Sentencia CA-282-18 — Registro 10052
Resumen
En primera instancia se declara procedente la la acción promovida, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en las resoluciones administrativas emitidas por el Tribunal Superior de Cuentas, resoluciones que confirman el pliego de responsabilidad civil de forma solidaria por la suma de L.75,000.00 correspondiente a la auditoría financiera practicada a la Municipalidad de Choluteca, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...".- Que el cargo anterior no resulta admisible, dado que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) alega la falta de aplicación de varias disposiciones legales, pero cita como precepto autorizante el 719 numeral 1) literales b) y c) y 2) del referido ordenamiento jurídico, lo cual es confuso, ya que las del primer numeral son del tipo de infracciones procesales y la del segundo por la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio y en todo caso, debieron ser expuestas en forma separada, dada la independencia de los cargos en este extraordinario recurso..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede es inadmisible, dado que se incurre en los siguientes defectos: a) al igual que en los anteriores motivos, insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) no invoca las normas procesales infringidas que regulan la forma y contenido de la sentencia, citando como precepto autorizante el 719 numeral 1) literal c) del referido Código, es hasta en el concepto de la infracción que se alude al artículo 236 numeral 3) del citado ordenamiento jurídico, pero la misma es vinculada al tema probatorio; y, c) en su explicación o sea en el concepto de la infracción, realiza alegatos propios de instancia.- ..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de enero de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), representado en juicio por el Abogado WILMER VINICIO REYES CHINCHILLA; y, Recurrido: el señor JOSE ROBERTO CARRILLO ORDOÑEZ, representado en juicio por la Abogada GRISELDA ESPINAL RIVERA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia ordinaria, por no ser conforme a derecho, que se declaren desvanecidos en su totalidad los valores indebidamente reparados y por ende la Ilegalidad de la Resolución 1062-2012-SG-TSC y la Ordinaria 809-2010-SG-TSC, ambas del Tribunal Superior de Cuentas, que se restablezca una situación jurídica individualizada y como medida para el pleno restablecimiento de sus derechos, se ordene mediante sentencia definitiva la nulidad del acto impugnado, disconformidad con los hechos, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán con sede en Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, por el señor JOSE ROBERTO CARRILLO ORDOÑEZ, contra el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, representado por el Magistrado Presidente en ese entonces el señor JORGE BOGRAN RIVERA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que en fecha 7 de octubre del año 2010 el Tribunal Superior de Cuentas emitió resolución No. 809-2010-SG-TSC mediante el cual se confirmó indebidamente responsabilidad civil al pago de la cantidad de L.75,000.00, después del proceso de impugnación y reposición administrativa, por una supuesta responsabilidad civil, como resultado de la auditoría financiera y de cumplimiento realizada a la Municipalidad de Choluteca 007-088-2007-DAMS del período comprendido del 1 de noviembre del 2005 al 31 de julio del 2007, asimismo en la resolución 1062/2012-SG-TSC de fecha 2 de agosto del 2012, declaro no ha lugar el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución No809-2010-SG-TSC, continua expresando la parte demandante que existe una laguna de la Ley de Municipalidades y su reglamento, existiendo una grave contradicción entre el artículo 28 de la Ley de Municipalidades y el artículo 21 del reglamento general de la misma; ya que la responsabilidad civil 007-088-2007 DAMS correspondiente a la auditoría financiera de cumplimiento practicada a la Municipalidad de Choluteca que se me deduce es por el siguiente hecho: GASTO INDEBIDO POR HABER PAGADO SUELDO COMPLETO A LOS REGIDORES CUANDO LABORARON SOLO MEDIA JORNADA, confirmándose el reparo mencionado en el numeral primero del presente fallo basándose únicamente en el artículo 128.3 Constitucional contradiciendo así mismo el artículo 28 de la Ley de Municipalidades bajo el cual la Municipalidad amparó el acuerdo que consta en el acta número 1 de la sesión extraordinaria de la Corporación Municipal con fecha 11 de enero del 2007, la cual consta a folio 45 del expediente de mérito del Tribunal Superior de Cuentas, este hecho evidentemente perjudica sus derechos