Sentencia CA-28-19 — Registro 12850
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia declarando procedente la acción interpuesta, reconociendo la situación jurídica individualizada reclamada por la demandante y como medida para su pleno restablecimiento ordena el reintegro inmediato de la demandante al cargo que ostentaba u otro igual o de mejor categoría, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
,..." Que el cargo que antecede resulta inestimable por las razones siguientes: a) carece de claridad y precisión en la formulación, ya que no se establece el concepto de la infracción es decir, si es por aplicación indebida o interpretación errónea; y, b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, c) en la explicación se insta a la revisión e interpretación de la prueba lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) carece de claridad y precisión en la formulación, ya que no se establece el concepto de la infracción es decir, si es por aplicación indebida o interpretación errónea; y, b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, c) en la explicación se insta a la revisión e interpretación y valoración de la prueba lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de marzo de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada BESSY ROCIO LARA ROSA; y, Recurrida: la señora GLENDA GOMEZ ORELLANA, representada en juicio por el Abogado ALBERTO EMILIO CRUZ ZELAYA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Contencioso Administrativa en materia de personal, para que se declare la nulidad absoluta de un acto administrativo de carácter particular consistente en el acuerdo No.STSS-188-2015, se declare no ser conforme a derecho por violación e infracción del ordenamiento jurídico nacional, se reconozca una situación jurídica individualizada, se solicita el reconocimiento y aplicación de medida cautelar necesaria para el pleno resarcimiento de derechos como ser la suspensión del acto administrativo impugnado, reinstalación al cargo desempeñado con reconocimiento de todos los aumentos salariales hasta el momento de la ejecutoriedad de la sentencia, pago de salario caídos, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Cortés, por el Abogado ALBERTO EMILIO CRUZ ZELAYA, en su condición de apoderado legal de la señora GLENDA GOMEZ ORELLANA, contra el ESTADO DE HONDURAS, representado por la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que fue nombrada mediante acuerdo No.489 en el cargo de Inspector de Trabajo, I, para la región de La Ceiba, Atlántida, a partir del 2 de octubre de 1995, que mediante acuerdo No.STSS-188-2015 fue notificado de su despido injustificado, sin el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, pues en el mismo no se establece ninguna causal de despido, por lo que es procedente que dicho acuerdo sea anulado y se reinstale a su cargo, que el despido del que fue objeto deriva de una persecución de la que fue objeto, por no acomodarse a los intereses de ciertas empresas que requerían los servicios de la Inspectoría de Trabajo, por lo que los representes legales de dichas empresas se molestaban e interponían denuncias sin fundamentos. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando ser cierto que la demandante fue nombrada mediante acuerdo STSS-489-1995, en el caro de Inspector de Trabajo I, asimismo que fue despedida mediante acuerdo No.STSS-188-2015, mediante despido justificado, previo al procedimiento disciplinario realizado mediante audiencia de descargo efectuada el 5 de mayo de 2015, en virtud de denuncia presentada por los Abogados Carlos Jerónimo Calix y Ana Julia Núñez, en su condición de usuario de la Secretaría de Trabajo, denuncia en la que se informó que el 7 de abril del 2015, la demandante realizó varias llamadas al Abogado Oscar Figueroa, con el fin de citarlo y motivarlo a acudir a audiencia de conciliación que sería dirigida por el señor Marlon Roberto Sánchez, misma que iniciaba a las 11:00 am misma que no fue así porque ambos esperaban la llegada de Oscar Figueroa, lo que hace suponer que la demandante tenía con éste una sociedad, generando conflicto de intereses, que la demandante tiene pleno conocimiento de la causal de despido, pues acudió a su audiencia de descargos el día 5 de mayo del 2015 a las 8:30 am, y no pudo la demandante desvirtuar los hechos que se le imputaban, que no era la primera vez que a la demandante se le imponía una sanción disciplinaria, ya anteriormente el 20 de enero del 2014 se le suspendió por 4 días sin goce de salario, quedando demostrado así la recurrencia de las faltas y que el despido de la demandante no es injustificado. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en San Pedro Sula, Cortés, en fecha 11 de marzo del 2016, dictó sentencia declarando procedente la acción interpuesta, reconociendo a situación jurídica individualizada reclamada por la demandante y como medida para su pleno restablecimiento ordena el reintegro inmediato de la demandante al cargo que ostentaba u otro igual o de mejor categoría, y como indemnización se le paguen los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta la fecha en que se reinstalada. Se decreta la nulidad del acto administrativo mediante el cual se hubiere designado el sustituto de la demandante, sin costas; bajo el criterio que la nota de despido entrada a la demandante, no lleva en ella la causal clara del motivo que los impulsó a tomar dicha decisión, por lo cual el despido es ilegal e injusto 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 22 de mayo del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que la nota de despido no contiene la sustentación del acto administrativo impugnado, únicamente indica la nomenclatura de su puesto de trabajo, obviando totalmente la motivación obligatoria de todo acto administrativo, por lo tanto, el mismo es nulo de pleno derecho. 