demás audiencias que convoquen los jueces o magistrados. En los demás casos, lo harán por escrito.”. «Es importante recordar a la Honorable Sala, que, en el proceso penal, la imposición de la prisión preventiva, así como el control del proceso criminal, le corresponde al órgano jurisdiccional competente, y no al Ministerio Publico.» Aun y cuando en las motivaciones utilizadas por el Ad-quem, para dictar la sentencia definitiva que se recurre, y dentro de sus valoraciones ha cuestionado el actuar del Ministerio Publico en este proceso contencioso administrativo, así como la petición de la absolución del hoy demandante que se encontraba en prisión preventiva, pese (tal y como la segunda instancia lo valora) a que lo hace amparado en el principio de Objetividad, en ninguna parte de este juicio contencioso administrativo, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, realizo una la aplicación e interpreta de los artículos 232 de la Constitución de la Republica, y 93 del Código Procesal Penal. Si el Tribunal de segunda instancia, hubiese aplicado al caso concreto, el artículo 232 de la Constitución de la Republica, y el artículo 93 del Código Procesal Penal, y asimismo, hubiese valorado los agravios expresados en el recurso de apelación, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo hubiera estado en la capacidad de valorar lo siguiente: 1) La función que por mandato constitucional, se le ha encomendado al Ministerio Publico; 2) La existencia de la supuesta comisión de un delito por parte del hoy demandante, con indicios racionales de participación de este (Masacre de Chamelecón); 3) La existencia de declaración anticipada, y de un reconocimiento en rueda, realizada ante fiscales y JUEZ DE GARANTIA; 4) La admisión de un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Publico por el indicio racional de la comisión de un delito por el hoy demandante, y la aceptación o admisión del mismo por parte del JUEZ COMPETENTE (de lo penal); 5) Las medidas de prisión preventiva decretadas por el JUZGADO DE LO PENAL CORRESPONDIENTE (no por el Ministerio Publico), así como la ratificación de la misma durante el tiempo que el demandante reclama; 6) El rechazo de los medios de prueba existentes y aceptados en su momento por el juzgado de letras penal en contra del ahora demandante, que posteriormente, fueron rechazadas por el tribunal de sentencia en audiencia de revisión de pruebas; 7) La actuación del Ministerio Publico en el cumplimiento de su deber, al solicitar la absolución del ahora demandante porque el órgano jurisdiccional rechazo las pruebas que existían en su contra para sustentar su acusación, esto en aras al Principio de Objetividad que rige su actuar. Hubiese bastado Honorables Magistrados, la aplicación e interpretación de los artículos antes referidos (los cuales tanto el A-quo, como el Ad-quem NO APLICARON y desconocieron), para que las valoraciones confusas e incorrectas que realizo en su sentencia, hubieran sido motivaciones apegadas a ley, fundamentada completamente bajo el imperio de la legalidad, pues las mismas normas que NO aplico, están debidamente revestidas de legalidad, la cual la Corte de Apelaciones debió de haber reconocido, y que sin embargo, ignoro en todo momento. Es por lo anterior, Honorable Magistratura, que suplico a Ustedes la procedencia de este recurso, y así enmendar el entuerto cometido por las instancias anteriores en las sentencias que han dictado, representando esto, a la vez, un antecedente y contradictorio delicado y peligroso, en el actuar normal de los órganos operadores de justicia, los cuales su accionar se encuentran debidamente regulado en la ley.”.- VI.- Que el cargo que antecede también resulta inestimable, toda vez que el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado hacerlo este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) invoca entre otras, la falta de aplicación de una norma que define el principio de objetividad (artículo 93 del Código Procesal Penal), el cual fue objeto del análisis del ad quem, por ende no era la vía apropiada para el ataque del fallo impugnado por esa vía; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- VII.- Esta Sala entiende que el criterio del Juzgador de instancia, se basa en que el demandante no estaba obligado a soportar los daños que le ha irrogado la detención judicial preventiva, máxime cuando se ha proferido sentencia absolutoria a su favor, no motivada exclusivamente por una apreciación judicial ante la contradicción existente entre las partes, sino por la petición expresa del mismo ente acusador, quien no culminó su actuación defendiendo de manera beligerante su posición acusadora, sino pidiendo más bien, la absolución del demandante; siendo que ese principio de objetividad en que se pretende sustentar la demandada, determina que “En el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público actuará con absoluta objetividad y velará por la correcta aplicación de las leyes penales. Deberá investigar no solo las circunstancias que permitan comprobar lo acusación, sino también las que sean causa de exención o de atenuación de responsabilidad al imputado…”, deber de objetividad que ha planteado hasta en el final del proceso penal que privo la libertad del ahora demandante, pudiendo haberlo realizado antes de esa etapa.- VIII.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional, se señala al Censor del fallo, la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IX.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de marzo del dos mil veinte; certificación de la resolución de fecha seis de febrero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 283-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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