como regidor ya que el acuerdo municipal de fecha 11 de enero del 2007 modifica el pago de dietas a la modalidad de medio tiempo. Continúa expresando la parte demandante que el acuerdo municipal que consta en el acta número 1 de la sesión extraordinaria de la Corporación Municipal de fecha 11 de enero del 2007 en la cual dice” Modificar la forma de pago de los miembros de la Corporación Municipal de dietas a la modalidad de medio tiempo, hacerle un ajuste a los sueldos percibidos por estos miembros de la corporación a partir del 01 de enero del 2007, el sueldo mensual del señor Alcalde L.45,000.00, el sueldo mensual del vice alcalde L.33,000.00”; El auditor del Tribunal Superior de Cuentas erróneamente ha interpretado que el valor del sueldo pagado y el efectivo trabajado son incompatibles con el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, ya que considera que L.30,000.00 corresponden al sueldo de una jornada de trabajo completa, cuando no es así, teniendo una interpretación errónea que por dietas son L.24,000.00, medio tiempo L.15,000.00 y tiempo completo L.30,000.00, interpretación equivocada al pensar que L.15,000.00 corresponden a medio tiempo, ya que hay una diferencia salarial de L.9,000.00 entre dietas y sueldo a medio tiempo contradiciendo el articulo 128 numeral 3 Constitucional que establece “A trabajo igual, corresponde salario igual sin discriminación alguna...” así como el artículo 21 del Reglamento General de la Municipalidad no contempla la figura del medio tiempo, pero el artículo 28 de la Ley de Municipalidades siendo la interpretación correcta según el artículo 28 de la Ley de Municipalidades Dietas L.24,000.00, medio tiempo L.30,000.00 y tiempo completo L.36,000.00. Continúa expresando la parte demandante que dado el hecho que el aumento salarial solo fue de L.6,000.00 a pesar de percibir L.24,000 por dieta o sea L.12,000.00 por cada sesión ordinaria y sin pagar las sesiones extraordinarias, lo que significa un aumento solo de L.6,000.00 pese a que hay más trabajo, al cambiar la modalidad de dieta a medio tiempo significa que se hubiera aumentado L.12,000.00 si hubieran adoptado la modalidad de tiempo completo. Continúa expresando la parte demandante que el incremento de sueldo de L.24,000.00 por dieta en asistencia a dos sesiones ordinarias mensuales con un promedio de tres horas por sesión en promedio serian seis horas de trabajo mensuales, lo cual los regidores y el tomaron sin una intención maliciosa el incremento de L.6,000.00 por trasladarnos a la modalidad de jornada a medio tiempo que incluía sesiones ordinarias, extraordinarias, más trabajo realizado en comisiones haciendo un total de L.30,000.00, amparándose en la figura de medio tiempo que regula el artículo 28 de la Ley de Municipalidades, notando así que no existe irregularidad alguna, cumpliendo en su caso con su trabajo en diferentes comisiones, pero todo esto no fue valorado por el Tribunal Superior de Cuentas.- 2.- La parte demandada, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) contestó dicha demanda rechazando totalmente lo formulado por el ahora demandante, en virtud de que las resoluciones fueron emitidas conforme a derecho y que el demandante impugno el pliego de responsabilidad civil 007-088-2007-DASM, referente a la auditoría financiera y de cumplimiento legal practicada a la Municipalidad de Choluteca en el periodo comprendido de 01 de noviembre del 2005 al 31 de julio del 2007, mediante la cual se dedujeron las resoluciones 809-2010-SG-TSC y 1062-2012-SG-TSC determinando pliego de responsabilidad civil al ahora demandante de manera solidaria con los ciudadanos Quintín Javier Soriano Pérez, Eduardo Antonio Parada Pérez, Rene Enamorado Cerrato y Ramón Esteban Betancourt Martínez desempeñándose el ahora demandante en el período auditado como regidor VII desde el 26 de enero del 2006 al 31 de julio del 2007, responsabilidad que deriva del incumplimiento de lo establecido en el acta de corporación municipal de fecha 15 de enero del 2007, en el cual se acordó entre otras cosas reformar el acuerdo municipal punto número 5 del acta número 1 de sesión extraordinaria de fecha 11 de enero del 2007, modificando la modalidad de pago de los regidores municipales de dietas a salarios por medio tiempo presentando informes sobre la labor efectuada ya que si no percibían dietas, sino salario a medio tiempo su salario debía ser conforme a su labor. Continúa manifestando la parte demandada que en tal sentido, el Jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad de Choluteca en fecha 9 de octubre del 2007, señaló a la comisión auditora del Tribunal Superior de Cuentas que en los archivos