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogada BESSY ROCIO LARA ROSA, en fecha 21 de junio del 2018, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 22 de mayo del 2018, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.221-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.0029-2015 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 22 de junio del 2018, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. Que en fecha 10 de septiembre del 2018 se declaró precluido el término dejado de utilizar por parte del Abogado ALBERTO EMILIO CRUZ ZELAYA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, por parte de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 06 de diciembre del 2018, los Abogados BESSY ROCIO LARA ROSA y ALBERTO EMILIO CRUZ ZELAYA, respectivamente. 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 11 de abril del 2019, declarando precluido el plazo concedido y dejado de utilizar por parte de la Abogada BESSY ROCIO LARA ROSA, como recurrente, y ALBERTO EMILIO CRUZ ZELAYA, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Este primer motivo impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Sirve de fundamento autorizante el Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPRESION DE LA NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO: Se impugna la aplicación de la norma contenida en el Artículo 177 último párrafo del Reglamento de la Ley de Servicio Civil utilizada por el Tribunal juzgador como uno de los fundamentos de derecho en los que basó su sentencia. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA: En la sentencia recurrida, el tribunal de alzada estima que la Autoridad nominadora al momento de notificar a la demandante señora GLENDA GOMEZ ORELLANA que sería objeto de audiencia de descargos, “no le notificaron los hechos imputados en la notificación”, lo que a criterio del tribunal de alzada no le permitió al demandado asistir a la audiencia con las pruebas de descargo; y por otra parte, estima que entre la notificación y la celebración de la audiencia, no medio el término legal establecido en el artículo 177 en referencia”. Al respecto señalamos que el procedimiento administrativo evacuado previo a la notificación de cancelación de la señora GLENDA GOMEZ ORELLANA, consta en el expediente personal de la demandada, y que fue acompañado a la contestación de demandada, y oportunamente propuesto como medio de prueba en juicio; en dicho expediente obra la respectiva “Cedula de Citación a Audiencia de Descargos” que fuera notificada en su momento a la señora Glenda Gómez Orellana (folio 284 del expediente administrativo) donde consta que SI le fueron notificados claramente los hechos imputados en dicha notificación, por lo que no es correcta la apreciación que hace de este extremo el Tribunal de Alzada. Por otra parte, la demanda interpuesta es de materia especial en un proceso disciplinario seguido contra los Servidores Público, materia de personal (ya relacionada Ch autos), regulado por una Ley especial administrativa como lo es la Ley de Servicio Civil y por su Reglamento, en el cual se establece el procedimiento a seguir para los casos de faltas graves incurridas por lo servidores públicos; a tal efecto, la regulación establecida previo a la celebración de la audiencia de descargo, regula lo siguiente: “Entre la notificación y la celebración de la audiencia deberá mediar un periodo no menor de siete (7) días “, ante ello, mi representado El Estado de Honduras, si respetó a cabalidad dicho término, notificando a la señora Glenda Gómez Orellana la citación a audiencia de descargo en fecha 21 de Abril del 2015 indicándole en la misma Citación, que la celebración de la audiencia seria en fecha Martes cinco (05) de Mayo del 2015, es decir siete (7) días hábiles después. En aplicación de la Presunción de Derecho, al ser este un período establecido como mínimo, deja en libertad a la parte que lo utiliza (Autoridad Nominadora) para que respete el período mínimo, a fin de que la parte que hará uso del mismo (funcionario público) no quede en indefensión, es lógico presumir que la Autoridad Nominadora, una vez seguido el procedimiento legal aplicable, habiendo escuchado a la inculpada, realizar las investigaciones que del caso ameritaban, y del resultado de las mismas, resolvería despedir a la señora Glenda Gómez Orellana, por lo que es materialmente imposible que el Tribunal de Alzada invoque que la demandada, asistiera a la audiencia sin las pruebas de descargo y con ello se le provocara indefensión. Por ello al no validar el Tribunal Ad Quem el procedimiento administrativo seguido por mi representado, dándole una aplicación distinta a la norma legal invocada, se afecta el derecho a la Tutela Judicial efectiva. 2. Que el cargo que antecede resulta inestimable por las razones siguientes: a) carece de claridad y precisión en la formulación, ya que no se establece el concepto de la infracción es decir, si es por aplicación indebida o interpretación errónea; y, b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, c) en la explicación se insta a la revisión e interpretación de la prueba lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. 3. Que en un segundo motivo se aduce: “Este segundo motivo impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Sirve de fundamento autorizante el Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPRESION DE LA NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO: Se impugna la aplicación de la norma contenida en el Artículo 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo utilizada por el Tribunal juzgador como uno de los fundamentos de derecho en los que basó su sentencia. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA: En la sentencia recurrida, el tribunal de alzada estima que el acuerdo de cancelación STSS-188- 2015 notificado a la señora Glenda Gómez Orellana, en fecha 01 de Junio del 2015 con efectividad a partir del dos (2) de Junio dci 2015, el cual constituye el acto administrativo impugnado por la demandada no menciona la ausa1 de despido aplicable, debiendo según dicho artículo sustentarse el acto administrativo en 1os hechos anteceden es que le so ven de causa y en el del echo aplicable La referida norma al otorgarle la interpretación adecuada de la misma, faculta a mi representado para la emisión de los actos administrativos que estime convenientes, tomando como referencia los hechos y antecedentes acontecidos, que no serán osca cosa, más que el motivo o la causa que origina el acto en virtud del cual mi representado para emitir el acto administrativo impugnado y que de ninguna manera hará que se considere como una arbitrariedad en la actuación de la administración pública, la forma en cómo se emitan dichos actos, siempre que su contenido obedezca a los hechos que le sirven de fundamento, y que han sido probados a través de un procedimiento administrativo especial aplicado, como lo es el establecido en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Honorables Magistrados, la sentencia denegatoria del recurso de apelación, en contra de los intereses de mi mandante, no tiene base ni razón alguna, en tomo a esta disposición legal, por lo que es procedente que la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia declare la revocatoria de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, mediante el presente Recurso de Casación que se interpone, ya que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones señalada, acoge en sus antecedentes, en sus fundamentos de derecho y parte dispositiva de su sentencia dictada, aspectos contrarios a la verdadera interpretación de las normas señaladas.” 4. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) carece de claridad y precisión en la formulación, ya que no se establece el concepto de la infracción es decir, si es por aplicación indebida o interpretación errónea; y, b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, c) en la explicación se insta a la revisión e interpretación y valoración de la prueba lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. 5. Que en un tercer motivo se esgrime: “Este tercer impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Sirve de fundamento autorizante el Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPRESION DE LA NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO: Se impugne la aplicación de la norma contenida en el Artículo 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo utilizada por el Tribunal juzgador como uno de los fundamentos de derecho en los que basó su sentencia. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA: El artículo 25 de la Ley supra indicada, establece que “la motivación de los actos de carácter obligatoria”, tomando el Tribunal de Alzada, esta norma como referencia para establecer que el acto administrativo impugnado recurre en falta de motivación, lo que “equivale a una falta de fundamentación y puede afectar la validez del acto.” El referido artículo citado se impugna por ser ajena su interpretación (interpretación errónea del mismo) a la esencia del caso controvertido, ya que en el caso concreto no puede operar su interpretación para enervar algo que no ha sido solicitado por la demandante, por lo que la interpretación de esta norma en la forma errónea interpretada por el Tribunal de Apelación no resuelve el fondo del litigio para declarar la nulidad del acto administrativo impugnado. La tutela judicial efectiva comprende el derecho de obtener una resolución sobre el fondo de la demanda dirigida al Tribunal, es decir, el Juez (za) ha de pronunciarse sobre lo que pide el actor, sus pretensiones desestimándolas o desestimándolas. La resolución sobre el fondo ha de estar provista de una motivación congruente y razonable. La motivación ha de responder tanto a lo pedido por el actor como a los fundamentos de su petición, pero en este caso no se obtuvo por parte del Tribunal “ad quem” una resolución sobre lo peticionado o alegado por la parte demandante, pues la parte demandante en ningún momento invocó falta de motivación del acto impugnado, por tanto, corrió podrá el Juzgador resolver algo que no ha sido pedido. El Tribunal Ad-Quem aduce que “de nada sirve llevar un proceso disciplinario... cuando al momento de proceder a la sanción disciplinaria correspondiente... no establece la causal que justifica el despido”, afirmación que hace evidenciar dos aspectos importantes: el primero, es que el Tribunal reconoce y evidencia que mi representado El Estado de Honduras SI cumplió en seguir el debido proceso previo al despido, respetando a la ahora demandada todas las garantías constitucionales, en particular el derecho a la defensa; y en segundo lugar, deja en evidencia que lo resuelto no es congruente con lo peticionario por la demandante, pues la parte actora nunca invoco en su libelo de demanda, falta de motivación del acuerdo de cancelación, por lo que, ello constituye de parte del Juzgado de primera instancia, como del Tribunal de Alzada, un incorrecta aplicación de la norma de derecho empleada para resolver el fondó del litigio, vulnerando además el derecho de tutela judicial efectiva de mi representado. Como es del conocimiento de éste Alto Tribunal de Justicia, la legitimación activa se visualiza en una perspectiva de relación objetiva entre el sujeto que demanda y el objeto del proceso, más concretamente entre el derecho o situación jurídica en que se fundamente la pretensión y el efecto jurídico pretendido, en su versión ordinaria se estructura en la afirmación de la titularidad de un derecho o situación jurídica 4oherente con el resultado jurídico pretendido en el ‘petitum” de la demanda. Todo ello permite concluir que el Tribunal “ad quem” indebidamente aprecio falta de motivación, con ello vulnerando el principio garantista del derecho la tutela judicial efectiva.” 6. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) carece de claridad y precisión en la formulación, ya que no se establece el concepto de la infracción es decir, si es por aplicación indebida o interpretación errónea, es hasta en la explicación que se alude a una interpretación errónea; b) en el desarrollo se menciona el artículo 25 disposición que además de no haberse señalado como infringida o relacionada en la formulación no se indica a cuerpo legal corresponde; y, c) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil. 7. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. 8. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 704, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. – NOTIFIQUESE. - FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintinueve de junio de dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA28-2019. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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