que llevan en su oficina no obra informe por parte de los regidores municipales de las labores que realizan, que en la jornada normal de trabajo ninguno de los regidores se presenta a la municipalidad, únicamente tenían sesión los 15 y 30 de cada mes; en tal sentido al habérseles reconocido un pago sin acreditar la labor efectuada, deviene en responsabilidad, ya que devenía en la obligación de cumplir un horario de trabajo, por lo que era deber de mi representado emitir el pliego de responsabilidad correspondiente el cual fue emitido en base a derecho, que sumado a esto el ahora demandante de manera maliciosa pretende confundir señalando de manera indebida no solo los números de actas sino sus folios así como su contenido, ya que la certificación del acta número 1 del 15 de enero del 2007 en su numeral 9 reformo el acuerdo municipal del punto número 5 del acta número 1 de sesión extraordinaria de fecha 11 de enero del 2007, en la cual se aprobó modificar las remuneraciones de dietas la modalidad sueldo por medio tiempo por el trabajo realizado en comisiones de trabajo y no como lo señala el demandante que es el acta del 11 de enero del 2007 en la que se reformo la forma de pago, que la contradicción establecida por el demandante entre el artículo 28 de la Ley de Municipalidades y 21 del Reglamento de la referida Ley, denotando la preeminencia de la ley, no hay materia que quede entregada solo al reglamento, sino que sobre cualquiera tiene preeminencia la ley; en tal sentido el articulo 28 imita y obliga a que el pago sea cancelado conforme a lo acordado en Corporación Municipal, es decir comisiones a medio tiempo, por lo que un reglamento no puede estar encima de la Ley, prevaleciendo lo que establece el artículo 28 de la Ley de Municipalidades que dispone “ Los miembros de las corporaciones municipales dependiendo de la capacidad económica de las respectivas municipalidades, percibirán dietas por su asistencia a sesiones o recibirán el sueldo correspondiente según se desempeñen en comisiones de trabajo a medio tiempo o a tiempo completo “y el articulo 21 del reglamento de dicha ley establece” En el caso que la Municipalidad resultare con recursos económicos limitados que solo permitan el pago de dietas, estas serán pagadas a los miembros que asistan a las sesiones y se harán efectivas con la constancia que al respecto extienda mensualmente el secretario municipal cuando la economía de la Municipalidad lo permita, puede acordar pago de sueldos a sus miembros en el entendido que estos desempeñan sus funciones a tiempo completo conforme al horario que rige para el resto del personal”; en tal sentido dicha normativa limita y obliga a que el pago sea cancelado conforme lo acordado en la corporación municipal, es decir comisiones a medio tiempo, tal y como lo autoriza la ley siempre y cuando los regidores municipales se desempeñen y cumplan sus funciones debiendo a tal efecto acreditar su labor y en este caso, se pasa del pago de dietas por asistencia a sesiones, al pago por medio tiempo por el trabajo desarrollado en comisiones municipales de lo cual no hay evidencia pues no se acredita las gestiones realizadas en la jornada de trabajo, asimismo expuso que el demandante pretendió justificar que tenía derecho a percibir un sueldo a través de la presentación de listado de sesiones de Corporación Municipal ya que la remuneración que percibía el ahora demandante no eran dietas sino que un sueldo y al estar sometido a un horario de trabajo se exige el cumplimiento de la jornada de trabajo de medio tiempo y tal como señala el demandante acordaron modificar la modalidad de trabajo a medio tiempo, agotando el procedimiento administrativo a través de los recursos respectivos, los cuales fueron declarados sin lugar confirmando el pliego de responsabilidad por la cantidad de L.75,000.00.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazán, en fecha 6 de abril del 2016, dictó sentencia declarando PROCEDENTE la acción promovida, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en las resoluciones administrativas 1062/2012-SG-TSC y 809/2010-SG-TSC, emitidas por el Tribunal Superior de Cuentas, resoluciones que confirman el pliego de responsabilidad civil de forma solidaria por la suma de L.75,000.00 correspondiente a la auditoría financiera practicada a la Municipalidad de Choluteca, por el período comprendido del 1 de noviembre del 2005 al 31 de julio del 2007, período durante el cual se desempeñó como regidor número 7 desde la fecha del 26 de enero del 2006 al 31 de julio del 2007, como reconocimiento de una situación jurídica individualizada se ordena la nulidad de dichas resoluciones, sin costas; bajo el criterio que sobre la responsabilidad denominada Gasto Indebido por haber pagado sueldo completo a los regidores cuando laboraron solo media jornada, denota la aceptación de la administración Pública del trabajo por media jornada o simplemente el agente auditor no tiene conocimiento de que los regidores tienen un cargo de elección popular, que en consecuencia deriva del hecho de no estar sometidos a un horario estricto con funciones que la misma ley les otorga y que en uso de sus facultades hubo un acuerdo en la modificación de la dieta a medio tiempo, por lo que llegó a la convicción, de acuerdo a la lectura del acto impugnado que el fundamento para emitir el pliego de responsabilidad fue el reglamento de la Ley de Municipalidades así como el hecho de que el reglamento del Tribunal Superior de Cuentas dispone que serán responsables principales los servidores públicos o particulares que por cualquier medio recibieron pagos superiores a los que les corresponda recibir, y en el presente caso fue un acuerdo en uso de sus facultades, en base a la Ley de Municipalidades y con la documentación que sirvió como medio de prueba para declarar procedente la pretensión del demandante.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 7 de febrero del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que el acto administrativo que se impugna a través de la demanda de mérito, consiste en la resolución emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, mediante el cual se confirma en forma total la responsabilidad civil deducida al ciudadano José Roberto Carrillo Ordoñez, por la cantidad de L. 75,000.00 de manera solidaria, derivada del hecho siguiente: GASTO INDEBIDO POR HABER PAGADO SUELDO COMPLETO A LOS REGIDORES CUANDO LABORARON SOLO MEDIA JORNADA. La Ley de Municipalidades faculta a la Corporación Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 28 de esa misma Ley, a determinar la forma de pago (salario) por las funciones desempeñadas, y determina literalmente lo siguiente: “Los miembros de las Corporaciones Municipales, dependiendo de la capacidad económica de las respectivas municipalidades, percibirán dietas por su asistencia a sesiones, o recibirán el sueldo correspondiente, según se desempeñen en comisiones de trabajo a medio tiempo o a tiempo completo...”. Resultando que la Corporación Municipal de Choluteca en sesión ordinaria celebrada en fecha 15 de enero del 2007, acordó modificar la forma de pago de los miembros de la Corporación Municipal, de dietas a la modalidad de sueldos a medio tiempo. Que es importante resaltar que conforme al titulo puntual que deriva la responsabilidad civil solidaria que se le atribuye a la parte actora denominado GASTO INDEBIDO POR HABER PAGADO SUELDO COMPLETO A LOS REGIDORES CUANDO LABORARON SOLO MEDIA JORNADA, constituye ser impreciso con respecto a las investigaciones y a las posteriores conclusiones a las que arribó el ente contralor, puesto que los hechos encontrados durante el desarrollo de la fiscalización y que origina el pliego de responsabilidad, son tres, dos de los cuales no se subsumen en el título puntual que deriva la responsabilidad civil mencionada. Como se podrá contrastar entre el título puntual que deriva la responsabilidad civil solidaria que se le atribuye a la parte actora denominado GASTO INDEBIDO POR HABER PAGADO SUELDO COMPLETO A LOS REGIDORES CUANDO LABORARON SOLO MEDIA JORNADA, y los tres hechos que resultaron de la fiscalización y que en definitiva originaron el pliego de responsabilidad, existe una grave inconsistencia, al ser mal formulado y desde una perspectiva inapropiada, situación que desmejora la posición de la parte demandada. Que conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Municipalidades en relación con el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, los miembros de la Corporación Municipal percibirán sueldos por sus funciones desempeñadas a tiempo completo o a medio tiempo, en el entendido que por el sólo hecho de desempeñarse en las comisiones permanentes, más la asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias, están cumpliendo con el horario establecido por la misma Corporación; no olvidando y tomando en cuenta que estos miembros de la Corporación Municipal, dentro de sus deberes legales, sólo se les exige asistir puntualmente a las sesiones de la Corporación y cumplir sus funciones con diligencia, sin más especificaciones ni subordinación alguna; por lo que lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, en cuanto a cumplir con un horario completo de trabajo, se excede de lo establecido en la Ley, resultando inaplicable dicha disposición reglamentaria (exceso de la potestad reglamentaria) lo mismo sucede en cuanto a justificar la labor ejecutada a media jornada y el desempeño en las comisiones de trabajo, pues la ley no exige ninguna comprobación para justificar dicho desempeño, sólo en el caso de la modalidad de pago de dietas, que no es el caso, no obstante se acreditó en juicio las múltiples sesiones ordinarias y extraordinarias que se llevaron a cabo por la corporación municipal, así como la representación de la parte actora en comisiones6. No debe de olvidarse que las facultades revisoras de la Jurisdicción Especial de lo Contencioso Administrativo es limitada al mismo Principio y Control de Legalidad a que está sometida la Administración Pública, por ende no puede y no debe dársele a la Ley otra interpretación, más que la que se deduce de sus propios términos. El Reglamento de la Ley de Municipalidades exige expresamente sólo la comprobación de la asistencia a sesiones de la Corporación cuando se pagan por medio de dietas, no así para cuando se paga a través de sueldos; también se establece que a consideración o discreción del Regidor asignado, conforme a su capacidad, desempeñará sus funciones en las comisiones permanentes, es decir, el desempeño de sus funciones en las comisiones de las cuales forme parte, las ejecutará conforme a su capacidad, sin que la ley regule más al respecto; extremos que tuvo que valorar en su momento ‘la parte demandada al emitir y confirmar el pliego de responsabilidades, motivo por el cual se evidencia infracción al ordenamiento jurídico con respecto al acto administrativo que se impugna. La premisa Constitucional “igual trabajo igual salario” no opera en el caso que nos ocupa, está desatinadamente invocado; esta premisa Constitucional es utilizada cuando existe desigualdad de condiciones de trabajo y que además es aplicable siempre a favor de los trabajadores.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado WILMER VINICIO REYES CHINCHILLA, en fecha 18 de abril del 2018, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 7 de febrero del 2018, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.0801-162-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.358-2014 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 20 de abril del 2018, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogada GRISELDA ESPINAL RIVERA, presentó en fecha 16 de mayo del 2018, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 17 de mayo del 2018 por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 30 de mayo del 2018, los Abogados WILMER VINICIO REYES CHINCHILLA y GRISELDA ESPINAL RIVERA, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 15 de agosto del 2018, teniendo por personados a los Abogados WILMER VINICIO REYES CHINCHILLA, como recurrente, y GRISELDA ESPINAL RIVERA, como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Infracción de la Ley por falta de aplicación de los Artículos 1, 3, 5 numeral 4, 85 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, 28 de la Ley de Municipalidades y 1 y 21 de su Reglamento General. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1) literales b) y c); y numeral 2 del Código Procesal Civil, que al tenor señala: “1) Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) ...; b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; c) la forma y contenido de la sentencia. 2) Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio”. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El concepto de la Infracción se explica de la siguiente manera: En el fallo proferido no se consideraron estos Artículos, limitándose únicamente el Juez Ad-Quem a convalidar parte de la apreciación del Juez A-Quo; quien tampoco en su sentencia aplicó esos Artículos y se limitó a tomar como cierto lo señalado por el demandante, el Señor JOSÉ ROBERTO CARRILLO ORDÓÑEZ. Agregado a lo anterior, el Juez Ad-Quem se extralimita en los planteamientos que dieron origen tanto al Juicio contenido en el Expediente Judicial N° 358-14 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y N° 162-16 de la Corte de Apelaciones Contencioso Administrativo.- Debemos recordar que existe una regla que establece que el Juez, está obligado a conocer la Leyes y Reglamentos y en general aplicar toda la normativa que verse sobre la materia en la cual emitirán sentencia; y en el presente caso no sucedió así. Dicho lo anterior, el Juez Ad-Quem considera que la Corporación Municipal (Regidores, en el caso que nos ocupa) dentro de sus deberes legales solo se les exige asistir puntualmente a las sesiones de la Corporación y cumplir sus funciones con diligencia sin más especificaciones ni subordinación alguna. Criterio que no compartimos en virtud que tal y como se ha demostrado a lo largo del desarrollo del juicio, el reparo deriva del hecho que, al pagársele un sueldo por media jornada laboral al demandante, este debía sujetarse a un horario de trabajo y cumplir sus funciones con diligencia. En tal sentido, existe una subordinación expedita al cumplimiento de un horario de trabajo a sea a medio tiempo o a tiempo completo conforme al horario que rige para el resto del personal. En el caso que nos ocupa, la Corporación Municipal modificó la forma de pago de dietas a la modalidad de jornada de trabajo y estableció que el salario mensual de un Regidor era de TREINTA MIL LEMPIRAS (L30,000.00), razón por la cual este únicamente debía recibir medio salario en atención al tiempo trabajado, es decir la cantidad de QUINCE MIL LEMPIRAS (L15,000.00). Con fines ilustrativos, transcribimos los siguientes Artículos: LEY DE MUNICIPALIDADES Y SU REGLAMENTO. Artículo 28: Los miembros de las Corporaciones Municipales, dependiendo de la capacidad económica de las respectivas municipalidades, percibirán dietas por su asistencia a sesiones o recibirán sueldos cuando desempeñen funciones a tiempo completo... Artículo 1: El presente Reglamento tiene por objetivo desarrollar complementariamente algunas de las disposiciones de la Ley de Municipalidades a fin de que permita su aplicación justa, oportuna y eficiente por parte de las Corporaciones Municipales y demás interesados en el ejercicio de las facultades que la Ley les confiere. Artículo 21: En el caso que la Municipalidad resultare con recursos económicos limitados que solo permitan el pago de dietas, estas serán pagadas a los miembros que asistan a las sesiones y se harán efectivas con la constancia que al respecto extienda mensualmente el Secretario Municipal. Cuando la economía de la Municipalidad lo permita puede acordar pago de sueldos a sus miembros en el entendido que estos desempeñaran sus funciones a tiempo completo conforme al horario que rige para resto del personal. Los sueldos se pagarán por el desempeño de Comisiones permanentes bajo la consideración que el Regidor asignado tendrá la capacidad para el desempeño de la misma. Agregado a lo anterior, la Juez Ad-Quem en la Sentencia proferida y objetada, sostiene que mi representado emitió una Resolución basándose únicamente en el Artículo 21 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades sin tomar en cuenta lo señalado en su Ley. Contrario sensu en la Resoluciones N° 1062-2012- SG-TSC y 80912010-SG-TSC relacionadas y vinculadas entre si al hecho cuestionado al señor JOSÉ ROBERTO CARRILLO ORDÓÑEZ por mi representado, se hace mención entre otras normativas del Artículo 28 de la Ley de Municipalidades. En tal sentido, reiteramos NO ES CIERTO QUE MI REPRESENTADO HAYA BASADO Y FUNDAMENTADO LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE en el Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Municipalidades y que haya obviado el Artículo 28 de la Ley de Municipalidades irrespetando de esta forma el Principio de Primacía de la Ley.”.- II.- Que el cargo anterior no resulta admisible, dado que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) alega la falta de aplicación de varias disposiciones legales, pero cita como precepto autorizante el 719 numeral 1) literales b) y c) y 2) del referido ordenamiento jurídico, lo cual es confuso, ya que las del primer numeral son del tipo de infracciones procesales y la del segundo por la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio y en todo caso, debieron ser expuestas en forma separada, dada la independencia de los cargos en este extraordinario recurso.- III.- En su segundo motivo de casación, el Censor del fallo sostiene: “Confusión en el criterio emitido en los numerales sexto (6) y séptimo (7) de la Sentencia objeto de Casación. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil, que al tenor señala: “...1) se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) ..., b) ..., c) La forma y contenido de la Sentencia...”CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El concepto de la Infracción se explica de la siguiente manera: La Juez Ad-Quem señala en el numeral sexto (6) “...Por lo que lo establecido en el Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Municipalidades en cuanto a cumplir con un horario completo de trabajo se excede a lo establecido en la Ley, resultando inaplicable dicha disposición reglamentaria... Lo mismo sucede en cuanto a justificar la labor ejecutada a media jornada y desempeño en las Comisiones de trabajo, pues la Ley no exige ninguna comprobación para justificar dicho desempeño, solo en el caso de la modalidad de pago de dietas... se acreditó en juicio las múltiples sesiones ordinarias y extraordinarias que se llevaron a cabo por la Corporación Municipal, así como la representación de la parte actora en Comisiones...” y en el numeral séptimo (7) “El Reglamento de la Ley de Municipalidades exige expresamente sólo la comprobación de la asistencia a sesiones de la Corporación cuando se paga por medio de dietas, no así para cuando se paga a través de sueldos... el desempeño de sus funciones en las Comisiones de las cuales forma parte las ejecutará conforme a su capacidad sin que la Ley regule más al respecto...” En primer lugar, el Tribunal Superior de Cuentas no cuestionó si el Señor JOSÉ ROBERTO CARRILLO ORDÓÑEZ tenía o no la capacidad para desempeñarse en una Comisión que le fuere asignada por la Corporación Municipal, ya que hemos dejado claros cuales fueron los motivos que llevaron a determinar y confirmar la Responsabilidad Civil. Por otra parte, quedo demostrado que el señor demandante no recibía dietas sino sueldos, y al recibir un sueldo este estaba obligado a cumplir con un horario igual al del resto del personal que laboraba en la Municipalidad, en el entendido que si estos trabajaban 8 horas, el señor demandante estaba en la obligación de trabajar las mismas 8 horas para ser merecedor del pago completo de TREINTA MIL LEMPIRAS (L30,000.00) al tenor de lo establecido en el Artículo 21 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades. A manera de ampliar lo anterior, nos permitimos señalar que los Reglamentos son una declaración unilateral de la administración pública subordinada a la Ley con efectos de carácter general; es decir, que tienen por objetivo desarrollar complementariamente algunas de las disposiciones de la Ley (en e/presente caso de/a Ley de Municipalidades) a fin que permitan una aplicación justa, oportuna y eficiente del Estamento del cual estos emanan; concepto que al parecer la Juez Ad-Quem desconoce. Resulta contradictorio que la Juez señale en el numeral sexto (6) que se acreditó en el juicio la representación de la parte actora en Comisiones, cuando a su criterio señala que la Ley no exige ninguna comprobación para justificar el desempeño en la modalidad de trabajo a tiempo completo o a medio tiempo (hecho que hemos desvirtuado con las alegaciones anteriores). Demostrando con lo anterior que lo proferido por la Juez Ad-Quem causa indefensión a mi representado por la incertidumbre de la sentencia emitida a razón de su contenido y forma, pues en una parte señala que no es necesario por parte de los Regidores Municipales evidenciar el cumplimiento en Comisiones de trabajo y en otra ella misma da a entender que si existen pruebas que demuestren el cumplimiento de las funciones encomendadas al Señor demandante.”.- IV.- Que el cargo anterior no resulta admisible, dado que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) no invoca las normas procesales infringidas que regulan la forma y contenido de la sentencia, citando como precepto autorizante el 719 numeral 1) literal c) del referido Código; y, c) ataca parte de los fundamentos de derecho del fallo, lo cual no es apropiado y al explicar el concepto de la infracción, realiza alegatos propios de instancia.- V.- Que, en su tercer motivo, el Recurrente aduce: “La no valorización de la teoría de la defensa. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil, que al tenor señala: “... 1) se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) ..., b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, c) La forma y contenido de la Sentencia...” CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El concepto de la Infracción se explica de la siguiente manera: Los Jueces A-Quo y Ad-Quem no tomaron en cuenta el hecho que existió una dualidad de pagos y conflicto de horarios (argumento que señalamos a lo largo del desarrollo del juicio como parte de nuestra defensa). Situación que nos genera la siguiente interrogante, ¿Cómo es posible que el Señor JOSÉ ROBERTO CARRILLO ORDÓÑEZ laborará como Médico Pediatra de 7 am a 12 pm en el Hospital Regional del Sur “Policlínica Fergusón” con sueldo y además percibía un salario de jornada COMPLETA por parte de la Municipalidad? ¿Acaso no es esto una dualidad de pagos y un conflicto de horario? ¿Acaso no era lo correcto únicamente percibir la cantidad de QUINCE MIL LEMPIRAS por el cumplimiento de la media jornada en la Municipalidad como miembro de la Comisión de Salud? Agregado a lo anterior, los Jueces A-Quo y Ad-Quem valoraron medios de pruebas presentados por el demandante (los cuales fueron rebatidos en su momento por esta defensa), que a nuestro criterio no debieron ser aceptados por enmarcarse los mismos dentro de lo establecido en el Artículo 236 numeral 3) del Código Procesal Civil; mismo que señala: “. . .serán inadmisibles igualmente las pruebas inútiles. Son pruebas inútiles aquellas que razonablemente nunca contribuirán a esclarecer los hechos controvertidos.”.”.- VI.- Que el cargo que antecede es inadmisible, dado que se incurre en los siguientes defectos: a) al igual que en los anteriores motivos, insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) no invoca las normas procesales infringidas que regulan la forma y contenido de la sentencia, citando como precepto autorizante el 719 numeral 1) literal c) del referido Código, es hasta en el concepto de la infracción que se alude al artículo 236 numeral 3) del citado ordenamiento jurídico, pero la misma es vinculada al tema probatorio; y, c) en su explicación o sea en el concepto de la infracción, realiza alegatos propios de instancia.- VII.- Que el Impetrante pide subsidiariamente la nulidad del fallo, bajo los siguientes señalamientos: “DE MANERA SUBSIDIARIA SE SOLICITA SE DECRETE LA NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA RECURRIDA. En resumen los actos del Tribunal Ad-Quem de los cuales me he ocupado infringen la Ley produciendo indefensión en mi Representado.- Quedando explicados los supuestos exigidos por las normas que alego como infringidas; y, siendo que el Juez Ad-Quem en su sentencia de fecha siete (07) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) confirma la sentencia de primera instancia; cuando en aplicación a las normas legales (que se dejaron de aplicar) y que son objeto de la infracción reclamada en el presente recurso, debió revocar el fallo de primera instancia.- En resumen, la nulidad solicitada es debido a todas las infracciones cometidas a la ley, al obviar la aplicación de varios preceptos legales, por parte del Juez que conoció en primera instancia y de la Corte de Apelaciones, que confirmo dicha sentencia; preceptos y normas que inciden directamente en el caso de autos.- Basados en esas normativas, y en la facultad que la Constitución le otorga al Tribunal Superior de Cuentas, es que consideramos que la responsabilidad formulada, al Señor JOSÉ ROBERTO CARRILLO ORDÓÑEZ, si tenía razonamientos y fundamentos de derecho rara su confirmación: mismos que fueron obviados por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto Señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dicha sentencia debe ser declarada nula de pleno derecho.”.- VIII.- Que conforme lo dispuesto en los artículos 212 y 213 del Código Procesal Civil, en los casos que proceda, conforme a los principios que rigen la materia contencioso administrativo y los derechos y garantías constitucionales de índole procesal, los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1. Cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción, o de competencia objetiva o funcional. 2. Cuando se produzcan con falta de competencia territorial cuando ésta venga fijada imperativamente. 3. Cuando se realicen bajo violencia o intimidación. 4. Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión. 5. Cuando se realicen sin intervención de profesional del derecho, en los casos en que la ley la establezca como obligatoria. 6. En los casos en que este Código y demás leyes así lo determinen.- Así mismo, serán objeto de anulabilidad: 1. Los actos procesales que contengan irregularidades serán anulables a instancia de parte y, siempre que no sea posible, subsanarlos. 2. Si la parte a quien interese no impugna un acto anulable, quedará sanado al tiempo de la firmeza de la resolución. 3. Las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido sólo podrán anularse si lo impusiere la naturaleza del término o plazo.- Circunstancias éstas que no acontecen en el presente caso, por lo que no resulta atendible la nulidad alegada por el Impetrante.- IX.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- X.- En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil, siendo que dicha disposición exige que, en la fundamentación de los recursos devolutivos, se debe determinar en todo caso, el perjuicio o agravio sufrido, identificando el vicio o error que lo causa. También precisa recordar, que el artículo 721 numeral 2) del referido Código, exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- XI.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa, la declaración de desestimar la nulidad subsidiaria del fallo solicitada y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 282-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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